Las comisiones de Legislación Penal y Justicia se reunieron en un encuentro plenario para dictaminar el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo busca establecer, a través de una modificación al Código Penal de la Nación, el juicio en ausencia, que permitiría juzgar a acusados por delitos graves cuando éstos no se presenten o estén prófugos, como por ejemplo sería el caso de los autores materiales del atentado contra la AMIA.

Desde Unión por la Patria hubo dos posturas diferentes: En primer lugar, el diputado nacional Rodolfo Tailhade anunció la presentación de un dictamen de rechazo debido a varias “inconsistencias” en la redacción saliente. Luego, el diputado massista Ramiro Gutiérrez manifestó que acompañan, pero en disidencia parcial.

En una breve intervención, Gutiérrez manifestó que el trabajo realizado “representa un largo trayecto de muchos que antes que nosotros, trajeron este debate”, y recordó que en 2014 hubo un proyecto de ley presentado por Sergio Massa -en ese entonces diputado nacional del Frente Renovador- que contemplaba “el procedimiento en ausencia”.

“Siguiendo la línea de que la República Argentina debe juzgar a aquellas personas que la lesionan gravemente y que luego son contumaces que se escapan de las redes del Derecho Penal, y la ley debe exclamar con dureza su voz ante la impunidad, hemos marcado un apoyo a la idea de que la Argentina tenga juicio en ausencia”, expresó el legislador massista.

En tal sentido, sugirió que aquel texto era “más meticuloso en puntos como la extradición, qué pasa cuando el Estado argentina pone la mano con el contumaz, porque eso debe estar perfectamente tasado o qué va a pasar cuando el imputado se presenta”. Para terminar, agradeció la “comprensión técnica” del bloque de Unión por la Patria y cargó: “Entendió que teníamos miradas diferentes”.

Por su parte, Tailhade mantuvo la postura del bloque en relación a rechazar cualquier proyecto impulsado desde el Poder Ejecutivo y señaló que “nosotros entendemos que al igual que en ficha limpia el problema no es la falta de regulación legal, sino quienes las aplican”. Además, mencionó que hay ítems del proyecto de Graciela Camaño y Gutiérrez que no fueron contemplados en el dictamen.

De igual manera, la diputada nacional Vanina Biasi (PO – CABA presentó un dictamen de rechazo porque “es un debate profundo y plantea la vulneración de derechos constitucionales que merecen una atención mayor”. Asimismo, señaló que “no se han atendido las impugnaciones a derechos constitucionales como, por ejemplo, el derecho a ser oídos y estar presentes, son 20 artículos que están siendo vulnerados de nuestra Constitución y del Código Penal”.

Por último, el diputado formoseño Fernando Carbajal (Democracia para siempre) manifestó que “la disidencia es por un tema técnico que tiene que ver con la reforma del Código Procesal Penal de la Nación que es un código derogado y no se puede modificar un texto derogado”. Para culminar, planteó que “es un tema que se viene trabajando hace muchos años y los problemas potenciales que tiene han sido planteados y se han buscado soluciones dentro del marco constitucional y, regularlo, supera ese test de constitucionalidad”.

El proyecto

La modificación al Código en el artículo 104 propone que “el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso”.

De igual manera, establece: “La declaración de rebeldía no suspenderá la investigación ni las resoluciones que deban dictarse hasta la elevación a juicio. Si fuere declarada durante el juicio, este se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás imputados presentes, salvo en el caso de los supuestos previstos en el Capítulo V del Título II del Libro III de este Código”.

A su vez, este proyecto señala que el juicio en ausencia será aplicable únicamente en aquellas causas en las que se investigue: Delitos previstos en Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; previstos en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos O Degradantes; y el Código Penal.

La Comisión de Legislación Penal, que preside la diputada nacional cordobesa Laura Rodríguez Machado, del Pro, recibió este miércoles a diferentes actores de la materia para debatir sobre modificaciones al Código Penal, Procesal Penal Federal, referidos a crimen organizado, resguardo del orden público, creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.

El primero en exponer fue Martín Monedero, abogado especialista en Derecho Penal y miembro del Centro de Filosofía del Derecho Penal, quien brindó detalles de un par de casos de homicidios para afirmar que son el punto de partida legítimo para discutir acerca de “la profunda crisis de inseguridad ciudadana en que nos encontramos”.

Asimismo, valoró el hecho que “el Congreso de la Nación muestra la firme voluntad de darle a los jueces las herramientas legales necesarias para contribuir a solucionar esta crisis, respetando con equidad tanto los derechos de las víctimas como de los imputados; estas son buenas razones para aprobar el proyecto de ley denominado de reiterancia”, ponderó.

María Cecilia Vanicich, fiscal General del Ministerio Publico de la Acusación de la provincia de Santa Fe, informó cuál es la situación de criminalidad de Rosario y del Gran Rosario y también hizo un señalamiento con respecto a la visión institucional de su organismo en relación al proyecto denominado antimafias. “Toda herramienta legal que fortalezca y abone para este trabajo coordinado, por supuesto que es bienvenido y necesario”, señaló.

Luego, Guillermo Todarello, defensor Público Oficial Adjunto ante la Cámara Federal de Casación Penal y coordinador de la Comisión de Cárceles de la defensoría de la Nación, quien expuso sobre los proyectos de ley antimafias, para el cual propuso darle un enfoque constitucional, y del proyecto sobre reiterancia/reincidencia. “Este tipo de legislación lo que va a provocar, de manera inevitable, es el aumento indiscriminado de personas detenidas”, soslayó.

Juan Segundo Pavez Laciar, hermano de Blas Correa, víctima de violencia institucional, que fue asesinado el 6 de agosto de 2020 por funcionarios de la policía de Córdoba. “La ´Ley Blas´ viene a agravar las penas por los delitos de tenencia y portación ilegal de armas de fuego cometidos por miembros de la policía o de fuerzas policías”, explicó al tiempo que subrayó: “Nuestra lucha no es contra la policía, sino más bien contra los malos policías y contra las prácticas indebidas, que hay muchas”.

También, expusieron José Ruiz Díaz, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP); Gabriela Ríos, hija de Jorge Ríos, jubilado que de 71 años que actuó en legítima defensa; Diana Cohen Agrest, filósofa, fundadora de la Asociación Usina de Justicia; Miguel Ángel Robles, docente experto en Área Criminología y Ciencias de la Seguridad, provincia de Córdoba; David Martínez, víctima de amenazas y daños a sus bienes en la ciudad de Rosario; Pedro Biscay, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INCECIP); y el doctor Leandro Halperin, docente titular a cargo de la materia Principios de los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional.

Plenario de comisiones

Luego, se llevó a cabo una reunión conjunta entre Legislación Penal y la Comisión de Seguridad Interior, la cual está presidida por el diputado nacional santafesino Alejandro Bongiovanni, del Pro. Allí, los invitados brindaron detalles de la creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual.

En primer término, Manuel Garrido, exdiputado nacional y titular de La Asociación Innocence Project Argentina, explicó que “desde 1989 se contabilizaron más de 375 condenas revocadas en virtud de la utilización de las pruebas de ADN”. En ese sentido, manifestó que “el Banco es muy útil y poderoso para investigar delitos y, también, para aclarar situaciones de inocencia”.

En otro orden, Garrido les solicitó a los legisladores que “ponderen las cuestiones que están en juego: la utilidad de la herramienta y, por otro lado, la intensidad y proporcionalidad de la afectación de los derechos de las personas, cuya información genética se agrega al Banco”. “El Congreso tiene que tomar una decisión muy delicada, cuál es el equilibrio que deben existir entre esas dos cuestiones que están en pugna”, expresó.

Luego, hizo uso de la palabra Silvia Martínez, defensora Pública Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal de Instrucción y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Nº 8, y Defensora Publica Interamericana. “Siempre que hablamos de registro de datos genéticos estamos entrando en intromisiones en el derecho a la privacidad de las personas, las cuales tienen que ser reguladas estrictamente bajo ciertas condiciones para evitar litigios eternos”, resaltó.

En tanto, habló Eduardo Luis Salva Calcagno, presidente de Digifirma Argentina SA, que expuso sobre los datos técnicos de cómo funciona el ADN de contacto. Guillermo Bargna, miembro del Observatorio de Víctimas de la Honorable Cámara de Diputados, y padre de Soledad Bargna, asesinada en un intento de violación en mayo de 2009, quien hizo hincapié en que “esta no es una cuestión de partidos políticos, sino que nos atañe a todos como sociedad y con la necesidad de su implementación a todos los delitos”.

A continuación, Isabel Yaconis, titular de la asociación Madres del Dolor y madre de Lucila Yaconis, que se refirió al caso de violación seguido de muerte de su hija en abril de 2003, crimen que continúa impune. “Soy una mamá, somos víctimas, y acompaño a víctimas de delitos sexuales, y les puedo asegurar que todavía falta mucho”, reveló.

Además, brindó su testimonio el doctor Marcelo D’Agostino, subsecretario de Justicia de la provincia de Mendoza y presidente del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina, quien hizo referencia a la ley aprobada en 2016 en su provincia, que comparte el eje y el espíritu del proyecto que está en debate. “Hoy en día en la base de datos hay 85 mil registros, lo que hace un poco más del 4% de la población, lo que hace la base de datos más grande de Latinoamérica”, especificó.

Por último, Miguel Marino, doctor en Genética y Especialista en Genética Forense. “El espíritu de la ley la comparto, más que nada por la efectividad que pueda llegar a tener una ley de este tipo en la resolución de casos”, enunció y, en la misma línea, agregó: “Estoy de acuerdo con tener muchísimo cuidado en el tratamiento del dato, porque sirve para llegar a condena e investigaciones mejores, pero también sirve para absolución”.

La jornada de este martes en Diputados se abrió con la conformación de la Comisión de Legislación Penal que, como acordaron oficialismo y oposición, pasó a manos de Juntos por el Cambio su conducción. Como presidenta resultó electa la bonaerense María Luján Rey (Pro), quien agradeció a su bloque "por darme esta responsabilidad que asumo con el mismo compromiso que vengo trabajando desde hace mucho".

La legisladora aspira a que "podamos avanzar en los proyectos que hoy están esperando y en todos los que se puedan seguir presentando para mejorar la calidad de vida de nuestros argentinos", así como "trabajar mucho y bien, y que podamos encontrar los consensos necesarios".

En la vicepresidencia primera fue designada la bonaerense Mónica Litza (FdT), quien recordó que durante su mandato anterior también integró esa comisión, e incluso con Rey "trabajamos mucho en la Ley de Víctimas, hicimos un trabajo muy importante en aquella oportunidad", ya que la ahora presidenta de la comisión era una de las máximas referentes de los familiares de las víctimas de la Tragedia de Once.

"Estoy segura que vamos a trabajar en sintonía con lo que necesita la ciudadanía y para lo que fuimos electos, para mejorar la calidad de vida de los argentinos y argentinas", agregó la massista.

El resto de las autoridades se completó con el correntino Manuel Aguirre (UCR) como vicepresidente segundo; y el santiagueño Bernardo Herrera (FdT) y la bonaerense Mariana Stilman (CC-ARI) como secretarios. La tercera secretaría, para el bloque Pro, quedó en reserva.

La siguiente comisión conformada este martes fue la de Transportes, que quedó en manos de un miembro de Juntos por el Cambio, el radical jujeño Jorge “Colo” Rizzotti, quien sostuvo que esta es una comisión que va a tener mucho trabajo y expresó su voluntad “en favor de los argentinos y el federalismo”. Destacó en ese sentido lo difícil que es el sistema de transporte en un país tan vasto como la Argentina. Adelantó además que este miércoles al mediodía ya arrancarán con la tarea con una reunión con la Cámara de Transporte de Pasajeros Urbanos y el sindicato de trabajadores de la UTA, para hablar del tema subsidios al transporte y la crisis que atraviesa el transporte automotor del interior.

La vicepresidencia 1° fue para la diputada del Frente de Todos María Jimena López, que al hacerse cargo de su puesto expresó su deseo porque esa sea “una comisión activa, de debate, de propuestas, y poder trabajar de manera conjunta”. Vicepresidenta 2° fue elegida María Luján Rey, quien al ser propuesta fue destacada por su papel en el reclamo de justicia por la tragedia de Once, en tanto que como primer secretario fue designado otro miembro del Pro, el rionegrino de Aníbal Tortoriello. Segundo secretario fue elegido Jorge Antonio Romero (Frente de Todos-Corrientes). La tercera secretaría quedó para el diputado Daniel Julio Ferreyra (Frente de Todos-Jujuy).

Luego fue el turno de la Comisión de Minería que quedó en manos del oficialista por San Juan Walberto Allende, mientras que su coterránea Susana Laciar (JxC)quedó en la vicepresidencia primero y el santacruceño Jorge Guillermo Verón (FdT) fue elegido al cargo de vicepresidente segundo. Como secretarios fueron designados Karina Bachey (Pro - San Luis), Dante López Rodríguez (FdT -Catamarca) y el radical Francisco Monti (Catamarca).

Una hora más tarde se conformó la Comisión de Energía y Combustibles que quedó a cargo el oficialista chubutense Santiago Igon, mientras que los neuquinos Francisco Sánchez (Pro) y Guillermo Carnaghi (FdT) fueron elegidos vicepresidentes primero y segundo respectivamente. En tanto, como secretarios fueron nombrados Jimena Latorre (UCR - Mendoza), Ana Clara Romero (Pro - Chubut) y Adolfo Bermejo (FdT - Mendoza).

Completó la nómina la Comisión de Defensa Nacional que presidirá el diputado del Pro Alberto Asseff, cuya vicepresidencia primera quedó a cargo de la oficialista Agustina Propato, mientras que Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) fue elegido para vicepresidente segundo.

Por el lado de las secretarías, fueron nombrados el oficialista Aldo Leiva (Chaco), el fueguino Federico Frigerio (Pro) y el santafesino Eduardo Toniolli (FdT).

Asseff se mostró emocionado al dar por inaugurada la comisión y dijo que “es un orgullo para mí cumplir poder cumplir con uno de los más grandes mandatos que dicta el Preámbulo de nuestra Constitución nacional, que es el de fortalecer la defensa común; tarea que es el principal interés de la Comisión que presido”.

En el marco de un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad, se emitió dictamen a un proyecto que busca incorporar la perspectiva de género al concepto de legítima defensa del Código Penal.

La modificación implica que tanto jueces, juezas como fiscales y fiscalas tengan que analizar el contexto de violencia que padecía la mujer previo a encuadrar el caso en uno de los supuestos de la legítima defensa.

Es así que en el dictamen se unificaron cuatro proyectos de ley, elaborados por Silvia Lospennato (Pro), Cristina Álvarez Rodríguez (Frente de Todos), Enrique Estévez (Partido Socialista) y Claudia Najul (UCR). El texto modifica el artículo 34 del Código Penal para incorporar la perspectiva de género en la regulación de la legítima defensa como eximente de la responsabilidad penal.

Al comienzo de la reunión, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Carolina Gaillard (Frente de Todos – Entre Ríos ), consideró la necesidad de “abordar proyectos de violencia de género para mejorar las herramientas legislativas e incorporar cuestiones pendientes de género en el ámbito penal”.

“No es casual la fecha, 3 de junio, tiene que ver con que se cumplen seis años del ´Ni una menos´ ese hecho histórico, primera movilización de las mujeres para reclamar por sus derechos”, recordó.

En ese sentido, Mónica Macha (Frente de Todos – Buenos Aires), presidente de la Comisión de Mujeres y Diversidad, recordó que a través de la militancia “hemos logrado que muchos de los temas de la agenda feminista y transfeminista sean parte de la agenda política central”.

Por su parte, Marcela Campagnoli (Coalición Cívica – Buenos Aires) celebró los “acuerdos políticos transversales en pos de avanzar en políticas públicas que sigan contribuyendo a reducir las desigualdades, los femicidios y, como este proyecto, incluir la perspectiva de género en el Estado”.

Como autora de una de las iniciativas en debate, la diputada Lospennato mencionó que el proyecto sistematiza una práctica que “la jurisprudencia ya viene reconociendo”. “Hubo un gran consenso y escuchamos a muchos especialistas, fiscalas, abogadas y abogados penalistas, y esas reuniones sirvieron para que podamos avanzar con más celeridad”, recordó.

La diputada Álvarez Rodríguez, que también presentó uno de los proyectos, dijo que “la mayoría de las mujeres víctimas de violencia de género intrafamiliar, que se defienden de sus agresores, terminan siendo criminalizadas por una justicia sin perspectiva de género”.

Por su parte, el diputado Estévez, autor de otro proyecto de ley, advirtió sobre “la presunta neutralidad de la ley penal”, al considerar que “no es tal cuando se dan situaciones de desigualdad y violencia estructural que están inmersas en nuestro sistema de justicia”. “Esto exige un cambio de paradigma, que permita comprender la reacción de las víctimas de violencia de género”, explicó Estévez.

En tanto, Najul recordó que “existe jurisprudencia” y citó un antecedente en la provincia de Mendoza, donde la justicia tuvo en cuenta el contexto de violencia de género estructural.

El proyecto de ley plantea sustituir el inciso 6° del artículo 34 del Código Penal. “Se entenderá que concurren estas circunstancias respecto de aquel que durante la noche rechazare el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su casa, o departamento habitado o de sus dependencias, respecto de aquél que encontrare a un extraño dentro de su hogar, siempre que haya resistencia y respecto de las conductas para impedir agresiones físicas en un contexto de violencia de género en el ámbito intrafamiliar, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor”.

La presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, celebró el trabajo realizado por los legisladores y legisladoras para consensuar este proyecto cuyo objetivo es incorporar la violencia por motivos de género como causal de legítima defensa.
Por su parte, Carolina Gaillard, quien preside la comisión de Legislación Penal destacó que este dictamen se de en el marco de una fecha tan emblemática. “Hoy se cumplen seis años del Ni Una Menos, aquella movilización donde espontáneamente salieron millones de mujeres a reclamar por sus derechos".

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, sostuvo este lunes que “el derecho penal está pensado y hecho por varones” y advirtió que “el sistema judicial está claramente verticalizado y con enormes rasgos machistas”, al exponer en una reunión conjunta de comisiones en la Cámara de Diputados.

La funcionaria habló por videoconferencia ante las comisiones de Legislación Penal y Mujeres y Diversidad, presididas respectivamente por Carolina Gaillard y Mónica Macha, a pocos días de que el Gobierno anunciara el Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género para los próximos dos años.

Al abrir el encuentro, Gaillard destacó el trabajo coordinado de ambas comisiones “para elaborar mejores herramientas, miradas integrales y unificar criterios”, y agregó: “Estos encuentros pusieron en evidencia la estructura binaria y heteropatriarcal con la que se piensan las leyes y sobre todo las leyes penales y desmitificaron la voluntad punitivista del feminismo”.

En el mismo sentido, Macha consideró “central” esta tarea de “poder articular estos dos mundos como son el pensamiento penal y las cuestiones que venimos militando y trabajando las mujeres, lesbianas, no binaries, travestis y trans”.

La Justicia “patriarcal”

Gómez Alcorta señaló que “al momento no hay ninguna prueba de que el derecho penal previene conductas delictivas” y en ese sentido “el aumento de las penas en sí mismo no va a posibilitar un mejor abordaje” de la problemática.

Por eso, llamó a “salir de la lógica de que la creación de nuevos tipos penales va a mejorar la situación de las personas que sufren este tipo de violencia”, y pidió generar “no más penas o más delitos, sino mayores capacidades para intervenir con la especificidad que tienen estos delitos”.

De todos modos, consideró necesaria una revisión integral del Código Penal por los “parches” que sufrió a lo largo de los años.

La ministra explicó que “el derecho penal tiene un impacto diferencial en mujeres y diversidades” y advirtió que según estudios, la tasa de comisión de femicidios y travesticidios “se mantiene bastante estable en el tiempo”, con entre 200 y 300 muertes anuales.

También indicó que “la desigualdad estructural en todos los ámbitos de nuestra vida impacta en la autonomía económica, física y política de las mujeres y personas LGBT”.

Asimismo, se refirió a los “obstáculos reales para acceder a la garantía de acceso a la justicia”, no solo a la hora de contar con un abogado, sino también al momento del cumplimiento de las decisiones judiciales.

Gómez Alcorta enfatizó que “el derecho penal está pensado y hecho por varones” y que “pensar el derecho como reproductor de la desigualdad es una tarea urgente”. “El sistema judicial está claramente verticalizado y con enormes rasgos machistas”, añadió.

Por otra parte, aseguró que “hay una falta de coordinación federal en materia de delitos de violencia de género” porque “a excepción de la trata de personas, que es un delito federal, todos los otros delitos tramitan en las administraciones de Justicia provinciales” y esto además “dificulta la posibilidad de contar con estadísticas unificadas sobre estos delitos”.

En tanto, lamentó la “falta de implementación del sistema acusatorio, que puede facilitar el abordaje de muchos de estos hechos”, y por otro lado advirtió que muchas mujeres víctimas de femicidios no formularon antes la denuncia porque creen que “el Estado no las representa como un lugar de ayuda”, y pidió trabajar para revertir esa situación.

Asimismo, alertó que “cuando la Justicia se enfoca en la investigación de la vida de las mujeres que denuncian en lugar de investigar al imputado de violencia , se está desplazando la responsabilidad hacia ellas”.

Las comisiones de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados llevaron a cabo este jueves la tercera reunión informativa conjunta sobre justicia penal y género, con la participación de funcionarias y especialistas en la temática.

“El Estado en sus tres poderes debe estar presente, y por ello desde el Legislativo estamos para aportar y mejorar las leyes al respecto”, dijo Carolina Gaillard, titular de la Comisión de Legislación Penal, al abrir la videoconferencia.

En tanto, Mónica Macha, de la Comisión de Mujeres, explicó que esta “línea de trabajo conjunto” apunta a “generar una legislación que tenga perspectiva de género, una mirada feminista y transfeminista”.

La abogada feminista Soledad Deza, quien llevó adelante el caso Belén, advirtió que “el derecho penal nunca ha sido un lugar habitable para nosotras ni para ninguna disidencia sexual, al contrario”, ya que se han utilizado “tipos penales para criminalizar decisiones”, como por ejemplo “utilizar la figura del homicidio para castigar abortos”.

Por eso, Deza llamó a ejercer una “crítica feminista acerca de la contradicción que supone apelar al derecho penal, que no solamente es androcéntrico en sus estructura, sino que en la práctica es un fuerte reproductor de estereotipos y subalternidad”.

Sin embargo, Gaillard aclaró que “el derecho penal no necesariamente está para aumentar penas” y que los proyectos presentados en las comisiones en realidad buscan “mejorar dispositivos y herramientas” con perspectiva de género.

Por su parte, María Luisa Storani, parlamentaria del Mercosur y exdiputada nacional de la UCR, consideró que el proceso de acceso a la Justicia muchas veces se transforma en “un campo de espinas”, y se refirió al impacto diferenciado de la pandemia del Covid-19 sobre las mujeres.

Storani indicó que a pesar de que hoy existe un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y de la inversión que se hizo en la línea 144, además de la habilitación de tres líneas de WhatsApp y denuncias por Internet, “siguen los femicidios”.

La radical informó que, según la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema “han disminuido las denuncias e incluso han disminuido las consultas, y esto da un mensaje muy fuerte, porque todas las redes de contención que había fuera de la casa están rotas por la cuarentena”.

Por otra parte, llamó a “denunciar los hospitales que no permiten el acceso a la ILE (Interrupción Legal del Embarazo)” durante el aislamiento social.

Gabriela Carpineti, directora nacional de Promoción y Fortalecimiento del Acceso a la Justicia, sostuvo que hay “dos grandes desafíos en las medidas reglamentadas sobre violencia de género y en las que estamos discutiendo en materia penal y de género: cómo reducir la sobreintervención y cómo lograr la territorialización de las políticas de género”.

En tanto, la directora ejecutiva de la Asociación de Familiares de Detenidos (ACIFaD), Andrea Casamento, señaló que “cuando hay una persona detenida en sus familias, el rol que cumplen las mujeres familiares de detenidos es muy pesado, porque nos transformamos en sostén del hogar y de la persona que está presa”.

También expusieron en la reunión Mariana Broggi, secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad de Entre Ríos, y Ana Laura Ruffini, de la Fiscalía de Delitos de Violencia Familiar y de Género de La Pampa.