Este martes se terminó de completar el cuadro de labor legislativo en la Cámara baja tras la conformación de las comisiones de Legislación Penal; Transportes; Minería; Energía y Combustibles; y Defensa Nacional.
La jornada de este martes en Diputados se abrió con la conformación de la Comisión de Legislación Penal que, como acordaron oficialismo y oposición, pasó a manos de Juntos por el Cambio su conducción. Como presidenta resultó electa la bonaerense María Luján Rey (Pro), quien agradeció a su bloque “por darme esta responsabilidad que asumo con el mismo compromiso que vengo trabajando desde hace mucho”.
La legisladora aspira a que “podamos avanzar en los proyectos que hoy están esperando y en todos los que se puedan seguir presentando para mejorar la calidad de vida de nuestros argentinos”, así como “trabajar mucho y bien, y que podamos encontrar los consensos necesarios”.
En la vicepresidencia primera fue designada la bonaerense Mónica Litza (FdT), quien recordó que durante su mandato anterior también integró esa comisión, e incluso con Rey “trabajamos mucho en la Ley de Víctimas, hicimos un trabajo muy importante en aquella oportunidad”, ya que la ahora presidenta de la comisión era una de las máximas referentes de los familiares de las víctimas de la Tragedia de Once.
“Estoy segura que vamos a trabajar en sintonía con lo que necesita la ciudadanía y para lo que fuimos electos, para mejorar la calidad de vida de los argentinos y argentinas”, agregó la massista.
El resto de las autoridades se completó con el correntino Manuel Aguirre (UCR) como vicepresidente segundo; y el santiagueño Bernardo Herrera (FdT) y la bonaerense Mariana Stilman (CC-ARI) como secretarios. La tercera secretaría, para el bloque Pro, quedó en reserva.
La siguiente comisión conformada este martes fue la de Transportes, que quedó en manos de un miembro de Juntos por el Cambio, el radical jujeño Jorge “Colo” Rizzotti, quien sostuvo que esta es una comisión que va a tener mucho trabajo y expresó su voluntad “en favor de los argentinos y el federalismo”. Destacó en ese sentido lo difícil que es el sistema de transporte en un país tan vasto como la Argentina. Adelantó además que este miércoles al mediodía ya arrancarán con la tarea con una reunión con la Cámara de Transporte de Pasajeros Urbanos y el sindicato de trabajadores de la UTA, para hablar del tema subsidios al transporte y la crisis que atraviesa el transporte automotor del interior.
La vicepresidencia 1° fue para la diputada del Frente de Todos María Jimena López, que al hacerse cargo de su puesto expresó su deseo porque esa sea “una comisión activa, de debate, de propuestas, y poder trabajar de manera conjunta”. Vicepresidenta 2° fue elegida María Luján Rey, quien al ser propuesta fue destacada por su papel en el reclamo de justicia por la tragedia de Once, en tanto que como primer secretario fue designado otro miembro del Pro, el rionegrino de Aníbal Tortoriello. Segundo secretario fue elegido Jorge Antonio Romero (Frente de Todos-Corrientes). La tercera secretaría quedó para el diputado Daniel Julio Ferreyra (Frente de Todos-Jujuy).
Luego fue el turno de la Comisión de Minería que quedó en manos del oficialista por San Juan Walberto Allende, mientras que su coterránea Susana Laciar (JxC)quedó en la vicepresidencia primero y el santacruceño Jorge Guillermo Verón (FdT) fue elegido al cargo de vicepresidente segundo. Como secretarios fueron designados Karina Bachey (Pro – San Luis), Dante López Rodríguez (FdT -Catamarca) y el radical Francisco Monti (Catamarca).
Una hora más tarde se conformó la Comisión de Energía y Combustibles que quedó a cargo el oficialista chubutense Santiago Igon, mientras que los neuquinos Francisco Sánchez (Pro) y Guillermo Carnaghi (FdT) fueron elegidos vicepresidentes primero y segundo respectivamente. En tanto, como secretarios fueron nombrados Jimena Latorre (UCR – Mendoza), Ana Clara Romero (Pro – Chubut) y Adolfo Bermejo (FdT – Mendoza).
Completó la nómina la Comisión de Defensa Nacional que presidirá el diputado del Pro Alberto Asseff, cuya vicepresidencia primera quedó a cargo de la oficialista Agustina Propato, mientras que Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) fue elegido para vicepresidente segundo.
Por el lado de las secretarías, fueron nombrados el oficialista Aldo Leiva (Chaco), el fueguino Federico Frigerio (Pro) y el santafesino Eduardo Toniolli (FdT).
Asseff se mostró emocionado al dar por inaugurada la comisión y dijo que “es un orgullo para mí cumplir poder cumplir con uno de los más grandes mandatos que dicta el Preámbulo de nuestra Constitución nacional, que es el de fortalecer la defensa común; tarea que es el principal interés de la Comisión que presido”.
Obtuvo dictamen un proyecto elaborado por tres diputadas y un diputado del oficialismo y la oposición, que contempla la perspectiva de género en la regulación de la legítima defensa como eximente de la responsabilidad penal.
En el marco de un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad, se emitió dictamen a un proyecto que busca incorporar la perspectiva de género al concepto de legítima defensa del Código Penal.
La modificación implica que tanto jueces, juezas como fiscales y fiscalas tengan que analizar el contexto de violencia que padecía la mujer previo a encuadrar el caso en uno de los supuestos de la legítima defensa.
Es así que en el dictamen se unificaron cuatro proyectos de ley, elaborados por Silvia Lospennato (Pro), Cristina Álvarez Rodríguez (Frente de Todos), Enrique Estévez (Partido Socialista) y Claudia Najul (UCR). El texto modifica el artículo 34 del Código Penal para incorporar la perspectiva de género en la regulación de la legítima defensa como eximente de la responsabilidad penal.
Al comienzo de la reunión, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Carolina Gaillard (Frente de Todos – Entre Ríos ), consideró la necesidad de “abordar proyectos de violencia de género para mejorar las herramientas legislativas e incorporar cuestiones pendientes de género en el ámbito penal”.
“No es casual la fecha, 3 de junio, tiene que ver con que se cumplen seis años del ´Ni una menos´ ese hecho histórico, primera movilización de las mujeres para reclamar por sus derechos”, recordó.
En ese sentido, Mónica Macha (Frente de Todos – Buenos Aires), presidente de la Comisión de Mujeres y Diversidad, recordó que a través de la militancia “hemos logrado que muchos de los temas de la agenda feminista y transfeminista sean parte de la agenda política central”.
Por su parte, Marcela Campagnoli (Coalición Cívica – Buenos Aires) celebró los “acuerdos políticos transversales en pos de avanzar en políticas públicas que sigan contribuyendo a reducir las desigualdades, los femicidios y, como este proyecto, incluir la perspectiva de género en el Estado”.
Como autora de una de las iniciativas en debate, la diputada Lospennato mencionó que el proyecto sistematiza una práctica que “la jurisprudencia ya viene reconociendo”. “Hubo un gran consenso y escuchamos a muchos especialistas, fiscalas, abogadas y abogados penalistas, y esas reuniones sirvieron para que podamos avanzar con más celeridad”, recordó.
La diputada Álvarez Rodríguez, que también presentó uno de los proyectos, dijo que “la mayoría de las mujeres víctimas de violencia de género intrafamiliar, que se defienden de sus agresores, terminan siendo criminalizadas por una justicia sin perspectiva de género”.
Por su parte, el diputado Estévez, autor de otro proyecto de ley, advirtió sobre “la presunta neutralidad de la ley penal”, al considerar que “no es tal cuando se dan situaciones de desigualdad y violencia estructural que están inmersas en nuestro sistema de justicia”. “Esto exige un cambio de paradigma, que permita comprender la reacción de las víctimas de violencia de género”, explicó Estévez.
En tanto, Najul recordó que “existe jurisprudencia” y citó un antecedente en la provincia de Mendoza, donde la justicia tuvo en cuenta el contexto de violencia de género estructural.
El proyecto de ley plantea sustituir el inciso 6° del artículo 34 del Código Penal. “Se entenderá que concurren estas circunstancias respecto de aquel que durante la noche rechazare el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su casa, o departamento habitado o de sus dependencias, respecto de aquél que encontrare a un extraño dentro de su hogar, siempre que haya resistencia y respecto de las conductas para impedir agresiones físicas en un contexto de violencia de género en el ámbito intrafamiliar, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor”.
La presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, celebró el trabajo realizado por los legisladores y legisladoras para consensuar este proyecto cuyo objetivo es incorporar la violencia por motivos de género como causal de legítima defensa.
Por su parte, Carolina Gaillard, quien preside la comisión de Legislación Penal destacó que este dictamen se de en el marco de una fecha tan emblemática. “Hoy se cumplen seis años del Ni Una Menos, aquella movilización donde espontáneamente salieron millones de mujeres a reclamar por sus derechos”.
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad expuso en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y Mujeres y Diversidad. Sostuvo que hay que pensar al derecho penal como “como reproductor de la desigualdad”.
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, sostuvo este lunes que “el derecho penal está pensado y hecho por varones” y advirtió que “el sistema judicial está claramente verticalizado y con enormes rasgos machistas”, al exponer en una reunión conjunta de comisiones en la Cámara de Diputados.
La funcionaria habló por videoconferencia ante las comisiones de Legislación Penal y Mujeres y Diversidad, presididas respectivamente por Carolina Gaillard y Mónica Macha, a pocos días de que el Gobierno anunciara el Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género para los próximos dos años.
Al abrir el encuentro, Gaillard destacó el trabajo coordinado de ambas comisiones “para elaborar mejores herramientas, miradas integrales y unificar criterios”, y agregó: “Estos encuentros pusieron en evidencia la estructura binaria y heteropatriarcal con la que se piensan las leyes y sobre todo las leyes penales y desmitificaron la voluntad punitivista del feminismo”.
En el mismo sentido, Macha consideró “central” esta tarea de “poder articular estos dos mundos como son el pensamiento penal y las cuestiones que venimos militando y trabajando las mujeres, lesbianas, no binaries, travestis y trans”.
Gómez Alcorta señaló que “al momento no hay ninguna prueba de que el derecho penal previene conductas delictivas” y en ese sentido “el aumento de las penas en sí mismo no va a posibilitar un mejor abordaje” de la problemática.
Por eso, llamó a “salir de la lógica de que la creación de nuevos tipos penales va a mejorar la situación de las personas que sufren este tipo de violencia”, y pidió generar “no más penas o más delitos, sino mayores capacidades para intervenir con la especificidad que tienen estos delitos”.
De todos modos, consideró necesaria una revisión integral del Código Penal por los “parches” que sufrió a lo largo de los años.
La ministra explicó que “el derecho penal tiene un impacto diferencial en mujeres y diversidades” y advirtió que según estudios, la tasa de comisión de femicidios y travesticidios “se mantiene bastante estable en el tiempo”, con entre 200 y 300 muertes anuales.
También indicó que “la desigualdad estructural en todos los ámbitos de nuestra vida impacta en la autonomía económica, física y política de las mujeres y personas LGBT”.
Asimismo, se refirió a los “obstáculos reales para acceder a la garantía de acceso a la justicia”, no solo a la hora de contar con un abogado, sino también al momento del cumplimiento de las decisiones judiciales.
Gómez Alcorta enfatizó que “el derecho penal está pensado y hecho por varones” y que “pensar el derecho como reproductor de la desigualdad es una tarea urgente”. “El sistema judicial está claramente verticalizado y con enormes rasgos machistas”, añadió.
Por otra parte, aseguró que “hay una falta de coordinación federal en materia de delitos de violencia de género” porque “a excepción de la trata de personas, que es un delito federal, todos los otros delitos tramitan en las administraciones de Justicia provinciales” y esto además “dificulta la posibilidad de contar con estadísticas unificadas sobre estos delitos”.
En tanto, lamentó la “falta de implementación del sistema acusatorio, que puede facilitar el abordaje de muchos de estos hechos”, y por otro lado advirtió que muchas mujeres víctimas de femicidios no formularon antes la denuncia porque creen que “el Estado no las representa como un lugar de ayuda”, y pidió trabajar para revertir esa situación.
Asimismo, alertó que “cuando la Justicia se enfoca en la investigación de la vida de las mujeres que denuncian en lugar de investigar al imputado de violencia , se está desplazando la responsabilidad hacia ellas”.
Funcionarias y especialistas expusieron en una nueva reunión informativa de las comisiones de Legislación Penal y Mujeres de Diputados.
Las comisiones de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados llevaron a cabo este jueves la tercera reunión informativa conjunta sobre justicia penal y género, con la participación de funcionarias y especialistas en la temática.
“El Estado en sus tres poderes debe estar presente, y por ello desde el Legislativo estamos para aportar y mejorar las leyes al respecto”, dijo Carolina Gaillard, titular de la Comisión de Legislación Penal, al abrir la videoconferencia.
En tanto, Mónica Macha, de la Comisión de Mujeres, explicó que esta “línea de trabajo conjunto” apunta a “generar una legislación que tenga perspectiva de género, una mirada feminista y transfeminista”.
La abogada feminista Soledad Deza, quien llevó adelante el caso Belén, advirtió que “el derecho penal nunca ha sido un lugar habitable para nosotras ni para ninguna disidencia sexual, al contrario”, ya que se han utilizado “tipos penales para criminalizar decisiones”, como por ejemplo “utilizar la figura del homicidio para castigar abortos”.
Por eso, Deza llamó a ejercer una “crítica feminista acerca de la contradicción que supone apelar al derecho penal, que no solamente es androcéntrico en sus estructura, sino que en la práctica es un fuerte reproductor de estereotipos y subalternidad”.
Sin embargo, Gaillard aclaró que “el derecho penal no necesariamente está para aumentar penas” y que los proyectos presentados en las comisiones en realidad buscan “mejorar dispositivos y herramientas” con perspectiva de género.
Por su parte, María Luisa Storani, parlamentaria del Mercosur y exdiputada nacional de la UCR, consideró que el proceso de acceso a la Justicia muchas veces se transforma en “un campo de espinas”, y se refirió al impacto diferenciado de la pandemia del Covid-19 sobre las mujeres.
Storani indicó que a pesar de que hoy existe un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y de la inversión que se hizo en la línea 144, además de la habilitación de tres líneas de WhatsApp y denuncias por Internet, “siguen los femicidios”.
La radical informó que, según la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema “han disminuido las denuncias e incluso han disminuido las consultas, y esto da un mensaje muy fuerte, porque todas las redes de contención que había fuera de la casa están rotas por la cuarentena”.
Por otra parte, llamó a “denunciar los hospitales que no permiten el acceso a la ILE (Interrupción Legal del Embarazo)” durante el aislamiento social.
Gabriela Carpineti, directora nacional de Promoción y Fortalecimiento del Acceso a la Justicia, sostuvo que hay “dos grandes desafíos en las medidas reglamentadas sobre violencia de género y en las que estamos discutiendo en materia penal y de género: cómo reducir la sobreintervención y cómo lograr la territorialización de las políticas de género”.
En tanto, la directora ejecutiva de la Asociación de Familiares de Detenidos (ACIFaD), Andrea Casamento, señaló que “cuando hay una persona detenida en sus familias, el rol que cumplen las mujeres familiares de detenidos es muy pesado, porque nos transformamos en sostén del hogar y de la persona que está presa”.
También expusieron en la reunión Mariana Broggi, secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad de Entre Ríos, y Ana Laura Ruffini, de la Fiscalía de Delitos de Violencia Familiar y de Género de La Pampa.
