Arranca el debate por la reducción de la jornada laboral

La Comisión de Legislación del Trabajo convocó a una reunión informativa para la semana que viene, donde expondrán representantes gremiales. El temario incluyó 7 iniciativas del FdT, la izquierda y el socialismo.

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, presidida por Vanesa Siley (FdT), convocó a una reunión informativa para este martes 26 de septiembre a las 13 en la Sala 1 del segundo piso para iniciar el debate sobre la reducción de la jornada de trabajo.

Las iniciativas contempladas en el temario incluyen a cinco del Frente de Todos, impulsadas por Hugo Yasky, Claudia Ormachea, Eduardo Valdés, Mónica Litza y Sergio Palazzo, uno del Frente de Izquierda, presentado por Nicolás Del Caño, y uno más del diputado Enrique Estévez del bloque Socialista.  

La iniciativa presentada por la diputada oficialista Claudia Ormachea establece que la jornada de trabajo sea de seis horas diarias o 30 semanales, mientras que la del líder de la CTA, Hugo Yasky, quien había anunciado el 11 de septiembre que comenzaría el debate, propone que no se exceda de las ocho horas diarias o los cuarenta semanales sin disminución del salario que los trabajadores estén percibiendo en el momento en que se reduzca la duración del trabajo.

Por su parte, el referente del sindicato bancario y diputado nacional Sergio Palazzo propone que la jornada laboral tenga un máximo de ocho horas diarias, pero que no exceda los cuatros días a la semana.

Al igual que el proyecto de Ormachea, las propuestas de Valdés y Del Caño proponen un máximo de seis horas diarias y 30 semanales. Por otro lado, El socialista Enrique Estévez y Mónica Litza propusieron que la jornada laboral no exceda las 36 horas semanales.

Quedó listo para su tratamiento en el recinto el proyecto que impulsa la creación de Comités Mixtos en espacios de trabajo 

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja otorgó dictamen al proyecto que prevé la creación de comités de formación en materia preventiva. Además, se alcanzó dictamen sobre el proyecto de Régimen Previsional Diferencial para Brigadistas.

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja, presidida por la diputada Vanesa Siley, otorgó dictamen al proyecto de ley que establece la creación de Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo, en establecimientos o empresas, públicas y privadas donde trabajen 50 personas o más.  

El proyecto, que sigue lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo, prevé la creación de Comités Mixtos, con facultades paritarias, para elaborar planes de formación en materia preventiva e implementar medidas para evitar los accidentes y afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable. 

La creación de ese comité será obligatoria en los lugares de trabajo, cuando allí se desempeñen 100 o más trabajadores, el cual estará formado, como mínimo, por 2 representantes de los trabajadores, y por el empleador en igual número. 

El proyecto señala que en las empresas en las que se desempeñen más de 500 trabajadores y/o trabajadoras se duplicará el número de integrantes. Y En aquellos lugares en los que se desempeñen más de 10 trabajadores y menos de 100, “el delegado o la delegada del personal tendrá facultades para participar en todas las iniciativas de prevención, efectuar planteos concernientes a ésta y para actuar en todos los temas referidos a la seguridad y la salud en el trabajo”. 

Al respecto, la diputada del Frente de Todos y autora de uno de los proyectos sobre Comité Mixtos, Blanca Inés Osuna señaló que se trata de una “iniciativa que tuvo denso tratamiento con la participación de distintos actores y actoras involucrados en la contención concreta de la seguridad de quienes se desempeñan en los lugares de trabajo”, y agregó: “La propuesta refleja acabadamente el esfuerzo y compromiso que cada uno ha puesto sobre este tema”. 

Por su parte, el diputado radical Fabio Quetglas explicó por qué presentaron un dictamen de rechazo: “La salud y la seguridad de los trabajadores es un resaltado que en general no es un procedimiento burocrático, si no que los mejores protocoles adentro de las empresas es ir creando una cultura. Y en ese sentido no tenemos una perspectiva burocrática de la defensa de la salud y la seguridad”, señaló.  

Además, se manifestó contra “el sentido de la oportunidad”, del proyecto: “Por supuesto los temas de seguridad y de salubridad siempre son urgentes e importantes, pero la agenda del trabajo en la Argentina, donde se está viviendo una verdadera catástrofe en materia laboral, sobre todo a la luz de la tasa de actividad. Nosotros creemos que ese debe ser el objetivo central de esta comisión”. 

A su turno, el diputado del Frente de Todos Hugo Yasky indicó que “es un proyecto que básicamente lo que plantea es mejorar las condiciones de seguridad y de salud, y de reducir la siniestra. Esto genera beneficios para, tanto el sector de los trabajadores, como para el sector empleador. No exime responsabilidades a la ART”, en este sentido, agregó que la iniciativa “ha generado una amplia adhesión de las centrales sindicales y empresarias. Hemos contado con el aporte de laboralistas, de médicos especialistas en el tema de salud laboral”. 

El diputado por el socialismo Enrique Estévez recordó que su partido, en su larga historia, “ha sido impulsor de mucha materia de legislación vinculada a la defensa de los derechos de los trabajadores. Para nosotros es muy importante”, y advirtió necesario “apuntar a la posibilidad de la creación de estas instancias, fundamentalmente porque creemos que no podemos construir políticas públicas que tengan que ver con la defensa de un derecho tan importante como es el de la salud, sin que puedan participar en el diseño de esas decisiones los principales interesados, en este caso trabajadores y empleadores”. 

A su turno, el diputado por Evolución Radical Martin Tetaz señaló la necesidad de “contar con evidencia científica” antes de avanzar con proyecto como estos: “No hay ninguna evidencia a favor de los Comités Mixtos desde el punto de vista cuantitativo, por lo tanto, no vamos a acompañar el dictamen de mayoría”, consideró. 

De todas formar, reiteró que “en líneas generales esta es la línea que nos gustaría insistir en otros proyectos que pasen por acá, que tratemos de empezar a tomar decisiones basados en evidencia científica y datos. Sería muy bueno saber cuál es la contribución de la institución que estamos creando a la reducción de la accidentología, si es que existiera, porque eso nos ayudaría a compensar y tomar una decisión adecuada”. 

Finalmente, el diputado sindicalista Sergio Palazzo consideró “muy importante”, que “después de la pandemia, y atendiendo compromisos internacionales que asume el país cuando suscribe convenios con la OIT hoy estemos dando este debate. Hay un vacío legal entre propios trabajadores que nosotros tenemos que cubrir”. 

Por esto, señaló que “si nosotros invirtiéramos en la prevención del accidente, podríamos estar destinando un montón de dinero al funcionamiento de la economía, que hoy se lleva el 4% en accidentes de trabajo”. 

“A lo largo del año, el debate del proyecto en comisión convocó a distintos referentes del movimiento sindical, empresarios, empresarias, abogados laboralistas y expertos en la materia que dieron testimonio de experiencias reales en distintas fábricas y ámbitos laborales”, concluyó 

Por otra parte, la comisión también alcanzó dictamen sobre el proyecto de Régimen Previsional Diferencial para Brigadistas, régimen que reconoce la labor de los trabajadores como una tarea de riesgo; debido a la dificultad de trabajar expuestos a la presencia de fuego, gases tóxicos, y condiciones climáticas difíciles, y la exposición a problemas de salud graves tanto físicos como psicológicos. 

El proyecto viene con media sanción del Senado y dictamen de la Comisión de Seguridad Social, y apunta a reconocer una jubilación diferenciada, de 50 años para las mujeres y 57 para los varones, donde se reconozcan 25 años de aporte, de los cuales 15 deben acreditar haber complicado las tareas que tienen que ver fundamentalmente con el combate y la supresión de incendios forestales o rurales, la participación en situaciones de emergencia y la intervención en operativos de búsqueda y rescate, participar en actividades de concientización en la sociedad, entre otras. 

Al respecto, la diputada Marisa Uceda señaló: “Avanzar en este proyecto, que es reconocer su derecho a una jubilación anticipada, no por capricho como decía uno de los compañeros en la comisión, si no por necesidad, sería un gesto que esta cámara debería tener con este colectivo de trabajadores que ven dañadas su salud y mitigado la integralidad de su desarrollo físico, producto de esta tarea, que a nadie se le escapa lo que impacta en el cuerpo de los trabajadores”.  

Siley tiene Covid y es la quinta diputada contagiada en una semana

La diputada no podrá participar de forma presencial en la sesión que se celebrará la semana próxima para tratar el proyecto de Ganancias.

La diputada del Frente de Todos Vanesa Siley contrajo coronavirus y se convirtió así en la quinta legisladora contagiada esta semana.

“Recién me confirmaron el resultado positivo de Covid. Estoy bien, por el momento con síntomas leves”, informó en su cuenta de Twitter, y agregó: “Es muy importante que sigamos cuidándonos. La pandemia no terminó”.

En consecuencia, la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo no podrá participar en forma presencial de la sesión que se celebrará la semana próxima para tratar el proyecto que modifica el impuesto a las Ganancias.

Siley es la quinta diputada en contagiarse esta semana después de Carolina Gaillard, Nicolás Rodríguez Saá, Mara Brawer -los tres del Frente de Todos- y Ezequiel Fernández Langan, del Pro.

El proyecto de cambios en Ganancias recibió dictamen y se vota la semana próxima en Diputados

Juntos por el Cambio acompañó al oficialismo, aunque presentó disidencias. Fuerte defensa de diputados de extracción sindical. La iniciativa se aprobaría el próximo martes en el recinto.

Por Carolina Ramos

Con apoyo parcial de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos consiguió darle dictamen favorable al proyecto de ley que eleva a 150.000 pesos brutos el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias para que 1.267.000 trabajadores y jubilados dejen de estar alcanzados por el tributo.

El dictamen recibió 59 firmas, aunque la cifra crecerá dado que algunos diputados que se retiraron de la reunión para participar de la presentación del libro del expresidente Mauricio Macri sumarán sus adhesiones en las próximas horas.

El debate, donde predominaron los discursos oficialistas, tuvo lugar en una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, presididas por Carlos Heller y Vanesa Siley.

El proyecto encabezado por el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, quedó en condiciones de ser tratado en el recinto la semana próxima en la primera sesión del período ordinario, que sería convocada para el martes, según fuentes parlamentarias.

El debate

“Hay un montón de cosas para trabajar en modificaciones de fondo, pero lo que estamos haciendo es volver al nivel histórico de trabajadores alcanzados, que estaba en un 10%, 12% y que llegó al 25% en la actualidad. Con esta ley alcanzaría solo al 7% de los trabajadores registrados y al 2,4% de los jubilados”, destacó Heller.

El diputado precisó que según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, dado a conocer este miércoles, el costo fiscal total de la ley será de cerca de 47.600 millones de pesos, sin contar las modificaciones consensuadas en las últimas horas (Ver abajo).

Para acceder al informe completo de la Oficina de Presupuesto del Congreso, haga click aquí.

El radical Luis Pastori anticipó el acompañamiento de Juntos por el Cambio aunque planteó disidencias, como la necesidad de actualizar las deducciones por intereses de créditos hipotecarios; incorporar la deducción de gastos educativos; y actualizar las escalas mediante el índice de inflación (IPC) y no el de variación salarial (RIPTE).

“Estamos de acuerdo con el objetivo que pretende este proyecto, que es alivianar el bolsillo de muchos trabajadores que hoy pagan Ganancias, pero no es el diseño correcto. Ganancias es el impuesto más progresivo y redistributivo del sistema argentino, y con tantos parches a lo largo de los años ha perdido esa progresividad, y con esto la perderá más aun”, advirtió Pastori.

En ese sentido, aseguró que “se desnaturaliza el impuesto” porque “discrimina a los trabajadores autónomos”, que no están contemplados y que tributan a partir de 42.000 pesos mensuales, contra el piso de 150.000 que regirá para los trabajadores en relación de dependencia.

Por otra parte, el radical aclaró que “no se aumenta el mínimo no imponible, sino que se crea una deducción especial para una determinada franja de trabajadores, por la cual el trabajador pasa a una gravabilidad plena”, y se delegan “amplias facultades” en el Poder Ejecutivo “para que el salto no perjudique al que gana entre 150.000 y 173.000 y termine cobrando menos que el que está en una escala inferior”.

Por último, advirtió que como Ganancias es un impuesto de ejercicio anual, si el trabajador aumenta sus ingresos a mitad de año producto de una negociación colectiva y al 31 de diciembre su promedio salarial anual supera el piso de 150.000 pesos, pasará a tributar Ganancias.

Otro integrante de la UCR, Alejandro Cacace, reclamó eximir a los jubilados en función de varios fallos judiciales y reforzó el pedido de Pastori para actualizar las escalas mediante el IPC. “Si el salario aumenta pero la inflación aumenta más, el poder de compra de ese trabajador va a caer y sin embargo va a seguir pagando el impuesto de la misma manera, y eso no está bien”, consideró.

Heller respondió que “si los salarios perdieran frente a la inflación, el ajuste por RIPTE no alteraría lo que pagaría de impuestos. Ese salario le valdría menos, no por el impuesto, sino porque perdió frente a los precios. Yo confío plenamente en las políticas del Gobierno que ha planteado como objetivo que los salarios no pierdan contra la inflación”.

El lavagnista Jorge Sarghini, que intervino a pesar de no integrar las comisiones, opinó que “es una modificación distorsiva del impuesto que mejora la situación de un número todavía indeterminado de trabajadores”, que surgirá “del resultado de las paritarias y de las declaraciones juradas”.

“Seguimos distorsionando el impuesto y le quitamos ese valor central que tiene, que es la progresividad. Estamos llegando a un punto donde están los que no pagan y los que pagan, y los que pagan lo hacen con una alícuota muy alta”, alertó el bonaerense.

Además, planteó que “estamos dejando afuera a los sectores que no pagan Ganancias porque su nivel de ingreso no llega al mínimo no imponible; más de la mitad de los trabajadores formales no llegan, porque el salario promedio previo a estas paritarias es de 70.000 pesos”.

Desde el oficialismo, el diputado y secretario general de la CTA Hugo Yasky destacó que “todas las centrales sindicales de Argentina y todos los sindicatos que las integran hay apoyado con convicción el proyecto, y esto habla de un consenso altísimo entre sindicatos que tienen diferentes niveles de ingresos”.

“Si entre ser pobre y tributar Ganancias hay 20.000 pesos de diferencia, evidentemente hay una enorme distorsión, que se produjo fundamentalmente durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, en los que los asalariados perdimos 20 puntos”, sumado a que “hubo un proceso inflacionario que con el correr de los años terminó en una espiral descontrolada y se triplicó el número de trabajadores que pagan Ganancias”, describió Yasky.

Si bien reconoció que algunos pedidos de sindicatos quedaron en el camino y pidió a Sergio Massa, titular de la Cámara baja, evaluar la posibilidad de incorporarlos, sostuvo que “es mejor lograr lo bueno que quedarnos sin nada pensando en lo perfecto”.

Los diputados de extracción sindical María Rosa Martínez (Federación Gráfica Bonaerense), Pablo Carro (CTA Córdoba), Patricia Mounier (SADOP Santa Fe), Walter Correa (Federación del Cuero-Obreros Curtidores) y Facundo Moyano también sumaron sus voces a favor de la iniciativa y cargaron contra la gestión anterior.

“Juntos por el Cambio no tiene autoridad moral para hacer ciertas críticas”, lanzó Moyano, al recordar que en esos cuatro años “no solo se duplicó la cantidad de trabajadores que pagan Ganancias, estando la promesa de que no iban a pagarlo, sino que en la medida en que fueron creciendo los trabajadores dentro del tributo, se perdió un 20% del poder adquisitivo”.

Cerca del final del debate, el titular del PJ, José Luis Gioja, coincidió en que “no nos pueden criticar tratando de sacar más cosas quienes prometieron y no cumplieron”. Y finalizó con una ironía sobre la presentación del libro de Macri: “Creo que hay un evento literario o algo así en el día de hoy en la Capital Federal… espero que (los diputados de Juntos por el Cambio) no estén allí porque no van a prender mucho”.

Las últimas modificaciones

Al inicio de la reunión, Heller confirmó que el proyecto incorporará nuevos beneficios por gastos de guardería, hijos con discapacidad y horas extra trabajadas.

En primer lugar, se eximirá del impuesto al reintegro por gastos de guardería para los hijos de hasta tres años, con un tope de hasta el equivalente al 40% de la ganancia no imponible -67.000 pesos al año, es decir 5.590 pesos mensuales-.

Asimismo, se aumentará la deducción por hijo con discapacidad hasta los 18 años. En este punto, el radical Ricardo Buryaile -padre de un hijo en esa condición-  pidió que no haya un límite etario: “No importa la edad; los padres tenemos que asumir todos los costos independientemente de la edad”, dijo, y Heller se comprometió a evaluarlo.

Finalmente, se prorrogará hasta el 30 de septiembre de este año la exención de las horas extras y guardias -activas o pasivas- del personal de salud debido a la pandemia del Covid-19.

Anteriormente, el proyecto original había incorporado otras mejoras: se estableció que el beneficio será retroactivo al 1ro. de enero y que el aguinaldo quedará exento del pago de Ganancias.

Se agregó también la deducción del concubino -actualmente se permite solo el cónyuge- y se mantuvo el diferencial del 22% que perciben los trabajadores de la Patagonia en concepto de zona desfavorable.

Asimismo, se habilitó que los jubilados que perciban ingresos distintos al haber jubilatorio, como por ejemplo una renta de alquiler o intereses de un plazo fijo, podrán acceder igualmente al beneficio de la deducción de Ganancias, que pasa de seis a ocho haberes mínimos.

El proyecto de Ganancias suma beneficios por gastos de guardería, hijos con discapacidad y horas extra

La iniciativa tendrá dictamen este jueves en el plenario de comisiones. Sergio Massa acordó nuevas modificaciones que serán incorporadas. Cuáles son.

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El proyecto que eleva el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias sumará nuevos beneficios por gastos de guardería, hijos con discapacidad y horas extra, según acordó el presidente de la Cámara de Diputados y autor de la iniciativa, Sergio Massa.

En la previa del plenario de comisiones donde se firmará el dictamen, Massa anunció, a través de sus voceros, que el texto sufrirá más modificaciones en función de algunos de los pedidos que habían sido formulados por el movimiento obrero y diputados de extracción sindical.

En primer lugar, se establecerá que no pagará el impuesto a las Ganancias el reintegro por gastos de guardería para los hijos de hasta tres años. Será con un tope de hasta el límite equivalente al 40% de la ganancia no imponible -67.000 pesos al año, es decir 5.590 pesos mensuales, según los cálculos del equipo técnico del massismo-.

Asimismo, se duplicará la deducción por hijo con discapacidad, que actualmente es de 78.833 pesos al año.

Finalmente, se prorrogará la exención de las horas extras y guardias -activas o pasivas- del personal de salud debido a la pandemia del Covid-19.

Esa exención había sido aprobada en mayo del año pasado a través de la Ley 27.549, que estableció una vigencia hasta el 30 de septiembre de 2020. Luego el Poder Ejecutivo prorrogó ese plazo hasta el 31 de diciembre, y ahora el oficialismo buscará volver a extender el beneficio hasta el 30 de septiembre de este año.

Esto será “con efecto exclusivo para las remuneraciones devengadas en concepto de guardias obligatorias (activas o pasivas) y horas extras, y todo otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, para los  profesionales, técnicos, auxiliares (incluidos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública y privada”.

Este punto era un fuerte pedido de la CGT, cuyo cosecretario general, Héctor Daer, advirtió sobre la cantidad de trabajadores de ese sector que debieron multiplicar sus jornadas laborales para cubrir puestos de compañeros que se contagiaron de coronavirus o debieron ser aislados.

El proyecto será dictaminado este jueves en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo, en una reunión mixta -presencial y virtual- convocada para las 15.30.

La intención del oficialismo es convocar a una sesión especial para el próximo martes, con el fin de tratar los cambios en Ganancias y también el proyecto que modifica el régimen de monotributo, que tendrá dictamen también este jueves en Presupuesto y Hacienda.

Se estima que, una vez que la nueva ley de Ganancias se sancione, más de 1.200.000 trabajadores y jubilados dejarán de pagar el impuesto: en el primer caso se eleva el mínimo no imponible a 150.000 pesos brutos, y en el segundo, de seis a ocho haberes mínimos.

El beneficio será retroactivo al 1ro. de enero y el aguinaldo quedará exento de Ganancias, así como también se podrá deducir al concubino -actualmente se permite solo el cónyuge-.

Sin los últimos cambios, el costo fiscal total del proyecto se estimaba en 41.250 millones de pesos, que el Gobierno espera recuperar a través de mayor consumo y de otra ley paralela para modificar las alícuotas que pagan las empresas.

En las últimas semanas, Massa recibió a los líderes y representantes de la CGT, la CTA, el Frente Sindical y la Corriente Federal de Trabajadores, que apoyaron la ley.

Quieren emitir dictamen esta semana para el proyecto de Ganancias

La idea original era llevar el proyecto al recinto esta semana, pero no se descarta que eso sea la próxima semana.

reunion massa sindicalistas ganancias 9 marzo 2020

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, presididas respectivamente por los oficialistas Carlos Heller y Vanesa Siley, desarrollarán esta semana la última etapa del debate del proyecto con modificaciones al impuesto a las Ganancias. En efecto, se especula con que -tal cual el cronograma original- se pueda firmar dictamen para llevarlo al recinto de la Cámara baja en los próximos días.

Recordemos que la semana pasada el plenario de comisiones escuchó los testimonios de especialistas en materia tributaria el jueves pasado y al día siguiente a sindicalistas.

El proyecto que prevé elevar el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias a 150.000 pesos brutos, como así también incluye una serie de exenciones y la retroactividad al 1ro. de enero.

La idea original era que el proyecto llegara al recinto esta semana, aunque no se descarta que sea la semana que viene. Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto que cuenta con el aval de todos los sectores, no habrá problemas para resolver la fecha de tratamiento, a fin de que pueda implementarse el beneficio en breve.

Precisamente los beneficiados se calculan en 1.267.000 personas, del total de dos millones de asalariados registrados que hoy pagan ese tributo.

En una reunión con cruces, el sindicalismo expresó un apoyo unánime al proyecto de Ganancias

La CGT, las dos CTA, la Corriente Federal de Trabajadores y el Frente Sindical participaron de una nueva reunión informativa de las comisiones de Presupuesto y Legislación del Trabajo de Diputados. Las críticas del representante de Camioneros despertaron la reacción de la oposición.

Con fuertes cruces al inicio de la reunión, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, presididas respectivamente por los oficialistas Carlos Heller y Vanesa Siley, reanudaron este viernes el debate sobre modificaciones en el impuesto a las Ganancias.

Los diputados escucharon a representantes de la CGT, las dos CTA, la Corriente Federal de Trabajadores y el Frente Sindical (referenciado en los Moyano), y de esa forma dieron por finalizadas las reuniones informativas antes de la firma del dictamen, la semana próxima.

Está claro que esta ley no es la solución de los problemas, ni siquiera resuelve los problemas del impuesto a las Ganancias de manera integral, pero es un paso: modifica un valor por el cual por arriba se tributa y por abajo no se tributa”, dijo Heller.

El legislador destacó que “tanto los representantes de las organizaciones sindicales como los diputados coincidieron en la necesidad de discutir el problema impositivo de manera integral, es una necesidad que el país tiene, y ahí sí habrá que calar con ese criterio de progresividad”.

“Tenemos que ir hacia un modelo donde los impuestos sean menos horizontales y más verticales”, consideró el banquero, y también consideró que “tendríamos que hablar de ‘impuesto a los altos ingresos’” en lugar de impuesto a las Ganancias, ya que “el trabajo no es ganancia”.

El titular de la Comisión de Presupuesto comentó que la fecha de la próxima reunión, destinada a la firma del dictamen, dependerá de la renovación del Protocolo de Funcionamiento Remoto, que debe ser acordada entre los jefes de bloque para poder continuar con el trabajo parlamentario virtual.

Inicio caldeado

La reunión virtual se extendió durante tres horas y levantó temperatura con la intervención del segundo expositor, un asesor del gremio de Camioneros que la emprendió contra “el gobierno neoliberal” anterior, despertando la reacción de legisladores de Juntos por el Cambio.

Se trata de Mariano Sánchez, quien afirmó que “ni habría que nombrar” a la gestión anterior, ya que lejos de cumplir con su premisa de eliminar el impuesto a las Ganancias, “terminaron el gobierno con 2.200.000 trabajadores en relación de dependencia tributando Ganancias”.

Mariano Sánchez encendió los ánimos con su referencia al “Gobierno neoliberal” anterior.

Las fuertes críticas de Sánchez despertaron la reacción de legisladores de JxC, que le reclamaron referirse al proyecto en sí, pero lejos de hacerlo, el representante del gremio de los Moyano insistió en que el universo de trabajadores afectados por Ganancias se duplicó durante la gestión anterior. “Persiguieron a nuestros dirigentes”, agregó.

El diputado de la Coalición Cívica Javier Campos alertó entonces que “no es la opinión de un dirigente sindical, es una opinión política, mientras que otro diputado de la oposición que no llegó a identificarse advirtió que quien hablaba era “un empleado de un sindicato” y pidió “que hablen los dirigentes”.

“Que venga el señor Moyano”, reclamó otro diputado, mientras el oficialista José Luis Gioja alentaba a Sánchez a continuar hablando. El dirigente continuó con las críticas: “Es vergonzoso que ayer hayan salido con un proyecto para incrementar el mínimo no imponible a 500.000 pesos, cuando durante cuatro años no hicieron nada”.

Tras múltiples cruces, el representante de Camioneros concluyó diciendo que el proyecto representaba “un gran avance” y que presentarían sugerencias sobre el tema.

Tiempo después, al momento de las preguntas de los diputados, el radical Facundo Suárez Lastra advirtió que algunos de sus pares “abandonaron la reunión” por el cruce inicial, y pidió “ser más moderados en nuestra relación”, sobre todo en temas sensibles para la sociedad.

La voz de la CGT

Abrió la ronda de exposiciones Carlos Acuña, uno de los secretarios generales de la CGT, quien puntualizó que “si no hay consumo no se necesita producción; y si no hay producción, no tenemos puestos de trabajo y no hay posibilidades de inversión”.

“Tenemos que solucionar entonces el problema del poder adquisitivo de los trabajadores, ver de qué forma colaboramos entre todos, porque los trabadores queremos que el lugar donde trabajamos crezca”, dijo.

Tras felicitar a los diputados por el tratamiento de este tema, Acuña reiteró el beneplácito de la central obrera no solo a la suba del mínimo no imponible, sino también a los cambios conseguidos en los últimos días, sobre todo la exención del aguinaldo.

Más tarde, Héctor Daer ratificó el “apoyo absoluto” de la CGT a la iniciativa “que eleva el umbral desde donde se empieza a tributar”, y habló de “un impuesto que a todas luces, en determinados valores salariales, es injusto”.

De todos modos, pidió contemplar ciertas situaciones derivadas de la pandemia. “Yo sé que las leyes no se hacen para determinada coyuntura sino a largo plazo, pero hay trabajadores que sobrecargan sus horarios laborales en esta etapa de pandemia, producto de que otros permanecen aislados, se han contagiado, no pueden concurrir o están dispensados de prestar tareas por patologías preexistentes”, describió.

Esos trabajadores “no solo de la salud, sino de muchas otras actividades”, advirtió Daer, cumplieron horas extra que luego terminaron siendo gravadas por Ganancias.

Por último, consideró que Ganancias “es la ratificación ideológica de lo progresivo de la estructura impositiva: los que más ganan y los que más tienen, tienen que pagar más en beneficio de los que menos ganan y los que menos tienen”.

Apoyo sindical unánime

El diputado y líder de la CTA Hugo Yasky destacó que el proyecto representa “un acto de justicia”, pero luego la emprendió contra los diputados de la oposición que habían querido “coartar la libertad de expresión” del representante de Camioneros al principio de la videoconferencia.

Yasky sugirió que si se hubiera tratado de un dirigente empresarial, no hubiera sucedido lo que ocurrió. “Terminemos con la Argentina de los patrones de estancia”, reclamó, advirtiendo que no debían decirle a los invitados “qué es lo que pueden decir”.

Señaló luego que al cobrarse el retroactivo de este beneficio “va a haber entre 15 y 18 millones de pesos en el mercado de consumo”, y “eso va a ser una inyección al consumo que tendrá un efecto dominó”.

El “dipusindical” agregó que cuando se sancione la ley solo pagarán Ganancias el 7% de los trabajadores, contra el 25% que tributa hasta ahora.

A su turno, el representante de La Bancaria, Sergio Palazzo, también acompañó el proyecto, pero opinó que “el impuesto a las Ganancias debe ser eliminado en cuanto a tributo de los trabajadores”, y pidió que “no se produzca un solapamiento entre los que van a pagar Ganancias y los que no”.

Ricardo Peidró (CTA Autónoma) sumó su apoyo a la iniciativa “en el marco de una postura histórica que tenemos respecto a que el salario no es ganancia”.

Reclamó además una reforma impositiva y pidió “que aquel trabajador que tenga que ingresar en este momento a pagar este impuesto, no lo haga en los grados más altos de la escala, porque sino habría una contradicción y atentaría contra la progresividad, para que paguen los que más tienen”.

Héctor Amichetti (Federación Gráfica Bonaerense) valoró también el tratamiento del proyecto “con la apertura necesaria para que podamos hacer los aportes que tienden a enriquecer con la propia realidad de los trabajadores el contenido de la ley”.

Como otros de sus pares, Amichetti habló de avanzar más adelante con “una reforma tributaria integral y progresiva”.

A continuación, Claudio Marín, de FOETRA y secretario gremial de la CTA, señaló que en su gremio el promedio salarial es de 123.000 pesos y el impuesto a las Ganancias impacta sobre un 70% de sus representados; y si se tiene en cuenta a los jerárquicos, supervisores, técnicos y profesionales, ese porcentaje llega “al 90, 95%”, con lo cual “esta medida de levantar el mínimo nos resulta un espaldarazo muy importante y nos ayuda a un cierre paritario que signifique que todo ese dinero se transforme en algo virtuoso, que se traslade al consumo”.

Pablo Flores (AEFIP) indicó que “de darse la propuesta de subir el mínimo no imponible a 150.000 pesos, va a quedar tributando un número de 730.000 trabajadores”, y observó que “si se crean una serie de deducciones especiales orientadas al consumo de bienes y servicios en una serie de bienes” que pudieran derivarse a materiales de construcción, al turismo interno, a la línea de electrodomésticos y renovación de autopartes, “esta herramienta le serviría al Gobierno para orientar el gasto hacia esas actividades que podrían generar un shock de demanda; los trabajadores podríamos deducir lo que nosotros proponemos hasta 300.000 pesos por año, pero entendemos que esto beneficiaría también a los sectores productivos”.

A su vez, Carlos Minucci, de la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía, señaló que “sería muy fácil venir acá a presentar nuestros problemas cuando tenemos un 40% de pobreza”. “No va a existir aporte a las Ganancias si no ayudamos a que se construyan puestos de trabajo. El movimiento obrero esta junto a las políticas que ayudan al crecimiento”, sintetizó.

También apoyó la ley Roberto Baradel, de SUTEBA, pero pidió deducir del impuesto los gastos de actualización de la formación docente para “avanzar en una educación pública de calidad”.

El sindicalista de la CTA además llamó a atender lo vinculado a las tareas de cuidado: “En muchos lugares el Estado no da respuestas respecto a las vacantes en jardines maternales y de infantes, como lamentablemente sucede en la Ciudad de Buenos Aires”.

Yamile Socolovsky (CONADU-CTA) destacó que el proyecto “en lo inmediato representa un alivio para los trabajadores de manera directa y conlleva además que haya una llegada importante de recursos al mercado interno”.

También celebró que “no se compute el aguinaldo ni el adicional por zona, y que se consideren las uniones de hecho” para las deducciones.

Otros de los oradores fueron Antonio Caló, de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Marcelo Mena (Sindicato Jerárquico Minero) y Jorge Frías (Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca).

Se retoma el debate sobre Ganancias con la participación de sindicalistas

Los dirigentes gremiales asistirán a una nueva reunión informativa de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo de Diputados.

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, presididas respectivamente por los oficialistas Carlos Heller y Vanesa Siley, reanudarán este viernes el debate sobre modificaciones en el impuesto a las Ganancias.

En la tercera reunión informativa, que se realizará a partir de las 15, los legisladores escucharán las posiciones de dirigentes sindicalistas sobre el proyecto que prevé elevar el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias a 150.000 pesos brutos, al tiempo de incluir una serie de exenciones y la retroactividad al 1ro. de enero.

Expondrán por videoconferencia los secretarios generales de la CGT, Carlos Acuña y Héctor Daer; el diputado Hugo Yasky por la CTA; y por la Corriente Federal de Trabajadores lo harán Sergio Palazzo (Asociación Bancaria), Héctor Amichetti (Federación Gráfica Bonaerense) y Carlos Minucci (Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía).

En nombre del Frente Sindical estarán Hugo Moyano (Camioneros), Ricardo Pignanelli (Mecánicos y Afines del Transporte Automotor) y Pablo Flores (Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos); y cierra la lista de invitados Ricardo Peidró por la CTA Autónoma.

Previo a este viernes, los gremialistas participaron de distintas reuniones con el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y diputados del oficialismo, durante las cuales acercaron sus propuestas, a la vez que expresaron el respaldo a la iniciativa.

Especialistas en materia tributaria marcaron diferencias con el proyecto de Ganancias

Dos contadores, un doctor y un subdirector de la AFIP participaron del plenario de comisiones de Diputados que analiza la iniciativa.

Tres especialistas en materia tributaria y el subdirector de Fiscalización de la AFIP, Julián Ruiz, expusieron este jueves ante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que analiza las modificaciones en el impuesto a las Ganancias.

Los expertos se presentaron ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo, que volverán a reunirse este viernes a las 15 para escuchar a sindicalistas de la CGT, la CTA, el Frente Sindical, la Corriente Federal de Trabajadores y la CTA Autónoma.

En la videoconferencia de este jueves, los especialistas marcaron algunas diferencias con respecto al proyecto del Frente de Todos, que fue defendido por Ruiz en nombre de la AFIP.

El primer orador fue el contador Humberto Bertazza, quien advirtió que “el conflicto se da en dónde hacemos el corte para gravar o no gravar las remuneraciones” con el impuesto a las Ganancias, y dijo “no coincidir” con “el diseño que se ha utilizado para intentar modificar la ley”, ya que “hay una desnaturalización del impuesto”.

El contador puso como ejemplo un empleado en relación de dependencia que gana 145.000 pesos de sueldo bruto, a quien en principio no se le aplicaría la ley, ya que el nuevo piso será de 150.000 pesos. Sin embargo, se preguntó qué pasa si “en julio o agosto, como consecuencia del proceso inflacionario” y a través de una nueva negociación del convenio laboral se dispone incrementar un 20% esa remuneración, llegando a ganar 180.000 pesos, un monto que superaría el mínimo no imponible.

Bertazza explicó que “Ganancias es un impuesto de ejercicio, y al serlo tenemos que medirlo como una foto, y esa foto la sacamos el 31 de diciembre: si el 31 de diciembre el promedio de sueldo con los incrementos acordados supera los 150.000 pesos, eso hace que la exención se pierda. Y se pierde desde el 1ro de enero, porque es un impuesto de ejercicio donde no se admiten segmentaciones”.

En ese sentido, consideró que “el objetivo perseguido por el legislador no se alcanza porque los montos de actualización ya quedaron previstos para todo el año”.

Por eso sostuvo que una posible solución sería modificar la escala progresiva, ya que hoy “la máxima para personas humanas es del 35%, es una escalera a la que se llega rápidamente, con remuneración anual de 1.000.000 de pesos”.

Foto: HCDN

A su turno, el contador Sergio Pantoja consideró que el RIPTE “no es el índice adecuado” para actualizar el mínimo no imponible. “Se debería utilizar una actualización de valores que refleje el incremento de los precios, como el IPC, teniendo en cuenta el impacto del proceso inflacionario para empelados relación de dependencia”, opinó.

Pantoja también sugirió “pensar en una frecuencia semestral, no anual”, en línea con lo planteado por Bertazza sobre los sueldos que en el transcurso del año podrían superar el piso por eventuales aumentos.

Además, el especialista pidió que se puedan deducir los gastos de educación -con un tope-, algo que en la legislación actual no está contemplado.

También hizo énfasis en el tema de la escala progresiva, que “se encuentra claramente aplanada, razón por la cual superando un importe muy poco significativo en términos de capacidad contributiva, la tasa del impuesto prácticamente se hace proporcional al 35%”.

Por su parte, el doctor Horacio Corti lamentó que “hace décadas que nos debemos una reforma tributaria integral” porque las reformas introducidas a lo largo de los años fueron parciales.

Respecto del proyecto del oficialismo, destacó la exención del aguinaldo, la deducción del concubino con perspectiva de género, la deducción especial por zona patagónica y la retroactividad de la ley al 1ro. de enero.

Sin embargo, coincidió en que “la escala está muy amesetada” y como consecuencia “un sueldo bruto mensual de 200.000 pesos alcanza la alícuota máxima del 35%, pagando un impuesto de casi 20.000 pesos”.

El último en exponer fue el subsecretario Ruiz, quien se refirió al artículo del proyecto que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de establecer deducciones escalonadas para las remuneraciones de entre 150.000 y 173.000, con el fin de evitar saltos bruscos en el impuesto.

Ruiz indicó que “no hay discrecionalidad, sino una delegación legislativa para que el Ejecutivo aplique una fórmula matemática” que garantice “que un peso más ganado no genere una disminución en el salario neto”.

Asimismo, el funcionario aclaró que no se modifican las escalas porque eso “no solo afectaría a los trabajadores en relación de dependencia, sino que afectaría también a aquel que tenga rentas pasivas”.

Por otro lado, ante los pedidos para poder deducir horas extra, explicó cómo “una hora extra no genera que se cobre menos de bolsillo”.

Finalmente, ante una consulta del diputado Emiliano Yacobitti (UCR-Evolución), Ruiz consideró que “no debiera estar en la ley” la deducción de gastos educativos, y se preguntó qué comprende, si libros, universidades privadas u otros conceptos. “La metodología adecuada es un subsidio para aquellos a los que se lo queremos dar y no a todo el universo”, respondió.

Continúa este jueves el debate sobre Ganancias en Diputados

Del plenario de comisiones de Presupuesto y Legislación del Trabajo participarán un subdirector de la AFIP y especialistas en materia tributaria. El viernes será el turno de los gremios.

carlos heller plenario impuesto a las ganancias

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, presididas respectivamente por Carlos Heller y Vanesa Siley, retomarán este jueves a las 14 el debate sobre el proyecto que eleva el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias a 150.000 pesos brutos.

Los diputados volverán a escuchar al subdirector General de Fiscalización de la AFIP, Julián Ruiz, quien ya expuso este martes junto a la titular del ente recaudador, Mercedes Marcó del Pont.

También fueron invitados los contadores Sergio Pantoja, de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas; Humberto Bertazza, expresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas; y el doctor Horacio Corti.

Los especialistas expondrán sobre el proyecto de Ganancias y también sobre la iniciativa que modifica el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes con el fin de suavizar el paso de monotributistas al Régimen General.

El viernes, los gremios

En tanto, para el viernes a las 15 fueron convocados los dirigentes sindicales que ya vienen participando de la discusión en distintas reuniones con diputados del Frente de Todos.

Expondrán por videoconferencia los secretarios generales de la CGT, Carlos Acuña y Héctor Daer; el diputado Hugo Yasky por la CTA; y por la Corriente Federal de Trabajadores lo harán Sergio Palazzo (Asociación Bancaria), Héctor Amichetti (Federación Gráfica Bonaerense) y Carlos Minucci (Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía).

En nombre del Frente Sindical estarán Hugo Moyano (Camioneros), Ricardo Pignanelli (Mecánicos y Afines del Transporte Automotor) y Pablo Flores (Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos); y cierra la lista de invitados Ricardo Peidró por la CTA Autónoma.

Con la participación de funcionarios, arrancó en Diputados el debate sobre Ganancias

El ministro de Trabajo, la titular de la AFIP y el secretario de Política Tributaria expusieron ante un plenario de comisiones sobre los proyectos de suba del mínimo no imponible y de cambios al régimen de monotributo. La discusión se reanudará el jueves con especialistas.

carlos heller plenario impuesto a las ganancias

Con la participación de funcionarios que intercambiaron con los diputados, arrancó este martes el debate sobre la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias y los cambios al régimen de monotributo, dos proyectos de ley de fuerte impacto económico que el oficialismo espera aprobar la semana próxima en el recinto de la Cámara baja.

La discusión se dio en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo, presididas respectivamente por Carlos Heller y Vanesa Siley, con la participación del ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias.

Las comisiones volverán a reunirse el jueves a las 14 para escuchar a especialistas en materia tributaria, y lo harán nuevamente el viernes a las 15 con la presencia de sindicalistas, según anunció Heller al comienzo de la videoconferencia.

Las dudas de la oposición

Al momento de las preguntas, el radical Luis Pastori afirmó que desde Juntos por el Cambio están de acuerdo en “varias de las reformas” introducidas en Ganancias, como la deducción del concubino o la vigencia de la ley a partir del 1ro. de enero, pero sugirió otros cambios.

En ese sentido, el misionero pidió eliminar la limitación de los jubilados que estarían fuera del beneficio porque tributan el impuesto a los Bienes Personales. “Nos parece muy injusto mantener esta discriminación en contra de los jubilados”, expresó.

El legislador reiteró su apoyo al objetivo del proyecto, pero dijo tener “serias discrepancias” con “el diseño”. Sobre ello, cuestionó que los salarios por encima de 150.000 pesos tendrán una “gravabilidad plena” y “van a estar pagando en forma desproporcionada”.

“El mínimo no imponible permanece igual, lo que se crea es una deducción especial hasta 150.000”, señaló y preguntó “con qué mecanismo” el Poder Ejecutivo -que estará facultado para eso- podrá procurar que aquellos salarios que están en el rango de entre 150.000 y 173.000 pesos “no terminen teniendo un sueldo neto inferior”.

Pastori también consideró que “en un contexto altamente inflacionario como tenemos en la economía argentina”, la actualización debería ser por el IPC y no por el índice RIPTE, además de realizarse semestralmente y no anualmente.

Finalmente, el diputado de la UCR solicitó que se contemplen las deducciones por gastos de educación e hijo discapacitado; y advirtió que con respecto a los trabajadores autónomos “se va a producir una discriminación muy grosera”.

Otro radical, Alejandro Cacace, consultó a los funcionarios por la exclusión de los jubilados del impuesto y preguntó por qué no se decidió “compatibilizar (la iniciativa) con lo que deciden los tribunales y, en particular, con lo que es el fallo Calderale de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que establece la inconstitucionalidad del impuesto sobre los beneficios previsionales”.

“¿Por qué la elección de los ocho haberes mínimos, que continúa la lógica de la ley actual, y no atender a la interpretación judicial sobre este tema?”, cuestionó. Asimismo, coincidió con Pastori en la situación de los trabajadores autónomos y recomendó que el mecanismo de actualización se realice por inflación.

Para el puntano, cada vez más trabajadores pagan el tributo porque “es un problema de los valores nominales en la ley”. “Aún con el RIPTE queda desfasado frente al incremento de los precios”, resaltó, y preguntó “si no consideran que es mejor tomar el IPC, o como se hizo en la fórmula previsional, el que dé más alto entre los índices”.

En referencia a los jubilados, el subdirector general de Fiscalización de la AFIP, Julián Ruiz, apuntó que el fallo García de la Corte Suprema “se refiere a los jubilados en general, pero con una condición en particular, que es la vulnerabilidad”. “El proyecto viene a resolver esa cuestión”, dijo, y aclaró que “no es que si tiene otro ingreso pierde este mínimo no imponible, sino que se plantea que aquellos que no están en condiciones de vulnerabilidad, que tienen más de ocho haberes mínimos garantizados y tienen adicionalmente otro ingreso van a obtener el que tienen los trabajadores en relación de dependencia”.

“Está tratado el tema tal cual lo solicita la Corte”, reiteró y en cuanto a la doble imposición explicó que “en el momento en que uno es trabajador activo permite deducir los aportes vinculados a la jubilación, y esa deducción que se hace en ese momento es la que se grava cuando se tienen rentas pasivas”.

Por su parte, el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, sostuvo que “si aumentamos el mínimo no imponible o las deducciones para que haya menos trabajadores y trabajadoras que pagan Ganancias, obviamente eso afectaría a toda la escala, incluso a las personas de altos ingresos”.

“No sólo tendría un costo fiscal muchísimo más alto, sino que generaría una inequidad bastante importante, porque ahí le estamos reduciendo el impuesto a personas que tienen ingresos muy altos y en las circunstancias actuales del país nos parece que no es el momento para hacer una reducción de impuestos en esa categoría”, ahondó.

El funcionario garantizó que para los salarios de entre 150.000 y 173.000 pesos, el Ejecutivo aplicará “una política salarial de incremento que no genere en ningún caso una caída en el salario de bolsillo”. “En ningún caso el impuesto será más regresivo, sino todo lo contrario -continuó-, va a tener mayor progresividad que la que tiene ahora”.

Respecto a la actualización por inflación, reclamada desde Juntos por el Cambio, Arias enfatizó que entre 2015 y 2019 “los salarios crecieron menos que la inflación, por eso se dio esta incorporación extraordinaria de personas al impuesto”. “Las deducciones se actualizaron por el RIPTE, que creció 20 puntos menos que la inflación, fundamentalmente en el año 2018 y 2019”, añadió.

“Nosotros no pensamos que esto va a volver a suceder, todo lo contrario, nuestro Presupuesto 2021 prevé que durante este año el salario real crezca más que la inflación, con lo cual este esquema de actualización en este escenario macroeconómico es válido”, aseveró.

En otro tramo, el secretario de Política Tributaria explicó que una deducción por hijo discapacitado “hace que el beneficio sea mayor a las personas de más altos ingresos”, por lo cual “no es la mejor forma de dar una cobertura a través del impuesto a las Ganancias”, ya que se afecta la cuestión equitativa.

Sobre el reclamo de la oposición por los trabajadores independientes, el funcionario dijo que aquellos autónomos que ganen hasta 150.000 pesos “van a poder ser monotributistas” a partir de la iniciativa complementaria del oficialismo. “Las dos medidas son muy consistentes entre sí. No merece tocar Ganancias de los autónomos”, argumentó.

Además, confirmó que el costo fiscal de 41.250 millones de pesos corresponde al proyecto en su última versión, es decir, con las exenciones y deducciones incorporadas en las últimas horas.

El diputado y secretario general de la CTA Hugo Yasky cargó las tintas contra la gestión anterior: “¿Por qué habiendo caído los salarios casi 20 puntos durante el gobierno de Mauricio Macri, por qué habiendo existido medidas que claramente beneficiaron con exenciones impositivas a sectores muy poderosos, como el sector financiero o agrario, no hubo un tratamiento simétrico con los trabajadores?”.

Para el oficialista, no se explica cómo “se triplicó la cantidad de trabajadores que pagaban Ganancias y no hubo una política para tratar de subsanar esto”. Por eso, pidió “honestidad intelectual” en el debate: “Sino parece que caímos de un plato volador, que venimos de Marte y que no nos hacemos cargo de lo que pasó en Argentina en estos cuatro años”.

Ante una consulta del líder de la CTA sobre cuál será el monto que retornará a las arcas del Estado para cubrir el costo de la ley, Arias comentó que “no se ha hecho el cálculo específico” pero estimó que “entre el 23% y 25%” retornará en concepto de presión tributaria general.

Desde el Pro, Luciano Laspina pidió la intervención de la Oficina de Presupuesto del Congreso para calcular el costo fiscal del proyecto con las últimas modificaciones y teniendo en cuenta posibles escenarios de paritarias.

También mostró inquietud por la situación de “los 500.000 trabajadores autónomos” que no se verán alcanzados, pero el secretario de Política Tributaria volvió a defender la decisión del Gobierno: “Consideramos que con el ajuste en el monto máximo de facturación que podrá tener un monotributista, los autónomos -o sea, los trabajadores independientes que facturan hasta 150.000 pesos por mes- entran dentro de la categoría del monotributo, con lo cual no estarán alcanzados por Ganancias. Son consistentes los dos proyectos”.

En tanto, el radical chubutense Gustavo Menna volvió a plantear la inquietud sobre la deducción especial del 22% para trabajadores patagónicos, y Heller garantizó que se incorporará un artículo específico para mantener ese beneficio.

Por su parte, Nicolás Del Caño (PTS-Frente de Izquierda) advirtió que “si hay una paritaria que recupere el salario, muchos trabajadores pasarían nuevamente a pagar Ganancias”, y por eso consideró que “este impuesto debería ser eliminado para todos los trabajadores bajo convenio”.

Arias respondió que “si el salario crece más que la inflación, que es el objetivo del Gobierno para el año 2021 en el marco de la recuperación post-pandemia, los trabajadores se verán beneficiados, porque la actualización del mínimo no imponible es por el índice de salarios”.

El secretario de Política Tributaria explicó que “entre 200.000 y 300.000 personas que a principio de año no pagan Ganancias, a fin de año pagan” por los aumentos salariales, por eso la proyección de 1.200.000 trabajadores que se verán beneficiados por la nueva ley es un promedio anual.

Moroni: “La vocación de este gobierno es que el salario real crezca”

El ministro de Trabajo abrió la ronda de exposiciones sobre los proyectos de reformas en el impuesto a las Ganancias y en el régimen de monotributo.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, abrió este martes la ronda de exposiciones sobre los proyectos de reformas en el impuesto a las Ganancias y en el régimen de monotributo y sostuvo que “la vocación de este gobierno es que el salario real crezca”.

Así lo aseguró el funcionario al participar del plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados que analiza los proyectos impulsados por el bloque del Frente de Todos y el Poder Ejecutivo.

“Ambos proyectos tienen que ver con lo que llamamos el mundo del trabajo y tienden a mejorar la situación de ambos sectores”, tanto la de los trabajadores en relación de dependencia como los monotributistas, explicó Moroni.

En cuanto a la suba del mínimo no imponible de Ganancias a 150.000 pesos, señaló que “se está intentando volver a la población histórica que fue sujeto pasivo de este impuesto”.

“El mínimo no imponible estaba en valores que llegaban a más de 2 millones de personas con salarios que no podían ser calificados como una renta importante”, advirtió Moroni, y aseguró que con la nueva ley “solo entre el 8% y 10% de la población asalariada va a tributar este impuesto”.

También destacó que se incorporan “deducciones que corrigen ciertas injusticias, como las uniones de hecho”, es decir los concubinatos, un cambio que no estaba incluido en el proyecto original y se anunció este martes.

También se conoció, en la previa del plenario, que aquellos jubilados que perciban ingresos de otra categoría -como intereses de un plazo fijo o rentas de alquileres- también podrán acceder al beneficio de la ley, que eleva el piso de Ganancias de seis a ocho jubilaciones mínimas.

“Desde el punto de vista laboral, esto está dentro de las mismas políticas que hemos estado haciendo. La vocación de este gobierno es que el salario real crezca”, remarcó el ministro, y agregó que la ley permitirá que los trabajadores “tengan un salario efectivo, real, de bolsillo, que cumpla con ese objetivo del gobierno”.

Por otra parte, indicó que el segundo proyecto, vinculado al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, apunta a “distribuirlo más equitativamente entre las distintas categorías y ayudar a la formalización”.

Según señaló, “a veces determinadas regulaciones tributarias, en lugar de ayudar a la formalización terminan siendo una barrera de acceso”.

Por eso, Moroni dijo que se busca “ordenar la distribución de cargas tributarias dentro de las distintas categorías del monotributo” para “evitar saltos al vacío entre el Régimen Simplificado y la situación  normal de quien es autónomo y paga impuesto a las Ganancias”.

Es ley la ratificación del Convenio de la OIT contra la violencia y el acoso laboral

El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, fue aprobado este miércoles por unanimidad en la Cámara de Diputados. El documento, firmado en 2019, contempla cómo estas conductas afectan especialmente a mujeres y trabajadores informales.

En una votación unánime, la Cámara de Diputados convirtió en ley este miércoles el proyecto que ratifica el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, firmado en 2019 en Ginebra, Suiza.

La iniciativa había sido enviada por el Poder Ejecutivo e impulsada por el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias, y con su sanción, Argentina se convierte en el tercer país del mundo en adherir a este Convenio, luego de Uruguay y Fiji.

La presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley (Frente de Todos) destacó la perspectiva de género en este convenio, que se aprobó justo el día que se cumplen 69 años desde la primera elección con voto femenino en nuestro país.

Siley recordó que en 1951 se instaló el derecho de las mujeres no solo a elegir, sino también a ser elegidas, y recordó a “las 23 diputadas que por primera vez se sentaron en el recinto y las seis primeras senadoras”.

Foto: HCDN

Respecto del Convenio 190, resaltó el compromiso del presidente pero también mencionó que “muchos diputados habían presentado proyectos” en el mismo sentido.

La oficialista explicó que el texto “armoniza” con tratados internacionales, distintas leyes nacionales y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que “refiere a las condiciones dignas de trabajo”. “Un trabajo sin violencia y acoso es un trabajo decente y digno”, dijo.

Siley apuntó que el Convenio “considera a la violencia como una práctica inaceptable, y la define en un marco de actuación muy amplio, incluyendo no solo a asalariados sino también a aquellos que no tienen trabajo, los que buscan empleo, los pasantes y aprendices”.

También señaló que el documento “hace especial hincapié en que el daño que se produce cuando hay violencia laboral, se produce también por la condición de género”.

Para acceder al texto completo del Convenio 190 de la OIT, haga click aquí.

También por el Frente de Todos, Marisa Uceda dijo que “son conductas que además de ser indeseables, atentan contra los derechos humanos, porque el derecho a un ambiente de trabajo sano y sin violencia es un derecho humano”.

En el mismo sentido, su par Silvana Ginocchio sostuvo que “este es un importantísimo paso para avanzar en leyes específicas sobre trabajo decente, asegurando el derecho a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso”.

El radical Albor Cantard destacó otro aspecto del Convenio, la inversión de la carga de la prueba, ya que “este tipo de circunstancias generalmente se da a puertas cerradas”, lo que genera “una gran dificultad para las víctimas en materia probatoria”.

Según explicó Cantard, “la víctima aportará indicios para que el denunciado o denunciada sea el o la que tenga que demostrar que no ha incurrido en violencia o acoso”.

A su turno, Silvia Lospennato (Pro) destacó que “la puesta de este Convenio en la agenda de la OIT en 2018 y 2019 sin dudas vino de la mano del movimiento de mujeres, con el Mee Too y el Ni Una Menos, donde quedó a la vista la urgencia con la que la OIT tenía que abocarse a la adopción de una norma como esta”.

Lospennato recordó que el expresidente Mauricio Macri integró la comisión de trabajo tripartita de gobierno, sindicatos y trabajadores, y “durante ese proceso siempre el Gobierno argentino trabajó para que se concluyera favorablemente”.

La diputada enfatizó que la violencia y acoso “afectan a varones y mujeres, pero no hay dudas de que hay trabajadores más vulnerables que otros: las mujeres, la comunidad LGBT, las personas con discapacidad, los jóvenes y muy especialmente los trabajadores informales, algo que recoge este Convenio dándoles un piso mínimo de protección”.

Por su parte, Dolores Martínez (UCR-Evolución) subrayó que “el mercado de trabajo discrimina a las mujeres solo por el rol social de cuidadoras que se nos asignó, y nos obliga a elegir entre el desempleo, el trabajo precario o el mal trato”.

Graciela Camaño (Consenso Federal) aseguró que este Convenio “no es fruto de un presidente ocasional de un país, sino de un trabajo elevadísimo de expertos y, en el caso de Argentina, de las mujeres sindicalistas y asesoras de dirigentes sindicales que comprometieron sus esfuerzos en este trabajo”.

Por último, Romina Del Plá adelantó el voto afirmativo del Frente de Izquierda al entender que el Convenio “es un herramienta en la cual muchísimas personas, especialmente mujeres y diversidades sexuales, podrán ampararse a la hora de denunciar situaciones de violencia y acoso en el ámbito laboral”.

Sin embargo, aclaró: “De ninguna manera nuestro voto a favor es un cheque en blanco para la OIT o la ONU, organismos que defienden los intereses de los países imperialistas que lo integran y que amparan ataques a los derechos laborales”.

Qué dice el Convenio 190

El Convenio -que entrará en vigor el 25 de junio de 2021- considera a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como una “violación o abuso de los derechos humanos” incompatible con la igualdad y el concepto de trabajo decente, enmarcando la situación dentro de los derechos fundamentales.

Asimismo, reconoce la incidencia negativa de la violencia laboral en la calidad de los servicios públicos y privados, a la vez que la considera incompatible con la promoción de empresas sostenibles, dado que afecta no solo las relaciones de trabajo, sino también la reputación de las empresas y la productividad.

Se define como “violencia y acoso” en el mundo del trabajo a “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”.

También considera como un factor de riesgo a los estereotipos de género y contempla la incidencia que la violencia doméstica tiene en el empleo.

Otros acuerdos internacionales

En la sesión también se convirtieron en ley un conjunto de acuerdos internacionales, entre ellos uno firmado entre Argentina y la República Popular de China para instalar un centro cultural chino en el país, que fue suscrito en la ciudad de Beijing el 17 de mayo de 2017.

Además, se sancionó un convenio de coproducción cinematográfica entre Argentina y el Estado de Israel, suscrito en la ciudad de Jerusalén el 28 de abril de 2014; y un acuerdo de cooperación técnica entre Argentina y la República de Kenia, celebrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 14 de marzo de 2017.

También se aprobó un acuerdo de sede con el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná; y el protocolo de 1997, denominado MARPOL, que enmienda el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, adoptado en Londres, Reino Unido.

Tratarán en Diputados la ratificación del Convenio 190 de la OIT

El proyecto del Ejecutivo obtendría dictamen favorable el próximo miércoles en una reunión conjunta de las comisiones de Relaciones Exteriores y Legislación del Trabajo.

Las comisiones de Relaciones Exteriores y Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados tratarán el próximo miércoles a las 11 el proyecto de ley que busca ratificar el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo.

La iniciativa del Poder Ejecutivo, defendida por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, busca ratificar el Convenio 190, adoptado en junio de 2019, sobre eliminación de la violencia de género en el mundo laboral.

En el Senado, el proyecto fue aprobado por unanimidad el pasado 24 de junio y se espera que en la Cámara baja también reciba amplia mayoría.

El convenio considera a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como una “violación o abuso de los derechos humanos” incompatible con la igualdad y el concepto de trabajo decente, enmarcando la situación dentro de los derechos fundamentales.

Se define como “violencia y acoso” en el mundo del trabajo a “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”.

También considera como un factor de riesgo a los estereotipos de género y contempla la incidencia que la violencia doméstica tiene en el empleo.

Qué dice el proyecto consensuado para regular el teletrabajo, que se firmará este miércoles

A partir de las 15, la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados, buscará avanzar con la iniciativa, luego de reuniones que se llevaron a cabo con representantes de todos los sectores.

Tras reuniones informativas con representantes de todos los sectores, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados buscará avanzar este miércoles -a partir de las 15- con el dictamen de un proyecto consensuado para regular el teletrabajo, modalidad que se vio incrementada con el aislamiento obligatorio por la pandemia de Covid-19.

De acuerdo a la iniciativa, se incorpora el artículo 102 bis a la Ley de Contrato de Trabajo para regular que “habrá contrato de Teletrabajo cuando la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios” sea “efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja, o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador mediante la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones”.

Además, ese nuevo artículo señala que “las regulaciones específicas del Teletrabajo se establecerán para cada actividad mediante la negociación colectiva, respetando los principios de orden público establecidos en esta ley”.

El proyecto indica que “las personas que trabajen contratadas bajo esta modalidad, gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las personas que trabajan bajo la modalidad presencial y su remuneración será la correspondiente al convenio colectivo de trabajo, no pudiendo ser inferior, en su caso, a la que percibía o percibiría bajo la modalidad presencial”.

Asimismo, “la reglamentación de la ley y los convenios colectivos deberá prever una combinación entre prestaciones presenciales y por teletrabajo”.

En lo que respecta a la jornada laboral, ésta deberá “ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo de conformidad con los límites legales y convencionales vigentes, tanto en lo que respecta a lo convenido por hora como por objetivos”. En tanto, “las plataformas y/o software utilizados por el empleador” tendrán que “desarrollarse de modo acorde a la jornada laboral establecida, impidiendo la conexión fuera de la misma”.

En ese sentido se introduce el concepto de “derecho a la desconexión digital”, por el cual la persona que trabaja bajo esta modalidad “tendrá derecho a no ser contactada y a desconectarse de los dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación, fuera de su jornada laboral y durante los períodos de licencias” y “no podrá ser sancionada por hacer uso de este derecho”.

“El empleador no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de tareas, ni remitirle comunicaciones, por ningún medio, fuera de la jornada laboral”, enfatiza el texto.

Sobre la tarea de cuidados, quienes “acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida, el cuidado de personas menores de 13 años, personas con discapacidad o adultas mayores que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada”.

“Cualquier acto, conducta, decisión, represalia u obstaculización proveniente del empleador que lesione estos derechos se presumirá discriminatorio resultando aplicables las previsiones la Ley 23.592 -Actos Discriminatorios-“, agrega el articulado y establece que “mediante la negociación colectiva podrán establecerse pautas específicas para el ejercicio de este derecho”.

El proyecto indica que “el traslado de quien trabaja en una posición presencial a la modalidad de teletrabajo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada, debe ser voluntario y prestado por escrito”.

En lo que respecta a la reversibilidad del consentimiento, el mismo podrá ser revocado por el trabajador “en cualquier momento de la relación”. “En tal caso, el empleador le deberá otorgar tareas en el establecimiento en el cual las hubiera prestado anteriormente, o en su defecto, en el más cercano al domicilio del dependiente, en el cual puedan ser prestadas. Salvo que por motivos fundados resulte imposible la satisfacción de tal deber”, se dispone.

Si el empleado se negare, “dará derecho a la persona que trabaja bajo esta modalidad a considerarse en situación de despido o accionar para el restablecimiento de las condiciones oportunamente modificadas”.

Pese a que desde el sector empresario pidieron que se tengan en cuenta las facultades de “organización y dirección del empleador”, la reversibilidad sólo se dará con la voluntad del empleado, aunque se aclara que “en los contratos que se pacte la modalidad de teletrabajo al inicio de la relación, el eventual cambio a la modalidad presencial operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva”.

La iniciativa establece que “el empleador debe proporcionar el equipamiento -hardware y software-, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas, y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de las mismas, o la compensación por la utilización de herramientas propias de la persona que trabaja. La compensación operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva”.

En tanto, el trabajador remoto “tendrá derecho a la compensación por los mayores gastos en conectividad y/o consumo de servicios que deba afrontar” y “dicha compensación operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva, y quedará exenta del impuesto a las Ganancias”, un punto solicitado por la CGT.

La autoridad de aplicación de la ley -que entrará en vigencia 90 días después de que finalice el aislamiento obligatorio-, será el Ministerio de Trabajo, que dictará normas referidas a la seguridad e higiene; incorporará las nuevas enfermedades laborales por esta modalidad; tendrá a cargo la fiscalización.

Además, llevará un registro en el cual deberán estar anotadas “las empresas que desarrollen esta modalidad, acreditando el software o plataforma a utilizar y la nómina de las personas que desarrollan estas tareas, las que deberán informarse ante cada alta producida o de manera mensual” y “esta información deberá ser remitida a la organización sindical pertinente”.

Sobre las “prestaciones transnacionales”, se aplicará “al contrato de trabajo respectivo la ley del lugar de ejecución de las tareas o la ley del domicilio del empleador, según sea más favorable para la persona que trabaja”.

“En caso de contratación de personas extranjeras no residentes en el país, se requerirá la autorización previa de la autoridad de aplicación. Los convenios colectivos, acorde a la realidad de cada actividad, deberán establecer un tope máximo para estas contrataciones”, señala el proyecto.

La iniciativa también abarca cuestiones referidas a la capacitación; la protección de la información laboral; el derecho a la intimidad; la representación digital; y el goce de todos los derechos colectivos.

Con algunos reparos, empresarios opinaron sobre el proyecto de teletrabajo, que tendría dictamen el próximo miércoles

Referentes de distintas cámaras del sector pidieron regular claramente el concepto de “desconexión digital” y advirtieron que el consentimiento y la reversibilidad para esta modalidad debe ser acordada por ambas partes y no unilateralmente. También expusieron jueces laborales y especialistas.

En una nueva reunión informativa, la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados retomó este lunes el debate sobre el proyecto de ley para regular el teletrabajo, y contó con la participación de representantes del sector empresario, jueces laborales y especialistas.

Al comienzo del encuentro, la presidenta de la comisión, la oficialista Vanesa Siley, destacó el “trabajo muy profundo” y “con buena fe y coordinación” que los distintos bloques están realizando en torno a la iniciativa.

“Es una demanda social que se regule el teletrabajo; sabemos que esta modalidad va a quedarse en algún porcentaje mayor después de la pandemia”, sostuvo y confirmó que el próximo miércoles, a partir de las 15, se buscará emitir dictamen al proyecto consensuado.

La opinión del sector empresario

Los referentes de distintas cámaras empresarias apoyaron avanzar con la iniciativa, pero plantearon una serie de reparos y cuestiones a tener en cuenta para lograr un “equilibrio” en la relación entre el empleador y el empleado.

Desde la Unión Industrial Argentina, Carolina Castro, prosecretaria del comité ejecutivo, señaló “el trabajo remoto no es un fin en sí mismo, es de alguna manera la consecuencia de haber adoptado una serie de tecnologías para la producción de bienes y servicios”. Advirtió entonces que “muchas empresas que están muy por debajo del potencial de utilización de esta modalidad y eso tiene que ver con el problema que tenemos para digitalizar nuestra economía”.

Castro pidió escuchar “la voz de los empresarios”, porque “son los que determinan dónde y cuánto se invierte y, por tanto, cuánto empleo se genere”. Por eso, solicitó a los diputados “lograr una norma que tenga consenso social y que incentive la iniciativa privada”.

comision legislacion del trabajo teletrabajo empresarios

Por la UIA también expuso Laura Giménez, jefa del departamento de política social, quien se refirió a algunos puntos del proyecto borrador. En primer lugar, subrayó que “es importante que el proyecto no se extienda sobre algunos aspectos que deben dejarse para la órbita de cada actividad, que deben tratarse en el ámbito de la negociación colectiva o individual”.

Sobre el consentimiento a este tipo de modalidad, remarcó que “debe ser acordado en forma voluntaria por las partes” y “deben garantizarse las facultades de organización y dirección del empleador que emanan de la Ley de Contrato de Trabajo”. En ese sentido, Giménez apuntó que el pedido de reversión debe ser tanto por el empleador como por el trabajador, con “un plazo de 30 días de pre-aviso, igual para las dos partes”.

En cuanto a las tareas de cuidado, alertó que “no deberían tratarse en forma aislada” y tampoco imponerse “condiciones de difícil cumplimiento”, ya que eso “podría producir un desincentivo a esta modalidad”. En tanto, sobre la desconexión digital consideró que “no es posible simplificar esto con requisitos globales” porque “cada actividad requiere un traje a medida”.

También solicitó que “la entrada en vigencia de la ley se disponga para 180 días después del cese de las medidas de emergencia sanitaria. Esto va a permitir un retorno lo más armonioso posible a las actividades y evitar conflictos que pueden derivarse de la colisión entre las nuevas imposiciones y las formas de teletrabajo que se han venido implementando a la fecha”.

Por la Cámara Argentina de Comercio, Esteban Mancuso consideró que “no queda claro cuál va a ser el criterio o cómo se va a implementar desconexión”, un tema clave ya que está relacionado con la extensión de la jornada correspondiente.

El coordinador de asuntos laborales de la entidad, además, planteó la cuestión sobre “qué cobertura brindarían las ART, y qué valor tendrían las alícuotas”. “Con esta modalidad el riesgo de accidente disminuye, pero la cobertura se extendería a una multiplicidad de hogares y podrían terminar aumentando el valor de las alícuotas”, sostuvo.

Por su parte, Ricardo Diab, vicepresidente segundo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, alertó que “si esto no es beneficioso para ambos sectores va a ser muy difícil la implementación” y dijo que en la iniciativa son “demasiadas las condiciones que se le exigen al empleador”, por lo que recomendó tener “una mirada equilibrada”.

A su turno, Julián Moreno, vicepresidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, se refirió a las medidas que tendrán que tomarse para “demostrar la relación de dependencia” y “que esto no derive en la precariedad laboral, como vemos con los trabajos de aplicaciones”. “Necesitamos que el marco sea claro, que no haya recovecos por donde evadir cuestiones de reglamentación”, agregó.

El presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales, Leo Bilanski, manifestó su preocupación por “el tema de las prestaciones transnacionales: no podemos abrir la puerta a un esquema de contratación de trabajadores extranjeros”. Por otro lado, pidió que en el primer año de aplicación de la ley, se exceptúe de realizar “cualquier inversión” a aquellas empresas que tengan menos de 10 trabajadores.

Además, en la primera ronda de expositores dieron su opinión Javier Montalbetti, presidente de la Cámara Empresaria de Tecnología, Informática y Comunicaciones; y Sergio Candelo, presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software.

La voz de los jueces laborales

Durante otro tramo de la reunión, Marcela Vodeb, presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia del Trabajo de la provincia de Buenos Aires, manifestó que “no se puede desconocer que hay ciertas particularidades en este tipo de prestación que obligan a hacer un encuadre jurídico específico”.

Para la titular de Amatra, la reversión de la modalidad “que pretenda hacer el empleador debe estar consentida y consensuada por el trabajador”. “Esta modalidad no puede implicar de manera alguna renuncia total o parcial de derechos contenidos en la Ley de Contrato del Trabajo”, resaltó.

En tanto, Graciela Craig, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo, indicó que países como Inglaterra, Holanda y Estados Unidos han implementado el teletrabajo, pero “son países con un sistema avanzado de conectividad e interacción informática”. “La pandemia ha obligado a los trabajadores aggionarse” en Argentina, “pero no todos están en igualdad de condiciones”, advirtió.

Además, se refirió al tema de género, y explicó que si bien se piensa que esta modalidad “mejora la calidad de vida de las mujeres en cuanto a la relación familiar, al facilitarles las atareas de cuidado”, también puede representar “una dificultad para el desarrollo profesional de las mujeres” por una “disminución en la competitividad con el resto de los trabajadores, porque no se encuentra presente” en el lugar de trabajo.

El exdiputado Héctor Recalde, abogado laboralista, expuso este lunes y subrayó que estamos “en un momento de muchísima precarización”. “Me da la sensación de que tenemos que tener muchísimo cuidado con la emergencia”, señaló y añadió: “En algún momento dado tenemos que volver a la normalidad global, porque la pandemia va a pasar. Estoy pensando en la emergencia, más que en el ‘para siempre'”.

Alertó que no se puede pensar en “un trabajador libre, sin condicionamientos” por el solo hecho de estar en su domicilio, por eso “es muy importante la presencia sindical”. “Es un gran desafío tratar de llegar a una solución lo más equilibrada posible”, completó.

En la segunda ronda de invitados, también expusieron Viviana Díaz, abogada y coordinadora del programa teletrabajo del Ministerio de Trabajo (2003-2016); Carla Gaudensi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa; y Ramiro Albrieu, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

Representantes del sector empresario exponen ante la Comisión de Legislación del Trabajo

Los referentes de distintas cámaras plantean sus reparos sobre algunos aspectos de la iniciativa, que tendría dictamen el próximo miércoles.

comision legislacion del trabajo teletrabajo empresarios

Representantes del sector empresario exponen este lunes ante la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, en una reunión virtual donde expresan su apoyo al avance de una ley para regular el teletrabajo, pero también plantean una serie de reparos a la iniciativa.

Al comienzo del encuentro, la presidenta de la comisión, Vanesa Siley, informó el proyecto tendría dictamen el próximo miércoles. El texto borrador fue producto de un consenso entre 17 iniciativas de distintos bloques.

Desde la Unión Industrial Argentina, Carolina Castro, prosecretaria del comité ejecutivo, señaló que “avanzar más rápido en la incorporación de tecnología, que es fundamental para jugar un partido en el siglo XXI, requiere una orientación de toda la política pública”.

“El trabajo remoto no es un fin en sí mismo, es de alguna manera la consecuencia de haber adoptado una serie de tecnologías para la producción de bienes y servicios”, dijo y advirtió que “muchas empresas que están muy por debajo del potencial de utilización de esta modalidad y eso tiene que ver con el problema que tenemos para digitalizar nuestra economía”.

Castro pidió escuchar “la voz de los empresarios”, porque “son los que determinan dónde y cuánto se invierte y, por tanto, cuánto empleo se genere”. Por eso, solicitó a los diputados “lograr una norma que tenga consenso social y que incentive la iniciativa privada”.

Por la UIA también expuso Laura Giménez, jefa del departamento de política social, quien se refirió a algunos puntos del proyecto borrador. En primer lugar, subrayó que “es importante que el proyecto no se extienda sobre algunos aspectos que deben dejarse para la órbita de cada actividad, que deben tratarse en el ámbito de la negociación colectiva o individual”.

Sobre el consentimiento a este tipo de modalidad, remarcó que “debe ser acordado en forma voluntaria por las partes” y “deben garantizarse las facultades de organización y dirección del empleador que emanan de la Ley de Contrato de Trabajo”. En ese sentido, Giménez apuntó que el pedido de reversión puede ser tanto por el empleados como por el trabajador, con “un plazo de 30 días de pre-aviso, igual para las dos partes”.

En cuanto a las tareas de cuidado, alertó que “no deberían tratarse en forma aislada” y tampoco imponerse “condiciones de difícil cumplimiento”, ya que eso “podría producir un desincentivo a esta modalidad”. En tanto, sobre la desconexión digital consideró que “no es posible simplificar esto con requisitos globales” porque “cada actividad requiere un traje a medida”.

También solicitó que “la entrada en vigencia de la ley se disponga para 180 días después del cese de las medidas de emergencia sanitaria. Esto va a permitir un retorno lo más armonioso posible a las actividades y evitar conflictos que pueden derivarse de la colisión entre las nuevas imposiciones y las formas de teletrabajo que se han venido implementando a la fecha”.

NOTA EN DESARROLLO

Los detalles del borrador del proyecto de ley para regular el teletrabajo

El texto, que busca consensuar las 17 iniciativas que se presentaron al respecto, avanzaría la semana próxima en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados. Qué dice la propuesta.

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, que preside la oficialista Vanesa Siley, buscará avanzar la semana que viene con el dictamen de un proyecto de ley para regular el teletrabajo, modalidad que se ha incrementado a raíz del aislamiento por la pandemia de Covid-19.

Tras el apoyo del Ministerio de Trabajo y los sindicatos, el lunes próximo, a las 11, está prevista una nueva reunión, de la que participarían representantes del sector empresario.

Desde un comienzo, la comisión tuvo la intención de arribar a un texto que refleje el consenso entre las 17 iniciativas que se presentaron al respecto. En ese sentido, se alcanzó un borrador de proyecto único, al cual accedió parlamentario.com.

Entre sus principales puntos, la iniciativa incorpora el artículo 102 bis a la Ley de Contrato de Trabajo para regular que “habrá contrato de Teletrabajo cuando la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios” sea “efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja, o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador mediante la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones”.

Además, ese nuevo artículo señala que “las regulaciones específicas del Teletrabajo se establecerán para cada actividad mediante la negociación colectiva, respetando los principios de orden público establecidos en esta ley”.

Vanesa Siley, presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo.

El proyecto indica que “las personas que trabajen contratadas bajo esta modalidad, gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las personas que trabajan bajo la modalidad presencial y su remuneración será la correspondiente al convenio colectivo de trabajo, no pudiendo ser inferior, en su caso, a la que percibía o percibiría bajo la modalidad presencial”.

Asimismo, “la reglamentación de la ley y los convenios colectivos deberá prever una combinación entre prestaciones presenciales y por teletrabajo”.
En lo que respecta a la jornada, ésta “deberá ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo de conformidad con los límites legales y convencionales, tanto en lo que respecta a las tareas desarrolladas fuera de línea, como aquellas que se realizan en línea”.

La propuesta introduce el “derecho a la desconexión digital” por la cual el trabajador “tendrá derecho a no ser contactado y a desconectarse de los dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación fuera de su jornada laboral y durante los períodos de licencias”.

Otro de los beneficios es que, quienes trabajen bajo esta modalidad y “acrediten estar a cargo del cuidado de personas menores de 14 años, personas con discapacidad o adultos mayores dependientes, tendrán derecho a pautar horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada de acuerdo a lo que establezca el convenio colectivo aplicable”.

“Cualquier acto, conducta, decisión, represalia u obstaculización proveniente del empleador que lesione estos derechos se considerará discriminatoria aplicándose en su caso los regímenes legales de carácter antidiscriminatorios”, advierte el texto.

Sobre la decisión de cambiar de modalidad presencial a la de teletrabajo, el empleado deberá expresar su consentimiento voluntariamente y por escrito; mientras que ese consentimiento podrá ser revocado por la misma persona “en cualquier momento de la relación”.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, consideró que “es una regulación necesaria”.

Según el proyecto, el empleador deberá “proporcionar el equipamiento -hardware y software-, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas, así asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación. Esta provisión operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva”.

También establece que “la compensación por los mayores gastos en conectividad y/o consumo de servicios que deba afrontar la persona que trabaja bajo la modalidad laboral del teletrabajo operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva” y esas compensaciones quedarán exentas del impuesto a las Ganancias, un aspecto que pidieron los triunviros de la CGT Héctor Daer y Carlos Acuña.

La iniciativa deja en claro que “quienes se desempeñen en forma total o parcial bajo la modalidad de teletrabajo, gozarán de todos los derechos colectivos y serán considerados a los fines de la representación sindical como parte del conjunto de las personas que trabajan en forma presencial”.

Mediante el proyecto se dispone la creación de un registro, bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, sobre “las empresas que desarrollen esta modalidad, acreditando el software o plataforma a utilizar y la nómina de las personas que desarrollan estas tareas, las que deberán informarse ante cada alta producida o de manera mensual”. “Esta información tendrá carácter público y deberá ser remitida a la organización sindical pertinentes”, agrega uno de los artículos.

En la propuesta, además, se introducen regulaciones sobre la capacitación de los trabajadores; la higiene y seguridad laboral; el sistema de control y derecho a la intimidad; la protección a la información laboral; y las prestaciones transnacionales.

Respaldo del ministro Moroni a los proyectos para regular el teletrabajo

“Es una regulación necesaria”, sostuvo el titular de la cartera de Trabajo ante la comisión de la Cámara de Diputados que analiza el tema.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dio un fuerte respaldo este miércoles a los proyectos de ley sobre teletrabajo, al sostener que “es una regulación necesaria”, a la vez que aclaró que “el teletrabajo no es un estatuto independiente, sino un modo de prestación del contrato de trabajo”.

“Hace tiempo se venía planteando la regulación de este modo de prestación laboral, pero parece que el virus nos chocó de frente. Pensamos que teníamos más tiempo de pensarlo con más tranquilidad, pero (el teletrabajo) es algo que ya está pasando por imperio de la realidad”, reconoció Moroni.

El funcionario expuso brevemente ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, presidida por Vanesa Siley (Frente de Todos), que avanza hacia un proyecto unificado entre 17 iniciativas de diferentes bloques.

Moroni admitió que esta modalidad “siempre generó suspicacias pensando no solo en las condiciones de prestación del servicio, sino también en la pérdida del vínculo con el grupo”.

“Uno de los temores es la figura del trabajador individual alejado de su grupo de trabajo”, advirtió, aunque destacó que “en los proyectos eso está abordado”.

El ministro explicó que “el teletrabajo no es un estatuto independiente, sino un modo de prestación del contrato de trabajo”. “No estamos creando una categoría distinta de trabajadores”, aclaró en ese sentido.

A su vez, resaltó el “altísimo nivel de coincidencias en cuanto a los puntos a regular” en las diferentes iniciativas.

Entre ellos, mencionó el principio de igualdad; el carácter voluntario del teletrabajo -es decir, “que no puede ser impuesto y requiere asentimiento del trabajador”-; y el principio de indemnidad, para que los gastos no recaigan en el trabajador.

También mencionó la importancia de la protección de datos personales, así como la protección del domicilio, el derecho a desconexión digital -“que en definitiva es el derecho al tiempo de descanso”, dijo-, y la contemplación de las tareas de cuidado de menores o adultos mayores.

Asimismo, destacó el derecho colectivo a la asociación sindical y aseguró que “toda esta figura contractual debe terminar su habilitación como tal en los convenios colectivos”, donde se acordará la regulación específica para cada sector.

Moroni señaló que “previo a la pandemia, el teletrabajo -salvo en algunos casos puntuales- era  prácticamente marginal, no tenía presencia relevante en el mercado de trabajo, y en general no era un tema que generara conflictos”.

Ante una consulta del diputado Mario Arce (UCR), el funcionario advirtió que el número actual de trabajadores que tuvieron que volcarse a esta modalidad no es un parámetro de medición a futuro, ya que “una vez pasada la pandemia no se va a repetir ese porcentaje”.

En ese sentido, mencionó el caso de los docentes, que actualmente dan clases virtuales pero volverán a las aulas cuando se reabran las escuelas.

A futuro, según Moroni, “es muy difícil que tengamos porcentajes similares a países que tenían esta modalidad antes de la pandemia”.

Por otra parte, el ministro dijo que “se está trabajando con el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) para ver la conectividad en las distintas regiones”.

En cuanto a la fiscalización del teletrabajo, apuntó que se deberán “pensar algunos mecanismos a distancia” y agregó que “no tiene mucha lógica fiscalizar en el domicilio del trabajador”.

Por último, aseguró que el Ministerio no impulsará esta modalidad, sino que el objetivo es impulsar el empleo formal. “Nosotros no vamos a incentivar determinados modos de contrataciones, sino fomentar el empleo”, concluyó.

Moroni expone ante Diputados sobre el proyecto para regular el teletrabajo

El titular de la cartera laboral participará desde las 15 en una nueva reunión informativa de la Comisión de Legislación del Trabajo.

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, expondrá este miércoles desde las 15 ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, en el marco del debate sobre el proyecto de ley para regular el teletrabajo, una modalidad que se expandió a raíz del aislamiento por la pandemia de Covid-19.

En la videoconferencia, que estará conducida por la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley -presidenta de la comisión- también participará la directora nacional de Políticas de Cuidado del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, Lucía Cirmi Obón; y el titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Daniel Lovera (FdT).

El debate para dar un marco legal al trabajo a distancia o también conocido ‘home office’ comenzó este martes con la opinión de los representantes de la CGT, las CTA y otros sindicatos, quienes apoyaron la iniciativa.

La CGT, las dos CTA y sindicatos apoyaron el proyecto de teletrabajo en Diputados

Comenzó el debate en la Comisión de Legislación del Trabajo, donde se busca consensuar un proyecto único. Este miércoles expondrá el ministro Moroni.

El proyecto para regular el teletrabajo, una modalidad que se multiplicó en el contexto de la pandemia, comenzó a ser debatido este martes en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, donde recibió el visto bueno de las centrales sindicales y gremios de las telecomunicaciones e informática.

La comisión presidida por Vanesa Siley (Frente de Todos) dio el puntapié inicial para aprobar una iniciativa consensuada entre todos los bloques, en una reunión informativa donde la CGT, las dos CTA y varios sindicatos plantearon su postura.

Este martes será el turno del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y del titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Daniel Lovera, quienes se sumarán al debate en una nueva reunión virtual.

Al inicio de la reunión, Siley –que además es titular de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales- recordó que el primer proyecto sobre el tema fue presentado en el año 2007 por el entonces ministro de Trabajo, Carlos Tomada. “Luego hubo varios proyectos a lo largo de la historia que nunca han prosperado”, repasó.

Según la diputada, en lo que va del año y en el marco del aislamiento social obligatorio, donde muchos trabajadores se volcaron al trabajo remoto, se presentaron 17 proyectos de ley, entre los cuales “hay una coincidencia del 90% en los institutos a regular”.

En ese sentido, la oficialista explicó que se buscarán establecer “presupuestos legales mínimos” que funcionen como un “piso de derechos”, para luego “delegar en las convenciones colectivas de trabajo las especificidades de cada sector”.

El vicepresidente de la comisión, Albor Cantard (UCR) destacó el nivel de consenso alcanzado y aclaró que el teletrabajo es “una modalidad” y no una nueva actividad, donde además “debe primar la voluntad de las partes”.

Los puntos centrales

El diputado Walter Correa, secretario general de la Federación del Cuero (FATICA) y del Sindicato de Obreros Curtidores, explicó los aspectos principales del proyecto y remarcó que “esto es un piso que aplica a los convenios colectivos”. “Lo que no es escribe acá, va a los convenios, y por ende, a las paritarias”, enfatizó.

Correa indicó que se busca delimitar la jornada laboral; garantizar el derecho a la desconexión digital; contemplar las tareas de cuidado de menores o adultos mayores; y establecer que los elementos de trabajo sean provistos por la patronal -caso contrario, habría una compensación económica para el trabajador-.

El proyecto consensuado también establece que el trabajador pueda prestarse de manera voluntaria al teletrabajo, y con el mismo criterio retomar sus tareas habituales in situ, señaló Correa.

El legislador agregó que las empresas tercerizadas serán solidariamente responsables con las obligaciones laborales; y que el trabajador deberá gozar de igualdad de derechos sindicales.

La salud, la higiene y la seguridad en el trabajo serán otros de los aspectos contemplados en la futura ley, además del derecho a la intimidad y la privacidad del trabajador. Asimismo, se buscará “salvaguardar las fuentes de trabajo” cuando se trate de empleados no residentes en el país.

La posición de las centrales sindicales

Héctor Daer y Carlos Acuña, secretarios generales de la CGT, reconocieron que “esperaban otro momento” para emprender la discusión, aunque se mostraron de acuerdo, en líneas generales, con el proyecto unificado.

Entre otras cosas, los cegetistas propusieron que no haya un plazo determinado para que los convenios colectivos puedan adaptarse a la ley; y consideraron que la compensación de gastos por parte del empleador debe ser deducida del impuesto a las Ganancias.

Desde la CTA de los Trabajadores, que dirige Hugo Yasky, también hubo un respaldo, aunque el secretario gremial, Claudio Marín, advirtió sobre el riesgo de que con esta modalidad aumente el trabajo no registrado, que en nuestro país alcanza el 40%.

Por parte de la CTA Autónoma, Ricardo Peidró propuso que “el consentimiento solo pueda establecerse en forma colectiva y no individual”, y en ese sentido sugirió “que el teletrabajo solo pueda ser utilizado previa habilitación en la negociación colectiva”.

Julio Acosta, secretario Interior de la CTA Autónoma, contó la experiencia en el sector de los trabajadores de la electricidad. Remarcó que “cualquier reglamentación se debe hacer para proteger los derechos vigentes de los trabajadores”, y alertó conque el teletrabajo “viene a uberizar y precarizar el trabajo de las y los jóvenes.

“La crisis puede ser una oportunidad para el sector empresarial para maximizar ganancias o una oportunidad para los trabajadores para avanzar en la progresividad de sus derechos”, explicó.

La opinión de los gremios

Numerosos dirigentes sindicales de los sectores de la informática y las telecomunicaciones expusieron en la reunión virtual y apoyaron, en su mayoría, la regulación del teletrabajo, aunque algunos hicieron observaciones.

Horacio Arreceygor, de SATSAID (Sindicato Argentino de Televisión Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos) reveló que en su caso recibieron “una cantidad espeluznante de denuncias de trabajadores por la cantidad de horas” trabajadas con esta modalidad.

También señaló que “va a haber que trabajar mucho la penalidad para cuando las empresas incumplan” la ley, algo que consideró como un punto flojo del proyecto.

Por su parte, Osvaldo Iadarola, del Sindicato de las Telecomunicaciones (FOETRA) consideró que “no es una oportunidad, sino una necesidad” la de legislar sobre este tema, y en ese sentido marcó la intención de pasar “de un convenio analógico a uno digital”.

Desde la Unión Informática, Ignacio Lonzieme dijo que según relevamientos de su sector, hay “una sobrecarga de tareas, por eso es muy importante que cada actividad tenga su articulado respecto de esta modalidad”.

En cuanto al derecho a la desconexión laboral, sugirió la posibilidad de que el trabajador se ponga a entera disposición del empleador –lo que definió como “guardia pasiva”-, aunque aclaró que en ese caso debe haber una compensación económica, como si se tratara de horas extra.

Fabián Boccella, de la Unión Personal Jerárquico de Empresas de Telecomunicaciones (UPJET) consideró que “el teletrabajo es una modalidad, no es un beneficio,  y debe ser voluntario; y para que sea decente y seguro, debe ser regulado” para que no se produzca “una relación freelance que solo hace a la precarización laboral”.

En nombre de la ATACC (Asociación de Trabajadores Argentinos de Centros de Contactos), Walter Franzone informó que según un sondeo interno, “casi el 64% de los trabajadores” del sector están “satisfechos” o “algo satisfechos” con el teletrabajo.

“Hay que darle al sindicato la potestad de contralor de las empresas, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, porque sabemos que algunos empresarios siempre buscan un resquicio para ir por un lado u otro”, dijo Franzone, y agregó que en su sector se está analizando implementar la figura del “teledelegado”.

En tanto, Carlos Minucci, de APSEE (Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía) fue uno de los más críticos y opinó que el teletrabajo “debe estar acordado con el gremio; no lo pueden arreglar la empresa y el trabajador”.

“No se puede ejercer el teletrabajo si un trabajador no sabe cuáles son sus funciones y responsabilidades y si el gremio no acordó. Esto apunta a perder la relación sindical con los trabajadores. Hoy en nuestras propias oficinas sufrimos aprietes de los jefes; imagínense a los dirigentes sindicales yendo a la casa de cada uno para ver que no los apreten y para ver si tienen todo”, advirtió Minucci.

En medio de la pandemia, la Ciudad logró dos mil acuerdos con empresas

Así lo informó el subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio, Ezequiel Jarvis, ante la Comisión de Legislación de Trabajo y advirtió que a nivel mundial se han perdido más de 195 millones de puestos laborales.

Debido a la delicada situación económica que atraviesa la Ciudad en medio de la pandemia del Covid 19, la Comisión de Legislación del Trabajo -presidida por el peronista Santiago Roberto (FdT)- se reunió este martes con el subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio, Ezequiel Jarvis, quien informó acerca de cómo se encuentra el empleo en el distrito capitalino y cuál fue el impacto que tuvo el avance del virus en esa área.

En ese sentido, el funcionario precisó que “las organizaciones internacionales coinciden en que el impacto en la economía será brutal y lo comparan con la segunda guerra mundial” y advirtió que “la pandemia va a seguir causando complicaciones a nivel laboral, en estos últimos tres meses –según la OIT- se han perdido 195 millones de puestos de empleos”.

Sobre esa misma línea, agregó que “hay tres variables que pueden impactar en el desarrollo de la pandemia en el mercado laboral: en primer lugar, la informalidad que se da en las economías de la región; en segundo lugar, el margen que tengan para amortiguar con políticas fiscales y monetarias; y por último, la gran concentración de actividades en las mismas urbes”.

Además Jarvis indicó que “en la Argentina, pero principalmente en la Ciudad, las industrias, servicios, hospitalidad, salud, turismo, hotelería, construcción, gastronomía y los comercios en general, son los que se están viendo más afectados” y añadió: “para hablar en grandes números, todos estos sectores que mencioné hacen a los 2.700.000 puestos de trabajo que tiene nuestra Ciudad”.

“En la Ciudad nos propusimos dos líneas de acción: proteger los puestos de trabajo y los ingresos de los trabajadores. Nosotros buscamos generar un marco en el que todas las relaciones y negociaciones laborales puedan seguir funcionando, a raíz de esto llegamos a acuerdos que evitaron los despidos y suspensiones”, precisó y destacó que “logramos cerrar dos mil acuerdos, muchos de ellos han sido individuales pero también representan alrededor de 800 acuerdos colectivos”.

Al mismo tiempo, advirtió que “en marzo y abril han crecido exponencialmente las consultas, a partir del temor que generaba la situación del mercado laboral” y remarcó que “trabajamos mucho en la intermediación laboral, donde empezaba aparecer una mayor demanda de trabajadores: derivados a 2.400 personas a búsquedas que se estaban realizando en el sistema público de salud a través del Ministerio de Salud; pero también hicimos derivaciones a 2.500 empresas privadas que buscaban diferentes perfiles”.

A su vez, el subsecretario afirmó que “acompañamos a las empresas para brindarles información y para que pudiesen acceder a los beneficios que el Gobierno nacional emitió ante esta situación” e informó que “el aislamiento generó que algunos sectores puedan seguir desarrollando sus actividades, por lo que tuvimos que garantizar que esas actividades esenciales puedan seguir llevándose a cabo. Paralelamente nos sentamos con los sindicatos y las cámaras a diseñar protocolos para ir aplicando en cada sector”.

También explicó que desde el Gobierno de la Ciudad tuvieron que “generar nuestros propios protocolos para poder proteger a nuestros propios inspectores” y concluyó señalando que siguen “pensando medidas para poder ayudar a nuestras PyMEs y comercios, esperamos poder anunciarlas muy pronto”.

En cuando a la reapertura de nuevos comercios que inició este mismo martes, Jarvis aseveró que “se suman alrededor de 100 mil trabajadores que están volviendo ahora a sus actividades, que desarrollarán de lunes a viernes”.

Tras el encuentro, Roberto manifestó que “la pandemia que estamos viviendo nos presenta un desafío enorme, el de cuidar la salud sin descuidar la ecomomía y los puestos de trabajo” y destacó que “en sta primera reunión de comisión del trabajo, los diputados de los distintos bloques coincidimos en la necesidad de construir consensos para proteger a las y los que trabajan ya que ‪cuidar el empleo tiene que ser una prioridad hoy y más aún, en la etapa posterior a la pandemia”.

En la reunión estuvieron presentes los diputados Leandro Halperín, Ariel Álvarez Palma (UCR-Ev), Gimena Villafruela, María Luisa González Estevarena, Esteban Garrido, Mercedes De Las Casas (VJ) y Lucía Cámpora (FDT).