La iniciativa cuenta con media sanción de Diputados desde 2022 Y tiene por objeto la conformación de una base de datos unificada y dinámica, con soporte digital de acceso público y gratuito. Será tratada en una reunión de la Comisión de Legislación General este miércoles.
La Comisión de Legislación General del Senado, a cargo del puntano Bartolomé Abdala, se reunirá este miércoles para reflotar el proyecto de ley que propone la creación en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (ReNDAM) que tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde el 9 de noviembre de 2022 y tuvo dictamen de la Cámara alta en agosto de 2023.
El encuentro será a partir de las 17.30 en el Salón Arturo Illia y se tendrá en consideración el proyecto en revisión de la Cámara baja y dos iniciativas del senador pampeano Daniel Bensusán y el otro de la rionegrina Silvina García Larraburu.
Esta iniciativa tiene por objeto la conformación de una base de datos unificada y dinámica, con soporte digital de acceso público y gratuito, de los deudores alimentarios morosos de todo el territorio nacional inscriptos en los registros jurisdiccionales y/o a solicitud de autoridad judicial competente.
La inscripción en el ReNDAM se dará cuando la persona obligada al pago de cuotas alimentarias, provisorias o definitivas, mediante resolución judicial o convenio homologado judicialmente, incumpliera con el pago en tiempo y forma. Mientras que, para la baja, una vez acreditado el pago de lo adeudado el juez o tribunal correspondiente deberá ordenar la baja de la inscripción dentro de los cinco días hábiles posteriores.
Asimismo, los registros de las distintas jurisdicciones deberán “notificar al ReNDAM toda alta, baja o modificación en el plazo establecido en el instrumento de adhesión, el cual no puede superar los cinco días hábiles de ocurrido el hecho que lo cause”.
El proyecto plantea una serie de impedimentos para quienes estén inscriptos en este registro, de manera que distintas instituciones u organismos no les otorguen “la apertura de cuentas bancarias y otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito o débito; inscripciones o anotaciones en los registros de la propiedad inmueble nacional o de las jurisdicciones locales; otorgamiento o adjudicación, a título oneroso, de viviendas sociales o cesión de los derechos emanados de las mismas; expedición o renovación de pasaporte; solicitud de licencia para conducir o su renovación; habilitación para la apertura de comercio o industria; e inscripción a matrícula de colegios profesionales o entidad similar necesaria para el ejercicio de actividad bajo matrícula pública”, entre otros.
Sin embargo, aclara que “a petición del interesado/a el/la juez/a o tribunal que ordenó la inscripción en el ReNDAM, con pronto despacho, puede autorizar la realización en forma provisoria de los trámites previstos en el presente artículo si de esa manera se posibilita el acceso a una fuente de ingresos o actividad que permita el cumplimiento de la obligación alimentaria o mediando razón suficiente”.
También, en el texto que consta de 20 artículos, se prevé que las personas inscriptas en el ReNDAM no podrán ingresar, en carácter de espectadores/as, a eventos y torneos deportivos masivos, ni a casinos o casas de juego.
El artículo 15 establece que la autoridad de aplicación debe articular con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia; la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; y otros organismos competentes, la realización de campañas de sensibilización y concientización sobre la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes vinculados al cumplimiento de la obligación alimentaria; la existencia del ReNDAM; información relativa a centros de atención, asesorías de familia y centros de acceso a la justicia que asesoren o patrocinen en materia de cumplimiento de las obligaciones alimentarias; y la violencia económica que se ejerce hacia las mujeres producto del incumplimiento de las obligaciones alimentarias.
Desde JxC habían exigido la designación de autoridades de la Comisión de Legislación General para tratar “de inmediato” la modificación de la Ley 27.551. También tratarán la media sanción del proyecto sobre deudores morosos y una iniciativa para cambio de apellido sin intervención judicial.
La Comisión de Legislación General del Senado tendrá su reunión constitutiva -exigida por la oposición- este martes 29 de agosto a las 17.00 y luego habrá un plenario con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Ricardo Guerra, para tratar la modificación de la Ley de Alquileres, en revisión, que llega con media sanción de la Cámara de Diputados.
Este viernes, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio exigió “urgentemente” la composición de la Comisión de Legislación General para tratar “de inmediato” la modificación de la Ley 27.551 respecto a los contratos de locación.
Del mismo modo, serán debatidos los proyectos que ingresaron por la Cámara alta de la senadora Clara Vega (propone 2 años para habitar, 3 para comercializar y ajuste de precio cada 6 meses), el de la misionera Magdalena Solari Quintana (que el locatario pueda renunciar cuando lo desee), el del radical Julio Martínez (2 años con prorroga por solo uno más), el de Maurice Closs (ajuste anual) y el de Carolina Losada que busca la derogación.
El miércoles pasado en el recinto de la Cámara de Diputados, la oposición logró la media sanción del proyecto que establece que los ajustes sean por intervalos no inferiores a 4 meses y que el mecanismo de actualización pueda combinarse entre tres índices, a acordar por las partes. Además, vuelve a dos años el plazo de los contratos.
Asimismo, el plenario convocado para este martes tratará la creación en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (ReNDAM) que viene con media sanción de la Cámara de Diputados obtenida el 9 de noviembre del 2022.
Esta iniciativa tiene por objeto la conformación de una base de datos unificada y dinámica, con soporte digital de acceso público y gratuito, de los/las deudores/as alimentarios/as morosos/as de todo el territorio nacional inscriptos/as en los registros jurisdiccionales y/o a solicitud de autoridad judicial competente.
La inscripción en el ReNDAM se dará cuando la persona obligada al pago de cuotas alimentarias, provisorias o definitivas, mediante resolución judicial o convenio homologado judicialmente, incumpliera con el pago en tiempo y forma. Mientras que, para la baja, una vez acreditado el pago de lo adeudado el/la juez/a o tribunal correspondiente deberá ordenar la baja de la inscripción dentro de los cinco días hábiles posteriores.
Asimismo, los registros de las distintas jurisdicciones deberán “notificar al ReNDAM toda alta, baja o modificación en el plazo establecido en el instrumento de adhesión, el cual no puede superar los cinco días hábiles de ocurrido el hecho que lo cause”.
El proyecto plantea una serie de impedimentos para quienes estén inscriptos en este registro, de manera que distintas instituciones u organismos no les otorguen “la apertura de cuentas bancarias y otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito o débito; inscripciones o anotaciones en los registros de la propiedad inmueble nacional o de las jurisdicciones locales; otorgamiento o adjudicación, a título oneroso, de viviendas sociales o cesión de los derechos emanados de las mismas; expedición o renovación de pasaporte; solicitud de licencia para conducir o su renovación; habilitación para la apertura de comercio o industria; e inscripción a matrícula de colegios profesionales o entidad similar necesaria para el ejercicio de actividad bajo matrícula pública”, entre otros.
Sin embargo, aclara que “a petición del interesado/a el/la juez/a o tribunal que ordenó la inscripción en el ReNDAM, con pronto despacho, puede autorizar la realización en forma provisoria de los trámites previstos en el presente artículo si de esa manera se posibilita el acceso a una fuente de ingresos o actividad que permita el cumplimiento de la obligación alimentaria o mediando razón suficiente”.
También, en el texto que consta de 20 artículos, se prevé que las personas inscriptas en el ReNDAM no podrán ingresar, en carácter de espectadores/as, a eventos y torneos deportivos masivos, ni a casinos o casas de juego.
El artículo 15 establece que la autoridad de aplicación debe articular con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia; la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; y otros organismos competentes, la realización de campañas de sensibilización y concientización sobre la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes vinculados al cumplimiento de la obligación alimentaria; la existencia del ReNDAM; información relativa a centros de atención, asesorías de familia y centros de acceso a la justicia que asesoren o patrocinen en materia de cumplimiento de las obligaciones alimentarias; y la violencia económica que se ejerce hacia las mujeres producto del incumplimiento de las obligaciones alimentarias.
Del mismo modo, se tratarán los proyectos que ingresaron por la Cámara alta de los senadores nacionales Daniel Bensusán (FNyP – La Pampa), Silvina García Larraburu (UC – Rio Negro) y Daniel Kroneberger (UCR – La Pampa).
Además, será tratado el proyecto de ley presentado por el senador fueguino Matías Rodríguez para modificar el artículo 69 del Código Civil y Comercial de la Nación respecto de permitir el cambio de nombre y apellido con y sin intervención judicial.
La iniciativa propone los cambios de apellido sin intervención judicial para personas que hayan sido víctimas en casos de: delitos contra su integridad sexual por parte de alguno de sus progenitores o ascendientes y descendientes hasta el primer grado de aquellos que cometieron delitos contra la integridad sexual o la vida de terceros.
La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y comenzará este miércoles su andar en la Cámara de Diputados.
Aprobado en la Cámara alta por 37 votos a favor y 31 en contra el pasado 12 de mayo, comenzarán a discutir esta semana en Diputados el proyecto para crear un fondo para pagarle al FMI con dólares fugados.
En efecto, es la Comisión de Legislación General, que preside Cecilia Moreau, la que ha sido convocada para este miércoles para comenzar a discutir el proyecto impulsado en la Cámara alta por el neuquino Oscar Parrilli.
El debate sobre el proyecto el cual se crea el Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional arrancará con la presencia de especialistas que han sido invitados a exponer, según se anticipa en el anuncio de la convocatoria, donde no figura la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es la otra comisión que -como sucedió en el Senado- debe abocarse a analizar el tema. Según pudo averiguar parlamentario.com, diputados de esa comisión podrán concurrir igual a esta reunión y desde Presupuesto y Hacienda adelantaron que convocarán también a otra reunión informativa con Legislación General.
La próxima semana los legisladores se abocarán al análisis de los distintos proyectos.
En lo que fue la última jornada con invitados, la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados recibió a representantes de distintos sectores que exponen sobre la Ley de Alquileres.
Con la participación de los oradores de este miércoles, los diputados habrán escuchado a más de 100 personas. La lista de esta miércoles abarcó a 39 expositores, entre los que hay voces de los inquilinos, propietarios, inmobiliarias y distintos especialistas.
Ya concluidas las rondas informativas, la próxima semana, entre los días martes 26 y miércoles 27 la comisión, a cargo de Cecilia Moreau (FdT), se abocará a la discusión de los diferentes proyectos presentados.
Por la Unidad Inmobiliaria del Colegio de Martilleros de San Isidro, Leonor Dueñas, aseguró que la Ley 27.551 “resultó desfavorable para el mercado, perjudicando a todas las partes” ya que “se retiraron el 30% de los inmuebles; pasando a colocarlos en inmuebles para la venta”.
“Los dueños buscaron preservar su seguridad”, expresó y consideró que solo “la libertad de contratación podrá seducir a esos inversores”. Además, reclamó que “el propietario sea considerado contribuyente monotributista por toda la actividad locativa, dejándose de evaluar cada alquiler como una actividad comercial” y que se establezcan “incentivos para la locación de inmuebles desocupados. Evitemos la creación de impuestos que siguen ahogando a la sociedad”. La expositora insistió que “la libre oferta y demanda solucionará esta situación”.
Desde el otro lado, Cecilia Pereyra, de Inquilinos por Quilmes, manifestó: “No tienen idea lo que es repensarse cada dos años dónde iremos a parar, si es que juntamos la cantidad de guita que nos piden para renovar un contrato o buscar otra vivienda, cosa que para los trabajadores es complicado”.
“Si las leyes no se promulgan y no se cumplen son letra muerta”, enfatizó la representante de los inquilinos, que reclamó por un plan de vivienda social, “un órgano de control y qué vamos a hacer con la vivienda ociosa”. “El colectivo inquilino no llega ingresar a su casa 50 mil pesos mensuales, lejos de los números que muchos creen que tenemos”, agregó y solicitó una “respuesta concreta y coherente de parte de nuestro Estado”.
En nombre de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, Enrique Abatti, se expresó a favor del proyecto de ley presentado por el diputado Alberto Asseff (Pro). Sobre la Ley de Alquileres sancionada hace menos de dos años, dijo que “lamentablemente ha fracasado”. Si bien reconoció que tuvo puntos “muy beneficiosos para ambas partes” como la “derogación de la prohibición legal de indexar” y la jerarquización del corredor inmobiliario, opinó que es necesario modificar siete artículos.
Uno de ellos es eliminar la “fijación del precio” y volver al “imperio de la libertad contractual”, apuntó el expositor, que agregó: “Siempre que el Estado intervino se volvió en contra de los inquilinos”.
A continuación, Luciana Porras Luján, presidenta Cámara de Corredores Inmobiliarios de La Rioja consideró que la modificación del plazo de locación, de tres años reducirlo a dos, como era en la ley anterior “reactivará el sector en el mediano o largo plazo”.
A su turno, Nicolás Pertierra del Centro de Estudios Económico y Sociales Scalabrini Ortíz advirtió el problema respecto a la falta de información “en un sector bastante oscurantista”, que es uno de los principales problemas para la elaboración de cualquier política pública. “Indicadores que reflejaran el seguimiento de los precios de los alquileres que es la principal barrera en el acceso al alquiler”, añadió.
Por otra parte, consideró que hay una “disociación total” entre la construcción de viviendas y los alquileres: “En la medida que la construcción tenga un fin de resguardo de valor y no de generación de una renta, retirar una vivienda de un alquiler no lo hace alguien que depende de eso, si no alguien que tiene esa viviendo como resguardo de valor”.
Mariano Oppel de Unidos por la Profesión señaló que en el contexto económico que nos toca vivir “es muy difícil resolver” resolver la situación de los alquileres, pero “si lo que queremos es mejorar el funcionamiento del mercado, hay que trabajar de manera integral”.
En este sentido, señaló imprescindible que “vuelva a ser atractivo ahorrar e invertir en Argentina, tiene que volver a ser atractivo que el ahorrista deje su plata acá y no se vaya del país, tiene que volver a ser atractivo generar nuevas viviendas para volcarlas al mercado locativo, porque esas son nuevas casas y termina siendo un círculo virtuoso”.
“Lo más importante es todo lo referido al Código Civil y Comercial, tenemos que trabajar en un marco normativo que le permita a la gente resolver sus cuestiones dentro de la ley y no por fuera. Acordar libremente y generar ese marco normativo”, concluyó.
Federico Kulekdjian, de la Oficina Provincial de Coordinación de Alquileres de Buenos Aires remarcó que la sanción de la Ley “fue fundamental en el avance de derechos, garantías y protecciones a los inquilinos que acceden a la vivienda a través del alquiler, no solo en términos económicos si no también en términos de estabilidad habitacional”.
Además, advirtió que el gasto del alquiler tiene un peso notable dentro del presupuesto de los hogares inquilinos: “La magnitud de ese gasto y los aumentos desmedidos tienen un impacto directo sobre el consumo y representan una transferencia de ingresos cada vez mayor de un sector a otro”.
Por esto, para el funcionario “reducir el plazo a dos años y liberar el índice de ajuste resultaría en mayores renovaciones constantes y mayores gastos iniciales”.
“Solicitamos a los diputados que no se retrotraigan en el piso de derechos y protecciones alcanzados en la ley de alquileres, si no por el contrario, que se amplíen los alcances considerando regulaciones en los precios iniciales y en las renovaciones de los contratos, que se promocione una oferta pública y que existe una mayor transparencia a través de estadísticas oficiales”, concluyó.
A su turno, Marta Liotto, del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios CABA apuntó que, desde su sector, se pueden advertir dos temas a solucionar: “Uno es seducción, si no seducimos a los propietarios no hay mercado. Hay que convencerlos a que ofrezcan sus inmuebles, el refugio de valor, que tienen lo ofrezcan en locación. Si no logramos eso, es imposible revertir la situación”.
Y el otro tema es la previsibilidad: “Si tuviéramos previsibilidad sin dudas le damos tranquilidad a quienes ponen el inmueble en alquiler, y a quienes deben cumplir con el contrato de locación mes tras mes”.
“No alejemos al inversor, apoyémonos en ellos. Es la única situación viable que hoy tiene por delante la República Argentina”, cerró Liotto su exposición.
A continuación, Juan Pablo Costa, del Centro de Economía Política (CEPA) puso énfasis en la cantidad de inquilinos afectados por la normativa: “Lejos de ser una problemática que afecta a un sector marginal de la población, estamos hablando de cerca del 20% de los hogares. Y en la CABA supera el tercio de los hogares. Los hogares inquilinos cada vez destinan una proporción mayor de sus ingresos a los alquileres”.
Florencia Labiano, de IDAES / UNSAM describió el estado del mercado inmobiliario: “En 20 años hay más casas, que cada vez son más caras, pero en menos manos. Estamos ante un fenómeno de concentración que tiene consecuencias muy claras en la estructuración del mercado de alquileres. La vulnerabilidad de los inquilinos no es solo una cuestión legal, si no también fáctica”.
Y agregó: “El plazo de tres años reduce la inestabilidad de esos hogares que ya son inestables de por sí. Les permite arraigarse, y mantener rutinas que se vinculan con sus fuentes de trabajo. Y por el otro lado, el aumento anual, indexado les garantiza el congelamiento por doce meses de un gasto básico e ineludible”.
Luna Miguens, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que la población inquilina “no tiene una red de seguridad, hoy no existen políticas nacionales de protección de esta población, a pesar de la creciente inquilinización, y a pesar de que la situación es cada vez más precaria”.
En este escenario, consideró que la Ley de Alquileres “es un logro del movimiento de inquilinos en la Argentina, y es un logro porque las modificaciones que establece la ley son mejoras para el acceso al alquiler por parte de la población inquilina. Mejora las condiciones contractuales”.
Finalmente, fue el turno del presidente de la Federación Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, que comenzó su alocución advirtiendo que la Ley de Alquileres “ha sufrido una de las campañas más fuertes en contra de una ley en todos los medios de comunicación, e incluso Juntos por el Cambo ha planteado en su campaña la derogación de la ley en nombre de los inquilinos”.
A pesar de esto, indicó que las organizaciones inquilinas siguen creciendo en todo el país, “crecemos sobre todo por lo que no hace el Estado. Venimos creciendo porque hay un sector que no para de humillarnos, que no para de decidir quién puede vivir dignamente y quien no, y todo esto lo hace a espaldas del Estado”.
Respecto a lo sucedido en las comisiones de Legislación General, sostuvo que queda claro que hay dos posturas claras: “Los inquilinos tenemos opinión propia, que todas las organizaciones inquilinas estamos defendiendo la ley, no queremos que se modifique el plazo de tres años, no queremos que se modifique la actualización anual, y todo el mercado inmobiliario está pidiendo que se modifiquen estos dos artículos”.
“Lo que resta saber es qué van a hacer los disputados, que finalmente no es más que saber para quien van a legislar, si van a legislar para una corporación que detesta al Estado, que no va a cumplir ninguna ley, ni esta ni la que se vote, o si van a legislar para los 9 millones de inquilinos que estamos en una situación gravísima”, concluyó Nuñez.
La agenda de comisiones un martes intenso y reuniones también para el día siguiente. Los temas previstos.
La Cámara baja tuvo una labor bastante menguada a lo largo del año, que se reactivó con la sesión maratónica del último 26 de octubre. Pasadas las elecciones generales de este domingo, el oficialismo parece querer reactivar la actividad plenamente en las comisiones y ya anunció una batería de reuniones bastante amplia para este martes y miércoles.
Sobre todo para el martes, cuando tiene programada nada menos que seis reuniones, como en los viejos tiempos pre-pandemia. Que conforme lo establecido ya oportunamente serán enteramente presenciales, de modo tal que la actividad se retomará a pleno a partir de la próxima semana.
Muestra el oficialismo las cartas con antelación en Diputados: adelantándose a lo que se perfila como una nueva conformación de la Cámara donde puede llegar a tener un número menor de miembros, trata de aprovechar el tiempo que queda hasta el 10 de diciembre activando la agenda legislativa.
Arrancará así este martes a partir de las 13 con un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Justicia, para analizar el proyecto sobre neumáticos fuera de uso. Se trata de una iniciativa que prevé establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los mismos.
A partir de las 14, Recursos Naturales -comisión que preside el oficialista Leonardo Grosso– continuará con el trabajo analizando una serie de proyectos que incluyen la actualización del monto para las sanciones por residuos peligrosos; y comenzará a analizar el proyecto sobre gestión integral de envases y reciclado inclusivo, entre otros temas.
Para las 15 ha convocado Cecilia Moreau a una reunión de la Comisión de Legislación General que ella preside para tratar la creación de un Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar; y una serie de iniciativas como la institución del Día nacional del Turismo Rural; el Día del Amor Maternal, en conmemoración de la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo; el Día nacional de la Adopción; Día nacional del Lenguaje de Señas; Día nacional de la Juventud (en homenaje a las víctimas de la tragedia de Cromañón), y el establecimiento del 17 de agosto como feriado nacional no trasladable.
Para una hora después ha sido citada una reunión informativa de la Comisión de Mercosur, que tendrá que ver con las relaciones entre ese organismo regional y la Unión Europea, y para las 17 está convocada la Comisión de Acción Social y Salud Pública.
En ese encuentro se analizará la creación del programa nacional “Pancitas llenas”; una campaña nacional para la donación de plasma inmune para el tratamiento de la fiebre hemorrágica argentina; y la creación del Día nacional del Médico Endocrinólogo, entre otros temas.
La intensa jornada se cierra con una reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería, que a partir de las 19 tratará un proyecto de ley que crea un marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. También se tratará un proyecto sobre agricultura familiar y la creación de un fondo fiduciario para el mismo.
Para el miércoles hay previstas por ahora dos reuniones de comisión. La de Turismo analizará establecer con carácter de Fiesta nacional del Veranador, a la festividad que anualmente se desarrolla en la localidad de Andacollo, provincia de Neuquén, y otros proyectos similares, en tanto que para las 13 ha sido convocada una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, para analizar entre otros temas el proyecto de gestión integral de envases y reciclado inclusivo; el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial; y la prórroga de la emergencia de tierras indígenas, entre otros múltiples temas.
Entre otros, se aprobó la adopción del Símbolo de Accesibilidad Universal; la inembargabilidad del patrimonio bibliográfico de bibliotecas populares; y la declaración de Juana Azurduy como Heroína Nacional.
La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, que preside Cecilia Moreau (Frente de Todos), dictaminó este miércoles a favor de una serie de proyectos consensuados que ya cuentan con aprobación del Senado .
Una de las iniciativas avaladas busca adoptar en Argentina el Símbolo de Accesibilidad Universal, para identificar el acceso de las personas con discapacidad, diseñado por Naciones Unidas en 2015.
Actualmente, el símbolo utilizado en los lugares accesibles para personas con discapacidad es el contemplado en la norma IRAM 3722, fue aprobado en 1991 y simula una persona en silla de ruedas. La nueva imagen consiste en una figura humana con los brazos abiertos, simbolizando la inclusión para las personas sin distinción de sus capacidades.
Según el proyecto, este símbolo debería ser implementado a fin de identificar el acceso de las personas con discapacidad a edificios, vías públicas, servicios de transporte, vehículos, instalaciones exteriores e interiores y páginas web.
Otro de los proyectos dictaminados modifica el artículo 5 de la Ley 23.351 de Bibliotecas Populares, incorporando la inembargabilidad e inejecutablilidad del patrimonio bibliográfico, del inventario informático y de un único bien inmueble del que sea titular registral, siempre que el mismo se encuentre afectado a la consecución de su objeto social.
El texto fue defendido por la diputada Alejandra Vigo (Córdoba Federal) y por la presidenta de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), María del Carmen Bianchi, quien destacó que hay más de 1.400 bibliotecas populares en el país.
Bianchi explicó que “son organizaciones de la sociedad civil cuyo fin es la promoción y el desarrollo de la cultura” y “tienen el orgullo de haber sido la cuna de grandes escritores nacionales”. “La amenaza del embargo implica que, por ejemplo, muchas bibliotecas no puedan recibir subsidios del Estado”, fundamentó.
Por otra parte, se aprobó un proyecto para declarar Heroína Nacional a la libertadora y generala Juana Azurduy de Padilla.
También otras iniciativas para instituir el 15 de diciembre de cada año como Día Nacional de las Mujeres y Diversidades en el Ámbito Marítimo y Fluvial; el 4 de enero de cada año como Día Nacional del Braille; y la primera semana del mes de octubre como la Semana Nacional de la Educación Sexual Integral.
Asimismo, avanzó un proyecto para declarar de “interés nacional” la 60° edición del Festival Infantil de la Ciudad de Necochea, realizado entre el 7 y el 10 de enero del 2021 en la provincia de Buenos Aires; y por último, una serie de transferencias de inmuebles propiedad del Estado Nacional a diversas ciudades y provincias.
Terminadas las rondas de consulta, el próximo lunes comenzará el debate entre los legisladores. Habrá dos reuniones y luego se firmará el dictamen, según informó Cecilia Moreau.
La ley de etiquetado frontal de alimentos avanzará en las próximas semanas en la Cámara de Diputados: la presidenta de la Comisión de Legislación General, Cecilia Moreau (Frente de Todos) informó que el lunes comenzará el debate entre los integrantes de las cuatro comisiones que analizan el tema, y tras dos jornadas de discusión se firmará el dictamen.
Se trata del proyecto aprobado en el Senado en octubre del año pasado para promover la alimentación saludable a través de la incorporación de octógonos negros de advertencia en los envases de productos que contengan exceso de grasas, calorías, azúcares o sodio.
La iniciativa fue debatida en cuatro comisiones de Diputados -Legislación General, Salud, Defensa del Consumidor e Industria- a lo largo de cuatro jornadas por las que pasaron más de 40 expositores, entre funcionarios, representantes de la sociedad civil y del sector empresarial, especialistas y hasta invitados internacionales.
Agotadas las reuniones informativas -la última se realizó el 6 de abril-, Moreau adelantó este miércoles que se realizará un nuevo plenario el próximo lunes, en horario a confirmar, para dar lugar al debate entre diputados, y tras una segunda reunión se firmará el dictamen, cuya letra chica se define por estas horas.
La diputada oficialista dio estas definiciones al inicio de una reunión de la comisión que preside, convocada para tratar una serie de proyectos consensuados.
Un plenario de cuatro comisiones volverá a recibir a especialistas en la temática. La iniciativa tiene media sanción del Senado.
Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados retomará este martes, a las 13, el debate del proyecto de ley sobre etiquetado frontal de los alimentos con exceso de azúcar, sodio y grasas.
La iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado, será tratada en una nueva reunión informativa que realizarán las comisiones de Legislación General; Acción Social y Salud Pública; Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; y de Industria, y que contará con la presencia de 15 especialistas en la temática.
El proyecto busca advertir a los consumidores sobre los excesos de componentes críticos, a partir de dar información clara, oportuna y veraz, mediante un sello negro en forma de octógono como advertencia.
Además, procura promover la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles.
Tras su paso por la Cámara alta, donde se aprobó por amplia mayoría, la iniciativa comenzó a debatirse el año pasado en varias reuniones informativas, pero aún no se logró avanzar en el dictamen.
En la primera reunión informativa de comisiones de la Cámara de Diputados, representantes del Ejecutivo expusieron sobre el proyecto con media sanción. Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas Internacionales, remarcó la importancia de “armonizar” las normas con el Mercosur.
Por Melisa Jofré
Se largó este viernes en la Cámara de Diputados el debate del proyecto de etiquetado frontal de alimentos con exceso de azúcares, sodio y grasas, con una primera reunión informativa a la que asistieron funcionarios de distintos Ministerios.
Los representantes del Poder Ejecutivo coincidieron en avanzar con la ley, salvo la advertencia aportada desde Cancillería sobre la importancia de “armonizar” las normas con el Mercosur.
Los diputados de las comisiones de Legislación General; Acción Social y Salud Pública; Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; e Industria, escucharon a los funcionarios y realizaron preguntas en un encuentro que duró más de dos horas.
El primero en exponer fue el representante de Cancillería, Jorge Neme, quien remarcó la necesidad de “tomar todos los recaudos necesarios para preservar” el “proceso de armonización de las normas” con el Mercosur y “evitar generar obstáculos innecesarios” en el comercio internacional.
El funcionario recordó que en diciembre Argentina asumirá la Presidencia Pro Tempore del bloque regional, que en marzo del año que viene cumple 30 años. En ese sentido, apuntó que desde sus inicios se planteó “el compromiso de los socios de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes para lograr el fortalecimiento del proceso de integración”.
Por ello, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales reveló que el país transmitió el pasado 6 de noviembre “la preocupación” por la norma de etiquetado que se aprobó en Brasil, y que va a comenzar a regir dentro de dos años.
Para Neme, el término “complementar” -que se utiliza en dos artículos de la iniciativa para referirse a este tema- “no la resuelve completamente la disyuntiva a la que nos enfrentamos en este momento”. Al respecto, sugirió esperar que Argentina asuma la Presidencia Pro Tempore e impulse la necesidad de “alcanzar una norma totalmente armonizada” para el bloque.
Luego fue el turno de Victoria Tolosa Paz, del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, quien centró su alocución en la cuestión de la mal nutrición infantil en la población más vulnerable y manifestó: “Debemos trabajar para igualar a todos los sectores en este tipo de alimentación”.
La funcionaria dijo que tiene que haber “un Estado que, de manera inteligente, empiece a comprar alimentos que no dañen y no produzcan más daño en la curva de los indicadores de la mal nutrición en Argentina”. Asimismo, resaltó el “drama de la baja talla” en la que niños de 0 a 5 años tienen “la carencia más grande del consumo de frutas, verduras y lácteos”.
“Es una ley que busca ni más ni menos que hacernos cargo de algunos indicadores y dar respuesta a una población que necesita que el Estado garantice alimentos sanos”, agregó.
A su turno, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, ponderó el “consenso” entre distintos Ministerios para avanzar con esta norma y habló de un “momento histórico”. También afirmó que existió “diálogo con todos los sectores”, pero “fue fundamental la voluntad del Ejecutivo”.
“El etiquetado es importante, pero es parte de una política integral”, sostuvo y enfatizó que “este proyecto no es en contra de nadie y no busca demonizar nada, es un proyecto a favor de todos”.
La funcionaria del Ministerio de Desarrollo Productivo explicó que se trata de que los consumidores puedan contar “con la información necesaria para poder tomar decisiones”, la cual debe ser “clara, precisa y simple”. “Es responsabilidad del Estado garantizar que la sociedad pueda tomar las decisiones con información”, insistió.
Por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marcelo Alós aclaró que la iniciativa se discutió teniendo en cuenta que “este proceso sea también cuidando al sector productivo, porque nosotros somos un país que produce alimentos; cuidando sobre todo a nuestras PyMEs, y a los productores de alimentos que vienen de la agricultura familiar”.
El secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional expresó que la ley “es una necesidad para toda la población argentina en términos de cuidar la salud”, pero coincidió con Leme en que “hay que armonizarla con Mercosur”. “Si no hacemos ese proceso podríamos tener algún riesgo de barreras comerciales”, alertó.
Desde el Ministerio de Salud, Arnaldo Medina expresó el “beneplácito” con el proyecto y aseguró que “estamos ante una pandemia mundial que es la obesidad y el sobrepeso, una pandemia silenciosa que produce muchas más enfermedades y muertes que la de Covid-19”.
Sobre ello, el funcionario precisó que en Argentina hay un 60% de adultos con sobrepeso y un 30,6% de niños en edad escolar con sobrepeso. “En nuestro país se consume aproximadamente 11 gramos de sodio por habitante, por día. Estamos prácticamente en más del doble de lo que el organismo tolera y más de diez veces de las necesidades que tiene nuestro organismo”, señaló.
El secretario de Calidad en Salud advirtió que el sobrepeso y la obesidad producen “enfermedades cardiovasculares; metabólicas, como la diabetes; y el cáncer”. Además, indicó que “los patrones de consumo han empeorado” y más de un 50% de los adultos llevan una vida sedentaria.
Finalmente, destacó que “es la primera vez en la historia que en el Poder Ejecutivo hay un acuerdo entre los Ministerios” sobre el tema, y afirmó que la propuesta -similar a la que se votó en el Congreso- fue presentada ante la CONAL (Comisión Nacional de Alimentos) y ante el Mercorsur. Durante su presentación estuvo acompañado por Mónica López, directora del Instituto Nacional de Alimentos, quien también respondió consultas de los legisladores.
La cuestión Mercosur
Al momento de las preguntas, el diputado Alejandro García, titular de la Comisión de Industria, señaló que no le había quedado “claro” la posibilidad de “supeditar o no” el tema, o “en qué términos avanzaríamos”, respecto al Mercosur. “¿Cómo sería la implementación (de la ley) si no hubiera un acuerdo en Mercosur?”, se preguntó.
En el mismo sentido, la diputada Brenda Austin dijo estar “un poco confundida con las intervenciones del Ejecutivo”, y consultó al funcionario de Cancillería si la intención es “posponer el debate, esperando que Mercosur defina y avance, o modificar la redacción”.
Jorge Neme respondió entonces que el acuerdo del bloque regional “no suprime la soberanía nacional” y “estamos en condiciones plenas de resolver sobre cada una de las cosas”. Pero la cuestión pasa por “si la política que prevalece es una decisión de construir una integración regional, o si cada país va decidiendo aisladamente cuáles son las normas que va a ejecutar”.
“No está en juego la capacidad del Gobierno argentino resolver sobre todos los hitos”, reiteró y subrayó que se trata de que “si esa capacidad no se pone en línea con la capacidad del resto de los países para tratar de resolver cuestiones conjuntas, se debilita absolutamente el proyecto y la política de integración”.
El secretario de Relaciones Económicas Internacionales mencionó que existen resoluciones del Mercosur relacionadas al etiquetado de alimentos, e incluso “desde el año pasado se viene discutiendo en el Mercosur la actualización del etiquetado”.
Sin embargo, “si vamos con una ley (propia), la discusión queda absolutamente coartada” y “si se tiene que ir a defender nuestra ley para que los demás países adhieran, eso crea un problema”, aseguró.
El funcionario explicó que el caso de Brasil se hizo a través de una resolución de un organismo competente, en la que se plantea un plazo de dos años y “expresamente que hay que ir hacia una armonización en el Mercosur”.
“El Mercosur en términos de regularizaciones de integración está muy pobre y nosotros necesitamos consolidar eso”, continuó y concluyó: “Tengamos las manos libres para, por lo menos intentar, durante la Presidencia Pro Tempore de la Argentina, que comienza el 16 de diciembre, la posibilidad de lograr una norma armonizada. Ese es el planteo de Cancillería”.
Representantes de Cruz Roja y Unicef apoyaron la iniciativa que cuenta con media sanción del Senado, afirmando que “promueve la cultura de la solidaridad”.
La Comisión de Legislación General le dio dictamen a un proyecto de ley por el cual se modifica el artículo 2386 del Código Civil y Comercial de la Nación, sobre donaciones inoficiosas, que cuenta con media sanción del Senado y ahora está en condiciones de ser tratado en el recinto.
En defensa del proyecto expuso Diego Tipping, presidente Cruz Roja Argentina, quien consideró que “este cambio de norma promueve la cultura de la solidaridad”.
En este sentido, Martín Giménez Rébora, de Unicef Argentina, también ponderó el proyecto y explicó que “la posibilidad de contar con donaciones en vida nos permitiría reforzar la cooperación con el Estado para garantizar el cumplimiento de los derechos del niño”. “Es un reclamo de todas las organizaciones de la sociedad civil”, resumió.
Los respaldos además llegaron de parte de Ignacio Salvucci, presidente del Consejo Federal del Notariado, y de José María Lorenzo, del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
El diputado Jorge Enriquez (Pro) consideró que el proyecto “viene a poner fin a un sistema jurídico laberíntico previsto para las donaciones, que ha obstruido la circulación de bienes”. Desde el mismo bloque, la diputada Carla Carrizo (UCR) destacó que se trata de “un proyecto con muchísimo consenso social”.
También se votó un proyecto de resolución sobre soberanía sobre las tierras rurales, en el cual se le solicita al Poder Ejecutivo la derogación del decreto nacional 820/16. El texto reúne proyectos de Mabel Caparros (Frente de Todos) y Susana Landriscini (Frente de Todos). Juntos por el Cambio no acompañó la iniciativa.
Por otra parte, la Comisión de Legislación del Trabajo dictaminó por unanimidad una serie de proyectos de resolución y declaración, entre los que se destaca el reconocimiento a los trabajadores esenciales, que desempeñan sus tareas durante la pandemia del coronavirus.
En el mismo sentido, se aprobó la expresión de beneplácito por la labor que desarrollan las trabajadoras y trabajadores pertenecientes a la Dirección Servicio Médico de la Cámara de Diputados en el marco de la emergencia sanitaria.
Asimismo, la Comisión le dio el visto bueno a un proyecto de ley que busca emplazar una réplica del Cenotafio en Honor a los obreros rurales fusilados en las huelgas patagónicas de 1920-1921 en los espacios de la Memoria, dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
El diputado Juan Vázquez (Frente de Todos), autor de la iniciativa, explicó que se busca recordar a “los 1500 peones rurales que fueron fusilados en Santa Cruz, que simplemente reclamaban un trabajo y una vivienda digna”.
“En la memoria de nuestros abuelos, de aquellos que hicieron grande a Santa Cruz y a la Argentina, quiero pedirles que me acompañen para recordar el hecho más triste de la historia argentina”, dijo Vázquez.
La iniciativa, con media sanción del Senado, obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Legislación General. Además, oficialismo y oposición firmaron otros seis proyectos.
La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, presidida por la oficialista Cecilia Moreau, avanzó este martes con el dictamen del proyecto de ley que establece que el resarcimiento por delitos de lesa humanidad sea declarado imprescriptible.
La iniciativa, con media sanción del Senado, fue explicada por el diputado Karim Alume Sbodio (FdT), mientras que Moreau destacó el hecho de que se trate justo “en la semana en que se cumplen 36 años de la entrega del informe -Nunca Más- de la CONADEP”.
“Es un placer apoyar este proyecto”, dijo por su parte Carla Carrizo (UCR), quien enfatizó que “los consensos del ’83 no están cuestionados y están vigentes”. “Sigamos mirando la política de derechos humanos como una política de Estado”, añadió.
El proyecto modifica el Código Civil y Comercial en dos artículos, el 2.537 y el 2.560, y deroga además el último párrafo del artículo 2.561.
La iniciativa, de autoría de la senadora Cristina López Valverde (Frente de Todos), se presentó a raíz de un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2019 que denegó una indemnización a la hija de Enrique Ingeniero, un trabajador desaparecido en las oficinas de Techint durante la dictadura.
Por otra parte, también pasó a la firma un proyecto con media sanción por el cual se modifica la Ley 11.723, de Propiedad Intelectual, sobre la eximición del pago de Derechos de Autor para personas ciegas, con discapacidad visual o con dificultad para acceder a textos.
En tanto, se dictaminó una iniciativa del diputado Lucas Godoy (FdT) para declarar al 2021 como “Año del Bicentenario del fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes”; y otra del diputado Pablo Yedlin (FdT) para instaurar el 22 de agosto de cada año como el “Día de Desagravio al pueblo tucumano por el cierre masivo de Ingenios Azucareros pergeñado por la dictadura militar de 1966”.
Otros textos que obtuvieron dictamen fueron proyectos para instaurar la “Semana del Árbol” del 24 al 31 de agosto de cada año; un beneplácito por los 50 años de la creación de la Fundación Universitaria del Río de la Plata; y la declaración de interés del programa de formación de promotores de educación animal.
En un plenario de las comisiones de Legislación general y Salud, oficialistas y opositores se cruzaron por el decreto del presidente para salvaguardar el reclamo de la Policía bonaerense.
La discusión sobre la quita de un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la protesta de la Policía bonaerense, se coló este jueves en un plenario de las comisiones de Legislación General y Salud de la Cámara de Diputados, donde hubo cruces entre oficialistas y opositores.
Si bien la reunión conjunta había sido convocada para tratar otros proyectos -entre ellos, la regulación del ejercicio de la fonoaudiología-, la diputada Vanesa Siley (Frente de Todos) encendió la mecha al referirse al decreto firmado por el presidente Alberto Fernández.
“Como bonaerense no puedo dejar de celebrar lo que sucedió hoy. Es un anuncio histórico y de fondo, un reconocimiento y una jerarquización de la fuerza policial de la provincia de Buenos Aires, y además se hace con una redistribución mucho más justa de los recursos de todos los argentinos”, celebró Siley.
Al poco tiempo, la macrista Carmen Polledo pidió la palabra para responderle: “No quiero traer conflicto a esta mesa, pero no lo puedo dejar pasar. Yo soy diputada por la Ciudad de Buenos Aires. Decir que hay una redistribución equitativa sacándole un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para solucionar el tema de la provincia de Buenos Aires me duele muchísimo”.
“Yo defiendo a los porteños, y los porteños en el día de ayer hemos recibido un golpe fenomenal. Más de 35.000 millones (de pesos) que no correspondían…”, lamentó la legisladora.
Y continuó: “En enero de 2016 a mi me tocó votar el traspaso de un sistema de seguridad con fondos. Que de un día para el otro, sin una cuestión progresiva, sin avisar al jefe de Gobierno, en medio de una pandemia, nos enteremos que se van 35.000 millones así como si nada no es equitativo: demuestra que lejos de querer cerrar la grieta, están otra vez dividiendo a los argentinos”.
“No podemos jactarnos de que esto es una redistribución equitativa: esto es un golpe fenomenal a los porteños”, insistió Polledo.
A su turno, la oficialista Mara Brawer retrucó: “Yo también soy diputada por la Ciudad de Buenos Aires, defiendo los intereses de mi ciudad, pero los defiendo en el marco de un proyecto de país. Nosotros, los peronistas, decimos que primero está la Patria, la mirada integral hacia un país integrado y equitativo. La distribución de la riqueza tiene que ver con eso”.
Brawer puso como ejemplo que “en el medio de la pandemia, del enorme gasto que significa y del enorme sufrimiento de millones de argentinos, el Gobierno de la Ciudad gastó 200.000 dólares para equipar un bowling en el Club de Tiro (Federal)”.
“Es ahí donde el país nos mira como una ciudad rica y opulenta”, acotó, y añadió que “la metáfora de Cristina Kirchner de que ‘hasta los helechos tienen luz y agua’ tiene que ver con eso y con una ciudad que invierte en el juego, en el tiro o en el bowling”.
La diputada también advirtió que “en el medio de la pandemia se invirtió en máquinas para entregar snack en las dependencias del Gobierno de la Ciudad”, y sostuvo que “esto nos lleva a evaluar las prioridades”.
A su turno, Federico Fagioli, también del Frente de Todos por Buenos Aires, manifestó: “Me preocupa mucho que haya diputados que terminan defendiendo la concentración de la riqueza en una sola ciudad y se opongan a las medidas que toma el presidente para resolver un conflicto que se terminó trasladando con policías armados a la puerta de su residencia”.
“Desde el primer momento propusimos construir una Argentina federal y cuando el presidente toma esa decisión, lo hace entendiendo que es momento de ocuparse de todos los argentinos, que no puede seguir habiendo la desigualdad que hay entre una ciudad y el resto del país”, enfatizó.
Asimismo, Fagioli recordó cuando “por decreto, el gobierno de Mauricio Macri tomó la decisión de aumentarle la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y eso también hay que decirlo: siguió profundizando la desigualdad y la concentración de la riqueza”.
Desde el FdT consideraron que en JxC desconoce el aporte de las asociaciones de víctimas al proyecto de Ley que se debate en la Cámara alta.
“El bloque de senadores y senadoras bonaerenses de Juntos por el Cambio incurrió en una actitud profundamente desleal y antidemocrática, al poner fin de manera unilateral al debate en torno al proyecto de Ley de Víctimas que se venía trabajando en un marco de respeto y pluralidad”, informaron desde le bloque oficialistas, tras la finalización de la reunión de la Comisión de Legislación General.
A lo largo de las últimas tres reuniones realizadas por la Comisión -que preside el senador del FdT Francisco “Paco” Durañona- pasaron más de 30 expositores y expositoras que compartieron sus apreciaciones en torno al proyecto en cuestión, haciendo diversos tipos de “aportes tendientes a enriquecer y mejorar una normativa que todos consideramos fundamental” para la provincia de Buenos Aires.
Entre ellos se destacan asociaciones y organizaciones que nuclean a familiares de víctimas del delito; académicos, entre los que sobresalen el juez y profesor universitario, Ignacio Gallo, y la jueza Mariana Maldonado –ambos integrantes de la Comisión de Reforma del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires durante los años 2016 y 2017-; los reconocidos profesores de Derecho Penal, Fernando Díaz Cantón y Martín Arias Duval; el secretario de Política Criminal del Ministerio Público Fiscal bonaerense, Francisco Pont Vergés; el presidente del Consejo de Víctimas de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Almeida; la directora provincial de Casos Críticos y de Alto Riesgo del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia, Silvina Perugino; el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Lisandro Pellegrini; y el presidente de la organización Grooming Argentina, Hernán Navarro, entre otros y otras.
“Todos ellos y todas ellas hicieron interesantes evaluaciones que la presidencia de la Comisión pretendía considerar para la elaboración del dictamen final”, relataron fuentes del oficialismo y agregaron que “sin embargo, el bloque de Juntos por el Cambio no le otorgó ninguna importancia a la voz de las organizaciones que representan a las víctimas, los académicos, los funcionarios y los demás participantes y, sorpresivamente, aprobó un proyecto de dictamen de manera unilateral, sin mostrar la mínima vocación de trabajar en pos del consenso y el acuerdo”.
“Peor aún, el dictamen en cuestión no fue presentado ante la Comisión de Legislación General, razón por la cual el bloque opositor ha cometido la irregularidad de aprobar un expediente cuyo contenido es desconocido tanto por la presidencia de la Comisión como por los senadores y las senadoras que la integran”, según se detalló desde la comisión que comanda Durañona.
“Esta celeridad del espacio que responde a la ex gobernadora María Eugenia Vidal contrasta con el tratamiento que ella le dio al proyecto de Ley de Víctimas durante su gestión, ya que en los cuatro años en que permaneció en el cargo, ninguna de las iniciativas existentes al respecto fueron tratadas”, agregaron.
Voceros oficiales del senado además consignaron que la Ley de Víctimas “es un instrumento central para fortalecer la política de seguridad del Gobierno provincial y atender las demandas de los y las bonaerenses afectados por el delito”.
Y en ese sentido agregaron que “en efecto, en todo momento estuvo garantizado de parte de nuestro bloque el compromiso de tratar durante la próxima sesión el proyecto que surgiera del debate en comisiones”.
“Por eso, consideramos que la misma debe surgir como consecuencia de un amplio consenso que contemple la voz y la opinión de todos los actores involucrados y no a partir de un proyecto que ni siquiera tuvimos la posibilidad de conocer”, dijo el presidente de la comisión de legislación general.
El ex intendente de San Antonio de Areco además llamó “al bloque de senadores y senadoras de Juntos por el Cambio a rever la posición adoptada”, y concluyó “la ciudadanía bonaerense merece una Ley de Víctimas que contemple los intereses de todos y de todas y que no sea meramente el producto de una estrategia de utilización política por parte de Juntos por el Cambio”.
La iniciativa instituye el 15 de noviembre de cada año como “Día Nacional de la Inclaudicable Reivindicación y Defensa del Mar Argentino”. También se aprobó el “Día de la Visibilidad Lésbica”.
La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados emitió dictamen unánime este lunes sobre un proyecto para instituir el 15 de noviembre de cada año como “Día nacional de la Inclaudicable Reivindicación y Defensa del Mar Argentino”, en conmemoración del naufragio del submarino ARA San Juan.
La iniciativa fue presentada por Graciela Camaño (Consenso Federal) y, si bien había otros proyectos para que declarar el 15 de noviembre como feriado nacional y día no laborable, finalmente los bloques acordaron que sea un día hábil.
Camaño destacó que el proyecto tiene “un componente de mucha carga emocional” y busca “consolidar y mantener viva la memoria colectiva de la sociedad, reafirmando la importancia de la custodia y la vigilancia de la soberanía de nuestro mar, y honrar la memoria de los 44 tripulantes”.
“El 15 de noviembre de 2017, cuando por la madrugada nos enteramos de la desaparición, en el Atlántico Sur, del ARA San Juan, todos sufrimos una enorme conmoción”, recordó Camaño.
La legisladora resaltó que “en Diputados tuvimos la enorme capacidad de dimensionar la magnitud de la tragedia y prontamente logramos los acuerdos necesarios para conformar una comisión bicameral de investigación y seguimiento de la tragedia de los 44 tripulantes”.
Camaño señaló que la comisión funcionó “de forma increíblemente metodológica y disciplinada” y además asumió un trabajo de “contención” de los familiares, que “encontraron en el ámbito del Congreso un lugar donde pudieron interrogar como pudieron a todos los funcionarios de las Fuerzas y del Ejecutivo”.
La comisión también dictaminó dos proyectos de Pablo Ansaloni (Unidad y Equidad Federal) para declarar beneplácito por el Día Mundial de la Justicia Social, celebrado el 20 de febrero; y expresar reconocimiento a la trayectoria política de Nélida de Miguel, que el 10 de mayo pasado cumplió cien años.
Por otra parte, avanzó un proyecto de Gabriela Estévez (Frente de Todos) para instituir el 7 de marzo de cada año como “Día de la Visibilidad Lésbica” en conmemoración de la muerte de Natalia “Pepa” Gaitán, quien “fue fusilada por el padrastro de su novia por ser lesbiana”, en el año 2010 en la provincia de Córdoba.
Por último, recibió dictamen una propuesta de Carla Carrizo (UCR-Evolución) para declarar al mes de mayo de cada año como el mes del Síndrome de Williams, un trastorno genético del desarrollo que afecta distintas capacidades.
Según el proyecto, se eligió el mes de mayo para “alinear internacionalmente a la Argentina con entidades y países que han sido pioneros en estos aspectos” y promueven actividades de difusión y concientización sobre el Síndrome de Williams.
El proyecto obtuvo dictamen en la Comisión de Legislación General, donde Juntos por el Cambio reclamó una ley de asistencia a comerciantes.
Un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la situación de los alquileres con fines comerciales obtuvo dictamen favorable este lunes en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, tras un fuerte debate donde volvió a asomar la grieta.
La iniciativa fue presentada por la presidenta de la comisión, Cecilia Moreau (Frente de Todos) y solicita informes a la AFIP sobre diversas cuestiones relacionadas al ROI (Registro de Operaciones Inmobiliarias) en el contexto de la pandemia.
Si bien Juntos por el Cambio acompañó el proyecto, el diputado Luis Petri (UCR) planteó la necesidad de avanzar con una ley que alivie la carga impositiva “ya que la situación de los comercios en Argentina es prácticamente asfixiante y terminal”.
“Yo no me puedo plantar frente a un comerciante y decirle que lo único que ha hecho el Congreso ha sido un pedido de informes, porque nos quedamos cortos”, reprochó, y advirtió que “hay muchos comercios que bajan la persiana y no sabemos si podrán volver a abrir sus puertas”.
Petri sostuvo que “según datos de las cámaras de comercio, la rescisión de los contratos en CABA ronda el 22% en junio y la morosidad el 15%. La situación es por demás alarmante”.
“Más allá de acompañar, creemos que es imprescindible que rápidamente demos una solución para los inquilinos a locales comerciales”, insistió el mendocino, y en el mismo sentido Roxana Reyes (UCR) consideró que “un pedido de informes a cien días de la pandemia es, al menos, extemporáneo”.
En nombre del oficialismo, la jujeña Carolina Moisés destacó la reciente sanción de la Ley de Alquileres, que era “una cuenta pendiente”, y recordó además el decreto que congeló los precios de los alquileres.
“Está bueno que en Juntos por el Cambio se preocupen tanto por cómo mantener abiertos los comercios, porque hasta el 10 de diciembre hicieron todo para que los argentinos vivieran peor de lo que estaban”, ironizó Moisés.
Jorge Enriquez (Pro) recogió el guante y, tras reclamarle al Frente de Todos que “deje de mirar al pasado”, denunció que “a la gran mayoría de los trabajadores no les llegó el ATP”. “Lo sufro en carne propia porque le pasa a los trabajadores de mi estudio”, reveló.
El legislador advirtió que “el único esfuerzo que hace el Gobierno es imprimir billetes; el verdadero esfuerzo lo hacemos todos con nuestros impuestos. No es la concesión graciosa de un gobierno”.
Intervino entonces la oficialista Gabriela Cerruti, quien salió al cruce de Petri: “Decir sin pudor ni vergüenza que en estos meses no se tomó ninguna medida y que lo único que se hace es presentar un pedido de informes es mentir”.
Cerruti se preguntó: “¿Qué medida tomó el jefe de Gobierno frente al cierre de los comercios? ¿Les bajó el ABL? ¿Les hizo algún préstamo? No hay ni un crédito del Banco Ciudad para los comercios”.
Además, recordó que el pasado 11 de junio, los senadores de Juntos por el Cambio no votaron en el Senado la Ley de Alquileres. “¿Con qué cara vienen a hablar de los alquileres?”, cuestionó.
El pedido de informes aprobado en la comisión solicita detalles a la AFIP sobre la cantidad de locaciones comerciales registradas en todo el país, diferenciadas por jurisdicción, y el monto promedio de las mismas.
También se consulta sobre la cantidad de locaciones comerciales registradas cuyos contratos hayan finalizado desde el mes de marzo hasta la fecha; y las locaciones comerciales cuyos contratos tengan fecha de finalización desde la fecha hasta el 30 de septiembre.
En otro orden, la comisión dictaminó un pedido de informes -unificado entre proyectos de Karina Banfi, Carla Piccolomini y Fernando Iglesias- sobre el decreto 338/20 y el funcionamiento del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
La iniciativa surgió por un fallo de la Corte que denegó una indemnización a la hija de un trabajador de Techint desaparecido durante la dictadura.
La Comisión de Legislación General del Senado, que preside Ana Almirón (Frente de Todos) avanzó este martes con un proyecto de ley para que el resarcimiento por delitos de lesa humanidad sea declarado imprescriptible.
Tras una intensa discusión en torno a la técnica legislativa, el Frente de Todos aceptó una propuesta de redacción de Ernesto Martínez (Pro) y los senadores firmaron el dictamen, que quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión.
La iniciativa fue presentada por Cristina López Valverde (Frente de Todos) a raíz de un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2019 que denegó una indemnización a la hija de Enrique Ingeniero, un trabajador desaparecido en las oficinas de Techint durante la dictadura.
En ese fallo, los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti resolvieron por mayoría que los reclamos patrimoniales prescriben, incluso cuando se trata de crímenes de lesa humanidad.
A raíz de esto, López Valverde presentó el proyecto, que modifica el Código Civil y Comercial en dos artículos, el 2.537 y 2.561, respecto a la imprescriptibilidad de las acciones civiles por daños derivados de delitos de lesa humanidad.
Desde Juntos por el Cambio, el cordobés Martínez se mostró “esencialmente de acuerdo en la idea del proyecto y sus intenciones”, pero pidió “darle a la ley una forma que después no tenga grises ni problemas de interpretación judicial”.
En ese sentido, consideró que “no daríamos una respuesta adecuada si solo nos quedamos en el Código Civil y Comercial” y por eso sugirió “reformar la Ley de Contrato de Trabajo, donde está el problema real de la prescripción”, aunque finalmente desistió de esa propuesta.
Desde el oficialismo, Mario Pais sostuvo que “es correcta la técnica que estamos utilizando” para procurar “una reparación justa, integral y real por los daños y perjuicios derivados de un acto de un tercero”.
En el mismo sentido se expresó María de los Ángeles Sacnun, al reconocer que “teníamos esta falencia en nuestro derecho interno”. “Estamos saldando una discusión porque la misma Corte manifestó la necesidad de que el Parlamento se exprese”, agregó.
La titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales explicó que el objetivo es “que no haya dudas en cuanto a la reparación que se debe llevar adelante tanto desde el Estado como desde el derecho privado”.
Desde la UCR, Silvia Giacoppo coincidió en que “estamos terminando con una injusticia de 40 años, de gente que se murió esperando justicia”.
