Los senadores radicales impulsan un proyecto de ley para modificar el artículo 30 de la Ley Orgánica de los partidos políticos y agrupaciones municipales.
Este proyecto propone a través de la modificación de la Ley Orgánica de los partidos políticos y agrupaciones municipales incorporar la prohibición de presentarse a cargos electivos a todas aquellas personas que tengan una condena, quienes que hayan cometido delitos contra la Administración Pública, el orden Económico y Financiero y ciertos delitos contra la Vida, la Integridad Sexual, el Estado Civil y contra la Libertad, previstos en el Código Penal de la Nación.
Esta iniciativa fue presentada por los senadores radicales que integran JxC: Leandro Blanco, Alejandro Celillo, Flavia Delmonte, David Hirtz, Agustín Maspoli y Emiliano Reparaz.
Se trata, en definitiva, según detallaron de “da respuesta a los reclamos de la sociedad”, a través del diseño de políticas que permitan brindar transparencia a la selección de candidatos, institucionalizando por medio de la cristalización de normas un piso mínimo de referencia sobre las personas que pueden ser elegidas y no sólo mantenernos en la denuncia de situaciones éticamente reprobables.
La particularidad del proyecto de Ley es que busca que sean los partidos políticos, agrupaciones municipales, federaciones, las alianzas transitorias constituidas a los fines de participar en elecciones primarias, así como en elecciones generales, las que modifiquen sus cartas orgánicas, actas constitutivas y reglamentos para garantizar que aquellas personas que pretendan postularse a cargos públicos electivos no se encuentren alcanzadas por los supuestos establecidos por la norma.
El desencuentro de las bancadas en la Comisión de Legislación General no impidió que los senadores opositores hagan su propio dictamen de mayoría.
“Para nuestro espacio es prioritario tener una ley que garantice el acompañamiento de las víctimas en la provincia de Buenos Aires”, dijo el vicepresidente de la Comisión de Legislación General del Senado bonaerense y miembro de la bancada de senadores JxC, Leandro Blanco.
Y acusó: “quedó plasmada en la reunión de Legislación General la actitud dilatoria y antidemocrática de los representantes del Frente de Todos, que intentaron de forma intempestiva bloquear el tratamiento del proyecto” de Ley sobre los derechos de las víctimas en los procesos penales.
Para el legislador chivilcoyano, los legisladores del oficialismo pretendían “ignorar la moción votada por unanimidad en la sesión plenaria del 6 de agosto para que el proyecto sea tratado hoy en la comisión”.
No obstante, el legislador opositor consideró “importante haber generado un ámbito tanto en la comisión de Seguridad y Derechos Humanos, como en la de Legislación General, para que expongan familiares de víctimas, asociaciones civiles, juristas, integrantes del Poder Ejecutivo y Judicial, muchos de ellos propuestos por el oficialismo, cuyos valiosos aportes y sugerencias fueron tenidos en cuenta para elaborar el proyecto”.
El despacho de mayoría que finalmente se votó en tres Comisiones y que puede llegar a ser tratado por los senadores en la próxima sesión pretende “garantizar y asegurar; a las personas humanas y/o jurídicas que individual o colectivamente fueran víctimas de presuntos hechos ilícitos que originen un proceso penal; el asesoramiento, asistencia jurídica, representación en el proceso y protección personal en todas las etapas procesales del mismo, en caso de petición expresa”.
A su vez, se busca establecer y promover políticas públicas tendientes a empoderar a las víctimas en el ejercicio efectivo de sus derechos, evitando la revictimización y asegurando un acompañamiento efectivo durante el proceso, y posterior al mismo.
Entre los objetivos del proyecto d Ley se encuentra la creación de centros de protección a las víctimas, asesoramiento psicológico y el nombramiento de un abogado de manera gratuita.
Además, los familiares deberán ser informados sobre el avance de las causas y podrán participar en la formación de las pruebas y en la ejecución penal, y ya no sólo en el juicio oral.
“Cabe destacar que el intercambio generado tanto en la comisión de Seguridad conjunta con Derechos Humanos como así también en Legislación General con las ONGs de familiares de víctimas, han sido de gran aporte para efectuar las modificaciones pertinentes que permitieron llegar a un mejor dictamen”, dijo el senador Blanco.
Se detalló que, entre otras organizaciones de víctimas, participaron Usina de Justicia, “Familias con fuerza” víctimas de delitos de tránsito, ONG víctimas de delito de tránsito de Mar del Plata y el Observatorio de Víctimas del Congreso de la Nación.
“No obstante lo expuesto, consideramos que las víctimas no pueden seguir esperando, por eso avanzamos y decidimos aprobar este proyecto”, concluyó el vicepresidente de la Comisión interviniente y miembro de la bancada opositora, el radical Leandro Blanco.
En la Cámara alta provincial se puso en consideración para su eventual sanción una iniciativa que crea un programa de protección al personal de la salud ante la pandemia de COVID-19.
La acción legislativa es alentada por las reiteradas denuncias de los profesionales de la salud sobre sus condiciones de trabajo y, en particular, por los recientes sucesos en el Hospital Fiorito de Avellaneda
Allí, se realizó una protesta para exigir, entre otras demandas, equipos de protección adecuados y suficientes durante las últimas horas. Además, se denunció que hubo 3 brotes de COVID-19 entre el personal de Salud de dicho nosocomio.
El referente gremial de la Seccional Fiorito, Aníbal Aristizábal, puntualizó que los nuevos casos aparecieron “uno en el sector de Guardia de pacientes no COVID-19, otro en Gastroenterología y en la actualidad hay un brote entre el personal de la Maternidad con 6 profesionales positivos y 2 en estudio”.
En ese sentido, el senador opositor de Juntos por el Cambio Leandro Blanco presentó un proyecto para que la provincia adhiera a la Ley Nacional N° 27.548 que establece la creación del programa de protección al personal de la salud ante la pandemia de COVID-19.
Este programa tiene como objetivo principal la prevención del contagio de Covid-19 entre el personal de salud que trabaje en establecimientos de salud de gestión pública o privada, y entre los trabajadores y voluntarios que presten servicios esenciales durante la emergencia sanitaria.
El autor el proyecto, Leandro Blanco manifestó que “resulta de una importancia trascendental la adhesión de la provincia a la Ley Nacional teniendo en cuenta el constante reclamo de los profesionales de la salud en relación a los equipos de protección personal y su necesaria provisión en cantidad y calidad para el resguardo de su integridad física”.
Cabe recordar que la ley nacional aprobada en el Senado de la Nación el 21 de mayo, es conocida como "Ley Silvio" en conmemoración a Silvio Cufré, el primer trabajador de la salud víctima del coronavirus en provincia de Buenos Aires.
