Un grupo de legisladores de UP presentó un proyecto en el que califican la detención del exministro como un acto de persecución política y alertan sobre el uso del sistema judicial con fines partidarios.
En la Cámara de Diputados se reabrió la polémica por la detención de Julio De Vido, ocurrida el pasado 13 de noviembre. Un proyecto de declaración firmado por Hugo Yasky y otros legisladores del oficialismo sostiene que la medida constituye “una privación de la libertad injusta e ilegítima”, motivada por “irregularidades en el trámite judicial” y por “un evidente ensañamiento contra su persona”.
El texto advierte que la negativa a otorgarle prisión domiciliaria, pese a cumplir con los requisitos legales, es una muestra más de lo que consideran una persecución política que, según los firmantes, se extiende a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a exfuncionarios de su gestión. “Se evidencia un uso excesivo y sobrecriminalizador del sistema penal para suprimir la expresión política y garantizar la gobernabilidad de los sectores de poder que respaldan al actual gobierno”, señala el documento.
En los fundamentos, los diputados denuncian la práctica del lawfare, definida como la utilización estratégica de mecanismos judiciales y administrativos para deslegitimar liderazgos políticos. “El caso de De Vido revela cómo la persecución judicial se ha transformado en una herramienta de blindaje de ciertos intereses de poder, vulnerando el derecho a la defensa y al debido proceso”, argumentan.
El proyecto alerta que estas prácticas representan “un grave retroceso democrático” y generan “un clima de persecución institucionalizada que pone en riesgo la consolidación de una democracia plena y pluralista”. Por ello, solicitan el acompañamiento de la Cámara para aprobar la declaración.
La iniciativa lleva las firmas de los diputados de Unión por la Patria Hugo Yasky, Juan Marino, Natalia Zaracho, María Graciela Parola y Daniel Gollán.
El kirchnerismo diseñó un tribunal superior con la promesa de independencia y transparencia. Veinte años después, esa misma Corte ratificó la condena de su principal referente. Crónica de una relación que empezó como alianza y terminó como ruina.
Un extraterrestre que hubiese llegado a la Tierra por estos días se habría llevado una imagen por lo menos errada. La de una expresidenta mortalmente enojada con tres jueces que se han convertido en su peor pesadilla. La historia no siempre es tan lineal.
Al menos esta, tiene sus matices y supo de tiempos mejores. Mucho mejores.
Hubo un tiempo en el que el kirchnerismo se vanagloriaba de haber forjado una Corte Suprema prestigiosa, que vino a reemplazar una muy distinta, el doble de grande y emparentada con el poder central. Producto de esa tarea de orfebrería, el primer presidente de la dinastía K tuvo la posibilidad de escoger nada menos que a la mayoría de los miembros del Tribunal Superior: cuatro. Casi tantos como los que pudo elegir Raúl Alfonsín cuando gozó de la posibilidad de forjar parte de las instituciones desde cero. Pero no tantos como quien tiene el récord en la materia: Carlos Menem, que en sus diez años y medio de mandato tuvo la oportunidad de nominar a una decena de cortesanos. Nunca ningún presidente pudo tanto.
Sin más prolegómenos, veamos cuáles fueron los motivos para llegar al cuadro actual, con una expresidenta envenenada con el máximo tribunal y, lo que es peor para ella, definitivamente condenada.
La mayoría automática
Para comprender el escenario actual habrá que remontarse al origen que muestra justamente la génesis de esta Corte, que sucede a la que armó Carlos Menem poco después de llegar al poder y fue conocida despectivamente como “la mayoría automática”.
Sucede que poco después de asumir, el riojano cuestionó la composición de la Corte, que consideraba “alfonsinista”. Por eso en 1989 impulsó un proyecto de ley aumentando el número de miembros de 5 a 9 y, con mucho esfuerzo y renuncias -en el camino quedaron dos de los jueces designados en el 83 por Alfonsín, José Severo Caballero y Jorge Antonio Bacqué-, Menem consiguió ampliar la Corte al número deseado.
En febrero de 2002, tiempos del “que se vayan todos”, Eduardo Duhalde dio el visto bueno para impulsar el juicio político a todos los integrantes de ese tribunal. Sin éxito, por cierto, ya que en ninguno de los casos llegaron a obtener los 2/3 necesarios en la Cámara de Diputados para que prosperara esa medida. Más bien se consiguió el efecto contrario: se fue uno de los más prestigiosos integrantes de esa Corte, Gustavo Bossert. Presentó su renuncia el 21 de octubre de 2002, habiendo sido durante el fallido proceso iniciado durante el duhaldismo contra el Tribunal Superior el que menos acusaciones reunió para el pedido de juicio político. “Me han hartado los infundados cargos”, confesó Bossert al tomar tal decisión. Dijo entonces que las circunstancias que debió afrontar le habían “quitado el ánimo y hasta el entusiasmo que exige la tarea judicial, particularmente la vasta y compleja tarea de este tribunal a cuyo cargo está el dictado de varias miles de sentencias al año”, señaló.
Tan es así, que el hoy nuevamente diputado nacional Sergio Acevedo, que como presidente de la Comisión de Juicio Político de entonces había manejado ese proceso en 2002, consideró el de Bossert “un gesto que otros deberían imitar y contribuiría a recuperar el prestigio de la Corte”.
No fue lo que hicieron los otros jueces que, por el contrario, permanecieron en sus cargos hasta la llegada de Néstor Kirchner al poder. El santacruceño se encontró el 25 de mayo de 2003 con una Corte Suprema integrada por ocho miembros: Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López, Antonio Boggiano, Adolfo Vázquez, Enrique Petracchi, Carlos Fayt y Augusto Belluscio. Los cinco primeros habían sido designados por Menem.
Por cadena nacional, Néstor Kirchner anunció el pedido de juicio político contra Nazareno y otros jueces.
Néstor Kirchner había llegado al poder con una debilidad de origen que era la escuálida cantidad de votos obtenida en las primeras elecciones realizadas tras la crisis de 2001. Sin haber podido validar sus pergaminos en un balotaje, reconocía su debilidad institucional que creyó desafiada cuando el presidente de la Corte, el riojano Julio Nazareno tuvo declaraciones que desataron la ira del santacruceño. Abordado por los periodistas en Tribunales, le habían preguntado si avalar el corralito bancario no era una forma de extorsionar al Gobierno, a lo que Nazareno respondió con un “dejate de joder”.
En rigor, Nazareno no había sido el primer apuntado por Kirchner, sino otro juez que no era parte de la mayoría automática: Carlos Fayt, a quien el kirchnerismo naciente acusaba de haber firmado el fallo que había redolarizado un depósito de San Luis en el Banco Nación, que había sido incluido en el corralito y pesificado, siendo que el propio Fayt tenía un depósito pesificado en el Banco Nación. Las aguas se calmaron con ese juez luego de que aceptara la devolución de su depósito en bonos a largo plazo.
En cambio Nazareno había amenazado al Gobierno con dictar un fallo redolarizador que precipitaría las demandas judiciales, comprometiendo al sensible sistema financiero. Kirchner lo consideró una “extorsión”.
Y lo dijo en junio de 2003, en el marco de una cadena nacional en la que criticó duramente a Nazareno por sus declaraciones públicas y su rol en la Corte, y llamó al Congreso a iniciar un juicio político contra él y otros miembros del tribunal. Dio inicio así a un nuevo proceso de juicios políticos contra el Tribunal Superior que esta vez se realizó de manera paulatina: uno por uno.
Julio Nazareno, el presidente de la Corte de “la mayoría automática”.
El primer enjuiciado fue obviamente Nazareno, que presentó su renuncia el 28 de junio de 2003, dos semanas antes de que se iniciara el proceso en su contra. “Es un paso muy importante para que la Justicia sea digna, honesta y creíble”, dijo al enterarse el entonces ministro de Justicia, Gustavo Beliz. El kirchnerismo fue entonces por el resto de los jueces.
Fue el turno entonces de Eduardo Moliné O’Connor, quien dejó claro de entrada que no pensaba en renunciar. El juicio avanzó entonces y el 14 de agosto de 2003 la Cámara baja aprobó por amplia mayoría el juicio político luego de encontrarlo culpable de “mal desempeño” en sus funciones en base a 9 acusaciones que formaron parte de la investigación. El Senado terminó suspendiéndolo en el cargo el 9 de octubre de 2003, y fue destituido el 4 de diciembre venidero, habiendo sido considerado culpable de 2 de las acusaciones.
Su destitución por esa vía fue un hecho histórico, pues no sucedía algo así desde 1947.
Moliné O’Connor fue destituido por el Senado.
El 23 de octubre de ese mismo año la Comisión de Juicio Político que presidía el diputado tucumano José Falú había abierto el proceso de enjuiciamiento contra Guillermo López, quien renunciaría el 22 de octubre de 2003.
Paralelamente, Néstor Kirchner designaba en la Corte al primer cortesano que eligió: Raúl Eugenio Zaffaroni, que asumió en lugar de Eduardo Nazareno
Designado en tiempos de Alfonsín, a Enrique Petracchi también le iniciaron un proceso que la Comisión de Juicio Político desestimó en marzo de 2004, cuando verificó que no había recibido una transferencia de 580 mil dólares en tiempos del rebalanceo telefónico. En cambio sí se inició un proceso contra Adolfo Vázquez, quien al ver que la causa avanzaba rápidamente presentó su renuncia el 2 de septiembre de 2004.
De los jueces de la mayoría automática, Antonio Boggiano era el último que quedaba y el Senado terminó destituyéndolo el 29 de septiembre de 2005, con el voto de los 56 senadores presentes en la sesión.
Antonio Boggiano fue también destituido.
Mientras tanto, Néstor Kirchner había ido cubriendo los cargos que se desocupaban. El 9 de junio de 2004 designó a Elena Highton de Nolasco, quien se convirtió así en la segunda mujer en ser nominada en la Corte Suprema argentina en la historia, pero la primera en el marco de un gobierno democrático, ya que su antecesora era Margarita Argúas, designada durante el Gobierno de facto de Roberto Marcelo Levingston. Highton de Nolasco reemplazó a Eduardo Moliné O’Connor.
Por Adolfo Vázquez, Kirchner eligió a Ricardo Lorenzetti para reemplazarlo, el 12 de diciembre de 2004. En tanto que otra mujer, Carmen Argibay, asumió en la Corte el 3 de febrero de 2005 en lugar de Guillermo López.
Concluido el proceso de renovación, permanecían en la Corte que encontró Kirchner Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda, designado este último por Eduardo Duhalde.
Un decreto fundacional
Un dato fundamental de esta historia lo constituye el decreto 222/2003 firmado por Néstor Kirchner el 19 de junio de 2003, que establecía un nuevo procedimiento para la designación de jueces de la Corte. Fue presentado con el objetivo de “transparentar y democratizar” el proceso de selección de magistrados, estableciendo el mecanismo de audiencias públicas por el cual los magistrados debían someterse a interrogatorios donde se evaluaría su idoneidad.
Se estableció un mecanismo de audiencias públicas por el cual los candidatos debían someterse a audiencias donde se evaluara su idoneidad; con participación ciudadana, ya que se habilitaba un período para que los ciudadanos, ONG, universidades y otras instituciones pudieran presentar observaciones u objeciones sobre los postulantes.
El kirchnerismo reivindicó esa medida como un hito en la refundación institucional de la Corte Suprema de Justicia.
La reducción de la Corte
Y el paso siguiente fue su reducción. La impulsó la entonces senadora y primera dama Cristina Fernández de Kirchner, en su condición de presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta. Fue en 2006, cuando presentó una ley para volver la cantidad de jueces de la Corte a su número histórico de cinco miembros. “Es la primera vez en toda la historia de la República Argentina que alguien, pudiendo nombrar dos miembros de la Corte sin modificar una sola coma del ordenamiento legal vigente, renuncia a ello y retoma el camino de los cinco miembros”, dijo en su discurso el 29 de noviembre de 2006, cuando se convirtió en ley la norma que derogaba la normativa impulsada por Menem para llevar el número de integrantes de la Corte a 9.
Siendo senadora, Cristina Kirchner impulsó la reducción de la Corte.
La ley fue promulgada el 15 de diciembre de 2006 y representó la frutilla del postre de esa reforma judicial original que el kirchnerismo impulsó para fortalecer la independencia del Poder Judicial y revertir la influencia menemista en la CSJN.
“El decreto 222 marcó un hito. Que en una Argentina donde se cambiaban las normas para ampliar la Corte, quien hoy puede designar a dos miembros, renuncie a hacerlo es algo inédito”, planteó también Cristina Kirchner en el recinto de la Corte.
Ya fuera del Gobierno nacional que encabezó durante dos períodos, Cristina Fernández de Kirchner confesaría su arrepentimiento por esa decisión. Fue en 2016, ya en tiempos de Cambiemos, cuando comenzó a sufrir el asedio judicial, por entonces encabezado por el juez Claudio Bonadio. El magistrado la había convocado para indagarla sobre la causa “dólar futuro”, y así regresó a Buenos Aires desde el sur. Mantuvo reuniones con las bancadas kirchneristas del Congreso. El 21 de abril de ese año se reunió con 23 senadores en el Instituto Patria, y en el transcurso de la conversación criticaron la designación “en comisión” de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para completar la Corte Suprema. La expresidenta se refirió a eso como “un pecado de origen” del Gobierno de Mauricio Macri.
Durante esa charla, se habló de la necesidad de ampliar la cantidad de miembros del máximo tribunal, cosa en la que coincidió Cristina. Hizo en ese contexto su primera autocrítica, por haber impulsado diez años antes la reducción del número de integrantes de la Corte. Debió haber hecho lo contrario, reflexionó, y se mostró partidaria de dividir al tribunal en salas especializadas, una idea de Eugenio Zaffaroni.
La Corte que el kirchnerismo consideraba “ejemplar”, con los cuatro que designó Kirchner: Zaffaroni, Highton de Nolasco, Lorenzetti y Carmen Argibay.
El origen de la ruptura
La relación respetuosa entre los gobiernos kirchneristas y la justicia en general -y la Corte Suprema en particular- tuvo momentos de tensión, pero comenzó a desmadrarse promediando la segunda gestión de Cristina Kirchner. Fue especialmente en 2013, cuando algunos fallos contra iniciativas clave del Gobierno de Cristina comenzaron a alterar el trato.
Un momento clave fue el que sobrevino con la Ley de Medios. Y si bien la Corte declaró constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, también estableció límites al uso de la publicidad oficial y defendió la libertad de expresión, lo que fue interpretado como una advertencia al Gobierno.
Siempre tiempista, el tribunal emitió ese fallo trascendente dos días después del resonante triunfo de Sergio Massa en las elecciones intermedias de 2013. Y más allá de que representara un bienvenido reconocimiento para el kirchnerismo, varios puntos del fallo generaron malestar en ese Gobierno. por ejemplo, que la Corte estableciera que los grupos de medios, como Clarín, que debían desprenderse de licencias por superar los límites establecidos, debían ser indemnizados por el Estado. Esta exigencia fue vista como una concesión a ese grupo y como una carga económica para el Estado que el kirchnerismo no esperaba ni deseaba.
El fallo también incluía fuertes advertencias al gobierno sobre cómo debía aplicarse la ley. Por ejemplo, advertía que los medios públicos no debían ser instrumentos de propaganda oficial; que el organismo regulador (AFSCA) debía ser independiente del poder político; y exigía transparencia en la distribución de la publicidad oficial y respeto por la igualdad y el debido proceso.
Pero ya la relación venía herida a partir de lo sucedido con la reforma judicial que el kirchnerismo impulsó en el año 2013. Pomposamente presentada como “Democratización de la Justicia”, el proyecto K consistió en un paquete de seis leyes propuestas por el Poder Ejecutivo, que el Congreso terminó aprobando el 25 de abril de 2013.
Entre los objetivos que declaraba el Gobierno K para implementar esa reforma se destacaba la intención de hacer más transparente y accesible el Poder Judicial; democratizar el acceso a cargos judiciales; y agilizar los procesos judiciales.
Entre las medidas que incluía el paquete de medidas, una de las más controversiales era sin duda la reforma del Consejo de la Magistratura, que ampliaba el número de miembros y establecía que sus integrantes serían elegidos por voto popular. Eso fue muy criticado por sectores que lo consideraban una forma de politizar el órgano encargado de seleccionar y sancionar jueces.
El Consejo de la Magistratura generó otro fuerte cortocircuito con el kirchnerismo.
Por otra parte se creaban tres nuevas cámaras para descomprimir la Corte Suprema y acelerar los procesos judiciales. También se limitaba el uso de medidas cautelares que pudieran frenar decisiones del Gobierno, lo que fue visto como un intento de restringir el control judicial sobre el Ejecutivo.
Fue un procedimiento veloz impulsado en un año electoral en el que podía cambiar la relación de fuerzas en el Congreso, como en efecto sucedió. Cristina Kirchner anunció la reforma judicial el 8 de abril de 2013, durante un acto en la Casa Rosada en el que presentó los seis proyectos de ley. Diputados aprobó buena parte de esa reforma en una extensa sesión que duró casi un día completo el 25 de abril de 2013. El Senado la convirtió en ley el 8 de mayo.
La reforma fue fuertemente resistida por la oposición, el Colegio de Abogados, ONGs y sectores del Poder Judicial, y finalmente la Corte Suprema declaró inconstitucionales partes clave de la misma, especialmente la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, el 18 de junio de 2013.
Esta fue la última versión de la Corte Suprema integrada por 5 miembros.
Fayt en la mira
A diferencia de su esposo, Cristina no pudo designar a ningún nuevo juez en la Corte, a pesar de haber sido presidenta en dos períodos y haberse producido vacantes. Tras la renuncia de Zaffaroni, ella propuso a Roberto Carlés, un joven jurista cercano al kirchnerismo, cuyo pliego nunca fue tratado en el Senado.
Antes de dejar el poder, retiró el pliego de Carlés y de manera testimonial -pues era obvio que no serían tratados- mandó los pliegos de Eugenio Sarrabayrouse y Domingo Sesín como reemplazos de Zaffaroni y Fayt. Fue a finales de octubre de 2015, a poco del balotaje que terminaría ganando Mauricio Macri, quien al asumir retiró esos pliegos y propuso -ya se sabe cómo y lo hemos dicho- otros dos que sí fueron aprobados por el Senado.
Zaffaroni había renunciado el 31 de octubre de 2014, al haber alcanzado la edad máxima permitida por la Constitución para ocupar un lugar en el máximo tribunal, mientras que Fayt había dejado posdatada su renuncia al 11 de diciembre venidero.
Carlos Fayt no le dio el gusto a Cristina de irse cuando el kirchnerismo fue por él.
Precisamente con Fayt había mantenido el kirchnerismo una relación tormentosa en sus últimos tiempos, cuando ese gobierno -molesto por sus fallos- comenzó a buscar con él generar una vacante. Empezó entonces a bombardear al reconocido jurista con el argumento de su edad avanzada. Carlos Fayt tenía más de 97 años y seguía en funciones, justificándose en que el límite de 75 años que había dispuesto la reforma constitucional de 1994 no corría para él, que había sido nombrado antes de esa reforma. Además, una acordada de la propia Corte lo respaldaba.
El kirchnerismo lo había puesto en la mira, cuestionando su salud mental. El entonces jefe de Gabinete Aníbal Fernández puso en duda la capacidad de Fayt para ejercer su cargo, especialmente después de que firmara una acordada que ratificaba a Ricardo Lorenzetti como presidente de la Corte.
El oficialismo llegó a impulsar una subcomisión especial en la Cámara de Diputados para investigar el estado de salud de Fayt. Fueron convocados médicos y se llegó a solicitar un examen para evaluar su capacidad. Presionaron también con impulsar un juicio político, pero a pesar de todo eso Fayt resistió, con la opinión pública a su favor, lo mismo que sectores del derecho y por supuesto la oposición parlamentaria que lo blindó ante el juicio político que no pudo avanzar.
Carlos Fayt no quiso darle el gusto a Cristina de irse antes que ella, y así es que anunció su renuncia en septiembre de 2015, efectiva a partir de diciembre de ese año, poco antes del cambio de gobierno.
Las denuncias de lawfare
Ya fuera del poder, Cristina Kirchner comenzó a recorrer los tribunales por las causas que tomaron impulso con ella ya fuera del Gobierno. Así es que comenzó a denunciar lawfare. Su tirria era con buena parte de la justicia que ella quiso reformar sin éxito, y obviamente fue potenciando su enojo con una Corte que ya no era la que había forjado su esposo entre 2003 y 2007.
No pocas veces ese tribunal quedó en la mira K durante la gestión de Cambiemos, pero una de las más notorias fue con el controvertido fallo dictado el 3 de mayo de 2017 que aplicaba el beneficio del 2x1 a un condenado por delitos de lesa humanidad. Se trataba de un beneficio establecido por la Ley 24.390 que estuvo vigente entre 1994 y 2001, y que permitía computar doble el tiempo de la prisión preventiva que excediera los dos años. El caso específico beneficiaba a Luis Muiña, condenado en 2011 a 13 años de prisión por su participación en secuestros y torturas cometidos en el Hospital Posadas durante la última dictadura militar. Muiña había estado detenido preventivamente desde 2007, por lo que su defensa solicitó aplicar el 2x1 para reducir su condena.
El controvertido fallo de la Corte que convalidó el 2x1 para casos de lesa humanidad generó una fuerte reacción.
La Corte convalidó ese fallo con un resultado dividido: 3 a 2. Votaron a favor Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, quienes argumentaron que debía aplicarse el principio de la ley penal más benigna, aunque la ley ya había sido derogada; mientras que Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda se pronunciaron en contra.
El fallo generó una enorme reacción negativa, con movilizaciones en todo el país, rechazo de organismos de derechos humanos y llevó al Congreso a sancionar de manera exprés una nueva ley, la 27.362, que aclaraba que el beneficio del 2x1 no podía aplicarse a delitos de lesa humanidad.
En diciembre de 2018, la misma Corte revirtió su postura en otro caso (Rufino Batalla), estableciendo que el 2x1 no era aplicable a crímenes de lesa humanidad. Esta vez, la mayoría fue de cuatro votos contra uno.
Las “reformas” de Alberto Fernández
Cambiemos perdió las elecciones de 2019 y Cristina volvió al poder, aunque formalmente integrando tan solo la fórmula con quien ella designó para encabezar, Alberto Fernández. Quien contradiciendo sus dichos de antaño también enarboló el discurso del lawfare y hasta llegó a reunirse con Lula en 2019, siendo él candidato presidencial y el brasileño estando preso en un penal de Curitiba.
Los operadores judiciales durante la gestión de Alberto fueron siempre camporistas y todo lo que impulsó durante su gestión tuvo detrás el impulso cristinista. Como la reforma judicial que presentó en 2020, una de las más ambiciosas de su gestión, que supuestamente venía a despolitizar y transparentar el funcionamiento del Poder Judicial; desconcentrar el poder de decisión en pocos jueces federales, y agilizar los procesos judiciales, especialmente en causas complejas como corrupción, narcotráfico y trata de personas.
En pandemia, Alberto Fernández impulsó su propia reforma judicial.
El Gobierno de Alberto Fernández se propuso fusionar los 12 juzgados federales criminales con los 11 de penal económico en la Ciudad de Buenos Aires. Además, duplicaría la cantidad de juzgados para evitar la concentración de poder en pocos magistrados.
Un grupo de juristas de renombre fue convocado para asesorar al Ejecutivo sobre posibles reformas estructurales, incluyendo el funcionamiento de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público.
El proyecto fue aprobado por el Senado en agosto de 2020, pero nunca fue tratado en la Cámara de Diputados. La falta de consenso político y las críticas de la oposición, que lo consideraban un intento de influir en causas judiciales sensibles, frenaron su avance.
El choque entre el kirchnerismo y la Corte se intensificó a partir de un fallo del máximo tribunal de diciembre de 2021 sobre el Consejo de la Magistratura. Recordemos que estaba vigente desde 2006 una ley impulsada por Cristina Kirchner, que había reducido la cantidad de miembros del Consejo de 20 a 13, como así también excluía al presidente de la Corte de su conducción. Esto aumentaba el peso de los representantes políticos dentro del organismo.
El fallo de la Corte de diciembre de 2021 declaraba inconstitucional esa reforma de 2006, argumentando que rompía el equilibrio de representación exigido por la Constitución. Así las cosas, ordenaba volver a la composición anterior (20 miembros) y designaba al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, como titular del Consejo.
El kirchnerismo, especialmente desde el Senado bajo la presidencia de Cristina Kirchner, resistió la implementación del fallo. Hubo maniobras para designar representantes propios en el Consejo, lo que generó nuevas tensiones con la Corte y hasta un fallo que invalidó lo actuado. Desde entonces, el conflicto se convirtió en un símbolo de la disputa más amplia entre ese oficialismo y el Poder Judicial.
En el ínterin, el Congreso no había logrado consensuar una nueva ley, como sugería el máximo tribunal, pero dando un tiempo perentorio, por lo que se volvió a la estructura previa a 2006. El kirchnerismo denunció un “golpe institucional” por parte de la Corte, mientras que el tribunal defendió su rol como garante de la Constitución.
La ampliación de la Corte
Otro intento que quedó en la nada fue el de ampliar el número de integrantes del máximo tribunal. Fue en 2022, y originalmente el proyecto pretendía elevar el número de cortesanos de 5 a 25, con el argumento de asegurar una representación federal, garantizar la paridad de género y mejorar la eficiencia y pluralidad del Tribunal Supremo.
El proyecto avanzó en el Senado, donde fue aprobado el 22 de septiembre de 2022 con 36 votos a favor y 33 en contra. Eso sí, durante el debate, se modificó la propuesta original y se redujo la cantidad de miembros proyectados de 25 a 15. Fue a instancias del gobernador rionegrino, cuyo voto en el Senado era clave.
El Senado aprobó la ampliación de la Corte a 15 miembros.
Pero a pesar de la media sanción, el proyecto no fue tratado en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no contaba con los votos necesarios para aprobarlo. La oposición lo rechazaba de plano, acusando al kirchnerismo de querer politizar la Corte y presionar al Poder Judicial en medio de causas judiciales sensibles para Cristina Fernández de Kirchner.
La relación del cuarto gobierno kirchnerista con la Corte Suprema estuvo marcado por constantes cortocircuitos, como el que generó otro fallo del Tribunal Superior, en este caso sobre la coparticipación de CABA, emitido el 21 de diciembre de 2022.
Fue una decisión clave en el conflicto entre el Gobierno nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por la distribución de fondos coparticipables, que tuvo su origen dos años antes, cuando en plena pandemia el presidente Fernández firmó un decreto reduciendo el porcentaje de coparticipación que recibía la Ciudad de Buenos Aires, del 3,5% al 2,32%, con el argumento de destinar esos fondos a la provincia de Buenos Aires para atender una protesta salarial de la Policía Bonaerense.
A instancias de Horacio Rodríguez Larreta, la Ciudad presentó un amparo ante la Corte y consiguió una cautelar a su favor. Allí se ordenaba que el Estado le transfiriera a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables, de forma diaria y automática a través del Banco Nación.
Como había habido en el ínterin una ley que respaldó lo dispuesto por decreto en 2020, el fallo de la Corte suspendía la Ley 27.606, estableciendo que mientras se resolvía la cuestión de fondo, el Estado nacional debería abstenerse de aplicar esa ley que había reducido la participación de CABA en la coparticipación.
El fallo reafirmaba también que desde la reforma constitucional de 1994, la Ciudad de Buenos Aires tiene un régimen de gobierno autónomo, y por lo tanto debe participar plenamente en el sistema federal de coparticipación.
El juicio político a la Corte
Y llegamos al principal punto de quiebre entre el kirchnerismo y el Tribunal Superior, que fue cuando el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner impulsó un proceso de juicio político contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
El propio Alberto Fernández anunció públicamente el 1 de enero de 2023 que impulsaría el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema. La decisión se basaba originalmente en fallos judiciales que el oficialismo consideraba parciales o contrarios a la Constitución; y filtraciones de chats entre funcionarios judiciales y políticos que, según el kirchnerismo, evidenciaban connivencia y falta de imparcialidad.
El pedido fue presentado en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, presidida por la oficialista Carolina Gaillard, a sabiendas de que nunca prosperaría, pues ese oficialismo no contaba con los 2/3 necesarios para que el proceso pudiera llevarse a cabo después en el Senado. Así y todo ese oficialismo dedicó todo su último año en el poder a debatir casi semanalmente el tema en la Comisión de Juicio Político, centrando sus acusaciones en la supuesta malversación de fondos del Poder Judicial; fallos que según el oficialismo violaban la división de poderes, e irregularidades en el manejo del Consejo de la Magistratura.
Carolina Gaillard encabezó la Comisión de Juicio Político que sentó en el banquillo a Rosatti, Rozenkrantz, Lorenzetti y Maqueda.
Pasaron las elecciones presidenciales y la comisión, que ya había perdido casi todo el impulso inicial, terminó emitiendo un dictamen que nunca llegó al recinto. Ese oficialismo nunca lo mandó a sabiendas de que no contaba con los dos tercios.
No hubo entonces consecuencias para los jueces de la Corte, que jamás atendieron los requerimientos que desde esa comisión se les hicieron.
Para entonces, Cristina Fernández de Kirchner ya había sido condenada por un tribunal oral por corrupción. El fallo fue ratificado luego por la Cámara y -hace pocos días- convalidado por la Corte Suprema de Justicia. Sellando una ruptura definitiva entre el kirchnerismo y el máximo tribunal.
Unión por la Patria calificó el fallo como parte de una "persecución política, mediática y judicial". La expresidenta habla desde hace tiempo de un “Partido Judicial” que busca condicionar la voluntad popular, y calificó a los jueces de la Corte como un “triunvirato de impresentables” y “monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos”, sugiriendo que no actúan con independencia sino bajo presiones externas.
Respecto del caso en sí, la defensa de Cristina cuestiona la incorporación de pruebas como el llamado “plan limpiar todo”, que habría sido introducido de forma irregular por el fiscal Diego Luciani. Alegaron que se violó el principio de congruencia y que hubo manipulación del proceso.
Amén de ello, sostienen que el fallo tiene un efecto proscriptivo, ya que impide a Cristina Kirchner presentarse como candidata, lo que consideran un intento de excluirla del juego democrático.
Como sea, por tratarse de la Corte Suprema, la decisión es definitiva. Como definitiva es la ruptura de una relación que, como queda claro en este informe, supo ser muy distinta.
La condena de Cristina Kirchner generó una fuerte reacción de su militancia en las calles.
Así lo expresó el diputado oficialista en la presentación en Formosa del libro "Objetivo Cristina: El Lawfare contra la Democracia en Argentina”. Allí se denunció que “no estamos en una democracia plena”.
En el marco de la 21° Feria del libro de la provincia de Formosa, dirigentes de Unión por la Patria presentaron el libro “Objetivo Cristina, el lawfare contra la Democracia en Argentina”, junto a la militancia en la ciudad de Formosa.
El panel estuvo conformado por Eduardo Valdés, diputado nacional y compilador del libro; el ministro de Cultura y Educación de Formosa, Luis Basterra; y Juan Carlos Manoukian, director de Ediciones Ciccus. Participó también la historiadora y escritora Araceli Bellota.
"A Cristina Fernandez de Kirchner le hicieron 365 causas penales, la persona con más causas que le sigue es Juan Perón, con 123. Estas denuncias eran acompañadas por incontables tapas de diarios, minutos de radio y TV con el fin de demonizar su imagen”, señaló Valdés durante el evento.
Sobre el accionar de los jueces sostuvo que “de 13 jueces federales el bolillero casualmente siempre sacó a los mismos, (Julián) Ercolini y (Claudio) Bonadio, que llegó a convocarla a 8 indagatorias el mismo día, que coincidía con el cumpleaños de su marido fallecido. En el día del cumpleaños de su nieta, Bonadio allanó la casa de la expresidenta en Santa Cruz, y a Máximo Kirchner le allanó su casa el día del cumpleaños de su hijo. Bonadio esperaba con crueldad esos sucesos".
Sobre la Corte sostuvo que “han reabierto esta semana tres causas que estaban cerradas, y en un hecho sin precedentes la Corte Suprema cesó a una jueza, la doctora (Ana María) Figueroa, el mismo día Clarín festeja titulando que se viene una condena a Cristina. Pareciera que nos armaron la agenda electoral judicial desde la cúpula de la Corte. ¿Cómo van a ser imparciales los jueces si ven cómo se manejan los cortesanos?”.
Valdés cerró su participación afirmando que "a Cristina no se la juzga con el Derecho Penal objetivo como a cualquier ciudadano, se le aplica el Derecho Penal del Enemigo".
Durante su discurso, el ministro Basterra se refirió a la gravedad del intento de atentado a la vicepresidenta. "Todo esto hace que el compromiso militante tenga que redoblarse, porque la historia nos lo reclama, como dice Gildo Insfrán, se definen dos sistemas políticos, uno es la democracia y otro es una dictadura popular, gobernar por DNU, seguir manejando a la justicia y manejar al poder ejecutivo de una forma centralista".
Al tomar la palabra, Araceli Bellota destacó los 40 años con una observación: "Paradójicamente estamos ante una elección con proscripciones, no permitieron que Cristina fuera candidata, no estamos en una democracia plena".
Por su parte, Manoukian agradeció la recepción del libro en la provincia de Formosa y señaló que "Objetivo: Cristina. El Lawfare contra la democracia en Argentina" se trata de “una obra colectiva, en la que pueden leerse los textos y discursos de Cristina Fernández de Kirchner, José Luis Rodríguez Zapatero, Rafael Correa, Evo Morales, Baltasar Garzón, Adoración Guzmán y Ernesto Samper, entre otros. Estos mandatarios y especialistas del Derecho apoyaron la inocencia de la vicepresidenta y difundieron esta postura no solo en nuestra región, sino también en Europa y el resto del mundo".
Desde la Secretaría de Derechos Humanos difundieron un volante titulado “lawfare, la democracia en riesgo”, en defensa de la vicepresidenta. JxC acusó que se financió con fondos estatales. La respuesta de Rossi.
La presidenta del bloque de Encuentro Federal, Margarita Stolbizer, y la diputada nacional Karina Banfi (UCR- Buenos Aires) le preguntaron a Agustin Rossi sobre una publicación que realizó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con la leyenda “lawfare, una democracia en riesgo”. Ambas legisladoras acusaron al Gobierno de hacer política con fondos del Estado.
En primera instancia, Stolbizer criticó: “No saben gobernar ni gestionar y se entretienen con un panfleto publicitario sobre la condena a la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre una proscripción que no es proscripción”. Además, afirmó que “las pruebas sobre la corrupción de CFK han sido ratificada por varios magistrados”.
Del mismo modo, agregó: “No vengo a defender a la Justicia, pero la falta de confianza tiene que ver cuando no se investiga”. “Es un panfleto incorrecto, ilícito y falto de responsabilidad del manejo de los fondos públicos”, indicó.
De igual manera, la diputada radical Banfi catalogó al panfleto como“un apunte de militancia”, y le pidió al Instituto Patria que se ocupe de investigar sobre los 23 muertos durante el Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio durante la pandemia de coronavirus.
Rossi respondió que “el lawfare es un mecanismo que tiene patas claras establecidas porque primero se estigmatiza a una persona y después se la condena”. Además, agregó: “El poder Judicial en Argentina funciona mal desde que lo maneja el partido judicial que persigue a unos y protege a otros en complicidad de los medios de comunicación”.
Finalmente, recordó los chats filtrados entre el asesor de la Corte, Silvio Robles, y el exministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro “para arreglar fallos”. “Nadie dio disculpas o explicación, están protegidos”, señaló y cerró: “A partir del pedido de juicio político nos enteramos mas cosas como lo de la obra social”.
Estuvo junto a un periodista brasileño que se dedicó al caso el "Lava Jato". "La persecución judicial hacia la vicepresidenta es macabra", consideró el diputado oficialista.
El diputado nacional Eduardo Valdés (FdT) y el periodista brasileño Leandro Demori, investigador de la causa judicial "Lava Jato" contra Luiz Inacio "Lula” da Silva, compartieron una charla titulada “El uso del sistema penal como lawfare político” en la sede de Casa Patria Grande.
En su exposición, Valdés sostuvo que "la persecución judicial hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es macabra" y pretende “demonizar su figura para que no sea candidata a presidenta y represente a los más humildes de la Argentina”.
Asimismo, el oficialista recordó que “hasta denunciaron a su madre y a todo el grupo familiar”; mientras que destacó que recientemente CFK fue “sobreseída en la causa llamada ‘La ruta del dinero K’ y resulta que no había ningún K implicado”.
Por su parte, en declaraciones a la agencia Télam, Demori explicó que los chats usados como fuente de su investigación, que demostraban las irregularidades de la causa que el juez Sergio Moro encabezó contra el presidente Lula da Silva, no fueron cuestionados por ser “obtenidos de manera legal o ilegal porque la ley brasileña protege muy fuertemente al periodismo en estos casos”.
Esto se resaltó al diferenciar lo que ocurrió en Argentina con la denuncia sobre el caso "Lago Escondido", del viaje de empresarios y jueces al sur, por el cual la justicia no tomó las conversaciones por ser filtraciones.
Además, Demori aseguró que "al igual que ocurre con la figura de la vicepresidenta argentina, en Brasil primero hubo un asesinato de la reputación de Lula y luego fueron acusando a sus amigos y otros miembros del partido”, lo que terminó por construir una “situación social en aumento para que cuando pusieran a Lula en prisión fuera algo (entre comillas) ‘justificable’ para la población”.
Finalmente, el periodista brasileño expresó que “la característica principal en común entre los dos casos de lawfare” que fueron objeto de debate así como en otros países de Latinoamérica es que “atacan siempre a proyectos políticos populares”.
Valdés consideró, en diálogo con Télam, que “el lawfare ya es una política regional en Latinoamérica que combatimos cuando los dirigentes más representativos de la región se juntan a decir que esto es una injusticia”. “La Justicia hoy en día es un partido político que decide perseguir a los líderes populares”, denunció.
“A ellos les duele ver que juntos visibilizamos todo esto y no bajamos los brazos”, enfatizó el legislador y agregó que pese a la negativa de la vicepresidenta, “hasta el 24 de junio voy a seguir militando para que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata”, ya que si lo fuera “no habría debate sobre si hay o no PASO porque ella sería la candidata de la unidad”, opinó.
Junto a los oradores estuvieron el coordinador general de Núcleo PT, Paulo Pereira, y el director de la Casa Patria Grande, Matías Capeluto.
También se hizo una presentación del libro “Objetivo Cristina: El lawfare contra la democracia en Argentina”, cuyo compilador es el diputado Valdés, en la que pueden leerse los textos y discursos de Cristina Fernández de Kirchner, José Luis Rodríguez Zapatero, Rafael Correa, Evo Morales, Baltasar Garzón, Adoración Guzmán y Ernesto Samper, entre otros.
La publicación es una obra conjunta del Grupo de Puebla, el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), la CELAG, el Instituto Joaquín Herrera Flores y de la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales (ELAG).
Eduardo Valdés y Juliana di Tullio mostraron un cotillón muy particular durante la presentación de un libro sobre la “persecución” de la vicepresidenta.
Fue en la presentación del libro "Objetivo: Cristina. El Lawfare contra la democracia en Argentina", que tuvo lugar en la sede del PJ de Tres de Febrero.
Allí estuvieron la senadora nacional Juliana di Tullio y el diputado nacional Eduardo Valdés, quienes se mostraron junto a buena parte de la concurrencia con ruleros, como una respuesta a la frase emblemática de Cristina Fernández de Kirchner respecto de no hacerse los rulos con una eventual candidatura suya.
Entre la audiencia que se hizo presente, sonó de forma reiterada el cántico "CRISTINA PRESIDENTA" durante todo el acto.
"Es un libro para trabajar y militar contra la proscripción de Fernández de Kirchner", señaló el diputado nacional Eduardo Valdés en el auditorio de la sede partidaria de la Avenida Rodríguez Peña 2184. Valdés señaló “Nos hacemos los rulos. Empezamos la campaña de repartir ruleros", dijo el diputado mientras sostenía en una de sus manos un maniquí con peluca y ruleros, en alusión a la frase que emitió hace semanas la dos veces Presidenta para referirse a su hipotética candidatura: "No se hagan los rulos".
Consultado sobre qué actitud tomará la Justicia ante una eventual postulación de la vicepresidenta, en función de la condena de seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos que recibió en el juicio de la causa Vialidad, el legislador afirmó que "los peronistas lucharon siempre contra la proscripción de Juan Perón y hoy contra la de Cristina. Luche y vuelve, es lo mismo". Valdés, compilador de este trabajo indicó durante el acto -al que acudió una multitud de vecinos y militantes- que a la Vicepresidenta "le hicieron 634 causas" y fue protagonista de "tapas de diario, horas de televisión y radio" con el objetivo de "demonizar la imagen de la mayor representante popular".
Por su parte, la senadora nacional del FdT Juliana Di Tullio resaltó que el libro "es una construcción colectiva" de distintos juristas internacionales "de enorme prestigio" que se "revelan" y denuncian la "persecución judicial a una dirigente popular".
La senadora también mencionó la visita que hizo ayer al despacho de la vicepresidenta uno de los sobrevivientes de la masacre de José León Suárez, Juan Carlos Livraga, a quien el periodista Rodolfo Walsh denominó como “el fusilado que vive” en su célebre libro “Operación Masacre”. En este sentido sostuvo: "Cristina también es una fusilada que vive. Me impactó mucho ese reencuentro", dijo Di Tullio, estableciendo una semejanza entre aquellos hechos y el intento de magnicidio que el 1 de septiembre de 2022 sufrió la vicepresidenta.
Por su parte, José Manuel Ubeira, uno de los abogados de la vicepresidenta, consideró que Cristina es una figura que “siempre le molestó al establishment”. Ubeira sostuvo: "Fernández de Kirchner es el obstáculo que se pone en medio de un plan con el cual se busca excluir a las mayorías", subrayó. El abogado afirmó que “el libro es un llamado de atención a la sociedad” que pretende decirle “estamos en una situación difícil” porque hay quienes “son capaces de secuestrar o matar a dirigentes populares”.
Al finalizar el acto, el concejal de Tres de Febrero Juan De Bandi sostuvo que el PJ de ese distrito “está con Cristina” y pidió un tercer mandato presidencial de la conductora del FdT. "Para nosotros, el ‘Objetivo: Cristina" es para las elecciones de 2023. Los convoco a trabajar para eso", subrayó De Bandi ante la militancia presente.
"Objetivo: Cristina. El Lawfare contra la democracia en Argentina" se trata de una obra colectiva, en la que pueden leerse los textos y discursos de Fernández de Kirchner, José Luis Rodríguez Zapatero, Rafael Correa, Evo Morales, Baltasar Garzón, Adoración Guzmán y Ernesto Samper, entre otros.
En un acto celebrado en el CCK, organizado por el Grupo de Puebla, atribuyó el lawfare a los medios de comunicación, donde dijo que “se escriben las sentencias” que después los magistrados y fiscales firman.
La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, finalmente tuvo esa jornada que se había suspendido allá por diciembre pasado, cuando la Selección Argentina acababa de salir campeona del mundo y tuvo que suspenderse el evento programado en el CCK. Este martes finalmente ese evento se hizo y allí la exmandataria estuvo rodeada por excolegas de la región y el resto del mundo, despotricando contra la justicia argentina en particular y el lawfare en general.
Flanqueada por el español José Luis Rodríguez Zapatero y el ecuatoriano Rafael Correa, Cristina Kirchner disparó: “Nos persiguen porque igualamos a la sociedad, porque defendemos el derecho de los trabajadores a participar equitativamente lo que se produce”.
“No me interesa en definitiva si me van a inhabilitar, o si me van a meter presa. Lo que me importa fundamentalmente es que volvamos a reconstruir un Estado democrático y constitucional en el cual las garantías que establece la Constitución no sean cartón pintado. De esto se trata. Volver a construir un país como el que alguna vez tuvimos, porque se puede hacer, porque una vez lo hicimos, y porque lo hizo el peronismo”, proclamó CFK.
Cristina Kirchner cargó durante su discurso duramente contra los medios de comunicación. A su juicio, el lawfare “no se explica sin los medios de comunicación”, porque “las sentencias se escriben en los medios y después un juez o fiscal suscriben.
Cristina expuso este martes por la noche en una actividad del Grupo de Puebla en el Foro Internacional de Derechos Humanos que se lleva a cabo en el CCK, y allí aseguró que la práctica del lawfare ataca la “política que tiene que ver con la distribución del ingreso y con la movilidad social ascendente”.
En otro pasaje admitió que estaba hablando mucho de economía, y lo atribuyó a que todo lo que sufre la Argentina “tiene que ver con lo que pasa en la economía”. Aseguró que el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 marcó “a fuego” y destruyó “el patrón de acumulación” que se había logrado hasta ese momento. Según ella, “el golpe de '76 es el que marca a fuego y destruye ese patrón de acumulación, que no solamente era económico sino cultural”.
Según ella, lo que nunca se le va a perdonar a los gobiernos “progresistas” no es solamente “la reconstrucción de la economía, sino también lo que pudimos construir en materia de derechos humanos”, especialmente en la Argentina desde el inicio del gobierno de Néstor Kirchner.
Sostuvo que con su esposo comenzó la “reconstrucción de Argentina y la reconstrucción de la Memoria, Verdad y Justicia. (Jorge Rafael) Videla decía que su peor época había llegado con los Kirchner#.
También criticó al Gobierno de Cambiemos, que aseguró que “entregó el país hecho percha en 2019”, cuando había recibido un país en el 2015 “sin deuda”, con “reservas en el Banco Central” y “los salarios reales no estaban rezagados”. Sostuvo que “la nueva oleada de neoliberalismo que empieza en diciembre de 2015 en Argentina, comienza a construir la teoría del 'se llevaron todo' y que tuvieron que contraer deuda para pagar la deuda que recibieron. En el 2015 no había deuda, ni de empresas, ni de Estado, ni familias. Tampoco estaba el FMI. Además, había reservas en el Banco Central y los salarios reales no estaban rezagados. Entonces, ¿me quieren decir qué hicieron en cuatro años que entregaron el país hecho percha en 2019”.
En otro pasaje dijo que el lawfare es “lo que el partido militar fue a los gobiernos populares” del siglo XX y sostuvo que hoy en día se aplica a los gobiernos populares, nacionales y democráticos del siglo XXI.
"El lawfare es lo que el partido militar fue a los gobiernos populares del siglo XX, a los gobiernos populares nacionales y democráticos del siglo XXI. Exactamente lo mismo”, remarcó.
Más adelante habló de la necesidad de “recuperar un sistema judicial” para “enfrentar los dramas de nuestro tiempo y volver a construir un país que alguna vez tuvimos, con un Estado democrático y constitucional”.
Lo hizo a través de un hilo de tuits en los que replicó un análisis publicado en un sitio cercano al kirchnerismo. Vuelve a hablar de lawfare, partido judicial y “mafia”.
“Empezar el año hablando claro”, planteó este domingo la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, al tuitear contra la mayor preocupación en estos días del Gobierno nacional: la Corte Suprema de Justicia en general y su presidente en particular.
Allí suma un “documentado análisis” del sitio El Destape Web, y allí ella señala: “Lawfare, partido judicial o sencillamente mafia, el método es uno solo... Y como en toda guerra hay táctica y estrategia”.
“La TÁCTICA: las causas armadas, las condenas y las proscripciones. La ESTRATEGIA apunta al gran y verdadero objetivo, llenar de guita los balances de las corporaciones que controlan lo que cuestan tus alimentos, tus servicios, tus medicamentos y tu alquiler. O sea…”, sugirió la vicepresidenta, para concluir: “La imposición de políticas económicas y de decisiones sobre la vida cotidiana de millones de argentinos por un medio que no son los votos”.
Eduardo Valdés reveló lo que considera el “armado” de 548 denuncias judiciales contra la vicepresidenta de la Nación.
El diputado nacional porteño por el Frente de Todos Eduardo Valdés volvió a insistir con la “persecución judicial” que a su juicio se lleva adelante sobre la vicepresidenta de la Nación y aseveró: “Perón tuvo 120 denuncias, hasta ahora venía con el récord. Cristina Fernández de Kirchner tiene 548 causas, muchas que se han desestimado, pero que durante el proceso hubo gente presa".
En es marco, el legislador habló de una coincidencia con los líderes populares que fueron denunciados por traición a la Patria, y enumeró: “San Martín, Rosas, Perón y Cristina fueron denunciados por traición a la Patria. En el caso de la vicepresidenta, por el Memorándum de entendimiento con Irán, una causa que se cayó, pero tuvo mucho impacto mediático”, remarcó.
Entrevistado por Juan Amorín en la señal de C5N, Valdés reveló que se encuentra trabajando en un libro y explicó su motivación para relevar las denuncias sobre la ex presidenta. “Mi libro se llama ‘Disparen contra Cristina’. Durante el macrismo acompañé varias veces a Cristina Kirchner a Tribunales, el día que sentí más impotencia fue aquel 25 de febrero, cuando el juez (Claudio) Bonadio la citó a ocho indagatorias el día del cumpleaños de Néstor Kirchner. Increíblemente los medios naturalizaban esta situación. Sobre eso me comprometí”.
El diputado realizó un repaso de denuncias resonantes en los medios que fueron desestimadas. “Ví la persecución a su madre, denunciada por (Elisa) Carrió en una cuestión del Correo y una cooperativa en La Plata, archivada por inexistencia de delito. También la denuncia contra Máximo Kirchner y Nilda Garré, donde le adjudicaban millones de dólares en bancos de Estados Unidos, información que desmintieron finalmente autoridades de ese país".
Sobre el impacto mediático de la persecución judicial que él denuncia, reflexionó: "¿Cuánto fue el daño que se generó a través de los medios más importantes? Con tantas tapas y tantas reproducciones en los canales más vistos, hacen un daño sobre la credibilidad, la persona y la salud".
Asimismo calificó de “provocadora” la actitud del fiscal Diego Luciani y del juez Giménez Uriburu en la causa Vialidad. “Podrá hacerse el piola el presidente del tribunal mostrando el mate con el logo de su equipo de fútbol, pero él sabe que es un bochorno y debe sentir vergüenza cuando sus hijos lo ven así. Un juez debe ser y parecer. Lo que hizo el fiscal Luciani de naturalizar que pueda jugar al fútbol en la quinta de Macri es una papelón".
Valdés agregó que a su juicio “hay una conciencia ciudadana que va creciendo de que esto que están haciendo con Cristina Kirchner, en realidad nos lo están haciendo a todos; es un bochorno de la corporación judicial, que parece más el partido judicial de Los Abrojos”. Y para finalizar, destacó la importancia del esfuerzo en visibilizar lo que consideró una “situación de injusticia”: “Las cosas finalmente salen a la luz, nosotros no nos vamos a rendir, recusaremos, iremos a los tribunales internacionales, denunciaremos ante los pares nuestros de la política regional e internacional. Solo basta en mostrar cómo jugaban juntos al fútbol. Son sus propios compañeros los que circulan esas imágenes porque tienen vergüenza y asco de lo que hacen ellos".
La vicepresidenta participó de una conferencia en Honduras, por motivo de la asunción a la presidencia de Xiomara Castro de Zelaya, y apuntó contra el funcionamiento de la Justicia en la región.
“Ya no hacen falta golpes militares, ahora hay que conseguir jueces educados en comisiones y foros”, expresó este miércoles la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner desde Tegucigalpa, Honduras, donde participó de la conferencia “Los pueblos siempre vuelven”.
El encuentro se enmarca en el ciclo de foros “En camino al inicio del Gobierno solidario y popular", en relación a la llegada de Xiomara Castro de Zelaya a la presidencia de Honduras.
Al comienzo de su discurso, la exmandataria recordó el rol de la OEA, que “en 2009 se ponía al frente para defender democracias en América Latina y no para voltearlas”, recordó.
En tanto, advirtió que todavía “hay machismo en nuestras sociedades y en nuestros propios compañeros”, y pidió apoyo para la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, a quien, dijo, le espera una tarea “doblemente difícil” por ser mujer: “Es muy difícil porque cuando una mujer, además de pintarse, peinarse y ponerse un atuendo, piensa, y se atreve a decirlo en voz alta, se lo perdonan bastante menos que a los hombres”, reflexionó la vicepresidenta.
Por otro lado, la vicepresidenta se refirió a la problemática narco en la región, y dijo que debe combatirse con "trabajo, salud, educación, escuela y progreso" para la sociedad, y advirtió: “El neoliberalismo pugna por el achique del Estado, y los libertarios quieren suprimir el Estado, pero ¿qué pasa, y qué pasó, y qué está pasando en la región cuando se instalan estas doctrinas neoliberales? Aparece el narco”.
Finalmente, Cristina advirtió que hoy se “financian golpes judiciales” de la misma manera que en el Siglo XX se financiaban los golpes militares: “Ya no hacen falta golpes militares, ahora hay que conseguir jueces educados en comisiones y foros”, concluyó.
El informe elaborado por los integrantes kirchneristas de la misma denuncia un plan sistemático de espionaje político ilegal, y reclama investigar y castigar “este arrasamiento que produjo dolor e inseguridad a miles de ciudadanos”.
El Frente de Todos dio a conocer este martes el dictamen final elaborado por integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia, con duros cargos contra la gestión del expresidente Mauricio Macri, a la que le adjudican la responsabilidad de haber espiado de manera ilegal a al menos 307 víctimas directas confirmadas; realizado 43 intervenciones de los servicios de inteligencia en causas penales, circunscribiendo ese proceder detallado solamente en los primeros doce meses del Gobierno de Cambiemos.
“El Estado mafioso”, se titula el documento al que accedió parlamentario.com, en el que los autores anuncian que “la Argentina estuvo y está en peligro”, afirmando que “nuestra democracia enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia: investigar y castigar el aniquilamiento de los derechos de los ciudadanos, la violación de nuestra Constitución Nacional, el ataque contra los fundamentos del Estado de Derecho, la libertad y la paz de los argentinos y la degradación de nuestro sistema político republicano y democrático, al punto de hacerlo retroceder a los períodos más oscuros de nuestra historia”.
En ese sentido consideran “un imperativo legal”, como así también una “obligación política y un compromiso moral” investigar y castigar “este arrasamiento que produjo dolor e inseguridad a miles de ciudadanos”.
Denuncia la Bicameral, en cuyo informe no participaron los miembros de la oposición, que durante el Gobierno de Mauricio Macri “se utilizó el poder del Estado para implantar un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión, al mejor estilo de la práctica mafiosa”. Para los legisladores del Frente de Todos, ese plan “fue diseñado con premeditación y alevosía y en concurso con los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial, avasallaron a cientos de ciudadanos”.
Según el informe, 170 organizaciones políticas, sociales y gremiales fueron espiadas ilegalmente, con al menos 307 víctimas directas confirmadas; hubo 43 intervenciones de los servicios de inteligencia en causas penales solamente en los primeros doce meses del Gobierno de Mauricio Macri, señala el informe, según el cual hubo un objetivo “extorsivo” que se propuso “quebrar emocional, económica y políticamente a las víctimas seleccionadas”.
El informe de la comisión que preside el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau propone crear “un nuevo Nunca Más que dé cuenta del daño institucional, político y social provocado a la República Argentina”. Según el mismo, el espectro alcanzado por el espionaje que habría sido perpetrado por el Gobierno anterior incluye las siguientes supuestas operaciones: Instituto Patria; el ARA San Juan; el Servicio Penitenciario; Pablo Barreiro; Fariña Etchegaray; juez Carzoglio; BrusaDovat-PDVSA; atentado contra José Luis Vila; Pedro Etchebest; dirigentes políticos del Norte argentino; Gas Natural Licuado, y en esas “operaciones” incluyen “la que sufrió la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner”.
El método denunciado es lo que denominan “lawfare o guerra jurídica”, que según el informe consiste en “el ataque contra opositores -reales o potenciales- a través de la manipulación del Poder Judicial -como máscara de legalidad- en perfecta sincronización con los medios de comunicación hegemónicos”.
El informe denuncia acciones concretas tales como “seguimientos y espionaje ilegal a ciudadanos, grabación de comunicaciones telefónicas, recolección de movimientos migratorios, utilización de testigos ‘arrepentidos’ falsamente y bajo presión, entre otras”. Afirman que el objetivo era “armar denuncias, difundirlas en los medios de comunicación y repetirlas hasta el hartazgo, creando así un clima de odio, rencor y revancha que justificara la intervención judicial sin que importaran las pruebas y mucho menos el debido proceso y las demás garantías constitucionales”. Para los denunciantes, se trataba de “lograr una sentencia anticipada construida mediática y judicialmente sin que existiera correlación alguna con la verdad de los hechos”.
Denuncian la creación de “una estructura estatal paralela y clandestina”, que califican como “verdadera organización mafiosa”. El objetivo político central que le atribuyen a esa operación es “borrar o montar una nueva memoria popular sobre el ciclo político que había gobernado la Argentina desde el año 2003 hasta el año 2015”. El informe le apunta a la Agencia Federal de Inteligencia dirigida por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y menciona puntualmente a Facundo Melo, María Mercedes Funes Silva, Leandro César Araque y Jorge Horacio Sáez, quienes se incorporaron en el año 2016 y según el trabajo “fueron parte de la célula que se conocería como los ‘Super Mario Bros’ y que funcionaría en ‘La Cueva’, como ellos mismos llamaban a su central de operaciones”. Al financiamiento de esas operaciones es atribuida la decisión de Mauricio Macri de que los gastos de la AFI volvieran a ser reservados.
El informe denuncia también como modus operandi “la detención preventiva de familiares para negociar su libertad a través de confesiones bajo extorsión”. Citan en ese sentido lo que denominan la “operación Pablo Barreiro”, en referencia a un exsecretario privado de Cristina Kirchner, como muestra de ese accionar, mencionando que en el marco de la causa Cuadernos, el fallecido juez federal Claudio Bonadio ordenó el arresto de Ricardo Barreiro, padre de Pablo. Ahí, según el informe de la bicameral, entró en acción el espía Marcelo D’Alessio y “Barreiro recibió el consejo por parte de D’Alessio de ‘sumarse’ a los ‘arrepentidos’”, afirmando que la participación mediática de esas operaciones fue “una pieza central”.
“En el curso de esta investigación han surgido elementos que vinculan de modo sistemático y orgánico a sectores de otro poder del Estado: el Judicial”, afirma el trabajo, donde se reconoce que el examen del accionar de sus miembros excede las facultades propias de esa comisión bicameral. Por eso es que recomiendan a ambas cámaras la creación de una comisión bicameral que de modo específico examine los vínculos y conductas “que un puñado de jueces, fiscales, camaristas y miembros de la Corte desviaron de las normas constitucionales afectando el Estado de Derecho en sus aspectos más esenciales como lo son la vida pública y privada de los ciudadanos, el principio de inocencia, el debido proceso y la defensa en juicio”.
Tras ser confirmado como nuevo ministro de Justicia, el diputado rionegrino dijo que su principal objetivo será "terminar con lawfare y la mesa judicial".
En sus primeras declaraciones luego de ser confirmado como el nuevo ministro de Justicia, el diputado rionegrino Martín Soria aseguró que entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial "tiene que haber una relación institucional, transparente, de ida y vuelta".
"Uno de nuestros principales objetivos es terminar con el lawfare y la mesa judicial. Pero la relación tiene que ser totalmente institucional, no entre cuatro paredes, de espalda y escondidos de la sociedad", sostuvo este martes.
El legislador, a quien la Cámara baja tendrá que aceptarle la renuncia en la primera sesión que se realice, subrayó que "es un desafío enorme transformar el desastre que hicieron con el Poder Judicial" durante el gobierno de Cambiemos y enfatizó: "Conmigo no van a contar para hacer eso, para recibir a escondidas jueces y fiscales".
Sobre la postura de la oposición, que considera que su llegada a la cartera de Justicia tiene que ver con las causas judiciales que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner, Soria respondió: "El caballito de batalla de siempre es decir 'que van por la impunidad'. Acá no hay ningún cambio de causas ni fiscales. En ninguno de los proyectos que se presentaron (en el Congreso) hasta ahora, no existe la más mínima posibilidad de cambiar los jueces. Además, conociendo a la vicepresidenta es lo que menos querría, esta es la verdad".
“Ella quiere como cualquier ciudadano que no tuvo nada que ver o que es inocente, y que la acusaron mediática, judicial y políticamente, porque eso es el lawfare, que sea la misma Justicia que la libere de culpa y cargo, que es lo que corresponde cuando uno no hizo nada”, expresó.
Y agregó que “diferente es cuando te condenan desde lo medios, te arman una causa, reciben a jueces y fiscales en un despacho del presidente y avanzan. Eso fue la mesa judicial y lo que pasó en Argentina. Por eso la decisión férrea de nuestro Gobierno en avanzar en estos cambios. Por eso la oposición desmesurada, perversa, que no quiere siquiera debatir los proyectos”.
Entrevistado en Radio 10, el exintendente de General Roca consideró que hay que "revertir esta situación de tener un procurador interino (Eduardo Casal) que nadie eligió y que está atornillado a ese sillón". "Tenemos una oposición que parece no estar dispuesta a dar el debate sobre los cambios urgentes que el Poder Judicial necesita", dijo, respecto al rechazo de Juntos por el Cambio a tratar las leyes de reforma judicial y de reforma del Ministerio Público.
Sobre sus denuncias por la "mesa judicial M", el diputado indicó que "no todos los jueces, no todos los fiscales se prestaron a ese juego perverso de sentarse a escondidas en el despacho del presidente Macri, por eso no hay que generalizar". Sin embargo, algunos "se zafaron, se pasaron de la raya y se olvidaron del rol fundamental del servicio de justicia", siguió.
El rionegrino rechazó entonces "barbaridades" que se dicen sobre, por ejemplo, "una cacería de brujas, y que vamos a ir por los pasillos persiguiendo a los jueces y fiscales". "Eso es lo que hicieron ellos, apretar jueces", apuntó y sumó: "Nosotros no vamos a responder con los mismos artilugios que usó el macrismo".
Soria recordó que trabajó durante "muchos años" en Comodoro Py, donde tiene "conocidos, amigos". Y, consultado sobre si cree que le "tienen miedo" en los tribunales de Retiro, contestó: "Anhelo que me tengan el respeto que merecen todos los ciudadanos. Si hay alguna irregularidad, tengo la obligación de mostrarlo y denunciarlo".
El exintegrante de la Corte Suprema pide que la misma esté integrada por referentes en la Justicia y los derechos humanos para desarmar el lawfare.
El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Zaffaroni se mostró muy crítico con relación al funcionamiento de la Justicia en nuestro país y sostuvo que debería existir una comisión por la verdad que funcione en el Congreso Nacional con la presencia de destacados juristas y referentes de Derechos Humanos a nivel mundial.
“El lawfare continúa en actividad, también Comodoro Py”, sostuvo Zaffaroni en una entrevista en El Destape Radio, donde cuestionó la actitud del Poder Ejecutivo en esa materia, al considerar que “es una táctica peligrosa la del Gobierno, me da la sensación que lo está dejando actuar hasta que haya una reacción pública masiva”.
El ex ministro de la Corte Suprema aseguró: “Me da la sensación que los factores reales de poder no están interesados en apresar a Milagro Sala. El interés primordial es garantizar su impunidad. El interés en condenar a los otros es secundario, es para la platea”.
Asimismo cuestionó que la causa de espionaje que tramitaba en Lomas de Zamora y que fue entregada a Comodoro Py donde la investigará el fiscal acusado espionaje Carlos Stornelli. “Llevarse la causa a Comodoro Py es un encubrimiento sin lugar a dudas”, sostuvo.
Durante la nota con El Destape Radio, Zaffaroni advirtió que “no poder solucionar el lawfare nos cuesta encaminar la economía, son cosas que van en línea. No creo que el lawfare sea lo decisivo pero sí que el Poder Judicial mañana le puede hacer lo mismo que en los 30 la suprema corte le hizo a Roosevelt, empieza a declarar inconstitucional las medidas económicas”.
“En el ámbito del Poder Legislativo y parlamentario, para sacarle de encima toda la responsabilidad al Presidente, tendría que componerse una comisión parlamentaria de la verdad y convocar personas que son incuestionables en el país y poner blanco sobre negro”, señaló el magistrado, para agregar luego que “establecer cuales son las características generales del lawfare y sobre la base de esas características hacer una ley de amnistía”.
Por otra parte sostuvo: “A la opinión pública hay que decirle la verdad de alguna manera. no creo que tengamos un pueblo inconsciente. Una comisión de la verdad bicameral y convocando a algunas personas que sean indiscutidas. Pienso en Pérez Esquivel, algunos referentes de la Iglesia. Se puede hacer una ley de amnistia perfilando las características generales del lawfare”.
Fernando Ruiz denunció que ese mecanismo “se ha convertido en un argumento para no dar explicaciones sobre denuncias de corrupción”. La abogada y funcionaria de la Cámara alta le respondió.
La directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, y el titular de FOPEA, Fernando Ruiz, se cruzaron este viernes durante una reunión virtual de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta, convocada por su presidente, Alfredo Luenzo, para debatir sobre la problemática.
La discusión se originó cuando Ruiz sostuvo que “es importante que los dirigentes políticos de nuestro país no incentiven el odio contra periodistas ni fomenten en la ciudadanía el rechazo ni la hostilidad frente al periodismo”.
“Acusar de torturadores, de extorsionadores o de espías a periodistas profesionales que realizan investigaciones sobre corrupción es un mecanismo de intimidación pública que afecta directamente a la libertad de expresión”, denunció.
El titular de FOPEA agregó entonces que el denominado lawfare “se ha convertido en un argumento para no dar explicaciones sobre denuncias de corrupción”.
“Decir lawfare es como decir off side en el fútbol: se suspende la jugada y no hay que prestarle atención a la denuncia que se ha realizado. Por supuesto -concedió- existen las malas praxis periodísticas, pero el argumento del lawfare se usa contra varios de los mejores periodistas del país”.
Ruiz insistió en que “hoy se habla de lawfare para no responder las denuncias” y cuando se lo hace, “se responde ante periodistas que nada saben del tema o que son muy afines”.
Además, señaló que “los periodistas más atacados suelen ser los que más investigan; eso nos hace pensar que son sus aciertos, y no sus errores, lo que hace que sufran persecución política”.
Tiempo después, Peñafort, quien también participaba como invitada en la reunión, pidió la palabra para responderle a Ruiz: “Puedo entender quienes no comparten la crisis del lawfare, pero el lawfare no pretende reemplazar nada. Yo he exigido a medios que me llamen y me pidan las pruebas. No quiero que escriban bien de las causas que yo llevo; quiero que escriban la verdad”.
La abogada recordó a su “cliente y amigo” Héctor Timerman y el fuerte cruce que mantuvo con el periodista Joaquín Morales Solá por una nota titulada “El uso político de una muerte”, la del excanciller.
“Le contesté doblada de dolor, porque lo acababan de enterrar”, recordó, al borde de las lágrimas, y añadió: “No me preocupa que publiquen cualquier cosa, pero por lo menos pregunten”.
“Me preocupa el espionaje y también la falta de sentido crítico respecto de algunas cuestiones que vemos en el periodismo. No me asusta que los periodistas hablen de mi o de mis clientes, lo que me asusta es cuando no han leído o no tienen ni idea de lo que están hablando”, cuestionó Peñafort en la reunión de comisión.
La letrada sostuvo que “los periodistas no son jueces, fiscales ni abogados defensores” y “lo que no pueden es dejar de honrar la verdad”.
En ese sentido, se refirió a las reacciones por la muerte del empresario Fabián Gutiérrez: “Yo puedo pensar que Cristina Fernández de Kirchner es mala, o puedo pensar que es buena, pero lo que no puedo es decir que es una asesina”.
“Hace dos fines de semana tuvimos a periodistas imputándole a la vicepresidenta de la Nación un delito, y lo que es más grave: imputándole al Gobierno encubrir este delito. Una cosa es no tener coincidencias políticas, y otra cosa bien distinta es imputar delitos a una persona sobre la que no había ninguna prueba de que había cometido ese delito”, aseveró.