Los diputados de la Coalición Cívica, el legislador provincial Luciano Bugallo, y las diputadas nacionales Marcela Campagnoli y Victoria Borrego, presentaron una denuncia penal requiriendo la investigación de supuestas irregularidades en la administración del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino.

Pocas semanas antes de renunciar, Roberto Feletti anunció la creación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino que tenía como objetivo contener el alza de precios internacionales en el mercado local como consecuencia, explicaba el gobierno, de la invasión de Rusia a Ucrania.

En efecto, la propuesta incluía la creación de un fideicomiso que sería financiado con un aumento de impuestos a la harina y el aceite de soja.

En los hechos, la intervención impuesta por el Gobierno apuntó a reducir el precio de la bolsa de harina que se vende a las panaderías desde los $45.000 pesos por tonelada de harina de trigo en el mercado interno, a los $25.000 pesos, valor previo al inicio de la guerra en el este de Europa.

Para compensar la diferencia entre un precio y otro el fideicomiso subsidia con $20.000 pesos a los molinos para responder a la diferencia de precios.

De acuerdo a lo documentado por Campagnoli, Borrego y Bugallo en la denuncia, “de los más de 160 molinos existentes en el país, sólo tres adhirieron al fideicomiso para subsidiar la harina que va al mercado interno. De esos 3, dos pertenecen a la empresa Molinos Cañuelas, la cual se encuentra en convocatoria de acreedores por US$ 1.300 millones en deudas, de los cuales, unos $3.000 millones es deuda fiscal y previsional”.

“Un dato muy llamativo es que al resto de las empresas que quieren adherir al fideicomiso se les exige no tener deudas fiscales, pero la excepción es Cañuelas, la misma y única empresa que en tiempos de la ONCCA logró cobrar el 100% de los subsidios de compensaciones al trigo”, según consignaron los cívicos.

“La burocracia del sistema exige tener una estructura administrativa que los molinos pyme no tienen, la cual hoy les generaría costos que no pueden afrontar, menos aún, cuando los tiempos y formas de pago que acostumbra el Estado, se cuenta en meses. Excepto, claro, para Cañuelas”, explicó Bugallo.

En ese sentido, los legisladores que reconocen la conducción de Elisa Carrió se valieron de una investigación periodística y documentación oficial que incorporan como prueba adjunta a la de denuncia, mediante la cual asientan su acusación.

“No sólo la empresa seleccionada y la creación del fideicomiso resultan jurídicamente reprochables, sino de los $1.400 millones de pesos que Comercio Interior informó haber pagado a través de ese fideicomiso, más del 80% fue a parar a una cuenta de Molinos Cañuelas”, detallaron los legisladores.

Y agregaron “por lo menos en el sector agroalimentario argentino no se conocía una transferencia de semejante magnitud. Fueron exactamente $1.098.951.866,38 millones de pesos que cambiaron de manos: pasaron de la cuenta del Fideicomiso estatal, que se supone se financia con recursos del aumento de las retenciones a los derivados de la soja, a la cuenta corriente de Molinos Cañuelas en el Banco Supervielle”, describen en la denuncia.

Finalmente, para los legisladores de la oposición “el FETA (Fondo Estabilizador del Trigo Argentino) fue un traje a la medida de Molinos Cañuelas, al igual que lo fue en su momento la ONCCA, un festival de subsidios para las empresas preferidas del kirchnerismo; una caja impresionante de retornos, coimas y corrupción que estamos denunciando y pretendemos que se investigue a fondo caiga quien caiga”, concluyeron los diputados contreras.