Los legisladores del FdT de la provincia de Buenos Aires manifestaron su “más profunda consternación y preocupación” por los hechos de “suma gravedad vinculados a la investigación del intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación y pidieron a la Justicia Federal que investigue”.

En un comunicado, los senadores y diputados bonaerenses repudiaron los hechos denunciados por una ex colaboradora del diputado nacional Gerardo Milman, quien declaró ante la Justicia que, en la oficina de la titular del PRO, Patricia Bullrich, “borraron datos de su celular” que podrían estar vinculados con el intento de magnicidio a la vicepresidenta.

Según consta en el testimonio de una de las secretarias del diputado de la oposición Gerardo Milman, fue llevada bajo presión a las oficinas de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, donde un perito informático eliminó el contenido de su celular, el de la otra secretaria y el del propio Milman.

De esta manera, se abría borrado toda prueba que los pudiera vincular, tanto al diputado como a la ex colaboradora, de alguna forma con el atentado perpetrado contra Cristina Fernández de Kirchner, analizaron.

Consideraron que “a la luz de estos hechos, toda la investigación se torna espuria” y destacaron que “incluso, cabe albergar sospechas fundadas sobre la violación de la cadena de custodia de una de las pruebas fundamentales de la causa, el celular del principal imputado, Fernando Sabag Montiel”.

“Si bien su celular había sido guardado en una caja fuerte del juzgado en sobre cerrado y en modo avión, cuando la jueza a cargo de la causa lo envió a peritar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) el dispositivo llegó con el sobre abierto y encendido. Cuando la PSA quiso pasar el sistema de desbloqueo y acceder al software, apareció un mensaje que indicaba que había sido reseteado de fábrica”, indicaron.

Luego, analizaron que “las irregularidades de esta causa son manifiestas y bochornosas”, y consideraron “necesario más que nunca que la jueza a cargo de la causa, María Laura Capuchetti y el fiscal, Carlos Rívolo investiguen en profundidad todas las pistas vinculadas al intento de magnicidio de nuestra vicepresidenta para conocer a los autores materiales, intelectuales y a quienes lo financiaron”.

Pidieron además que “el peso de la ley caiga sobre todos ellos con rigor” y que “la justicia obre de manera ejemplar porque lo que está en juego es un bien superior a cualquier parcialidad ideológico partidaria: la confianza en la convivencia democrática”.

“Hace muchos años, Argentina dijo ‘nunca más a la violencia política’ y ese acuerdo no debe romperse. Para ello, los argentinos y las argentinas merecemos y exigimos conocer la verdad y que se haga justicia”, según concluyeron.

Los bloques de diputados y de senadores bonaerenses del Frente de Todos, encabezados por la vicegobernadora Verónica Magario, brindaron una conferencia de prensa desde el hall central de la Cámara de Senadores de la provincia. Allí, los diputados y senadores del oficialismo tomaron posición sobre la condena a la vicepresidenta Cristina Kirchner en el marco del juicio por la causa Vialidad.

En la conferencia tomaron la palabra las principales autoridades legislativas que pertenecen a la alianza gobernante y advirtieron sobre la existencia de “una estrategia para debilitar las instituciones de la democracia”, que “están en peligro por factores mafiosos de poder” y que se trata de un “sistema totalmente condicionado”.

La primera en exponer su pensamiento respecto de los sucesos judiciales que tiene a la vicepresidenta de la república como principal protagonista fue la jefa de la bancada de senadores María Teresa García y detalló que la condena a Cristina Kirchner tiene como sentido “disciplinar a la única persona que se opuso al poder” y que es parte de “una estrategia para debilitar la democracia”.

Luego fue el turno del presidente del bloque de diputados del FdT César Valicenti, que se encargó de resaltar que actualmente existe “una democracia totalmente condicionada por un grupo mafioso que opera en las sombras”.

“Nos quieren callados y en silencio”, dijo Valicenti y agregó “están desesperados porque Cristina Kirchner con una estrategia electoral les saco la Nación y la provincia de Buenos Aires; hoy el tipo que nos endeudó está sentado en Qatar mirando el mundial, y la que nos desendeudó está condenada. La política no se puede quedar callada, hay que salir en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires”, concluyó el diputado.

“La mafia quiere construir una Argentina sin Cristina Kirchner”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense Federico Otermín, y detalló “en el segundo gobierno de Cristina Kirchner se logró que la participación de los trabajadores en el PBI sea del 50%, algo que no se lograba desde 1974 y eso es lo que molesta”.

“En definitiva las disputas de poder, en el fondo siempre son por plata, por definir quién se la lleva; quieren mostrar que la política es parte del problema, no de la solución, y este país va a tener futuro si el pueblo triunfa sobre las mafias: Cristina Kirchner merece la solidaridad de todos y de todas”, agregó.

Para el cierre de la ronda de expositores, estuvo la palabra de la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, que reparó en que “es un año especial en cuanto a los ataques a la líder más importante”, en referencia a la figura de Cristina Fernández de Kirchner.

“Todos los vicegobernadores del país nos expresamos”, recordó Magario y luego sostuvo que “la división de poderes se encuentra jaqueada por sectores que ponen en riesgo a los cimientos de la democracia, además ponerme en peligro los derechos y garantías de las mayorías”. “La condena a Cristina Kirchner es un tamaño antecedente para toda la política argentina; los pueblos tienen que seguir defendiendo a los líderes que enfrentan a los poderes concentrados; como Juan Domingo Perón, hubo muchos referentes proscriptos, Cristina Kirchner enfrentó todos los factores de poder”, concluyó la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aries.

Senadores y Diputados del FdT de la provincia de Buenos Aires expresaron su “más enérgico rechazo y repudio” a la editorial publicada el martes 27 de septiembre de 2022, en el diario La Nación, en el cual se pone en duda el intento de magnicidio cometido contra la vicepresidenta de la Nación, y dos veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Allí se manifiesta, según se consigna que dicho hecho “fue organizado por un grupo delictivo escasamente profesional al servicio de sectores interesados en generar un particular clima o determinadas consecuencias políticas favorables a una líder política a quien la justicia ha puesto contra las cuerdas” y continúa estableciendo la postura de la empresa de medios diciendo “nos inclinamos por esta última hipótesis”.

Para los legisladores que integran la alianza de gobierno “estas actitudes de algunos medios periodísticos, en especial del que realizó la publicación, ya no nos sorprenden; Pero que dicha postura no sea novedosa no significa que no sea grave para nuestro sistema democrático”.

“El falseamiento de los hechos para sacar una ventaja política y contribuir a un clima de enfrentamiento debe ser repudiado por todos los que compartimos los valores democráticos”, agregaron.

Para los diputados y senadores provinciales que integran los bloques del FdT “la gravedad de los acontecimientos ocurridos el 1 de septiembre significan una ruptura del pacto democrático vigente de 1983 a la fecha en donde se decidió dejar atrás la violencia política y apostar por las elecciones democráticas y el diálogo político como forma de resolver las diferencias”.

Los legisladores ante esta “ruptura” destacan que “desde el peronismo, que siempre fue constructor de democracia, llamamos a todos los sectores políticos, sociales, económicos y mediáticos a actuar con absoluta responsabilidad y a cesar con la difusión de discursos que fomentan el odio y generan condiciones para el avance de la violencia”.

Para concluir, los legisladores oficialistas reiteraron el “pedido para que se lleve adelante una investigación judicial rigurosa, que con celeridad determine las responsabilidades materiales e intelectuales del atentado y que condene a los culpables”.

La cabecera Ejecutiva que estuvo conformada por la vicegobernadora y titular del Senado, Verónica Magario; el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde; el jefe de Asesores, Carlos Bianco; la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez y la secretaria general, Agustina Vila.

En la reunión con los diputados, el presidente de la Cámara baja Federico Otermin tuvo un lugar entre los miembros del Poder Ejecutivo, la reunión fue más concurrida.

Hubo, en ambas reuniones, pocas ausencias y se trató de la primera reunión de legisladores con el propio gobernador, los legisladores se habían reunido con el Ejecutivo, pero la representación fue a través encabezada por el Jefe de Gabinete Martín Insaurralde.

Así, en su primera reunión con legisladores del oficialismo el gobernador Axel Kicillof expresó básicamente su voluntad de extender su gestión más allá de 2023, cuando tendrá que revalidad títulos electorales.

Eso es lo que en la práctica lee “la política” cuando Kicillof expone su idea de que a los 4 años de “pérdida con Vidal”, más los dos de pandemia, se necesitan seis años de “reparación”, que él está dispuesto a encabezar en la provincia.

Más allá de esta importante definición dada por el titular del Ejecutivo, que muchos suponen será lo esencial del discurso que dará en la asamblea legislativa del próximo miércoles 3 de marzo, hubo otras novedades evaluadas como positiva por la tropa legislativa.

Hay un gobierno dispuesto a logra la “mayor coordinación posible” con sus representantes en la legislatura, algo que hasta acá y desde el inicio de la gestión de Kicillof era reclamado por los legisladores del oficialismo.

Uno de los participantes legislativos detalló a Parlamentario que “mientras antes había poco o nada coordinación ahora estamos hablando de la mayor posible” y recordó que para algunos legisladores esta fue la “primera oportunidad” que tuvieron de hablar con el gobernador, digamos, de manera privada.

Otro dato que no pasó desapercibido por la platea es que la compañía que tuvo el gobernador. La “intervención” del gobierno que se dio después de la derrota electoral, dividió en un antes un después del gobierno, pero a su vez al staff del gobierno, entre intervencionista y puros.

Bianco y Villa son puro, Insaurralde es visto como el jefe de la intervención y a Cristina Álvarez Rodríguez nadie se anima a clasificarla de manera definitiva, al menos por ahora.

En síntesis, la conclusión es que, si bien Kicillof aceptó el ingreso de intendentes para mejorar la relación de su gobierno con los demás actores del sistema y así mejorar su gestión, pero también su vínculo político, al mismo tiempo, se muestra decidido a darle un lugar preponderante a sus funcionarios de confianza, que están ahí, al asecho.

“En primer lugar, define como fracaso la medida propuesta por el gobierno nacional y acompañada por todas las jurisdicciones provinciales y municipales, que llevo adelante con mucho esfuerzo el pueblo argentino desde el 11 de marzo del 2020”, comenzaron diciendo.

Los diputados y senadores sostuvieron que “la declaración de emergencia sanitaria dio tiempo para reforzar el sistema de salud de nuestro país y evitó picos de contagio como los que estamos viendo en las últimas semanas”. “El conjunto de la sociedad sabe que lo que JxC define como fracaso fue un acto de comprensión y solidaridad que se llevó adelante para cuidar la salud y la vida de todos y todas”, agregaron.

Apuntaron que los opositores “rechazan cualquier medida de cuidado, caracterizándolas como restricciones excesivas y mal calibradas”. “Es cínico plantear que una medida que aún no fue anunciada pueda ser definida como excesiva, sobre todo conociendo que en el día de la fecha nuestro país se encuentra ante un récord de contagios”, acusaron y definieron que “el planteo revela una actitud irresponsable en términos sanitarios que compromete la capacidad de respuesta del sistema en su conjunto”.

Para los integrantes de ambas bancadas legislativas “la especulación político-partidaria en búsqueda de sacar algún tipo de ventaja constituye un acto de bajeza, oportunismo e inmadurez que no se corresponde con el rol democrático que debiera tener una fuerza política que se constituye como la primera minoría opositora”.

Y detallaron que “el virus que marcó un quiebre en la historia de la humanidad no distingue entre ideologías políticas”. “Por eso resulta lamentable que intendentes y gobernadores que pertenecen a JxC aplican restricciones lógicas, producto de la situación actual, la mesa nacional de esa fuerza política pretende desde Palermo dar cátedra y consejo a los argentinos y las argentinas”, afirmaron.

Empero adviertieron que “no llama la atención por parte del ex presidente Mauricio Macri, la ex gobernadora María Eugenia Vidal y la presidenta del PRO Patricia Bullrich, que al igual que cuando llevaron adelante su gobierno, no se preocupen por la vida y la salud de los argentinos y argentinas”.

Los oficialistas bonaerense recordaron que esos dirigentes “desde que comenzó esta pandemia, se han dedicado exclusivamente a ver de qué manera pueden agitar el mal humor social o sacar algún tipo de rédito mezquino”. “Desde la convocatoria a movilizaciones en plena cuarentena -mientras se intentaba fortalecer al máximo el sistema sanitario para evitar un colapso-, pasando por el llamado a ‘salir a buscar votos’ de la ex gobernadora, hasta la insólita denuncia al Presidente de la Nación, acusándolo de ‘envenenamiento’ por la compra de una de las mejores vacunas que existe al momento”, se encargaron de detallar.

Y detastacaron que“lo más bajo” de Macri, Vidal y Bullrich “es que lo hagan desde el cinismo de una falsa proclama en defensa del trabajo, la educación y la libertad”. “Se aprovechan del dolor y la angustia de millones de argentinos y argentinas para fogonear sus consignas y lo hacen con total inmoralidad y caradurez, como si no hubiesen gobernado el país entre 2015 y 2019 de la manera en que lo hicieron”, sostuvieron.

“Dicen que defienden el trabajo -continuaron-, cuando fundieron más de 25 mil Pymes, destruyeron más de 200 mil puestos de trabajo industriales, subieron el desempleo a dos dígitos y pulverizaron el salario de los argentinos y las argentinas”.

“Dicen que defienden la educación, cuando suspendieron el programa Conectar Igualdad que repartía netbooks a nuestros estudiantes, siendo el programa más completo del mundo en materia de reducción de la brecha digital y que ahora vemos con crudeza la desigualdad que eso implica”, se ocuparon de resaltar los miembros de ambas bancadas oficialista.

Asimismo señalaron que “hablan de la inflación y del aumento de la pobreza después de romper la economía de la mayoría de los argentinos y las argentinas en base a un modelo de especulación económica y financiera, que llenó los bolsillos de sus amigos al mismo tiempo que empobrecía a la mayoría de los argentinos y argentinas a fuerza de tarifas de servicios públicos impagables”.

“Y por si esto fuera poco, endeudaron al país brutalmente, tomando solo con el FMI un préstamo de 45 mil millones de dólares que al día de hoy no pueden explicar dónde están”, según aputaron.

Por último, los diputados y senadores del FdT de la provincia de Buenos Aires afirmaron que “los argentinos y las argentinas seguiremos trabajando mancomunadamente y con solidaridad para hacerle frente a este difícil momento de nuestra historia”. Y concluyeron: “Ojalá reflexionen y decidan, por una vez, ponerse de verdad en el lugar del pueblo”.

Tres legisladores bonaerenses del FdT interpelaron al bloque de senadores provinciales de JxC para que el proyecto Ley -que ya cuenta con la aprobación de Diputados- sea tratado en la próxima sesión de la Cámara alta. También participó la directora de Asociaciones Civiles y Mutuales de la Provincia de Buenos Aires, Maite Alvado.

Los jefes de los dos bloques del Frente de Todos en la Legislatura bonaerense -el diputado Facundo Tignanelli y el senador Gervasio Bozzano- más el senador Emmanuel González Santalla y la directora de Asociaciones Civiles y Mutuales de la provincia de Buenos Aires, Maite Alvado, participaron de la presentación de la Ley de Asociaciones Civiles y Mutuales que se hizo ante más de 40 instituciones de la ciudad de Maipú y otras localidades de la quinta sección electoral.

En su exposición, Tignanelli remarcó que, como legisladores bonaerenses, “estamos para colaborar y llevar adelante todos y cada uno de los compromisos que hemos asumido en la campaña de 2019”.

En esa línea, reconoció que “hay una deuda histórica del Estado provincial en el modo de abordar a las asociaciones civiles, porque son contempladas de la misma manera que las instituciones con fines de lucro”. El diputado subrayó la injusticia que esa situación representa, “ya que los requisitos no pueden ser los mismos para unas y otras”.

Luego de hacer un pormenorizado recorrido por el texto del proyecto, Tignanelli explicó que, “el espíritu de la ley es diferenciar el tratamiento que reciben las asociaciones civiles y las sociedades comerciales” porque “ambas tienen objetivos totalmente distintos”.

Finalmente, tras repasar el estado desastroso en que la ex gobernadora María Eugenia Vidal dejó a la Provincia de Buenos Aires y aseverar que “la única política que tuvo el gobierno anterior para los clubes de barrio fueron los tarifazos”, el legislador de La Matanza denunció que “ya llevamos dos meses desde que el proyecto fue sancionado en la Cámara de Diputados de la provincia, pero el bloque de senadores de Juntos por el Cambio aún no lo pone en tratamiento”.

Por eso, insistió, “es muy importante la aprobación de este proyecto de ley, ya que da soluciones prácticas a muchos problemas concretos”.

Por su parte, Emmanuel González Santalla resaltó que “ya hemos hablado con más de 5.000 instituciones a lo largo de diferentes reuniones” y enfatizó que el proyecto de ley en cuestión “es un reconocimiento al trabajo que vienen haciendo los y las bonaerenses en las instituciones de toda la Provincia”.

En ese sentido, el senador oriundo de Avellaneda remarcó que “es un proyecto de ley de y para las instituciones, que viene a saldar una deuda que tiene el Estado provincial con las mismas” y expresó que “quienes más necesidad tienen de que sea aprobado son los y las que ponen el cuerpo, el compromiso, el trabajo y el amor a todas las instituciones”.

Para González Santalla, “si bien este proyecto ya era importante antes de la pandemia, hoy se ha vuelto urgente e imprescindible”.

A su turno, Maite Alvado insistió en la necesidad de que el proyecto sea votado en el Senado la próxima sesión y expresó su deseo de que “los senadores y senadoras de Juntos por el Cambio piensen ante todo en mejorar la situación de los vecinos y vecinas”. 

Además, indicó que “nuestra intención desde el Ejecutivo provincial es que una vez que se haya aprobado la ley, podamos reglamentarla haciendo cumplir su espíritu”, es decir, “haciendo un trabajo integral en todas las tareas que las instituciones llevan adelante”.

En la misma dirección, Alvado explicó la necesidad de normalizar y revitalizar a las asociaciones civiles, “porque el rol de las mismas va a ser fundamental de cara a los desafíos de la pospandemia”.

A modo de cierre, el presidente del bloque del FdT Gervasio Bozzano evaluó que “se trata de una ley muy importante y es imperioso aprobarla lo antes posible”.

Al respecto, manifestó que “hace dos meses que estamos pidiendo que sea debatida en el Senado” y le pidió al bloque de JxC en la Cámara alta que habilite su tratamiento ya que “las instituciones barriales no pueden seguir esperando”.

La Ley de Asociaciones Civiles y Mutuales declara de Interés Público Provincial tanto a las Asociaciones Civiles de bajos recursos -y a las que estén constituidas como clubes de barrio, centros de jubilados, centros culturales, sociedades de fomento, jardines comunitarios- como a las mutuales de organizaciones de comunidades migrantes, entre otras.

En función de eso, las asociaciones y mutuales abarcadas podrán acceder a beneficios tales como tarifa cero en el servicio público de agua, gas ,electricidad, internet y telefonía para las de bajos recursos y pago por consumo real para el resto (mientras dure la emergencia sanitaria provincial); prórroga de plazos para presentar la documentación anual; exención del Impuesto Inmobiliario; condonación de deudas documentales; asesoramiento técnico gratuito; la inembargabilidad e inejecutabilidad de los inmuebles de las asociaciones de primer grado; y la eliminación de los gastos para el proceso de constitución de nuevas asociaciones, entre otras cuestiones.

La emergencia sanitaria ha puesto de relieve la importancia de las asociaciones civiles, que han brindado a la comunidad los recursos con los que cuentan con el sólo propósito de manifestar su solidaridad en la lucha contra la pandemia de COVID-19.

A partir de esto, es imperioso el reconocimiento formal y jurídico del interés público provincial de estas instituciones, que en el marco de la emergencia, se han convertido en intermediarias imprescindibles entre el Estado y la ciudadanía, garantizando así el acceso a múltiples derechos y dando respuesta diversas necesidades de la sociedad.

De la actividad participaron los presidentes de ambos bloques de concejales de Maipú –Facundo Coudannes por el Frente de Todos y Carlos Ayastuy por Juntos por el Cambio-, el concejal maipuense Tomás Bozzano y directivos y representantes de más de 40 instituciones de Maipú y otras localidades de la zona.

“Los bloques de Juntos por el Cambio en ambas cámaras de la Legislatura bonaerense se negaron a debatir el proyecto de Ley de Financiamiento enviado por el Poder Ejecutivo Provincial” se informa en el documento.

Y prosigue “de este modo, la principal fuerza opositora ha obstaculizado la posibilidad de habilitar la disponibilidad de los recursos necesarios para afrontar los efectos de la crisis desatada por la pandemia de COVID-19”.

Para los legisladores oficialistas “el proyecto de ley de Financiamiento contempla la autorización de endeudamiento a través de tres formas: 1. Con Organismos Multilaterales de Crédito por un total de 500 millones de dólares, que serán destinados a obras; 2. A partir de la emisión de un bono para proveedores por un total de 20 mil millones de pesos, que permita la cancelación de la abultada deuda que heredó la actual gestión con los proveedores de la Provincia; 3. A través de una autorización de ampliación por hasta 8 mil millones de pesos para la emisión de Letras del Tesoro —un instrumento de financiamiento en pesos en el mercado local que utiliza la Provincia”, según se consigna.

Asimismo, se detalla que la iniciativa del Poder Ejecutivo provincial “prevé la extensión del plazo a 18 meses para que los 135 municipios puedan devolver los recursos distribuidos a través del ‘Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal’; es importante recordar que estos fondos consisten en préstamos con hasta tres meses de gracia y a una tasa de interés cero”.

“El Gobierno provincial viene realizando un gran esfuerzo para asistir financieramente a los 135 municipios bonaerenses. Desde el comienzo de la pandemia, la Gobernación destinó aproximadamente 14 mil millones de pesos para ayudar a las intendencias —sin discriminación de ningún tipo— a afrontar los gastos extraordinarios y para que puedan cumplir con el pago de salarios y los gastos no corrientes”, sostienen los senadores y diputado del FdT.

Y afirman “actitudes oportunistas como la que se vio hoy en la Legislatura constituyen un accionar político penoso, temerario e irresponsable. Es una lástima que, en vez de ayudar a los y las bonaerenses -e inclusive a los intendentes de su propia fuerza-, los legisladores de Juntos por el Cambio hayan decidido cumplir las instrucciones de su jefa política, María Eugenia Vidal, quien recientemente les pidiera que salgan a ‘buscar votos’”.

Para los oficialistas “la ciudadanía en su conjunto demanda el compromiso de sus representantes en la Legislatura para garantizar los espacios de debate que ayuden a enfrentar la crisis que desató la pandemia y que afecta gravemente a los y las bonaerenses, que previamente se habían visto perjudicados por el gobierno de la alianza Cambiemos tanto a nivel nacional como provincial”.

“Sería sensato que quienes fueron los grandes responsables del calamitoso estado en el que recibimos la Provincia, estuvieran dispuestos a colaborar con la gobernabilidad y el ofrecimiento de soluciones a la población, en lugar de poner palos en la rueda”, agregaron.

Y para terminar sostuvieron “pese a todo, desde nuestro lugar llamamos a la reflexión a los legisladores y las legisladoras de Juntos por el Cambio. La gravedad de la hora no admite especulaciones ni sectarismos. Todos los bloques que componemos el Poder Legislativo debemos estar a la altura del inédito desafío que la pandemia representa”.