De un tiempo a esta parte muchas iniciativas tengan nombres de referencia de quienes han podido inspirarlas. En este caso un proyecto para detectar tempranamente y permitir un abordaje integral de la tartamudez lleva como denominación “Ley Lautaro”. Y es en homenaje al niño tucumano con tartamudez que, en un entorno desfavorable, impulsó la creación del primer consultorio público para tartamudez o disfluencia y a partir de esa experiencia se creó un programa provincial cuyo éxito tuvo repercusiones en otras provincias.

Resultados que ahora llevan a diputados tucumanos a tratar de compartir esta experiencia en todo el país. Se trata de la exministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla (Frente de Todos) quien quiere crear el “Programa Nacional de Detección Temprana y Abordaje Integral de la Tartamudez” en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, con el objetivo de promover el bienestar y la inclusión social de las personas con tartamudez o disfluencia, disminuir su severidad y mejorar la calidad comunicativa de las personas con su entorno.

Entre sus funciones se encuentran las de cumplir con el registro de casos; elaborar una respuesta de contención y acompañamiento; difundir y capacitar en estrategias para optimizar la detección temprana; ofrecer información e instrumentos necesarios para un abordaje integral; elaborar guías de práctica, lineamientos programáticos y procedimientos estandarizados; promover la creación de consultorios especializados en hospitales públicos; asistir a los establecimientos; capacitar al personal interviniente; y concientizar y sensibilizar a la población sobre la tartamudez o disfluencia.

El proyecto, que es acompañado por Carlos Cisneros y Mario Leito, prevé beneficiar a las personas con tartamudez y disfluencia con la cobertura del 100% en las prestaciones para las prácticas de detección temprana, diagnóstico, tratamiento, abordaje integral y seguimiento en los sistemas de salud.

Si esta norma se convierte en ley, los niños y adolescentes con tartamudez o disfluencia serán beneficiados con políticas de promoción de la igualdad educativa e inclusión que promuevan metodologías de trabajo, alternativas de evaluación, contenido curriculares, materiales educativos y estrategias pedagógicas que faciliten el aprendizaje en un marco de inclusión, en un clima de respeto e igualdad de oportunidades y de trato. Como así también -agrega el proyecto- herramientas y capacitación, destinadas a las instituciones educativas y los equipos docentes y de supervisión, para la detección temprana y abordaje integral y normas, estrategias y acciones para la convivencia contra el bullying.