En el marco de la 21° Feria del libro de la provincia de Formosa, dirigentes de Unión por la Patria presentaron el libro “Objetivo Cristina, el lawfare contra la Democracia en Argentina”, junto a la militancia en la ciudad de Formosa.

El panel estuvo conformado por Eduardo Valdés, diputado nacional y compilador del libro; el ministro de Cultura y Educación de Formosa, Luis Basterra; y Juan Carlos Manoukian, director de Ediciones Ciccus. Participó también la historiadora y escritora Araceli Bellota.

“A Cristina Fernandez de Kirchner le hicieron 365 causas penales, la persona con más causas que le sigue es Juan Perón, con 123. Estas denuncias eran acompañadas por incontables tapas de diarios, minutos de radio y TV con el fin de demonizar su imagen”, señaló Valdés durante el evento.

Sobre el accionar de los jueces sostuvo que “de 13 jueces federales el bolillero casualmente siempre sacó a los mismos, (Julián) Ercolini y (Claudio) Bonadio, que llegó a convocarla a 8 indagatorias el mismo día, que coincidía con el cumpleaños de su marido fallecido. En el día del cumpleaños de su nieta, Bonadio allanó la casa de la expresidenta en Santa Cruz, y a Máximo Kirchner le allanó su casa el día del cumpleaños de su hijo. Bonadio esperaba con crueldad esos sucesos”.

Sobre la Corte sostuvo que “han reabierto esta semana tres causas que estaban cerradas, y en un hecho sin precedentes la Corte Suprema cesó a una jueza, la doctora (Ana María) Figueroa, el mismo día Clarín festeja titulando que se viene una condena a Cristina. Pareciera que nos armaron la agenda electoral judicial desde la cúpula de la Corte. ¿Cómo van a ser imparciales los jueces si ven cómo se manejan los cortesanos?”.

Valdés cerró su participación afirmando que “a Cristina no se la juzga con el Derecho Penal objetivo como a cualquier ciudadano, se le aplica el Derecho Penal del Enemigo”.

Durante su discurso, el ministro Basterra se refirió a la gravedad del intento de atentado a la vicepresidenta. “Todo esto hace que el compromiso militante tenga que redoblarse, porque la historia nos lo reclama, como dice Gildo Insfrán, se definen dos sistemas políticos, uno es la democracia y otro es una dictadura popular, gobernar por DNU, seguir manejando a la justicia y manejar al poder ejecutivo de una forma centralista”.

Al tomar la palabra, Araceli Bellota destacó los 40 años con una observación: “Paradójicamente estamos ante una elección con proscripciones, no permitieron que Cristina fuera candidata, no estamos en una democracia plena”.

Por su parte, Manoukian agradeció la recepción del libro en la provincia de Formosa y señaló que “Objetivo: Cristina. El Lawfare contra la democracia en Argentina” se trata de “una obra colectiva, en la que pueden leerse los textos y discursos de Cristina Fernández de Kirchner, José Luis Rodríguez Zapatero, Rafael Correa, Evo Morales, Baltasar Garzón, Adoración Guzmán y Ernesto Samper, entre otros. Estos mandatarios y especialistas del Derecho apoyaron la inocencia de la vicepresidenta y difundieron esta postura no solo en nuestra región, sino también en Europa y el resto del mundo”.

La presidenta del bloque de Encuentro Federal, Margarita Stolbizer, y la diputada nacional Karina Banfi (UCR- Buenos Aires) le preguntaron a Agustin Rossi sobre una publicación que realizó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con la leyenda “lawfare, una democracia en riesgo”. Ambas legisladoras acusaron al Gobierno de hacer política con fondos del Estado.

En primera instancia, Stolbizer criticó: “No saben gobernar ni gestionar y se entretienen con un panfleto publicitario sobre la condena a la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre una proscripción que no es proscripción”. Además, afirmó que “las pruebas sobre la corrupción de CFK han sido ratificada por varios magistrados”.

Del mismo modo, agregó: “No vengo a defender a la Justicia, pero la falta de confianza tiene que ver cuando no se investiga”. “Es un panfleto incorrecto, ilícito y falto de responsabilidad del manejo de los fondos públicos”, indicó.

De igual manera, la diputada radical Banfi catalogó al panfleto como“un apunte de militancia”, y le pidió al Instituto Patria que se ocupe de investigar sobre los 23 muertos durante el Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio durante la pandemia de coronavirus.

Rossi respondió que “el lawfare es un mecanismo que tiene patas claras establecidas porque primero se estigmatiza a una persona y después se la condena”. Además, agregó: “El poder Judicial en Argentina funciona mal desde que lo maneja el partido judicial que persigue a unos y protege a otros en complicidad de los medios de comunicación”.

Finalmente, recordó los chats filtrados entre el asesor de la Corte, Silvio Robles, y el exministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro “para arreglar fallos”. “Nadie dio disculpas o explicación, están protegidos”, señaló y cerró: “A partir del pedido de juicio político nos enteramos mas cosas como lo de la obra social”.

El diputado nacional Eduardo Valdés (FdT) y el periodista brasileño Leandro Demori, investigador de la causa judicial “Lava Jato” contra Luiz Inacio “Lula” da Silva, compartieron una charla titulada “El uso del sistema penal como lawfare político” en la sede de Casa Patria Grande.

En su exposición, Valdés sostuvo que “la persecución judicial hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es macabra” y pretende “demonizar su figura para que no sea candidata a presidenta y represente a los más humildes de la Argentina”.

Asimismo, el oficialista recordó que “hasta denunciaron a su madre y a todo el grupo familiar”; mientras que destacó que recientemente CFK fue “sobreseída en la causa llamada ‘La ruta del dinero K’ y resulta que no había ningún K implicado”.

Por su parte, en declaraciones a la agencia Télam, Demori explicó que los chats usados como fuente de su investigación, que demostraban las irregularidades de la causa que el juez Sergio Moro encabezó contra el presidente Lula da Silva, no fueron cuestionados por ser “obtenidos de manera legal o ilegal porque la ley brasileña protege muy fuertemente al periodismo en estos casos”.

Esto se resaltó al diferenciar lo que ocurrió en Argentina con la denuncia sobre el caso “Lago Escondido”, del viaje de empresarios y jueces al sur, por el cual la justicia no tomó las conversaciones por ser filtraciones.

Además, Demori aseguró que “al igual que ocurre con la figura de la vicepresidenta argentina, en Brasil primero hubo un asesinato de la reputación de Lula y luego fueron acusando a sus amigos y otros miembros del partido”, lo que terminó por construir una “situación social en aumento para que cuando pusieran a Lula en prisión fuera algo (entre comillas) ‘justificable’ para la población”.

Finalmente, el periodista brasileño expresó que “la característica principal en común entre los dos casos de lawfare” que fueron objeto de debate así como en otros países de Latinoamérica es que “atacan siempre a proyectos políticos populares”.

Valdés consideró, en diálogo con Télam, que “el lawfare ya es una política regional en Latinoamérica que combatimos cuando los dirigentes más representativos de la región se juntan a decir que esto es una injusticia”. “La Justicia hoy en día es un partido político que decide perseguir a los líderes populares”, denunció.

“A ellos les duele ver que juntos visibilizamos todo esto y no bajamos los brazos”, enfatizó el legislador y agregó que pese a la negativa de la vicepresidenta, “hasta el 24 de junio voy a seguir militando para que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata”, ya que si lo fuera “no habría debate sobre si hay o no PASO porque ella sería la candidata de la unidad”, opinó.

Junto a los oradores estuvieron el coordinador general de Núcleo PT, Paulo Pereira, y el director de la Casa Patria Grande, Matías Capeluto.

También se hizo una presentación del libro “Objetivo Cristina: El lawfare contra la democracia en Argentina”, cuyo compilador es el diputado Valdés, en la que pueden leerse los textos y discursos de Cristina Fernández de Kirchner, José Luis Rodríguez Zapatero, Rafael Correa, Evo Morales, Baltasar Garzón, Adoración Guzmán y Ernesto Samper, entre otros.

La publicación es una obra conjunta del Grupo de Puebla, el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), la CELAG, el Instituto Joaquín Herrera Flores y de la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales (ELAG).

Fue en la presentación del libro “Objetivo: Cristina. El Lawfare contra la democracia en Argentina”, que tuvo lugar en la sede del PJ de Tres de Febrero.

Allí estuvieron la senadora nacional Juliana di Tullio y el diputado nacional Eduardo Valdés, quienes se mostraron junto a buena parte de la concurrencia con ruleros, como una respuesta a la frase emblemática de Cristina Fernández de Kirchner respecto de no hacerse los rulos con una eventual candidatura suya.

Entre la audiencia que se hizo presente, sonó de forma reiterada el cántico “CRISTINA PRESIDENTA” durante todo el acto.

“Es un libro para trabajar y militar contra la proscripción de Fernández de Kirchner”, señaló el diputado nacional Eduardo Valdés en el auditorio de la sede partidaria de la Avenida Rodríguez Peña 2184. Valdés señaló “Nos hacemos los rulos. Empezamos la campaña de repartir ruleros”, dijo el diputado mientras sostenía en una de sus manos un maniquí con peluca y ruleros, en alusión a la frase que emitió hace semanas la dos veces Presidenta para referirse a su hipotética candidatura: “No se hagan los rulos”.

Consultado sobre qué actitud tomará la Justicia ante una eventual postulación de la vicepresidenta, en función de la condena de seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos que recibió en el juicio de la causa Vialidad, el legislador afirmó que “los peronistas lucharon siempre contra la proscripción de Juan Perón y hoy contra la de Cristina. Luche y vuelve, es lo mismo”. Valdés, compilador de este trabajo indicó durante el acto -al que acudió una multitud de vecinos y militantes- que a la Vicepresidenta “le hicieron 634 causas” y fue protagonista de “tapas de diario, horas de televisión y radio” con el objetivo de “demonizar la imagen de la mayor representante popular”.

Por su parte, la senadora nacional del FdT Juliana Di Tullio resaltó que el libro “es una construcción colectiva” de distintos juristas internacionales “de enorme prestigio” que se “revelan” y denuncian la “persecución judicial a una dirigente popular”.

La senadora también mencionó la visita que hizo ayer al despacho de la vicepresidenta uno de los sobrevivientes de la masacre de José León Suárez, Juan Carlos Livraga, a quien el periodista Rodolfo Walsh denominó como “el fusilado que vive” en su célebre libro “Operación Masacre”. En este sentido sostuvo: “Cristina también es una fusilada que vive. Me impactó mucho ese reencuentro”, dijo Di Tullio, estableciendo una semejanza entre aquellos hechos y el intento de magnicidio que el 1 de septiembre de 2022 sufrió la vicepresidenta.

Por su parte, José Manuel Ubeira, uno de los abogados de la vicepresidenta, consideró que Cristina es una figura que “siempre le molestó al establishment”. Ubeira sostuvo: “Fernández de Kirchner es el obstáculo que se pone en medio de un plan con el cual se busca excluir a las mayorías”, subrayó. El abogado afirmó que “el libro es un llamado de atención a la sociedad” que pretende decirle “estamos en una situación difícil” porque hay quienes “son capaces de secuestrar o matar a dirigentes populares”.

Al finalizar el acto, el concejal de Tres de Febrero Juan De Bandi sostuvo que el PJ de ese distrito “está con Cristina” y pidió un tercer mandato presidencial de la conductora del FdT. “Para nosotros, el ‘Objetivo: Cristina” es para las elecciones de 2023. Los convoco a trabajar para eso”, subrayó De Bandi ante la militancia presente.

“Objetivo: Cristina. El Lawfare contra la democracia en Argentina” se trata de una obra colectiva, en la que pueden leerse los textos y discursos de Fernández de Kirchner, José Luis Rodríguez Zapatero, Rafael Correa, Evo Morales, Baltasar Garzón, Adoración Guzmán y Ernesto Samper, entre otros.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, finalmente tuvo esa jornada que se había suspendido allá por diciembre pasado, cuando la Selección Argentina acababa de salir campeona del mundo y tuvo que suspenderse el evento programado en el CCK. Este martes finalmente ese evento se hizo y allí la exmandataria estuvo rodeada por excolegas de la región y el resto del mundo, despotricando contra la justicia argentina en particular y el lawfare en general.

Flanqueada por el español José Luis Rodríguez Zapatero y el ecuatoriano Rafael Correa, Cristina Kirchner disparó: “Nos persiguen porque igualamos a la sociedad, porque defendemos el derecho de los trabajadores a participar equitativamente lo que se produce”.

“No me interesa en definitiva si me van a inhabilitar, o si me van a meter presa. Lo que me importa fundamentalmente es que volvamos a reconstruir un Estado democrático y constitucional en el cual las garantías que establece la Constitución no sean cartón pintado. De esto se trata. Volver a construir un país como el que alguna vez tuvimos, porque se puede hacer, porque una vez lo hicimos, y porque lo hizo el peronismo”, proclamó CFK.

Cristina Kirchner cargó durante su discurso duramente contra los medios de comunicación. A su juicio, el lawfare “no se explica sin los medios de comunicación”, porque “las sentencias se escriben en los medios y después un juez o fiscal suscriben.

Cristina expuso este martes por la noche en una actividad del Grupo de Puebla en el Foro Internacional de Derechos Humanos que se lleva a cabo en el CCK, y allí aseguró que la práctica del lawfare ataca la “política que tiene que ver con la distribución del ingreso y con la movilidad social ascendente”.

En otro pasaje admitió que estaba hablando mucho de economía, y lo atribuyó a que todo lo que sufre la Argentina “tiene que ver con lo que pasa en la economía”. Aseguró que el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 marcó “a fuego” y destruyó “el patrón de acumulación” que se había logrado hasta ese momento. Según ella, “el golpe de ’76 es el que marca a fuego y destruye ese patrón de acumulación, que no solamente era económico sino cultural”.

Según ella, lo que nunca se le va a perdonar a los gobiernos “progresistas” no es solamente “la reconstrucción de la economía, sino también lo que pudimos construir en materia de derechos humanos”, especialmente en la Argentina desde el inicio del gobierno de Néstor Kirchner.

Sostuvo que con su esposo comenzó la “reconstrucción de Argentina y la reconstrucción de la Memoria, Verdad y Justicia. (Jorge Rafael) Videla decía que su peor época había llegado con los Kirchner#.

También criticó al Gobierno de Cambiemos, que aseguró que “entregó el país hecho percha en 2019”, cuando había recibido un país en el 2015 “sin deuda”, con “reservas en el Banco Central” y “los salarios reales no estaban rezagados”. Sostuvo que “la nueva oleada de neoliberalismo que empieza en diciembre de 2015 en Argentina, comienza a construir la teoría del ‘se llevaron todo’ y que tuvieron que contraer deuda para pagar la deuda que recibieron. En el 2015 no había deuda, ni de empresas, ni de Estado, ni familias. Tampoco estaba el FMI. Además, había reservas en el Banco Central y los salarios reales no estaban rezagados. Entonces, ¿me quieren decir qué hicieron en cuatro años que entregaron el país hecho percha en 2019”.

En otro pasaje dijo que el lawfare es “lo que el partido militar fue a los gobiernos populares” del siglo XX y sostuvo que hoy en día se aplica a los gobiernos populares, nacionales y democráticos del siglo XXI.

“El lawfare es lo que el partido militar fue a los gobiernos populares del siglo XX, a los gobiernos populares nacionales y democráticos del siglo XXI. Exactamente lo mismo”, remarcó.

Más adelante habló de la necesidad de “recuperar un sistema judicial” para “enfrentar los dramas de nuestro tiempo y volver a construir un país que alguna vez tuvimos, con un Estado democrático y constitucional”.

“Empezar el año hablando claro”, planteó este domingo la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, al tuitear contra la mayor preocupación en estos días del Gobierno nacional: la Corte Suprema de Justicia en general y su presidente en particular.

Allí suma un “documentado análisis” del sitio El Destape Web, y allí ella señala: “Lawfare, partido judicial o sencillamente mafia, el método es uno solo… Y como en toda guerra hay táctica y estrategia”.

“La TÁCTICA: las causas armadas, las condenas y las proscripciones. La ESTRATEGIA apunta al gran y verdadero objetivo, llenar de guita los balances de las corporaciones que controlan lo que cuestan tus alimentos, tus servicios, tus medicamentos y tu alquiler. O sea…”, sugirió la vicepresidenta, para concluir: “La imposición de políticas económicas y de decisiones sobre la vida cotidiana de millones de argentinos por un medio que no son los votos”.

El diputado nacional porteño por el Frente de Todos Eduardo Valdés volvió a insistir con la “persecución judicial” que a su juicio se lleva adelante sobre la vicepresidenta de la Nación y aseveró: “Perón tuvo 120 denuncias, hasta ahora venía con el récord. Cristina Fernández de Kirchner tiene 548 causas, muchas que se han desestimado, pero que durante el proceso hubo gente presa”.

En es marco, el legislador habló de una coincidencia con los líderes populares que fueron denunciados por traición a la Patria, y enumeró: “San Martín, Rosas, Perón y Cristina fueron denunciados por traición a la Patria. En el caso de la vicepresidenta, por el Memorándum de entendimiento con Irán, una causa que se cayó, pero tuvo mucho impacto mediático”, remarcó.

Entrevistado por Juan Amorín en la señal de C5N, Valdés reveló que se encuentra trabajando en un libro y explicó su motivación para relevar las denuncias sobre la ex presidenta. “Mi libro se llama ‘Disparen contra Cristina’. Durante el macrismo acompañé varias veces a Cristina Kirchner a Tribunales, el día que sentí más impotencia fue aquel 25 de febrero, cuando el juez (Claudio) Bonadio la citó a ocho indagatorias el día del cumpleaños de Néstor Kirchner. Increíblemente los medios naturalizaban esta situación. Sobre eso me comprometí”.

El diputado realizó un repaso de denuncias resonantes en los medios que fueron desestimadas. “Ví la persecución a su madre, denunciada por (Elisa) Carrió en una cuestión del Correo y una cooperativa en La Plata, archivada por inexistencia de delito. También la denuncia contra Máximo Kirchner y Nilda Garré, donde le adjudicaban millones de dólares en bancos de Estados Unidos, información que desmintieron finalmente autoridades de ese país”.

Sobre el impacto mediático de la persecución judicial que él denuncia, reflexionó: “¿Cuánto fue el daño que se generó a través de los medios más importantes? Con tantas tapas y tantas reproducciones en los canales más vistos, hacen un daño sobre la credibilidad, la persona y la salud”.

Asimismo calificó de “provocadora” la actitud del fiscal Diego Luciani y del juez Giménez Uriburu en la causa Vialidad. “Podrá hacerse el piola el presidente del tribunal mostrando el mate con el logo de su equipo de fútbol, pero él sabe que es un bochorno y debe sentir vergüenza cuando sus hijos lo ven así. Un juez debe ser y parecer. Lo que hizo el fiscal Luciani de naturalizar que pueda jugar al fútbol en la quinta de Macri es una papelón”.

Valdés agregó que a su juicio “hay una conciencia ciudadana que va creciendo de que esto que están haciendo con Cristina Kirchner, en realidad nos lo están haciendo a todos; es un bochorno de la corporación judicial, que parece más el partido judicial de Los Abrojos”. Y para finalizar, destacó la importancia del esfuerzo en visibilizar lo que consideró una “situación de injusticia”: “Las cosas finalmente salen a la luz, nosotros no nos vamos a rendir, recusaremos, iremos a los tribunales internacionales, denunciaremos ante los pares nuestros de la política regional e internacional. Solo basta en mostrar cómo jugaban juntos al fútbol. Son sus propios compañeros los que circulan esas imágenes porque tienen vergüenza y asco de lo que hacen ellos”.

“Ya no hacen falta golpes militares, ahora hay que conseguir jueces educados en comisiones y foros”, expresó este miércoles la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner desde Tegucigalpa, Honduras, donde participó de la conferencia “Los pueblos siempre vuelven”. 

El encuentro se enmarca en el ciclo de foros “En camino al inicio del Gobierno solidario y popular”, en relación a la llegada de Xiomara Castro de Zelaya a la presidencia de Honduras. 

Al comienzo de su discurso, la exmandataria recordó el rol de la OEA, que “en 2009 se ponía al frente para defender democracias en América Latina y no para voltearlas”, recordó. 

En tanto, advirtió que todavía “hay machismo en nuestras sociedades y en nuestros propios compañeros”, y pidió apoyo para la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, a quien, dijo, le espera una tarea “doblemente difícil” por ser mujer: “Es muy difícil porque cuando una mujer, además de pintarse, peinarse y ponerse un atuendo, piensa, y se atreve a decirlo en voz alta, se lo perdonan bastante menos que a los hombres”, reflexionó la vicepresidenta.

Por otro lado, la vicepresidenta se refirió a la problemática narco en la región, y dijo que debe combatirse con “trabajo, salud, educación, escuela y progreso” para la sociedad, y advirtió: “El neoliberalismo pugna por el achique del Estado, y los libertarios quieren suprimir el Estado, pero ¿qué pasa, y qué pasó, y qué está pasando en la región cuando se instalan estas doctrinas neoliberales? Aparece el narco”. 

Finalmente, Cristina advirtió que hoy se “financian golpes judiciales” de la misma manera que en el Siglo XX se financiaban los golpes militares: “Ya no hacen falta golpes militares, ahora hay que conseguir jueces educados en comisiones y foros”, concluyó. 

El Frente de Todos dio a conocer este martes el dictamen final elaborado por integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia, con duros cargos contra la gestión del expresidente Mauricio Macri, a la que le adjudican la responsabilidad de haber espiado de manera ilegal a al menos 307 víctimas directas confirmadas; realizado 43 intervenciones de los servicios de inteligencia en causas penales, circunscribiendo ese proceder detallado solamente en los primeros doce meses del Gobierno de Cambiemos.

“El Estado mafioso”, se titula el documento al que accedió parlamentario.com, en el que los autores anuncian que “la Argentina estuvo y está en peligro”, afirmando que “nuestra democracia enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia: investigar y castigar el aniquilamiento de los derechos de los ciudadanos, la violación de nuestra Constitución Nacional, el ataque contra los fundamentos del Estado de Derecho, la libertad y la paz de los argentinos y la degradación de nuestro sistema político republicano y democrático, al punto de hacerlo retroceder a los períodos más oscuros de nuestra historia”.

En ese sentido consideran “un imperativo legal”, como así también una “obligación política y un compromiso moral” investigar y castigar “este arrasamiento que produjo dolor e inseguridad a miles de ciudadanos”.

Denuncia la Bicameral, en cuyo informe no participaron los miembros de la oposición, que durante el Gobierno de Mauricio Macri “se utilizó el poder del Estado para implantar un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión, al mejor estilo de la práctica mafiosa”. Para los legisladores del Frente de Todos, ese plan “fue diseñado con premeditación y alevosía y en concurso con los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial, avasallaron a cientos de ciudadanos”.

Según el informe, 170 organizaciones políticas, sociales y gremiales fueron espiadas ilegalmente, con al menos 307 víctimas directas confirmadas; hubo 43 intervenciones de los servicios de inteligencia en causas penales solamente en los primeros doce meses del Gobierno de Mauricio Macri, señala el informe, según el cual hubo un objetivo “extorsivo” que se propuso “quebrar emocional, económica y políticamente a las víctimas seleccionadas”.

El informe de la comisión que preside el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau propone crear “un nuevo Nunca Más que dé cuenta del daño institucional, político y social provocado a la República Argentina”. Según el mismo, el espectro alcanzado por el espionaje que habría sido perpetrado por el Gobierno anterior incluye las siguientes supuestas operaciones: Instituto Patria; el ARA San Juan; el Servicio Penitenciario; Pablo Barreiro; Fariña Etchegaray; juez Carzoglio; BrusaDovat-PDVSA; atentado contra José Luis Vila; Pedro Etchebest; dirigentes políticos del Norte argentino; Gas Natural Licuado, y en esas “operaciones” incluyen “la que sufrió la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner”.

El método denunciado es lo que denominan “lawfare o guerra jurídica”, que según el informe consiste en “el ataque contra opositores -reales o potenciales- a través de la manipulación del Poder Judicial -como máscara de legalidad- en perfecta sincronización con los medios de comunicación hegemónicos”.

El informe denuncia acciones concretas tales como “seguimientos y espionaje ilegal a ciudadanos, grabación de comunicaciones telefónicas, recolección de movimientos migratorios, utilización de testigos ‘arrepentidos’ falsamente y bajo presión, entre otras”. Afirman que el objetivo era “armar denuncias, difundirlas en los medios de comunicación y repetirlas hasta el hartazgo, creando así un clima de odio, rencor y revancha que justificara la intervención judicial sin que importaran las pruebas y mucho menos el debido proceso y las demás garantías constitucionales”. Para los denunciantes, se trataba de “lograr una sentencia anticipada construida mediática y judicialmente sin que existiera correlación alguna con la verdad de los hechos”.

Denuncian la creación de “una estructura estatal paralela y clandestina”, que califican como “verdadera organización mafiosa”. El objetivo político central que le atribuyen a esa operación es “borrar o montar una nueva memoria popular sobre el ciclo político que había gobernado la Argentina desde el año 2003 hasta el año 2015”. El informe le apunta a la Agencia Federal de Inteligencia dirigida por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y menciona puntualmente a Facundo Melo, María Mercedes Funes Silva, Leandro César Araque y Jorge Horacio Sáez, quienes se incorporaron en el año 2016 y según el trabajo “fueron parte de la célula que se conocería como los ‘Super Mario Bros’ y que funcionaría en ‘La Cueva’, como ellos mismos llamaban a su central de operaciones”. Al financiamiento de esas operaciones es atribuida la decisión de Mauricio Macri de que los gastos de la AFI volvieran a ser reservados.

El informe denuncia también como modus operandi “la detención preventiva de familiares para negociar su libertad a través de confesiones bajo extorsión”. Citan en ese sentido lo que denominan la “operación Pablo Barreiro”, en referencia a un exsecretario privado de Cristina Kirchner, como muestra de ese accionar, mencionando que en el marco de la causa Cuadernos, el fallecido juez federal Claudio Bonadio ordenó el arresto de Ricardo Barreiro, padre de Pablo. Ahí, según el informe de la bicameral, entró en acción el espía Marcelo D’Alessio y “Barreiro recibió el consejo por parte de D’Alessio de ‘sumarse’ a los ‘arrepentidos’”, afirmando que la participación mediática de esas operaciones fue “una pieza central”.

“En el curso de esta investigación han surgido elementos que vinculan de modo sistemático y orgánico a sectores de otro poder del Estado: el Judicial”, afirma  el trabajo, donde se reconoce que el examen del accionar de sus miembros excede las facultades propias de esa comisión bicameral. Por eso es que recomiendan a ambas cámaras la creación de una comisión bicameral que de modo específico examine los vínculos y conductas “que un puñado de jueces, fiscales, camaristas y miembros de la Corte desviaron de las normas constitucionales afectando el Estado de Derecho en sus aspectos más esenciales como lo son la vida pública y privada de los ciudadanos, el principio de inocencia, el debido proceso y la defensa en juicio”.

En sus primeras declaraciones luego de ser confirmado como el nuevo ministro de Justicia, el diputado rionegrino Martín Soria aseguró que entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial “tiene que haber una relación institucional, transparente, de ida y vuelta”.

“Uno de nuestros principales objetivos es terminar con el lawfare y la mesa judicial. Pero la relación tiene que ser totalmente institucional, no entre cuatro paredes, de espalda y escondidos de la sociedad”, sostuvo este martes.

El legislador, a quien la Cámara baja tendrá que aceptarle la renuncia en la primera sesión que se realice, subrayó que “es un desafío enorme transformar el desastre que hicieron con el Poder Judicial” durante el gobierno de Cambiemos y enfatizó: “Conmigo no van a contar para hacer eso, para recibir a escondidas jueces y fiscales”.

Sobre la postura de la oposición, que considera que su llegada a la cartera de Justicia tiene que ver con las causas judiciales que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner, Soria respondió: “El caballito de batalla de siempre es decir ‘que van por la impunidad’. Acá no hay ningún cambio de causas ni fiscales. En ninguno de los proyectos que se presentaron (en el Congreso) hasta ahora, no existe la más mínima posibilidad de cambiar los jueces. Además, conociendo a la vicepresidenta es lo que menos querría, esta es la verdad”.

“Ella quiere como cualquier ciudadano que no tuvo nada que ver o que es inocente, y que la acusaron mediática, judicial y políticamente, porque eso es el lawfare, que sea la misma Justicia que la libere de culpa y cargo, que es lo que corresponde cuando uno no hizo nada”, expresó.

Y agregó que “diferente es cuando te condenan desde lo medios, te arman una causa, reciben a jueces y fiscales en un despacho del presidente y avanzan. Eso fue la mesa judicial y lo que pasó en Argentina. Por eso la decisión férrea de nuestro Gobierno en avanzar en estos cambios. Por eso la oposición desmesurada, perversa, que no quiere siquiera debatir los proyectos”.

Entrevistado en Radio 10, el exintendente de General Roca consideró que hay que “revertir esta situación de tener un procurador interino (Eduardo Casal) que nadie eligió y que está atornillado a ese sillón”. “Tenemos una oposición que parece no estar dispuesta a dar el debate sobre los cambios urgentes que el Poder Judicial necesita”, dijo, respecto al rechazo de Juntos por el Cambio a tratar las leyes de reforma judicial y de reforma del Ministerio Público.

Sobre sus denuncias por la “mesa judicial M”, el diputado indicó que “no todos los jueces, no todos los fiscales se prestaron a ese juego perverso de sentarse a escondidas en el despacho del presidente Macri, por eso no hay que generalizar”. Sin embargo, algunos “se zafaron, se pasaron de la raya y se olvidaron del rol fundamental del servicio de justicia”, siguió.

El rionegrino rechazó entonces “barbaridades” que se dicen sobre, por ejemplo, “una cacería de brujas, y que vamos a ir por los pasillos persiguiendo a los jueces y fiscales”. “Eso es lo que hicieron ellos, apretar jueces”, apuntó y sumó: “Nosotros no vamos a responder con los mismos artilugios que usó el macrismo”.

Soria recordó que trabajó durante “muchos años” en Comodoro Py, donde tiene “conocidos, amigos”. Y, consultado sobre si cree que le “tienen miedo” en los tribunales de Retiro, contestó: “Anhelo que me tengan el respeto que merecen todos los ciudadanos. Si hay alguna irregularidad, tengo la obligación de mostrarlo y denunciarlo”.

El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Zaffaroni se mostró muy crítico con relación al funcionamiento de la Justicia en nuestro país y sostuvo que debería existir una comisión por la verdad que funcione en el Congreso Nacional con la presencia de destacados juristas y referentes de Derechos Humanos a nivel mundial.

“El lawfare continúa en actividad, también Comodoro Py”, sostuvo Zaffaroni en una entrevista en El Destape Radio, donde cuestionó la actitud del Poder Ejecutivo en esa materia, al considerar que “es una táctica peligrosa la del Gobierno, me da la sensación que lo está dejando actuar hasta que haya una reacción pública masiva”.

El ex ministro de la Corte Suprema aseguró: “Me da la sensación que los factores reales de poder no están interesados en apresar a Milagro Sala. El interés primordial es garantizar su impunidad. El interés en condenar a los otros es secundario, es para la platea”.

Asimismo cuestionó que la causa de espionaje que tramitaba en Lomas de Zamora y que fue entregada a Comodoro Py donde la investigará el fiscal acusado espionaje Carlos Stornelli.  “Llevarse la causa a Comodoro Py es un encubrimiento sin lugar a dudas”, sostuvo.

Durante la nota con El Destape Radio, Zaffaroni advirtió que “no poder solucionar el lawfare nos cuesta encaminar la economía, son cosas que van en línea. No creo que el lawfare sea lo decisivo pero sí que el Poder Judicial mañana le puede hacer lo mismo que en los 30 la suprema corte le hizo a Roosevelt, empieza a declarar inconstitucional las medidas económicas”.

“En el ámbito del Poder Legislativo y parlamentario, para sacarle de encima toda la responsabilidad al Presidente, tendría que componerse una comisión parlamentaria de la verdad y convocar personas que son incuestionables en el país y poner blanco sobre negro”, señaló el magistrado, para agregar luego que “establecer cuales son las características generales del lawfare y sobre la base de esas características hacer una ley de amnistía”.

Por otra parte sostuvo: “A la opinión pública hay que decirle la verdad de alguna manera. no creo que tengamos un pueblo inconsciente. Una comisión de la verdad bicameral y convocando a algunas personas que sean indiscutidas. Pienso en Pérez Esquivel, algunos referentes de la Iglesia. Se puede hacer una ley de amnistia perfilando las características generales del lawfare”.

La directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, y el titular de FOPEA, Fernando Ruiz, se cruzaron este viernes durante una reunión virtual de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta, convocada por su presidente, Alfredo Luenzo, para debatir sobre la problemática.

La discusión se originó cuando Ruiz sostuvo que “es importante que los dirigentes políticos de nuestro país no incentiven el odio contra periodistas ni fomenten en la ciudadanía el rechazo ni la hostilidad frente al periodismo”.

“Acusar de torturadores, de extorsionadores o de espías a periodistas profesionales que realizan investigaciones sobre corrupción es un mecanismo de intimidación pública que afecta directamente a la libertad de expresión”, denunció.

El titular de FOPEA agregó entonces que el denominado lawfare “se ha convertido en un argumento para no dar explicaciones sobre denuncias de corrupción”.

“Decir lawfare es como decir off side en el fútbol: se suspende la jugada y no hay que prestarle atención a la denuncia que se ha realizado. Por supuesto -concedió- existen las malas praxis periodísticas, pero el argumento del lawfare se usa contra varios de los mejores periodistas del país”.

Ruiz insistió en que “hoy se habla de lawfare para no responder las denuncias” y cuando se lo hace, “se responde ante periodistas que nada saben del tema o que son muy afines”.

Además, señaló que “los periodistas más atacados suelen ser los que más investigan; eso nos hace pensar que son sus aciertos, y no sus errores, lo que hace que sufran persecución política”.

Tiempo después, Peñafort, quien también participaba como invitada en la reunión, pidió la palabra para responderle a Ruiz: “Puedo entender quienes no comparten la crisis del lawfare, pero el lawfare no pretende reemplazar nada. Yo he exigido a medios que me llamen y me pidan las pruebas. No quiero que escriban bien de las causas que yo llevo; quiero que escriban la verdad”.

La abogada recordó a su “cliente y amigo” Héctor Timerman y el fuerte cruce que mantuvo con el periodista Joaquín Morales Solá por una nota titulada “El uso político de una muerte”, la del excanciller.

“Le contesté doblada de dolor, porque lo acababan de enterrar”, recordó, al borde de las lágrimas, y añadió: “No me preocupa que publiquen cualquier cosa, pero por lo menos pregunten”.

El descargo de Graciana

“Me preocupa el espionaje y también la falta de sentido crítico respecto de algunas cuestiones que vemos en el periodismo. No me asusta que los periodistas hablen de mi o de mis clientes, lo que me asusta es cuando no han leído o no tienen ni idea de lo que están hablando”, cuestionó Peñafort en la reunión de comisión.

La letrada sostuvo que “los periodistas no son jueces, fiscales ni abogados defensores” y “lo que no pueden es dejar de honrar la verdad”.

En ese sentido, se refirió a las reacciones por la muerte del empresario Fabián Gutiérrez: “Yo puedo pensar que Cristina Fernández de Kirchner es mala, o puedo pensar que es buena, pero lo que no puedo es decir que es una asesina”.

“Hace dos fines de semana tuvimos a periodistas imputándole a la vicepresidenta de la Nación un delito, y lo que es más grave: imputándole al Gobierno encubrir este delito. Una cosa es no tener coincidencias políticas, y otra cosa bien distinta es imputar delitos a una persona sobre la que no había ninguna prueba de que había cometido ese delito”, aseveró.