Continúa la discusión sobre la ley antimafias

Legislación Penal y Seguridad Interior continuó el análisis de la iniciativa sobre abordaje integral del crimen organizado.

Fotos HCDN

Las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior, que presiden los diputados del Pro Laura Rodríguez Machado y José Nuñez, respectivamente, continuaron este miércoles el debate para el expediente integral del crimen organizado; a su vez, trataron la iniciativa de incorporación del artículo 23 bis sobre secuestro de armas de fuego, municiones o explosivos.

En ese sentido, la presidenta de Legislación Penal, Rodríguez Machado, planteó la idea de “tomar el proyecto original del Ejecutivo denominado ‘Ley Antimafias’”, y “tomar todas las sugerencias”. También sugirió la posibilidad de unos días generar un despacho ya que “la provincia de Santa Fe, entre otras, merecen que se expida un texto de coincidencias, por lo pronto razonables, para proponer posibles modificaciones al Código Penal”.

En tanto, el vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior, José Glinski (UP), habló de la necesidad de “encontrar un marco normativo que mejore la persecución del crimen organizado”. “Tenemos que darle herramientas a los tres poderes para que mejore su performance”, señaló. Pero sin embargo, aseveró que “es un proyecto que le otorga más facultades al Poder Ejecutivo sobre el judicial, aumenta penas, flexibiliza la figura de asociación ilícita, pero el temor es que persiga cuestiones que no son parte del fundamento”. Por eso, entre otros argumentos, su bloque no acompañará la iniciativa.

El diputado de izquierda Christian Castillo cuestionó que “no es un proyecto anti mafias, sino que habilita un tipo de persecución política del cual hemos tenido un anticipo durante el tratamiento de la Ley Bases. Las prevenciones respecto de este proyecto de cómo pueden ser utilizados han quedado de manifiesto porque si uno ve los tipos penales que planteó la oficina del presidente en un comunicado donde hablaba de organizaciones terroristas calificando a todos los manifestantes, después el Ministerio de Seguridad que presenta este proyecto y el fiscal Stornelli acusando a quienes participan de manifestaciones de sediciones, de intimidación pública, de muchas de las figuras penales que están acá”.

“Ya está para qué lo van a usar. Van a usar la terrible situación de Rosario para construir una tipología penal que permita, entre otras cosas, para reprimir y ser criminalizados los miembros de una manifestación, ser encarcelados, denunciados, por el solo hecho de que al gobierno de turno se le ocurre calificarlos de terroristas y todo el cúmulo de ridiculeces”, criticó Castillo y resaltó que “este artefacto legal que están construyendo es para eso. Esto lo va a usar Patricia Bullrich para ilegalizar, criminalizar, perseguir a los oponentes políticos”.

Y cerró: “Habilitar esto es un tratado para la intimidación pública y social en cualquier movilización y les dan la mano libre para condenar entre 8 a 10 años a un miembro de la organización y criminalizarla. Esto es gravísimo y es un avance del autoritarismo del Estado”.

Desde la Libertad Avanza, Álvaro Martínez le respondió al diputado preopinante que “exagera” porque “en la ley en ningún momento se establece nada de lo que ha dicho, pero entiendo desde el lugar que lo plantea”. En tanto, planteó: “Si el problema es el nombre se lo podemos cambiar”, y aclaró que “aquí lo que se persigue es a los criminales, no a los ciudadanos. Necesitamos conocer las sugerencias de los bloques, pero espero que podamos tratarlo prontamente, porque tenemos que darles solución a todos los argentinos ante esta problemática”.

El correntino Manuel Aguirre (UCR) destacó: “Este es un proyecto de mucha importa y trascendencia”, y aportó el análisis de que “la lucha es internacional porque la mafia organizada no está solamente en nuestro país. Por eso que creo que para concretar esto, la única manera de combatir las mafias es trabajar en conjunto”. Al mismo tiempo, solicitó conceptualizar y caracterizar “que es mafia para a partir de allí avanzar en una iniciativa y cambiar de filosofía en cuanto al derecho penal e ir a un sistema funcionalista”.

Aguirre criticó y se lamentó la aprobación del blanqueo que se hizo en el paquete fiscal porque “fue para ellos porque nadie que no tenga oculto su dinero, ya sea por evasión impositiva, por la venta de armas o narcotráfico no tiene por qué inscribirse como cualquier ciudadano”, pero se mostró esperanzado en poder derogar ese blanqueo porque “obstaculiza la lucha contra las mafias”.

Asimismo, el diputado Oscar Agost Carreño (HCF) opinó que es un “tema que hay que discutirlo porque son nuevos formatos criminales”, y en ese sentido, su bloque incorporó un proyecto porque considera relevante añadir la “definición de mafia en el proyecto que estamos tratando y la creación de una fuerza de seguridad de élite”.

En otro orden, la comisión puso en tratamiento la incorporación del artículo 23 bis sobre secuestro de armas de fuego, municiones o explosivos. “En los casos en que se hubieren secuestrado armas de fuego, municiones o explosivos, la autoridad judicial interviniente deberá, transcurrido el plazo de 6 meses desde su incautación, resolver el decomiso y envío a la autoridad competente para su destrucción, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 25.938”.

El material incautado será restituido a su titular registral cuando éste o sus dependientes no tuvieren vinculación con el hecho objeto de la incautación y la pérdida o robo del mismo haya sido debida y oportunamente denunciada ante la autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos.

Al respecto, el autor del proyecto es el diputado Matías Molle (UP), quien expresó que el expediente “es simple, posee dos artículos y nace de una experiencia concreta”, en la que como ex director del RENAPER “muchos gobernadores tenían las armas en depósito provinciales y eso implica un riesgo y un gasto. La mayoría de estas armas de fuego son de jurisprudencia provincial, afirmó y, por ese motivo, “esta ley va  empezar a reducir todos estos riesgos y que las armas se destruyan efectivamente”.

En coincidencia, la diputada Marcela Campagnoli (CC) adhirió al proyecto de Molle, señalando que “las armas que desaparecen vuelven al circuito ilegal y ahí radica el problema”. Además, propuso que una vez que se “tramita la pericia de esa arma inmediatamente salga del juzgado y vaya al RENAR” y que sea prorrogable a pedido del juzgado.

Por su lado, Gabriela Brower de Koning (UCR) también se mostró de acuerdo “con la finalidad del proyecto porque es importante contemplar medidas necesarias y urgentes para neutralizar el desvío que se genera de estas armas hacia circuitos ilegales”. Y planteó contemplar que el proceso penal “no tenga ningún tipo de vicio”.

Fue dictaminado el proyecto del Ejecutivo que agranda la base de datos genéticos

A pesar de que UP logró introducir más de una decena de cambios al dictamen de mayoría, presentó su propio despacho con una modificación en el financiamiento. Luego, Legislación Penal aprobó tres acuerdos internacionales.

Finalmente, la reunión plenaria entre las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior de la Cámara de Diputados dictaminó este martes el proyecto de ley que propone la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos. Pese a incorporar las modificaciones solicitadas por Unión por la Patria, el bloque opositor presentó su propio despacho.

Tal como adelantó parlamentario.com, el dictamen de mayoría salió del texto con las modificaciones propuestas durante las reuniones informativas. Previo a la firma, la presidenta de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (Pro), confirmó que este despacho lleva comprendidas “11 modificaciones de Unión por la Patria, 8 de Hacemos Coalición Federal, 5 del radicalismo y 4 de Innovación Federal”.

Pese a introducir las modificaciones exigidas en el dictamen de mayoría, el vicepresidente segundo de la Comisión de Legislación Penal, Martín Soria (UP), anticipó que el bloque opositor presentó un despacho propio donde puntualizaron que la iniciativa “tiene que tener el financiamiento para que las provincias que adhieran puedan nutrir esa base de datos genéticos”.

“Decíamos que el catálogo (de la base de datos) debía regir sobre delitos graves y una de nuestras propuestas fue de la comisión de huellas genéticas para que no sea netamente conducido por la política, sino por especialistas en la materia”, refirió el rionegrino en relación a los cambios solicitados en anteriores reuniones.

En contraposición a todo el proyecto de ley, la jefa de bancada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, ratificó su rechazo a la iniciativa y explicó que “se está creando un banco de sospechosos”, y cuestionó a la labor en comisiones: “Nadie pudo defender qué significa y justifique para que existe y los expositores de las provincias sumaron dudas”.

A su vez, enlistó una serie de atributos del proyecto que observó de forma negativa: “Están la inclusión de menores, la violación del principio de inocencia, el manejo de la muestra y la violación de principio constitucionales”. Además, cargó que “no quedó claro si va a ser un solo banco o dos bancos con la búsqueda de personas desaparecidas”.

Dirigida a la ministra de Seguridad, Bregman afirmó que “quieren hacer un gran hermano”. “Van a estar personas imputadas y personas con delitos graves con personas desaparecidas porque Patricia Bullrich quiere que todos seamos sospechosos”. “Me parece que es una herramienta grave”, cerró.

Por otra parte, la diputada nacional Patricia Vásquez (Pro – Buenos Aires) propuso: “Si Vucetich implementó la identificación por huella en 1891 ¿Por qué no podemos avanzar con esto en el Siglo XXI?”. “Si no tenemos confianza en las instituciones, no podemos sancionar ninguna ley directamente”, disparó.

Mencionó, además, a la inseguridad y al narcotráfico como “causales de daño”, y señaló que “esta es una herramienta para resolución para identificar culpables e inocentes”. Finalmente, añadió: “implementaría la identificación por nuestro ADN sin tener relación con un delito”.

También, la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning (UCR) planteó una observación sobre el dictamen: “No sé si fue un error involuntario en el artículo 4 inciso f que habla de los perfiles genéticos del personal perteneciente a las fuerzas policiales, de seguridad federal, funciones y empleados de los poderes judiciales que intervengan podrán solicitar la remoción de sus datos del registro tras cinco años del cese de sus actividades”.

Por último, el presidente de Seguridad Interior, José Núñez (Pro – Santa Fe) cerró: “Hemos trabajado con respeto y todos hemos apartado, por unanimidad nos llevamos este dictamen (o dictámenes) y seguiremos discutiendo hasta que se sancione la ley”.

Al término del plenario, Legislación Penal aprobó tres acuerdos internacionales respecto al protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio; la Convención relativa a la Organización Internacional de ayudas a la Navegación Marítima; y la implantación de las disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio Internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros, 1977. Todos provenían con el aval del Senado.

Pullaro respaldó las leyes de seguridad del Ejecutivo, pero alertó sobre  un “exceso de garantismo” en las mismas

Al exponer junto a su ministro de Seguridad ante un plenario de comisiones, el gobernador santafesino detalló una serie de sugerencias, a partir de la experiencia de lo que han puesto en marcha contra el delito en su provincia.

En la continuidad del debate de las leyes de seguridad, que contemplan el abordaje integral del crimen organizado, el plenario de comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior recibió las visitas del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y su ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, quienes alertaron sobre un alertaron sobre un “exceso de garantismo” de la norma, y  por eso puntualmente pidieron a los legisladores no “quedarse cortos” con los alcances nacionales que tendrá la ley que vayan a aprobar.

En el inicio del debate, la titular de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, anticipó que volverían a reunirse el martes próximo para tratar cinco tratados con repúblicas hermanas aprobados casi por unanimidad en la Comisión de Relaciones Exteriores,  pero también anticipó que si se ponen de acuerdo en un texto verán la posibilidad de despachar el proyecto de modificación del Banco de Datos Genéticos.

El primero en intervenir fue el ministro de Seguridad de Santa Fe, quien aclaró que compartían los alcances de las iniciativas, fundamentalmente la herramienta de la ley antimafias. “Desde Santa Fe es un imperativo contar con herramientas de persecución amplificada contra este tipo de organizaciones”, dijo Cococcioni, que expresó el apoyo “en términos generales”, pero apuntó algunas cuestiones que sugirió corregir.

A su juicio, “no es necesario vincular la caracterización de las organizaciones al delito que cometen las organizaciones”, e hizo algunas consideraciones puntuales sobre el articulado, que hacen a los medios empleados y la ultrafinalidad perseguida por los  hechos mafiosos.

Sobre el capítulo II del proyecto, referido a la zona sujeta, el ministro consideró que la metodología debería ser similar a la Ley de Seguridad Interior: a requerimiento de la autoridad  provincial, se conforme una especie de comité conjunto entre las autoridades nacionales y locales. “El proyecto dice que los organismos nacionales desplacen totalmente las competencias investigativas de los órganos de la provincia o territorio afectado -explicó-. Una gran proporción de los homicidios estuvieron ligados a la operación de bandas mafiosas”, y se preguntó si es correcto que los organismos nacionales desplacen a las locales. “Preferiría algún tipo de coordinación”, dijo, sugiriendo que sean las autoridades locales las que pidan alguna participación, o bajar recursos para trabajar en conjunto.

Dijo compartir todas las cláusulas procesales, pero alertó sobre herramientas insuficientes, como por ejemplo en materia de detención. Sucede que por las leyes locales, un fiscal puede detener a una persona por un mes, mientras que la norma nacional puesta en discusión el tiempo de detención no puede exceder las 48 horas para un delito mafioso. “Cualquier delito tiene mayor cantidad de días de detención”, advirtió el ministro, que sí aclaró que apoyaban la parte más importante del proyecto, que consideró es la de distintos mecanismos de agravación de penalidades.

Al concluir, insistió en que si cualquier fiscal de Santa Fe puede allanar un territorio con la sola orden dispuesta por él mismo, y detener hasta 30 días, “nos parece que las herramientas procesales que propone la ley antimafia lucen un poco débiles y proponemos amplificarlas”.

A continuación, el gobernador Pullaro aclaró que venían a respaldar la ley. “No tenemos que tener miedo para emprender reformas importantes”, enfatizó, advirtiendo a continuación que “nos parece que esta ley tiene un exceso de garantismo. Tiene algunas instituciones e instrumentos que han sido debatidos mucho tiempo en Santa Fe y hoy los estamos aplicando y están empezando a mostrar resultados importantes, porque cuando uno logra tener las herramientas normativas para poder actuar, claramente los índices de delito y violencia comienzan a retrotraerse y bajar mes a mes”. Prueba de ello es, dijo, los seis meses que lleva al frente de su provincia.

Pullaro retomó el planteo que su ministro había hecho sobre la detención por orden del fiscal por 48 horas. “Nosotros tenemos una detención de 30 días, que fue aprobada en la Legislatura casi por unanimidad. Un fiscal puede ordenar un allanamiento, y esas herramientas pueden permitir ser más ágiles. Ese tipo de instituciones, más otras, y que hemos ordenado en el último tiempo, nos han permitido esclarecer hechos importantes”, aseguró.

Pullaro expresó el deseo de brindarle a los legisladores nacionales “la experiencia de todo lo que nos hemos equivocado en la provincia, para que no vuelva a suceder en otra provincia. Porque al crimen organizado hay que golpearlo rápidamente y para eso se necesitan muchas herramientas. Una violencia perenne, por más que uno logre encapsular, vuelve a agravarse con el paso del tiempo”.

Luego aportó datos de lo que han logrado con estas leyes de las que hablaba. Rosario, el año pasado fue la zona más violenta del país, contó, y allí tuvieron este año 49 homicidios dolosos, contra 129 del año pasado, a esta fecha, “sin estas herramientas. 80 más, tenemos un treinta y pico por ciento menos de casos”, dijo.

“En la capital provincial, otro sitio con mucha violencia, tuvimos 18 homicidios dolosos, cuando llegamos a tener 50 o 60 homicidios dolosos a esta fecha”, detalló a continuación.

El gobernador santafesino valoró los objetivos de la ley antimafias, basada en leyes de Italia y Estados Unidos, y tras reseñar los mismos reparos que su ministro de Seguridad, reiteró: “Vuelvo con las herramientas. Nos parece que tienen una mirada garantista y tenemos que dar el debate en esto. Un fiscal que tiene el control de constitucionalidad por un juez, tiene que tener las herramientas necesarias para actuar de manera contundente cuando está peleando con el delito organizado. Apoyamos la ley; queremos pedirles que no se queden cortos”.

A la hora de contestar preguntas, el ministro de Seguridad santafesino sugirió dejar claro si todo va a ser federal, o si es un esquema de coordinación. “Porque si yo conservo las competencias provinciales, ya tengo lo que nos da el Código Provincial. En materia de detenciones, tengo 28 días más de lo que proponen. Sino, se advierte la necesidad de un régimen diferenciado; es distinto en algunas cuestiones y el Código se va definiendo sobre la marcha; se va mejorando o empeorando. Se le van haciendo reformas, cuya necesidad se advierte en algunos casos de la propia experiencia práctica”, apuntó Cococcioni.

Ante una observación hecha por el diputado Germán Martínez, respecto de que no había hecho referencias a la palabra “mafias” en sus discursos de asunción y la apertura de sesiones ordinarias, a lo que Pullaro respondió que “tenemos que fijar los bordes para poder utilizar esta herramienta y tenerla tipificada. Es verdad que en los discursos no utilizamos el concepto de mafia, pero utilizamos algún concepto más fuerte: terrorismo. Porque lo que intentaron hacer fue quebrar una decisión tomada por el Gobierno de la provincia que tenían que ver algunas leyes que nos había dado la Legislatura, que nos permitió cambiar las condiciones de detención, que sugiero se puedan discutir a nivel nacional”.

En materia de lavado de activos, el gobernador destacó que “tenemos una ley que se sancionó en 2017, muy importante, que nos permite incautar los bienes del delito cometido a nivel provincial. Señaló que eso les permite sacarles recursos a las organizaciones criminales, y contó que días pasados remataron una gran cantidad de autos de alta gama, y lo recaudado se lo dieron a las víctimas de delitos en Santa Fe. Habló entonces de la importancia de privarlos de recursos para “sacarles poder de corrupción, pero también capacidad de que les paguen a los mejores abogados”.

Ante la consulta referida a la fuga de presos, admitieron el hecho reciente y ambos funcionarios santafesinos lo atribuyeron a no haberse hecho obra pública en materia penitenciaria durante los últimos cuatro años. Prometieron que esta gestión la llevará adelante esta gestión y recordaron que durante la gestión de Pullaro como ministro de Seguridad habían reducido a cero la cantidad de presos en comisarías.

El acompañamiento nacional

En un pasaje, la diputada nacional santafesina Florencia Carignano (UP) observó que a su juicio el gobernador había sido condescendiente con el Gobierno nacional, pues la ministra de Seguridad Patricia Bullrich los había “dejado solos en el peor momento”. Pullaro aclaró que eso no había sucedido, y precisó que durante los tiempos complejos que vivieron en el mes de marzo, “tuvimos el acompañamiento incólume y muy fuerte del Gobierno nacional.

“Patricia Bullrich estuvo presente; Luis Petri estuvo presente; Mariano Cúneo Libarona estuvo presente, respaldando las políticas que se llevaban adelante y colaborando con fuerzas federales –aseguró-. Tenían una dificultad muy grande producto del mismo criterio: desfinanciamiento de 4 años de las fuerzas de seguridad. Fuerzas federales que no tenían móviles, y lo que es peor, no tenían aeronaves, ni helicópteros en funcionamiento. Por eso tuvo que colaborar el Ejército argentino”.

“En ningún momento nos sentimos solos, hubo un acompañamiento profundo. No solo del Gobierno nacional sino también del resto de los gobernadores”, destacó, citando el caso del gobernador Axel Kicillof, con el que firmaron un convenio de inteligencia e investigaciones. “El en función de una delegación de recursos que había tenido. Había adquirido infraestructura y la puso a disposición de las fuerzas de Santa Fe”, dijo, y cerró: la ministra de Seguridad de la Nación se encontró con una flota de vehículos devastada por el Gobierno anterior”.

Diputados continuará el debate del proyecto que eleva las penas al crimen organizado

Las comisiones de Seguridad Interior y Legislación Penal, ambas presididas por legisladores del Pro, se reunirán por tercera vez para avanzar con los proyectos de ley enviados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Las comisiones de Legislación Penal, a cargo de la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro), y Seguridad Interior, presidida por el santafesino José Núñez (Pro), se volverán a encontrar en una reunión plenaria para avanzar con el proyecto de ley que establece la creación del registro de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual y contra el crimen organizado.

La fecha para esta nueva reunión quedó estabelcida para este miércoles 22 de mayo a las 10.30 en el Anexo C del segundo piso. Esta será el tercer encuentro que trata las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo, que lleva la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En el proyecto se plantea que “los encarnizados ataques que ha producido el crimen organizado en la ciudad de Rosario demandan tanto la sanción de tipos penales más graves para esas organizaciones, como la adopción de procedimientos especiales en las zonas afectadas por tales acciones mafiosas”.

Además, propone una modificación al Código Penal para elevar las penas desde 8 hasta 20 años para quienes formen parte de las organizaciones criminales.

Asimismo, desde el Gobierno buscan las facultades a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal dependiente del Ministerio de Seguridad para requerir información a los órganos especializados de otros Estados, en la medida en que ese requerimiento se vincule con el ámbito de aplicación del

proyecto de ley.

También, propone transmitir información relativa a cuestiones penales a una autoridad competente de otro Estado, conforme lo previsto en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobada por la Ley 25.632.

Avanza el debate por la creación del Registro de Datos Genéticos

De una nueva reunión de las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior participaron cuatro especialistas que dieron su parecer sobre el tema en base a su experiencia.

Un plenario de las Comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior, a cargo de los diputados del Pro Laura Rodríguez Machado y José Núñez, respectivamente, analizó el proyecto de Ley que busca poder lograr la identificación genética de todos los delitos previstos en el Código Penal.

Al comienzo de la reunión, distintos expositores se refirieron al proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo, por el cual se “crea el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual”, con el fin de poder abarcar la identificación genética de todos los delitos previstos en el Código Penal.

En ese sentido, Cecilia Bobillo, doctora en bioquímica y responsable del Laboratorio de Genética Forense del Poder Judicial de la Provincia de La Pampa- Ministerio Público, contó su experiencia y en ese sentido, aseveró que “es fundamental tener en cuenta la idoneidad de quienes manejan la base de datos”, por lo cual ponderó el último Artículo del proyecto que expresa: “El director del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal será designado por el Presidente de la Nación, previo concurso público de oposición y antecedentes”.

Por su parte, la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, marcó algunas diferencias con la norma: “Es importante buscar normativas y herramientas para la averiguación o la investigación de delitos, pero realizando una ponderación constitucional entre la investigación penal y la vigencia de las garantías constitucionales”.

En tanto, la presidenta de la Fundación Vía Libre y docente Universitaria, Beatriz Busaniche, cuestionó que el proyecto, “pretende integrar al registro de ADN a personas inocentes”, al señalar que “una persona imputada de un delito es inocente hasta que tenga una codena firme”.

A su turno, Sergio Lello Sánchez, procurador General del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Jujuy, se manifestó a favor del proyecto: “Es muy útil para el esclarecimiento de hechos ilícitos”. También, consideró que los conceptos de “Datos genéticos, huellas y perfiles genéticos” que figuran en el proyecto, “deberían unificarse”, ya que presta a confusión, por lo cual sugirió englobarlo en “Datos genéticos”.

Finalmente, Gianni Venier, abogado y ex director de Inteligencia de seguridad de la Provincia de Mendoza y ex ministro de la Provincia de Mendoza, dio su opinión respecto al software especializado CODIS: “La certeza debe ser absoluta”. Y planteó: “Si un sistema con otro no tiene un programador interno (un software de interfaz), queda una pequeña duda de si la muestra es válida o no, y esa duda provoca la absolución”, por lo cual -reflexionó- “no tendría ningún sentido tener un sistema que sea para punir a quien han cometido un delito o se están escapando de la Justicia”.

Además, los legisladores expresaron su opinión sobre la iniciativa. Desde el bloque de Unión por la Patria, el diputado José Glinski afirmó que “hay voluntad de avanzar en el mejoramiento de los instrumentos para la investigación y la resolución se casos de carácter penal”, pero sugirió realizar más reuniones informativas, con el objetivo de “trabajar mejor y con más tiempo un proyecto de estas características”.

Por su parte, la diputada Alida Ferreyra (LLA) aseveró que la iniciativa es fundamental para “encontrar al verdadero culpable de un delito.

En tanto, la diputada de Mónica Frade (HCF) cuestionó: “No me parece prudente que todo este sistema esté en manos del Poder Ejecutivo”, sino que -sostuvo- “debería estar en manos del Ministerio Público Fiscal, de la Procuración”.

Por último, la diputada Myriam Bregman (FIT) mostró su visión respecto a la norma y opinó que es un proyecto que “demuestra que quieren un Estado fuerte que registre y controle los datos de la población”.

Rodríguez Machado: “Estamos analizando si las declaraciones de Llano son apología del delito”

Se trata de los dichos del titular de la Asociación del Personal Aeronáutico, quien anticipó este lunes que “vamos a explicarle a los pasajeros con quién están viajando cada vez que viaje un senador de estos, que está traicionando los mandatos populares”.

La diputada nacional del Pro Laura Rodríguez Machado se refirió a la discusión que se aproxima en el Senado en torno a la ley de Bases y destacó que hay sindicalistas “que no respetan la libertad de expresión”, y aludió específicamente a Edgardo Llano, el referente de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que amenazó con  “escrachar” a los senadores que voten a favor de la ley y viajen por Aerolíneas Argentinas.

En este sentido, Rodríguez Machado dijo que los legisladores están analizando estas afirmaciones, ya que “rozan lo delictivo”.

“Estamos pensando seriamente en ver las declaraciones que hizo Edgardo Llano para analizar si corresponde la figura de apología del delito”, agregó la diputada en diálogo con Mañana Sí (radiosi.com.ar).

Por otra parte, la legisladora cordobesa expresó su conformidad con la revisión de la condena al expolicía Luis Chocobar, y dijo que “celebra la reconsideración del caso”, y adelantó que van a tratar en Comisión a partir del miércoles un proyecto “para legislar sobre qué significa la legítima defensa”, porque “hay varias diferencias entre la concepción de algunos juzgados respecto de otros”.

Asimismo, se refirió a las “interpretaciones” judiciales a la hora de aplicar condenas: “Hay dos grandes doctrinas, una tiene que ver con una excesiva permisividad con el delincuente, que genera grandes injusticias porque libera a personas que vuelven a delinquir”.

Legislación Penal recibió a funcionarios para abordar proyectos sobre seguridad

El jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Carlos Monfroni, y el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Soto, expusieron ante los legisladores.

Rodríguez Machado se mostró a favor de la ley antimafias y apuntó contra Alberto Fernández: “No combatió debidamente al narcotráfico”

La diputada cordobesa cuestionó la gestión anterior por disolver la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico. En tanto, planteó que lo “más importante es aprobar rápidamente las leyes que la ministra de seguridad envíe el Congreso”.

Por Deborah Noely González

La ley antimafias comenzó a sumar adhesiones en el Congreso de la Nación tras el inminente anuncio que hizo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como una de las primeras medidas que tomó en medio de la guerra contra el narcoterrorismo que se apoderó de Rosario y que día a día se intensifica cobrándose la vida de un inocente.

Una de las diputadas que se mostró a favor fue la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) quien dialogó con parlamentario.com y cuestionó la inacción de la gestión anterior en el combate contra el narcotráfico. También lamentó que no se haya aprobado el cuarto artículo de la Ley Bases que establecía el fortalecimiento de la actuación de las Fuerzas Federales.

Inmediatamente después del anuncio que hizo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, usted confirmó su voto a favor de la ley antimafias. ¿Cómo cree que podrían a llegar a votar tanto su propio bloque como los demás? ¿Cree que habrá acompañamiento por parte de UP?

-En relación al bloque Frente PRO, el presidente Cristian Ritondo ya ha manifestado públicamente su apoyo a la Ley Antimafias. Por lo tanto, así lo haremos. En relación al Bloque “K” la respuesta la deben dar ellos.

-¿Qué opina de los dichos del presidente de la Nación culpando al kirchnerismo y al socialismo por la situación que atraviesa Rosario hace años y que, en estos días, se está intensificando?

-Está claro que la gestión de Alberto Fernández no combatió debidamente al narcotráfico. Además, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Sabina Frederic, contaba con ocho subsecretarías. Una de las primeras medidas de la ministra fue la de disolver la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, que funcionaba hasta entonces. Como muestra basta un botón y fue la propia Frederic que le bajó el rango a Dirección. En definitiva, no le dio importancia a un tema tan sensible para los argentinos.

-Uno de los artículos que había en la Ley Bases, precisamente el inciso J del 4to artículo, establecía el fortalecimiento de la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad y Bullrich le reprochó al Congreso el rechazo del mismo. ¿Qué opina al respecto?

-Habría sido muy importante que se sancionara. Ahora ingresarán nuevos proyectos sobre el tema al Congreso de la Nación. Aquellos legisladores que no los voten favorablemente, deberán explicarle los motivos de su decisión no sólo a los rosarinos sino también a los argentinos en general. De todos modos, considero, que, en esta oportunidad, los proyectos van a ser aprobados.

-¿Qué otras iniciativas se pueden llevar a impulsar desde el Parlamento para ayudar a combatir el narcotráfico?

-Por lo pronto y la más importante es aprobar rápidamente las que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, envíe el Congreso de la Nación.

-En este contexto de inseguridad y con el período de sesiones ordinarias ya inaugurado ¿hay alguna novedad respecto de la conformación de las comisiones para que rápidamente se pongan a trabajar sobre proyectos vinculados a este tema y otros 

-Aún no se han conformado la mayoría de las comisiones. Entiendo que esta semana se comenzará a hacerlo.

Rodríguez Machado: “en Argentina vamos a abortar con leyes”

La opositora insistió en que muchas personas gestantes abortan por falta de información y celebró el proyecto de los Mil Días, dado que consideró que permitirá que puedan tomar una decisión informada.

La senadora por Córdoba de Juntos por el Cambio (JxC), Laura Rodríguez Machado, celebró que en la Cámara alta se esté llevando a cabo el debate acerca de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y remarcó que es necesario que las personas que se realizan un aborto o piensan en hacerlo cuenten con la información necesaria para llevarlo a cabo.

En ese sentido, la opositora recordó que “esto se empezó a generar en la presidencia de Mauricio Macri, estos debates tan fuertes no se logran de un día para el otro, requieren de tiempo y madurez social” y precisó que “en este debate apareció nuevamente una grieta que nos divide, lamentablemente, entre celestes y verdes… pero como lo dije en 2018 ambos colores defienden la vida”.

“Respeto a las mujeres que flamean los pañuelos de ambos colores, defienden la vida, pero acá va a haber un resultado que interpreta el lugar que requiere en la salud pública. No hay dudas que existen los abortos en la Argentina”, añadió y detalló que “es cierto que cuando una mujer toma la decisión, es difícil que la cambie, y no hay duda que la clandestinidad no impidió que haya abortos clandestinos”.

Al mismo tiempo consideró que “no tenemos que seguir dividendo a la sociedad, tenemos que encontrar el punto medio y eso siempre es la ley. La única cosa que nos iguala y nos da las mismas posibilidades es la ley, no es la clandestinidad y el no escuchar” e indicó que este proyecto “se trata de ayudar a quienes no se pueden informar adecuadamente ante esta situación, es a favor de quienes no saben a dónde recurrir, a favor de quienes no tienen la información. Yo defiendo las dos vidas, justamente por eso creo que es importante que sepamos las causas por las que se sigue abortando en la Argentina”.

Además subrayó que “acá vamos a abortar con leyes, por eso con la ley de los Mil Días se va a informar acerca de los riesgos del aborto y las medidas con las que acompaña el Estado” y aseguró que como madre sabe “lo que es tener un bebé en el vientre y me imagino lo que deben pensar aquellas mujeres que tienen que abortar porque no saben que hay un Estado que las ayuda, no tienen información y no tienen más posibilidades que caer en la clandestinidad”.

“De esta forma va a bajar la cantidad de abortos, como pasó en todo el mundo”, completó.

Rodríguez Machado advirtió que “lo que le hacen hoy a la Ciudad se lo van a hacer después al resto de las provincias”

La senadora cordobesa del Pro subrayó que “no es la primera vez que el kirchnerismo hace abuso del poder central” y calificó a la iniciativa como “un atropello al federalismo”.

laura rodriguez machado sesion 2 octubre 2020

Durante el debate del proyecto de ley que prevé la baja al 1,40% de la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires, la senadora del Pro Laura Rodríguez Machado consideró que “lo que le hacen hoy a la Ciudad se lo van a hacer después al resto de las provincias”.

“Los recursos de la Nación son en primera instancia de las provincias”, señaló y criticó que “mal hace una autoridad nacional cuando cree que graciosamente distribuye los recursos que le pertenecen a las provincias en perjuicio de otra”.

La cordobesa señaló que “las leyes convenio son producto de acuerdos” y “jamás de manera unilateral como hizo Alberto Fernández” podría ser “una muestra de federalismo”. “Es una cachetada al federalismo que después se lo van a hacer a otras provincias”, enfatizó.

La legisladora dijo que “creer que los recursos le corresponden a la Nación y que pueden hacer lo que quieran sin respetar primero las autonomías provinciales” es algo que “ya lo han hecho otras veces”.

“No es la primera vez que el kirchnerismo hace abuso del poder central y no entienden que los recursos son de las provincias. A los cordobeses nos sacaron el 15% de la coparticipación de un plumazo, quien preside hoy el Senado (en referencia a Cristina Kirchner)”, apuntó.

La opositora recordó que la provincia recurrió a la Justicia y ésta “falló a nuestro favor”, pero pasaron dos años y “fue el presidente Macri quien nos devolvió los recursos; por eso se ve que los cordobeses lo seguimos votando -lanzó-“.

Al recordar el autoacuartelamiento de la policía cordobesa en diciembre de 2013, Rodríguez Machado reclamó que en ese momento “las autoridades nacionales se negaron a mandar a la Gendarmería pese a los reiterados pedidos del gobernador” y “permitieron que pasáramos días de zozobra”. Mientras que ahora, ante el conflicto policial bonaerense, el presidente “está salvando a la provincia de Buenos Aires porque es de su signo político”.

“Este proyecto es un atropello contra el federalismo”, agregó.

laura rodriguez machado sesion 2 octubre 2020