El Gobierno promulgó parcialmente la ley contra el lavado de activos

En el decreto publicado en el Boletín Oficial este viernes, el Ejecutivo dispuso que la UIF esté bajo la órbita del Ministerio de Justicia y modificó el plazo de entrada en vigencia de la norma.

El Gobierno nacional promulgó este viernes la Ley 27.739, sancionada por el Senado en la última sesión, relacionada a la prevención y represión del lavado de activos.

Mediante el decreto 254/24, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo observó tres artículos de la norma.

El primer cambio tiene que ver con el artículo 5 de la ley, por el cual se había establecido que la UIF funcionaría “como organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía”.

El Gobierno volvió a disponer -como figuraba en la Ley 25.246- que la UIF funcione “con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Justicia”, el cual tiene “la responsabilidad de entender en la determinación de la política, en la elaboración de planes y programas, en la fiscalización y en la representación del Estado Nacional ante los organismos internacionales, en materia de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, argumentó en los considerandos.

En esa línea, también se promulgó parcialmente el artículo 7, por “ser incongruente con los términos del aludido artículo 5 de dicho proyecto”, al hablar de “Ministerio de Hacienda”.

Finalmente, y ante la urgencia por la implementación de esta ley, pues Argentina será sometida a revisión del GAFI, el Ejecutivo consideró que “resulta imperioso que las modificaciones dispuestas por el proyecto de ley sancionado entren en vigencia con anterioridad a la fecha resultante del plazo de 30 días corridos previsto en su artículo 40”.

En este sentido, dispuso que “el texto legal sancionado comience a regir de acuerdo a los términos del artículo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación”. El mismo dispone que “las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial, o desde el día que ellas determinen”.

En medio de la violencia narco en Rosario, el Senado convirtió en ley el proyecto sobre lavado de activos

El proyecto había sido incluido en el temario de extraordinarias, pero no alcanzó a ser abordado. Había un especial interés por una inspección internacional del GAFI.

La votación tuvo un resultado unánime. (Fotos: Comunicación Senado)

En medio de la violencia narco que azota la ciudad de Rosario, la Cámara de Senadores aprobó este jueves por unanimidad con 69 votos a favor el proyecto de ley que mejora la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Tenía media sanción de Diputados desde abril del año pasado.

La iniciativa había sido enviada al Parlamento por el Gobierno de Alberto Fernández en 2022 y recibió la media sanción en Diputados en abril de 2023. También formó parte del último entendimiento que firmó la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) e incluye las sugerencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En esa oportunidad, donde la iniciativa cosechó 111 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones, el actual presidente de la Nación, Javier Milei, y Victoria Villarruel, se ausentaron durante la votación.

Al respecto y como miembro informante de LLA en su carácter de presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Juan Carlos Pagotto indicó que el proyecto es tratado con “una demora considerable” y “viene a cumplir un compromiso que la República Argentina que tenía con el GAFI” por lo que remarco que “somos el penúltimo país a inspeccionar sobre el tema”. Así, destacó que se logró hacer un despacho favorable de mayoría, pero indicó que “muchos miembros no estamos de acuerdo con algunas normas que tienen tipos penales abierto”.

El riojano destacó el acompañamiento de los radicales al dictamen que “hace a los compromisos internacionales y a un tema que está en boga sobre todo con lo que sucede en Santa Fe”, y solicitó la aprobación del proyecto, sin prejuicio de que sea reformada.

Desde Unión por la Patria, el neuquino Oscar Parrilli anticipó el voto favorable del bloque porque “creemos que es una señal positiva que se debe dar al mundo financiero internacional”, pero aclaró que “no es porque esto vaya a traer inversiones”.

Parrilli destacó del proyecto que se incluye dentro de los activos a investigar los activos virtuales -criptomonedas- y sugirió que en vez de estar en manos de la Comisión Nacional de Valores pase al Banco Central de la Argentina y resaltó: “Entiendo que en el gobierno actual están entendiendo esto y ojalá a través de un DNU lo modifiquen porque sería saludable”.

También resaltó que la iniciativa crea el Registro de Beneficiarios Finales para “sabre quiénes son efectivamente los dueños de estos fondos de inversiones o sociedades que nunca conocemos qué intereses defienden”. Además, ponderó que le otorga autonomía administrativa, financiera, operativa y le da mayor independencia a la UIF en las acciones que puede llevar adelante.

Otro de los puntos que Parrilli resaltó es el control parlamentario que establece el texto con un control de seguimiento de la Comisión Bicameral de los organismos de inteligencia por lo cual “es un tema que le da transparencia y participación al Parlamento”. En el mismo sentido, ponderó el DNU del Gobierno que plantea que no tiene que depender del Ministerio de Economía – como proponía el proyecto- sino que debe pasar al Ministerio de Justicia.

“En Rosario no son el problema los chicos que venden la droga, primero son los que compran, y en segundo el problema es el lavado de dinero del cual nunca se investigó nada. El verdadero combate al narcotráfico se le hace combatiendo la plata, no el perejil que está en la calle. La UIF tiene un papel fundamental”, manifestó el neuquino y cuestionó que “no se combate al narcotráfico con más policías o el Ejército sino con el manejo del dinero”.

Luego, el senador nacional Maximiliano Abad (UCR – Buenos Aires) se refirió en el debate de la reforma de la Ley de Lavado de Activos, Prevención del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva que “se está evaluando nuestra calidad de legislación antilavado”.

En relación a la inspección del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), señaló que “cumplir es importante porque está en juego la posibilidad de atraer inversiones”, Sin embargo, cuestionó que “en Argentina falta la decisión política de luchar contra el narcotráfico en una acción plural”.

“Si la intención del Gobierno de dejar atrás la decadencia tenemos que incorporar 3 propuestas indispensables: la educación, la promoción social y la lucha contra el narcotráfico”, aseveró. Y remarcó que “el problema del narcotráfico arruina la vida de muchos jóvenes”.

En esa línea, siguió que el narcotráfico “controla rutas, territorios y penetra en lugares con violencia y terror. Es un problema federal y las soluciones deben emanar de un consenso federal porque el narcotráfico tiene naturaleza trasnacional”.

Para culminar su intervención, Abad afirmó que “se necesitan un sistema acusatorio, derogar la Ley de Narcomenudeo y la creación de una agencia federal de lucha contra el narcotráfico”.

¿Qué contempla la iniciativa?

El proyecto modifica el artículo 5 de la Ley 25.246, de modo de establecer que la UIF funcionará como “organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.

Respecto a la pena prevista para el lavado en el artículo 303 del Código Penal se aumentará el monto de la condición objetiva de punibilidad de 300 mil pesos a 8.600.000 y se implementará una unidad de medida (Salario Mínimo, Vital y Móvil) a los fines de su actualización periódica.

A su vez, se incorpora un nuevo tipo de penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 306; y se agrega el artículo 4 bis a la Ley 25.246 para incorporar el concepto de operación inusual y sospechosa de conformidad con la recomendación 20 del GAFI.

Sobre la UIF, se refuerza el mecanismo de audiencia pública previo a la designación de las autoridades.

Se aclara que los abogados, quienes se suman como sujetos obligados a reportar situaciones sospechosas, no serán sujetos obligados cuando se desempeñen en actividades consistentes en asesoramiento, consultoría legal, así como también el patrocinio, representación o defensa en litigios judiciales, administrativos, arbitraje o mediación.

Se suprime el párrafo referido al secreto profesional toda vez que la aplicación de dicho apartado podía dar lugar a interpretar que toda actividad de los abogados está protegida por el secreto profesional, y ello implicaría que nunca deberían realizarse reportes de operaciones sospechosas.

Respecto a los contadores, se suprime como actividad comprendida la confección de informes de revisión limitada en estados contables.

Además, se contempla la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Sistema, Prevención, Investigación y Persecución Penal de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, a los fines de incorporar un control político y parlamentario.

También se prevé la creación de un Registro de Proveedores de Servicios Virtuales, a los fines de establecer que la Comisión Nacional de Valores va a ser el organismo que se va a encargar del registro, su evaluación y supervisión. Este aspecto apunta a detectar eventuales operaciones sospechosas a través de activos virtuales (criptomonedas).

Entre otros puntos, se estima la creación de un Registro de Beneficiarios Finales, como registro centralizado que contenga información adecuada, precisa y actualizada de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, cuya autoridad de aplicación será la AFIP.

 

Sesiona el Senado con el mega DNU como plato fuerte y camino al rechazo

En medio de la interna Milei-Villaruel, se inició la sesión que había sido convocada por la vicepresidenta, quien intentó sin éxito postergar el tratamiento del decreto y desató el enojo en Casa Rosada.

Con el enojo del presidente Javier Milei hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel de fondo, el Senado inició este jueves a las 11.11 la sesión especial que incluye en el temario el mega DNU 70/23 de desregulación de la economía, que se encamina al rechazo.

En la previa, Villarruel, quien fue la que realizó la convocatoria, intentó sin éxito postergar por 15 días el tratamiento del decreto. En reunión de Labor Parlamentaria, la presidenta del Cuerpo no sólo encontró la negativa de Unión por la Patria sino de otros bloques de la oposición.

Mientras se desarrollaba ese encuentro, la Oficina de Prensa del presidente lanzó un duro comunicado contra Villarruel, quien no disimuló su malestar ante los senadores presentes. Durante el día había sido blanco de críticas por parte de trolls libertarios.

Durante febrero, Unión por la Patria había solicitado una sesión para tratar el DNU en tres ocasiones. A ninguna de ellas accedió la vice, más allá de lo que establecen los artículos 19 y 20 del reglamento. Más tarde, cerca del 1ro. de marzo, se sumó una solicitud de bloques federales, a los que se acopló un radical.

Desde el entorno de Villarruel consideran que, iniciado el período ordinario, la presidenta del Senado ya no tenía margen para no incluir el debate del decreto dentro del recinto, sobre todo también porque esa situación inconclusa le trabaría el resto de los temas.

Tras la reunión de Labor Parlamentaria, desde el Gobierno se aceleraron conversaciones con gobernadores para intentar evitar que algunos senadores bajen al recinto.

Alarmados, dirigentes del oficialismo salieron a reclamar que el DNU todavía no cuenta con dictamen de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y que hay muchos decretos pendientes, como expresó el miércoles por la noche el presidente de Diputados, Martín Menem, en el canal LN+.

Sin embargo, la Ley 26.122 establece que, pasado el plazo de 10 días para que la comisión dictamine, ambas cámaras podrán tratar de oficio el decreto. A esta altura, no sólo desde Unión por la Patria insisten con que todos los tiempos están vencidos, sino otros sectores también.

A los 33 integrantes de Unión por la Patria, que están por el rechazo, les resta sumar 4 voluntades más que estarían dentro de los bloques federales. Hay quienes aseguran que la negativa al decreto junta “40 votos o más”. En la UCR votarían divididos este jueves.

Por su parte, el puñado de 6 senadores oficialistas -que tendrán la baja de Bartolomé Abdala por el fallecimiento de su esposa- junto al Pro avalarán la medida presidencial.

El mega DNU

El Poder Legislativo tiene como atribución el análisis de los decretos del Poder Ejecutivo y, particularmente sobre los DNU, evaluar si cumple con los requisitos de “necesidad y urgencia”, al tiempo de determinar su validez o invalidez en torno a la constitucionalidad o no del mismo. Es decir, no se aprueba o rechaza por las medidas allí contenidas, sino por las formas. Algo que es lo más cuestionado del 70/23, el cual no tiene antecedentes por su magnitud y a través del cual se derogaron más de 30 leyes y se modificaron unas 300.

El mega de Milei, que significó el primer paquete de medidas del Gobierno, dictado el 21 de diciembre, estableció la derogación de la Ley de Alquileres, la derogación de la Ley de Góndolas y la Ley de Abastecimiento, la liberación de los precios de las prepagas, el cobro de intereses punitorios sin regulación ni topes para las tarjetas de crédito, la habilitación de privatizaciones y modificaciones en la Ley de Medios y la Ley Argentina Satelital, entre muchísimos otros puntos.

A partir de distintas cautelares presentadas, la Justicia suspendió el capítulo de la reforma laboral, los cambios en la Ley del Instituto Nacional de la Yerba Mate, y la posibilidad de que los clubes de fútbol -si así lo quisieran- se transformen en sociedades anónimas. La Justicia de La Plata había hecho también lugar a una cautelar contra la derogación de la Ley de Tierras, pero posteriormente un juez federal la dejó sin efecto.

El resto del temario

El temario incluye el retiro de diversos mensajes de pedidos de acuerdos solicitados por el Poder Ejecutivo Nacional conducido por Alberto Fernández, como así también luego una serie de ingresos de pedidos de acuerdos de la actual gestión.

Luego se abordarán sendos acuerdos internacionales que obtuvieron dictamen durante el período de extraordinarias con Turquía, China y Emiratos Árabes Unidos, tras lo cual será el turno de la autorización al presidente de la Nación a ausentarse del país a lo largo del presente año.

A continuación dará comienzo el debate del proyecto principal previsto para esta fecha, el proyecto que modifica el Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Un tema que tuvo dictamen también durante el verano -el 7 de febrero- y que se esperaba que el Senado pudiera convertir en ley en una sesión que finalmente nunca se realizó.

 

Flaca cosecha oficial en extraordinarias

En sus dos decretos de convocatoria, el Gobierno remitió un total de 15 temas para tratar este verano, pero aún no ha logrado aprobar nada.

A pocos días del vencimiento del período extraordinario, el oficialismo no ha podido aún aprobar ni un solo tema. Si bien tiene chances de ampliar el plazo de tratamiento hasta fin de mes, por ahora el vencimiento será el próximo jueves.

Con apenas doce días en el poder, el presidente Javier Milei convocó el 22 de diciembre del año pasado a sesiones extraordinarias. Llamó la atención el plazo que se impuso. Desechó el mes de diciembre y limitó el tratamiento de temas al primer mes del año venidero.

Esto es, las primeras fechas de convocatoria fueron entre el 1 de enero hasta el 31 de enero de 2024.

El temario de ese llamado incluía 11 cuestiones, comenzando por el proyecto de ley de reforma de las funciones del Estado, que terminó siendo el proyecto Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

Veamos los temas citados en ese llamado presidencial:

1) Proyecto de ley de reforma de las funciones del Estado.

2) Proyecto de ley modificatorio de su similar N° 19.945 respecto de establecer la Boleta Única de Papel (Exp. Senado 4-CD-22).

3) Proyecto de “Ley de Impuestos a Ingresos Personales”

4) Proyecto de ley por el cual se solicita autorización para que el señor Presidente de la Nación pueda ausentarse del país durante el año 2024, cuando razones de gobierno lo requieran.

5) Proyecto de ley por el cual se aprueba el Convenio entre la República Argentina y Japón para la Eliminación de la Doble Imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y la Prevención de la Evasión y la Elusión Fiscal, suscripto en la Ciudad de Osaka, Japón, el 27 de junio de 2019 (Msje. 230/19).

6) Proyecto de ley por el cual se aprueba el Convenio entre la República Argentina y el Gran Ducado de Luxemburgo para la Eliminación de la Doble Imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal, suscripto en la Ciudad de Washington, Estados Unidos de América, el 13 de abril de 2019 (Msje. 120/19).

7) Proyecto de ley por el cual se aprueba el Acuerdo entre la República Argentina y la República Popular China para la Eliminación de la Doble Imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal y su Protocolo, suscriptos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2 de diciembre de 2018 (Msje. 99/19).

8) Proyecto de ley por el cual se aprueba el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República Argentina y los Emiratos Árabes Unidos, suscripto en la ciudad de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, el 16 de abril de 2018 (Msje. 133/19).

9) Proyecto de ley por el cual se aprueba el Acuerdo entre la República Argentina y la República de Turquía para Evitar la Doble Imposición en Materia de Tributos sobre la Renta y para Prevenir la Evasión y la Elusión Fiscal y su Protocolo, suscriptos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 1° de diciembre de 2018 (Msje. 98/19).

10) Consideración de Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales.

11) Consideración de Acuerdos para designaciones y promociones, y su retiro.

El segundo llamado

El 22 de enero, a través del decreto 57/2024 se extendió el período ordinario hasta el 15 de febrero. Además, el Poder Ejecutivo dispuso sumar tres proyectos para debatir.

En su artículo 2°, se corrigió el decreto de convocatoria original, publicado en diciembre, donde refería al proyecto de ley Bases estrictamente como una reforma del Estado. Un verdadero blooper que, de no haberse resuelto de esa manera, podría haber invalidado todo lo actuado hasta entonces. Algún insidioso diría que hubiera terminado sucediendo antes lo que pasó el martes de la última semana.

“Entiéndese que el punto 1) del Anexo al decreto citado en el artículo anterior refiere al Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, remitido por Mensaje N° 7 del 27 de diciembre de 2023 (Exp. 25-PE-2023)”, expresaba el artículo en cuestión.

El decreto incluyó además 3 proyectos para debatir en dicho plazo.

En primer lugar, una autorización de entrada de tropas extranjeras al territorio nacional para participar en el ejercicio “Adiestramiento Combinado para la Defensa de los Recursos Pesqueros Argentinos”, que se llevará a cabo entre la Prefectura Naval de la República Argentina y el guardacostas USCG James de la Guardia Costera de los Estados Unidos de América durante el mes de abril de 2024.

El segundo proyecto de ley sustituía el Capítulo II -Defensa Nacional- del Título IV -Seguridad y Defensa- del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, comunicado el 27 de diciembre de 2023.

Y, por último, un proyecto de ley modificatorio del Código Penal y de la Ley N° 25.246 respecto de la Prevención y Represión del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Mucho ruido y pocas nueces

Cuatro comisiones se formaron en la Cámara de Diputados para avanzar con los proyectos asignados a ese Cuerpo. Tres para la ley de Bases -Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales- y Relaciones Exteriores para tratar los acuerdos internacionales. Solo se reunió para constituirse sus autoridades.

El único proyecto del temario que abordaron las comisiones de Diputados fue el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Fueron seis reuniones informativas del plenario de comisiones, y una para dictaminar. Luego hubo una sesión que se desarrolló a lo largo de cuatro días, con el resultado por todos conocido.

En la Cámara alta avanzaron con el tratamiento del proyecto de ley de Boleta Única de Papel, que consiguieron dictaminar el 10 de enero. Pero contrariamente a lo que se esperaba no lo llevaron al recinto y perderá estado parlamentario a fin de mes. Pasa que el oficialismo no tiene el número para lograr aprobarlo con la mayoría absoluta necesaria para un proyecto de ley electoral.

El otro proyecto tratado en la Cámara alta tiene también media sanción de Diputados y si no se aprueba antes del 29 de febrero, se cae su estado parlamentario. Ya tiene dictamen desde el miércoles, y habrá que ver si se trata en el Senado esta semana o bien la siguiente. O nada.

En definitiva, muchas reuniones de comisión, sobre pocos temas; un enero intensísimo… pero solo el Senado podría quebrar la inercia de una falta de aprobación en los recintos. Se verá.

Al filo de culminar el período extraordinario, el oficialismo en el Senado convocaría a sesionar por lavado de activos

El proyecto fue incluido en el temario de extraordinarias, cuenta con media sanción de Diputados y ya tiene despacho de comisión. Debe ser tratado antes del 29 de febrero por dos motivos: pierde estado parlamentario y por la inminente inspección internacional del GAFI.

Tras desestimar el pedido del bloque Unión por la Patria para que el Senado sesione a fin de tratar el DNU y al filo de culminar el período extraordinario, la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, convocaría a sesionar en los próximos días para aprobar el proyecto de ley que mejora la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La iniciativa, incluida en el período extraordinario, fue enviada por el gobierno de Alberto Fernández en 2022 y recibió la media sanción en Diputados en abril de 2023. También formó parte del último entendimiento que firmó la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) e incluye las sugerencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En esa oportunidad, donde la iniciativa cosechó 111 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones, el actual presidente de la Nación, Javier Milei, y Villarruel, se ausentaron durante la votación. Después, el kirchnerismo en la Cámara alta lo debatió una sola vez en un plenario de comisiones con expositores en julio de 2023 y luego lo cajoneó.

A contrarreloj, el oficialismo lo debatió en dos reuniones conjuntas de comisiones. La primera fue el 31 de enero de carácter informativo a la que asistieron el candidato propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional a presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci y el jefe de Gabinete de la UIF, Nicolás Vergara. La segunda reunión fue el 7 de febrero en la que los libertarios lograron la adhesión de sus pares para sacar un dictamen de consenso, es decir, tiene luz verde para ser ley y sería la primera victoria libertaria en el recinto del Senado.

Así las cosas, el proyecto quedó listo para ser tratado en el recinto y convertirse en ley, pero el oficialismo debe aprobarlo antes del 15 de febrero, debido a que es la fecha en la que finaliza el período extraordinario y, de no ser debatido, perderá estado parlamentario el último día del mes de febrero.

En suma, el texto debe ser sancionado antes del 3 de marzo por la inspección internacional del GAFI según afirmó en la última reunión de comisión el riojano Juan Carlos Pagotto, titular de Justicia y Asuntos Penales.

Al respecto, altas fuentes cercanas al oficialismo consultadas por parlamentario.com afirmaron que “sí se va a sesionar”, pero aclararon que “no tenemos fecha”.  De esta manera, y teniendo en cuenta lo anterior, la única vía que le queda a los libertarios para salvar la iniciativa será prorrogando las extraordinarias. “No está definido, pero deberíamos prorrogar”, aseguró la misma fuente consultada por este medio.

Esa decisión deberá tomarla el presidente de la Nación cuando regrese al país la próxima semana tras su gira por Israel y el continente eEuropeo, a priori, reunirá a sus legisladores para analizar los pasos a seguir tras la caída de la ley ómnibus en Diputados y lo pendiente en el Senado.

Dictaminaron el proyecto de lavado de activos

Fue en el Senado, luego del cuarto intermedio de la semana pasada, en el marco de una reunión de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.

El proyecto sobre lavado de activos quedó listo para llegar al recinto

El plenario de la Cámara alta dio dictamen favorable a la iniciativa que tiene media sanción de Diputados y que debe ser aprobada antes de la inspección internacional del GAFI.

Se llevó a cabo este miércoles el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, a cargo del riojano Juan Carlos Pagotto, y de Presupuesto y Hacienda, presidida por el jujeño Ezequiel Atauche, del Senado para dictaminar el proyecto de ley que reforma la normativa sobre prevención y represión del lavado de activos.

La iniciativa, impulsada por la gestión de Alberto Fernández, tuvo media sanción en la Cámara de Diputados en abril del año pasado, con un muy bajo número de votos a favor y casi toda la oposición en contra. Los entonces tres diputados libertarios Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo estuvieron ausentes.

Desde el oficialismo apuraron el avance porque está próxima a llegar la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el país, la cual sería entre el 3 y el 23 de marzo.

De este modo, el oficialismo incorporó el tema en extraordinarias y la semana pasada asistieron a reclamar por su aprobación Ignacio Yacobucci, propuesto por el Poder Ejecutivo para presidir la Unidad de Información Financiera (UIF), y Nicolás Vergara, jefe de Gabinete del organismo.

En el inicio de la reunión plenaria, los presidentes de las comisiones confirmaron el reemplazo del radical pampeano Daniel Kroneberger, en lugar de la santafesina Carolina Losada en ambas comisiones.

Así las cosas, Pagotto explicó: “Tenemos la inspección del GAFI el 3 de marzo”, y agregó que “Argentina tiene que cumplir con sus compromisos internacionales. Esta es la razón por la que pido que seamos breves para poder aprobar y tratarlo en el recinto”.

Brevemente, el senado nacional Juan Carlos Romero (CF – Salta) advirtió que “el artículo 40 me da una entrada en vigencia diferente a la Código Civil”. “Acá le da vigencia a los 30 días de la publicación en el Boletín Oficial, pero sería bueno hacer circular el despacho y acordarlo con todos los bloques”.

También, el senador nacional Maximiliano Abad (UCR – Buenos Aires) aclaró que “hicimos modificaciones porque la ley es perfectible”, y señaló que esta iniciativa “es fundamental para la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos”.

Finalmente, el titular de Presupuesto y Hacienda en la Cámara alta, Ezequiel Atauche, cerró: “Es buen momento para escuchar y reafirmar el compromiso de una nueva ley y agradecer a todos los sectores que dan acompañamiento porque entendieron la necesidad que tiene el país de esta ley”.

Los bloques de la oposición acompañaron el dictamen (Foto: Comunicación Senado).

 

Sobre el proyecto

El proyecto modifica el artículo 5 de la Ley 25.246, de modo de establecer que la UIF funcionará como “organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.

Respecto a la pena prevista para el lavado en el artículo 303 del Código Penal se aumentará el monto de la condición objetiva de punibilidad de 300 mil pesos a 8.600.000 y se implementará una unidad de medida (Salario Mínimo, Vital y Móvil) a los fines de su actualización periódica.

A su vez, se incorpora un nuevo tipo de penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 306; y se agrega el artículo 4 bis a la Ley 25.246 para incorporar el concepto de operación inusual y sospechosa de conformidad con la recomendación 20 del GAFI.

Sobre la UIF, se refuerza el mecanismo de audiencia pública previo a la designación de las autoridades.

Se aclara que los abogados, quienes se suman como sujetos obligados a reportar situaciones sospechosas, no serán sujetos obligados cuando se desempeñen en actividades consistentes en asesoramiento, consultoría legal, así como también el patrocinio, representación o defensa en litigios judiciales, administrativos, arbitraje o mediación.

Se suprime el párrafo referido al secreto profesional toda vez que la aplicación de dicho apartado podía dar lugar a interpretar que toda actividad de los abogados está protegida por el secreto profesional, y ello implicaría que nunca deberían realizarse reportes de operaciones sospechosas.

Respecto a los contadores, se suprime como actividad comprendida la confección de informes de revisión limitada en estados contables.

Además se contempla la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Sistema, Prevención, Investigación y Persecución Penal de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, a los fines de incorporar un control político y parlamentario.

También se prevé la creación de un Registro de Proveedores de Servicios Virtuales, a los fines de establecer que la Comisión Nacional de Valores va a ser el organismo que se va a encargar del registro, su evaluación y supervisión. Este aspecto apunta a detectar eventuales operaciones sospechosas a través de activos virtuales (criptomonedas).

Entre otros puntos, se estima la creación de un Registro de Beneficiarios Finales, como registro centralizado que contenga información adecuada, precisa y actualizada de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, cuya autoridad de aplicación será la AFIP.

Se reanuda en el Senado el tratamiento del proyecto de ley sobre lavado de activos

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción, será debatida nuevamente este miércoles desde las 16 en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda.

Foto: Comunicación Senado

Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado retomarán este miércoles, a partir de las 16, el debate sobre el proyecto de ley que modifica la normativa sobre prevención y represión del lavado de activos.

La iniciativa, enviada por la gestión de Alberto Fernández, tuvo media sanción en la Cámara de Diputados en abril del año pasado, con un muy bajo número de votos a favor y casi toda la oposición en contra. Los entonces tres diputados libertarios Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo estuvieron ausentes.

Pese a la urgencia que el otrora oficialismo aseguró tenía la norma, ante la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el país, el exFrente de Todos congeló el tratamiento del proyecto en la Cámara alta durante 2023, año en que prácticamente no se sesionó en ese cuerpo.

Ahora, La Libertad Avanza incorporó el tema en extraordinarias y la semana pasada asistieron a reclamar por su aprobación Ignacio Yacobucci, propuesto por el Poder Ejecutivo para presidir la Unidad de Información Financiera (UIF), y Nicolás Vergara, jefe de Gabinete del organismo.

En el plenario, Yacobucci afirmó que “es fundamental que se apruebe el proyecto porque la evaluación del GAFI -el 3 de marzo es la cuarta ronda que transita Argentina- tiene consecuencias inmediatas a nivel económico y financiero. Estar en la lista gris nos perjudica y afecta a todos los ciudadanos y empresas, y crea dificultad al país para integrar al mundo”.

El candidato propuesto por el Ejecutivo advirtió que si “al momento de la evaluación hay una parte normativa que no esté en vigencia ese aspecto será considerado como un incumplimiento técnico dado que no hay forma de introducir cambios después de marzo”.

Sobre el proyecto

El proyecto modifica el artículo 5 de la Ley 25.246, de modo de establecer que la UIF funcionará como “organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.

Respecto a la pena prevista para el lavado en el artículo 303 del Código Penal se aumentará el monto de la condición objetiva de punibilidad de 300 mil pesos a 8.600.000 y se implementará una unidad de medida (Salario Mínimo, Vital y Móvil) a los fines de su actualización periódica.

A su vez, se incorpora un nuevo tipo de penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 306; y se agrega el artículo 4 bis a la Ley 25.246 para incorporar el concepto de operación inusual y sospechosa de conformidad con la recomendación 20 del GAFI.

Sobre la UIF, se refuerza el mecanismo de audiencia pública previo a la designación de las autoridades.

Se aclara que los abogados, quienes se suman como sujetos obligados a reportar situaciones sospechosas, no serán sujetos obligados cuando se desempeñen en actividades consistentes en asesoramiento, consultoría legal, así como también el patrocinio, representación o defensa en litigios judiciales, administrativos, arbitraje o mediación.

Se suprime el párrafo referido al secreto profesional toda vez que la aplicación de dicho apartado podía dar lugar a interpretar que toda actividad de los abogados está protegida por el secreto profesional, y ello implicaría que nunca deberían realizarse reportes de operaciones sospechosas.
Respecto a los contadores, se suprime como actividad comprendida la confección de informes de revisión limitada en estados contables.

Además se contempla la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Sistema, Prevención, Investigación y Persecución Penal de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, a los fines de incorporar un control político y parlamentario.

También se prevé la creación de un Registro de Proveedores de Servicios Virtuales, a los fines de establecer que la Comisión Nacional de Valores va a ser el organismo que se va a encargar del registro, su evaluación y supervisión. Este aspecto apunta a detectar eventuales operaciones sospechosas a través de activos virtuales (criptomonedas).

Entre otros puntos, se estima la creación de un Registro de Beneficiarios Finales, como registro centralizado que contenga información adecuada, precisa y actualizada de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, cuya autoridad de aplicación será la AFIP.

El Senado analizó el proyecto sobre lavado de activos

La plenaria de comisiones contó con la presencia de Ignacio Yacobucci, candidato propuesto para presidir la UIF, y Nicolás Vergara, jefe de Gabinete de la misma repartición.

Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado

En el marco de las sesiones extraordinarias se llevó a cabo este miércoles un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, que presiden los senadores Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza-La Rioja) y Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza-Jujuy) respectivamente, se realizó una reunión informativa para tratar el proyecto de ley en revisión que modifica el Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Abrió el encuentro el presidente de Presupuesto y Hacienda destacando que el proyecto puesto a consideración “sirve para adecuarse a las normas internacionales”, y tiene como ejes centrales las modificaciones al Código Penal, la reforma de la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales.

Durante la plenaria, que se llevó a cabo en el Salón Arturo Illia brindaron su punto de vista sobre la iniciativa en discusión y contestaron inquietudes de los senadores, el candidato propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional a presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci y el jefe de Gabinete de la UIF, Nicolás Vergara.

Al hacer uso de la palabra, Vergara destacó que “el objetivo es a dar a conocer el proyecto de ley”, y recordó que “fue aprobado por Diputado con algunas modificaciones”.

Aseguró que “los propósitos de la iniciativa es darle más y mejores herramientas al Estado en la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, uno de los delitos precedentes más importante del crimen organizado. También se crea el Registro de Proveedores de Servicios Virtuales lo cual dará mayor certidumbre”.

Según el proyecto, el registro, estará a cargo de la Comisión Nacional de Valores que debe detectar eventuales operaciones de sospechosas por medio de activos virtuales como las criptomonedas.

El jefe de Gabinete de la UIF resaltó asimismo que “la evaluación del GAFI se hace a nuestro país, no a un gobierno y por eso es importante que sea una política de Estado para proteger al país de los crímenes organizados”.

Sobre la autonomía de la UIF, Vergara consideró “que la UIF debe ser autónoma económica y funcionalmente y es uno de los requerimientos del GAFI y estamos en esa línea”.

Por su parte, Yacobucci aseguró “es fundamental que se apruebe el proyecto porque la evaluación del GAFI – el 3 de marzo es la cuarta ronda que transita Argentina – tiene consecuencias inmediatas a nivel económico y financiero. Estar en la lista gris nos perjudica y afecta a todos los ciudadanos y empresas y crea dificultad al país para integrar al mundo”.

El candidato propuesto por el Ejecutivo Nacional a presidente UIF, sostuvo que si “al momento de la evaluación hay una parte normativa que no esté en vigencia ese aspecto será considerado como un incumplimiento técnico dado que no hay forma de introducir cambios después de marzo”.

Se acordó un nuevo encuentro para el próximo miércoles 7, a fin de avanzar con el dictamen.

Se trató en comisión el proyecto sobre lavado de activos

La plenaria de comisiones contó con la presencia de Ignacio Yacobucci, candidato propuesto para la UIF, y Nicolás Vergara, jefe de Gabinete de la misma repartición.

El oficialismo en el Senado reactivará el debate de la ley contra el lavado de activos

La iniciativa fue enviada por Alberto Fernández en 2022 y logró la media sanción en Diputados en abril de 2023, pero en la Cámara alta quedó encajonada. Será analizada en un plenario de comisiones.

El oficialismo en el Senado reactivará el proyecto de ley que mejora la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La iniciativa será analizada en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales -presidida por el riojano Juan Carlos Pagotto– y de Presupuesto y Hacienda -a cargo del jujeño Ezequiel Atauche– el próximo miércoles 31 a las 17 en el Salón Arturo Illia.

La reunión será de carácter informativa a la cual asistirán a exponer el doctor Ignacio Yacobucci, candidato propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional a presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF); y el doctor Nicolás Vergara, jefe de Gabinete de la Unidad de Información Financiera (UIF).

El proyecto fue enviado por el gobierno de Alberto Fernández en 2022 y recibió la media sanción en Diputados en abril de 2023. También formó parte del último entendimiento que firmó la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) e incluye las sugerencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En esa oportunidad, donde la iniciativa cosechó 111 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones, el actual presidente de la Nación, Javier Milei, y la titular del Senado, Victoria Villarruel, se ausentaron durante la votación. Después, el kirchnerismo en la Cámara alta lo debatió una sola vez en un plenario de comisiones con expositores en julio de 2023 y luego lo cajoneó.

En los últimos días a la prórroga de las sesiones extraordinarias activada por el Gobierno libertario, el proyecto fue incluido en el temario, ya que también se enmarca dentro de las políticas que impulsan desde el Ministerio de Seguridad.

Aspectos del proyecto

El proyecto modifica el artículo 5 de la Ley 25.246, de modo de establecer que la UIF funcionará como “organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.

El texto original del Poder Ejecutivo tuvo numerosos cambios. Uno de ellos fue que se modificó lo referido a la pena prevista para el lavado en el artículo 303 del Código Penal: se aumentará el monto de la condición objetiva de punibilidad de 300 mil pesos a 8.600.000 y se implementará una unidad de medida (Salario Mínimo Vital y Móvil) a los fines de su actualización periódica.

A su vez, se incorpora un nuevo tipo de penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 306; y se agrega el artículo 4 bis a la Ley 25.246 para incorporar el concepto de operación inusual y sospechosa de conformidad con la recomendación 20 del GAFI.

Sobre la UIF, se refuerza el mecanismo de audiencia pública previo a la designación de las autoridades.

Se aclara que los abogados, quienes se suman como sujetos obligados a reportar situaciones sospechosas, no serán sujetos obligados cuando se desempeñen en actividades consistentes en asesoramiento, consultoría legal, así como también el patrocinio, representación o defensa en litigios judiciales, administrativos, arbitraje o mediación.

Se suprime el párrafo referido al secreto profesional toda vez que la aplicación de dicho apartado podía dar lugar a interpretar que toda actividad de los abogados está protegida por el secreto profesional, y ello implicaría que nunca deberían realizarse reportes de operaciones sospechosas.

Respecto a los contadores, se suprime como actividad comprendida la confección de informes de revisión limitada en estados contables.

Además, se contempla la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Sistema, Prevención, Investigación y Persecución Penal de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, a los fines de incorporar un control político y parlamentario.

También se prevé la creación de un Registro de Proveedores de Servicios Virtuales, a los fines de establecer que la Comisión Nacional de Valores va a ser el organismo que se va a encargar del registro, su evaluación y supervisión. Este aspecto apunta a detectar eventuales operaciones sospechosas a través de activos virtuales (criptomonedas).

Entre otros puntos, se estima la creación de un Registro de Beneficiarios Finales, como registro centralizado que contenga información adecuada, precisa y actualizada de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, cuya autoridad de aplicación será la AFIP.

Las leyes pendientes en el Senado

Por lo menos una veintena de proyectos con media sanción de Diputados aguardan su tratamiento en la Cámara alta.

Al frustrarse la última sesión especial convocada en el Senado para analizar cinco proyectos de ley y 75 pliegos judiciales, la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti formuló fuertes cuestionamientos a la oposición por no haber dado quórum y pidió perdón “a la sociedad argentina en su conjunto y a todas las organizaciones” presentes en los palcos a la espera de que se trataran las iniciativas para las que habían sido convocados.

Y particularmente hizo hincapié en la presencia de Johanna Piferrer, “quien padeció la muerte de su bebé, Ciro, a un mes y medio del parto”. Y mientras las cámaras captaban la imagen de Johanna y otras madres que habían concurrido expectantes para ver si se convertía en ley el proyecto sobre muerte perinatal, la senadora mendocina prometió que “vamos a seguir intentando desde este bloque incansablemente transformar este proyecto en ley”.

La realidad es que ese proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados hace casi ocho meses: la que se conoce como “Ley Johanna” recibió media sanción por 216 votos afirmativos y solo uno en contra en la sesión del 24 de noviembre del año pasado y prevé una serie de procedimientos médico asistenciales que deberán aplicarse en los casos de la pérdida de un bebé entre la semana 22 del embarazo y 7 días después del nacimiento. Desde esa aprobación tan abrumadora, el proyecto durmió el sueño de los justos en el Senado, donde ante semejante consenso demostrado entre oficialismo y oposición en la materia, los interesados en su aprobación imaginaron un rápido tratamiento en el Senado y su aprobación antes de fin de año.

Johanna Piferrer, presente en el Senado en la frustrada sesión de la Cámara alta. (Foto: Comunicación Senado)

No fue así, pues esa cámara ya había sesionado el 16 de noviembre y no volvió a reunirse en el resto del año. Hay que reconocer que ya tenían problemas de quórum, por ejemplo les faltaba nada menos que el presidente del interbloque, José Mayans, que estuvo ausente en la última parte de 2022, aunque ya está felizmente recuperado y activo.

El proyecto de ley de muerte perinatal recién tuvo tratamiento en comisión el 30 de mayo pasado, cuando se le dio dictamen y quedó ahí sí listo para llegar al recinto. En esa misma reunión, compartida con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, se dio dictamen a otro de los proyectos de ley incluidos en el temario de la última sesión del Senado, que no tuvo quórum: pubertad precoz.

Mujeres interesadas en la aprobación de la Ley de Pubertad Precoz. (Foto: Comunicación Senado)

Se trata de un proyecto que tuvo media sanción el 19 de abril de este año en Diputados, luego de haber sido trabajado durante largo tiempo. Entre otras cosas, el proyecto promueve la capacitación, formación y perfeccionamiento de profesionales de la salud en el abordaje y tratamiento de la pubertad precoz, como así también generar protocolos de atención de niñas y niños con ese diagnóstico. Asimismo, prevé la realización de estudios estadísticos sobre la Pubertad Precoz Central, que abarquen todo el país, y llevar adelante campañas informativas/educativas destinadas a la comunidad en general y a grupos específicos, tendientes a crear conciencia sobre la enfermedad.

Tratamiento a cuentagotas

Esos proyectos que merecen tanta atención desde la sociedad civil terminan teniendo un tratamiento especial que en ocasiones les juega en contra. Porque la verdad es que a partir del amplio apoyo que tienen de todos los sectores podrían llegar a ser tratados con rapidez y hasta incluidos en una misma sesión para dar cuenta de ellos de manera ágil y brindar así pronta respuesta a sus destinatarios.

Eso no sucede y es una metodología parlamentaria que abarca a todos los sectores, que los seleccionan a veces a cuentagotas, de modo tal de matizar las sesiones de ambas cámaras con ese tipo de iniciativas. Por ejemplo, se los incluye para compensar sesiones donde presentan otros proyectos que no ameritan semejante consenso.

Como sea, la situación especial -y casi podría decirse también que inédita- que vive el Senado hace que los pendientes se vayan acumulando de manera llamativa. Hay numerosas e importantes “medias sanciones” que aguardan tratamiento en el recinto.

No solo aquellas que merecen tanta expectativa social; también hay de los que reclama el Ministerio de Economía de manera prioritaria. Es el caso del monotributo tecnológico (mono tech), que cuenta con media sanción de Diputados dese el 28 de marzo pasado, ocasión en la cual desde la oposición hubo una suerte de guiño para no hacerlo caer. El proyecto tuvo 111 votos positivos, 11 negativos y 85 abstenciones. Y, sobre todo, muchas ausencias.

El mono-tech tuvo dictamen el 30 de mayo en el Senado.

El régimen tiene dictamen en el Senado desde el 30 de mayo y se encuentra destinado a los pequeños contribuyentes que realicen actividades relativas a la economía del conocimiento, y a aquellos que efectúen cualquier tipo de prestación de servicios, siempre que estas actividades sean realizadas en el país, pero su utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior. También quedan comprendidos en este nuevo régimen los ingresos derivados por el ejercicio de “eSports” o deportes electrónicos, entendiendo por tales a las muy difundidas competiciones organizadas a nivel profesional, multijugador y de diferentes disciplinas de videojuegos con acceso desde diferentes dispositivos y plataformas de forma online u offline.

Esta iniciativa que permitiría blanquear (y tributar) en el país ingresos inferiores a 30 mil dólares, considerada en su momento como prioritaria por Economía, ni siquiera fue incluida en el temario de la última sesión del Senado (frustrada).

Hay otro que tal vez represente mayor urgencia: el proyecto sobre lavado de activos, que debería estar aprobado para el mes de septiembre. El proyecto tuvo media sanción el 19 de abril de este año, en una sesión en la que la oposición no se esforzó por voltear la iniciativa. Véanse los guarismos de la votación: 111 a favor, 96 en contra y 5 abstenciones.

La aprobación en Diputados del proyecto reclamado por el GAFI. (Foto: HCDN)

El proyecto modifica el artículo 5 de la Ley 25.246, de modo de establecer que la UIF funcionará como “organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.

Recién este 11 de julio esta media sanción comenzó a ser analizada en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Presupuesto y Hacienda. Fue con la presencia de Ricardo Casal, secretario de la Secretaria Legal y Administrativa del Ministerio de Economía; Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad de Información Financiera; y Martín Breinlinger, director de la Comisión Nacional de Valores.

El Poder Ejecutivo mandó al Congreso el texto original hace casi un año y es exigida desde el FMI de manera tal que el país se adecue a los estándares internacionales. Y urge su aprobación, a raíz de que en septiembre de este año Argentina comenzará a ser evaluada por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

Hay temas pendientes como el referido a la entrada y salida de tropas. Esos proyectos suelen tratarse sobre el final de cada año, pero el oficialismo no lo incluyó en las sesiones de noviembre y en diciembre las relaciones entre oficialismo y oposición colisionaron en esa cámara, por lo que el debate quedó postergado hasta este año. Recién tuvo media sanción el 19 de abril de este año en la Cámara baja y el tema estuvo incluido en la sesión fallida del miércoles 12 de  julio, advirtiendo el oficialismo que nunca a un gobierno democrático lo dejaron sin esa ley aprobada.

Pendiente está también la creación de las becas Progresar, una media sanción que data de aquella sesión del 19 de abril en Diputados, donde contó con amplísima mayoría: 175 votos a favor, 1 en contra y 9 abstenciones. Se trata de un proyecto que pretende crear por ley esa ayuda destinada a garantizar los estudios secundarios, terciarios y universitarios de los jóvenes más vulnerables. La iniciativa le brinda una continuidad y jerarquización a este programa que se lanzó en 2014, durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, actual titular del Senado, donde ahora el tema aguarda su tratamiento.

Hay también temas menores pendientes, como la media sanción impulsada por el diputado misionero Diego Sartori que busca declarar monumento natural a la especie Aguila Harpía. O la declaración de Monumento Histórico Nacional del Parque de la Constitución; la creación de la Red Federal de Bibliotecas Parlamentarias de la República Argentina; el aval para argentinos en cargos consulares en nuestro país y un acuerdo sobre transporte aéreo entre Argentina y Portugal.

Además, dos fechas nacionales: la declaración del 19 de agosto de cada año como Día de las Luchas de las Personas en Situación de Calle; y la del 18 de julio de cada año como “día de duelo nacional”, en memoria de las víctimas del atentado a la AMIA.

¿Y los créditos UVA?

Finalmente hay una batería de proyectos importantes con media sanción aprobados en la última sesión de la Cámara baja y que aún no han comenzado a transitar las comisiones del Senado.

Es el caso de la profesionalización de acompañantes terapéuticos, un proyecto que contó con gran presencia de interesados del sector en los palcos de la Cámara de Diputados durante su tratamiento en el recinto. Fue un tema aprobado por 197 votos afirmativos y solo 3 negativos, que tiene por objeto establecer el marco general del ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico, sin perjuicio de las normas dictadas por las jurisdicciones locales, ya que en 13 provincias hay legislación al respecto.

Asimismo espera el inicio de su tratamiento en el Senado el proyecto de violencia digital contra las mujeres, inspirado en la Ley Olimpia. Esta iniciativa tuvo 191 votos a favor, 2 negativos y una abstención, y modifica la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. Entre ellos, con el objetivo de garantizar “los derechos y bienes digitales de las mujeres, así como su desenvolvimiento y permanencia en el espacio digital”. Asimismo, señala que se deberán respetar “su dignidad, reputación e identidad en los espacios digitales”.

El proyecto sobre violencia digital tuvo amplia aprobación en Diputados. (Foto: HCDN)

Hay iniciativas como el acuerdo para la eliminación del cobro de cargos de roaming internacional a los usuarios finales del Mercosur, y hasta reformas a la Ley 24.449 de Tránsito, pero también un proyecto del oficialismo que propone la creación de un Régimen de Promoción de la Producción y/o Elaboración de Productos Orgánicos, para generar un fondo que le dé financiamiento al Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Agricultura. Sería de 100 millones de pesos, para financiar la asistencia técnica, capacitación, fortalecimiento de las instituciones y certificación de muchos productores que se dediquen a la actividad. Un proyecto para el fomento de la producción orgánica tuvo media sanción en 2013 y perdió estado parlamentario en 2015.

Asimismo ya está en el Senado el único proyecto aprobado por unanimidad en la última sesión de Diputados: la derogación de la Ley 11.317 y el decreto 2.699 del 28 de mayo de 1925 sobre prohibición de tareas peligrosas o insalubres para mujeres. En el texto definitivo se unificaron proyectos impulsados por las diputadas nacionales Silvia Lospennato, Lucila Masin y Vanesa Siley y un conjunto de diputados y diputadas de extracción sindical, derogando la prohibición del trabajo de mujeres en ciertas actividades.

Además, ya tiene media sanción un plan de refinanciación de deudas de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos respecto a Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA). Se trata de deudas contraídas en los 90, en dólares, de créditos BID que el Estado tomó y los pasó a las provincias y las provincias a las cooperativas. Esas deudas no fueron pesificadas y, tras la devaluación del 2002, las cifras originales se triplicaron. El monto total de la deuda vencida y a vencer al 31 de marzo de 2023 asciende a USD 85.756.662,58.

El proyecto reclamado por distritos muy endeudados en dólares fue aprobado en la última sesión de Diputados. (Foto: HCDN)

Para el final en este racconto de medias sanciones que esperan su tratamiento en el Senado tenemos nada menos que el “Sistema de Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios”, una iniciativa que busca aliviar la situación de los deudores de créditos UVA. El proyecto fue aprobado en Diputados por 134 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones y entre otras cosas establece que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinará por el coeficiente de variación salarial, tomando como referencia el RIPTE (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables). En los meses que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC (inflación), pagarán siempre el índice más bajo.

plenario comisiones finanzas y presupuesto creditos uva
Créditos UVA tuvo un largo peregrinar en las comisiones de Diputados.

A su vez, la iniciativa estipula que la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores, ni podrá extender la duración del crédito más del 25% del plazo originalmente pactado. Para los créditos ya otorgados, el cómputo será retroactivo al 1ro. de enero de 2023.

En definitiva, más de una veintena de proyectos que tienen media sanción de Diputados aguarda su tratamiento en la Cámara alta, atados a los vaivenes de lo que representa un año electoral y, para el oficialismo además, la pérdida del quórum propio. Algunos proyectos de suma importancia, otros de segundo orden, pero la necesidad imperiosa para el oficialismo de acordar los consensos correspondientes para reactivar una cámara donde precisamente no ha venido funcionando el diálogo.

El Senado comenzó a analizar el proyecto sobre lavado de activos

Fue en el marco de un plenario de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, donde trataron la media sanción de Diputados.

El Senado comenzó a analizar el proyecto sobre lavado de activos que es exigido por el FMI

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados, fue tratada en el seno de una reunión conjunta de comisiones en la que disertaron el funcionario Ricardo Casal, el presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, y el director de la Comisión Nacional de Valores.

Con invitados a exponer, la Cámara alta puso en marcha el tratamiento del proyecto que modifica el Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que ya cuenta con media sanción de Diputados desde abril de este año.

Fue debatida este martes en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Oscar Parrilli (Neuquén) y Ricardo Guerra (La Rioja) respectivamente. En la reunión disertaron Ricardo Casal, secretario de la Secretaria Legal y Administrativa del Ministerio de Economía; Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad de Información Financiera; y Martín Breinlinger, director de la Comisión Nacional de Valores.

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo hace casi un año atrás -en mayo de 2022-, es exigida desde el Fondo Monetario Internacional, de manera de que el país se pueda adecuar a los estándares internacionales. Además, para el Gobierno urge su aprobación, a raíz de que en septiembre de este año Argentina comenzará a ser evaluada por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

La palabra de los invitados

Al inicio del encuentro, Parrilli aclaró que “no es intención emitir dictamen, sino que se hará en una próxima reunión”. “Nos parece que este es un tema lo suficientemente delicado e importante como para que lo debatamos ampliamente y que todos los senadores puedan tener la información disponible para apoyar o no el dictamen o hacer las sugerencias que entiendan que deban llevarse adelante”, agregó.

De forma breve, el senador Guerra aclaró que hubo un reemplazo de su bancada para “lograr el quórum de la comisión”, de tal manera que la fueguina María Eugenia Duré ingresó en lugar de Lucía Corpacci.

El primer orador fue el doctor Ricardo Casal quien remarcó que el GAFI, como organismo internacional, “permanentemente dicta recomendaciones para los tres ejes que son lavado de activos, lucha contra el terrorismo y destrucción de armas”.

“En ese sentido el Ejecutivo nacional el año pasado ha hecho dos evaluaciones importantes respecto al riesgo sobre estos tres ejes tan importantes de tratamiento universal. Es una evaluación, el segundo una actualización que han sido aprobados por decretos del Ejecutivo y por ende van en sintonía con este proyecto de ley”, destacó.

Casal sostuvo que “esta actualización de la legislación penal y de la Ley orgánica de la UIF tiende a cumplir con los estándares básicos que está planteando el GAFI que casualmente ha fijado como fecha de evaluación al país a partir de septiembre. Obviamente que aspiramos como país que esta evaluación sea positiva y podamos estar dentro de la nómina de países que responden a los estándares internacionales sin mencionar que su resultado negativo traería consecuencias desagradables para nuestra patria y, fundamentalmente, del sector financiero y otros sectores que están vinculados al mercado financiero en el caso de que el país no lograra cumplir con esos objetivos que no depende de que esta ley sea aprobada, sino de un montón de circunstancias que hacen al cumplimiento de estos estándares”.

El funcionario, contó que el proyecto de ley fue tratado con diversos organismos institucionales públicos que han contribuido desde la Suprema Corte, la AFIP, el Banco Central, pero “han logrado la redacción de un texto de común acuerdo que fue presentado en Diputados en la cual, en dicha Cámara, ha tenido algunos ajustes o modificaciones no sustantivas sino para clarificar algunas cuestiones”.

“Consideramos que este no es solo un instrumento de adecuación a los estándares internacionales, sino también, que es un instrumento de utilización fundamental en la prevención del lavado de activos y del terrorismo”, opinó y recordó que Argentina tuvo dos atentados “gravísimos” entre la AMIA y la Embajada de Israel que “aún no se han esclarecidos”.

Por último, Casal remarcó que “este instrumento convertido en ley va a permitir que el Estado argentino, a través de los órganos jurisdiccionales y los órganos administrativos con competencia suficiente como es la UIF, puedan llegar al beneficiario final que es uno de los ejes de la ley pasando por todos los estadios de la circulación del dinero para el financiamiento de actos que sean considerados como actos de terrorismo”.

Casal contó que “hace poco se realizó la apertura de una sucursal en Rosario que pareciera que fuera el epicentro de la brutal y sangrienta actividad del narcotráfico. Este instrumento va a permitir también que esa agencia UIF en Rosario y en cualquier otro punto del país pueda bucear y profundizar en el movimiento de activos que derivan de actos ilegales del narcotráfico para poder llegar a cortar este perverso circuito económico que desalienta aquellos que sanamente ejercen el comercio”.

 Luego fue el turno del titular de la UIF, Juan Carlos Otero, quien resaltó que luego de 12 años “estamos proponiendo una reforma sustancial de sistema, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”. “El proyecto nos va a otorgar mayores herramientas a las autoridades públicas competentes para el combate del crimen organizado y en especial el narcotráfico”.

“A su vez nos va a permitir aumentar la efectividad del sistema preventivo y represivo contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Va a profundizar el enfoque basado en riesgo para poder hacer una asignación de recursos tanto para el sector público y privado para el combate de todo tipo de delitos”, detalló Otero.

En esa línea, siguió: “Va a promover el cumplimiento de las obligaciones por parte del sector privado en las inter resoluciones. Además, vemos la regulación de nuevas tecnologías. Si bien son muy importantes que van a la inclusión financiera e innovación, también hay que tener en cuenta que los delincuentes usan la tecnología para otros delitos de dinero y financiación del terrorismo, entonces es muy importante regularlas”.

“Otro aspecto importante es que las actuaciones realizadas por el GAFI las recomendaciones se modificaron en forma sustancial en el 2012. Tenemos que actualizar mucho las recomendaciones de estándares internacionales”, sostuvo.

Al hacer hincapié en el proyecto, el titular de la UIF afirmó que el objetivo que se tiene con dicha iniciativa “aspira a mejorar el cumplimiento técnico -la regulación de las leyes- y la efectividad del sistema contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo” que será evaluado por el GAFI. Así, recordó que la última evaluación fue en el 2010 con las recomendaciones anteriores donde “no se evaluó efectividad”.

“Tuvimos en cuenta los tratamientos de la primera evaluación de lavado de activos que se desarrolló en forma unánime con el Poder Judicial, Ministerio Público, distintas agencias del comité que encabeza el Ministerio de Justica, AFIP, Banco Central, entre otras. Argentina hizo el año pasado su primera evaluación nacional de riesgo de lavado de activos que fue de forma unánime con la metodología del GAFI. Se actualizó la evaluación nacional de riesgo de financiamiento y terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. El país hizo una estrategia nacional para mitigar esas amenazas y vulnerabilidades con distintos objetivos que están en el proyecto de ley”.

Además, precisó que el proyecto está estructurado en cinco ejes que son modificaciones al Código Penal, reformas a la Ley 25.346, creación de un registro público centralizado de beneficiarios fiscales, Comisión Bicameral Permanente y el registro de proveedores de servicios activos virtuales.

Sobre las modificaciones al Código Penal, explicó: “Con respecto al artículo 303 se aumenta el monto de la condición objetiva de punibilidad. Antes era de 300 mil pesos y en la media sanción que se dio en Diputados se pone una fórmula automática de 150 salarios mínimos vital y móvil que serían ahora 13.198.000 pesos y se implementa una unidad de medida a los fines de su actualización periódica”.

También, incorporaron en el inciso primero el verbo “adquirir” y una modificación la pena del tipo penal atenuando multa en lugar de prisión. Sobre el artículo 306 respecto del financiamiento del terrorismo se incorporó el tema de los combatientes de terroristas extranjeros y se incluye el término “bienes u otros activos”.

Respecto de la reforma a la Ley 25.346 Otero explicó que “se incorporan definiciones relevantes para el sistema de activos y financiamiento del terrorismo”. Sobre la UIF, contó que se le dará autarquía funcional, administrativa y económica, además de la financiera; el enfoque basado en riesgo se incorporó por ley al sistema preventivo a la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y la misión de regulación por parte de la UIF.

Al hablar de que los sujetos obligados al sistema preventivo, tanto del sector financiero como no, “no pueden oponer secreto. Pueden colaborar en el marco de una declaración voluntaria o análogas”. También se incorporan facultades: “Con respecto a las sanciones financieras dirigidas se prevé en la ley el congelamiento administrativo de fondos u otros activos mediante resolución fundada y con comunicación inmediata al Ministerio Público”, agregó.

“Sobre las contramedidas, se ponen medidas específicas de mitigación en riesgo a las relaciones comerciales e interacciones con personas humanas y jurídicas e instituciones financieras de mayor riesgo que el GAFI va denominando”, sumó. También se incorpora un artículo que regula la correcta utilización de la información proveniente de organismos análogos extranjeros y se garantiza el secreto de identidad de sujetos reportantes de operaciones sospechosas.

Por su parte, el titular de la Comisión de Valores, Martín Breinlinger, explicó que en su área “detectamos que la publicidad engañosa y la falta de información adecuada es un problema clave para la protección de la inversión en criptoactivos, que se desarrolla principalmente sin un marco normativo específico”.

“No contamos con legislación en el país que diga que los abogados que intervienen en actividades específicas son sujetos obligados a informar a la UIF, por eso lo agregamos al proyecto conforme a lo que se exige a nivel internacional”, planteó Luciana Trincheri del Consejo Asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Aspectos del proyecto

El proyecto modifica el artículo 5 de la Ley 25.246, de modo de establecer que la UIF funcionará como “organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.

El texto original del Poder Ejecutivo tuvo numerosos cambios. Uno de ellos fue que se modificó lo referido a la pena prevista para el lavado en el artículo 303 del Código Penal: se aumentará el monto de la condición objetiva de punibilidad de 300 mil pesos a 8.600.000 y se implementará una unidad de medida (Salario Mínimo Vital y Móvil) a los fines de su actualización periódica.

A su vez, se incorpora un nuevo tipo de penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 306; y se agrega el artículo 4 bis a la Ley 25.246 para incorporar el concepto de operación inusual y sospechosa de conformidad con la recomendación 20 del GAFI.

Sobre la UIF, se refuerza el mecanismo de audiencia pública previo a la designación de las autoridades.

Se aclara que los abogados, quienes se suman como sujetos obligados a reportar situaciones sospechosas, no serán sujetos obligados cuando se desempeñen en actividades consistentes en asesoramiento, consultoría legal, así como también el patrocinio, representación o defensa en litigios judiciales, administrativos, arbitraje o mediación.

Se suprime el párrafo referido al secreto profesional toda vez que la aplicación de dicho apartado podía dar lugar a interpretar que toda actividad de los abogados está protegida por el secreto profesional, y ello implicaría que nunca deberían realizarse reportes de operaciones sospechosas.

Respecto a los contadores, se suprime como actividad comprendida la confección de informes de revisión limitada en estados contables.

Además, se contempla la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Sistema, Prevención, Investigación y Persecución Penal de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, a los fines de incorporar un control político y parlamentario.

También se prevé la creación de un Registro de Proveedores de Servicios Virtuales, a los fines de establecer que la Comisión Nacional de Valores va a ser el organismo que se va a encargar del registro, su evaluación y supervisión. Este aspecto apunta a detectar eventuales operaciones sospechosas a través de activos virtuales (criptomonedas). Entre otros puntos, se estima la creación de un Registro de Beneficiarios Finales, como registro centralizado que contenga información adecuada, precisa y actualizada de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, cuya autoridad de aplicación será la AFIP.

El Senado comenzará el debate sobre el proyecto contra lavado de activos, exigido por el FMI

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados, será tratada en el seno de una reunión conjunta de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.

La Cámara de Senadores comenzará a debatir el proyecto modifica el Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que ya cuenta con media sanción de Diputados desde abril de este año.

Será en una reunión conjunta de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Oscar Parrilli (Neuquén) y Ricardo Guerra (La Rioja) respectivamente, que tendrá lugar en el Salón Arturo Illia este martes a las 17.30.

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo hace casi un año atrás -en mayo de 2022-, es exigida desde el Fondo Monetario Internacional, de manera de que el país se pueda adecuar a los estándares internacionales. Además, para el Gobierno urge su aprobación, a raíz de que en septiembre de este año Argentina comenzará a ser evaluada por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

El tratamiento del texto viene con mora, ya que en mayo cuando se constituyó la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, su electo presidente había adelantado que era intención de la comisión que “el próximo jueves 8 de junio comenzar con el tratamiento, en reunión conjunta con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el proyecto que viene en revisión de Diputados que modifica el Código Penal sobre la prevención y represión del lavado de activos, financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”, porque “es un compromiso que tiene el Gobierno nacional con el Grupo de Acción Financiera Internacional y que está reclamando que le demos tratamiento para poder sancionarlo en ley”, pero nunca estuvo en agenda el plenario hasta el día de la fecha.

Aspectos del proyecto

El proyecto modifica el artículo 5 de la Ley 25.246, de modo de establecer que la UIF funcionará como “organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.

El texto original del Poder Ejecutivo tuvo numerosos cambios. Uno de ellos fue que se modificó lo referido a la pena prevista para el lavado en el artículo 303 del Código Penal: se aumentará el monto de la condición objetiva de punibilidad de 300 mil pesos a 8.600.000 y se implementará una unidad de medida (Salario Mínimo Vital y Móvil) a los fines de su actualización periódica.

A su vez, se incorpora un nuevo tipo de penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 306; y se agrega el artículo 4 bis a la Ley 25.246 para incorporar el concepto de operación inusual y sospechosa de conformidad con la recomendación 20 del GAFI. 

Sobre la UIF, se refuerza el mecanismo de audiencia pública previo a la designación de las autoridades.

Se aclara que los abogados, quienes se suman como sujetos obligados a reportar situaciones sospechosas, no serán sujetos obligados cuando se desempeñen en actividades consistentes en asesoramiento, consultoría legal, así como también el patrocinio, representación o defensa en litigios judiciales, administrativos, arbitraje o mediación. 

Se suprime el párrafo referido al secreto profesional toda vez que la aplicación de dicho apartado podía dar lugar a interpretar que toda actividad de los abogados está protegida por el secreto profesional, y ello implicaría que nunca deberían realizarse reportes de operaciones sospechosas. 

Respecto a los contadores, se suprime como actividad comprendida la confección de informes de revisión limitada en estados contables. 

Además, se contempla la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Sistema, Prevención, Investigación y Persecución Penal de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, a los fines de incorporar un control político y parlamentario.

También se prevé la creación de un Registro de Proveedores de Servicios Virtuales, a los fines de establecer que la Comisión Nacional de Valores va a ser el organismo que se va a encargar del registro, su evaluación y supervisión. Este aspecto apunta a detectar eventuales operaciones sospechosas a través de activos virtuales (criptomonedas). Entre otros puntos, se estima la creación de un Registro de Beneficiarios Finales, como registro centralizado que contenga información adecuada, precisa y actualizada de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, cuya autoridad de aplicación será la AFIP.

Germán Martínez: “No hay delito narco sin lavado de dinero”

El jefe del bloque oficialista destacó la media sanción en Diputados del proyecto contra el lavado de activos y criticó el dictamen de minoría: “Era una locura”. También adelantó que empezarán a debatir el Régimen de Control y Transparencias para las Sociedades Anónimas Simplificadas.

El diputado nacional y jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez (Santa Fe), celebró la media sanción del proyecto de ley contra el lavado de activos en la Cámara baja porque “viene a mejorar la legislación vigente”, y remarcó que “no hay delito narco sin lavado de dinero”. Además, cuestionó el dictamen de minoría de JxC: “Era horrible”.

En diálogo por Radio Nacional, el santafecino reivindicó la labor realizada para lograr la media sanción de un proyecto que “lo venimos trabajando hace 11 meses. Ingresó en mayo del año pasado. Lo trabajamos mucho con un grupo de diputados oficialistas y opositores para ir acercando el texto a un nivel de consenso que permita su acompañamiento”.

“En un proyecto que viene a mejorar la legislación vigente que, además, incorpora en la normativa local las recomendaciones que hace el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que es el ámbito donde se comparten experiencias, es una red de trabajo vinculada a la prevención de lavado de activos. Es un muy buen paso que dimos. Ojalá podamos completar esto con la sanción en el Senado”, destacó.

En ese marco, contó que “ya hay programadas visitas de monitoreo del GAFI al país por lo que esta media sanción es clave porque, si bien hay muchas recomendaciones, son claves para el financiamiento de organismos internacionales, para el privado, para la económica social, cooperación internacional. Dimos un paso muy importante”.

Este proyecto va a mejorar las condiciones en las que se da la pelea en contra del delito narco en la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe“, afirmó Martínez y resaltó: “No hay delito narco sin lavado de dinero, en ese sentido va nuestro proyecto”.

Al respecto, precisó que el proyecto tiene tres incorporaciones “fundamentales” y detalló: “Crea un registro de beneficiarios ilegales que permite identificar cuál es el actor principal en una cadena de la sociedad que se termina beneficiando con una acción de lavado de dinero. Aumenta las multas y sanciones contra aquellos que entran en las operaciones de lavado de dinero, algo que estaba establecido por pesos y quedó desactualizado ante el contexto del país. Pone a los proveedores de activos de criptomonedas bajo el control y seguimiento de la Comisión Nacional de Valores”.

Por otro lado, cuestionó la actitud de la principal bancada opositora: “Los integrantes de JxC decidieron hacer otra cosa a lo que habíamos negociado y buscaron armar un texto alternativo. El dictamen de minoría era una locura porque evitaba cualquier tipo de sanciones por debajo de los 12 millones de pesos en operaciones de lavado de dinero. Ellos sacaban el control de las acciones de criptomonedas, también sacaban a las asociaciones sin fines de lucro de los controles”, y fustigó: “Era un dictamen horrible, me daban la sensación que quienes lo firmaron no lo habían leído”.

“Es el camino alternativo para la diferenciación política, no solamente entre oficialismo y oposición, sino también hacia el interior de JxC porque para salvar la unidad votaron todos en contra. Me preocupa que los diputados por Santa Fe ni siquiera si hayan abstenido, después se llenan la boca. Esperaba en muchos de ellos generosidad y que acompañen porque cuando vinieron con el trabajo del fortalecimiento de la justicia de Santa Fe se acompañó”, cuestionó Martínez.

En suma, manifestó: “En esta ley clave para pensar el futuro del país y cerrar todos los grifos para evitar el lavado de dinero. Que voten en contra me pareció muy poco generoso. Lo hicieron porque estamos en campaña, es mezquindad política. Nosotros no vamos a parar”.

Por último, adelantó que “en unas semanas vamos a empezar a debatir en comisiones el Régimen de Control y Transparencias para las Sociedades Anónimas Simplificadas, un invento societario de la época del macrismo usado para el bien de gran cantidad de emprendedores y para el mal que los monos que lavaron en 36 sociedades anónimas 1200 millones de pesos, lo dice el fiscal federal N° 2 de Santa Fe”.

Diputados aprobó la reforma de la ley de lavado de activos

La Cámara de Diputados realizó su segunda sesión del período ordinario, en la que se aprobaron 8 proyectos.

Con la mayoría de la oposición en contra, el FdT logró la media sanción del proyecto contra el lavado de activos

La iniciativa exigida por el FMI cosechó 111 votos positivos, 96 negativos y 5 abstenciones. Finalmente, JxC se mantuvo unido, pese a que el Pro había firmado el mismo dictamen que el oficialismo.

Por Melisa Jofré

Tras una fuerte incertidumbre, en la previa de su votación, el proyecto que reforma la normativa vigente en torno a la prevención y represión del lavado de activos logró media sanción este jueves en la Cámara de Diputados. Pese al voto en contra de la mayoría de la oposición, el Frente de Todos consiguió alzarse con una iniciativa reclamada por el FMI pero con un bajo número de votos favorables.  

Precisamente, el proyecto, que ahora deberá ser analizado en el Senado, cosechó 111 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones. Aunque el bloque Pro había acompañado -con disidencias- el dictamen de mayoría junto al oficialismo, la bancada macrista terminó alineándose con sus pares de otros bloques de Juntos por el Cambio. El diputado Pablo Tonelli, que había sido uno de los articuladores en la negociación, se ausentó de la votación y se bajó de la lista de oradores.

Es que en la antesala de la sesión, durante el tratamiento en comisiones, la Coalición Cívica, la UCR y Evolución Radical habían suscripto un dictamen de minoría, del que también fue parte el interbloque Federal. Las diferencias centrales radicaban en dotar de más autonomía a la Unidad de Información Financiera (UIF), al tiempo de modificar el mecanismo de selección y remoción de sus autoridades.

De esta manera, Juntos por el Cambio y el interbloque Federal votaron en contra. También lo hicieron así los cuatro diputados del Frente de Izquierda y el liberal José Luis Espert. El bloque de Javier Milei no estuvo presente, ni tampoco la ahora monobloquista cercana al líder de La Libertad Avanza, Carolina Píparo.

Junto al oficialismo, que tuvo ausentes en sus filas -así también la principal bancada opositora-, votaron sus aliados del interbloque Provincias Unidas y el flamante gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa.

En tanto, las abstenciones fueron de los monobloquistas, dentro de JxC, Carlos Zapata (Ahora Patria) y Paula Omodeo (CREO); y de los tres legisladores del Frente de Todos que responden a Juan Grabois, Natalia Zaracho, Federico Fagioli e Itaí Hagman.

Durante la votación en particular, la oposición no logró imponerse para agregar dos artículos para modificar la selección y remoción de las autoridades de la UIF, y otro sobre las facultades del organismo. Unos 30 artículos del proyecto en los que no había diferencias los votaron favorablemente a mano alzada.

Horas antes de la sesión, el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, advirtió mediante su Twitter que la ley estaba en riesgo por la postura de la oposición, que reclamaba por aspectos que no formaban parte del proyecto original y que se habían aceptado varias modificaciones en todos estos meses. Además, cuestionó el dictamen de minoría.

Con aplausos tibios, el FdT festejó la aprobación.

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo hace casi un año atrás -en mayo de 2022-, se trata de una iniciativa exigida desde el Fondo Monetario Internacional, de manera de que el país se pueda adecuar a los estándares internacionales. Además, para el Gobierno urge su aprobación, a raíz de que en septiembre de este año Argentina comenzará a ser evaluada por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

El tratamiento de este proyecto se había empantanado a fines del año pasado cuando, pese a la disposición del oficialismo a aceptar modificaciones reclamadas desde la oposición, se coló en el debate la ruptura de relaciones entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio motivada por la actitud de la presidenta de la Cámara respecto de la integración de los representantes de Diputados en el Consejo de la Magistratura, y el tema quedó postergado.

El debate

Como miembro informante, el presidente de la Comisión de Legislación General, Lucas Godoy (FdT), señaló que “nuestro país ha contraído compromisos internacionales que debe cumplir, tanto por las convenciones que ha ratificado, como por su calidad de miembro de estas organizaciones” como el GAFI. Para el salteño es necesaria una actualización de la normativa, “sobre todo teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre la sanción de la Ley 25.246 en el año 2000 y que su última reforma sustancial fue en el 2011, siendo esta reforma anterior a los actuales estándares del GAFI” que se establecieron en 2012. 

“El carácter complejo de estos ilícitos, el auge de las comunicaciones y las nuevas formas de operar financieramente transforman en imperiosa una reforma que permita actualizar el Código Penal y le otorgue a la UIF herramientas adecuadas al contexto actual”, afirmó el legislador durante un discurso leído rápidamente. 

Además, resaltó que “este año nuestro país debe ser evaluado por el GAFI y hay que recordar que Argentina es miembro pleno desde el 2000”. “Para la elaboración del proyecto han colaborado todos los actores del Estado preponderantes del sistema de prevención de este tipo de delitos”, ponderó en otro tramo y detalló los aspectos del dictamen. 

Al compartir el tiempo con Godoy, la diputada Mónica Litza (FdT) hizo hincapié en “la importancia que tiene para nuestro país” esta ley, ya que “esto trasciende a los gobiernos, no es importante para el Gobierno, es importante para la Argentina”. “Los delitos, sobre todo complejos, como es el narcotráfico y la proliferación de destrucción de armas masivas, así como el terrorismo, van a hacer base y se van a sentar donde la legislación sea más vulnerable”, advirtió. 

Mónica Litza

En esa línea, la vicepresidenta de la Comisión de Legislación Penal enfatizó: “Esto tiene que ver con estar o no en el concierto de las naciones con una reglamentación acorde, y que podamos tener acceso a los organismos de crédito internacional, a las inversiones para el desarrollo y a un sin número de actividades multilaterales que Argentina necesita. Por lo tanto, es super importante que podamos tener esta ley lo antes posible”. 

Sobre el dictamen de minoría, la massista expresó que le parecía “realmente una pena que la oposición no tome varias de las cosas que hemos trabajado, incluso en un consenso logrado”, y lamentó que ese texto deje “a un universo tan importante y activo, como es el de los activos virtuales, sin ninguna especie de regulación, sin ningún registro y sin ningún control”. 

Al defender el dictamen de minoría, la diputada Mónica Frade (CC-ARI-JxC) cuestionó que el Frente de Todos “no quiere incorporar una de esas 40 recomendaciones del GAFI que es la clave de todas, la madre de todas las recomendaciones, que es la número 29, que dice que la UIF debe ser independiente, autónoma operativamente, lo que significa que debe contar con autoridades y capacidad para desempeñar funciones con libertad, incluyendo la decisión autónoma de su análisis”. 

En esa línea, la cívica cuestionó que no se toque el tema de “la autonomía y la independencia que hoy la UIF no tiene, porque es el Poder Ejecutivo el que pone y saca a los funcionarios y esto hace que no pueda tener independencia y que sea pasible de todas las influencias políticas de este gobierno, del anterior y de cualquiera que venga”.

Además, Frade chicaneó que “esta ley que sacan a los empujones la necesita Sergio Massa que está negociando con el FMI, entonces tiene que salir algo, no importa qué. Tiene que salir algo que muestre al FMI, pero que no sea tan serio para que sea independiente y que no sea cosa que controle el narcotráfico, el contrabando y todo lo que acecha en este país de la mano del oficialismo”.

Quien también respaldó el dictamen de minoría fue el puntano Alejandro Cacace (Evolución Radical-JxC), quien recordó que sobre el tema “hubo dos reuniones el año pasado; una el 23 de noviembre donde los funcionarios plantearon la necesidad de actualización, y otra que trabajamos dentro de la comisión, pero no llegamos a ponernos de acuerdo y ahora el tema volvió” porque “viene pronto una evaluación del GAFI y podemos quedar en offside”.

“Sabemos la importancia de eso porque lo que pasó es que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en 2010, nos metieron en la lista gris”, apuntó. 

Alejandro Cacace

En sintonía con Frade, el radical dijo que “la recomendación 29 de la UIF es que todos los países tienen que tener una unidad de inteligencia financiera para que hagan la tarea de reporte de actividades sospechosas, de control, de lucha contra la corrupción y marca esa recomendación que tiene que haber una autonomía funcional y esa independencia, pero se tiene que llevar a la práctica. Pero si uno ve hoy el procedimiento que marca la ley dice que será designado por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Economía”. “Por ende, si lo pone el ministro, no hay autonomía y no cumple con los estándares que marca la UIF de ‘sin interferencias o influencias políticas gubernamentales o industriales’”, agregó. 

A favor del dictamen de minoría, la diputada Graciela Camaño (IB-IF) hizo un repaso histórico de la Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos, sancionada en el año 2000, y sus diferentes reformas, para denunciar que a lo largo de estos más de 20 años “cada uno, en el tema de la UIF, hace lo que le conviene”. “Es una ley totalmente vapuleada en este Congreso”, sostuvo. 

Enfática, la bonaerense señaló que “la UIF no puede ser como cualquier organismo” sino que debe tener “una responsabilidad reforzada a la hora de participar en las cuestiones de los delitos de los poderosos, así sea el delito que comete un funcionario. Ese es el motivo por el cual el texto que propicia el oficialismo no es el que nosotros queremos”. Además de la autonomía, subrayó que el dictamen de minoría busca establecer otro mecanismo para la selección y remoción de su presidente y vicepresidente.

Graciela Camaño

En su intervención, la diputada Myriam Bregman (PTS-FIT) planteó el rechazo directo de la izquierda, mostrándose “asombrada” por “una ley tan contraria a nuestros países”. Se mostró sorprendida en ese sentido por “algunos que hablan de la patria grande firmen leyes como esta”.

“Unos pueden coincidir con que el 2×1 fue una barbaridad, que sacan fallos antiobreros, pero estas herramientas se las dan al Poder Judicial. ¿A quién le dan la reforma del artículo 241 quinquies del Código Penal?”, se preguntó, para asegurar a continuación -por si quedaba alguna duda- que “así cómo no voté la Ley del Arrepentido, que me parecía una aberración, no voy a votar esta porquería”.

E insistió: “Los que critican tanto al Poder Judicial, me asombra que ahora nos traigan esta ley que les da facultades exorbitantes en el artículo 241 quinquies del Código Penal”. La porteña consideró que “lo que se está votando hoy es una amnistía y reaccionaria reforma penal, y si realmente quieren terminar con el narco, el lavado de dinero, no es necesario calificar de terrorista a nadie, porque se puede derogar la Ley de Entidades Financieras de la dictadura; la legislación que fue creada para los supuestos emprendedores; como las Sociedades de Acciones Simplificadas; se pueden retrotraer los blanqueos promovidos por este gobierno y los anteriores; se puede nacionalizar el sistema bancario y formar una banca nacional única bajo gestión de los trabajadores… Hay muchas medidas que se podrían discutir; esta ley no tiene nada que ver con eso, es parte de la Ley Antiterrorista y ya se demostró para qué puede ser usada”.

Myriam Bregman

En medio de los números complicados para el oficialismo, desde el propio bloque la diputada Natalia Zaracho (FdT), una de las tres legisladoras referenciadas en Juan Grabois, lanzó: “Otra vez un organismo internacional nos impone una agenda que no tiene que ver con la necesidad y urgencia de nuestra gente”. Al quejarse de que en este tiempo no se trataron proyectos como una ley de emergencia en adicciones, la legisladora remarcó que “necesitamos tener un Congreso que sancione leyes con independencia, que no sea una colonia”. “Nosotros no vamos a acompañar este proyecto”, anticipó. 

En el cierre del debate, el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, reveló: “Nunca me llamó el ministro de Economía para pedirme el aceleramiento de esta ley, ni nunca me dijeron que el Fondo Monetario Internacional quiere o no determinada ley”. Al reflexionar sobre la conformación de la agenda parlamentaria, manifestó que “hay temas de la vida cotidiana -para la vida de los argentinos-, y es cierto que hay otras leyes, que debemos abordarlos”, pero advirtió que “la agenda política es estar en este Congreso y tener normativas”. “La agenda parlamentaria es difícil de armar”, resaltó.

Sobre el proyecto, subrayó que desde el oficialismo aceptaron “más de 25 modificaciones a pedido de diversos bloques” e incluso “modificaciones de legisladores que sabíamos que votarán en contra”.

“Esperamos que pueda ser aprobada una ley que mejora la actual legislación, pero sabemos que algunos no acompañan porque hay algunos elementos no incluidos en la Unidad de Información Financiera como querellante”, indicó. Sin embargo, señaló que “la UIF es querellante en 220 causas, cuando se detectó que hay unas 1.400 causas de lavado, es decir, en una de cada siete es querellante”.

“Somos la Cámara de Diputados, personas políticas en un cuerpo político, ¿por qué tenemos tanta vergüenza en dejar que otros poderes tomen definiciones?”, se preguntó y cerró: “No quiero que este proceso lo lleven a cabo los grandes bancos o la Corte Suprema de Justicia”.

Aspectos del proyecto

El proyecto modifica el artículo 5 de la Ley 25.246, de modo de establecer que la UIF funcionará como “organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.

El texto original del Poder Ejecutivo tuvo numerosos cambios. Uno de ellos fue que se modificó lo referido a la pena prevista para el lavado en el artículo 303 del Código Penal: se aumentará el monto de la condición objetiva de punibilidad de 300 mil pesos a 8.600.000 y se implementará una unidad de medida (Salario Mínimo Vital y Móvil) a los fines de su actualización periódica.

A su vez, se incorpora un nuevo tipo de penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 306; y se agrega el artículo 4 bis a la Ley 25.246 para incorporar el concepto de operación inusual y sospechosa de conformidad con la recomendación 20 del GAFI.  

Sobre la UIF, se refuerza el mecanismo de audiencia pública previo a la designación de las autoridades.

Se aclara que los abogados, quienes se suman como sujetos obligados a reportar situaciones sospechosas, no serán sujetos obligados cuando se desempeñen en actividades consistentes en asesoramiento, consultoría legal, así como también el patrocinio, representación o defensa en litigios judiciales, administrativos, arbitraje o mediación.  

Se suprime el párrafo referido al secreto profesional toda vez que la aplicación de dicho apartado podía dar lugar a interpretar que toda actividad de los abogados está protegida por el secreto profesional, y ello implicaría que nunca deberían realizarse reportes de operaciones sospechosas.  

Respecto a los contadores, se suprime como actividad comprendida la confección de informes de revisión limitada en estados contables.  

Además se contempla la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Sistema, Prevención, Investigación y Persecución Penal de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, a los fines de incorporar un control político y parlamentario.

También se prevé la creación de un Registro de Proveedores de Servicios Virtuales, a los fines de establecer que la Comisión Nacional de Valores va a ser el organismo que se va a encargar del registro, su evaluación y supervisión. Este aspecto apunta a detectar eventuales operaciones sospechosas a través de activos virtuales (criptomonedas).

Entre otros puntos, se estima la creación de un Registro de Beneficiarios Finales, como registro centralizado que contenga información adecuada, precisa y actualizada de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, cuya autoridad de aplicación será la AFIP.

Diputados sesiona con la reforma de la Ley de Lavado de Activos como tema central

La sesión que estuvo rodeada por la incertidumbre que se planteó en torno al proyecto reclamado por el FMI y el GAFI, incluye otros cinco proyectos consensuados.

Desde las 12.11, la Cámara baja sesiona este miércoles por segunda vez en este período ordinario y tercera del año, con un temario variado pero acotado, en el que se destaca la modificación del proyecto de reforma de la Ley de Lavado de Activos.

Una sesión que arrancó con un saludo especial de la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, al diputado nacional Rolando Figueroa, por haber sido elegido el último domingo gobernador de su provincia. El legislador neuquino seguirá ocupando su banca hasta fin de año.

El tema del lavado de activos fue justamente el que despertó controversias ya desde el tratamiento en comisión, cuando al firmarse el martes el dictamen, hubo en definitiva dos. Y la nota la dio el hecho de que el dictamen de mayoría no fue firmado solo por los diputados del Frente de Todos, sino también por los del Pro, aunque con disidencias.

El de minoría fue suscripto por los diputados de la Coalición Cívica, Evolución Radical y el interbloque Federal.

Las dudas estuvieron planteadas en torno a la postura a adoptar por la principal oposición, que no desea mostrarse dividido a la hora de votar. Por eso hasta último momento la discusión quedó circunscripta a los jefes de los bloques de JxC, para consensuar en lo posible una postura común.

Fue notorio que en las últimas horas el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, se quejara por la actitud de la oposición y alertara en sus redes sociales que “peligra la ley de lavado de activos”, advirtiendo sobre “sectores de la oposición que quieren impedir su aprobación en Diputados”. Lo cual mereció una respuesta de parte de la diputada Karina Banfi, en una polémica que se desarrolló en las redes sociales.

Más allá de ese tema, en líneas generales se trata de proyectos consensuados, lo que haría prever una sesión rápida. Sin embargo, diversos voceros hablaron de una extensión de “por lo menos diez horas”, con muchas cuestiones de privilegio y homenajes previstos.

El temario incluye el proyecto de contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de trisonomía 21/síndrome de Down, para su hijo en gestación o recién nacido.

El tercer proyecto a debatir el martes es sobre la creación del Programa Pubertad Precoz Central; y otro más el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar).

También se buscará aprobar un acuerdo para reconocer títulos de grado de educación superior en el Mercosur; la entrada y salida de tropas extranjeras y argentinas, respectivamente, para participar de ejercitaciones combinadas entre el 1 de septiembre próximo y el 31 de agosto de 2024, y por último un proyecto del diputado misionero Diego Sartori, que consiste en la declaración de monumento nacional de la especie águila harpía.

Incertidumbre en torno a la ley de Lavado de Activos

El jefe del bloque oficialista de la Cámara baja, Germán Martínez, planteó sus dudas respecto de la postura de la oposición en torno al proyecto que debe debatirse este miércoles.

Desde el debate en comisiones del proyecto de reforma de la Ley de Lavados de Activos, Germán Martínez viene advirtiendo sobre la postura opositora, que se dividió este martes: el Pro firmó con disidencias el dictamen oficialista, mientras que la Coalición Cívica, Evolución Radical y el interbloque Federal firmaron otro en disidencia.

Este miércoles, a poco de iniciarse el debate en el recinto, el jefe del bloque oficialista insistió con el tema: “Ayer firmamos un dictamen de mayoría en las comisiones de la Cámara de Diputados para reformar la actual ley de Lavado de Activos”, recordó a través de las redes sociales, donde alertó: “Sectores de la oposición (no toda) propusieron otro dictamen que provoca un verdadero retroceso respecto al dictamen de mayoría”.

Asimismo sostuvo que “además de que sean sujetos obligados, nosotros proponemos registrar y controlar a los proveedores de activos virtuales (criptomonedas), bajo el seguimiento de la Comisión Nacional de Valores”. Y agregó: “La propuesta opositora ELIMINA estos controles de la CNV”.

“La propuesta opositora asegura la impunidad de los que lavan dinero en operaciones menores a los 12 millones de pesos”, señaló el santafesino, que advirtió que “si prospera el texto opositor, para estos lavadores no habrá investigación penal ni sanciones administrativas (multas)”.

Martínez planteó que “el dictamen de mayoría plantea que las asociaciones civiles sin fines de lucro sean sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera”. Con todo, dijo, “el texto opositor elimina estos controles facilitando que estas asociaciones sean utilizadas para delinquir”.

El hilo de tuits de Martínez continuó así: “En nombre de una supuesta “autonomía” la oposición plantea un proceso de designación de autoridades de la Unidad de Información Financiera que está condenado a paralizar el organismo”, y se preguntó: “¿Quién se favorece con una UIF sin titular y sin funcionamiento?”

“En síntesis, la propuesta del dictamen de minoría de algunos sectores de la oposición significará un verdadero retroceso en la lucha contra el lavado de activos. Esperemos que prime la cordura”, cerró.

Con lavado de activos como proyecto central, Diputados sesionará con un temario acotado

Seis son las iniciativas previstas para debatir este miércoles, en la segunda sesión ordinaria del año. Expectativa en torno a la actitud que tendrá la oposición con un proyecto pedido por el FMI.

La Cámara baja sesionará este miércoles por segunda vez durante este período ordinario y tercera vez del año. Y lo hará con un temario bien variado, pero acotado, acorde a la relación de fuerzas muy pareja que existe entre oficialismo y oposición, y posturas divergentes que obligan a llevar al recinto cuestiones que no dividan aguas. Al menos, no de manera extrema.

El temario incluye el proyecto de contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de trisonomía 21/síndrome de Down, para su hijo en gestación o recién nacido. Pero también una cuestión clave para el país: la modificación de la legislación vigente sobre la prevención del lavado de activos.

Propios y extraños admiten que resulta imprescindible que se apruebe antes del mes de septiembre, ya que es una exigencia del FMI y, además, Argentina será evaluada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en septiembre de este año. Se trata de una modificación de la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos.

No obstante el proyecto despierta diferencias entre el oficialismo y la oposición, que se notaron este martes en el plenario de las comisiones de Legislación General, de Finanzas y de Legislación Penal, donde al final hubo dos dictámenes. La nota en este caso la dio la división registrada en el seno de la oposición. Pasa que el oficialismo y el Pro suscribieron el dictamen de mayoría, en el caso de los opositores con disidencias.

El otro dictamen fue firmado por diputados de la Coalición Cívica, Evolución Radical y el interbloque Federal.

Así las cosas, las expectativas están puestas en qué actitud adoptarán los diputados de Juntos por el Cambio a la hora de la votación este martes. No se descarta que para evitar mostrar una fractura expuesta en tiempo de un internismo creciente en el seno de la principal oposición, terminen apelando a la abstención.

Fue notorio que en las últimas horas el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, se quejara por la actitud de la oposición y alertara en sus redes sociales que “peligra la ley de lavado de activos”, advirtiendo sobre “sectores de la oposición que quieren impedir su aprobación en Diputados”. Lo cual mereció una respuesta de parte de la diputada Karina Banfi, en una polémica que se desarrolló en las redes sociales.

El tercer proyecto a debatir el martes es sobre la creación del Programa Pubertad Precoz Central; y otro más el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar).

También se buscará aprobar un acuerdo para reconocer títulos de grado de educación superior en el Mercosur; la entrada y salida de tropas extranjeras y argentinas, respectivamente, para participar de ejercitaciones combinadas entre el 1 de septiembre próximo y el 31 de agosto de 2024, y por último un proyecto del diputado misionero Diego Sartori, que consiste en la declaración de monumento nacional de la especie águila harpía.

Sigue la polémica por la ley de lavado de activos: cruce entre Martínez y Banfi

El jefe del bloque oficialista ya había mostrado su fastidio en la comisión y la discusión siguió en las redes, donde el santafesino advirtió que “peligra la ley de lavado de activos”.

El presidente del bloque oficialista de la Cámara baja, Germán Martínez, se enojó este martes con la oposición que no apoyó las modificaciones a la norma sobre lavado de activos. Al finalizar la reunión del plenario de comisiones en la que se suscribieron dos dictámenes, el santafesino mostró su fastidio por la postura de la oposición y cuestionó: “¿Por qué está la idea de que si tengo el 95% de coincidencias armo un posicionamiento político solventado en el 5% que nos falta? Es una dinámica de negociación que no es buena para la Argentina”.

“¡A veces da la sensación de que el trabajo de consenso no sirve para nada! Que siempre prevalece la lógica de la diferenciación”, se quejó.

Pero el tema siguió en las redes sociales. Allí la diputada radical Karina Banfi rechazó que la  oposición no quisiera una ley sobre el tema. “No es cierto”, dijo, y planteó que “hay un dictamen de minoría nuestro que mejora y garantiza la autonomía de la UIF y esto se traducirá en más fuerza para combatir a los narcos y el lavado”.

Y resumió: “Nuestra propuesta es mejor. No hace falta mentir”.

Martínez le contestó por la misma vía: “Con todo respeto, es FALSO, Karina. Eliminan controles a las cripto. Eliminan controles a las asociaciones civiles sin fines de lucro. Garantizan impunidad en operaciones de lavado por abajo de 12 millones. Van a dejar acéfala a la UIF”.

Y cerró: “Me parece que no leyeron lo que firmaron”.

Plenario para analizar la modificación de la ley sobre lavado de activos

Se reunieron las comisiones de Legislación General, de Finanzas y de Legislación Penal, para dictaminar sobre un tema clave reclamado por el GAFI.

Con dictámenes distintos, avanzó el proyecto que modifica la normativa sobre lavado de activos

El tema se intentará debatir en la sesión de este miércoles. Con disidencias, el Pro firmó junto al FdT. La CC-ARI, los radicales y el interbloque Federal, otro.

Pese a los meses de trabajo en busca de consensos y a las modificaciones que se aceptaron incorporar al texto original enviado por el Poder Ejecutivo en mayo del año pasado, no hubo este martes un solo dictamen sobre el proyecto que busca reformar la normativa vigente en torno a la prevención y represión del lavado de activos. 

Se trata de una iniciativa exigida desde el Fondo Monetario Internacional, de manera de que el país se pueda adecuar a los estándares internacionales. Además, para el Gobierno urge su aprobación, a raíz de que en septiembre de este año Argentina será evaluada por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

Al concluir el plenario de las comisiones de Legislación General, Finanzas y Legislación Penal, el dictamen de mayoría se alcanzó con las firmas del oficialismo y de los legisladores del Pro, que lo hicieron con disidencias. Por su parte, la CC-ARI y el interbloque Federal anunciaron dictámenes propios, que finalmente concluyeron en uno solo, que también fue acompañado por la UCR y Evolución Radical.

En el comienzo de la reunión, la vicepresidenta de la Comisión de Legislación Penal, Mónica Litza (FdT), destacó que se esté avanzando en “un tema tan importante para la Argentina, no para un gobierno, y también para la comunidad internacional, porque estamos hablando de delitos globalizados”, los cuales “requieren una actualización de la normativa a los estándares internacionales”. 

La oficialista valoró el “trabajo que se hizo desde hace muchos meses con aportes valiosísimos de los distintos bloques” y “el diálogo y la apertura” que hubo por parte de los legisladores. Luego, leyó una amplia cantidad de modificaciones que se hicieron a la versión original enviada por el Poder Ejecutivo en mayo del año pasado. 

Tras informarse todos los cambios, el diputado Pablo Tonelli (Pro-JxC) ponderó: “Hemos podido trabajar, hemos podido discutir el proyecto venido del Ejecutivo, cosa que nos satisface. Encontramos en el oficialismo receptividad y la mayor parte de nuestras sugerencias fueron incorporadas”. Sin embargo, aclaró que tanto en el plenario como en la sesión iban a “insistir” con “dos o tres puntos respecto de los cuales tenemos disidencias”. 

“Nos parece que esta es una buena oportunidad para mejorar la ubicación institucional de la UIF y dotarla de una autonomía que al día de hoy, si bien existe, no es lo plena y amplia que nos gustaría”, señaló y apuntó también que sería favorable avanzar en “modificar el procedimiento para la designación del titular de la UIF, de manera que sea más abierto, público y transparente”.

En esa línea, el macrista expresó: “Nos parece que le daría al organismo una jerarquía y una independencia que aseguraría de manera mucho más efectiva la calidad de la tarea que el organismo debe realizar”. “Sería bueno incorporar entre las atribuciones del organismo la facultad de querellar en causas penales que se inicien como consecuencia de investigaciones realizadas por el propio organismo”, dijo sobre otro de los cambios reclamados. Con todo, afirmó que “estamos de acuerdo con el proyecto y lo vamos a acompañar”. 

A su turno, la diputada Graciela Camaño (IB-IF) reconoció “el trabajo de búsqueda de consensos que hizo la diputada Litza durante todo este tiempo”, no obstante lo cual adelantó que iba a presentar un dictamen de minoría por diferencias en la redacción de algunos artículos. 

“Estamos en presencia de un organismo que resultó novedoso hace 20 años en Argentina cuando propiciamos su creación. El tema de la autonomía no es un tema nuevo”, recordó, pero resaltó que “desde el primer momento del debate algunos sostuvimos que debería ser una Unidad que tuviera la suficiente libertad”. “Voy a seguir reclamando la autonomía, me parece que este organismo tiene que funcionar con autonomía no solamente por las cuestiones de los delitos, sino por la experiencia recogida. Y en esa experiencia recogida, no estoy de acuerdo cómo se plantea la cuestión de la denuncia frente a la Procuración; creo que la acción tiene que estar en manos de la Procuración”, enfatizó.

Para la legisladora bonaerense, “debemos exigir que la UIF tenga un comportamiento frente a la corrupción, porque vimos cómo la UIF de este Gobierno declinó formar parte cuando ya estaba dentro de la causa”, apuntó en alusión a que el organismo se retiró de la querella en la causa Vialidad, por la cual fue condenada la vicepresidenta Cristina Kirchner

Alicia Aparicio, Lucas Godoy y Mónica Litza (Foto:HCDN)

También al anunciar un dictamen de minoría, la diputada Mónica Frade (CC-ARI) destacó “el diálogo y los esfuerzos que todos han hecho”, pero “para nosotros esas poquitas diferencias son ‘las’ diferencias”, subrayó, para cuestionar luego que la UIF “se va a mantener como un brazo de los gobiernos y nosotros lo que queremos es que esta discusión conduzca a la reformulación de un organismo que quede exactamente en línea con las exigencias del GAFI”. 

“Nosotros estuvimos en la lista gris justamente por tener un organismo politizado y que no ha hecho lo que debió hacer, cuando nosotros tenemos que repensar el organismo en términos estrictamente técnicos, y al que joda, que joda; hoy será a ustedes, mañana será a nosotros y al gobierno que venga”, manifestó y continuó: “Esta es una política pública que nosotros la deberíamos pensar seriamente y seriamente colocarnos en materia de autonomía en las líneas internacionales, porque esto nos va a llevar a elevar la calidad institucional”. 

La cívica observó que “el modo de designación de las autoridades y las obligaciones de las autoridades no puede ser materia de una legislación laxa, confusa y abierta como está ahora”. “No entiendo por qué el oficialismo no accedió (a los cambios) si quiere la autonomía como dice”, agregó. 

Visiblemente molesto con la postura inflexible de un sector de la oposición, el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, mencionó que “se ha trabajado muchísimo este proyecto” que va en pos de contribuir a las evaluaciones que tendrá el país, las cuales “no le hacen al Gobierno, le hacen al Estado argentino”. Haciendo un repaso del trámite, recordó que el FdT esperaba poder tratarlo en diciembre del año pasado, pero no se pudo, al igual que durante extraordinarias. 

“No es que no estuvimos dentro de esos meses trabajando para intentar avanzar en este tema. A los cambios que ya teníamos consolidados en noviembre le hemos agregado otros cambios”, reveló y afirmó que “prácticamente no hay tema que el Ejecutivo haya planteado en su proyecto original que hoy sea tema de controversia. Sí lo que hay son cosas que no se incluyeron en el texto original del Ejecutivo y que hay diputados y diputadas que consideran se podrían haber incorporado”. A continuación, aclaró: “Nosotros no tenemos ninguna observación del GAFI respecto a la situación de la autonomía hoy en el funcionamiento de la UIF”. 

El santafesino se preguntó “¿por qué está la idea de que si tengo el 95% de coincidencias armo un posicionamiento político solventado en el 5% que nos falta? Es una dinámica de negociación que no es buena para la Argentina”. “¡A veces da la sensación de que el trabajo de consenso no sirve para nada! Que siempre prevalece la lógica de la diferenciación”, se quejó. 

“Le pido que consideren los bloques que estando tan cerca están planteando solamente las diferencias que tengan también la actitud que tenemos nosotros: no hay que mezclar los temas”, pidió, haciendo alusión a qué hubiera pasado si el oficialismo hubiera buscado agregar a la iniciativa el tema de las SAS (Sociedades de Acción Simplificada). 

Para el presidente de la bancada oficialista, “nadie de los que está acá tiene dudas que el texto que proponemos para el dictamen es claramente superador de la normativa vigente. No hay ningún retroceso, solamente hay avances”. “¿A quién favorece que esta ley no salga? ¿A quién favorece la posibilidad que tengamos titulares de la UIF que nunca se designen, porque la política no se pone de acuerdo?”, señaló y pese al compromiso de “seguir conversando” para acercar posiciones de cara a la sesión, dejó una advertencia: “Sinceramente las actitudes que yo estoy viendo en esta comisión hacen peligrar su aprobación mañana”. 

Modificaciones al proyecto

Mónica Litza fue la encargada de enumerar todos los cambios que se hicieron al proyecto del Poder Ejecutivo. Entre ellos mencionó el que se refiere a la pena prevista para el lavado en el artículo 303 del Código Penal: se aumentará el monto de la condición objetiva de punibilidad de 300 mil pesos a 8.600.000 y se implementará una unidad de medida (Salario Mínimo Vital y Móvil) a los fines de su actualización periódica. “Ello, a los fines de concentrar su persecución penal en los casos graves y que afecten el bien jurídico protegido”, dijo la diputada.

A su vez, se incorpora un nuevo tipo de penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 306; y se agrega el artículo 4 bis a la Ley 25.246 para incorporar “el concepto de operación inusual y sospechosa de conformidad con la recomendación 20 del GAFI”, explicó. 

Sobre la UIF, “se refuerza el mecanismo de audiencia pública previo a la designación de las autoridades”, apuntó entre los cambios que enumeró.

Se aclara que los abogados, quienes se suman como sujetos obligados a reportar situaciones sospechosas, “no serán sujetos obligados cuando se desempeñen en actividades consistentes en asesoramiento, consultoría legal, así como también el patrocinio, representación o defensa en litigios judiciales, administrativos, arbitraje o mediación”. 

“Se suprime el párrafo referido al secreto profesional toda vez que la aplicación de dicho apartado podía dar lugar a interpretar que toda actividad de los abogados está protegida por el secreto profesional, y ello implicaría que nunca deberían realizarse reportes de operaciones sospechosas”, subrayó Litza. 

Respecto a los contadores, se suprime como actividad comprendida la confección de informes de revisión limitada en estados contables. 

Además se contempla la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Sistema, Prevención, Investigación y Persecución Penal de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, a los fines de incorporar un control político y parlamentario.

Y prevé también la creación de un Registro de Proveedores de Servicios Virtuales, a los fines de establecer que la Comisión Nacional de Valores va a ser el organismo que se va a encargar del registro, su evaluación y supervisión. 

El oficialismo apura el dictamen de un proyecto sobre lavado de activos

Convocó a un plenario de comisiones para el martes, a fin de poder debatir el tema al día siguiente en la sesión convocada. Para el Gobierno, urge su aprobación.

El próximo martes 18 de abril, a las 11 de la mañana, ha sido convocado un plenario de las comisiones de Legislación General, de Finanzas y de Legislación Penal, con el fin de tratar exclusivamente el proyecto de ley por el cual se modifica la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La intención de la convocatoria es sacar el dictamen para que en la sesión prevista para el martes a partir de las 11 pueda tratarse ese proyecto clave.

El oficialismo había intentado alcanzar el dictamen el 20 de diciembre del año pasado, último día para dictaminar luego de la extensión del período ordinario hasta el 30 de diciembre. Pero finalmente esa reunión no se hizo pues el Gobierno decretó feriado para ese día por el regreso de la selección campeona del mundo.

Eran días de controversias entre el oficialismo y la oposición, relación que estalló por los aires por rispideces surgidas por el Consejo de la Magistratura. Pero antes del quiebre en las relaciones entre los bloques, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio avanzaban encaminados hacia un texto de consenso de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, que resulta clave para el país pues es una exigencia del FMI y, además, Argentina será evaluada por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) en septiembre del año próximo.

Así, en la previa de lo que debía ser una posible sesión antes de fin de año, el tema volvió a ser instalada en la agenda, tal vez como uno de los proyectos acordados que podrían ser llevados al recinto para el cierre del 2022. Finalmente no hubo dictamen, como dijimos, ni sesión, por falta de quórum.

La iniciativa busca reformar la legislación vigente sobre prevención y represión del Lavado de Activos (LA), de la Financiación del Terrorismo (FT) y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP).

En los considerandos, el Poder Ejecutivo mencionó que GAFI se encarga de elaborar recomendaciones para los países y de evaluar el cumplimiento técnico de dichos estándares internacionales, y que la última revisión sustancial en nuestro país fue aprobada en febrero de 2012, cuando en esa ocasión “se integraron las 9 Recomendaciones Especiales para enfrentar el financiamiento del terrorismo a las cuarenta 40 Recomendaciones del GAFI, y se introdujeron nuevas medidas para combatir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y se requirió a los países que identifiquen, evalúen y entiendan los riesgos que enfrentan en la materia, posibilitando la aplicación de un enfoque basado en riesgo”.

Entre las modificaciones, se busca “reafirmar y fortalecer la independencia operativa y autonomía de la UIF, disponiendo su autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.

“La reforma que se propone tiene por finalidad saldar las ambigüedades, falencias y omisiones que presenta la legislación actual, a través de la propuesta de mecanismos claros de distribución y administración de los bienes objeto de decomisos; la definición de responsabilidades y competencias claras para los organismos públicos involucrados en su custodia, administración y gestión y la transformación del recupero de activos de origen ilícito, en una fuente de financiación de las actividades del Estado en pos del interés público”, se detalla.

Presente en las dos reuniones informativas que se realizaron durante el mes de noviembre de 2022, el titular de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero, anunció el 30 de noviembre una serie de cambios que se iban a incorporar “en busca de consensos para aprobar este proyecto de ley que es muy importante para el país, que lo va a evaluar el GAFI en septiembre de 2023”, dijo.

Al detallar las modificaciones, Otero se refirió a un verbo sobre el tipo penal de lavado de activos; al monto desde el cual se aplica la pena prevista en el artículo 303 del Código Penal (el proyecto hablaba de 300 mil pesos y pasará a 9 millones de pesos); y que se incorpora la pena de multa y se suprime la multa de prisión en lo que hace al tipo penal atenuado.

También habló de cambios respecto del agravante por el tipo penal de terrorismo; el congelamiento de bienes por financiación del terrorismo; los sujetos obligados en lo que hace a los abogados; la eliminación de incisos en el régimen sancionatorio previsto en el artículo 24; y que se incorpora el concepto de operación sospechosa.

Además, se agregó la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización para el sistema de prevención, investigación y persecución penal de lavado de activos y financiamiento de lavados de activos y armas de destrucción masiva; y un Registro de Proveedores Virtuales.

Diputados volverá a sesionar el miércoles, con un temario acotado y consensuado

Entre los temas a tratar, sobresale un proyecto que modifica las normas vigentes en materia de prevención del lavado de activos, y otro sobre acompañamiento para personas que reciben un diagnóstico de síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido.

cecilia moreau paula penacca sesion diputados

Finalmente habrá sesión el miércoles próximo, tal cual era el objetivo del Frente de Todos. La noticia se confirmó este viernes, al caer la tarde, cuando se conoció la convocatoria hecha por el oficialismo, encabezado por el diputado Germán Martínez, con un pedido para sesionar este miércoles 19 de abril, a partir de las 11 de la mañana. Y poco después, llegó la confirmación al disponer las autoridades de la Cámara de Diputados la convocatoria formal para esa fecha y hora, para tratar los siete temas propuestos por el oficialismo.

No hay proyectos rimbombantes en este temario, aunque sí tienen su importancia. Social, en el caso del primero de la lista: el proyecto de contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de trisonomía 21/síndrome de Down, para su hijo en gestación o recién nacido. Y clave para el país, el segundo de la nómina, pues se trata de la modificación de la legislación vigente sobre la prevención del lavado de activos.

Este último tema es muy importante, pues es imprescindible que se apruebe antes del mes de septiembre, ya que es una exigencia del FMI y, además, Argentina será evaluada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en septiembre de este año. Se trata de una modificación de la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos.

El problema es que este proyecto no tiene dictamen, pues si bien se estaba muy cerca el año pasado de alcanzar un acuerdo, después surgieron en diciembre pasado los problemas graves entre el oficialismo y la oposición y el dictamen quedó pendiente. Por eso no llamó la atención que poco después de anunciarse la sesión, se convocara para 24 horas antes a un plenario de las comisiones de Legislación General, Finanzas y Legislación Penal, para tratar el proyecto en cuestión.

El tercer proyecto a debatir el martes es sobre la creación del Programa Pubertad Precoz Central; y otro más el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar).

También se buscará aprobar un acuerdo para reconocer títulos de grado de educación superior en el Mercosur; la entrada y salida de tropas extranjeras y argentinas, respectivamente, para participar de ejercitaciones combinadas entre el 1 de septiembre próximo y el 31 de agosto de 2024, y por último un proyecto del diputado misionero Diego Sartori, que consiste en la declaración de monumento nacional de la especie águila harpía.

En definitiva, se trata de un temario que no reviste mayores diferencias entre el oficialismo y la oposición, tal cual es la tónica que se viene llevando adelante este año, tras el fuerte distanciamiento que llevó a hacer naufragar todas las sesiones de diciembre pasado.

La convocatoria hecha por el Frente de Todos cuenta además de la de Martínez, con las firmas de Paula Penacca, Blanca Osuna, Lucas Godoy, Alicia Aparicio, Mónica Litza, Daniel Gollán, Leonardo Grosso, Carlos Heller y Graciela Caselles.

Aníbal Fernández les pidió a los diputados que sancionen la ley de lavado de activos

El ministro de Seguridad argumentó que “cuando se impacta sobre los fondos es más fácil porque una vez que le sacas la plata el producto se termina”. Por otro lado, aclaró: “Yo no me rindo, yo peleo”.

Tras la primera tanda de preguntas en la reunión de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja de este jueves, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, pidió a los diputados que sancionen la ley de lavado de activos porque “cuando se impacta sobre los fondos es más fácil porque una vez que le sacas la plata el producto se termina”.

El primero en abrir la ronda de interrogantes fue el santafecino Juan Martín quien consultó tajante: “¿Es prioridad la seguridad para el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner la seguridad de Santa Fe?”. Al respecto, el funcionario respondió: “La prioridad que tenemos es la de cualquiera de las 23 jurisdicciones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son 2.780.400 kilómetros cuadrados a los que estamos dedicados”.

Sobre la distribución de partidas, explicó: “Las prioridades en pesos que mostramos son las que salen del Sistema Nacional de Estadística Criminal que la aportan las provincias, no la invento yo ese dato, lo hacen llegar las provincias. No hay nada que haga que nosotros fragüemos la data respecto de lo que puede estar sucediendo en Rosario porque esto es muy simple, lo que está, es lo que está, no vamos a inventar absolutamente nada”.

“Cuando hablamos de lo que representa el impacto en Rosario es pesado y sobre eso tenemos que trabajar, a mí no me asusta. Hay que trabajarlo, hay que meterse, hay que llegar al hueso y trabajar fuertemente. No me preocupa esto de que el dato sea erróneo porque viene de las bases y no las podemos inventar nosotros”, sumó.

Por otro lado, remarcó: “Nosotros asumimos el 20 de septiembre de 2021 y nos tiene acá todos los días inventando y fabricando algo nuevo que nos acerque a esa situación con resultados muy positivos. En Rosario el año 2022 tuvo 2001 procedimientos con 2077 detenidos, eso es imposible de comparar porque trabajamos fuertemente a la par del ministerio público que nos dio elementos para hacerlo”.

“Cuando planteo que esto viene sucediendo hace muchos años y nadie lo miraba, el 11 de diciembre de 2013 balearon la casa del gobernador Antonio Bonfatti, ¿ese día empezaron los problemas? no, hace mucho. Esa situación nos muestra que el dolor de cabeza venia hace mucho”, planteó Fernández.

Y agregó: “Uno puede penetrar en tanto y cuento la provincia lo requiera. No hay una capacidad supranacional del Estado Nacional de meterse en las provincias y tomar decisiones por los que tienen que hacer su papel de policías”.

Ante la consulta del jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo: “¿Necesita alguna ley de esta Cámara para modificar y utilizar más elementos en la batalla que hay que dar contra el narcotráfico?”, el titular de la cartera de Seguridad asentó afirmativamente.

“Todos los que quieran participar de esto es bienvenido si el objetivo que tenemos que hacer es ese. Esta la ley de lavado podría darnos una mano y sacar la ley de lavado de activos”, contestó y le pidió al titular del bloque oficialista, Germán Martínez: “¿Ey presidente me podría dar una mano con ese tema de la ley de lavado?”, y explicó: “Eso es una forma de colaborar porque la realidad es que cuando se impacta sobre los fondos es más fácil que sobre el producto, una vez que le sacas la plata el producto se termina”.

Cabe mencionar que dicho proyecto fue tratado el 30 de noviembre de 2022 en un plenario de las comisiones de Legislación General y Finanzas en donde oficialismo y oposición avanzaron en consensos y plantearon modificaciones.

Respecto a su polémica frase: “Los narcos ganaron”, Fernández se defendió y retrucó: “Yo no me rindo, salgo a pelear todos los días y no hemos perdido un solo segundo para poder corregir lo que venimos encontrando y para eso hay que meterse en los barrios”.

“El plan rosario es un profundo trabajo superficial, por un lado, pero los 2/3 son por abajo porque la inteligencia criminal que no podemos detenerla un solo segundo es fundamental para resolver el problema”, explicó.

Y cerró reiterando su pedido: “La ley de lavado nos ayudará a meternos más adentro. En todo Rosario hay 4.093 efectivos de las cuatro fuerzas. En todo Santa Fe hay 5.834 efectivos, hay todo un trabajo de planificación”.

El oficialismo pide a JxC activar una comisión por un proyecto clave

Se trata de Legislación Penal, que está presidida por la diputada del Pro María Luján Rey, para tratar un proyecto que el Gobierno necesita tener aprobado cuanto antes. El FdT hizo lo mismo con Facundo Manes.

Quedó demostrado esta última semana que un problema del que no debe preocuparse el oficialismo es el de hacer andar las comisiones. Esto, en el marco de la decisión de la principal oposición de retacear el quórum hasta tanto el Frente de Todos persista en su embate contra la Corte Suprema de Justicia. En la reunión de Recursos Naturales de la Cámara baja realizada el miércoles pasado, el oficialismo contó con la anuencia de la diputada Graciela Camaño, que en los últimos tiempos se ha manifestado muy a favor de los temas ambientales y que en este caso, para tratar el proyecto de creación del Parque Nacional Laguna El Palmar, anticipó que con toda lógica iba a dar quórum.

Como dato anexo, vale recordar que no fue alguien de los “bloques del medio” quien terminó completando el quórum, sino un oficialista, Máximo Kirchner, el último en llegar a seis minutos del plazo de espera para dar por caída la sesión.

Para alivio del oficialismo, también cabe destacar que cuenta con la ventada de poder hacer las modificaciones que necesite en la composición de la comisión en cuestión, de modo tal que si por motivos relacionados con las vacaciones alguno no puede estar, se lo cambia y listo. Es lo que hizo el Frente de Todos en el inicio de la reunión de la comisión del miércoles pasado, cuando anunció cuatro reemplazos.

Pero no todo está solucionado para el oficialismo: el problema lo tiene cuando alguno de los proyectos incluidos en extraordinarias debe pasar por una comisión manejada por la oposición, que en ese caso tiene la potestad de no convocar. Pasará, por ejemplo, con la ley de agrobioindustria, que tanto viene reclamando el ministro Sergio Massa, y que no consiguió dictamen el año pasado. Una de las comisiones en las que debe recoger el visto bueno es Agricultura, presidida por el radical formoseño Ricardo Buryaile. Ahí tendrá entonces un gran problema el Frente de Todos.

Otra comisión en manos de la oposición por la que debe pasar un proyecto en este caso clave para el Gobierno, es la de Legislación Penal, que encabeza la diputada del Pro María Luján Rey. Es una de las comisiones que debe dar dictamen a la modificación del proyecto de ley sobre lavado de activos. El proyecto del Ejecutivo fue enviado al Congreso el pasado 31 de mayo, con giros a Legislación General, Finanzas y Legislación Penal. El 30 de noviembre pasado, oficialismo y oposición avanzaron hacia un consenso de esa iniciativa que busca actualizar la normativa sobre lavado de activos. En esa oportunidad estuvo presente el titular de la UIF, Juan Carlos Otero, quien no solo escuchó las propuestas de la oposición, sino que también se mostró dispuesto a aceptarlas, de modo tal que todo indicaba que se podría llegar a buen puerto, pero al día siguiente estalló la guerra en la Cámara de Diputados por el conflicto generado en torno a las designaciones de miembros para el Consejo de la Magistratura.

El tema quedó en stand by, y el 20 de diciembre habían sido convocadas las comisiones de Legislación General y de Finanzas para darle dictamen al tema, pero el Gobierno dispuso un feriado para ese día (por el triunfo argentino en el Mundial), con lo cual al proyecto le falta todavía el dictamen correspondiente. Y que Legislación Penal se sume también, que es lo que solicitaron por nota la diputada nacional Mónica Litza y otros legisladores del frente de Todos, para que la diputada Rey “ponga en tratamiento la modificación de la ley vinculada a la prevención y represión del lavado de activos.

A la iniciativa de Litza se sumaron sus pares Bernardo Herrera, Mara Brawer, Carolina Gaillard, Leonardo Grosso, Aldo Levia, Vanesa Massetani, Leopoldo Moreau, Hernán Pérez Araujo, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Marisa Uceda, Eduardo Valdés y Natalia Zaracho.

Luego de la nota a María Luján Rey, se conoció otra enviada por Mara Brawer para que la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovacion Productiva, que preside el radical Facundo Manes, también ponga en tratamiento el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación 2030.

Consultado este viernes por la noche en el programa La Rosca, de TN, Manes respondió: “A mí no me gusta que me aprieten”.

Acompañan a Brawer sus pares del FdT Tomás Ledesma, Brenda Vargas Matyi, Roberto Mirabella, Constanza Alonso, Daniel Gollán, Dante López Rodríguez, Eduardo Fermández, Julio Pereyra, Lía Caliva, Lisandro Bormiolli, Pablo Carro, Susana Landriscini, Rogelio Iparraguirre y Rossana Chahla.

El oficialismo buscará el dictamen del proyecto que modifica la normativa sobre lavado de activos

Fue citado un plenario de las comisiones de Legislación General y Finanzas este martes a las 14. Previo a los quiebres en las sesiones fallidas, el FdT y JxC avanzaban en un consenso.

En el último día para dictaminar, pues las sesiones ordinarias se extendieron hasta el 30 de diciembre, pero la firma de los despachos culmina 10 días antes, el oficialismo en la Cámara de Diputados convocó para este martes a un plenario de las comisiones de Legislación General y Finanzas, con el objetivo de alcanzar dictamen sobre el proyecto de ley que busca actualizar la normativa vinculada al lavado de activos.

Antes del quiebre en las relaciones entre los bloques, en las sesiones fallidas del pasado 1ro. de diciembre, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio avanzaban encaminados hacia un texto de consenso de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, que resulta clave para el país pues es una exigencia del FMI y, además, Argentina será evaluada por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) en septiembre del año próximo.

Así, en la previa de lo que sería una posible sesión antes de fin de año, el tema volvió a instalarse en la agenda, tal vez como uno de los proyectos acordados que puedan ser llevados al recinto para el cierre del 2022.

La iniciativa busca reformar la legislación vigente sobre prevención y represión del Lavado de Activos (LA), de la Financiación del Terrorismo (FT) y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP).

En los considerandos, el Poder Ejecutivo mencionó que GAFI se encarga de elaborar Recomendaciones para los países y de evaluar el cumplimiento técnico de dichos estándares internacionales, y que la última revisión sustancial en nuestro país fue aprobada en febrero de 2012, cuando en esa ocasión “se integraron las 9 Recomendaciones Especiales para enfrentar el financiamiento del terrorismo a las cuarenta 40 Recomendaciones del GAFI, y se introdujeron nuevas medidas para combatir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y se requirió a los países que identifiquen, evalúen y entiendan los riesgos que enfrentan en la materia, posibilitando la aplicación de un enfoque basado en riesgo”.

Entre las modificaciones, se busca “reafirmar y fortalecer la independencia operativa y autonomía de la UIF, disponiendo su autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.

“La reforma que se propone tiene por finalidad saldar las ambigüedades, falencias y omisiones que presenta la legislación actual, a través de la propuesta de mecanismos claros de distribución y administración de los bienes objeto de decomisos; la definición de responsabilidades y competencias claras para los organismos públicos involucrados en su custodia, administración y gestión y la transformación del recupero de activos de origen ilícito, en una fuente de financiación de las actividades del Estado en pos del interés público”, se detalla.

Presente en las dos reuniones informativas que se realizaron durante el mes pasado, el titular de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero, anunció en la última ocasión -30 de noviembre- una serie de cambios que se iban a incorporar “en busca de consensos para aprobar este proyecto de ley que es muy importante para el país, que lo va a evaluar el GAFI en septiembre de 2023”, dijo.

Al detallar las modificaciones, Otero se refirió a un verbo sobre el tipo penal de lavado de activos; al monto desde el cual se aplica la pena prevista en el artículo 303 del Código Penal (el proyecto hablaba de 300 mil pesos y pasará a 9 millones de pesos); y que se incorpora la pena de multa y se suprime la multa de prisión en lo que hace al tipo penal atenuado.

También habló de cambios respecto del agravante por el tipo penal de terrorismo; el congelamiento de bienes por financiación del terrorismo; los sujetos obligados en lo que hace a los abogados; la eliminación de incisos en el régimen sancionatorio previsto en el artículo 24; y que se incorpora el concepto de operación sospechosa.

Además, se agregó la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización para el sistema de prevención, investigación y persecución penal de lavado de activos y financiamiento de lavados de activos y armas de destrucción masiva; y un Registro de Proveedores Virtuales.

Oficialismo y oposición avanzan hacia un consenso del proyecto que busca actualizar la normativa sobre lavado de activos

En una breve reunión de dos comisiones de la Cámara de Diputados, el titular de la UIF, Juan Carlos Otero, informó sobre las modificaciones que se aceptaron al texto. Hubo nuevos planteos.

Oficialismo y oposición en la Cámara de Diputados avanzaron hacia un eventual consenso sobre el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que propone modificaciones a las normas vigentes sobre lavado de activos, a fin de adecuarse a los estándares internacionales.

Tras una extensa primera reunión informativa, en la que expusieron varios oradores, las comisiones de Legislación General y Finanzas se congregaron este miércoles para escuchar las propuestas de la oposición que fueron aceptadas desde la Unidad de Información Financiera. 

En ese sentido, se lo escuchó al titular del organismo, Juan Carlos Otero, quien enumeró los cambios aceptados a la redacción del texto “en busca de consensos para aprobar este proyecto de ley que es muy importante para el país, que lo va a evaluar el GAFI en septiembre de 2023”. 

“Cuanto antes lo aprobemos vamos a poder trabajar en la efectividad. Evalúan a un país, no a un Gobierno, y tanto el sector público como privado van a ser evaluados”, agregó. 

Al detallar las modificaciones, Otero se refirió a un verbo sobre el tipo penal de lavado de activos; al monto desde el cual se aplica la pena prevista en el artículo 303 del Código Penal (el proyecto hablaba de 300 mil pesos y pasará a 9 millones de pesos); y que se incorpora la pena de multa y se suprime la multa de prisión en lo que hace al tipo penal atenuado. 

También habló de cambios respecto del agravante por el tipo penal de terrorismo; el congelamiento de bienes por financiación del terrorismo; los sujetos obligados en lo que hace a los abogados; la eliminación de incisos en el régimen sancionatorio previsto en el artículo 24; y que se incorpora el concepto de operación sospechosa. 

Además, se agregó la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización para el sistema de prevención, investigación y persecución penal de lavado de activos y financiamiento de lavados de activos y armas de destrucción masiva; y un Registro de Proveedores Virtuales. 

Desde Juntos por el Cambio, el diputado Pablo Tonelli (Pro) destacó: “Hemos avanzado bastante, buena parte de las recomendaciones que hemos hecho desde la oposición han sido receptadas por la UIF y el oficialismo. Estamos más cerca de llegar a un acuerdo final”. 

Sobre los “puntos que nos faltarían acordar”, el legislador pidió que “en la ley conste de manera expresa la facultad que tiene la UIF de querellar, que hoy en día está prevista no en la ley sino en un decreto”. A su vez, que “la UIF cuente con la posibilidad de intercambiar información no solo con las personas públicas sino también con las personas privadas”.

“En el tema de los abogados, que es un tema extremadamente delicado, la prohibición ha sido mejorada. Tenemos una sugerencia mínima para hacer que no va a impedir que nos pongamos de acuerdo”, sumó y consideró que “a la sanción de apercibimiento habría que agregar las acciones correctivas”. 

Por su parte, la diputada Mariana Stilman (CC-ARI) aseguró que “lo que faltaría y es imprescindible para nosotros es trabajar sobre la designación y la efectiva independencia de la UIF”. 

A su turno, la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) arrancó: “Entendemos la necesidad de ir acoplando el andar de nuestro sistema del control de lavado de dinero a los parámetros y requerimientos internacionales, lo entendemos perfectamente”. 

“Me alegro que se haya avanzado con todas las modificaciones que se produjeron”, celebró, pero remarcó que sigue “reclamando, como el primer momento, que la nominación del funcionario a cargo sea una nominación que esté vinculada con la aplicación de saberes e idoneidad, que tenga que ver con concursos”. “No soy de las que cree que esa nominación tenga que depender del Congreso de la Nación”, aclaró, al recordar la falencia desde hace años respecto de designar a un Defensor del Pueblo. “Pero sí tiene que haber un perfecto orden en la nominación que no tenga que ver con la preferencia política del gobierno de turno y con estabilidad en el cargo”, subrayó. Luego realizó distintas consultas sobre puntos del proyecto, que más tarde le respondió Nicolás Vergara, jefe de Gabinete de la UIF. 

Finalmente, el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, lamentó que no haya convocatoria de la Comisión de Legislación Penal, la otra comisión competente que falta y es presidida por María Luján Rey (Pro), por lo que le pidió al titular de Legislación General, Lucas Godoy (FdT) “acomodar eso para poder ordenar el tratamiento”. “Están los elementos sobre la mesa, tenemos un segundo borrador”, destacó y concluyó: “Han quedado los planteos de los puntos donde todavía tenemos que trabajar, sabiendo que el consenso pleno nunca existe pero sí que tenemos que arrimar lo que más podamos”. 

Plenario de Legislación General y de Finanzas

La reunión del 23 de noviembre de 2022 para tratar el proyecto de ley por el cual se modifica la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos.

Funcionarios y expertos analizaron la modificación de la normativa relacionada al lavado de activos

Fue en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. La iniciativa también reforma la legislación vigente “sobre prevención y represión del de la Financiación del Terrorismo y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.

Un plenario de las comisiones de Legislación General y Finanzas de la Cámara de Diputados se reunió este miércoles para debatir un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que propone modificaciones a las normas vigentes sobre lavado de activos, a fin de adecuarse a los estándares internacionales.

Se trata de una iniciativa que reforma la legislación vigente “sobre prevención y represión del Lavado de Activos (LA), de la Financiación del Terrorismo (FT) y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP)”.

Al inicio del encuentro, que se llevó a cabo en el segundo piso del Anexo “C”, el titular de Legislación General, Lucas Godoy (Salta – FdT), agradeció la presencia de funcionarios e invitados en el tema.

Los representantes del Ejecutivo

El primero en disertar fue el presidente de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero, quien remarcó que hace 11 años no se modifica el sistema de prevención de lavado de activos y lucha contra el financiamiento del terrorismo. En ese sentido, consideró que es “importante” la reforma porque “nos va a permitir mejorar la persecución de los delitos y lavado de activos”.

“En septiembre de 2023 vamos a ser evaluados por el Grupo de Acción Financiera Internacional”, adelantó y sumó: “El GAFI va a evaluar tanto al sector público en los tres poderes, como también al sector privado, para el cumplimiento técnico y la efectividad. Es muy importante este proyecto de ley para poder cumplir con los requerimientos”.

En esa línea, sostuvo que es necesario “arribar a consensos para aprobar lo antes posible este proyecto de ley para poder tener mayor efectividad de cara a la evaluación. Evalúan al país, no al Gobierno”.

A continuación, Otero destacó que la realización del proyecto fue un proceso “muy participativo” en el que trabajaron desde el Ejecutivo, miembros del Ministerio Público, el Poder Judicial, el BCRA, entre otros y contó que “se dieron discusiones interesantes”. “Esto sigue acorde con políticas de Estado que venimos desarrollando por las cuales hicimos la primera evaluación nacional de riesgo de lavado de activos que se aprobó a través del decreto 653 y, a su vez, actualizamos la evaluación nacional de riesgo y financiamiento de terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”.

“A través de las evaluaciones se ven las amenazas y vulnerabilidades, muchas de esas están siendo mitigadas en este proyecto de ley al igual que las vulnerabilidades en materia de regulación”, explicó Otero.

Además, resaltó tres ejes centrales del proyecto. Respecto al primer eje, planteó: “En el artículo 303 respecto del lavado de activos se incorporan dos verbos típicos ‘poseer’ y ‘adquirir’”, y aclaró que “esto es acorde con la recomendación 3 del GAFI y las Convenciones de Viena y Palermo”. Asimismo, explicó: “Con respecto al monto de la actualización que actualmente es de 300 mil pesos, se decidió no modificarlo porque puede afectar las causas que están en trámite, pero hay que encarar una discusión de actualización automática teniendo en cuenta el bien jurídico protegido”.

Sobre el artículo 306 el tipo penal de financiamiento de terrorismo, informó que “se incorpora la figura de los ‘combatientes de terroristas extranjeros y se incorporan los conceptos de ‘fondos y otros activos’. Esto acorde a la recomendación cinco del GAFI y a la Resolución del Consejo de las Naciones Unidas”.

Respecto al segundo eje sobre la Reforma a la Ley 25.246, el funcionario contó que “se incorporan conceptos relevantes para el sistema de ALA/CFT, tales como enfoque basado en riesgo, activos virtuales, proveedores de activos virtuales, clientes, beneficiario final”. En suma, la UIF profundiza la autarquía funcional y económica, y sobre las facultades, amplia los casos en los que los sujetos obligados no pueden oponer el secreto; incorpora el enfoque basado en riesgos en las supervisiones del sistema preventivo; celebra acuerdos para el intercambio de información con otras entidades y autoridades nacionales, provinciales y municipales.

Por otro lado, se sube al carácter de ley las sanciones: “Congelamiento administrativo de fondo u otros activos, mediante una resolución fundada y comunicación inmediata con el Ministerio Público Fiscal o a un juez competente, vinculado a la financiación del terrorismo y al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

“También se incorporar medidas de mitigación de riesgos a las relaciones comerciales y transacciones con personas humanas y jurídicas, e instituciones financieras, procedentes de jurisdicciones de mayor riesgo”, agregó Otero y explicó que se garantiza el secreto de identidad de los sujetos reportantes de operaciones sospechosas, aún luego de formulada la denuncia al Ministerio Publico Fiscal y ponderó que “estas herramientas le dan más confianza y resguarda más la información”.

Sobre la incorporación de “nuevos sujetos obligados”, detalló: “Proveedores de servicios de activos virtuales; aquellas personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero custodia y administración de efectivo; abogados que, en nombre de sus clientes, llevan a cabo la compra/venta de inmuebles, administración de valores, dinero y cuentas bancarias, creación y administración de personas y estructuras jurídicas, compra/venta de participación social; proveedores de servicios societarios y fiduciarios; no financieros de crédito; de servicios de pagos”.

A su vez, indicó que en “la supresión de sujetos obligados” se dejó de lado a las organizaciones sin fines de lucro; el Tribunal Nacional de Defensa y, con respecto a los intermediarios de seguros “dejan de ser sujeto obligado los peritos, los liquidadores de seguros, los productores asesores de seguros”. “Se incorpora un capítulo referido a las personas jurídicas sin fines de lucro que, aunque dejarán de ser sujetos obligados, deberán ser objeto de un análisis de riesgos de abusos para la FT y deberán establecer medidas adecuadas y proporcionales a los riesgos identificados”, sumó.

Por último, explicó el tercer eje sobre la creación de un Registro de beneficiarios final que será un registro centralizado de personas y estructuras jurídicas con información “adecuada, precisa y actualizada”, cuya autoridad de aplicación será la AFIP levantándose el secreto fiscal.

De forma breve, el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Ricardo Casal, dejó constancia de “la labor llevada adelante desde que se inició el proyecto hasta hoy ha sido el fruto de un trabajo ampliamente generoso, democrático y participativo, lo cual permitió con distintas rondas de trabajo, corregir, adaptar, adecuar y redefinir algunos aspectos que fueron centrales. Sin perder el eje del proyecto, hubo un debate muy rico con diputados y diputadas y asesores que nos permitió poder actualizar el texto original y llegar al que explicó detalladamente el doctor Otero”.

A su turno, el director del BCRA, Zenón Biagosch, puntualizó en algunos aspectos de la ley que “son medulares” en relación al rol del Banco Central en el sistema integral y preventivo de lavado de activos.

“Es un hecho innegable que esta legislación debe ser actualizada, que requiere una reforma estructural en lo que hace a la relación de las temáticas atendidas por el Banco Central, no podemos desconocer que la realidad nos está demostrando que hay una mutación muy importante en todos los sistemas de oferta y contratación de servicios financieros”, resaltó.

Y siguió: “Hay una realidad objetiva que ha emergido y se vio fortalecida por la pandemia donde los mecanismos de ofertas han mutado y son distintos, por ende, los controles que tenemos que aplicar, de alguna manera tienen que ajironarse a estas nuevas realidades”. Asimismo, destacó tres aspectos de la reforma: “La actualización del artículo 20 sobre los sujetos obligados en formar operaciones sospechosas, es importante que se incorpore a los actores proveedores de servicios proveedores de cobros y pagos, los otros proveedores no financieros de créditos y los de servicios virtuales”.

“Esta es una realidad objetiva en la cual hoy tenemos en el mercado en la Argentina una cantidad de actores que brindan este tipo de servicio con una cantidad de cuentas abiertas en cabeza de residentes locales que tranzan con este tipo de activo financiero que está totalmente desregulado”, planteó Biagosch y propuso rever el régimen sancionador administrativo por parte de la UIF sobre el artículo 20 sobre sujetos obligados que hay organismos públicos que se encuentra el BCRA y se haga una salvedad que “no todo el marco sancionador es aplicable a todos los sujetos obligados, en tanto sean organismos públicos”.

Como tercer aspecto, destacó la creación del registro de beneficiarios finales “es un tema pendiente y central que hace a al trasparencia y funcionamiento del sistema. Esto es un gran avance en la reformulación de la ley. La adecuación del marco normativo es muy oportuna”.

La directora de Fiscalidad Internacional de la AFIP, Verónica Grondona, brindó las características del registro actual que lleva a cabo su institución a cargo y lo que propone el proyecto. En principio sostuvo que el concepto de beneficiario final consiste en “una verificación en cascada” controlando y requiriendo informes tanto a beneficiarios finales que sean por titularidad de acciones o a través de otros medios indirectos.

En esa línea, destacó la importancia y la necesidad de identificarlos porque “permite tener una visión sinérgica y única del problema para todos los organismos que lo requieran”. En suma, se refirió a la creación del registro que permitirá “tener acceso en tiempo real a la información y mejorar la calidad y supervisión de la misma”. En tanto, comentó que a nivel mundial se están implementando distintos tipos de registros y en Latinoamérica hay registros de beneficiarios finales en muchos más países de la región como Chile, Ecuador, México, Brasil.

Sobre el registro de AFIP contó que eran de “participación accionaria” y manifestó que “son extremadamente útiles porque sirve para la verificación de la efectiva declaración de los activos y sobre ganancias y bienes personales”. También informó que Argentina desde el 2017 participa del intercambio de informaciones de cuentas financieras.

“El registro de beneficiarios finales busca centralizar los registros e información existentes que pueden estar en otras sedes”, resaltó Grondona y añadió: “Los registros tienden a ser de difícil verificación y necesitamos de un trabajo colaborativo entre todos los organismos públicos. Se pretende una serie de accesos diferenciados”.

El último orador en presentar el proyecto fue el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Sebastián Negri, manifestó que “quedaba pendiente por cumplir la recomendación 15 del GAFI sobre los proveedores de servicios virtuales que incluye la preocupación de que sean sujetos obligados, sino también, que exista un registro de estos actores”.

“El modelo elegido parte del análisis de qué están haciendo los países medianos de la región, así que quedó plasmado en el artículo 35 y 37, no solo contempla la preocupación sobre el lavado de dinero, sino que incluye cuestiones vinculadas con la trazabilidad, las operaciones entre el destinatario y originante, cuestiones sobre protección los inversores y datos personales”, precisó Negri.

La palabra de otros invitados

En esta etapa de la reunión, abrió el debate el presidente del Instituto de Estudios Legislativos (IDEL) de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Fernando Díaz Cantón, criticó la forma en el que país “viene encarando” el tema en materia de derecho penal porque “por su carácter permanente es una muestra de que, con más derecho penal, no se pone coto a la criminalidad organizada”.

Sobre la reforma de lavado de activos, se refirió a la pretensión de conversión de los abogados en sujetos informantes a la UIF sobre operaciones sospechosas y destacó la inclusión en el artículo 303 inciso 3 “de la posesión o ‘auto receptación’ para incluir a quien posea activos provenientes de un delito para aplicarlos a una operación de lavado sin haberlos recibido de otra persona o sin que se pueda probar que así haya sido”.

“Aquel proyecto a advertido una laguna de imponibilidad y en ese afán de castigar todo tampoco quiere dejar esta conducta fuera para el caso de que no se pueda probar de que los bienes poseídos fueron recibidos o entregados por algo. Este frenesí penal que no se detiene ha convertido al delito de lavado de activos en otra cosa diferente a un encubrimiento”, cuestionó Díaz Cantón y comparó que “hoy es punible cualquier tipo de lavado y a cualquier monto”, pero cuestionó que en la iniciativa “no se actualizan los montos para ingresar en la figura gravada que hoy debería ser, no de 300 mil pesos, sino de 9 millones de pesos. Todo para sumar punición y restringir libertad”.

En el mismo sentido se manifestó la expresidenta de la UIF, María Eugenia Talerico, sobre la “innecesaridad de trocar la extensión del tipo penal de acuerdo a cierta terminología que usa el estándar internacional, pero que a nuestra práctica judicial sería muy inconveniente. Tocarlo ahora sería un error”, y cuestionó: “Hay un verbo que se introduce que es ‘poseyere bienes’, poseer no tiene la lesividad necesaria que requiere ese tipo penal”.

También compartió con el orador preopinante la necesidad de “elevar el umbral de punibilidad de los 300 mil pesos. Hoy las maniobras de lavado de activos y el crimen organizado que afectan el orden económico y financiero tiene que tener una envergadura mucha más grande”.

Además, observó un error en el inciso 3 del artículo 2 que “utiliza la terminología vieja” y propuso modificarlo. En suma, expresó preocupación por la redacción del artículo 6.

En su presentación, el abogado Gustavo Juana recordó que la legislación vigente es del año 2011 y opinó que las modificaciones propuestas por la UFI “están alineadas con los cambios que ha habido en las mejores prácticas internacionales”, y ponderó: “Los activos virtuales; la inclusión de proveedores de servicios digitales como sujetos obligados. El GAFI publicó en 2021 un documento recomendando la regulación de todas las actividades vinculadas con los activos virtuales. Se estima que en Argentina hay 2,4 millones de personas que tienen criptoactivos. Es necesario un marco regulador específico”.

“El segundo punto son los abogados o estudios jurídicos como sujetos obligados. Van a ser sujetos obligados solo aquellos que brindan servicios de creación de empresas, o administran fondos de terceros”, destacó y sumó: “La ampliación a otro tipo de sanciones, la diferenciación de las multas y la actualización de las mismas. La creación de un registro se inscribe dentro de una de las mejores prácticas”.

Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, consideró que “en este tema como en otros, es importante que los órganos de prevención y persecución penal puedan ejercer eficazmente su tarea. La falta de actualización de la condición objetiva de punibilidad de los 300 mil pesos es un absurdo porque la cantidad de hechos son enormes”.

“Esto es lisa y llanamente un absurdo. Esto no es prevenir ni castigar el lavado de dinero, de esta manera vamos a inundar la UIF de cosas inservibles”, lanzó y siguió: “La cuestión de los cambios de tipo penal me hace ruido la incorporación del término ‘poseyere’ y la incorporación del ‘adquiriere’”.

Juan Cruz Ponce, secretario Ejecutivo Adjunto del Grupo de Acción Financiera Internacional Latinoamérica (GAFILAT), se explayó sobre los estándares internacionales y el proceso de evaluación: “Estamos ante un sistema cooperativo a nivel internacional y que engloba a 206 jurisdicciones a lo largo del planeta”.

“Las recomendaciones del GAFI ofrecen un elenco de medidas muy amplias, intersectoriales, interdisciplinarias para detectar y sancionar estos delitos y aglutinan a todos los ámbitos posibles -asociados directa o indirectamente- a un marco de prevención y lucha contra este tipo de delitos”, explicó y manifestó: “Cuando uno se acerca a la evaluación es fundamental contar con un marco normativo robusto y en línea con los estándares internacionales, la evaluación es a nivel país, se evalúa el sector público y el privado, el cumplimento técnico, pero también la efectividad”.

Por último, sostuvo: “Es un proceso muy complejo que requiere mucha planificación, coordinación y apoyo a la coordinación LA/FT/FP”.

Diputados tratará un proyecto sobre modificación de la normativa relacionada al lavado de activos

Será en un plenario de comisiones de Legislación General y Finanzas. La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo en junio.

Un plenario de las comisiones de Legislación General y Finanzas de la Cámara de Diputados tratará este miércoles un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que propone modificaciones a las normas vigentes sobre lavado de activos, a fin de adecuarse a los estándares internacionales. La reunión será a partir de las 15 en el segundo piso del Anexo “C”.

Se trata de una iniciativa que reforma la legislación vigente “sobre prevención y represión del Lavado de Activos (LA), de la Financiación del Terrorismo (FT) y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP)”.

“Es una verdad incontrastable que los ilícitos mencionados son complejos y afectan la integridad del sistema económico-financiero, tanto nacional como internacional y evolucionan constantemente, no solo en sus formas de comisión, sino también por los medios utilizados a tal fin y los actores que en ellos participan”, indicó el Gobierno en los fundamentos.

En los considerandos, se mencionó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se encarga de elaborar Recomendaciones para los países y de evaluar el cumplimiento técnico de dichos estándares internacionales, y que la última revisión sustancial en nuestro país fue aprobada en febrero de 2012, cuando en esa ocasión “se integraron las 9 Recomendaciones Especiales para enfrentar el financiamiento del terrorismo a las cuarenta 40 Recomendaciones del GAFI, y se introdujeron nuevas medidas para combatir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y se requirió a los países que identifiquen, evalúen y entiendan los riesgos que enfrentan en la materia, posibilitando la aplicación de un enfoque basado en riesgo”.

“Nuestro país ha contraído compromisos internacionales que debe cumplir, tanto por las convenciones que ha ratificado como por su calidad de miembro de organizaciones internacionales. Si bien las citadas Recomendaciones no son vinculantes, se exige a los países miembros que respondan en función de esos estándares internacionales, adecuando su derecho interno a su marco y mejorando en forma continua su sistema preventivo y represivo”, se señaló.

En virtud de los avances, el Poder Ejecutivo fundamentó que “el carácter complejo de estos ilícitos, el auge en las comunicaciones y las nuevas formas de operar financieramente transforman en imperiosa una reforma que permita actualizar el Código Penal y le otorgue a la UIF (Unidad de Información Financiera) herramientas adecuadas al contexto actual, para prevenir e impedir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, de conformidad con los estándares internacionales vigentes”.

Entre las modificaciones, la iniciativa también busca “reafirmar y fortalecer la independencia operativa y autonomía de la UIF, disponiendo su autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.

“La reforma que se propone tiene por finalidad saldar las ambigüedades, falencias y omisiones que presenta la legislación actual, a través de la propuesta de mecanismos claros de distribución y administración de los bienes objeto de decomisos; la definición de responsabilidades y competencias claras para los organismos públicos involucrados en su custodia, administración y gestión y la transformación del recupero de activos de origen ilícito, en una fuente de financiación de las actividades del Estado en pos del interés público”, se detalla.

Y, a su vez, se explica que se prevé incorporar un nuevo capítulo referido a las organizaciones sin fines de lucro que, “si bien dejarán de ser sujetos obligados, deberán ser objeto de un análisis de riesgos de abuso para la financiación del terrorismo y, en consecuencia, se deberán establecer medidas adecuadas y proporcionales a los riesgos identificados, de conformidad con la Recomendación 8 del GAFI”.

Por último, en consonancia con la última modificación de la Recomendación 24 del GAFI, aprobada en marzo pasado, que reforzó los estándares internacionales relativos a beneficiarios finales de las personas jurídicas, con el fin de garantizar una mayor transparencia respecto de la verdadera titularidad y control de las personas jurídicas y de mitigar los riesgos de su utilización indebida, se prevé la creación de un registro centralizado que contenga información adecuada, precisa y actualizada de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, cuya autoridad de aplicación será la AFIP, garantizando a las autoridades competentes el pleno acceso a dicho registro, agrega.

El Gobierno envió un proyecto para reformar las normas en relación al lavado de activos

El texto ingresó por la Cámara de Diputados. Prevé modificaciones en el Código Penal y dos leyes vinculadas a la temática.

El Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone modificaciones a las normas vigentes sobre lavado de activos, a fin de adecuarse a los estándares internacionales.

Se trata de una iniciativa que reforma la legislación vigente “sobre prevención y represión del Lavado de Activos (LA), de la Financiación del Terrorismo (FT) y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP)”.

“Es una verdad incontrastable que los ilícitos mencionados son complejos y afectan la integridad del sistema económico-financiero, tanto nacional como internacional y evolucionan constantemente, no solo en sus formas de comisión, sino también por los medios utilizados a tal fin y los actores que en ellos participan”, indicó el Gobierno en los fundamentos.

En los considerandos, se mencionó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se encarga de elaborar Recomendaciones para los países y de evaluar el cumplimiento técnico de dichos estándares internacionales, y que la última revisión sustancial en nuestro país fue aprobada en febrero de 2012, cuando en esa ocasión “se integraron las 9 Recomendaciones Especiales para enfrentar el financiamiento del terrorismo a las cuarenta 40 Recomendaciones del GAFI, y se introdujeron nuevas medidas para combatir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y se requirió a los países que identifiquen, evalúen y entiendan los riesgos que enfrentan en la materia, posibilitando la aplicación de un enfoque basado en riesgo”. 

“Nuestro país ha contraído compromisos internacionales que debe cumplir, tanto por las convenciones que ha ratificado como por su calidad de miembro de organizaciones internacionales. Si bien las citadas Recomendaciones no son vinculantes, se exige a los países miembros que respondan en función de esos estándares internacionales, adecuando su derecho interno a su marco y mejorando en forma continua su sistema preventivo y represivo”, se señaló.

En virtud de los avances, el Poder Ejecutivo fundamentó que “el carácter complejo de estos ilícitos, el auge en las comunicaciones y las nuevas formas de operar financieramente transforman en imperiosa una reforma que permita actualizar el Código Penal y le otorgue a la UIF (Unidad de Información Financiera) herramientas adecuadas al contexto actual, para prevenir e impedir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, de conformidad con los estándares internacionales vigentes”.

Entre las modificaciones, la iniciativa también busca “reafirmar y fortalecer la independencia operativa y autonomía de la UIF, disponiendo su autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.

“La reforma que se propone tiene por finalidad saldar las ambigüedades, falencias y omisiones que presenta la legislación actual, a través de la propuesta de mecanismos claros de distribución y administración de los bienes objeto de decomisos; la definición de responsabilidades y competencias claras para los organismos públicos involucrados en su custodia, administración y gestión y la transformación del recupero de activos de origen ilícito, en una fuente de financiación de las actividades del Estado en pos del interés público”, se detalla.

Y, a su vez, se explica que se prevé incorporar un nuevo capítulo referido a las organizaciones sin fines de lucro que, “si bien dejarán de ser sujetos obligados, deberán ser objeto de un análisis de riesgos de abuso para la financiación del terrorismo y, en consecuencia, se deberán establecer medidas adecuadas y proporcionales a los riesgos identificados, de conformidad con la Recomendación 8 del GAFI”.

Por último, en consonancia con la última modificación de la Recomendación 24 del GAFI, aprobada en marzo pasado, que reforzó los estándares internacionales relativos a beneficiarios finales de las personas jurídicas, con el fin de garantizar una mayor transparencia respecto de la verdadera titularidad y control de las personas jurídicas y de mitigar los riesgos de su utilización indebida, se prevé la creación de un registro centralizado que contenga información adecuada, precisa y actualizada de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, cuya autoridad de aplicación será la AFIP, garantizando a las autoridades competentes el pleno acceso a dicho registro, agrega.

0009-PE-2022