Piden incluir a las personas con discapacidad en la campaña de vacunación

Diputados provinciales de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto que busca incorporarlas personas a la primera etapa del plan Vacunate.

En el marco de la polémica por los vacunados VIP, legisladores provinciales bonaerenses de JxC reclamaron para que las personas con discapacidad tengan prioridad en el plan de vacunación contra el Covid-19.

“Durante el desarrollo de la pandemia siempre estuvimos pidiendo medidas y acciones específicas para las personas con discapacidad. En esta oportunidad, reconociendo una demanda de distintas organizaciones, solicitamos que no nos olvidemos de ellas en la etapa de la vacunación. Por eso el proyecto para que se las incluya junto a las personas de riesgo, como los mayores de 60 años y las personas de entre 18 y 59 años con enfermedades preexistentes”, explicó la diputada provincial Laura Aprile.

Las personas con discapacidad enfrentan un mayor riesgo de contraer Covid-19. Esto es así porque no siempre pueden observar el distanciamiento físico por la necesidad de asistencia y atención médica, porque no tienen acceso a información accesible y porque el uso prolongado de elementos de protección personal, en ocasiones, no es factible.

Cuando se infectan con el virus, las personas con discapacidad tienen mayor probabilidad de desarrollar síntomas más graves con riesgo de muerte, producto de condiciones preexistentes.

“Ademas, esperamos que se aclare la cuestión de vacunatorios y vacunados VIP. El gobernador y su equipo deben dar certezas en medio de la pandemia, no se puede hacer uso del Estado como si fuera propio y para los amigos. La gravedad de la situación nos obliga a trabajar de manera seria y responsable”, destacó Aprile.

Un estudio de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) realizó un análisis comparativo entre las personas con discapacidad (con Certificado Único de Discapacidad) y el total de la población contagiada con COVID-19 en septiembre de 2020. Allí se detectó que el porcentaje de letalidad entre la población con discapacidad fue 7%, mientras que el de la población total es 2,2%: una diferencia de 4,8 puntos porcentuales. También observó que el porcentaje de personas con discapacidad recuperadas es menor que el porcentaje de la población general. Además, en su documento, la ANDIS permite singularizar aún más los niveles de riesgo, ya que observa que entre las personas con discapacidad que dependen de asistencia de otras personas para la vida diaria se observó una proporción mayor de fallecimientos: el 13% frente al 8,3% de personas con discapacidad sin dependencia.

Reunión de preparación sobre proyecto de ley en materia de discapacidad

Se trata de un proyecto de la diputada Laura Aprile y del encuentro participaron autoridades de la Cámara baja bonaerense, personas con discapacidad, investigadores y representantes de organizaciones sociales de la materia.

Se reunió una mesa de trabajo para enriquecer un proyecto de ley que tiene por objetivo la capacitación obligatoria en la temática de discapacidad y derechos humanos para empleados públicos de la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa, a cargo de la diputada provincial Laura Aprile, busca sumar voces y aportes al proyecto de su autoría.

De la reunión, participaron el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Federico Otermín; el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad; la diputadas Nora Salbitano y Mariana Larroque; personas con discapacidad, investigadores y representantes de organizaciones sociales de la materia.

“Como presidenta de la Comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad, siempre quise trabajar junto a organizaciones y al resto del arco político. Estoy segura que tenemos que tener políticas reales de Estado para poder hacer un buen trabajo. Tenemos que dejar de lado las diferencias, saltar la grieta y trabajar en estos temas, a largo plazo, con consensos y en serio”, explicó Aprile.

Se prevé que en la próxima sesión de la Legislatura se pueda tratar el tema. Por eso, esta reunión busca sumar conceptos y definiciones que aporten desde distintos sectores al proyecto inicial.

“Como funcionarios del Estado no estamos exentos de reproducir prejuicios y el desconocimiento. La diferencia es que ocupamos lugares en los que debemos trabajar para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Y creo que en este caso, no basta con tener un área que trabaje en discapacidad en particular: hay temas que deben ser considerados por todas las áreas, hay que pensar y hacer con perspectiva de discapacidad desde todos los Ministerios y áreas, incluso desde la justicia. Que todas las áreas puedan pensar sus políticas, sus comunicaciones, sus intervenciones, con perspectiva de discapacidad”, señaló Aprile. Que agregó: “Entonces, para ello debemos capacitarnos: no convertirnos en expertos, pero sí lograr sensibilizarnos para poder trabajar en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas inclusivas y accesibles; y en la modificación de aquellas normas y acciones que limitan el ejercicio de los derechos”.

Participó también la investigadora del CONICET Agustina Palacios; Celeste Fernández, coordinadora del área de Discapacidad y Derechos Humanos de la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); Sandra Katz y Evelina Díaz de la Comisión Universitaria de Discapacidad de la UNLP; Gabriela Troiano de la Red por los Derechos de las PcD (REDI); Elena dal Bo, directora Ejecutiva de Asociación Azul y Juan Cobeñas, integrante de Asociación Azul; Lourdes Martínez y Laura Pelagatti Rey, ambas de la Red Nacional de Talleres Protegidos Brenda Pignol y Celeste Pavez de la empresa social Libertate y Luciana Conti, politóloga y especialista en políticas sociales, relatora de la Comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad.

Es ley el proyecto para simplificar el lenguaje en documentos públicos

Se trata de una iniciativa de Laura Aprile que prevé garantizar que se comunique de manera clara y efectiva, con un vocabulario corriente.

El Senado bonaerense sancionó una ley que busca garantizar el derecho a la compresión en la información pública. Se trata de una iniciativa que pretende promover el uso y desarrollo de un lenguaje claro en los textos legales y formales.

El proyecto de ley presentado por la diputada Laura Aprile apunta a mejorar la comunicación entre el Estado y la ciudadanía.

“Garantizar la comprensión de los derechos y obligaciones de los ciudadanos, es uno de los deberes centrales que tiene el Estado. Para esto, este debe comunicar sus decisiones de forma clara y efectiva. Utilizar vocabulario corriente, con expresiones sencillas y párrafos breves; evitando tecnicismos innecesarios, evitar palabras en latín y frases excesivamente formales como: “Autos y vistos”, explicó la diputada de Tres Arroyos.

El movimiento del Lenguaje Claro se inicia en los años 60 en Suecia, para luego en las décadas siguientes, tomar un impulso definitivo. Después, se extendió su uso a otras regiones del mundo y empezó a ser reconocido fuertemente como una necesidad.

En Argentina, el movimiento está sumando adhesiones. La Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, el Poder Legislativo de la Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ) han comenzado a revisar sus propias prácticas de lenguaje complejo y a desarrollar iniciativas para facilitar la información.  En la Provincia de Buenos Aires se está trabajando en la misma línea, en el área de Legal y Técnica del Ejecutivo, así como en la Secretaría Legislativa de esta Cámara. Hay experiencias de adhesión en varias provincias, a lo largo del país. Se ha creado así una Red de Lenguaje Claro local. “Los organismos y funcionarios públicos tenemos la obligación de hacernos entender, mientras que los ciudadanos tienen el derecho de poder comprender para desenvolverse cotidianamente, sin confusiones ni incertidumbres, y sin necesidad de intermediarios que deban “traducir” o interpretar. También el uso de lenguaje claro promueve el derecho al acceso a la información pública, genera confianza en las instituciones públicas, así como previsibilidad y seguridad con responsabilidad.

La Cámara baja bonaerense busca mejorar la comunicación entre el Estado y los ciudadanos

Se aprobó el proyecto presentado por la legisladora Laura Aprile que busca garantizar el derecho a la “compresión en la información pública”.

La Cámara de Diputados bonaerense aprobó un proyecto que busca garantizar el derecho a la “compresión en la información pública”. Se trata de una iniciativa que pretende promover el uso y desarrollo de un lenguaje claro en los textos legales y formales. 

El proyecto de ley, presentado por la legisladora Laura Aprile, apunta a mejorar la comunicación entre el Estado y la ciudadanía. 

Garantizar la comprensión, de los derechos y obligaciones de los ciudadanos, es uno de los deberes centrales que tiene el Estado. Para esto, este debe comunicar sus decisiones de forma clara y efectiva. Utilizar vocabulario corriente, con expresiones sencillas y párrafos breves; evitando tecnicismos innecesarios, evitar palabras en latín y frases excesivamente formales como: ‘Autos y vistos’”, explicó la diputada de tres Arroyos. 

La legisladora indicó que el movimiento del “Lenguaje Claro” se inicia en los años ‘60 en Suecia, para luego en las décadas siguientes, tomar un impulso definitivo. Después, se extendió su uso a otras regiones del mundo y empezó a ser reconocido fuertemente como una necesidad. 

En Argentina, el movimiento está sumando adhesiones. La Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, el Poder Legislativo de la Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ) han comenzado a revisar sus propias prácticas de lenguaje complejo y a desarrollar iniciativas para facilitar la información.  En la provincia de Buenos Aires se está trabajando en la misma línea, en el área de Legal y Técnica del Ejecutivo, así como en la Secretaría Legislativa de esta Cámara. Hay experiencias de adhesión en varias provincias, a lo largo del país. Se ha creado así una Red de Lenguaje Claro local. 

Los organismos y funcionarios públicos tenemos la obligación de hacernos entender, mientras que los ciudadanos tienen el derecho de poder comprender para desenvolverse cotidianamente, sin confusiones ni incertidumbres, y sin necesidad de intermediarios que deban ‘traducir’ o interpretar. También el uso de lenguaje claro promueve el derecho al acceso a la información pública, genera confianza en las instituciones públicas, así como previsibilidad y seguridad con respecto a sus decisiones”, agregó Aprile. 

Una legisladora bonaerense pide mejoras en trámites para personas con discapacidad

La diputada de Juntos por el Cambio Laura Apriles presentó una carta ante ANSES para que se establezcan nuevos mecanismos para atender las necesidades de las personas con discapacidad.

La diputada bonaerense de Juntos por el Cambio Laura Aprile presentó una carta ante la ANSES para que se establezcan mecanismos “ágiles y efectivos” para atender las necesidades de las personas con discapacidad

“Vemos con mucha preocupación la demora y falta de respuesta que tienen las personas con discapacidad cuando necesitan hacer algún trámite. Es por eso que presenté una carta para que llevarle este reclamo a la licenciada Fernanda Raverta y ponerme a disposición para ayudar en la búsqueda de soluciones. La idea es colaborar para que el problema se resuelva, no solo marcarlo”, explicó la diputada.  

Señaló que, en este contexto de pandemia y cuarentena, “es necesario brindar soluciones y no sumar complicaciones a la sociedad en general. Estamos para sumar con ANSES y con sus autoridades para que este dificil momento se pueda pasar de la mejor manera posible”. 

Aprile es presidenta de la Comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y trabaja la temática desde hace varios años en toda la sexta sección.

El vidalismo pide volver a sesionar en la Legislatura

“Tenemos proyectos presentados que buscan aliviar la situación de los bonaerenses”, expresó la diputada Laura Aprile al expresar su reclamo.

La diputada Laura Aprile consideró que “es imprescindible que la Legislatura vuelva a sesionar, ya no hay motivo para que no lo haga”, y se sumó así a las voces de la oposición que piden al gobernador que se convoque a debatir en el recinto.

Después de la reunión de la semana pasada, donde el bloque de Juntos por el Cambio se reunió en su conjunto, varios de ellos pidieron el regreso de las sesiones. “Tenemos proyectos presentados que buscan aliviar la situación de los bonaerenses, desde comerciantes hasta empresarios, tenemos la obligación de estar sentados en nuestras bancas debatiendo y controlando lo que hace el poder ejecutivo”, explicó y agregó la importancia de que “vuelvan a funcionar los tres poderes del Estado”.

“Creemos que lo mejor es que sea presencial, tomando los recaudos necesarios de distanciamiento e higiene, pero sino que sea de manera virtual. Nosotros estamos listos para sesionar de la manera que la Presidencia lo determine”, finalizó la diputada de Tres Arroyos.

Proponen un bono para las pensiones por discapacidad

La iniciativa es impulsada por la diputada provincial bonaerense Laura Aprile. “El Estado debe estar presente en un momento tan difícil”, sostiene la autora.

La diputada provincial Laura Aprile presentó este miércoles un proyecto para que los beneficiarios de pensiones provinciales por discapacidad reciban un bono de 3 mil pesos. Se trata de una medida excepcional y por el tiempo que dure la emergencia sanitaria y el aislamiento social obligatorio.

“Es necesario que la provincia acompañe a las personas con discapacidad de manera extraordinaria durante este momento. Los espacios de enseñanza, asistencia alimentaria y sanitaria y socialización están cerrados por el aislamiento”, explicó la diputada y agregó que “el Estado debe estar presente en un momento tan difícil, garantizando un apoyo económico para evitar caer en una situación de mayor vulnerabilidad”.

Se estima que solo uno de cada tres personas con discapacidad y en edad económicamente activa tiene trabajo y en un contexto de crisis y caída de ingresos generalizada, es vital que desde el Estado se implementen políticas proactivas.