Después de que la Cámara de Diputados Nacionales aprobara un proyecto que prevé recortar los recursos coparticipables que recibe la Ciudad, el legislador porteño del GEN Sergio Abrevaya analizó lo ocurrido en el Congreso Nacional y acompañó la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de llevar el reclamo a la Corte Suprema de Justicia.

En ese sentido, Abrevaya señaló que “todo fondo por transferencia de competencias sólo puede ser por coparticipación, porque es la manera de garantizar los recursos y la autonomía federal que requiere la Ciudad de Buenos Aires” y remarcó que “así que esta Ley, aún con las modificaciones que le han hecho, con una negociación por 24 mil millones, sigue poniendo a la Ciudad de rodillas a manos de la Nación, como si fuese un anexo, un satélite, como lo fue antaño”.

Asimismo consideró que “no se está respetando el cambio constitucional de CABA como provincia, que requiere que sea incorporada en la coparticipación” y advirtió que “como sigue en vigencia la ley vieja, han hecho este mamarracho de intercambios, que para obtener los votos de algunos culposos que no se animaban a votarlo, como venía del kirchnerismo puro y crudo, terminaron poniendo una comisión de negociación”.

“La verdad es que en definitiva le han bajado 60 mil millones de pesos a la Ciudad; es inconstitucional, hay que ir a la Corte”, señaló y concluyó afirmando que “lo del Congreso sometiendo a la Ciudad otra vez fue vergonzoso. Larreta anunció que va a la Corte nuevamente y que no va a aflojar con la quita, tiene mi apoyo”.

Con un estricto protocolo a causa de la pandemia del Covid 19 y con un limitado grupo de asistentes, se llevó a cabo la 23º edición de los Premios Parlamentario en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en los que fueron premiados los diez diputados porteños que más se destacaron en su labor durante el 2020, según la elección de sus pares, asesores y periodistas acreditados en la Casa.

Al igual que cada año la ceremonia se llevó acabo en el Salón Dorado, aunque a diferencia de otras oportunidades el mismo no estuvo colmado, es que a causa de los protocolos que se establecieron a causa de la pandemia solo pudieron estar presentes los legisladores que recibirían el galardón y un escaso número de asesores. No obstante, quien no se perdió el evento fue el secretario administrativo del Parlamento, Jorge “Corcho” Anzorreguy.

El vicepresidente primero de la Legislatura y ganador del máximo galardón de los Premios Parlamentario, Agustín Forchieri (VJ), le agradeció “a la revista Parlamentario por la labor que hacen. Este, sin dudas, ha sido un año muy complejo para todos, fue muy difícil… es una pandemia que todavía estamos atravesando, que todavía no ha finalizado” e insistió en que “entendiendo que la continuidad institucional es siempre importante, más aún lo es en los Poderes a los que hace mención la Constitución; en ese sentido, la Legislatura ha estado a la altura de las circunstancias”.

“Quiero agradecerle a cada uno de los diputados y diputadas, especialmente a quien me acompañan en la vicepresidencia de esta Casa, María Rosa Muiños (FdT) y Roy Cortina (PS), y a todos los presidentes de bloques porque más allá de las diferencias que podamos tener en los debates, todos coincidimos en que teníamos que seguir funcionando”, añadió y aseguró que “cada de esto hubiese sido posible sin los trabajadores de esta Casa, quienes están trabajando de manera remota y otros poniendo el cuerpo”.

Al mismo tiempo que concluyó agradeciendo “a Parlamentario también, porque si las instituciones funcionan, la prensa tiene un rol importante y valorable. Quiero destacar el trabajo de ustedes como medio porque en este año tan particular, han seguido trabajando y contando todo lo que sucede acá y todo el ámbito legislativo”.

A su turno uno de los directores de la revista Parlamentario, Oscar Benini, señaló que “sin duda alguna es un año atípico –en todos los niveles- donde el Covid 19 no solamente hizo estragos en el plano sanitario, sino también en lo económico y social” y resaltó que “no vamos a hacer aquí un análisis de la situación, porque los resultados están a la vista y además no amerita, porque es un día de festejo. Es la entrega de los Premios Parlamentario, un aporte que venimos haciendo desde hace más de tres década para elevar, jerarquizar y revitalizar el trabajo que realizan los legisladores”.

“A pesar de la pandemia, la Legislatura porteña fue uno de los primeros cuerpos legislativos del país que comenzó a funcionar, meritorio por cierto. El índice de calidad legislativa que Parlamentario pone a disposición de los ciudadanos contabilizó 19 sesiones ordinarias, una excelente performance teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo”, agregó.

Mientras que José Di Mauro, el otro director de la revista, señaló que “esta celebración es muy especial para Parlamentario, pero no hay nada más especial que este año” y recordó que “hace un mes nos planteábamos que hacer con los Premios Parlamentario porque debido a la dinámica con la que se entregan los premios, el Congreso y la Legislatura bonarense los reciben al año siguiente, así que la última entrega se hizo acá en diciembre pasado”.

“En diciembre pasado era otro mundo, recuerdo este salón colmado de gente y que Victoria Montenegro trajo a esta celebración a Estela De Carlotto… hoy es todo muy distinto, pero no queríamos dejar de hacerlo porque, justamente, trabajaron. Costó arrancar, hay que decirlo, pero vaya si se trabajó”, aseveró y concluyó afirmando que “esta Legislatura trabajó en pandemia, se justifican los premios que hoy vamos a dar, estuvieron sesionando de manera presencial. Bienvenido sea, felicitaciones a todos, hoy es un día en el que los ponderamos pero el resto de los días los controlamos porque esa es nuestra tarea”.

El reconocimiento al esfuerzo

Al momento de recibir el galardón que lo distinguió como el legislador más laborioso del 2020, Forchieri explicó que “fue un año muy especial, por eso quiero agradecerle a todo mi equipo que ahora no están acá porque están trabajando todo el tiempo; con la pandemia no hay horarios, no hay días, por eso hay que agradecerles” e insistió en que “fue un año muy difícil, la decisión de seguir trabajando fue unánime, a pesar de que las diferencias van a seguir estando y es parte de la política”.

“Quiero agradecerle muy especialmente a mi familia, como todos saben este año no podríamos haberlo llevado adelante sin el apoyo de nuestras familias; en mi caso particular con un bebé recién nacido, a quien no vi durante casi un mes, se hacía todo muy difícil pero sin el apoyo de mi mujer y mis hijos no hubiese sido posible”, agregó y expresó su deseo de que “ojalá que el año que viene sea mejor, que el país esté mejor y la Ciudad también”.

En tanto el presidente de la Comisión de Presupuesto y diputado de Vamos Juntos, Claudio Romero, agradeció “a la revista Parlamentario que desde hace 31 años está detrás de estos temas que muchas veces no tienen la trascendencia que tienen que tener, pero ellos hacen esta labor. Yo los conocí cuando esto era el Concejo Deliberante, que no terminó con muy buena imagen, pero como medio han desarrollado y puesto sobre la mesa el tema de la cuestión parlamentaria que no tenía una prensa especializada” y precisó que “Parlamentario fue el puntapié para que existan medios gráficos y digitales que pongan en agenda estos temas”.

“Quiero reconocer a mis compañeros, a Agustín Forchieri, a Diego García Vilas, quienes me permitieron estar frente a la Comisión de Presupuesto. Quiero agradecerle a mi equipo, mi familia y a todos los trabajadores de esta Casa”, aseveró.

El cuadro de honor lo completó la vicepresidenta tercera de la Legislatura porteña, María Rosa Muiños (FdT), quien consideró que “es un acierto lo de la buena fe pero también hubo profesionalismo, hay que destacar la labor de cada uno de los empleados de la Casa. Tuvimos que hacer un curso acelerado para poder mantener la distancia y poder seguir manteniendo la actividad que tan importante es” y concluyó con un “agradecimiento muy especial a mi bloque y a la diputada Claudia Neira”.

A su vez el jefe del bloque Vamos Juntos y quien ocupó el cuarto lugar en la nómina de los más laboriosos, Diego García Vilas, comenzó su discurso agradeciendo “a la revista Parlamentario por este reconocimiento individual y por el colectivo, por todos quienes están siendo premiados acá, me parece que es fundamental que se reconozca esta tarea que a veces está poco valorada” y consideró que “es central reconocer la buena fe, la Legislatura fue pionera en retomar la actividad y eso fue posible gracias a la buena fe de todos los bloques políticos. Es un orgullo y un placer laburar con todos ustedes”.

Por otro lado el oficialista Juan Facundo Del Gaiso (VJ) manifestó que “este es mi primer año como legislador y haber sido reconocido es un orgullo y un honor, le agradezco a Parlamentario” y recordó  “dos momentos que me parecieron importantes, que fueron en marzo y abril cuando realmente había mucho miedo, incertidumbre y no sabíamos bien que hacer. Forchieri citó a todos los presidentes de bloque a una reunión para ver como seguíamos trabajando, todas las fuerzas decidieron que había que seguir trabajando”.

“Por eso sesionamos en el Salón Dorado cuando casi no se sesionaba en el país, fuimos los primeros en hacerlo”, agregó y destacó el segundo momento tenía que ver con el tiempo en que “el Covid entró en los barrios más vulnerables yo vi a todos los diputados de las distintas fuerzas y los asesores estar ahí, al lado del dolor, del miedo y la muerte. Hoy eso parece distante pero hay que poder reconocerlo”.

Asimismo la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro (FdT), quien se ubicó en el sexto lugar entre los más laboriosos, también tuvo palabras de agradecimiento para este medio: “gracias a la revista Parlamentario por este premio que me entrega cada año, este es mi tercer año como legisladora y es la tercera vez que lo recibo. Este es un compromiso para redoblar el esfuerzo” y concluyó agradeciéndole a su “equipo de trabajo, a mis compañeros, este fue un año muy difícil por eso quiero agradecer el trabajo que todos estamos haciendo para que esta Casa esté cerca de nuestro pueblo”.

En la séptima posición se ubicó la peronista Claudia Neira (FdT), quien expresó su agradecimiento a “Parlamentario por difundir nuestras ideas, porque siempre están ahí para poder hacer que nuestras propuestas y trabajo lleguen a la gente. Gracias al equipo del Frente de Todos, a María Rosa Muiños y mis compañeros… los vimos a nuestros compañeros poner el cuerpo en la calle, yendo a estar con los vecinos, en los barrios y estando del otro lado de la virtualidad”.

“Para aquellos que cuestionan a la política, a mí me hubiese gustado que pudieran ver como trabajamos este año, y no hablo solo por nuestra fuerza política, sino que en esta Casa se trabajó mucho y a veces la política está a la altura de las circunstancias.  Todos pusimos el cuerpo y el alma durante la pandemia para poder estar al lado de la gente”, aseveró.

A su turno la presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano y diputada de Vamos Juntos, Victoria Roldán Méndez, manifestó: “muchas gracias a la revista Parlamentario, hace 30 años que están trabajando por el periodismo, muchas gracias por la buena onda y por el respeto a lo largo de todos estos años. Le agradezco profundamente a todos mis compañeros porque por ellos estoy recibiendo hoy este premio”.

“Fue un año muy difícil en el que tuvimos que readaptar nuestro trabajo, por eso tomarnos este tiempo para reconocer nuestro trabajo y mirarnos a los ojos, agradecernos y darnos apoyo, es muy importante”, destacó y subrayó que “este es un año que va a quedar grabado en mi memoria por tanto temas importantes que hemos trabajado, hay algunos que nos quedan para el año que viene”.

En la novena posición se ubicó el oficialista Daniel Del Sol (FdT) quien señaló que “este fue un año sumamente complejo y que nos encontró a todos con algo que nadie sabía cómo manejarlo” y consideró que “el trabajo que se ha realizado en esta Casa es un orgullo, es también un orgullo para el Congreso porque Cristian Ritondo ha mencionado a esta Legislatura y al diputado Forchieri por el trabajo que se viene realizando. Es un año que hemos visto trabajar a los trabajadores de esta Casa todo el tiempo”.

“Estoy muy feliz por recibir este premio, agradezco a la revista Parlamentario, me siento muy honrado”, afirmó.

Por su parte el jefe del monobloque GEN, Sergio Abrevaya, le agradeció a Parlamentario “porque siempre publican mis proyectos, incluso aquellos que uno presenta y espera un tiempo para poder trabajarlos, pero si despiertan algún tipo de curiosidad siempre son los primeros en publicarlos; esa cobertura se agradece, sobretodo siendo un monobloque”.

“También quiero agradecerle a la Legislatura y a todo mi equipo que me acompañó en todo este tiempo, fue un tiempo difícil y fue toda una decisión venir y hacerlo de manera presencial; sostener un sistema electrónico sobre el cual teníamos muchísimas dudas. Agradezco el poder trabajar y seguir haciéndolo, nosotros tenemos que dar siempre el ejemplo como servidores públicos”, sentenció.

Debido a la series de incidentes que se dieron en las inmediaciones de la Casa Rosada mientras se desarrollaba el velatorio de Diego Armando Maradona, los legisladores del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de resolución a través del cual buscarán obtener precisiones acerca de los hechos ocurridos el día 26 de noviembre del presente, en el marco del operativo de seguridad de la jornada del último adiós del astro futbolístico.

De esta manera, los legisladores buscarán conocer si los disparos de armas con balas de goma fue autorizado por una voz de mando y si “el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, a través de las áreas correspondientes o la Policía de la Ciudad, a través de sus áreas internas, ha tomado conocimiento de las actuaciones y ha procedido a dictar alguna medida administrativa interna sobre las mismas”.

También prevén obtener precisiones sobre si se labraron actas y/o imputaciones sobre las personas reducidas y o demoradas con motivos de la actuación en cuestión; si el Servicio de Asistencia Médica de Emergencias fue alertado sobre los episodios; entre otras cuestiones.

En los fundamentos de la medida, los legisladores recordaron que “el 25 de noviembre se produjo el fallecimiento del mundialmente premiado y reconocido astro de fútbol: Diego Armando Maradona; en ese contexto el Gobierno Nacional decreto tres días de duelo Nacional” y destacaron que “tras las diligencias del caso y en acuerdo con la familia, a primeras horas del día del 26 de noviembre se dio inicio al velorio en Casa Rosada”.

“La jornada, si bien, con un multitudinario número de personas, se desarrolló dentro de los cánones normales. Sin embargo, al conocerse la versión del horario de finalización del evento, programado para las 16 hs, el ambiente en la calle comenzó a cambiar”, señalaron y remarcaron que “al rededor de las 14:20hs, efectivos de la Policía de la Ciudad cortan de forma intempestiva la hilera de personas que se encontraban apostadas a la altura de la Av. 9 de Julio y Av. de Mayo. Rápidamente la situación se precipito en desorden, pudiendo observárselas tristes, pero no inéditas, escenas de represión, camiones hidrantes, golpes y detenciones”.

Al mismo tiempo que señalaron que “otra triste imagen que se registró y se reprodujeron en los medios de comunicación fue la de un hombre golpeado y dejado a su suerte (al lado de un contenedor) por efectivos de la Fuerza de Seguridad de la Ciudad, que vestían indumentaria celeste” e insistieron en que “lo ocurrido en las intersecciones de las arterias antes mencionadas, hizo que la gente, en cernías de Plaza de Mayo, desbordara las vallas para poder ingresar al recinto donde se desarrollaban las honras fúnebres. Situación que, en el dintel de las rejas de Casa Rosada, motivó a otros participantes en la jornada a trepar e ingresar desordenadamente a Casa de Gobierno”.

“Entendemos que hechos como estos deben ser, no sólo esclarecidos a la brevedad, sino también nos debe interpelar a la hora de reflexionar sobre la preparación  y capacitación de las y los efectivos de la Fuerza; así como su accionar a la hora de abordar disimiles tipos de escenarios”, concluyeron.

La iniciativa lleva la firma de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro, y los diputados Matías Barroetaveña, Lucía Cámpora, Claudio Ferreño, Claudio Morresi, Claudia Neira, Lorena Pokoik, Leandro Santoro, Cecilia Segura y Laura Velasco (FdT).

Luego de que la Cámara baja del Congreso de la Nación aprobara un proyecto de ley que reduce la coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires, los diputados porteños de Vamos Juntos, UCR-Ev, GEN y Consenso Federal manifestaron su descontento con lo ocurrido y aseveraron que se trata de una “quita ilegal”.

En ese sentido el presidente de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero (VJ), advirtió que “Diputados convocó de manera irregular una sesión especial para quitarnos, también de manera irregular, más fondos de la Coparticipación, totalizando 65 mil millones” y consideró que “se llevan por delante las instituciones, el federalismo y como siempre, todo”.

Mientras que el jefe del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas (VJ), indicó que “el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados representa un nuevo y peligroso avance del kirchnerismo sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires” y condenó “enfáticamente la apropiación de recursos de todos los porteños y, además, llamamos a la reflexión sobre cualquier otra idea absurda respecto a los derechos consagrados en la reforma constitucional de 1994”.

Sobre esa misma línea el oficialista Hernán Reyes (VJ) explicó que “están tratando a la Ciudad como si fuera una aldea. De la noche a la mañana, quita de fondos por DNU, y ahora, una ley inconstitucional en el Congreso; siempre proponen la fractura, ya no es por pensar distinto, ahora es por la provincia en la que vivís” e insistió en que “están proponiendo una nueva fractura. Quitandole a la Ciudad el equivalente al 61% del presupuesto en seguridad, el 95% del presupuesto en personal de salud y el 50% del presupuesto de educación del 2021”.

“La Corte Suprema tiene que fallar en custodia de la autonomía de la Ciudad y en defensa del régimen federal de gobierno.  No hay una de cal y una de arena. Tiene que actuar conforme a derecho y punto”, aseveró.

En tanto Gastón Blanchetiere (VJ) señaló que “en el Congreso se debatió el saqueo inconstitucional de fondos a la Ciudad de Buenos Aires: un gravísimo atropello a nuestra autonomía que perjudica a millones de habitantes”; mientras que Claudio Cingolani (VJ) precisó que “con la quita de recursos, el Gobierno Nacional busca maniatar a la Ciudad y ponerla de rodillas; todas las medidas del FdT siguieron la línea de denostar a la CABA y anular su autonomía. Esto atenta contra el federalismo y pone al descubierto a un Gobierno que atropella y va por todo”.

Asimismo la diputada Lucía Romano (VJ) consideró que es “inadmisible la quita de recursos a la Ciudad de Buenos Aires, violando la Constitución Nacional y lesionando gravemente su autonomía. Resistiremos”. A la vez que Cristina García (VJ) aseguró que le produjo “tristeza ver que luego de la votación en Diputados varios aplauden victoriosos un robo encubierto a todos los porteños. Seguiremos defiende los intereses de la Ciudad Buenos Aires”.

A su vez Juan Facundo Del Gaiso (VJ) recordó que “la quita sería de 63.000 millones, que representa el 86% de salud. En enero había 120 camas UTIS en la Ciudad, ahora hay 570; cada cama cuesta tres millones por mes, aparatología y recursos humanos al año 16.000 millones no previstos. La quita es criminal”.

El diputado de Consenso Federal Eugenio Casielles subrayó que “los vecinos aportamos el 22% de la coparticipación total, y este recorte implica unos 63 mil millones de pesos, que se le sacan a la Salud, a la Educación, a la Vivienda, a la seguridad, pero principalmente a quienes más necesitan Defendamos lo que es nuestro” y aseveró que “lo que se trató en el Congreso sobrepasa una bandera política. La coparticipación nos afecta a todos como porteños, y los legisladores fuimos elegidos para defender los intereses de los porteños. Necesitamos consenso político, no discrecionalidad que atenta contra el federalismo”.

Mientras que Diego Weck (UCR-Ev) señaló que “la quita ilegal de la Coparticipación Federal avasalla el progreso de los porteños. El camino correcto es el diálogo, no la imposición” y Sergio Abrevaya (GEN) concluyó señalando que “a 140 años que los feudales descuartizaron Buenos Aires en dos, las sometieron a costo de 3000 muertos y violando la constitución, hoy, con otros apellidos, el club de feudales de pcias empobrecidas, se cargan la economía de CABA liderados por CFK y el presidente”.

La peronista Claudia Neira (FdT) y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro (FdT), presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de resolución a través del cual buscarán obtener precisiones acerca del accionar de los agentes de la Policía de la Ciudad y agentes de calle durante las diversas manifestaciones que se realizaron en Ciudad.

En ese sentido, las legisladoras buscarán conocer si los agentes de la Policía de la Ciudad intervienen en manifestaciones sin el uso de su uniforme reglamentario; si intervienen en las manifestaciones “agentes de calle”, detallando las funciones que estos desempeñan; también pidieron que se remitan los protocolos de actuación que rigen el accionar de los Policías de la Ciudad sin uniforme reglamentario y/o los “agentes de calle” que intervienen en movilizaciones públicas.

Por otro lado, exigieron que se indique si se han identificado casos de ejercicio del uso de la fuerza pública y/o detenciones llevadas adelante por parte de Policías de la Ciudad sin uniforme reglamentario en manifestaciones o en otras circunstancias. “En caso positivo, informe si han utilizado chalecos sobre la vestimenta civil o directamente vestimenta civil”, sostiene el texto.

Asimismo se piden detalles acerca del ataque al periodista Lautaro Maislin del canal de noticias C5N, quien fue amenazado y atacado por un hombre que podría ser parte de la fuerza de seguridad y/o un agente de calle.

En los fundamentos de la medida, las legisladoras señalaron que “desde hace tiempo se ha visto a través de los medios de comunicación y nos ha llegado, a su vez, información acerca de que intervienen sistemáticamente en manifestaciones agentes de civil, con mochilas y que usan eventualmente chaleco o no, dependiendo las circunstancias”.

Al mismo tiempo que recordaron que hace unos días “circuló un video donde surge que, alrededor de las 16:25hs, el movilero y periodista Lautaro Maislin de C5N, se encontraba en el lugar del hecho, cuando un sujeto de remera blanca y jean lo increpa y lo golpea para impedir realizar su trabajo” e indicaron que “también circularon imágenes de agentes de civil, con mochilas y ‘chaleco’ llevando adelante detenciones. E incluso hubo imágenes de una detención de una supuesta manifestante que alegaba ser una agente”.

“Todo ello deja en evidencia lo que ya veníamos observando: no sólo la intervención de personal de civil sino el ejercicio de la fuerza pública por parte de la misma, en manifestaciones, donde lo tienen expresamente prohibido”, concluyeron.

Luego de que el Frente de Todos (FdT) y Vamos Juntos (VJ) presentaran dos iniciativas tendientes a generar en la Ciudad unas “super manzanas”, la Comisión de Planeamiento Urbano –a cargo de Victoria Roldán Méndez (VJ)- se reunirá este martes para darle inicio al debate de esos proyectos que tienen por objeto la promoción, planificación y desarrollo de nuevas células urbanas denominadas “super manzanas” en el distrito capitalino, permitiendo su consolidación en los diferentes barrios, a través de nuevas formas de gestión y utilización del espacio público, ganando espacios para peatones, ciclistas y para esparcimiento.

De esta manera, las “super manzanas” son un conjunto delimitado de manzanas y calles internas cuyas características ambientales y urbano-paisajísticas son homogéneas y/o permiten la identificación de una zona con características particulares y reconocibles. Las mismas estarán rodeadas por calles externas o vías de circulación principal, las cuales admitirán todos los medios de transporte que en ellas circulen.

Es así que las calles internas “super manzanas” deben tener definido previamente un único sentido de circulación y la velocidad máxima en las mismas es de 20 kilometros por hora. Además, en ellas solo pueden circular vehículos cuyo peso máximo sea de 4,6 toneladas, a excepción de los vehículos de emergencia.

Además se garantizará el acceso a los estacionamientos privados y se ampliarán las áreas peatonales, el tratamiento de esquinas e intersecciones, los tramos de cuadra reservados para usos múltiples, los espacios parquizados, el equipamiento urbano, entre otras cuestiones.

Tras haberle dado inicio a los encuentros la semana pasada, la Comisión de Planeamiento Urbano -a cargo de la oficialista Victoria Roldán Méndez (VJ)- continuará esta semana con las audiencias públicas en las que vecinos, organizaciones ambientalistas y funcionarios analizarán un proyecto impulsado por el Gobierno porteño a través del cual se prevé rezonificar los predios de Punta Carrasco y Costa Salguero, una vez vencidas las concesiones en 2021.

Se trata de la audiencia más larga en la historia de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, es que se inscribieron un total de 7.053 personas y las jornadas de debate duraran 29 días, extendiéndose así hasta el próximo 27 de enero.

En la primera audiencia que se realizó al respecto participó el secretario de Desarrollo Urbano porteño, Álvaro García Resta; el secretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Méndez; la arquitecta ganadora del concurso para la transformación del sector, Valeria Franck; el defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor; el fundador y director de Comunidad Abierta de Arquitecta y Construcción, Alberto Gorbatt; entre otros.

La iniciativa impulsada por el Gobierno de la Ciudad busca avanzar con la creación de un barrio náutico, aunque las medidas deberán volver a analizarse en una segunda lectura. Es así que en la zona de Costa Salguero se prevé la construcción de diez edificios que podrán alcanzar una altura máxima de 29 metros, contarán con calles internas y un espacio público que los llevará hasta la ribera.

Mientras que en Punta Carrasco se generarán espacios de recreación, en los que las construcciones podrán alcanzar los 12 metros de alto y solo podrán ocupar un 35% del suelo; el resto será parquizado y habrá un helipuerto.

Tal y como ocurre cada año con motivo de los Premios Parlamentario, la revista Parlamentario distinguirá a los diez legisladores más laboriosos –quienes resultas elegidos por la votación de sus pares, trabajadores legislativos y periodistas acreditados-, por lo que este martes a las 14 se realizará en Salón Dorado de la Legislatura porteña la entrega de los galardones.

Esta es la 23º entrega de premios que se hará en esa Casa y quien se alzó con el máximo galardón fue el vicepresidente primero de la misma y diputado de Vamos Juntos, Agustín Forchieri, que obtuvo 317 votos. Cabe recordar que esta es la segunda ocasión consecutiva en la que el diputado es elegido como el más laborioso, aunque en otra ocasión también logró ubicarse en el ranking de los diez más votados.

También recibirá su galardón el presidente de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero (VJ); la vicepresidenta tercera de esa Casa, María Rosa Muiños (FdT); el jefe del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas; el oficialista Juan Facundo Del Gaiso (VJ); la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro (FdT); la peronista Claudia Neira (FdT); la presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, Victoria Roldán Méndez (VJ); el diputado de Vamos Juntos Daniel Del Sol (VJ); y el legislador del GEN Sergio Abrevaya.

Cabe destacar que los Premios Parlamentario no sólo se llevan a cabo en la Legislatura de la Ciudad, sino que también se realizan en el Congreso de la Nación y en el Parlamento bonaerense.

A dos años de haber creado su propio Código Electoral,  Vamos Juntos intentó avanzar con una serie de modificaciones al mismo, a fin de incorporar la “ficha limpia” al mismo. No obstante, en la sesión de este jueves la oposición porteña logró frenar su aprobación –dado que requería 40 votos favorables, pero solo consiguió 34 votos positivos y 20 abstenciones-.

El texto contó con el acompañamiento de los bloques GEN, Consenso Federal, PS, Vamos Juntos y UCR-Evolución; mientras que FIT, PO, PTS y el FdT lo rechazó.

La iniciativa establecía que serían causales de inelegibilidad de los precandidatos “en elecciones primarias ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos de la Ciudad aquello que se encuentren con procesamiento firme por la comisión de delito de lesa humanidad o por haber actuado en contra de las instituciones democráticas y los condenados por: delitos contra la integridad sexual; cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; encubrimiento; y  el delito de fraude en perjuicio de la administración pública.

También sostenia que “el Tribunal Electoral controla de oficio el cumplimiento de los requisitos previo a la oficialización de cada lista de candidatos” y que no se autorizaría a “ninguna lista que no cumpla estos requisitos, ni que incluya candidatos que no hubieran resultado electos en las elecciones primarias por la misma agrupación política y por la misma categoría por la que se presentan, excepto en el caso de la candidatura de Vicejefe de Gobierno, de acuerdo con lo establecido en el artículo 99 y en el caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad conforme lo dispuesto en el presente Código”.

Además preveía que en el caso de que se advierta con posteridad a las elecciones que alguno de los candidatos electos registrara antecedentes por los delitos enumerados anteriormente, se deberá dar inmediato aviso a la Legislatura porteña.

El debate en el recinto

El encargado de abrir la discusión en el recinto fue el diputado de Vamos Juntos Gastón Blanchetiere señaló que “es un orgullo porque esto viene con un gran apoyo de la sociedad civil, hace una semana atrás se presentaron en esta Legislatura la firma de miles de personas que querían que la ‘ficha limpia’ sea ley” e indicó que “lo que debería ser una obviedad, a raíz de los debates en las Comisiones, pareciera que para algunos no es tan claro que debemos tener estándares más altos para nuestros candidatos”.  

“Si a la población se le exigen certificados de antecedentes penales para acceder a un trabajo, ¿no es razonable que algo similar aplique para quienes ocupamos un cargo público?”, añadió.

Por su parte Myriam Bregman (PTS) alertó acerca de que “hoy estamos discutiendo una campaña política, acá el problema es que se está tratando una campaña en una sesión, ustedes pueden juntar firmas y hacer lo que quieran… pero como es campaña también se está haciendo en otros puntos del país” y aseguró que de aprobarse esta medida podrían darse situaciones similares a las de Evo Morales y Lula Da Silva.

Mientras que Marta Martínez (AyL) argumentó que “el proyecto llamado ‘ficha limpia’ busca legitimar a una dirigencia política que está golpeada en su conjunto, tienen que mostrarse limpios porque cada vez salen a la luz más denuncias de corrupción que involucran al oficialismo y la oposición” e indicó que “en los últimos años hubo causas contra Mauricio Macri y Cristina Kirchner, también se acusa de causas armadas que involucran a juegos, servicios de comunicación, entre otros”.

“Por un lado tratan de mostrarse transpartentes y por el otro buscan hacerse fuertes ante la podredumbre del otro”, aseveró.

En tanto Cecilia Segura (FdT) aseguró que les “preocupa que se vulnera el principio de inocencia que se instaló hace ya muchos años, se encuentra consagrado en otros convenios, pactos y tratados; este principio es básico y sostiene que toda persona es inocente hasta que haya un sentencia jurídica firme” y precisó que “esta medida restringe el derecho político y el derecho a ser elegido”.

A la vez que el legislador del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano explicó que “este proyecto parte de un imposible, si uno aplicara de modo riguroso de ‘ficha limpia’ en Argentina entraríamos en un vacío de poder. Lo que se pretende es armar una campaña política pero de ninguna manera busca traer transparencia” y recordó que “la clase capitalista delega el manejo en la clase política, la cual usa como recurso propio la corrupción”.

A su turno el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes (VJ), manifestó que “no hay nada que indique que estamos contrariando al principio de inocencia, no se lo está violando; las intervenciones que estamos haciendo son sobre el Código Electoral, no sobre materia jurídica” y remarcó que “nuestra comunidad le puso un límite a los condenados por delitos de lesa humanidad, estamos legislando sobre la misma materia pero poniendo nuevos límites”.

Por su lado el radical Martín Ocampo (UCR-Ev) destacó que “es un comienzo del debate sobre lo que nosotros entendemos que es la participación política; si hoy les preguntáramos a los vecinos que opinan de este debate, estoy segura que todos querrían que sus candidatos no tengan condenas firmes,  quieren que los represente una mejor calidad política” y aseveró que “no hay espacio político que no haya recurrido a la Justicia”.

Durante la sesión ordinaria de este jueves, la Legislatura porteña autorizó con 50votos a favor y cuatro abstenciones un programa especial de reforestación destinado a alcanzar el 35% de cobertura arbórea del espacio aéreo dentro del plazo de siete años. La medida había sido impulsada por el diputado del Partido Socialista (PS) y vicepresidente tercero de esa misma Casa, Roy Cortina.

La iniciativa recientemente aprobada prevé la plantación de un mínimo de cien mil  ejemplares nuevos.  Asimismo establece que la definición de los lugares de plantación se realizará en función de aspectos ambientales, paisajísticos y utilitarios, priorizando las planteras de alineación vacías o sub-ocupadas y los espacios de dominio público de las Comunas que registren menor cantidad de ejemplares, conforme los datos del último censo realizado.

En los fundamentos de la medida, Cortina afirmó que “el arbolado público reviste una gran importancia para los centros urbanos de las dimensiones y características de la Ciudad, en virtud de su aporte al cuidado del ambiente y la calidad de vida de las personas que los habitan y transitan por sus calles” y precisó que “dentro de los múltiples beneficios que produce puede enumerarse su contribución a la reducción de la contaminación a través de la retención de un alto porcentaje del polvo y partículas de carbón en suspensión generadas por el tránsito vehicular, su actuación como eficaz barrera sonora y la prevención de la erosión del suelo”.

Asimismo señaló que “los árboles también disminuyen el efecto de la isla de calor, atemperando los extremos de temperatura, moderan los vientos y ayudan a acotar el riesgo de inundaciones repentinas” e indicó que “sus copas interceptan las lluvias torrenciales y los canteros donde se ubican incrementan la superficie de absorción”.

Además detalló que “protegen la biodiversidad, suministran el hábitat para la fauna silvestre y tienen un indudable valor paisajístico, ornamental y estético  que impacta positivamente en el estado de ánimo individual y colectivo de la ciudadanía” y recordó que “el censo de 2018 también reveló que hay unas 20.132 planteras vacías y otras 9.027 que están subocupadas albergando especies de pequeño porte”.

“Esta política además de comprometer la participación de la ciudadanía en el cuidado de los árboles incorporados, permitirá elevar el ritmo anual de plantación y mejorar su distribución al cubrir lugares vacíos y priorizar las Comunas con menor cantidad en su jurisdicción”, añadió y concluyó explicando que “el objetivo final no es otro que potenciar cada uno de los efectos positivos que el arbolado produce en el hábitat urbano, contribuyendo de ese modo a cumplir con el mandato de los artículos 26 y 27 de la Constitución de la Ciudad que consagran el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras”.

A varios meses del asesinato de Fernando Baéz Sosa en Villa Gesell y varios incidentes que involucraron a rugbiers, la Legislatura de la Ciudad sancionó este jueves –por unanimidad- una ley que crea un “Programa de Capacitación en Prevención de la Violencia para Deportistas”.

La medida tiene por objeto generar campañas de capacitación y concientización para prevenir la violencia en sus distintos aspectos, dirigida especialmente a deportistas que practiquen disciplinas fuertemente enfocadas en el desarrollo muscular y el contacto físico.

Dicho programa tendrá entre sus principales funciones capacitar a deportistas, cuerpos técnicos y dirigentes en materia de prevención de la violencia, resolución pacífica de conflictos, erradicación de la discriminación, temática de género y violencia contra las mujeres; realizar jornadas de concientización dirigidas particularmente a las instituciones deportivas de la Ciudad; entre otras cuestiones.

Asimismo, establece que las capacitaciones deben incluir a aquellas disciplinas que participen en competiciones federadas profesionales o de alto rendimiento, tales como: rugby, boxeo, artes marciales, lucha libre, levantamiento de pesas, fútbol, básquet, hockey, hándbol, waterpolo, entre otras.

Al mismo tiempo que prevé sanciones para aquellas instituciones deportivas que -en caso de aprobarse la iniciativa- no cumplan con las capacitaciones: podrán ser suspendidas del Registro Único de Instituciones Deportivas y tampoco podrán gozar de ningún beneficio o exención impositiva otorgado por la Ciudad.

En el marco de una nueva sesión ordinaria, la Legislatura de la Ciudad se reúne desde las 12.05 para analizar un proyecto de ley que busca incorporar al Código Electoral local de nuevos requisitos para los candidatos a cargos electivos, quienes no podrán presentarse si fueron condenados por casos de corrupción, fraude, delitos a la integridad sexual o si están con procesamientos firmes en causas de lesa humanidad o contra las instituciones democráticas.

Estas nuevas normas fueron discutidas y analizadas en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Descentralización y Participación Ciudadana, que presiden Hernán Reyes (VJ) y Leandro Santoro (FdT), donde se compatibilizaron dos proyectos, de Gastón Blanchetiere y de Guillermo Suárez (VJ).

Se busca establecer que para las elecciones primarias y para las generales los postulantes, además de otros requisitos ya preexistentes, deban presentar certificados del registro de antecedentes penales y declaraciones juradas patrimoniales.

Asimismo se votará una extensa ley correctiva y aclaratoria del Código Urbanístico sancionado hace dos años, después de una minuciosa revisión realizada por funcionarios del Ejecutivo, entidades profesionales y académicas especializadas en la temática, asesores y legisladores. El proyecto llega con dictamen de la comisión de Planeamiento Urbano, que preside Victoria Roldán Méndez (VJ), el ámbito donde se hicieron todas las ponencias, correcciones y se organizó una Audiencia Pública muy participativa.

También se debatirá un proyecto para reforestación, del socialista Roy Cortina; una iniciativa para prevenir la violencia deportiva (con despacho de la comisión de Turismo y Deportes, que preside Claudio Morresi – FdT) y una propuesta de ley que declara de interés socio sanitario “el abordaje integral de la endometriosis con perspectiva de género y un enfoque de derechos adecuado a su carácter de enfermedad crónica” (con dictámenes de las comisiones de Salud y de Mujer que presiden Patricia Vischi -UCR- y Laura Velasco -FdT-).

Además, se debatirá y votará un proyecto de ley de equidad en el trabajo, impulsado por Diego García Vilas (VJ) y despachado por la comisión de Desarrollo Económico (Marcelo Guouman -UCR). Al afecto, se propone crear un comité cuatripartito (Estado, sindicatos, cámaras patronales, empleadores y Defensor del Pueblo).

Las legisladoras del Frente de Todos (FdT), Claudia Neira y María Rosa Muiños, presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de declaración a través del cual buscarán expresar su preocupación ante la autorización por parte de la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) para emplazar una estación de servicio dentro del complejo Costa Salguero-Punta Carrasco, cuya instalación había sido denegada en 2016, pero hoy ya está construida.

Ambas legisladoras informaron que la misma DGIUR había negado en 2016 la instalación de la estación de servicio, no sólo por encontrarse dentro de un Distrito de Urbanización Parque destinado a espacios verdes o a obras de utilidad pública, sino por estrictas razones de seguridad, dada la cercanía entre el predio y el Aeroparque Jorge Newbery.

En la Sesión especial de este martes Muiños preguntó al Jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, “qué pasó entre 2016 y 2020 para que la DGIUR cambiara de opinión técnica, ya que en 2016 la denegaron por su peligrosidad y en julio de este año, en plena pandemia, la autorizaron y ya está construida”, aunque advirtió que al finalizar el encuentro la inquietud no tuvo respuesta.

Debido a esta situación, Neira concluyó advirtiendo que “si hasta hoy el debate sobre el conjunto Costa Salguero-Punta Carrasco se centraba en preservar el suelo público de la especulación inmobiliaria, esta medida deliberada nos alerta sobre la necesidad de una protección ambiental del Río de la Plata, recurso natural y fuente de consumo de todos los porteños y las porteñas”.

En el marco de la discusión al respecto de la Ley Tarifaria 2021, la diputada de Vamos Juntos (VJ) Lucía Romano precisó que junto a esa normativa se debatirá un proyecto de su autoría que dispone elevar el valor mensual a partir del cual las rentas por alquileres de hasta dos unidades de vivienda abonan el impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad.

La medida se resolvería a través de la modificación del actual artículo 22 de la ley Tarifaria. De esta forma quedarían exentos de pagar dicho impuesto quienes tengan propiedades en alquiler que no superen el nuevo monto, propuesto en 30 mil pesos.

La legisladora e integrante de la comisión de Presupuesto, destacó que “hoy la ley Tarifaria vigente establece que los alquileres mayores a 6.700 pesos pagan el impuesto, lo cual se encuentra absolutamente desfasado y distante de la realidad comercial y del mercado ya que el valor de los mismos supera ampliamente este número, por eso es necesario modificar esta ley para adecuarla a la realidad”.

Al mismo tiempo que indicó que “la espiral inflacionaria de nuestro país ha dejado absolutamente obsoleto el monto a partir del cual los alquileres deben pagar el impuesto. A modo de ejemplo basta mencionar que en el año 2019 los precios de los alquileres subieron en promedio 25% mientras que la inflación anual acumulada fue del 53,8%, es decir que en relación con la inflación el precio de los alquileres aumentó sólo la mitad” y señaló que “para el corriente año la inflación estimada, según el último informe del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), a cargo del BCRA, se estima del 39 % aproximadamente”.

“No debemos dejar de tener en cuenta los principios constitucionales aplicables a la materia tributaria de Capacidad Contributiva y Razonabilidad, como esencia de los tributos y como límite a la potestad tributaria del Estado”, añadió e indicó que “en ningún caso el tributo o conjunto de tributos que recaiga sobre un contribuyente puede exceder la razonable capacidad contributiva de las personas, ya que de lo contrario se está atentando contra la propiedad, confiscándola ilegalmente”.

Sobre esa misma línea manifestó que “en un contexto de crisis económica debemos tomar medidas para aliviar a las personas que ya tienen una fuerte carga tributaria” y destacó que “la rentabilidad de los alquileres ha ido cayendo año tras año: en el tercer trimestre del 2019 tuvo una caída del 30% con respecto a idéntico período de 2018, y un 54% con respecto al mismo trimestre de 2017.Actualmente la renta bruta para un dueño que alquila un departamento usado de dos ambientes (unos 45 metros cuadrados) es de un 2,42% anual, en promedio”.

“Para muchos la caída de la rentabilidad coincide con la merma o el cese de ingresos dado el contexto de crisis económica por eso no adaptar los montos al contexto actual significa no darle alivio a un sector que viene siendo perjudicado”, argumentó y concluyó señalando que “la compra de propiedades para alquiler destinadas a viviendas es un tipo de inversión muy común para la clase media con el objetivo de tener un ingreso adicional a sus sueldos o haberes previsionales con el fin de lograr una mayor estabilidad económica”.

Con fuertes cuestionamientos a la decisión del presidente Alberto Fernández de reducir por decreto los recursos coparticipables que recibe la Ciudad, el ministro de Economía y Finanzas, Martín Mura, se reunió este miércoles con la Comisión de Presupuesto –a cargo del oficialista Claudio Romero (VJ)- para explicar el proyecto que establece un presupuesto de contingencia de 587 mil millones de pesos que establece una fuerte reducción del gasto público, suspensión de obras, revisión de grandes contratos y medidas transitorias.

En ese sentido, el funcionario aseguró que “somos un Gobierno que funciona planificando, las grandes transformaciones que hemos visto son en gran parte por esa planificación minuciosa, la cual se ve reflejada en el Presupuesto. Así lo hacemos hace años, desarrollando un Presupuesto riguroso”.

Al mismo tiempo que explicó los motivos por los cuales la presentación de la norma se demoró casi dos meses, al señalar que “este Presupuesto 2021 surgió condicionado por la pandemia que azota a nuestro país y el mundo, pero el pasado 9 de septiembre de manera intempestiva e inconstitucional el Gobierno Nacional avasalló los derechos de la Ciudad y le quitó más de un punto de la coparticipación”.

“Es un gran error (la decisión del Ejecutivo Nacional), la transferencia de recursos por el traspaso de la Policía fue el establecido por la propia policía y solo cubría los gastos generados por el mismo”, manifestó en función de los dichos del presidente, quien había asegurado que se habían entregado más recursos de los que correspondían. Asimismo Mura indicó que “para hacerse cargo del servicio, la Ciudad debió contratar más personal y hacer una inversión en otras cuestiones, algo que tampoco fue contemplado”.

Sobre esa misma línea, el ministro consideró que “el Gobierno Nacional busca perjudicar las finanzas de la Ciudad, es por ello que presentamos una medida cautelar para defender nuestros derechos. Desde aquel día hasta hoy la Ciudad dejó de recibir 9 mil millones de pesos” e insistió en que “la reducción en la coparticipación no se trata de una medida aislada, sino que forma parte de una decisión de afectar la autonomía financiera de la Ciudad”.

“Estamos revisando todos los contratos para poder hacer este recorte de gastos sin poner en riesgo el funcionamiento del Estado”, dijo el ministro.

Es por ello que remarcó que “además de analizar un escenario post pandemia, la Ciudad tuvo que volver a revisar su presupuesto para evaluar el impacto de esta decisión del Gobierno Nacional”.

Por otra parte en función del presupuesto de contingencia presentado, el funcionario señaló que “estamos planteando debido a la reducción de gastos se refleja en tres grandes ítems: el primero, la postergación y ralentización de obras (esto afectará a más de 20 obras que se estaban desarrollando en la red de subterráneos, la cárcel de Devoto, no se construirán 52 kilómetros de plan hidráulico) y en cuanto a equipamiento podemos decir que no se comprarán más de ocho mil cámaras de seguridad, 500 patrulleros y 200 motos”.

“En segundo lugar se revisarán los contratos, estamos revisándolos todos para poder hacer este recorte de gastos sin poner en riesgo el funcionamiento del Estado. El tercer punto tiene que ver con una reducción en la administración del Gobierno, se buscará promover el teletrabajo y reducir los alquileres; esto también afectará a la discusión paritaria del próximo año”, añadió y concluyó recordando que “es el segundo año consecutivo que este Presupuesto cuenta con una perspectiva de género”.

En la reunión estuvieron presentes de manera presencial y virtual los diputados Agustín Forchieri, Diego García Vilas, Daniel Del Sol, Facundo Del Gaiso, Matías López, Paola Michielotto, Cristina García, María Sol Méndez, María Luisa González Estevarena, Natalia Fidel, Victoria Roldán Méndez, Carolina Estebarena, Esteban Garrido (VJ), María Rosa Muiños, Claudio Ferreño, Santiago Roberto, Cecilia Segura (FdT), Inés Gorbea, Diego Weck, Marcelo Guouman (UCR-Ev), Sergio Abrevaya (GEN), Alejadrina Barry (FIT) y Gabriel Solano (PO).

El debate en Comisión

Tras la exposición del ministro, el trotskista Gabriel Solano (PO) manifestó que “hay cosas que nos preocupan mucho, hay algo que es central: la situación de los trabajadores que tienen al Gobierno de la Ciudad como jefe, ellos ya vienen sufriendo un ajuste y tuvieron una perdida en su salario que ronda el 20%” y remarcó que “ahora con este proyecto se plantea una paritaria del 27%, pero los estadistas calculan una inflación del 51%; es decir, los trabajadores perderán 52 mil millones de pesos, lo cual coincide –justamente- con lo que va a perder la Ciudad con la quita de la coparticipación”.

En tanto la diputada del Frente de Todos (FdT) Cecilia Segura recordó que “el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, nos dijo que la mejor manera de salir de esta situación de crisis, profundizada por la pandemia, es con el trabajo” y precisó que como bloque “analizamos que en el Presupuesto, la función trabajo es de las que más cayó de cara al 2021. ¿Por qué si el eje para recuperarnos es el trabajo, es lo que más cae en el presupuesto? Son las PyMEs las mayores generadoras de trabajo en blanco y deberían recibir más asistencia”.

Por su parte Sergio Abrevaya (GEN) manifestó que “es una situación extraña, estamos ante un Presupuesto que está atado a un fallo judicial debido a la quita de recursos coparticipables por la presión que han ejercido el propio presidente y algunos gobernadores” y consideró que “se nos transfiere un servicio como la Policía y el mensaje que nos envía la Nación es ‘páguenlo ustedes’”.

“Estoy de acuerdo con que se piense un plan de contingencia, me preocupa el tema del sello a las tarjetas de crédito”, advirtió.

Mientras que la vicepresidenta segunda de la Legislatura porteña, María Rosa Muiños (FdT), argumentó que le “llama mucho la atención que haya tanto perjuicio, con algo que solo es el 9% y que correspondía al traspaso de la Policía… ahora dicen que no se harán las obras. Ahora se está revisando en el Congreso y en la Corte Suprema, son dos instituciones democráticas” y afirmó que quiere “saber que es un presupuesto de contingencia a futuro, si la Corte Suprema no falla en función de lo que el jefe de Gobierno tiene previsto. ¿Volverá a la Legislatura para que lo revisemos nuevamente o si el Gobierno tomará la decisión unilateralmente?”.

A lo que el ministro precisó que “si la Corte falla a favor de la Ciudad o si el Gobierno Nacional decide dar marcha atrás, este paquete de leyes quedaría desactivado”.

El proyecto en cuestión

La iniciativa remitida al Parlamento sostiene las partidas presupuestarias destinadas a las áreas esenciales como educación, salud y desarrollo social, así como también lo destinado a seguridad. También obliga al Gobierno porteño a “suspender, ralentizar o postergar obras, planes y proyectos”, pasa a un mantenimiento mínimo y esencial del espacio público, se eliminan exenciones impositivas a operaciones financieras, entre otras medidas.

Además en la normativa se aclara que se “se trata de un presupuesto de contingencia y con medidas transitorias ya que, si no hay un fallo favorable en la Corte y/o si se avanza con el proyecto de Ley en el Congreso, se deberán realizar nuevos ajustes de impacto”.

El texto explica que debido a la quita por decreto del 1,18% de coparticipación, la Ciudad dejará de percibir este año más de 13 mil millones de pesos, cifra que ascendería a 52 mil millones para el 2021. “A un ritmo de 150 millones de pesos menos por día, desde el 10 de septiembre a la fecha, la Ciudad dejó de percibir 8.400 millones de pesos”, señaló Larreta.

“Al mismo tiempo, el Gobierno nacional avanzó con un proyecto de ley que ya tiene media sanción del Senado y se encuentra en la Cámara de Diputados. De ser aprobado, el impacto para las finanzas de la Ciudad sería aún peor: significarían otros 13 mil millones menos, es decir 65 mil millones en total para el año próximo”, sostiene el proyecto.

Más allá de esto, el proyecto de la Ciudad se formuló con las mismas variables macroeconómicas que figuran en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional: variación de la actividad económica del 5,5%, tipo de cambio de $ 102,4 hacia fin de año y variación en el nivel de precios del 29%.

Con el escenario de los efectos de la pandemia aún vigentes, la Ciudad decidió continuar priorizando la inversión en áreas sociales, ya que lo destinado para Salud, Educación y Desarrollo Social, entre otros servicios, alcanzará al 51,4% del total del presupuesto. Además, se mantendrá la inversión en el gasto en Seguridad (una de las mayores preocupaciones de los vecinos), con el 16% del total del presupuesto.

Las estimaciones para el próximo año presentan un total de gastos estimado en 612.643,5 millones y un total de recursos por 587.568,9 millones, lo que proyecta un Resultado Financiero deficitario en 25.074,6 millones. Esto representa un 64% menos que al cierre del 2020, esperando alcanzar para el ejercicio 2022 nuevamente el equilibrio presupuestario.

No obstante, el presupuesto para el ejercicio 2021 muestra un Resultado Económico Primario de 111.892,7 millones y un Resultado Primario superavitario de 22.925,4 millones, revirtiendo el déficit del 2020.

En cuanto a los recursos totales estimados para el próximo año se incrementan en un 40% con respecto al 2020, con una previsión de 587.568,9 millones, correspondiendo 585.649,8 millones (99,7%) a recursos corrientes y 1.919 millones (0,3%) a recursos de capital. Los ingresos tributarios se calculan en 549.148,2 millones (+39,2% con respecto a este año), con una estimación de ingresos tributarios propios de 447.317 millones (81% del total), en tanto que los recursos provenientes de la Coparticipación Federal se estiman en 101.831,2 millones (19% restante).

Mientras que sobre los impuestos que reflejan la actividad económica en la Ciudad, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos es el tributo que mayor participación registra en la composición total de los recursos tributarios con el 61,3%, alcanzando los 336.626,5 millones para el próximo año. Por su parte, el Impuesto a los Sellos refleja el 6,9% del total, con una participación de 37.772,2 millones para el 2021.

El total de gastos estimado para el 2021 equivale a 612.643,5 millones, siendo el gasto primario de 564.643,5 millones, con un crecimiento del 25% con respecto al corriente año.  Los gastos corrientes ascienden a 521.757,1 millones, significando un 85,2% del gasto total, en tanto que los créditos previstos para el gasto en capital se estiman en 90.886,4 millones.

Luego de que el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, brindara un extenso informe en la Legislatura porteña acerca de los principales puntos de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta a lo largo de este año, el diputado del GEN Sergio Abrevaya apoyó los dichos del funcionario acerca de la necesidad de resguardar los recursos coparticipables de la Ciudad pero alertó acerca de algunas falencias en su exposición.

En ese sentido, el legislador explicó –en diálogo con parlamentario.com–  que “en un marco muy difícil para la Ciudad como lo son los fondos de la coparticipación, para lo cual expresó todo mi apoyo al jefe de Gobierno, hay muchas preguntas para responder” y consideró que en su discurso “faltaron algunas medidas favorables para las PyMEs”.

“También nos preocupa especialmente la posibilidad de evaluar cómo ha sido el año educativo de los chicos, porque más allá del esfuerzo de los docentes y el Estado, lo cierto es que la pandemia ha planteado un formato educativo que no es lo mismo que educarse presencialmente”, señaló y concluyó afirmando que “el otro planteo es que creíamos que iba a haber algún tipo de planteo sobre la licitación del Subte, queríamos ver si el Estado reasumía esto. Faltaron esos puntos aclarar”.

Tras la sesión especial en la que el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, brido precisiones sobre la gestión de Horacio Rodríguez Larreta a lo largo del año, la legisladora de PTS Myriam Bregman dialogó con parlamentario.com para analizar sus dichos, aunque consideró que “no fue un informe de gestión, lo que hizo fue un discurso al rededor de polarizar con el Gobierno nacional sobre los fondos de coparticipación”.

Sobre esa misma línea consideró que “fue absolutamente armado con ese eje, no quería discutir nada más y diciendo la cantidad de cosas que podrían haber realizado en la Ciudad si no le hubiesen sacado esos fondos. Yo le hice un chiste, le pregunte si íbamos a un periodo especial como en Cuba porque daba esa sensación por cada cosa que decía”.

Al mismo tiempo que afirmó que “hay un gran debate en la Ciudad de Buenos Aires que nadie puede obviar y es el de los negocios inmobiliarios, el jefe de Ministros no hizo referencia a los principales reclamos que hay hoy en el distrito, como por ejemplo, el tema de Costa Salguero” e insistió en que “por otro lado, después el diputado Leandro Santoro (FdT) y su bloque votaron las exenciones impositivas para estas empresas de desarrollo inmobiliario; uno ve que no se sacan los fondos de ahí pero le ponen más impuestos a las tarjetas de crédito”.

“El funcionario dijo que no se podían construir 203 escuelas, nosotros estamos esperando todavía que nos muestren cuales son las 54 que dicen que construyeron, así que nos parece una burla que nos digan que no van a avanzar con las obras en el subte porque no lo hicieron durante todos estos años”, señaló y concluyó aseverando que desde la izquierda invitan “a que se investiguen todas esas obras públicas como el Paseo del Bajo y que en vez de aumentar las tarifas de las autopistas a los vecinos de la Ciudad, que se investigue a los negociados de la familia Macri en el Paseo del Bajo y que se recupere lo robado”.

En el marco de la sesión especial de este martes, el presidente del bloque Vamos Juntos y uno de los hombres de confianza de Graciela Ocaña, Diego García Vilas, dialogó con parlamentario.com sobre el informe que brindó el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, acerca de la gestión que viene desarrollando el actual Gobierno de la Ciudad e insistió en la necesidad de que los diputados nacionales defiendan los recursos coparticipables.

En ese sentido, el oficialista consideró que “siempre es importante que un jefe de Gabinete rinda cuentas y fue muy claro en su presentación, resaltó las mejores cosas que se vienen desarrollando en las distintas áreas como salud, educación, entre otras” e indicó que “nos tiene que llamar a la reflexión a todos los sectores políticos, es el llamado que le hizo a los distintos diputados nacionales a defender los recursos de la Ciudad, entendiendo que todos hemos sido votados en función con la Constitución nacional, de la Ciudad y tenemos entre nuestras funciones defender esos recursos”.

Asimismo precisó que “en función de esta quita unilateral que efectuó el Gobierno nacional, es algo que todos tenemos que condenar, independientemente del lugar político que estemos ocupando”.

A su vez García Vilas se refirió al ajuste que el Gobierno de la Ciudad deberá efectuar sobre su Presupuesto para el próximo año debido a la reducción de la coparticipación, por lo que explicó que “lo que tiene que quedar en claro que este es un presupuesto de contingencia, estamos a la espera de que ver que resuelve la Corte Suprema de Justicia, dado que nosotros iniciamos una acción legal para defender lo que entendemos que nos pertenece” y recordó que “ese dinero fue producto de una transferencia de facultades en materia de seguridad, que les fueron transferidas a la Ciudad de Buenos Aires”.

“En ese contexto lo más importante que el daño económico que le ocasiona a todos los vecinos de la Ciudad lo tenemos que compensar de alguna manera. Es como si una familia estuviera acostumbrada a vivir con diez pesos y nos quitan dos pesos, obviamente esos dos pesos tenemos que buscar la manera de recuperarlos”, señaló e insistió en que “una de las opciones es reducir el gasto lo máximo posible, obviamente esto va a traer alguna renegociación de contratos y probablemente obras que no se van a poder llevar adelante”.

Al mismo tiempo que concluyó señalando que “estamos apelando a que por favor nos escuchen y tengan en cuenta que esto no es posible, no podemos seguir construyendo la Argentina entre todos en función de si nos gusta o no el gobierno de turno. Hoy le toca a la Ciudad, pero mañana le puede tocar a cualquier provincia del país”.

Luego de que el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, brindara precisiones en la Legislatura porteña acerca de la gestión del Horacio Rodríguez Larreta, el legislador del Frente de Todos (FdT) Matías Barroetaveña cuestionó duramente la información que dio el funcionario y consideró que “describe una ciudad ideal sin inseguridad, con educación y salud para todos, muy lejos de la realidad que vivimos los porteños; mientras justifica un fenomenal ajuste que demorará la reactivación económica pos pandemia”.

Además expresó que “la propuesta del Ejecutivo es un ajuste sobre la obra pública; menor prestación de servicios públicos, como la recolección de residuos, y el deterioro del salario de los trabajadores” y añadió que “esto viene acompañado por un aumento descontrolado de impuestos que dificultara la reactivación económica pos pandemia: aumento de peajes, subte, bicicletas, 80.000 nuevos espacios pagos de estacionamiento, nuevo impuesto del  1.2% a todos los consumos con tarjeta de crédito, impuesto a las  Leliq, entre otras”.

Barroetaveña insistió en que “el Gobierno local no solo no invierte un peso en acompañar a las pymes, cooperativas y trabajadores que sufren la crisis económica y la pandemia, sino que crea nuevos impuestos como el de las tarjetas de créditos impactando en 7.700 millones de pesos que perderán comercios y consumidores”.

Al mismo tiempo que se refirió a los pronunciamientos de Felipe Miguel acerca de la reducción en la coparticipación, el diputado señaló que “con respecto a los fondos nacionales desde el Frente de todos hemos presentado numerosas propuestas para compensarlo: aumentar ingresos brutos al sistema financiero, o a otros sectores que han tenido ganancias exorbitantes durante este año” y acotó que si se buscan equilibrar las cuentas, es fundamental “terminar con la corrupción y los gastos superfluos como la nueva feria gastronómica que conducirá Martiniano Molina, la pauta publicitaria o el arreglo de veredas que ya están en buenas condiciones”.

En medio de la pandemia del Covid 19 y en el marco de la sesión especial de este martes, el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, se presentó en la Legislatura porteña para brindar precisiones acerca de la gestión  del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a lo largo de estos meses en emergencia sanitaria y le exigió a los legisladores del distrito capitalino, diputados y senadores nacionales que defiendan los recursos coparticipables.

De esta manera el funcionario les pidió que “no nos dé lo mismo: nuestros jefes son los vecinos de la Ciudad y nadie más. Estamos acá por ellos y para ellos, no lo olvidemos nunca” y consideró que “defender la coparticipación es defender el esfuerzo y el trabajo de la gente, tenemos que anteponer los intereses de la gente por sobre los de la política; los diputados nacionales por la Ciudad deben defender los intereses de los vecinos”.

Asimismo recordó que el distrito capitalino aporta el 22% del total de los recursos coparticipables y ahora tras el recorte, podrían empezar a recibir el 1.4%. “Esos recursos que la Ciudad aporta son de los ciudadanos de Buenos Aires, de cada argentino que vive, estudia, trabaja, transita o se atiende en la Ciudad. Esos recursos son el fruto de su esfuerzo y su trabajo, merecen ser valorados y respetados”, agregó.

“El Gobierno de la Ciudad conservará la responsabilidad sobre todas las competencias que le fueron transferidas. Por si no queda claro: casi uno de cada cuatro pesos coparticipables que recibe el Gobierno nacional los aporta la Ciudad y se pretende que reciba menos de una décima parte”, manifestó.

Sobre esa misma línea, Felipe Miguel precisó que al igual que todas las jurisdicciones, no escapa de la realidad de la pandemia y tuvo que destinar más recursos a las áreas esenciales para hacer frente al coronavirus y a la disminución de la recaudación por la caída de la actividad económica. Pero además agregó que “en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, hay un hay un tercer elemento económico adverso que es la quita inconstitucional de los fondos de la coparticipación para la seguridad de los tres millones de vecinos que vivimos en Buenos Aires, y de otros tres millones y medio de argentinos que vienen diariamente a la Ciudad a trabajar, a estudiar, al médico”.

A su vez indicó que se trata de “una quita que, además de ser inconstitucional, no respeta ni valora el esfuerzo ni el trabajo de todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires” y aseveró que “en la Ciudad vivimos en un Estado que funciona y vemos a dónde va cada peso que se gasta, lo podemos controlar, lo podemos medir y lo podemos vivir”.

“Lo podemos vivir cuando mandamos a nuestros hijos a alguna de las 54 escuelas que construimos en los últimos cuatro años y en las 9 mil vacantes nuevas que generamos. O cuando necesitamos atender nuestra salud y contamos con 450 camas de terapia intensiva que agregamos para la pandemia o cuando vamos a cualquier centro de salud y tenemos ahí nuestra historia clínica electrónica”, destacó y afirmó que “somos transparentes y rendimos cuentas, publicamos y actualizamos los compromisos de Gobierno en la página web de la Ciudad para que cualquiera lo pueda ver de forma online”.

La salud en pandemia

Sin lugar a dudas uno de los ejes principales de su discurso fue la salud, dado que enfatizó que la cantidad de casos se encuentra estabilizada y la curva demuestra un descenso leve y paulatino con un promedio de 390 casos por día. La ocupación de camas de terapia intensiva del sistema público tuvo su pico en septiembre con un 71,2% , y hoy está en 25,1% .

Es así que explicó que “al día de hoy, tenemos 156.420 casos confirmados de coronavirus en la Ciudad, de los cuales 133.947 fueron dados de alta y reportamos 5.523 fallecimientos” y recordó que “la pandemia fue evolucionando y, como ocurrió en otros países del mundo, identificamos focos de mayor contagio: primero fueron los geriátricos y luego los barrios populares.  Por las condiciones de estos espacios, el virus se esparcía con mayor rapidez y armamos una estrategia específica para cada caso: fuimos a testear proactivamente y reforzamos las medidas de higiene. En el caso de los geriátricos, elaboramos un protocolo específico junto a las instituciones”.

“Nos enorgullece decir que el trabajo que hicimos en los barrios populares fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de las 15 mejores respuestas sociosanitarias del mundo durante la pandemia”, señaló y destacó que “para hacer más eficiente y organizada la atención de los hospitales, el traslado de pacientes con coronavirus y la atención de las demás enfermedades, desde el Ministerio de Salud creamos una estrategia en red que nos permitió garantizar que cada paciente reciba la atención más acorde a su estado de salud y de forma inmediata”.

A su vez afirmó que “todos los hospitales y centros de salud tienen los insumos que necesitan: los 34 hospitales reciben lo que solicitan los martes y viernes, y los 46 centros de salud, los 2 CEMAR y los 29 dispositivos Detectar reciben los insumos semanalmente” y señaló que “también compramos 7 ambulancias y sumamos 543 respiradores. Además tenemos 16 laboratorios para hacer pruebas de PCR en 14 hospitales, más el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur y el CEMAR 2”.

En ese sentido indicó que se instalaron “22 unidades febriles de urgencia, UFU, que son el punto de referencia al que se dirigen los vecinos si tienen síntomas. Más de 145 mil vecinos ya pasaron por las UFU, de los cuales 120.078 fueron testeados y 36.932 dieron positivo” y subrayó que se incorporaron 1.950 camas destinadas a coronavirus en los hospitales: 450 de terapia intensiva y 1.500 de internación general. “Además, contamos con 5 mil camas disponibles para pacientes leves en hoteles y centros de resguardo”, señaló.

Por otro lado, Miguel advirtió que “uno de los pilares fundamentales para hacer frente a esta pandemia es la estrategia de testeos, porque nos permite identificar casos potenciales, testearlos, aislarlos y cortar la cadena de contagio. En total, hicimos 775.839 hisopados” y precisó que se testea “a todos los vecinos que se acercan con síntomas a las UFU, a los contactos estrechos y convivientes por más que no presenten síntomas y, preventivamente, cada 15 días testeamos a todo el personal esencial: médicos y enfermeros, policías, trabajadores de geriátricos y agentes de tránsito, del BAP y de prevención”.

“En paralelo, junto al Gobierno Nacional, pusimos en marcha el operativo Detectar y testeamos proactivamente a 165.627 personas, de las cuales 33.227 dieron positivo”, afirmó y recordó que se hizo un “estudio de seroprevalencia en todo el territorio de la Ciudad que nos permite saber que, al día de hoy, el 14% de los porteños ya tuvo el virus. Esto significa que detectamos a 1 de cada 3 personas contagiadas. Y ya estamos llevando adelante una segunda etapa de este estudio”.

Al mismo tiempo que aseveró que se crearon “dos nuevas sedes del SAME en los barrios 31 y 1-11-14, para que los vecinos reciban una respuesta rápida ante cualquier emergencia” y concluyó señalando que “la línea 107 del SAME es uno de los soportes más importantes en esta pandemia. Desde marzo, los operadores atendieron 109.670 llamados por coronavirus, de los cuales 22.332 resultaron casos sospechosos”.

Educación para el futuro

Por otra parte el jefe de Gabinete argumentó que “el futuro de los chicos es la educación; en este año, todos hicieron  un gran esfuerzo para que las clases sigan a la distancia: los docentes, los padres y los alumnos” y argumentó que “ fue muy importante el esfuerzo que ya veníamos haciendo junto a toda la comunidad educativa con el Plan Integral de Educación Digital, que permitió que estudiantes y docentes estén más familiarizados con las herramientas tecnológicas”.

Además resaltó que “contamos con la plataforma Mi Escuela para que los docentes puedan cargar actividades y mantener el contacto con los chicos y las familias. Y tenemos una biblioteca virtual con más de 5 mil documentos” e informó que se entregaron 31.291 computadoras para los estudiantes, en el marco del Plan Sarmiento, y 2.625.044 cuadernillos, revistas, trípticos y libros impresos.

“En paralelo, incluimos material educativo en dos programas de la radio de la Ciudad y en el Canal de la Ciudad, que emiten cápsulas de manera rotativa todos los días a la mañana, tarde y noche para los chicos de los tres niveles”, explicó y detalló que 2.179 familias participaron de los 90 talleres virtuales del programa “Familias a la escuela” y otros 1.418 participaron de los 42 talleres del programa “Familias en diálogo”.

También subrayó que “durante todo el año garantizamos la entrega de viandas en más de 1.300 escuelas. Entregamos 7.286.413 canastas nutritivas en sus tres modalidades: desayuno, almuerzo y refrigerio” e insistió en que “el contexto de clases a distancia nos planteó la necesidad de repensar la forma de evaluación pedagógica. Para eso, los docentes elaboraron dos informes conceptuales, y van a sumar una calificación numérica en diciembre para los que terminan un nivel”.

En cuanto a las expectativas para el próximo ciclo lectivo, el funcionario adelantó que “las clases van a arrancar el 17 de febrero, para generar más oportunidades de aprendizaje para los chicos. Y las instancias de apoyo van a permanecer durante los meses siguientes para asegurarnos de que los estudiantes incorporen todos los contenidos del 2020 que hayan quedado pendientes y también los correspondientes al 2021”.

“Elaboramos un protocolo para que los chicos puedan volver a la escuela de a poco y de manera cuidada”, señaló y culminó el bloque informando acerca de la delicada situación que atraviesan los jardines maternales: “para acompañarlos lanzamos el Programa Apoyo Económico a la Primera Infancia, con el cual se pudieron pagar los sueldos de personal docente. Y, ahora, reforzamos este acompañamiento para los jardines que otorguen bonificaciones a las cuotas y matrículas de estos últimos dos meses y marzo del 2021; esta segunda etapa apunta a que no pierdan alumnos y, a su vez, es un alivio para las familias que van a acceder a una cuota bonificada. Vamos a hacer 2 nuevos pagos por un total de 65 millones de pesos cada uno a repartir entre los jardines que se adhieran”.

Espacio público y desarrollo humano

Mientras que en relación a la utilización del espacio público, Miguel coincidió en que “después de tantos meses en casa, todos tenemos la necesidad de salir y de reencontrarnos con nuestros seres queridos, y hoy las calles, las plazas, los parques, los patios y las terrazas son el punto de encuentro” y aseguró que “para que todas las actividades se hagan en orden y los vecinos se muevan de forma segura, hicimos intervenciones en 208 calles distribuidas en todas las comunas”.

También destacó que hicieron “un mapeo de la Ciudad y en las zonas con más locales comerciales, en las plazas donde los vecinos salen a correr y donde se hacen las ferias barriales ampliamos el espacio, cortamos calles al tránsito para que sean peatonales y sumamos demarcaciones para que la gente transite respetando el distanciamiento y los locales puedan trabajar” y manifestó que “tenemos 25 nuevas áreas peatonales transitorias, que benefician a 2.195 locales gastronómicos y comerciales y a 951.945 vecinos”.

En otro orden de cuestiones, el jefe de Gabinete explicó que se implementaron medidas tendientes a garantizar la interacción social de los adultos mayores. “Para que todos los que viven en geriátricos puedan volver a encontrarse con sus seres queridos, desde el 9 de octubre habilitamos las visitas en horarios reducidos y de manera muy cuidada. Y además, impulsamos actividades virtuales, en total entregamos cinco mil tablets”, precisó.

A la vez que expresó que “durante este año reforzamos la presencia del Estado en los barrios vulnerables para acompañar a cada familia y ofrecer herramientas para que puedan protegerse del virus. Triplicamos la seguridad alimentaria en toda la Ciudad, alcanzando a un promedio de 356 mil personas por mes” y aseveró que “gracias a los comedores comunitarios, 122 mil vecinos retiran alimentos. Por otro lado, 36 mil personas reciben alimentos de los 90 centros de primera infancia y jardines comunitarios; los otros 198 mil vecinos retiran semanalmente los módulos nutricionales que entregamos en más de 50 puntos nuevos en 15 barrios populares”.

“Junto a 15 cooperativas barriales, hicimos 363 operativos de desinfección y limpieza en pasillos, calles, veredas, espacios más transitados y en algunos complejos habitacionales de 18 barrios vulnerables”, señaló.

La seguridad: un tema que preocupa

Durante su exposición, Felipe Miguel indicó que “ya desde el año pasado los delitos en la Ciudad venían bajando y, este año, gracias a los esfuerzos de la Policía de la Ciudad, la tendencia se mantiene” e informó que “entre enero y octubre los robos bajaron un 48% con respecto al año pasado. Y, solamente en octubre, cuando ya la circulación en la Ciudad aumentó de manera significativa, hubo un 42% menos de robos que el mismo mes de 2019”.

“Actualmente contamos con 13.216 policías en las calles, 2 mil agentes de tránsito, 749 agentes de prevención y 1.699 bomberos”, añadió y detalló que “tenemos más de 10 mil cámaras monitoreando las calles, el subte, las autopistas y las arterias principales, más otras ocho mil cámaras ubicadas en dos mil colectivos. Además, incorporamos un sistema de cámaras de grabación en los patrulleros que permite hacer un seguimiento en tiempo real”.

Sobre esa línea el funcionario manifestó que “la seguridad es un tema que hay que abordarlo de forma integral, por eso, trabajamos en conjunto con el Gobierno Nacional y el de la Provincia haciendo los controles correspondientes en los accesos a la Ciudad y estaciones centrales de mayor circulación” y expresó que “precisamente la quita inconstitucional de fondos de coparticipación equivale a lo que la Ciudad necesita para brindar seguridad a tres millones de vecinos que viven acá y a otros tres millones y medio que vienen todos los días”.

Transporte y movilidad

Por otro lado, explicó que “hoy el indicador de transporte público y vehículos está en un nivel equivalente al 60% de los niveles pre pandemia. El uso de subte cayó 88.2%, el de tren cayó un 68.3%, y el de colectivo un 55%” y argumentó que “es importante destacar que necesitamos seguir reservando el transporte público para los trabajadores esenciales y los chicos y docentes que van a la escuela”.

Además detalló que “la red de subtes de la Ciudad permanece con un esquema de 50 estaciones operativas; el horario es de 6 a 22 horas, de lunes a sábado, y de 8 a 22 horas los domingos y feriados” y añadió que “para aprovechar el espacio libre de los subtes, se habilitó el acceso con bicicleta o monopatín eléctrico a las líneas A, B, D, E y H en el primer o último coche de cada formación. En las estaciones de tren que están dentro de la Ciudad, en coordinación con el Gobierno Nacional, también implementamos un sistema similar: de las 40, hay 29 habilitadas”.

“A partir del 13 de noviembre también pueden viajar pasajeros parados en los trenes y colectivos. En el caso de los colectivos, hasta 10 personas y, en los trenes, se debe respetar la capacidad máxima de una persona por metro cuadrado”, advirtió.

Asimismo se refirió a la Ley de estacionamiento medido que aprobó la Legislatura algunos días atrás, por lo que señaló que “vamos a eliminar los parquímetros y el pago va a ser electrónico con posibilidad de hacerlo por WhatsApp” y remarcó que “ningún vecino va a pagar por estacionar en la puerta de su casa: se va a poder estacionar libremente en un radio de 300 metros. En cuanto al acarreo, vamos a mejorar la capacidad de respuesta del Estado priorizando los pedidos de los vecinos por autos mal estacionados que afectan a la seguridad de los que circulan por la calle, como los que obstruyen una rampa o la entrada de un garaje”.

“En la Ciudad el uso de la bicicleta creció de manera exponencial en los últimos meses. Antes, del total de los viajes diarios, el 0,4% se hacían en bicicleta. Hoy ese porcentaje subió a 4%. Si esta tendencia se mantiene, esperamos que para 2023 haya un millón de viajes diarios en bicicleta”, sentenció.

Economía en tiempo de crisis

En materia económica, Miguel advirtió que “este año afrontamos un triple desafío en cuanto a los recursos de la Ciudad: por un lado, reordenamos las cuentas públicas para destinar más recursos a las áreas esenciales en la pandemia, como la salud y la asistencia social; por otro lado, afrontamos la baja de la recaudación por los efectos de la crisis sanitaria en la actividad productiva; y además tenemos que hacer frente al recorte inconstitucional de la coparticipación”.

Al mismo tiempo detalló que “como  parte del Plan de Emergencia de las Cuentas Públicas de la Ciudad, hasta fines de agosto, reorientamos 17.133 millones de pesos hacia el sistema sanitario, la asistencia social y también en lo que respecta a la educación” e indicó que “los recursos destinados a fortalecer el sistema sanitario se utilizaron para la adquisición de insumos y equipos médicos; para la contratación de personal de la salud; y para el alquiler y reacondicionamiento de los hoteles para albergar pacientes, entre otros gastos derivados de la pandemia. Así como también para la implementación de todos los programas puntuales y específicos que son fundamentales para combatir la pandemia, como el Detectar, los programas de detección de la temperatura o de seguimiento a los contactos estrechos”.

A su vez argumentó que “la incorporación de las 5.400 personas al personal de salud significó una inversión de 2.500 millones de pesos. En lo que respecta a la atención a la demanda social, se triplicó la asistencia alimentaria en comedores. Antes de la pandemia, se asistía a 102 mil personas por mes, mientras que durante junio, fueron 350 mil los vecinos asistidos” y recordó que “durante el segundo trimestre, que fueron los meses más fuertes de la pandemia, la recaudación total de la Ciudad tuvo una caída real del 18% y la recaudación de Ingresos Brutos tuvo una caída real récord del 13% (y ese es el impuesto que marca la actividad económica)”.

“En el tercer trimestre la caída real de la recaudación fue del 5%, mejor pero igualmente por debajo de los niveles habituales pre-pandemia. Al día de hoy, la mora en el ABL todavía alcanza el 43% y la mora del Impuesto a las Patentes es del 50%”, alertó y agregó que “en total, estimamos que este año la pérdida de ingresos de la Ciudad va a ser de 72 mil millones de pesos. Y, si a eso le sumamos la quita de la coparticipación, la pérdida anual podría ser de 85 mil millones”.

Además afirmó que “en este contexto el último viernes presentamos en esta Legislatura un presupuesto de contingencia que va a implicar una fuerte reducción del gasto público, suspensión de obras, revisión de grandes contratos y algunas medidas transitorias” y expresó: “en primer lugar, quiero garantizar a los vecinos de la Ciudad que vamos a sostener las partidas destinadas a las áreas de Educación, Salud, Desarrollo Social y Seguridad. En cambio, tuvimos que suspender, ralentizar o postergar otras obras, planes y proyectos que teníamos para la Ciudad. Además revisamos todos los grandes contratos para renegociar sus condiciones”.

“Este presupuesto de contingencia y medidas transitorias va a demandar un esfuerzo extra a la Ciudad producto de la quita inconstitucional de los fondos que nos corresponden por el traspaso de la seguridad a través de la coparticipación. Y está sujeto al fallo favorable de la Corte y al avance del proyecto de Ley en el Congreso, por lo que esperamos que sean temporales y no tengamos que realizar ajustes adicionales”, sentenció.

En el marco de una sesión especial, el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, se presenta ante la Legislatura porteña desde las 10.21 para informar a los diputados de las diversas bancadas acerca de la gestión que viene desarrollando el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que se vio afectada por la pandemia del Covid 19.

En ese sentido se prevé que durante su exposición el funcionario brinde precisiones acerca de las medidas que el Ejecutivo viene implementando para combatir al coronavirus y sobre la situación en la que se encuentran los hospitales y centros médicos de la Ciudad. También brindará detalles de cómo se está implementando la educación a distancia, el funcionamiento del transporte público y cómo se articula la asistencia a las áreas más necesitadas, entre otras cuestiones.

La convocatoria a la sesión especial lleva la firma del vicepresidente primero de la Legislatura y diputado de Vamos Juntos, Agustín Forchieri, y da cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 5460, cuya sanción (noviembre de 2007) establece que “el Ministro Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros debe concurrir a la Legislatura dos veces por año, en junio y noviembre, para informar sobre la marcha del Plan General del Gobierno”.

Cabe destacar que esta es la décima oportunidad en la que Miguel concurre a la Legislatura para brindar el informe de gestión, siendo que su última participación fue el pasado 4 de agosto.

Tal y como lo había adelantado el ministro de Economía y Finanzas de la Ciudad, Martín Mura, algunos meses antes, el Presupuesto 2021 para el distrito capitalino estaría atado a la reducción de la coparticipación que decidió el Gobierno Nacional. Por lo que este viernes el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó este viernes en la Legislatura el proyecto que establece un presupuesto de contingencia de 587 mil millones de pesos que establece una fuerte reducción del gasto público, suspensión de obras, revisión de grandes contratos y medidas transitorias.

De esta manera, la iniciativa remitida al Parlamento sostiene las partidas presupuestarias destinadas a las áreas esenciales como educación, salud y desarrollo social, así como también lo destinado a seguridad. También obliga al Gobierno porteño a “suspender, ralentizar o postergar obras, planes y proyectos”, pasa a un mantenimiento mínimo y esencial del espacio público, se eliminan exenciones impositivas a operaciones financieras, entre otras medidas.

Además en la normativa se aclara que se “se trata de un presupuesto de contingencia y con medidas transitorias ya que, si no hay un fallo favorable en la Corte y/o si se avanza con el proyecto de Ley en el Congreso, se deberán realizar nuevos ajustes de impacto”.

El texto explica que debido a la quita por decreto del 1,18% de coparticipación, la Ciudad dejará de percibir este año más de 13 mil millones de pesos, cifra que ascendería a 52 mil millones para el 2021. “A un ritmo de 150 millones de pesos menos por día, desde el 10 de septiembre a la fecha, la Ciudad dejó de percibir 8.400 millones de pesos”, señaló Larreta.

“Al mismo tiempo, el Gobierno nacional avanzó con un proyecto de ley que ya tiene media sanción del Senado y se encuentra en la Cámara de Diputados. De ser aprobado, el impacto para las finanzas de la Ciudad sería aún peor: significarían otros 13 mil millones menos, es decir 65 mil millones en total para el año próximo”, sostiene el proyecto.

Más allá de esto, el proyecto de la Ciudad se formuló con las mismas variables macroeconómicas que figuran en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional: variación de la actividad económica del 5,5%, tipo de cambio de $ 102,4 hacia fin de año y variación en el nivel de precios del 29%.

Con el escenario de los efectos de la pandemia aún vigentes, la Ciudad decidió continuar priorizando la inversión en áreas sociales, ya que lo destinado para Salud, Educación y Desarrollo Social, entre otros servicios, alcanzará al 51,4% del total del presupuesto. Además, se mantendrá la inversión en el gasto en Seguridad (una de las mayores preocupaciones de los vecinos), con el 16% del total del presupuesto.

Las estimaciones para el próximo año presentan un total de gastos estimado en 612.643,5 millones y un total de recursos por 587.568,9 millones, lo que proyecta un Resultado Financiero deficitario en 25.074,6 millones. Esto representa un 64% menos que al cierre del 2020, esperando alcanzar para el ejercicio 2022 nuevamente el equilibrio presupuestario.

No obstante, el presupuesto para el ejercicio 2021 muestra un Resultado Económico Primario de 111.892,7 millones y un Resultado Primario superavitario de 22.925,4 millones, revirtiendo el déficit del 2020.

En cuanto a los recursos totales estimados para el próximo año se incrementan en un 40% con respecto al 2020, con una previsión de 587.568,9 millones, correspondiendo 585.649,8 millones (99,7%) a recursos corrientes y 1.919 millones (0,3%) a recursos de capital. Los ingresos tributarios se calculan en 549.148,2 millones (+39,2% con respecto a este año), con una estimación de ingresos tributarios propios de 447.317 millones (81% del total), en tanto que los recursos provenientes de la Coparticipación Federal se estiman en 101.831,2 millones (19% restante).

Mientras que sobre los impuestos que reflejan la actividad económica en la Ciudad, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos es el tributo que mayor participación registra en la composición total de los recursos tributarios con el 61,3%, alcanzando los 336.626,5 millones para el próximo año. Por su parte, el Impuesto a los Sellos refleja el 6,9% del total, con una participación de 37.772,2 millones para el 2021.

El total de gastos estimado para el 2021 equivale a 612.643,5 millones, siendo el gasto primario de 564.643,5 millones, con un crecimiento del 25% con respecto al corriente año.  Los gastos corrientes ascienden a 521.757,1 millones, significando un 85,2% del gasto total, en tanto que los créditos previstos para el gasto en capital se estiman en 90.886,4 millones.

Los diputados porteños del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley alternativo al que propuso el Gobierno de la Ciudad para Costa Salguero y Punta Carrasco, el nuevo texto incluye la puesta en valor del predio y creación de un gran espacio verde público con mejor acceso al río, además de la prohibición de otorgar permisos de uso gratuitos u onerosos o concesiones dentro del Parque Costero.

La propuesta surge luego de varias reuniones con organizaciones ambientales, vecinales y de urbanistas en defensa del patrimonio, con el objetivo de preservar el acceso público al río, tanto en su espacio terrestre como en su paisaje hídrico, aportando una mirada integral para el desarrollo urbanístico.

La iniciativa establece la creación de la Unidad Ambiental “Parque Costero del Río de la Plata”, que constituye un proyecto de recuperación del borde costero para el disfrute público con fines recreativos, culturales, educativos y ambientales. Contará con un Consejo Consultivo en el cual podrán participar organizaciones civiles con interés en la materia, centros de investigación de la Universidad de Buenos Aires, consejos profesionales, sindicatos de trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, sindicatos de trabajadores aeronáuticos, legisladores porteños y la Defensoría del Pueblo.

También propone la creación un Centro Ambiental de Monitoreo del Río de la Plata y Centro de Interpretación, cuyo objetivo principal será el estudio permanente sobre el ecosistema ribereño y la concientización sobre la historia del Río de la Plata, su ecosistema y su recuperación para el disfrute público.

En los fundamentos de la propuesta, los legisladores señalaron que “necesitamos un desarrollo con miras a una ciudad sustentable, manteniendo el dominio de las tierras, pensando los usos y su incidencia en el entorno, en este caso, del Frente Costero de la Ciudad y su articulación metropolitana” y remarcó que “hay que prestar atención a la forma en que funcionan nuestros espacios públicos, contemplando las nuevas lógicas de movilidad que hoy priorizan la escala humana jerarquizando al peatón y al ciclista”.

Además, explicaron que el paisaje urbano que se propone desde la iniciativa “aborda la ribera del río no sólo como un espacio terrestre sino también hídrico, con el objeto de crear áreas multifuncionales que se adapten a un contexto futuro de un mundo post pandemia, garantizando un ciento por ciento espacio público de acceso libre, creando una unidad urbana paradigmática”.

“Ante la gran preocupación de las organizaciones ambientales, vecinales, de defensa del patrimonio, urbanistas y de la sociedad en general, debemos construir una defensa conjunta para impedir que nuestra costanera se privatice de manera definitiva.  Una ciudad más igualitaria, más inclusiva y más saludable, necesita de la unidad de todas y todos”, concluyeron desde el Frente de Todos.

Tras dos meses de demora en la presentación del Presupuesto 2021, el ministro el ministro de Economía y Finanzas, Martín Mura, se presentará ese miércoles ante la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria –a cargo del oficialista Claudio Romero (VJ)- para brindar precisiones acerca del Código Fiscal vigente, la  Ley Tarifaria y el proyecto de Presupuesto General.

Se espera que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, presente la Ley de leyes este viernes en el Parlamento; el proyecto lleva dos meses de demora en la entrega, ya que debía ser remitido a esa Casa el pasado 30 de septiembre, pero se retrasó debido a la reducción en la coparticipación que sufrió el distrito capitalino en las últimas semanas.

Según explicó en ese momento el ministro que “la elaboración y la ejecución del presupuesto contribuye al dinamismo de los factores económicos de la sociedad, y define las prioridades del Gobierno en materia de salud, educación, seguridad y asistencia a los sectores menos favorecidos, como así también al estímulo de las distintas actividades comunitarias que se desarrollan en el ámbito social”.

Asimismo remarcó que “recientemente el Gobierno nacional mediante el dictado del Decreto 735 por el cual redujo unilateralmente el porcentaje de coparticipación que recibe la Ciudad en 1.18%, ha violado el andamiaje jurídico – tributario vinculado a la coparticipación federal producto invariable y sistemático de actos bilaterales entre ambas jurisdicciones” y destacó que “ante la gravedad del escenario se instruyó a la Procuración General para que promueva acción judicial contra el Estado Nacional, lo que así se hizo, encontrándonos a la espera de una pronta resolución”.

“Estas medidas unilaterales e intempestivas que afectan el normal desenvolvimiento de la administración pública de la Ciudad, fueron impulsadas por el Gobierno Nacional en un contexto sanitario agravado por las derivaciones provocadas por la pandemia del Covid 19”, aseguró Mura y destacó que “la imprevisibilidad del actual contexto por lo antes mencionado y la reducción actual unilateral que disminuye los recursos con el impacto que esto produce, hacen imposible poder cumplir con algunos de los principios básicos de la formulación presupuestaria como el de factibilidad, que presupone planificar objetivos posibles de alcanzar teniendo en cuenta los recursos financieros, físicos, humanos y técnicos y el de continuidad por el que el presupuesto anual debe apoyarse en el resultado de ejercicios anteriores para dar continuidad en el cumplimiento de los servicios a cargo de la Ciudad”.

En el marco de la sesión ordinaria de este jueves, la vicepresidenta primera de la Comisión de Educación, Lorena Pokoik (FdT), solicitó que se tratara un proyecto de su autoría para que la Legislatura porteña cite a la ministra de Educación e Innovación, Soledad Acuña, para ser interpelada, pero el oficialismo porteño frenó su avance.

La iniciativa preveía que la funcionaria pueda dar respuestas respecto a las declaraciones realizadas el pasado 8 de noviembre, en relación al perfil de los y las estudiantes que eligen carreras de formación docente, sobre el ejercicio de los trabajadores de la educación en funciones y acerca de las características de la tarea que desempeñan los Institutos de Formación Docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En los fundamentos de la medida, los legisladores recordaron que “los Institutos de Formación Docente de la Ciudad realizan un histórico y reconocido trabajo de calidad en la formación de sus estudiantes” y remarcaron que la ministra “describe despectivamente y de manera prejuiciosa a quienes eligen estudiar carreras de formación docente como ‘personas cada vez más grandes en edad’, que ‘eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras’ y relaciona el nivel socioeconómico bajo de quienes estudian con el capital cultural disponible”.

También criticaron el pedido de Acuña de que las familias denuncien las situaciones ‘adoctrinamiento’ o ‘ideologización’ dentro de las aulas. “Además de expresar un claro desprecio por los y las docentes, es peligroso porque condiciona el ejercicio de su trabajo en las aulas”, señalaron y remarcaron que “esta no es la primera vez que desde el Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad pretenden emprender acciones persecutorias para con los y las docentes, no hace falta más que recordar que en el 2012 el Gobierno de la Ciudad lanzó un 0800 para denunciar ‘la intromisión política en las escuelas’ y que en el 2017 se lanzó una línea para realizar denunciar si en las aulas se hacía mención sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado, como consecuencia del operativo ilegal llevado a cabo por la Gendarmería, durante el gobierno de Mauricio Macri”.

“Este tipo de accionar intenta poner un manto de sospecha sobre la función y el sentido de las instituciones educativas, busca condicionar lo que sucede dentro de las aulas afectando el encuentro pedagógico, como así también, busca romper el vínculo entre las familias, los y las docentes y las instituciones educativas, generando una desconfianza que sólo puede resultar perjudicial para la educación de los niños, niñas y adolescentes que asisten a las instituciones educativas de gestión estatal”, insistieron los diputados.

Al mismo tiempo que concluyeron señalando que “es necesario resaltar que declaraciones de este estilo, provenientes nada más ni nada menos que de la ministra de Educación e Innovación de la Ciudad, resulta preocupante por su tono discriminatorio, persecutorio y ofensivo del rol docente, entendiendo que es ella la persona responsable de diseñar e implementar las políticas públicas en torno a la educación”.

Durante la sesión ordinaria de este jueves, la Legislatura porteña sancionó con 53 votos positivos y una ley que introduce modificaciones en la norma de Ética Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporando el precepto de “integridad pública” y su marco normativo para la prevención y el control de irregularidades, anomalías, incumplimiento de deberes o ilícitos en el ámbito de los tres poderes constitucionales.

La medida recibió el acompañamiento de GEN, UCR-Ev, FdT, VJ y PS y el rechazo de FIT, PO, PTS y AyL, y unificó siete iniciativas de distintos bloques.

El objeto de la norma en tratamiento es “trabajar sobre los principios y deberes éticos, las incompatibilidades en el ejercicio de la función pública, los mecanismos de gestión y prevención de conflictos de intereses y la aplicación de sanciones por incumplimiento de los deberes”, sin perjuicio de lo que pudiera corresponder en materia judicial y manteniendo las funciones de los organismos de control ya creados y en funciones.

Además crea una Oficina de Integridad Pública en cada uno de los poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), las cuales actuarían como autoridades de aplicación y cumplirían un rol estratégico de prevención.

Al respecto de la iniciativa, la autora del proyecto que fue tomado como base, Cecilia Ferrero (VJ), aseguró que “la Ley de Ética Pública de 2013 ha quedado corta en relación con los estándares internacionales” y afirmó que “la integridad pública significa un estándar superior a la ética y requiere precisar las responsabilidades institucionales”. Asimismo indicó que la norma “regula la ética en la función pública de manera integral, este régimen pertenece a un sistema de integridad pública, no es un único elemento”.

“Buscamos establecer principios éticos en las funciones públicas, eliminando irregularidades y estableciendo sanciones ante incumplimientos. También se establecen regulaciones para las declaraciones juradas, para que quede claro lo que hay en el país y en el exterior, nadie podrá hacerse el distraído”, aseveró.

En tanto el radical Ariel Álvarez Palma (UCR-Ev) recordó que “la sanción de ética en el 2013, nos pone la vara más alta y nos hace discutir cuál es el mejor diseño de la transparencia. Nos vimos convocados a trabajar cuál es el alcance que tiene que tener esta ley” y celebró “la discusión de la comisión porque fue muy enriquecedora, donde todos los bloques expresamos nuestras posturas y encontramos un acuerdo. Tiene que tener legalidad en función de la constitución, hay que tener legitimidad de origen”.

Mientras que la peronista María Rosa Muiños (FdT) señaló que “la satisfacción por la presentación de Ferrero que dista bastante de lo que se discutió en comisión” y recordó que esta normativa “viene a corregir una norma previa sancionada en 2013, entendemos que hay una mejora, introducidas por muchos bloques. Nos hubiera gustado que esta norma, hubiera sido de mayor nivel de participación de la sociedad civil y la academia, esa participación no existió”.

A la vez que el socialista Hernán Arce (PS) remarcó que “es una buena noticia que debatamos esta ley, viene a mejorar los estándares de la corrupción que recomienda organismos internacionales. Que aprobemos esta iniciativa es la clara posición política que reclama la ciudadanía contra la corrupción, temas entre las principales preocupaciones de la gente” y consideró que “cada hecho de corrupción profundiza la confianza de la ciudadanía hacia quienes gobierna, es imprescindible que la política se haga cargo y fortalezca sus vínculos con la ciudadanía”.

En contraposición, Marta Martínez (AyL)  señaló que “la única forma para que no haya corrupción es que las decisiones estén en manos de la población. La corrupción es propia de este sistema, la dirigencia política entrega a grupos empresarios y quedándose con algún beneficio” y advirtió que “la corrupción abarca a todos los gobiernos; la familia Macri es una de las que más se ha beneficiado, estando de los dos manos del mostrador. El kirchnerismo no se queda afuera de esta lógica, podemos nombrar corrupción en la obra pública, en cuanto a Alberto Fernández también fue  denunciando por su complicidad con el menemismo”.

Por otro lado Santiago Roberto (FdT) aseguró que “somos conscientes de la necesidad de una Oficina Anticorrupción (OA), una real OA, nos parece que este proyecto más allá de los principios que enuncia, vemos que en los hechos no se va a poder plasmar en la realidad” y destacó que “hubo avances si miramos el proyecto original, tiene que ver con el trabajo en conjunto del bloque sino de todos los bloques, con este proyecto no saldamos la deuda pendiente que tenemos con la ciudadanía”.

En el marco de la sesión ordinaria de este jueves, la Legislatura porteña sancionó con 37 votos positivos, 22 negativos y una abstención una iniciativa del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acerca de “estacionamiento ordenado” de los automotores, que propone dejar de lado el sistema de tiqueteras, crear formas de pago “on line” y establecer tarifas diferenciadas por lugares y tiempo de uso.

La medida contó con el acompañamiento de UCR-Ev, PS y VJ; el rechazo de FdT, FIT,PTS, CF, AyL y PO; y la abstención del GEN.

El proyecto establece que sea el Estado quien recaude los aranceles y pague a empresas privadas para que se ocupen del control y acarreo de vehículos mal estacionados, mientras que las adjudicaciones se resolverían en licitaciones públicas. La ganancia que se obtuviera por la recaudación menos el pago de los servicios de grúas se propone destinarla a inversiones en infraestructura del transporte público.

Cabe destacar que el método de estacionamiento medido que se aplica hoy está solo en determinadas zonas céntricas o comerciales, con cuatro mil puestos de aparcamiento pago y abarca geográficamente el 13% del mapa porteño, con tres barrios que tienen servicios de acarreo.

La iniciativa en cuestión plantea generar 80 mil lugares para estacionar entre todos los barrios, gestionados por el propio Estado de la Ciudad, con métodos de cobro a través de aplicaciones de Internet (WhatsApp, BOTI, Mercado Pagos y otras) o en comercios habilitados. El control y acarreo de coches mal estacionados estará a cargo de concesionarios que surjan de llamados a licitación para tres zonas en que dividirá el mapa local.

Con lo que recaude, el Gobierno le pagará un canon a las empresas de acarreo, las comisiones que correspondan por servicios de cobros y el resto de los recursos se utilizará para inversiones en infraestructura del transporte público.

En tanto los residentes con autos podrán estacionar de manera gratuita en cualquier calle habilitada que esté 300 metros alrededor de su domicilio (unas 50 cuadras), para lo cual deberán previamente registrarse con sus datos personales, acreditar domicilio y dominio del automóvil. Una novedad de lo que se impulsa es la posibilidad de modificar la oferta de estacionamiento callejero en cada zona y establecer diferentes tarifas y limitaciones temporales, tratando siempre de favorecer la mayor rotación de usuarios y el ordenamiento del tránsito.

Al respecto de la medida, Sergio Abrevaya (GEN) consideró que “es correcto que la grúa recoja vehículos que obstaculizan, que sea el Estado quien recaude y que lo haga por WhatsApp, y la reducción de lugares medidos para estacionar. El punto es que todavía piensan en 80 mil espacios, 20 veces más de lo actual” y afirmó que “eso termina invadiendo barrios que no tienen que sufrir esa situación, por no ser centralidades barriales donde sí se necesita rotación de automóviles en el estacionamiento”.

Debido a que durante la pandemia del Covid 19 se incrementó su uso, la Legislatura porteña sancionó con 37 votos a favor, 22 en contra y dos abstenciones el programa “Buenos Aires: Ciudad Bici”, cuyo objetivo es la ampliación de la red de ciclovías y bicisendas de la Ciudad, la determinación de calles o carriles preferenciales y la promoción de la intermodalidad con otros medios de transporte, promoviendo el ciclismo urbano y la incorporación de nuevos usuarios a la infraestructura existente.

El proyecto había sido impulsado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y recibió el acompañamiento de GEN, UCR-Ev, CF y VJ; el rechazo de FdT, PTS, FIT, PO y AyL; y la abstención de PS.

La medida contempla la ampliación del sistema de Red de Carriles de ciclovías, bicisendas, calles o carriles preferenciales, considerando la continua integración de los barrios populares con el resto de la Ciudad, maximizando la accesibilidad y la posibilidad de uso por parte de sus habitantes. Además busca promover la generación de conexiones interjurisdiccionales, coordinando el alcance de la red con los municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires, mediante la articulación en conjunto de programas, planes y proyectos.

El texto también propicia, en conjunto con las áreas competentes, acciones tendientes a generar beneficios para la promoción del sector productivo y comercial de venta, reparación y de repuestos de la industria ciclista y de micromovilidad, en coordinación con los organismos locales y nacionales competentes. Así como también busca promover programas o líneas de financiamiento para la compra de bicicletas.

A su vez crea el “Fondo para el Desarrollo de la Micromovilidad”, el cual tendrá a su cargo programas educativos y de seguridad vial para servicios de movilidad sustentable y segura; la promoción del uso de los servicios de ciclorodados y dispositivos de movilidad personal; obras de infraestructura y mejoras tecnológicas para los servicios de movilidad sustentable y segura regulados en el Código de Tránsito y Transporte; entre otras cuestiones.

En medio de la puja de los vecinos del barrio de Boedo, la Legislatura de la Ciudad sancionó -en primera lectura- con 57 votos positivos y una abstención del bloque AyL un proyecto de ley mediante el cual se avanzó con las autorizaciones para que el club San Lorenzo pueda construir su nuevo estadio en el predio ubicado en Avenida La Plata 1600/1700.

El texto recientemente aprobado contempla la edificación de una nueva cancha con capacidad para unas 42 mil personas y un concepto 365 para beneficio vecinal, albergando otros usos como comercios, jardín de infantes, escuela primaria y secundaria, una delegación del Gobierno de la Ciudad, un establecimiento policial, una biblioteca y un museo.

Es por ello que el predio se dividirá en cuatro grandes zonas: la primera de ellas, estará destinada a espacios verdes o parquizados de dominio privado de uso público y acceso libre con control de acceso, admitiéndose estacionamientos y áreas de servicios y usos complementarios, bajo cota de parcela.

Mientras que la segunda zona también contará con espacios verdes de acceso público, pero también tendrá un espacio de equipamiento educacional y para eventos culturales, deportivos, artísticos y sociales de interés ciudadano admitiéndose estacionamientos bajo cota de parcela. y ocupación transitoria de instalaciones destinadas a eventos puntuales de interés cultural, deportivo, artístico y social.

En este caso se permitirá que las construcciones que contemplen una mixtura de usos, por lo que podrá construirse allí: establecimientos educativos, deportivos, de lectura, de fiestas o diversión, juego, residencias para estudiantes y deportistas, empresas, viviendas, entre otros.

Por otro lado, la tercera zona estará destinada a la localización de equipamiento administrativo, residencial, comercial e institucional a escala local. Es así que se permitiría el emplazamiento de locales abasto y alimentos, gastronómicos, farmacias, de indumentaria y calzado, joyerías, remates, entre otras actividades.

En tanto la cuarta zona será de escala urbana y usos deportivos, comerciales y culturales complementarios de escala barrial, por lo que además de varias de las actividades ya mencionadas, permitirá la instalación de establecimientos sanitarios, destacamentos policiales y oficinas administrativas.

La medida fue fuertemente resistida por parte de los vecinos, quienes exhortaron a la Legislatura que realice una consulta popular para conocer la opinión de los vecinos de la zona al respecto, debido a que aseguraron que la construcción del nuevo estadio tendrá un gran impacto ambiental y que depreciará el valor de las viviendas.

No obstante, para garantizar su participación, los diputados incorporaron al texto un articulo a través del cual se generan los mecanismos para que los vecinos puedan expresar su opinión a través de reuniones organizadas por el Gobierno de la Ciudad.

Cabe recordar que el futuro estadio comenzó a gestarse en el año 2012 con la Ley de Restitución Histórica que aprobó la Legislatura por unanimidad, mediante la cual se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el predio de Avenida La Plata Nº 1624, entre Las Casas e lnclán, en la Comuna 5.

Ahora el proyecto de ley deberá pasar por una audiencia pública, en la que autoridades del club y funcionarios porteños explicarán su alcance; luego, volverá al recinto para obtener sanción definitiva. Aunque no alcanzará solo con esto, sino que San Lorenzo deberá firmar un convenio urbanístico con el Gobierno de la Ciudad.

Mientras la Legislatura debatía la iniciativa, en las inmediaciones de esa Casa miles de fanáticos de San Lorenzo se movilizaron reclamando por la aprobación, al grito de “a volver, San Lorenzo va a volver” y “si a la rezonificación, justicia por San Lorenzo”.  Además en un salón lindero a la vicepresidencia primera de la Legislatura, el presidente del club, Marcelo Tinelli, y el expresidente del mismo, Matías Lammens, esperaron el resultado junto a otros dirigentes.

El debate en el recinto

El diputado del Frente de Todos (FdT) que recogió la iniciativa del club, Manuel Socías, destacó que “hay miles de hinchas y socios ansiosos, nerviosos y emocionados por lo que estamos votando hoy… ellos vienen a agradecer a la Legislatura que se trate este proyecto que fue postergado en tantas oportunidades” y remarcó que “lo que estamos tratando acá no es una sorpresa para nadie, solamente estamos terminando un trámite que comenzó en 2012 con la rezonificación del predio de Av. La Plata, algo que pagaron los socios peso por peso. No están pidiendo que paguemos nada, nos están pidiendo que los dejemos volver al barrio del que fueron desplazados ilegítimamente”.  

Al respecto de la medida y haciéndose eco de la oposición de un grupo de vecinos de Boedo a la medida, la presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, Victoria Roldán Méndez (VJ), señaló que “entiendo los dos puntos de vista sobre el proyecto, pero tenemos que lograr un consenso posible para escuchar los dos reclamos legítimos y al mismo tiempo generar una mejora en la dinámica urbana, a través del diálogo” y destacó que “necesitamos la colaboración de todos para poder lograrlo: me refiero a los legisladores de todos los bloques, a dirigentes, hinchas, vecinos y vecinas”.

“Lo que se debate hoy no es definitivo, si se aprueba tiene que convocarse una audiencia pública, en la que van a poder participar todos. Luego de esa instancia participativa el proyecto va a volver a la comisión de Planeamiento urbano para analizar los aportes de los oradores y eventualmente pasará a tratarse para la segunda lectura. Estamos para escucharlos a todos”, concluyó.

El diputado del GEN Sergio Abrevaya señaló que “San Lorenzo ya tenía dos leyes a favor por la compra del terreno, por lo cual la posibilidad de retornar a la zona contaba con los votos de los dos bloques mayoritarios” y destacó que “el punto era poder introducir modificaciones que hagan a la participación de la gente que vive alrededor. La preocupación de ellos es muy grande, no sólo por el fútbol, sino también por los recitales, las alturas del estadio y construcciones, es decir, el impacto ambiental”.

“Al ser una ley de doble lectura prevé audiencia pública, pero nos parece un método de yuxtaposición de monólogos que muchas veces no alcanza. Así que presentamos un proyecto para que se incluya la participación vecinal, artículo que fue incluido y que debe darse entre las dos lecturas. La gente tiene que poder conversar, conducida por el Estado, en un ambiente seguro, sin presiones y exponer sus preocupaciones acerca de la llegada de esta obra gigantesca”, aseveró.

En tanto Juan Francisco Nosiglia (UCR-Ev) precisó que “este cuerpo discutió y aprobó la necesidad de restituir las tierras donde San Lorenzo albergó su estadio durante décadas y de las que fue despojado en un proceso oscuro e ilegítimo por la última dictadura militar. Este proyecto es parte de la lucha de muchísimos años de los hinchas, socios, y dirigentes de San Lorenzo por volver al barrio que les dio origen” e indicó que “los legisladores tenemos el mandato expreso de cumplir con la ley de restitución histórica, vigente desde hace más de 8 años, y que con la primera lectura de hoy empezamos a concretar”.

Asimismo afirmó que “de cara a la segunda lectura, hay que escuchar  a los vecinos en las instancias de participación y también imaginar instrumentos de compensación para quienes viven en las inmediaciones del predio. Así construimos una política que contemple a todos los actores involucrados y privilegie el bienestar general”.

A su vez la diputada de PTS Myriam Bregman señaló que “una de las principales consecuencias del genocidio es la concentración de tierras, tierra y dictadura tienen una larga y terrible historia en nuestro país; hay algo que no se puede omitir, en las ciudades la dictadura intervino directamente sobre las tierras , los negociados por las autopistas… Acompañamos esta justa restitución, esta lucha popular” y recordó que “hay vecinos que no están de acuerdo con esta medida, queremos -para acompañar la segunda lectura- que haya una verdadera escucha para los vecinos. No se puede ir a las típicas audiencias públicas, son monólogos y no se les da bola a nadie; queremos instancias en las que se los escuche de verdad”.

Por otro lado Marta Martínez (AyL) aseveró que “no compartimos este proyecto, recordamos que los terrenos del club les fueron arrebatados por la dictadura genocida, al mismo tiempo que se llevaban la vida de miles y les arrebataban sus derechos”, aunque destacó que como bloque “acompañamos la recuperación y el retorno, sino que compartimos el retorno del club a su barrio”.

“Ahora el debate es otro, se trata de que puede hacer San Lorenzo en los terrenos recuperados a la multinacional. Al promover esta rezonificación, se podrán impulsar eventos para más de 40 mil personas en un barrio residencial como es en el que se establecerá el estadio”, destacó.

En contraposición el trotskista Gabriel Solano (PO) destacó que “es un hecho de reparación histórica muy importante para la decenas de miles de hinchas de San Lorenzo en todo el país; la expropiación de las tierras fue una venganza de la dictadura contra un club que había permitido que las Abuelas de Plaza de Mayo se manifestaran en el viejo gasómetro. Esta es una verdadera lucha popular, ¿cómo no vamos a acompañar esta causa?”.

Mientras que el socialista Roy Cortina (PS) explicó que esta aprobación “significa un paso inicial, si bien detrás hay una lucha de muchos años, para la vuelta del club San Lorenzo al barrio de sus inicios” y consideró que “este es un acto de justicia frente a otros clubes que hacen de esta Ciudad tan particular, porque junto a Londres y Montevideo, esta ciudad es una de las que más estadios tiene de estas envergaduras”.

En el marco de una nueva sesión ordinaria, la Legislatura de la Ciudad se reúne desde las 12.18 para analizar un proyecto de ley impulsado por el club San Lorenzo, mediante el cual prevén avanzar con la construcción del nuevo estadio de esa institución deportiva en el predio ubicado sobre Av. La Plata al 1700 y fomentar una mixtura de usos en el barrio de Boedo.

La iniciativa sería aprobada en primera lectura, por lo que luego deberá pasar por una audiencia pública y regresar al recinto para obtener sanción definitiva. Cabe recordar que San Lorenzo, que en virtud de La Ley N° 4384 de Restitución Histórica aprobada en la sesión de Legislatura del 15 de noviembre de 2012 recuperó la propiedad del inmueble, requiere la habilitación de las normas urbanísticas que permitan el cambio de los usos actuales del suelo que incluye, entre otras cuestiones, la posibilidad de construir un nuevo estadio.

Por otro lado, los legisladores buscarán darle aprobación a un proyecto de ley impulsado por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, a través del cual se buscará crear el programa denominado “Buenos Aires, Ciudad Bici”, que busca multiplicar y extender el uso de urbano de las bicicletas, para lo cual se propone ampliar las ciclovías, bici sendas y sus conexiones en red, crear y promover nuevas formas de acceso, alquiler o compra de esos ciclo rodados y extender a todos los barrios la infraestructura correspondiente.

Otro proyecto de ley, en el cual también intervinieron las comisiones de Desarrollo Económico (preside Marcelo Guouman – UCR) y de Planeamiento Urbano (Victoria Roldán Méndez – VJ) refiere a modificaciones en el Código de Tránsito y Transporte a fin de mejorar el ordenamiento de las tareas de carga y descarga de mercaderías.

Una de las principales novedades es que se habilitaría el uso de playas de estacionamiento y garajes de zonas céntricas, comerciales o de ubicaciones estratégicas en la geografía de la CABA, para ser usados como estaciones de trasbordo de cargas, desde los grandes camiones a vehículos de reparto de mucho menor porte, a cuyos efectos se permitirá el almacenamiento transitorio y de corto plazo e mercaderías en esos espacios.

También se debatirá y votará un proyecto del Poder Ejecutivo vinculado al cambio de sistema de estacionamiento en las calles y el llamado a licitación para el servicio de grúas que acarrean los vehículos mal estacionados. Se planea la eliminación de las tiqueteras, su reemplazo por aplicaciones de Internet (app) o pago de tarifas en comercios adheridos.

Por otra parte, el Estado metropolitano se hará cargo de la recaudación por el aparcado de automotores con un criterio destinado a promover la rotación de coches y desmotivar largas estancias mediante tarifas diferenciadas. Los privados sólo prestarán la infraestructura de grúas e instalaciones para el acarreo de auto en infracción.

La diferencia entre la recaudación de tarifas o aranceles y el pago de cánones por las grúas y de comisiones de comercialización del sistema, debería generar una ganancia que se invertirá -según se proyecta- en el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial.

El legislador de Vamos Juntos y autor del proyecto de ley sobre fichan limpia, Gastón Blanchetiere, presentó en la Legislatura de la Ciudad un petitorio virtual firmado por más de 360 mil personas, quienes pidieron que se avance con las modificaciones al Código Electoral de la Ciudad.  

En ese sentido, el oficialista explicó que “este proyecto representa la voluntad de muchísimos ciudadanos, es un honor que la Legislatura reciba este petitorio” y durante el acto resaltó que la ficha limpia “forma parte de un paquete integral de medidas que fomentan la transparencia en las instituciones del Estado”.

La iniciativa de ley ficha limpia” –la modificación del código electoral de CABA ( Ley 6031)- está basada en una iniciativa ciudadana promovida por Gastón Marra, que cosechó casi 400 mil firmas en el sitio Change.org (un récord en Argentina) y busca impedir  “que cualquier persona que tenga condena o condena confirmada por otro tribunal superior pueda ser candidata a cargos de elección popular”.

Este proyecto fue retomado e impulsado en el Congreso de la Nación por las diputadas Graciela Ocaña, Karina Banfi y Silvia Lospennato, entre otras legisladoras. En la Ciudad de Buenos Aires “Ficha Limpia” fue presentado desde Confianza Pública por el diputado Gastón Blanchetiere, en coautoría de los legisladores Sol Mendez, Natalia Fidel y Diego García Vilas (VJ).

En el encuentro en que se presentó el petitorio también participó el vicepresidente primero de la Legislatura, Agustín Forchieri (VJ); el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes; el creador de la iniciativa en el sitio Change.org, Ignacio Marra; además de periodistas, funcionarios, referentes de distintas Fundaciones y ciudadanos que apoyan el expediente.

Debido a la repercusión que tuvieron sus dichos en las redes sociales, el diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano presentó en la Legislatura porteña un proyecto de declaración a través del cual buscara repudiar “las declaraciones realizadas por la ministra de Educación, Soledad Acuña, por su contenido discriminatorio y de persecución ideológica a docentes y estudiantes y le exige al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, la renuncia de la ministra de educación”.

En los fundamentos de la medida, el trotskista recordó que “en una reciente charla virtual de carácter público con el diputado Fernando Iglesias, Acuña desarrolló declaraciones contra estudiantes y docentes, a quien acusa de ‘ideologizar la educación’, señalando a la izquierda presente en los institutos de formación docente y en las escuelas como uno de los sectores que, según la ministra, fomenta la ‘bajada de línea’ en las aulas de las escuelas de la Ciudad”.

“Estas definiciones constituyen una clara manifestación clasista, discriminatoria contra los y las estudiantes que eligen estudiar en los institutos de formación docente públicos, ya que señala que debido a su condición social no estarían capacitados para ser docentes”, aseveró y destacó que “en primer lugar, la ministra refiere a la condición social de la juventud pero no se encarga de citar investigación o fuente alguna para dicha afirmación”.

“Lo más grave es que omite la propia responsabilidad que tiene el Estado en la pobreza y en acompañar las trayectorias educativas con una verdadera política de becas, que les permita estudiar y  cursar a las y los jóvenes y no tener que trabajar en trabajos mayormente precarios que los obligan a discontinuar sus estudios, como una de las posibles razones de la extensión de los plazos en las cursadas”, añadió.

Al mismo tiempo recordó que “la extensión de las carreras docentes a nivel nacional fue reformada en el año 2015 y 2016 extendiendo los años de cursadas para las y los estudiantes, responsabilidad del gobierno nacional y el de la ciudad, por lo tanto no puede presentarse como un problema individual de cada estudiante, cuando es justamente al revés” y señaló que “este discurso, además, se fomenta que desde las familias se denuncie al docente en lo que se considera como una educación ‘ideologizada’”.

“Estas declaraciones agraviantes y discriminatorias, no pueden pasar inadvertidas y, por lo tanto, exigimos la renuncia de la ministra de educación Soledad Acuña que por estas horas es reclamada por toda la comunidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires”, sentenció.

En medio de una fuerte disputa entre un grupo de vecinos y los hinchas del club San Lorenzo, la Legislatura de la Ciudad realizará este jueves a las 11 una sesión ordinaria en la que prevén aprobar en primera lectura una ley que permitirá construcción del nuevo estadio de esa institución deportiva en el predio ubicado sobre Av. La Plata al 1700 y fomentar una mixtura de usos en la zona.

La iniciativa en cuestión contempla la construcción de una nueva cancha, con capacidad para unas 42 mil personas y un concepto 365 para beneficio vecinal, albergando otros usos como comercios, jardín de infantes, escuela primaria y secundaria, una delegación del Gobierno de la Ciudad, un establecimiento policial, una biblioteca y un museo.

En función de esto, el texto plantea que el predio se dividirá en cuatro grandes zonas: la primera de ellas, estará destinada a espacios verdes o parquizados de dominio privado de uso público y acceso libre con control de acceso, admitiéndose estacionamientos y áreas de servicios y usos complementarios, bajo cota de parcela.

Mientras que la segunda zona también contará con espacios verdes de acceso público, pero también tendrá un espacio de equipamiento educacional y para eventos culturales, deportivos, artísticos y sociales de interés ciudadano admitiéndose estacionamientos bajo cota de parcela. y ocupación transitoria de instalaciones destinadas a eventos puntuales de interés cultural, deportivo, artístico y social.

En este caso se contempla una mixtura de usos, por lo que podrá construirse allí: establecimientos educativos, deportivos, de lectura, de fiestas o diversión, juego, residencias para estudiantes y deportistas, empresas, viviendas, entre otros.

Por otro lado, la tercera zona estará destinada a la localización de equipamiento administrativo, residencial, comercial e institucional a escala local. Es así que se permitiría el emplazamiento de locales abasto y alimentos, gastronómicos, farmacias, de indumentaria y calzado, joyerías, remates, entre otras actividades.

En tanto la cuarta zona será de escala urbana y usos deportivos, comerciales y culturales complementarios de escala barrial, por lo que además de varias de las actividades ya mencionadas, permitirá la instalación de establecimientos sanitarios, destacamentos policiales y oficinas administrativas.

El diputado de Vamos Juntos (VJ) y presidente de la Comisión de Educación, Gonzalo Straface, respaldó en diálogo con parlamentario.com las declaraciones de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, acerca de la labor que desarrollan los docentes, cuestionó la formación que estos reciben y sus orientaciones políticas.

En ese sentido, el oficialista explicó que “el tema de la ideologización de los docentes es algo que, claramente, se viene viendo, no solamente en el dictado de clases, sino en la forma de dar los contenidos y el tratamiento de temas que no tienen que ver con el trabajo en el aula; es así que podemos citar el caso Maldonado, el posicionamiento sobre temas de la realidad desde un perfil ideológico y no educativo, como debe ser”.

Además indicó que “también lo vimos recientemente con el tema de la vuelta a clases, donde con argumentos que al final resultaron insostenibles se sigue insistiendo con que no hay que volver a las clases, cuando todas las actividades lo hicieron y que la vuelta a clases en todo el mundo ha sido prioritaria y ha demostrado que no es una actividad riesgosa si se toman todos los recaudos” y advirtió que “aun así algunos gremios siguen sosteniéndolo solo por oponerse al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, esto también fue visto en la posición del Ministerio de Educación de la Nación que hizo todo lo que pudo para retrasar la vuelta a clases presenciales”.

“Respecto a lo de la formación docente, claramente hay deficiencias en ella por varios motivos: principalmente por lo largo que son los planes de estudios y, como lo dijo la ministra, porque las personas que la eligen –no todas pero sí una mayoría- llegan con una formación de base de la escuela secundaria muy deficiente y un capital social- intelectual de bajo nivel, lo que hace que les lleve el doble de tiempo poder hacer la carrera”, explicó Straface y consideró que “eso es un gran problema para la formación y para cuando tienen que pararse en el aula frente a los alumnos”.

Sobre esa misma línea, el diputado aseveró que “no se toma a la carrera docente, no en general pero sí en particular, como una carrera formativa para enseñar en valores y contenidos, sino que se la toma cómo una forma de transmitir ideas políticas, inclusive a chicos de primaria” y afirmó que “esto se ve muy claramente en aquellos docentes ideologizados que en las escuelas son, generalmente, prevalecen por sobre los docentes que quieren hacer su tarea de acuerdo a la premisa de que los chicos aprendan”.

Es por ello que señaló que como Gobierno “una de las medidas que tomamos fue la creación de la Universidad de la Ciudad (UniCABA), que arranca el año que viene con el profesorado de enseñanza primaria y con tres licenciaturas, que apuntan a que la carrera docente sea más atractiva, que se pueda enlazar con una carrera universitaria y que eso tenga valor a la hora de la valorización del Estatuto Docente y que sea una formación de excelencia y jerarquizada, tal y como tiene que ser la formación de los docentes”.

“La UniCABA es un claro avance en ese sentido, por eso el foco de la ministra en la formación docente. Creo que fue un mensaje claro, necesitamos que las personas que elijan esta carrera lo hagan por vocación y que, como en todas las carreras, cuanto mejor formados vengan del secundario, más rápido van a poder finalizarla y van a estar mejor preparados para estar frente a los alumnos”, subrayó y señaló que “siempre tienen que hacerlo desde una perspectiva pedagógica y educativa clara, no tomando cada tema de la realidad para generar una instancia política que no tiene nada que ver con la formación de los alumnos”.

Asimismo resaltó que “la idea principal es que mucho de los que eligen hacer el profesorado o la carrera de enseñanza docente lo eligen, en primera medida, como un lugar de militancia. Que la misma carrera, cuando uno la cursa sea un espacio de militancia, ahí es de donde parte el problema y eso es lo que quiso señalar la ministra”.

“Cuando se lo toma como un espacio de militancia, se atrasan en el término de la carrera y una vez recibidos, ya en el aula, se continúa con esa concepción de que estar frente a los alumnos es un lugar primordialmente de militancia y no de enseñanza para pensar de forma plural”, aseveró y concluyó señalando que “lo que se pretende es llevar la militancia propia, generalmente asociada a una organización gremial o fuerza política, primero a los institutos de formación y luego al aula”.

Luego de que en las redes sociales se viralizara un video de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, opinando acerca del trabajo de los docentes y su organización sindical, la vicepresidenta primera de la Comisión de Educación, Lorena Pokoik (FdT), presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de repudio en contra de sus dichos y exigió su renuncia.

En ese sentido, la legisladora afirmó que “es realmente grave cada una de las expresiones de Acuña qué lanzó contra las y los docentes, y más grave aún es que invite a las familias a denunciarlos ante un supuesto adoctrinamiento que hacen las maestras y maestros dentro de las aulas” y aseguró que “no podemos permitir que una funcionaria de la democracia hable de esta manera, con tanta bronca y desprecio al trabajo y la formación de los docentes, es repudiable por donde se lo mire”.

Además consideró que “estas declaraciones son una clara expresión de persecución ideológica inadmisible en un país que goza de 37 años de democracia, y sin lugar a dudas, refuerzan lo que manifestamos en el 2018 cuando se debatía la creación de la UniCABA, en desmedro de los Institutos de Formación docentes” y recordó que “allí expresamos que el poder ejecutivo de la Ciudad estaba dando respuestas a las consideraciones de los organismos internacionales en materia de formación docente”.

Sobre esa misma línea Pokoik advirtió que “las palabras de la ministra Acuña son una prueba fehaciente, de que al frente del Ministerio de Educación porteño hay una persona que no conoce la labor pedagógica, que no tiene idea de cómo se lleva adelante la organización y la puesta en marcha de una clase, y mucho menos de la preparación integral que tiene cada profesional de la educación”.

“Con cada una de sus declaraciones lo único que hace es demostrar su desprecio contra las y los docentes y cerrar constantemente el diálogo con la comunidad educativa. Es por eso que considero que sería un gran gesto democrático y de retorno al diálogo con la comunidad educativa, que Horacio Rodríguez Larreta le pida la renuncia a Soledad Acuña”, concluyó.

Cabe recordar que los polémicos dichos de la ministra se dieron en el el ciclo “Un café con Iglesias”, programa virtual que conduce el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias. Allí la funcionaria manifestó que “cuando nos va mal en las pruebas de matemática en vez de mirar a los chicos por qué no aprenden, insisto, tenemos que mirar cómo estamos enseñando, quiénes enseñan y cómo aprenden a enseñar” y aseguró que “hay un sesgo cada vez más claro, son personas cada vez más grandes de edad que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras”.

“Y si uno mira el nivel socioeconómico, o en términos de capital cultural, al momento de aportar para el aula, la verdad es que son de los sectores más bajos socioeconómicos los que eligen estudiar la carrera docente”, añadió la ministra.

También explicó que “la raíz sobre la militancia política en las aulas está en la formación docente, en lo que se define como perfil de un docente en un instituto de formación” y concluyó señalando que “la virtualidad nos permitió como oportunidad que las familias se sienten a mirar lo que pasa adentro del aula con la educación de sus hijos. Hasta este momento lo que pasaba en el aula cuando el docente cerraba la puerta quedaba entre los chicos y el docente. Era difícil enterarte”.

Buscando generar espacios de esparcimiento propios para los animales, los diputados del Frente de Todos (FdT) Juan Manuel Valdés y Claudia Neira, presentaron en parque Los Andes un proyecto de ley de caniles junto al Sindicato de Trabajadores Caninos, vecinos y comuneros. La iniciativa contempla ampliarlos a todas las plazas cuya superficie sea igual o mayor a cinco mil metros cuadrados, así como mejorar los que ya existen adaptándose a los parámetros que establece la ley.

El proyecto busca garantizar la inclusión de caniles en espacios verdes de uso público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estableciendo parámetros de superficie y requerimientos mínimos que garanticen su correcto funcionamiento. “Es necesario crear espacios diseñados para que los vecinos que quieran llevar a sus mascotas”, sostuvo Valdés.

Durante la presentación, el legislador manifestó que “el cuidado de las mascotas es una pasión de los vecinos y vecinas de la Ciudad y debemos brindar infraestructura para que eso se garantice” y remarcó que “nuestro proyecto establece presupuestos mínimos para que toda plaza superior a los cinco mil metros cuadrados tenga al menos el diez por ciento de su superficie ocupada para caniles, que deben tener las normas de seguridad”.

“Creemos que hace al buen uso del espacio público y a la ciudad que queremos construir; la pandemia nos hizo tomar conciencia que si la Ciudad no construye un buen vivir no es una ciudad justa”, señaló.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Caninos, Matías Tomsich, manifestó que “la ley de caniles es un paso fundamental en el reconocimiento de nuestro trabajo y en la conquista de nuestros derechos. El canil es un lugar donde el vecino puede ir con su perro y disfrutar de la plaza de forma segura, allí pueden socializar y descargar energías” y concluyó señalando que “en una ciudad donde hay más de seiscientos mil perros y más de cinco mil paseadores y paseadoras, necesitamos que todas las plazas tengan este tipo de caniles”.

Con la intención de educar a los estudiantes en el descubrimiento de sí mismo y de su entorno, el diputado de Consenso Federal (CF), Eugenio Casielles, impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para que la Ciudad incluya en su curricula educativa los contenidos de “educación emocional” como obligatorios en los establecimientos educacionales de todos los niveles y modalidades.

Se trata de un proceso de enseñanza de las habilidades emocionales, mediante el acompañamiento y apuntalamiento de la persona, en el ejercicio y perfeccionamiento de las mismas”.

De esta manera, la iniciativa tiene por objeto que los alumnos puedan desarrollar sus competencias emocionales, la inteligencia interpersonal e intrapersonal, con el fin de educar al ser humano en el descubrimiento de sí mismo y de su entorno; así como también aprender a gestionar sus emociones y reconocer las dimensiones del desarrollo de la persona en su aspecto biológico, psicológico, social, afectivo y espiritual con el objeto de promover el bienestar personal y social; entre otras cuestiones.

El texto también establece que se deberá constituir una “Comisión Técnica Multidisciplinaria de Educación Emocional”, la cual deberá conformarse por profesionales de diferentes disciplinas que tengan conocimientos, experiencia y/o autoría sobre dicha temática: psicólogos, psicopedagogos, operadores en psicología social, educadores, entre otros.

La misma tendrá por objeto realizar la capacitación y actualización especializada de los educadores, trabajadores sociales, docentes, psicólogos, operadores en psicología social y demás; así como también desarrollar la investigación sobre la temática y la evaluación y monitoreo de los resultados y progresos realizados a partir de la aplicación de la presente ley.

En los fundamentos de la propuesta, Casielles aseguró que se trata de “una estrategia educativa de promoción de la salud, que tiene el doble objetivo de disminuir conductas sintomáticas y mejorar la calidad de vida de las personas, a partir del desarrollo de habilidades emocionales y de la construcción de un propósito de vida” y consideró que “las presiones del contexto, la manera vertiginosa de vivir, las constantes crisis, las incertitudes y problemáticas socio económicas y demás cuestiones que representan inestabilidades de todo tipo, se ven reflejadas en nuestra sociedad, lamentablemente, en muchos casos, mediante signos de violencia, depresión, consumo de drogas, consumismo, culto de la imagen, delincuencia, etc”.

“Es de fundamental importancia abordar una educación que favorezca el desarrollo de la resiliencia, salud emocional y satisfacción personal, dinamización de recursos y el entrar en acción, tolerancia a la frustración y automotivación, considerando que del 70 al 80 % del éxito que obtenemos en la vida depende de las habilidades emocionales”, señaló y concluyó asegurando que se trata de un “avance en materia educativa significativo, donde la Ciudad de Buenos Aires tiene la posibilidad de contribuir sustancialmente en mejorar la calidad de vida de los porteños y disminuir conductas sintomáticas a futuro, cuya base causante radica en la mala gestión de las emociones”.

La diputada del Frente de Todos (FdT) y miembro de la Comisión de Mujer e Infancia, Ofelia Fernández, presentó en la Legislatura porteña un proyecto de declaración a través del cual buscará expresar su preocupación ante el incremento de las situaciones de violencia de género sufridas por las vecinas del sector de Bajo Autopista en el Barrio Padre Múgica, en el marco de las reubicaciones llevadas a cabo en dicho sector.

A través de ese mismo texto prevé instar “al Poder Ejecutivo a que arbitre las medidas de seguridad y contención necesarias a los fines de garantizar un abordaje integral de dicha problemática previniendo tales conductas”.

En los fundamentos de la medida, Fernández aseguró que “desde distintas organizaciones se han manifestado por las reiteradas y persistentes  situaciones de violencia por razones de género que viven las vecinas del sector de bajo autopista del Barrio Padre Múgica” y remarcó que esa zona está en conflicto debido a que “los organismos intervinientes del Gobierno de la Ciuda, en particular la Secretaría de Integración Social y Urbana (SECISYU), han propuesto algunas alternativas habitacionales a quienes habitan la zona que pretende ser reurbanizada, pero esas soluciones no son satisfactorias para muchas de las personas ni  cumplen con las condiciones necesarias para efectuar las mudanzas. Es por eso que actualmente se asiste a una reurbanización parcial y existen distintos tipos de conflictos en relación a quienes siguen viviendo en la zona de bajo autopista”.

Sobre esa misma línea indicó que “como resultado de este proceso, se han realizado demoliciones parciales en algunas manzanas, generando como resultado la acumulación de escombros, el daño estructural a viviendas que no debían ser demolidas y el daño psicoemocional de las habitantes y sus familias que deben convivir con la amenaza constante de demolición y expulsión”.

Además manifestó “la preocupación por las violencias sufridas por las vecinas de la zona: acosos, intentos de robos, amedrentamientos, violaciones y/o amenazas de abusos sexuales son algunas de las situaciones que las vecinas cuentan que han tenido que vivir” y alertó que “se evidencia una falta de respuesta certera y efectiva ante las denuncias realizadas. Las mesas de negociación en curso son instancias útiles pero aún insatisfactorias para dar respuestas a un conflicto urgente”.

“Es por eso que esta declaración pretende generar un alerta sobre la violencia por razones de género vividas en la zona, y convoca al Poder Ejecutivo a intervenir en la zona de forma concreta para elaborar una respuesta que esté a la altura de lo que la población demanda”, sentenció.

La iniciativa lleva la firma de los diputados Javier Andrade, María Bielli, Lucía Cámpora, Victoria Montenegro, Lorena Pokoik y Laura Velasco (FdT).

El jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, asistirá el próximo 24 de noviembre a las 9.30 a la Legislatura porteña para participar de una sesión especial en la que informará a los diputados de las diversas bancadas acerca de la gestión que viene desarrollando el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que se vio afectada por la pandemia del Covid 19.

En ese sentido se prevé que durante su exposición el funcionario brinde precisiones acerca de las medidas que el Ejecutivo viene implementando para combatir al coronavirus y sobre la situación en la que se encuentran los hospitales y centros médicos de la Ciudad. También brindará detalles de cómo se está implementando la educación a distancia, el funcionamiento del transporte público y cómo se articula la asistencia a las áreas más necesitadas, entre otras cuestiones.

La convocatoria a la sesión especial lleva la firma del vicepresidente primero de la Legislatura y diputado de Vamos Juntos, Agustín Forchieri, y da cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 5460, cuya sanción (noviembre de 2007) establece que “el Ministro Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros debe concurrir a la Legislatura dos veces por año, en junio y noviembre, para informar sobre la marcha del Plan General del Gobierno”.

Cabe destacar que esta es la décima oportunidad en la que Miguel concurre a la Legislatura para brindar el informe de gestión, siendo que su última participación fue el pasado 4 de agosto.

En medio de la puja con un grupo de vecinos que se opone a la construcción del nuevo estadio del club San Lorenzo en el predio ubicado sobre Av. La Plata al 1700, la Comisión de Planeamiento Urbano -a cargo de la oficialista Victoria Roldán Méndez (VJ)-, firmó este viernes el dictamen favorable del proyecto de ley que busca permitir la edificación de la cancha y que fomenta la mixtura de usos en la zona.

Al iniciar el debate, Roldán Méndez explicó una serie de cambios en la norma, los cuales tuvieron que ver con las tipologías edilicias, las alturas y otras cuestiones de forma. Además afirmó que se creó un nuevo artículo para garantizar la participación de los vecinos, por lo que señaló que “se trata de una norma urbanística que genera posiciones encontradas, nosotros entendemos la posición de los vecinos e incorporamos un artículo puntual en el que pedimos que se generen más instancias de participación ciudadana”.

El proyecto recientemente dictaminado deberá pasar por un proceso de doble lectura, por lo que se espera que el próximo jueves la Casa avance con la aprobación en primera lectura y luego se de paso a una audiencia pública y su posterior sanción definitiva. No obstante, no alcanzará solo con esto, sino que el club San Lorenzo también deberá firmar un convenio con el Gobierno de la Ciudad.

La iniciativa en cuestión contempla la construcción de una nueva cancha, con capacidad para unas 42 mil personas y un concepto 365 para beneficio vecinal, albergando otros usos como comercios, jardín de infantes, escuela primaria y secundaria, una delegación del Gobierno de la Ciudad, un establecimiento policial, una biblioteca y un museo.

En función de esto, el texto plantea que el predio se dividirá en cuatro grandes zonas: la primera de ellas, estará destinada a espacios verdes o parquizados de dominio privado de uso público y acceso libre con control de acceso, admitiéndose estacionamientos y áreas de servicios y usos complementarios, bajo cota de parcela.

Mientras que la segunda zona también contará con espacios verdes de acceso público, pero también tendrá un espacio de equipamiento educacional y para eventos culturales, deportivos, artísticos y sociales de interés ciudadano admitiéndose estacionamientos bajo cota de parcela. y ocupación transitoria de instalaciones destinadas a eventos puntuales de interés cultural, deportivo, artístico y social.

En este caso se permitirá que las construcciones alcancen hasta un 60% del total de la zona y contempla una mixtura de usos, por lo que podrá construirse allí: establecimientos educativos, deportivos, de lectura, de fiestas o diversión, juego, residencias para estudiantes y deportistas, empresas, viviendas, entre otros.

Por otro lado, la tercera zona estará destinada a la localización de equipamiento administrativo, residencial, comercial e institucional a escala local. Es así que se permitiría el emplazamiento de locales abasto y alimentos, gastronómicos, farmacias, de indumentaria y calzado, joyerías, remates, entre otras actividades.

En tanto la cuarta zona será de escala urbana y usos deportivos, comerciales y culturales complementarios de escala barrial, por lo que además de varias de las actividades ya mencionadas, permitirá la instalación de establecimientos sanitarios, destacamentos policiales y oficinas administrativas.

En la reunión estuvieron presentes los diputados Daniel Del Sol, Diego García Vilas, Ana María Bou Pérez, Gonzalo Straface (VJ), Matías Barroetaveña, Javier Andrade y Manuel Socías (FdT).

La legisladora del Frente de Todos (FdT) y presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, Laura Velasco, presentó un proyecto para que el Gobierno porteño cree el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, adecuando así la estructura actual de la Ciudad de Buenos Aires a las nuevas normas nacionales e internacionales de Derechos Humanos relacionadas con la temática, tal como se hizo en diciembre de 2019 a nivel nacional.

Algunas de las tareas fundamentales que debería abordar esta nueva área de Gobierno serían llevar adelante políticas públicas para prevenir, erradicar y reparar la violencia de género y para asistir integralmente a las víctimas; diseñar e implementar programas y proyectos tendientes a la igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres en el acceso y goce de todos los derechos; velar por el cumplimiento de la normativa vigente e identificar aquellos casos donde haya necesidad de adecuar y/o actualizar leyes en materia de políticas de género, igualdad y diversidad.

También debería coordinar con otras áreas el diseño de herramientas financieras, presupuestarias y de desarrollo económico con perspectiva de género; generar información estadística en materia de violencia y desigualdad por razones de género; diseñar e implementar políticas de formación y capacitación; realizar investigaciones y estudios de género, igualdad y diversidad para el desarrollo de las políticas públicas y diseñar y coordinar con otras áreas de gobierno el diseño e implementación de campañas de comunicación destinadas a la visibilización de las problemáticas de género y diversidad.

Al respecto de la medida, la diputada explicó que “en los últimos años, se ha avanzado mucho en materia de derechos, y por ende de reconocimiento, de las mujeres y de la población LGTTBI+” y recordó que “la lucha de los feminismos y colectivos de las diversidades sexuales se ha vuelto transversal, cruzando todas las áreas de nuestra vida, social, política, cultural, económica, laboral, etc”.

“Es así que una Dirección, tal y como existe hoy en la Ciudad, ya no es suficiente para abordar y diseñar políticas públicas que den respuesta a las demandas y necesidades de esta población como así también avanzar en toda la tarea que aún está pendiente en materia de igualdad y de derechos”, añadió.

En ese sentido Velasco afirmó que “la creación de un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en la Ciudad tiene que ver con asumir un verdadero compromiso con los derechos de las mujeres y la población LGTTBI+, frente a toda forma de discriminación y violencia, y en pos de la construcción de una sociedad más igualitaria que promueva la autonomía integral de todas las personas, sin establecer jerarquías entre las diversas orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género”.

Además consideró que “queda claro que sería imposible para la estructura de una Dirección llevar adelante semejante tarea” y advirtió que “por eso es que insistimos en la necesidad de la creación de un área con jerarquía de ministerio, tal como existe a nivel nacional”.

“En unos días estaremos discutiendo en esta Legislatura el presupuesto 2021 para la Ciudad. Esperamos que el Gobierno porteño, que en más de una ocasión dijo apoyar la lucha por la igualdad y los derechos de mujeres y diversidades de un paso más en esta declamación, creando este ministerio que jerarquice las políticas públicas en materia de géneros y diversidad”, finalizó Velasco.

Tras varias semanas de debates en el marco de la Comisión de Salud –presidida por Patricia Vischi (UCR-Ev)-, la Legislatura porteña aprobó por unanimidad una ley que tiene por objeto establecer un marco regulatorio para el acceso informado y seguro como recurso terapéutico, la investigación, el uso científico y la producción pública del Cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud.

El texto también plantea la adhesión de la Ciudad al régimen establecido en la Ley Nacional Nº 27.350 de “Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados”. También declara de interés sanitario para la Ciudad las acciones tendientes a proteger, promover y mejorar la salud pública de la población mediante la investigación y uso científico de la planta de cannabis y sus derivados, sea tanto con fines medicinales, paliativos y/o terapéuticos, como así también en el programa de reducción de daños en materia de adicciones y consumos problemáticos.

Además plantea que el Ministerio de Salud porteño, a través de los organismos pertinentes, promoverá estudios e investigaciones clínicas relacionadas con el uso del cannabis con fines terapéuticos, con la finalidad de profundizar conocimientos y crear nuevos saberes sobre su uso. Se impulsará la participación de asociaciones civiles que estén relacionadas a la temática, de los entes estatales tales como hospitales públicos, universidades, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), para que establezcan pautas y protocolos precisos de investigación.

Asimismo, promoverá la investigación y capacitación de la siembra y el cultivo de Cannabis y sus derivados, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. Los estudios e investigaciones vinculados al uso de cannabis con fines terapéuticos deben ser desarrollados en el marco del mejoramiento de los determinantes de salud, propuestos por la Organización Mundial de la Salud.

Por otro lado, el texto recientemente aprobado crea el “Consejo Asesor de Políticas relacionadas al Cannabis” conformado por representantes de asociaciones civiles especializadas en la investigación y uso terapéutico del cannabis, representantes de los usuarios de medicamentos a base de cannabis medicinal, profesionales e investigadores de Universidades.

Los miembros del Consejo Consultivo ejercerán sus cargos ad honorem. El número de representantes, el carácter y la periodicidad de las reuniones, lo establecerá la autoridad de aplicación en la reglamentación correspondiente.

El debate en el recinto

En su exposición en el recinto, Vischi expresó su “satisfacción por el consenso alcanzado que permitió este avance en materia de políticas de estado superadoras  para alcanzar leyes tendientes a la salud integral de las personas” y remarcó que “en la búsqueda de la construcción de derechos teníamos que resignar posiciones dogmáticas y flexibilizar aspiraciones  para la búsqueda de una ley que sumara y permitiera una alternativa terapéutica para quienes la necesiten”.

Asimismo señaló que “la adhesión a la Ley Nacional de Cannabis Medicinal permite que esta jurisdicción acompañe con particularidades propias lo establecido por la Ley 27.350 y que más allá de la epilepsia refractaria se investigue para que enfermedades se considere el cannabis como tratamiento, contempla el acceso informado y seguro cómo  recurso terapéutico” y remarcó que “la medicación con cannabis que pueda mejorar las condiciones de vida de menores y adultos va a ser la mejor contribución que desde la Legislatura podemos brindar a quienes la necesiten; será imprescindible promover la investigación y estudios para conocer sus aplicaciones, indicaciones, dosis y contraindicaciones  las que  serán necesariamente regidas por el Ministerio de Salud como autoridad de aplicación”.

“De esta manera una vez más implementamos medidas en pos de mejorar las condiciones de vida de la población y democratizamos la salud extendiendo derechos a la comunidad y a su vez la ciudad jerarquiza sus instituciones de salud mediante protocolos de investigación aplicada  enmarcada en la Bioética”, destacó y aseveró que “en este año tan particular, donde la vida cotidiana nos cambió a todos, entendimos aún más, que los temas de salud   son  políticas de estado, que debemos construir puentes, que como en las leyes de ILE, Plasma y acompañamiento para pacientes con Covid en etapa final de vida, el objetivo principal es el acceso a la salud de la ciudadanía”.

En tanto Myriam Bregman (PTS) destacó que “es importante lo que estamos debatiendo, quiero saludar a las organizaciones que vienen luchando desde hace muchos años; Manuel Belgrano fue uno de los primeros en hablar del cannabis medicinal, así que miren ustedes si este tema tiene retraso” y recordó que “muchas familias tuvieron que convencer a los diputados y legisladores de que era necesario, muchos tuvieron que llevar a sus hijos para que vieran los efectos”.

A la vez que manifestó que “ahora hace falta un debate más integral y de fondo, es decir, la regulación integral del cannabis para todos sus usos… hay que legalizar el cannabis, la legalización integral de la marihuana para que la ANMAT pueda controlar todo lo que se consume, incluido el consumo adulto o recreativo”.

Mientras que el trotskista Gabriel Solano (PO) indicó que “este es un triunfo de las familias, la verdad es que hay que reconocérselos, reclamaban por un derecho que es elemental y sin embargo costó muchísimo. Todavía es un derecho que se está aprobando de una manera muy limitada, porque las patologías que están aprobadas eran pocas, porque no se regulaba el cultivo y el cultivo solidario”.

Por su parte, Sergio Abrevaya (GEN) expresó que “tenemos que permitir el uso medicinal del cannabis en la Ciudad para que quienes conviven con diferentes patologías como dolor crónico, Parkinson o fibromialgia, por ejemplo, puedan sobrellevarlo mejor” y consideró que “hay que desterrar el prejuicio que rodea al cannabis medicinal y entender que es una solución a las dolencias de muchas personas.  Apoyo esta ley porque amplía derechos y se suma a la ley nacional”.

A la vez que el socialista Roy Cortina (PS) manifestó que “la sensación que uno tiene con esta temática es que a partir de la sanción de la ley que aprobó el Senado, se dio un paso adelante para visibilizar el tema pero quedó la sensación de que se quedó a mitad de camino. Por obra de la resilencia legislativa, esas impresiones, ha dejado a las distintas jurisdicciones provinciales a regular de la mejor manera posible el uso del cannabis medicinal”.

La peronista e impulsora de una de las iniciativas al respecto, María Rosa Muiños (FdT), recordó que “este despacho se aprobó en Comisión antes de la nueva Ley Nacional. Hasta el 2017 el cannabis estaba relacionado con las drogas, por lo que quien cultivara y consumiera también era perseguido por un delito” y sentenció que “las familias tuvieron que organizarse para darle pelea a un sistema que los criminalizaba, aun cuando ellos solo buscaban darles una mejor calidad de vida a sus hijos”.

A su turno el legislador de UCR-Ev e impulsor de una ley de regulación del cannabis, Leandro Halperín, explicó que “es un día en el que esta Legislatura tenemos que estar orgullosos, estamos ampliando derechos y estamos derribando prejuicios. ¿Por qué regulamos sobre el cannabis medicinal? Efectivamente porque hay una ley, pero eso no excluye otras previsiones de otras leyes al respecto de los usos del cannabis”.

“Construimos los acuerdos necesarios y llegamos a lo que soñamos. Nosotros desde la UCR venimos acompañando a las familias desde hace mucho tiempo, en 2018 presentamos un proyecto de ley en ese sentido”, destacó y concluyó señalando que “hay mucho prejuicio sobre la marihuana, se la asocia a las drogas y el reagge… claro que también tiene esos usos, pero también se usa con fines terapéuticos y ayuda a muchas personas”.

Gracias a una iniciativa impulsada por la oficialista Cecilia Ferrero (VJ), el Parlamento porteño votó favorablemente un texto de declaración a través del cual buscará expresar su profundo pesar por el asesinato de tres ciudadanos franceses, ocurrido el pasado 29 de octubre en la Basílica de Notre Dame en la ciudad de Niza en Francia, y expresa su más enérgico repudio al ataque terrorista, así catalogado por las autoridades francesas y europeas, perpetrado contra la sociedad francesa.

En los fundamentos de la medida, la oficialista recordó que “este brutal ataque fue perpetrado dentro de la Basílica de Notre Dame, un lugar sagrado para la comunidad católica de esta ciudad costera, situada en la región de los Alpes Marítimos de la Riviera Francesa” y aseveró que fue “un ataque directo contra los valores y creencias de toda sociedad civilizada que debe ser repudiado de forma tajante y sin ambigüedades”.

Sobre esa misma línea indicó que “fue un jueves negro para Francia; además del atentado en Niza, la policía redujo a otro hombre armado en la ciudad de Lyon (Francia) y en Yeda (Arabia Saudí), un vigilante del consulado francés también fue atacado en un hecho que está siendo investigado también bajo la sospecha de haber sido un ataque terrorista”.

Cabe señalar que dos semanas antes de este ataque, también había sido asesinado Samuel Paty, un profesor de secundaria asesinado a la salida del colegio Bois-d’Aulne en la localidad de Conflans-Sainte-Honorine, una tranquila localidad residencial a las afueras de París. El hecho fue catalogado como “acto terrorista” tras comprobarse que el profesor fuera asesinado de forma premeditada. “Paty era profesor de Historia y, al abordar la temática de Libertad de Expresión en una de sus clases, mostró una caricatura de Mahoma de la revista satírica francesa Charlie Hebdo, hecho que lo sentenció de muerte, el pasado 16 de octubre, a manos de uno de sus estudiantes al salir de la escuela”, destacó Ferrero.

“El mundo sigue siendo desafiado por la barbarie y el terror; vivimos tiempos donde debemos mantenernos unidos en la defensa de la libertad y en el inequívoco repudio al terrorismo en cualquiera de sus formas. Nuestra obligación es condenar los actos que atenten contra dos de nuestros valores fundamentales: la libertad y la vida”, sentenció.

La medida también lleva la firma de Jorge Apreda, Claudio Cingolani, Juan Facundo Del Gaiso, Natalia Fidel, María Luisa González Estevarena, Reyes y Claudio Romero (VJ).

A una semana del fallecimiento del dirigente político, la Legislatura de la Ciudad aprobó –en la última sesión ordinaria- un texto de declaración impulsado por los bloques Vamos Juntos y Frente de Todos mediante el cual manifestaron su profundo pesar por el fallecimiento del productor de cine y político argentino Fernando Ezequiel Solanas, conocido como Pino Solanas, el pasado 6 de noviembre en París a causa del Covid 19.

En los fundamentos de la medida, los legisladores recordaron que Solanas nació el pasado 16 de febrero de 1936 en la localidad bonaerense de Olivos. “Como político, fue el fundador y referente del partido político movimiento Proyecto Sur,  diputado nacional en 2009 y senador nacional en 2013, en ambos casos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde julio del corriente año hasta su fallecimiento el 6 de noviembre fue embajador de Argentina ante la Unesco”, precisaron.

Al mismo tiempo que detallaron que “posee una gran trayectoria en la política. Inició su participación en la política luego de los hechos ocurridos durante 1991, año en el que luego de criticar la gestión presidencial de Carlos Menem por su impronta privatizadora, fue querellado por el ex presidente y luego baleado al día siguiente de haber ratificado sus declaraciones ante la Justicia”.

“Como líder de Proyecto Sur, siguió una línea política de centroizquierdista, progresista y relacionada con la ecología política, con el objetivo político principal de aplicar una propuesta política, económica, social y cultural que sintetiza experiencias, estudios e investigaciones de profesionales, técnicos y trabajadores, y grupos sociales sobre la realidad nacional, latinoamericana e internacional, apoyando e impulsando proyectos como los frentes universitarios y estudiantiles, los frentes sindicales y sociales, y propuestas políticas”, manifestaron.

Sobre esa misma línea, los diputados aseveraron que Pino “es despedido con profundo dolor por la sociedad argentina y por dirigentes políticos de todos los partidos e ideologías quienes han expresado sus más sentidas condolencias” y concluyeron señalando que “será recordado sin dudas por su compromiso político y por su arte como uno de los referentes y pioneros del cine político argentino, con una mirada siempre crítica de la realidad”.

Las iniciativas llevan las firmas de Ana María Bou Pérez, Héctor Apreda, Mercedes De Las Casas, Natalia Fidel, Matías López, Lucía Romano (VJ), Claudia Neira, Javier Andrade, María Bielli, Ofelia Fernández, Claudio Ferreño, Claudio Morresi, María Rosa Muiños, Lorena Pokoik, Santiago Roberto, Leandro Santoro, Cecilia Segura, Manuel Socías, Juan Manuel Valdés y Laura Velasco (FdT).

Los legisladores de la Ciudad aprobaron –durante la sesión ordinaria de este jueves- un proyecto de resolución impulsado por el Frente de Todos (FdT), a través del cual prevén obtener informes de una colisión que se produjo el pasado 20 de octubre en la estación Independencia, cuando se produjo la rotura de las ruedas del coche, haciendo que el tren se salga de las vías y colisione con el borde del andén.

De esta manera, los diputados pidieron que se individualice a los coches que integraban la formación que descarriló, a fin de identificar cual es el coche que presuntamente sufrió una falla en el bogie; la antigüedad, uso y kilometraje del mismo; el ciclo de vida útil de cada coche, según la recomendación del fabricante; y la cantidad de mantenimientos realizados en cada unidad.

También solicitaron información acerca sobre en qué fecha se realizó el último control del estado de vigas, durmientes y trocha de la Estación Independencia de la Línea E de subterráneos.

La iniciativa fue presentada por los diputados Cecilia Segura, Claudio Ferreño, Victoria Montenegro, Manuel Socías y Laura Velasco (FdT).

En el marco de una nueva sesión ordinaria, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se reúne desde las 11.57 para darle sanción a una iniciativa de ley que busca establecer un marco regulatorio para el acceso informado y seguro al cannabis medicinal y sus derivados, además de establecer parámetros de investigación al respecto.

La ley que se pondrá a votación refiere a esa planta herbácea “como recurso terapéutico, para la investigación y el uso científico, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud”, según el despacho conjunto de las comisiones de Salud –presidida por Patricia Vischi (UCR-Ev) y de Presupuesto -a cargo de Claudio Romero (VJ)-.

Una iniciativa de María Rosa Muiños (FdT) propiciaba la adhesión a la ley nacional sobre el tema y una posterior propuesta de Leandro Halperín (UCR-Ev) y el resto de su bancada derivó en la elaboración de una normativa regulatoria propia para la Ciudad de Buenos Aires, incorporando a la vez lo aprobado en el Congreso de la Nación (Ley 27.350).

Lo que se debatirá es la declaración “de interés sanitario para la CABA las acciones tendientes a proteger, promover y mejorar la salud pública de la población mediante la investigación y uso científico de la planta de cannabis y sus derivados”, a cuyos efectos se plantea normatizar sobre investigación, autorizaciones para el cultivo personal de marihuana, atribuciones de la autoridad de aplicación, creación de un Consejo Asesor y la habilitación para firmar convenios con instituciones, asociaciones u organismos.

Según el texto despachado para la sesión, la ley dejaría a cargo de la reglamentación, que corresponde a la Jefatura de Gobierno, la definición de detalles técnicos y operativos.

Por otro lado se debatirá un régimen de “integridad pública” y su marco normativo para la prevención y el control de irregularidades, anomalías, incumplimiento de deberes o ilícitos en el ámbito de los tres poderes constitucionales de la CABA se propone que sea incorporado a la ley de ética pública (N 4.895, de 2013)-

El asunto tuvo despacho conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales -preside Hernán Reyes (VJ)-, de Legislación General -Guillermo Suárez (VJ)- y de Presupuesto. Había al respecto siete proyectos en consideración y se concluyó elaborando un texto respaldado por la mayoría de Vamos Juntos y otros bloques afines.

También se proyecta crear una Oficina de Integridad Pública en cada uno de los poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), “las que actuarían como autoridades de aplicación y cumplirían un rol estratégico de prevención”, se explicó en las comisiones.

El objeto de la norma es “trabajar sobre los principios y deberes éticos, las incompatibilidades en el ejercicio de la función pública, los mecanismos de gestión y prevención de conflictos de intereses y la aplicación de sanciones por incumplimiento de los deberes”, sin perjuicio de lo que pudiera corresponder en materia judicial y manteniendo las funciones de los organismos de control ya creados y en funciones.

Luego de que la Comisión de Planeamiento Urbano –presidida por Victoria Roldán Méndez (VJ)- diera inicio al debate sobre un proyecto de ley impulsado por el club San Lorenzo para trasladar su estadio a Boedo, el legislador del GEN Sergio Abrevaya presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca garantizar la participación de los vecinos en ese proceso.

El texto en cuestión plantea un “proceso de conversación pública”, que se concretará con la participación de todos los vecinos que demuestren habitar en viviendas comprendidas en un marco de 10 cuadras que rodean el predio ubicado en Av. La Plata 1700.  El mismo establece que dicho proceso “será público, participativo, transparente y se garantizará la libertad de opinión” e indicó que “el mecanismo de convocatoria y desarrollo de la conversación pública preservará un ambiente de intercambio pacífico, libre de imposiciones o presiones entre grupos de opinión, pudiendo convocarse en conjunto o por separado a los diferentes actores, a efectos de desarrollar el proceso de conversación con las autoridades en un marco de absoluta liberta y transparencia”.

Además establece que se convocará “a los ciudadanos interesados o a representantes de los mismos a dialogar sobre la temática y podrán estar presentes para explicar el proyecto las autoridades del Club San Lorenzo de Almagro y quienes estos requieran, la Agencia de Protección Ambiental, Legisladores/as y funcionarios del Poder Ejecutivo” y que ante cualquier posible conflicto por opiniones y/o intereses de los diferentes grupos de ciudadanos convocados se arbitrarán las medidas para que la conversación pública transcurra con absoluta libertad evitando presiones entre sectores de opinión.

La iniciativa también establece que de ese proceso de conversaciones se tomará registro audiovisual, aunque no podrán publicarse ni darse a conocer los nombres de los vecinos intervinientes.

Al respecto del proyecto, en los fundamentos del mismo Abrevaya explicó que es necesario porque “en ocasiones las audiencias públicas resultan insuficientes como mecanismos de participación que permita llegar a visiones de futuro comunes” e insistió en que “la Ciudad necesita modernizar el formato de yuxtaposición de monólogos, que es en lo que se han convertido las audiencias”.

“Cuando lo que se pretender construir impacta de manera definitiva en el quehacer diario, debemos promover la construcción del imaginario del cómo y del que, integrando, en este caso, la visión del club con la de los vecinos”, sentenció.

El diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano marchó hasta el Ministerio de Economía de la Nación junto a otras organizaciones sociales y partidos políticos, para manifestarse en contra la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y advirtió que el Gobierno nacional busca “garantizarle beneficios a los fondos de inversión, pero retira el IFE 4 e impulsa una reforma jubilatoria de ajuste”.

En ese sentido Solano manifestó que “Martín Guzmán y Alberto Fernández pusieron la alfombra roja para recibir al FMI con un plan de ajuste que va a afectar a todo el pueblo argentino”, y remarcó que “la noticia más importante del momento es que cuando llega el FMI el Gobierno anuncia una formula previsional para reducir nuevamente las jubilaciones en Argentina”.

Sobre esa misma línea señaló que “dicen que sistema previsional no es sustentable si no se hace un ajuste, pero es falso que los jubilados viven del Estado; es al revés: la plata de la Anses está siendo saqueada” y aseguró que “siguen discutiendo si va a haber IFE 4 o no y a partir del 1 de enero se va a aplicar un tarifazo para descargar en la población el ajuste que reclaman los capitalistas”.

Al mismo tiempo que afirmó que “mientras el pueblo sufre un ajuste a las empresas y especuladores le otorgan todo tipo de beneficios” y precisó que “Martín Guzmán, el hombre del FMI, acaba de entregar a los fondos de inversión que hicieron grandes ganancias con el macrismo la posibilidad de fugar dinero de Argentina convirtiendo en dólares los préstamos en pesos al 16% anual”.

“Entonces, al que no tiene trabajo le saca la IFE; a los jubilados le recorta los haberes; a la población, tarifazo y a los fondos de inversión, salir del país con beneficios extraordinarios”, indicó y concluyó señalando que “queda claro para quien gobiernan. Y van a mandar el pacto con el FMI al Congreso nacional porque saben que ahí, el peronismo, el kirchnerismo, el macrismo y el radicalismo se van a arrodillar frente al FMI. La única fuerza que no se arrodilla frente al FMI es el Frente de Izquierda”.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro (FdT), presentó en la Legislatura porteña un proyecto de declaración a través del cual busca instar al Gobierno de la Ciudad a que firme el convenio de adhesión al “Programa Acompañar” que impulsa el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

Dicho programa consiste en un apoyo económico por seis meses que apunta a garantizar las condiciones mínimas para que las mujeres y la población LGBTIQ+ que se encuentra en situación de violencia por motivos de género, que pongan en riesgo su integridad física y psicológica y afecten su autonomía económica y social.

En la iniciativa presentada por la legisladora, se señala que “vería con agrado que el Poder Ejecutivo arbitre los medios necesarios a fin de hacer efectiva la firma del convenio para la implementación” y recordó que varias provincias ya lo han suscripto.

De esta manera Montenegro planteó en la iniciativa que “sabemos que en la mayoría de las situaciones en donde media la violencia de género, el factor económico es crucial para el sostenimiento de los vínculos violentos” e indicó que “esto, sumado a la ruptura de las redes de contención de quienes atraviesan esas situaciones, crean un escenario perfecto para que la violencia se perpetué sobre los cuerpos de las mujeres y población LGBTIQ+”.

“Consideramos que este Programa va en sintonía con las políticas que han asumido generar los estados para erradicar toda forma de violencia por motivos de género a través de la aceptación de diversos tratados internacionales”, sentenció.

Tras haber presentado la iniciativa en el Barrio Múgica –ex villa 31 y 31 bis-, las legisladoras del Frente de Todos (FdT) María Bielli y Laura Velasco presentarán en la Legislatura porteña un proyecto de ley que propone la creación del Programa de Acompañamiento a las Trayectorias en la Ciudad de Buenos Aires (ATr CABA).

El objetivo de la iniciativa es fortalecer el sostenimiento de la continuidad escolar de los y las estudiantes que mantienen un vínculo débil con sus docentes y escuelas. Para ello parejas pedagógicas conformadas por promotoras educativas y estudiantes de formación docente realizarán el acompañamiento a estudiantes de nivel primario y secundario a través de visitas domiciliarias para  facilitar el acceso a los recursos didácticos acordados con sus docentes.

Al respecto del texto en cuestión, Bielli manifestó que “el Programa de Promotoras Educativas en la Ciudad funciona desde hace muchos años pero es necesario ampliarlo y complementarlo con la presencia de estudiantes de formación docente en los territorios” y remarcó que “por esto, a la enorme tarea que los y las docentes están realizando desde marzo, se requieren de forma urgente políticas específicas y complementarias para les miles de estudiantes que han visto discontinuado su vínculo con sus docentes”.

“Es fundamental generar puentes entre las organizaciones sociales y la escuela, entre los promotores educativos y los docentes. Se necesita de un trabajo de articulación muy grande para revertir las consecuencias de este año de pandemia”, aseveró.

Sobre esa misma línea, Velasco planteó que “entre los proyectos del FDT que atiende demandas y propuestas de los barrios populares es imprescindible incorporar la figura de los promotores de educación, incorporando estudiantes de los institutos de formación docente y reconociendo la tarea de las organizaciones sociales para acompañar el compromiso de las y los docentes en la continuidad pedagógica, tan difícil en territorios donde el 85% de las, los y les estudiantes no tienen computadora ni conectividad”.

Asimismo consideró que “se trata de una propuesta que apunta a un acceso más igualitario a una educación pública inclusiva y de calidad, con la participación de todos los actores de la comunidad educativa”.

Cabe destacar que una iniciativa similar se implementa la Provincia de Buenos Aires desde principios de octubre, el Programa de Acompañamiento a las Trayectorias y la Revinculación, que fue anunciado por su gobernador junto a un plan de mejoras de infraestructura de las escuelas.

Los diputados de Vamos Juntos (VJ) y el Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura porteña dos proyectos de declaración mediante los cuales prevén expresar su profundo pesar por el fallecimiento del productor de cine y político argentino Fernando Ezequiel Solanas, conocido como Pino Solanas, el pasado 6 de noviembre en París a causa del Covid 19.

En los fundamentos de la medida, los legisladores recordaron que Solanas nació el pasado 16 de febrero de 1936 en la localidad bonaerense de Olivos. “Como político, fue el fundador y referente del partido político movimiento Proyecto Sur,  diputado nacional en 2009 y senador nacional en 2013, en ambos casos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde julio del corriente año hasta su fallecimiento el 6 de noviembre fue embajador de Argentina ante la Unesco”, precisaron.

Al mismo tiempo que detallaron que “posee una gran trayectoria en la política. Inició su participación en la política luego de los hechos ocurridos durante 1991, año en el que luego de criticar la gestión presidencial de Carlos Menem por su impronta privatizadora, fue querellado por el ex presidente y luego baleado al día siguiente de haber ratificado sus declaraciones ante la Justicia”.

“Como líder de Proyecto Sur, siguió una línea política de centroizquierdista, progresista y relacionada con la ecología política, con el objetivo político principal de aplicar una propuesta política, económica, social y cultural que sintetiza experiencias, estudios e investigaciones de profesionales, técnicos y trabajadores, y grupos sociales sobre la realidad nacional, latinoamericana e internacional, apoyando e impulsando proyectos como los frentes universitarios y estudiantiles, los frentes sindicales y sociales, y propuestas políticas”, manifestaron.

Sobre esa misma línea, los diputados aseveraron que Pino “es despedido con profundo dolor por la sociedad argentina y por dirigentes políticos de todos los partidos e ideologías quienes han expresado sus más sentidas condolencias” y concluyeron señalando que “será recordado sin dudas por su compromiso político y por su arte como uno de los referentes y pioneros del cine político argentino, con una mirada siempre crítica de la realidad”.

Las iniciativas llevan las firmas de Ana María Bou Pérez, Héctor Apreda, Mercedes De Las Casas, Natalia Fidel, Matías López, Lucía Romano (VJ), Claudia Neira, Javier Andrade, María Bielli, Ofelia Fernández, Claudio Ferreño, Claudio Morresi, María Rosa Muiños, Lorena Pokoik, Santiago Roberto, Leandro Santoro, Cecilia Segura, Manuel Socías, Juan Manuel Valdés y Laura Velasco (FdT).

En una reunión conjunta de las comisiones de “Tránsito y Transporte” -a cargo de Cristina García (VJ)- y la de “Presupuesto” –presidida por Claudio Romero (VJ)- se reunieron con funcionarios de la secretaría de Trasporte y Obras Públicas de la Ciudad, quienes explicaron una iniciativa del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acerca de “estacionamiento ordenado” de los automotores, que propone dejar de lado el sistema de tiqueteras, crear formas de pago “on line” y establecer tarifas diferenciadas por lugares y tiempo de uso.

El proyecto establece que sea el Estado quien recaude los aranceles y pague a empresas privadas para que se ocupen del control y acarreo de vehículos mal estacionados, mientras que las adjudicaciones se resolverían en licitaciones públicas. La ganancia que se obtuviera por la recaudación menos el pago de los servicios de grúas se propone destinarla a inversiones en infraestructura del transporte público.

Cabe destacar que, según remarcaron los funcionarios, el método de estacionamiento medido que se aplica hoy está solo en determinadas zonas céntricas o comerciales, con cuatro mil puestos de aparcamiento pago y abarca geográficamente el 13% del mapa porteño, con tres barrios que tienen servicios de acarreo.

La iniciativa en cuestión plantea generar 80 mil lugares para estacionar entre todos los barrios, gestionados por el propio Estado de la Ciudad, con métodos de cobro a través de aplicaciones de Internet (WhatsApp, BOTI, Mercado Pagos y otras) o en comercios habilitados. El control y acarreo de coches mal estacionados estará a cargo de concesionarios que surjan de llamados a licitación para tres zonas en que dividirá el mapa local.

Con lo que recaude, el Gobierno le pagará un canon a las empresas de acarreo, las comisiones que correspondan por servicios de cobros y el resto de los recursos se utilizará para inversiones en infraestructura del transporte público.

En tanto los residentes con autos podrán estacionar de manera gratuita en cualquier calle habilitada que esté 300 metros alrededor de su domicilio (unas 50 cuadras), para lo cual deberán previamente registrarse con sus datos personales, acreditar domicilio y dominio del automóvil. Una novedad de lo que se impulsa es la posibilidad de modificar la oferta de estacionamiento callejero en cada zona y establecer diferentes tarifas y limitaciones temporales, tratando siempre de favorecer la mayor rotación de usuarios y el ordenamiento del tránsito.

En la reunión estuvo presente el subsecretario de Gestión de la Movilidad, Gastón Galardi, junto a otros funcionarios de su área gubernamental.

La postura del FdT

Luego de que los funcionarios explicaron el alcance de la iniciativa, el diputado Matías Barroetaveña (FdT) aseveró que “el proyecto de estacionamiento tarifado es una nueva estafa a los vecinos con un mero afán recaudatorio” y consideró que “llevar grúas a todos los barrios es la extensión de la concesión más escandalosa de la historia de la ciudad, que desde 1990 tiene dos empresas que recaudan 12,5 millones de pesos por mes pagando un canon irrisorio de 55 mil pesos”.

“Lo que la ciudad necesita para desincentivar el uso de vehículos particulares es extender la red de subte, sin embargo, todos los planes de expansión están paralizadas”, manifestó y agregó que “desde el Frente de Todos proponemos el llamado a una consulta popular para que los vecinos de la ciudad decidan sobre el futuro del estacionamiento medido”.

Debido a que la pandemia del Covid 19 fomentó el crecimiento de la telemedicina, la Comisión de Salud de la Legislatura –presidida por la radical Patricia Vischi (UCR-Ev)- continuará este viernes a las 9 con el debate de un proyecto de ley a través del cual buscará establecer las normas básicas que contienen los lineamientos, principios y alcances de los servicios de telemedicina como modo de prestación de los servicios de salud en el distrito capitalino.

La telemedicina es una prestación de servicios de salud a distancia, a través de la utilización de Tecnologías de la Información y de la Comunicación emergentes (TICs), destinadas a la información, atención para prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento del estado de los pacientes, así como también a la investigación, educación, formación continuada y evaluación, realizada por  profesionales de salud, con la finalidad principal de facilitar y dinamizar el acceso a la salud, mejorar su calidad, eficiencia e incrementar su cobertura, impulsando con nuevos instrumentos estratégicos la Atención Primaria.

De esta manera, el texto establece que este servicio podrá “ser ofrecidos y prestados por todos los profesionales o equipos requeridos al paciente requirente en forma directa, o bien por medio de interpósita persona que represente al mismo, siempre que se cuente con la autorización expresa del paciente para ello” y prevé que en los “casos en que el tercero actúe por impedimento o incapacidad permanente o transitoria del paciente, sea por razones de edad o estado de salud o bien actúe como responsable en la situación, sin que a tal fin deba acreditar vínculo parental alguno no será necesario el consentimiento manifiesto o expreso del paciente”.

Para garantizar la seguridad de ambas partes -es decir, del profesional de la salud y del paciente- el proyecto exige que exista una “identificación recíproca”, para ello deberán utilizarse siempre herramientas que permitan acreditar fidedignamente la identidad de todas las partes participantes e intervinientes en la comunicación o conexión que garantice la seguridad de ambas partes.

Además plantea que debe “almacenarse la herramienta de información o comunicación utilizada en cada servicio de telemedicina prestado durante la comunicación o conexión y una vez concluida la misma” y sostiene que el profesional siempre deberá dejar almacenada y guardada toda la información relativa al paciente, así como toda su actuación, atención y servicio prestado, entendiendo incluidos los datos personales y clínicos completos, consentimientos informados y acciones.

En cuanto a la seguridad, el proyecto de ley -que lleva la firma de Ana María Bou Pérez y Claudio Romero (VJ)- establece que deben tomarse las máximas medidas de precaución técnicas para que la información resida en el repositorio de datos donde está almacenada en forma segura y  protegida de cualquier ataque externo, y asimismo se obtenga de manera rápida y accesible. Siempre debe encontrarse garantizada su integridad, autenticidad y confiabilidad y exactitud.

Sin perjuicio de las obligaciones de los profesionales o equipos de salud establecidas en los incisos anteriores, se establece que en caso de existir dificultades, desperfectos tecnológicos o cualquier cuestión técnica o relativa a la conexión en la comunicación o sistema de información utilizado en la prestación, externo y ajeno al profesional, y que le impida según su exclusivo criterio desarrollar su tarea o mantener una comunicación acorde, este no incurrirá en responsabilidad profesional ni legal de ninguna índole por no dar curso o no proseguir con el proceso virtual.

Con casi dos meses de demora en su presentación debido a los recortes en la coparticipación que sufrió la Ciudad en las últimas semanas, fuentes parlamentarias le confirmaron a parlamentario.com que el Código Fiscal vigente, la  Ley Tarifaria y el Proyecto de Presupuesto General para el próximo año ingresará a la Legislatura porteña el viernes 20, para luego ser sometido a análisis.

A raíz de la demora en la presentación de estas normas, la Legislatura porteña aún se encuentra analizando la posibilidad de realizar la ronda de presentación en la que los ministros y funcionarios del Ejecutivo presentan las partidas presupuestarias de sus respectivas carteras.

Cabe destacar que en septiembre pasado el ministro de Hacienda y Finanzas, Martín Mura, presentó ante el Parlamento una carta en la que explicó que “la elaboración y la ejecución del presupuesto contribuye al dinamismo de los factores económicos de la sociedad, y define las prioridades del Gobierno en materia de salud, educación, seguridad y asistencia a los sectores menos favorecidos, como así también al estímulo de las distintas actividades comunitarias que se desarrollan en el ámbito social”.

Asimismo remarcó que “recientemente el Gobierno nacional mediante el dictado del Decreto 735 por el cual redujo unilateralmente el porcentaje de coparticipación que recibe la Ciudad en 1.18%, ha violado el andamiaje jurídico – tributario vinculado a la coparticipación federal producto invariable y sistemático de actos bilaterales entre ambas jurisdicciones” y destacó que “ante la gravedad del escenario se instruyó a la Procuración General para que promueva acción judicial contra el Estado Nacional, lo que así se hizo, encontrándonos a la espera de una pronta resolución”.

Sobre esa misma línea, el funcionario indicó que aún no se tiene la certeza sobre cuanta será la reducción de la coparticipación ya que el Gobierno nacional envió al Congreso “un mecanismo aún más gravoso para la Ciudad por el cual no solo reduce aún más lo establecido en el decreto antes mencionado sino que propone establecer, nuevamente de manera unilateral un valor de transferencia de 24.500 millones de pesos, fijado a partir del año 2020, el cual formará parte anualmente del presupuesto nacional, eliminando así toda intangibilidad y automaticidad de los recursos”.

“Estas medidas unilaterales e intempestivas que afectan el normal desenvolvimiento de la administración pública de la Ciudad, fueron impulsadas por el Gobierno Nacional en un contexto sanitario agravado por las derivaciones provocadas por la pandemia del Covid 19”, aseguró Mura y destacó que “la imprevisibilidad del actual contexto por lo antes mencionado y la reducción actual unilateral que disminuye los recursos con el impacto que esto produce, hacen imposible poder cumplir con algunos de los principios básicos de la formulación presupuestaria como el de factibilidad, que presupone planificar objetivos posibles de alcanzar teniendo en cuenta los recursos financieros, físicos, humanos y técnicos y el de continuidad por el que el presupuesto anual debe apoyarse en el resultado de ejercicios anteriores para dar continuidad en el cumplimiento de los servicios a cargo de la Ciudad”.

Tras la decisión del Gobierno porteño de prorrogar en la  renovación de los Certificados Ambientales que deben tramitar quienes generan y manejan residuos patogénicos, la legisladora del Frente de Todos (FdT) Cecilia Segura presentó en la Legislatura porteña un pedido de informes para que el Ejecutivo local brinde precisiones acerca de la disposición de ese tipo de residuos.

A través de esa iniciativa, se solicitó  información precisa sobre la gestión y el tratamiento de los residuos patogénicos en la Ciudad, entendiendo que una inadecuada gestión, tratamiento y disposición durante el periodo de pandemia y crisis sanitaria constituyen un potencial peligro tanto para la salud humana como para la del ambiente.

Los residuos patogénicos son todos aquellos desechos o elementos generados en la atención de la salud humana o animal, así como también en la investigación o producción comercial de elementos biológicos o tóxicos, que presentan características de infecciosidad, toxicidad o actividad biológica, que puedan afectar directa o indirectamente a los seres vivos y/o causar contaminación del suelo, el agua o la atmósfera.

Por la peligrosidad que estos desechos implican para el ambiente y la salud humana, la Ciudad de Buenos Aires regula su tratamiento y su gestión mediante la Ley 154 de Residuos Patogénicos y la Ley 2.214 de Residuos Peligrosos. Entre otras cuestiones, la Ley 154 obliga a que los generadores, transportistas y operadores de este tipo de residuos deban tramitar un Certificado de Aptitud Ambiental para estar habilitados a cumplir esta función, a la par que deben renovarlo periódicamente.

Sin embargo, en el marco de la Emergencia Sanitaria, el Gobierno de la Ciudad decidió prorrogar mediante el DNU 13/20 la vigencia de estos certificados por un tiempo, que el Frente de Todos considera “cuanto menos exagerado”.

Al respecto, Segura sostuvo que “la manipulación, gestión y transporte de este tipo de residuos, especialmente en este contexto epidemiológico, representa una cuestión de salud pública. No hay motivo para hacer esta prórroga tan prolongada. Además, las áreas encargadas de este trámite se encuentran funcionando y los trámites podrían realizarse tranquilamente a distancia.”

“Nuestro sistema sanitario está enfrentando un desafío histórico y, como pasó en otros países, es probable que esté habiendo un crecimiento exponencial de residuos patogénicos”, indicó y concluyó señalando que “es importante, tanto para nuestra salud como para el cuidado del ambiente, que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tome todas las medidas de precaución en el tratamiento y la gestión de estos residuos”.

Desde 1998, año tras años, Parlamentario realiza una encuesta en la que votan todos los diputados de la Ciudad de Buenos Aires, sus asesores y los periodistas acreditados en el Palacio Legislativo, de esta manera se obtienen los resultados mediante los cuales se eligen a los diez legisladores que más se han destacado a lo largo de todo el ciclo parlamentario.

Es así que legisladores, asesores y periodistas seleccionan a su criterio los nombres de quienes fueron los que participaron activamente en la labor realizada a lo largo del período, y que en esta 23º edición de los Premios Parlamentario consagró al diputado de Vamos Juntos y vicepresidente primero de la Legislatura, Agustín Forchieri, como el ganador del 2020.

El cuestionario permite seleccionar a cinco legisladores, siendo así que el orden de prioridad lo pone el votante; el primero obtiene cinco puntos, el segundo cuatro, el tercero tres, el cuarto dos y el quinto uno. De la sumatoria de los puntos surgen los elegidos que pasan a formar parte del cuadro de honor.

Sin lugar a dudas, la edición de este año fue la que obtuvo una mayor participación, con un incremento del 62%, el cual fue favorecido por la virtualidad que impuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio a causa de la pandemia del Covid 19. Esto se debió a que para garantizar la participación de los votantes se habilitaron nuevos canales de votación a través de correo electrónico y WhatsApp.

Aunque la activa participación por parte de los diputados, asesores y periodistas no fue una sorpresa, es que a pesar de la pandemia la Legislatura porteña nunca dejó de funcionar: fue una de las primeras en el país en organizar un sistema que le permitiera sesionar -primero habilitó el Salón Dorado para ese fin y luego se comenzó a trabajar en el recinto-, al mismo tiempo que montó una estructura para que se pueda continuar con el trabajo en comisión -tanto de legisladores como de asesores- y que sea transmitido en vivo a través de las paginas oficiales de esa Casa.

Cabe destacar que los Premios Parlamentario no sólo se llevan a cabo en la Legislatura de la Ciudad, sino que también se realizan en el Congreso de la Nación y en el Parlamento bonaerense.

El podio

El galardón como el diputado más laborioso del 2019 fue para el oficialista Agustín Forchieri, cómo un reconocimiento al arduo trabajo realizado a lo largo del año. No obstante, esta no es la primera vez que se alza con un reconocimiento de los Premios Parlamentario, ya que el año pasado también resultó ganador, mientras que 2018 fue el segundo más votado y en 2017 el tercero.

Este fue un año intenso para el oficialista, dado que debió ponerse al hombre aspectos importantes de la coordinación y funcionamiento del Parlamento, dado que debieron establecerse nuevos protocolos para llevar a cabo las sesiones y las reuniones de comisión; así como también generar nuevos mecanismos para que el resto de los empleados de la Casa puedan llevar a cabo sus tareas sin poner en riesgo su salud.

Pese a esto el diputado no disminuyó su participación en las distintas comisiones que integra, entre las cuales se encuentran la de “Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria”, la “Junta De Ética, Acuerdos y Organismos De Control” y “Planeamiento Urbano”.

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta, Forchieri se alzó con 317 -es decir, 120 votos más que en la edición anterior-; mientras que en el segundo lugar se ubicó el presidente de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero (VJ), con un total de 298 votos.

Esta es la primera vez que el legislador recibe un Premio Parlamentario, reconocimiento que le fue entregado por sus pares, asesores y periodistas acreditados en la Casa, debido al trabajo que desarrolla al frente de la comisión que preside y que también se vio reflejado en los números proyectos que ha impulsado -85 como autor y 307 como co autor-.

Además forma parte de las comisiones de “Derechos Humanos”, “Justicia”, “Legislación general”, “Relaciones Interjurisdiccionales”, “Salud” y “Vivienda”.

En tanto el podio de los tres más votados lo completó la vicepresidenta segunda de la Legislatura porteña y diputada del Frente de Todos (FdT), María Rosa Muiños, quien obtuvo 276 votos a su favor. Ella se destacó por su marcada presencia en las comisiones que integra y por los numerosos aportes que realiza cada vez que se debate un nuevo proyecto.

Cabe recordar que es una de las más recientes ganadoras de los Premios Parlamentario, ya que se consagró como tal en 2016,  al año siguiente ocupó la sexta posición, en 2018 fue la quinta más votada y en 2019 también se posicionó en el tercer lugar.

Los ganadores

El cuarto lugar lo ocupó el jefe del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas, debido a que recibió 261 votos a su favor por la labor que realiza coordinando la bancada oficialista, una tarea nada sencilla dado que debe conciliar entre los intereses del Pro, la Colación Cívica y Confianza Pública. Pero más allá de esto, su intensa actividad también se vio reflejada en los proyectos que impulsó: 179 como autor y 317 como co autor.

En la quinta posición se ubicó Juan Facundo Del Gaiso (VJ), quien logró cosechar 257 votos, debido a su presencia y participación constante en las comisiones que integra entre las cuales se encuentran la de “Vivienda”, “Salud”, “Tránsito y Transporte”, “Políticas de Promoción e Integración Social” y “Junta de Ética”.

La sexta en la nómina es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y nieta recuperada, Victoria Montenegro (FdT), con 252 votos.  Desde su banca revalidó su compromiso con la memoria, verdad y justicia, además de impulsar múltiples iniciativas -676 como autora y 648 como co autora- que ayuden a mejorar la calidad de vida de los vecinos de la Ciudad. Muchos de esos proyectos tuvieron que ver con discapacidad, una de las áreas que más la ocupan; tan es así que desde el año pasado viene trabajando e impulsando la actividad en la Comisión de Discapacidad, la cual se creó gracias a un texto de su autoría.

En tanto en la séptima posición la consiguió la peronista y presidenta de la Comisión de Protección y uso del espacio público, Claudia Neira (FdT),  quien obtuvo el reconocimiento con 245 votos gracias al intenso trabajo que realiza en las cuatro comisiones de las que forma parte, en las que busca realizar intervenciones que permitan arribar a las mejores leyes posibles.

El octavo lugar lo ocupa Victoria Roldán Méndez (VJ) –con 238 votos-, la presidenta la Comisión de Planeamiento Urbano y una de las jóvenes promesas del Pro, que logra llevar adelante esa importante comisión en la que se están debatiendo importantes iniciativas, tales como la rezonificación del predio ubicado en Av. La Plata al 1700 que permitiría la construcción del nuevo estadio del club San Lorenzo en el barrio de Boedo.

Mientras que el oficialista Daniel Del Sol (VJ) recibió 233 votos que lo llevaron a ocupar el noveno lugar en la nómina de los Premios Parlamentario, como un reconocimiento al labor que viene llevando adelante en las siete comisiones que integra, entre las cuales se destacan las de “Mujer e Infancia”, “Desarrollo Económico”, “Obras y Servicios Públicos” y “Ambiente”.

Por último, el cuadro de honor lo completó diputado del GEN, Sergio Abrevaya, quien consiguió 225 votos a su favor. El vicepresidente primero de la Comisión de Tránsito y Transporte es uno de los que más iniciativas presentó en la Casa: 774 como autor y 172 como co autor.

El ranking de los más votados

1. Agustín Forchieri (VJ): 317 votos
2. Claudio Romero (VJ): 298
3. María Rosa Muiños (FdT): 276
4. Diego García Vilas (VJ): 261
5. Facundo Del Gaiso (VJ): 257
6. Victoria Montenegro (FdT): 252
7. Claudia Neira (FdT): 245
8. Victoria Roldán Méndez (VJ): 238
9. Daniel Del Sol (VJ): 233
10. Sergio Abrevaya (GEN): 225

Listado histórico

1998-  Gabriel González Gass

1999- Kelly Olmos

2000 – Guillermo Oliveri

2001 – Raúl Puy

2002- Alicia Pierini

2003- Juliana Marino

2004- Helio Rebot

2005- Marcelo Godoy

2006- Jorge Enríquez

2007- Diego Santilli

2008- Cristian Ritondo

2009- Juan Manuel Olmos

2010- Cristian Ritondo

2011- Álvaro González

2012/2013/2014/2015- Cristian Ritondo

2016- María Rosa Muiños

2017- Carmen Polledo

2018- Francisco Quintana

2019/2020- Agustín Forchieri

Como una forma de reconocimiento por la labor que desempeñaron durante la pandemia, el legislador del Frente de Todos (FdT) Juan Manuel Valdés impulsó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley a través del cual prevé disponer la colocación de placas recordatorias para los miembros del personal de Salud fallecidos en el marco de la pandemia por Covid 19, en cada uno de los Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires en los que hayan prestado sus servicios.

Dichas placas serán ubicadas en sitios preferenciales con circulación de público, llevaran grabados el nombre de la persona fallecida y un reconocimiento de la Legislatura porteña por haber dado “su vida por la comunidad en la lucha contra el Covid 19”.

En los fundamentos de la medida, el legislador recordó que “a principios de este año, al comenzar con el aislamiento social preventivo y obligatorio, en casi todas las actividades hubo modificaciones en los regímenes laborales, algunos fueron suspendidos, otros adaptados de modo tal de poder trabajar a distancia y hubo otros, los esenciales, que no pudieron salir del frente de exposición al virus” y remarcó que entre los esenciales se encontraba el personal de salud que “era quien debía hacer frente al virus en los lugares donde se daría la mayor exposición, la inmensa mayoría del personal no solo permaneció en sus cargos, sino que lo hizo con el convencimiento que era lo que había que hacer, habida cuenta que se habían preparado para eso y era el momento de demostrarlo”.

Asimismo precisó que con el paso de las semanas “los acontecimientos se fueron complejizando, los contagios eran mayores a los previstos, se veía venir que las camas podían llegar a ser insuficientes y que llegado el momento se deberían tomar decisiones para las que no habían sido preparados, hay cosas que la Universidad no enseña”.

“Nada fue impedimento para el cumplimiento del deber, el incremento de las horas de trabajo, la imposibilidad de estar en contacto, -producto de la alta exposición-, con sus hijos, la escasez o baja calidad de los equipos de protección personal, la reducción de las horas de descanso, la suspensión de las licencias y también lo más temido, aunque esperado, comenzaron las infecciones, luego las internaciones y en algunos casos las muertes que no tardaron en llegar”, señaló y destacó que “aún así, el personal siguió cumpliendo con sus tareas, múltiples actividades que se fueron y van incrementando día a día, porque a medida que  van cayendo compañeros, los que quedan deben cubrir más espacios”.

Sobre esa misma línea, Valdés aseveró que “médicos, enfermeros, demás profesionales del equipo de salud, técnicos y administrativos ya están engrosando la lista de caídos en el marco del trabajo hospitalario, sin embargo, siguen respondiendo, agotados, sin descanso ni adecuada contención, pero siguen respondiendo” y precisó que “en este momento estamos en el medio de la pandemia, posiblemente estemos atravesando el pico, pero no es seguro que así sea, lo que sí es seguro, es que hasta que no esté la vacuna, la lucha va a continuar y muchos trabajadores más van a quedar en el camino”.

“Cuando esto pase, entendemos que ningún homenaje será suficiente, cada uno recordará a los caídos desde los afectos, de diversas maneras, los familiares llevarán la peor parte, los amigos harán lo propio y los colegas también los recordarán por siempre, pero estamos seguros, que sus Hospitales, sus sitios de trabajo que los vieron crecer humana y profesionalmente también necesitan recordarlos siempre, como homenaje, como agradecimiento y como ejemplo a seguir”, sentenció.

La iniciativa también lleva la firma de los diputados Matías Barroetaveña y Claudio Ferreño (FdT).

Luego de que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentara en la Legislatura porteña un proyecto de ley para modificar la norma que regula el estacionamiento medido y el sistema de acarreo, el vicepresidente primero de la Comisión de Tránsito y Transporte y diputado del GEN, Sergio Abrevaya, rechazó la iniciativa y cuestionó que -en caso de que sea aprobada- el aumento del estacionamiento regulado alcance al 50% del distrito.

En ese sentido, el legislador consideró que “no tendrían que extender el estacionamiento medido a los barrios” y afirmó que “si bien es mejor que el Estado sea el que recaude de manera electrónica, evitando esos aparatos infames, el problema es que el 50% de la Ciudad va a tener estacionamiento medido”.

Asimismo indicó que “no tiene sentido que las grúas levanten a quienes no pagan el estacionamiento medido; con una fuerte multa y la posibilidad de abonar desde el celular, se resuelve el problema de desalentar a quien no realice el pago del parquímetro” y concluyó señalando que “la licitación del sistema de grúas debería ser más amplia, de manera que los emprendedores propietarios de grúas puedan tener acceso”.

Cabe destacar que la medida que envío Rodríguez Larreta a la Legislatura busca separar el servicio de estacionamiento medido -junto con los parquímetros y ticketeadoras- y el de las grúas.

Para el caso del estacionamiento, el texto en cuestión propone actualizar el método de pago, por lo que buscará admitir el pago a través de apps de celulares o a través de internet. Mientras que en el caso de las grúas plantea la división de la Ciudad en tres zonas cuyo servicio será adjudicado a diferentes operadores mediante el  llamado a licitación pública.

Tras varias reuniones en las que se debatió al respecto, la Comisión de Salud –presidida por la radical Patricia Vischi (UCR-Ev)- firmó un dictamen de mayoría de un proyecto de ley que tiene por objeto establecer un marco regulatorio para el acceso informado y seguro como recurso terapéutico, la investigación, el uso científico y la producción pública del Cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud.

El texto también plantea la adhesión de la Ciudad al régimen establecido en la Ley Nacional Nº 27.350 de “Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados”.

Asimismo plantea la incorporación al Sistema de Salud Pública y sus respectivos efectores, hospitales y centros de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Ob.S.B.A.) el medicamento paliativo de Cannabis y sus derivados, de entrega gratuita “para el tratamiento médico de convulsiones, crisis motoras, dolores crónicos, náuseas y vómitos derivados de quimioterapia y otras afecciones relacionadas con enfermedades tales como Epilepsia Refractaria, Síndrome de West, Cáncer, VIII-SIDA, Esclerosis Múltiple, Autismo y enfermedades psiquiátricas como Esquizofrenia, entre otras afecciones y patologías”.

El proyecto en cuestión también legislará sobre las investigaciones acerca del cannabis y el desarrollo y producción públicos de este medicamento. A su vez crea el registro de cultivadores solidarios, cannabicultores y familias del cannabis.

Al respecto de la medida, el diputado Leandro Halperín (UCR-EV), quien es autor de la norma, explicó en sus redes sociales que “falta poco (para su sanción), el acuerdo es robusto, todos los bloques de la Legislatura somos parte” e insistió en que “estamos ampliando derechos, estamos protegiendo el derecho a la salud”.

“Dentro de pocos días, el cannabis medicinal en la Ciudad de Buenos Aires será ley y las familias estarán más y mejor protegidas”, concluyó.

Debido al crecimiento que tuvo el uso de la bicicleta como medio de transporte en medio de la pandemia, la Legislatura porteña comenzó a debatir un proyecto impulsado por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, para seguir fomentando la utilización de las mismas y ampliar la red de ciclovías.

La iniciativa en cuestión fue debatida en una reunión conjunta de la Comisión de Tránsito y Transporte -presidida por Cristina García (VJ)- y la Comisión de Presupuesto –a cargo de Claudio Romero (VJ)-, la cual contó con la presencia del subsecretario de Gestión de la Movilidad del Gobierno porteño, Gastón Galardi.

En ese sentido, el funcionario explicó que el programa propone “la ampliación de la red de ciclovías y bicisendas, la determinación de calles o carriles preferenciales, la integración de esas vías de tránsito en los barrios y la promoción de la intermodalidad con otros medios de transporte, promoviendo el ciclismo urbano y la incorporación de nuevos usuarios a la infraestructura existente”.

Además incluye el desarrollo de infraestructura pública y nuevos sistemas para promover la venta, alquiler o uso de bicicletas, lugares de reparación, disposición de estacionamientos, financiamiento de adquisiciones y mayor oferta de alternativas para el ciclismo urbano.

 “De esta manera se busca acompañar el proceso de crecimiento del uso de la bicicleta que se vio acelerado por la pandemia para que cada vez más vecinos y vecinas la elijan como medio de movilidad seguro, ecológico y económico”, aseguró Galardi.

Cabe destacar que desde hace más de una década el Gobierno local promueve la bcicleta como medio de movilidad, por lo que este año se sumaron las ciclovías en Av. Corrientes y Córdoba. Los viajes se duplicaron, con notorio aumento de la cantidad de mujeres ciclistas. Además, la Cámara Industrial de la Bicicleta aspira a triplicar la venta anual de ciclorodados.

En medio de la puja entre los vecinos de la zona y el club San Lorenzo, la Legislatura de la Ciudad de comenzó a debatir la propuesta de la institución deportiva para trasladar su estadio deportivo al predio ubicado en Av. La Plata 1700. No obstante, ahora la organización “Vecinos Unidos por Boedo” dio a conocer un estudio de la UBA en la que se desaconseja la construcción de una cancha en la zona.

Se trata de un estudio de impacto ambiental que llevó a cabo la Facultad de Ingeniería de esa Casa de Altos Estudios, en el analizó las implicancias que tendría para el barrio el levantamiento de un estadio. Es así que entre sus resultados, la Universidad estableció que “los principales impactos potencialmente negativos y de alta intensidad están relacionados con la construcción y funcionamiento de un Estadio de capacidad para 42 mil personas”.

Al mismo que tiempo que sostiene que “la puesta en valor del barrio por la existencia de nuevas instalaciones para actividades deportivas, recreativas, comerciales y de esparcimiento puede ser un impacto positivo en la medida que se elimine la construcción del estadio y que el terreno sea utilizado para la enseñanza y práctica deportiva y actividades sociales en lugares abiertos y en contacto con la naturaleza de espacios verdes a crear”.

De esta manera y haciéndose eco de lo expuesto por la Facultad de Ingeniería, la organización vecinal aseveró que “una de las universidades más importante de Argentina avala nuestro pedido de no rezonificación en Boedo porque no queremos que un Estadio perjudique nuestra calidad de vida e impacte sobre  el medio ambiente”.

Con la intención de intercambiar experiencias y favorecer el trabajo conjunto, el vicejefe de Gobierno de la Ciudad y presidente de la Legislatura porteña, Diego Santilli, participará este viernes a las 10 del segundo encuentro del Foro Federal de Autoridades Parlamentarias, en el que también participarán vicegobernadores de todo el país.

El encuentro virtual será transmitido por Zoom, siendo la sede técnica la Honorable Cámara de Senadores de Mendoza y el anfitrión y moderador, el vicegobernador de la mencionada provincia, Mario Abed, quien estará acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

En esta oportunidad los temas ejes propuestos para su debate son: impacto de la pandemia en la modernización legislativa, y cambio climático y legislación.

Cabe recordar que los vicegobernadores de todo el país ya se habían reunido en julio de este año, también de manera virtual, para impulsar otras iniciativas federalistas como la “Liga de Vicegobernadores” y analizaron soluciones para los problemas surgidos a raíz de la pandemia.

Legislaturas Conectadas es una iniciativa federal que busca aportar al fortalecimiento institucional de los parlamentos y a la visibilidad de la función legislativa y de sus protagonistas, con miras a optimizar la comunicación con la ciudadanía. Por ese motivo, el encuentro será transmitido en vivo por el canal oficial de YouTube de Legislaturas Conectadas y compartido por los distintos parlamentos y medios de comunicación de la red.

Con la intención de intercambiar experiencias y favorecer el trabajo conjunto, el vicejefe de Gobierno de la Ciudad y presidente de la Legislatura porteña, Diego Santilli, participará este viernes a las 10 del segundo encuentro del Foro Federal de Autoridades Parlamentarias, en el que también participarán vicegobernadores de todo el país.

El encuentro virtual será transmitido por Zoom, siendo la sede técnica la Honorable Cámara de Senadores de Mendoza y el anfitrión y moderador, el vicegobernador de la mencionada provincia, Mario Abed, quien estará acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

En esta oportunidad los temas ejes propuestos para su debate son: impacto de la pandemia en la modernización legislativa, y cambio climático y legislación.

Cabe recordar que los vicegobernadores de todo el país ya se habían reunido en julio de este año, también de manera virtual, para impulsar otras iniciativas federalistas como la “Liga de Vicegobernadores” y analizaron soluciones para los problemas surgidos a raíz de la pandemia.

Legislaturas Conectadas es una iniciativa federal que busca aportar al fortalecimiento institucional de los parlamentos y a la visibilidad de la función legislativa y de sus protagonistas, con miras a optimizar la comunicación con la ciudadanía. Por ese motivo, el encuentro será transmitido en vivo por el canal oficial de YouTube de Legislaturas Conectadas y compartido por los distintos parlamentos y medios de comunicación de la red.

A fin de avanzar hacia una sociedad más equitativa, la diputada de la UCR-Evolución Manuela Thourte presentó en la Legislatura porteña una iniciativa de ley que tiene por objeto promover la paridad de género en la designación e integración de los órganos de administración y fiscalización de las empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado de la Ciudad tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

El texto plantea que esas organizaciones y sociedades presenten una composición que respete la paridad de género, es decir con la misma cantidad de miembros mujeres que de varones. Si la cantidad de miembros a cubrir fuera de número impar, la diferencia entre el total de mujeres y varones no podrá ser superior a uno.

En caso de renuncia, remoción, muerte, inhabilidad o incapacidad permanente de la persona designada en el órgano de administración y/o fiscalización, la medida sostiene que se la sustituirá una persona de su mismo género. Asimismo establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en el órgano de administración.

Sobre esa misma línea, la radical afirmó que “el derecho a la igualdad, que busca promover este proyecto, implica el reconocimiento del ejercicio de derechos sustanciales en forma igualitaria y sin discriminación por razones de género, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género” y recordó varias normativas que establecen ese derecho, no obstante señaló que “la presencia más bien escasa de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica son demostraciones de cómo la igualdad plena y efectiva entre mujeres y varones, a la que debemos aspirar, dista aún de completarse y es por lo que se requiere la elaboración de nuevos mecanismos jurídicos que la garanticen”.

Además señaló que “el sistema de indicadores de Género BA muestra las diferencias que existen entre las mujeres y los varones de la Ciudad de Buenos Aires, en diversos aspectos de la inserción laboral y brecha salarial. Por ejemplo, la tasa de desocupación de las mujeres (9,2%) es mayor a la de los varones (7%), a la vez que la participación en puestos de dirección por parte de las mujeres es inferior” e indicó que “la brecha de género llega, en determinados sectores como el comercio, al 31,3%”.

A la vez que destacó que “tan sólo el  20,8% de las gerencias y direcciones de empresas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentran ocupadas por mujeres: este porcentaje da cuenta de la escasa participación de las mujeres en los puestos de tomas de decisión en el ámbito económico-empresarial de la Ciudad, tratándose de un asunto que debe ser atendido”.

“Por todo lo expuesto, y en pos de garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales en términos de igualdad real de oportunidades, para así  eliminar la discriminación contra la mujer en el ámbito de las estructuras societarias en las que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires forma parte, se propone la paridad de género corporativa: con el fin de  asegurar la plena participación y desarrollo de la mujer en la esfera de la vida económica y social”, sentenció Thourte.

Desde hace algunas semanas la Ciudad de Buenos Aires y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, mantienen una tensa puja por la Coparticipación que percibe el distrito capitalino. Es que el mandatario decretó la reducción de la misma debido a que consideró que hubo un mal cálculo durante el traspaso de la Policía Federal a la órbita de la Capital Federal, el cual luego se vio profundizado por un proyecto que envió al Senado y que ahora aguarda a ser debatido en la Cámara baja.

Es por ello que el presidente de la Comisión de Presupuesto y legislador de Vamos Juntos, Claudio Romero, dialogó con Parlamentario acerca de esta determinación presidencial, el impacto que la misma provoca en las arcas de la Ciudad y las dificultades que atraviesa el Ministerio de Hacienda y Finanzas para poder realizar el Presupuesto 2021.

En cuanto al debate acerca de la Coparticipación, el oficialista explicó que “nosotros tenemos un porcentaje de la coparticipación que es de 3.5, conformado por 1.4 inicial y el 2.1 del traspaso del servicio de la Policía a la Ciudad, tal y como lo establece la Constitución en su artículo 75” y aclaró que “el mismo establece que cada vez que el Gobierno nacional transfiere un servicio o descentraliza alguna de las cuestiones que funcionan en una provincia o jurisdicción, tiene que transferir los fondos; de ahí sale el famoso 2.1”.

Al mismo tiempo que precisó que “el Gobierno nacional entiende otra cosa, entiende que está sobrevaluado el traspaso de la Policía, yo creo que no es así. Ellos prestaban un muy mal servicio en la Ciudad, sumamos un montón de gente con muy mal equipamiento, con una mala instrucción… nosotros logramos armar un sistema de seguridad que han votado la mayoría de los diputados”.

No obstante, Romero señaló que “es un sistema de seguridad integral que no está conformado solamente con los recursos humanos, que son muy importantes, sino que también cuenta con equipamiento, instrucción, práctica de tiro, indumentaria apropiada, patrulleros, cámaras y un Ministerio Público Fiscal, que en la Ciudad es parte de ese sistema”.

“Es decir, la Ley del sistema de seguridad integral es mucho más extenso que lo que plantea el Código Contravencional en cuanto a su estructura. Contemplar solo el sueldo de la policía es una lectura reduccionista”, aseveró.

Un recorte “intempestivo”

Sobre esa misma línea, el legislador reflexionó acerca del impacto que generará para la Ciudad la reducción de la Coparticipación y advirtió que “el recorte del presidente con ese decreto tan intempestivo, la Ciudad pasaría a tener una Coparticipación del 2.32, eso de acá a fin de año significa una rebaja diaria de poco más de 150 millones de pesos, lo que significa unos 13 mil millones de pesos”.

Además aseguró que “el proyecto que aprobó el Senado es una barbaridad y una aberración jurídica mucho peor, porque nos deja con una base de 24.500 millones de pesos nada más para el servicio de seguridad, y año a año hay que discutirlo con el Gobierno nacional” y remarcó que “estamos frente a gente que no tiene dialogo, que directamente actúa sin avisarte y encima, hay algo que es peor, que es que no está dentro del proyecto del Presupuesto sino que está como un ATN, es como si fuera una ayuda”.

“Un ATN es una aberración jurídica que nos deja mucho peor, esto lo que hace es que estamos al antojo de lo que quiera el presidente que esté de turno y se pierde autonomía en el manejo de la Policía en la Ciudad”, afirmó y consideró que “están avasallando totalmente la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, por eso hasta ahora se han hecho dos planteos jurídicos: uno fue una cautelar, para pedir el corte de este recorte diario en los ingresos, para que nos den los ingresos que nos tenían que dar; y la otra es una medida de fondo, que puede tardar mucho más tiempo, que es la que tiene que ver con la discusión de este tema de manera imparcial”.

Al mismo tiempo que se mostró sumamente preocupado por el avance de esa iniciativa, ya que subrayó que “si sale la ley en Diputados de la misma manera en la que la aprobó el Senado, lo más probable es que nosotros volvamos a hacer un nuevo planteamiento jurídico ante la Corte” e insistió en que “no puede existir una ley que vaya por arriba de la Constitución que tiene un rango superior, por lo cual en el Senado están utilizando su mayoría automática para llevar adelante este avasallamiento a la Constitución”.

Además Romero resaltó que “según lo que firmó el presidente la Ciudad estaría perdiendo 53 mil millones de pesos y si sale la ley que ya aprobó el Senado, sería una perdida mucho mayor que iría entre diez mil y 15 mil millones más”.

Las razones detrás de la reducción

Al ser consultado acerca de su opinión sobre los motivos que podrían haber llevado a Fernández a tomar la decisión de reducir la Coparticipación, el oficialista consideró que “este espacio político está acostumbrado a que cuando tiene un conflicto, resuelve las situaciones con otro conflicto: estaba frente a una situación grave y que es un problema de la Provincia de Buenos Aires, tienen un muy mal gobernador que no puede manejar nada y estaba la Quinta de Olivos rodeada de policías haciendo un reclamo justo pero indebido porque ese no es el lugar para ir a reclamar”.

A su vez manifestó que “resolvieron un conflicto con otro, quisieron tapar el sol con un dedo, tapar el conflicto con la Policía bonaerense, la mala gestión que tienen en la provincia… es un distrito al que se le ha dado más del 800% de lo que se le ha dado el año pasado en cuanto a los ingresos” y destacó que “la verdad que a nosotros nos hace un daño terrible lo que hace el presidente, el conflicto de la Provincia lo podría haber resuelto sin sacarle plata a la Ciudad”.

“El Gobierno nacional ha tenido una serie de desaciertos políticos que los está llevando a que la Argentina sea Venezuela jurídicamente, porque lo que no tenemos es ninguna certeza sobre ninguna cuestión jurídica. La gente ya no confía, les piden ahorrar en pesos y el peso se devalúa cada día, la gente en nueve meses perdió mucha de su capacidad económica”, aseveró.

En ese contexto, el diputado también se refirió a las encuestas que ubicaban al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, por encima de la figura del máximo mandatario. “La gente lo ha puesto a Horacio en ese lugar, no es algo que él ha pedido. El enemigo no es Horacio, están tomando como enemigos a las más de siete millones de personas que viven y vienen a diario a la Ciudad trabajar y estudiar”, explicó.

Asimismo consideró que está disputa que mantiene el Gobierno nacional con el Ejecutivo porteño pudo haber afectado el dialogo para coordinar políticas publicas relacionadas con la pandemia del Covid 19. “Yo creo que toda esta situación afecta al dialogo que venían teniendo por la pandemia, ellos necesitaron durante mucho tiempo que Horacio estuviera en las fotos porque la Ciudad fue el único distrito que gestionó correctamente la pandemia y ahora está claro –por la cantidad de casos diarios y el pico que es eterno- que hubo una incapacidad para mejorar el sistema de salud, nos damos cuenta que es mentira y que hacen un subregistro, son chicos traviesos los de la Provincia de Buenos Aires”, aseveró.

La demora en el Presupuesto

En otro orden de cuestiones, Romero se refirió a la petición del ministro Martín Mura de demorar la presentación del Presupuesto 2021 en la Legislatura porteña y aseguró que tuvo que ver con “todos estos recortes que no nos permiten tener una claridad sobre cuál va a ser nuestro gasto, no sabemos sobre qué base hacer este presupuesto; para nosotros es importante el Presupuesto, no como el espacio que gobierna que sabe que el presupuesto es un dibujo”.

Sobre esa misma línea indicó que “nosotros venimos demostrando año a año que tenemos un cumplimiento del 95% en el Presupuesto, por eso planificar es importante y tener un control de gestión para que esa planificación se lleve a cabo es la base de nuestro éxito, es la base de la eficiencia y no de la opulencia” e insistió en que “como ellos no creen en ninguna de las partidas, cambian todo el tiempo… a ellos no les importa el Presupuesto, para nosotros es fundamental”.

“Hasta que no sepamos a que nos enfrentamos, no se va a presentar el Presupuesto pero tenemos la tranquilidad –porque nos las ha dado el jefe de Gobierno- de que habrá cuatro áreas que no se verán afectadas: salud, educación, desarrollo humano y seguridad”, resaltó y aclaró que “obviamente, post pandemia estas áreas tendrán el presupuesto adecuado, lo más afectado será la obra pública porque prácticamente no habrá obras nuevas y el mantenimiento, vamos a tratar de mantener un mantenimiento básico pero no va a poder ser igual que el que veníamos teniendo”.

A su vez manifestó que “la idea es, dentro de lo que podamos, terminar las obras que ya están iniciadas. El resto de las áreas tendrán que revisar sus presupuestos, contratos y empezar a usar el ingenio para ver como seguir adelante”.

En cuanto a la tradicional ronda de presentación del Presupuesto en la que funcionarios de todas las áreas se presentan en la Legislatura para dar a conocer sus proyecciones presupuestarias, Romero concluyó advirtiendo que “no sabemos si se podrá hacer, todo depende del momento y cuando se presente el Presupuesto; nosotros siempre tenemos la intención de que esto suceda pero mientras más se demore la toma de decisiones en la Corte y demás, vamos a estar complicados, nosotros queremos resolverlo cuando antes. Si no sabemos que ingresos vamos a tener, es muy difícil poder proyectar”.

Los diputados porteños del Frente de Todos (FdT) participaron de un acto junto al ministro de Educación, Nicolás Trotta, en el cual firmó un convenio para llevar adelante un programa de promotores educativos con el objetivo de acompañar a los estudiantes del nivel primario del barrio.

El programa contará con el apoyo del Ministerio de Educación de la Nación, que les brindará una beca a las estudiantes que formen parte del programa. Los encargados de realizar el seguimiento serán estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente Dora Acosta (A-1522s) funciona desde hace seis años en el Barrio Padre Carlos Múgica; además colaborarán con el vínculo con su docente y fortaleciendo su trayectoria.

Durante el lanzamiento, Trotta afirmó que “es fundamental el rol de la comunidad cuando se organiza en pos de un objetivo concreto; tenemos que hacer sinergia entre el Estado nacional y una agenda de construcción de justicia social y de justicia educativa con el objetivo de fortalecer los aprendizajes” y remarcó que “en un momento tan difícil, se consolidó el mayor compromiso de nuestra comunidad educativa, de nuestras maestras y maestros, en este desafío de seguir educando”.

En el mismo sentido, el senador por la Ciudad, Mariano Recalde, sostuvo que “cuando uno ve a la comunidad educativa y al pueblo organizado, cuando uno ve organizaciones de vecinos y vecinas que se juntan para resolver un problema, cuando vemos que hay militancia, uno enfrenta las cosas de otra manera”.

Mientras que la diputada porteña y referente del barrio, María Bielli (FdT), señaló que “estas son las acciones que se necesitan para fortalecer el sistema educativo, una comunidad comprometida y en articulación con la escuela” y remarcó que “el Gobierno nacional realiza en la Ciudad lo que Axel propuso en provincia, incentivar a que los futuros docentes cumplan un rol en esta etapa”.

“En la Ciudad no hubo ninguna política más que las burbujas, que ya sabemos, tienen baja adhesión y en algunos casos resultan riesgosas en términos epidemiológicos”, sentenció.

La firma del convenio se realizó en el jardín de infantes “Sueños Bajitos” y contó con la participación de autoridades del Instituto Superior de Formación Docente “Dora Acosta” y del jardín y promotoras educativas.

También participaron del encuentro los diputados de la Ciudad Lucia Cámpora, Santiago Roberto, Lorena Pokiok y Claudio Ferreño (FdT); autoridades del Ministerio de Educación Nacional: la Subsecretaria de Educación Social y Cultural, Laura Sirotzky;  el Subsecretario de Fortalecimiento de Trayectorias Estudiantiles, Leandro Quiroga y la Directora de Experiencias de Educación Comunitarias y Cooperativas, Natalia Peluso;   docentes y autoridades de escuelas del barrio; referentes de espacios educativos, del programa Paebyt y del comité de crisis. Asimismo, se reunieron con la Red Educativa del Barrio Padre Carlos Múgica.

Con la intención de dar respuestas a los reclamos que vienen llevando a cabo las mujeres y las diversidades, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad presentó una iniciativa en la Legislatura porteña a través de la cual buscará instar al alcalde local, Horacio Rodríguez Larreta, a que implemente las medidas necesarias para la creación de un “Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades”.

En los fundamentos de la medida, el organismo explicó que “la Argentina y la región de América Latina presentan altos niveles de violencias por motivos de género y alarmantes cifras de femicidios, travesticidios y transfemicidios” y remarcó que “los reclamos y demandas de los movimientos de mujeres y personas LGBTI constituyen uno de los fenómenos más visibles de la dinámica social y política de democracias occidentales, poniendo en agenda cada vez con más fuerza la necesidad de mejores y más eficaces políticas de prevención de las violencias por motivos de género y de asistencia y protección de aquellas personas que la atraviesan”.

Asimismo consideraron que “el derecho a vivir una vida libre de violencias y a desarrollar proyectos de vida autónomos y sin discriminación se presenta como una condición indispensable para vivir en sociedades más igualitarias, justas y respetuosas de los derechos humanos de todas las personas y el Estado debe cumplir en ello un rol inexcusable en el reconocimiento y garantía de esos derechos”.

Cabe recordar que en diciembre del año pasado se creó a nivel nacional se creó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, a través del Decreto 7/2019 que modificó la Ley de Ministerios 22.520, y que tiene entre sus funciones el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales para prevenir, erradicar y reparar las violencias por motivos de género y asistir integralmente a las personas en situación de violencias en todos los ámbitos.

“En consideración de la importancia creciente de la creación y profundización de políticas públicas de género que incluyan, además de las temáticas de violencia de género, la cada vez más amplia mirada en los diversos y complejos abordajes en todos y cada uno de los aspectos relacionados con las mujeres e integrantes del colectivo LGTBI es menester la creación de un organismo cuya jerarquía sea acorde con la importancia y urgencia que los problemas de su incumbencia exigen”, señaló y concluyó afirmando que “es imprescindible considerar el abordaje de los problemas que no sólo se relacionan con situaciones de violencia, sino también con aquellos vinculados con cada uno de los diversos quehaceres que involucran la vida de los habitantes de la Ciudad con toda su complejidad y diversidad y que a la vez brinden una posibilidad de atención en todos los ámbitos en los que se requiera”.

Debido al crecimiento de esa atención de modalidad médica, la Comisión de Salud de la Legislatura porteña, presidida por la radical Patricia Vischi (UCR-Ev), se reunió con profesionales de la salud para comenzar el análisis de un proyecto de ley que propone regular y organizar los sistemas de consulta y asistencia médica por medios electrónicos, telemáticos, redes sociales y similares formas de conexión a distancia, lo que se denomina telemedicina.

La telemedicina es una prestación de servicios de salud a distancia, a través de la utilización de Tecnologías de la Información y de la Comunicación emergentes (TICs), destinadas a la información, atención para prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento del estado de los pacientes, así como también a la investigación, educación, formación continuada y evaluación, realizada por  profesionales de salud, con la finalidad principal de facilitar y dinamizar el acceso a la salud, mejorar su calidad, eficiencia e incrementar su cobertura, impulsando con nuevos instrumentos estratégicos la Atención Primaria.

De esta manera, el texto establece que este servicio podrá “ser ofrecidos y prestados por todos los profesionales o equipos requeridos al paciente requirente en forma directa, o bien por medio de interpósita persona que represente al mismo, siempre que se cuente con la autorización expresa del paciente para ello” y prevé que en los “casos en que el tercero actúe por impedimento o incapacidad permanente o transitoria del paciente, sea por razones de edad o estado de salud o bien actúe como responsable en la situación, sin que a tal fin deba acreditar vínculo parental alguno no será necesario el consentimiento manifiesto o expreso del paciente”.

Para garantizar la seguridad de ambas partes -es decir, del profesional de la salud y del paciente- el proyecto exige que exista una “identificación recíproca”, para ello deberán utilizarse siempre herramientas que permitan acreditar fidedignamente la identidad de todas las partes participantes e intervinientes en la comunicación o conexión que garantice la seguridad de ambas partes.

Además plantea que debe “almacenarse la herramienta de información o comunicación utilizada en cada servicio de telemedicina prestado durante la comunicación o conexión y una vez concluida la misma” y sostiene que el profesional siempre deberá dejar almacenada y guardada toda la información relativa al paciente, así como toda su actuación, atención y servicio prestado, entendiendo incluidos los datos personales y clínicos completos, consentimientos informados y acciones.

En cuanto a la seguridad, el proyecto de ley establece que deben tomarse las máximas medidas de precaución técnicas para que la información resida en el repositorio de datos donde está almacenada en forma segura y  protegida de cualquier ataque externo, y asimismo se obtenga de manera rápida y accesible. Siempre debe encontrarse garantizada su integridad, autenticidad y confiabilidad y exactitud.

Sin perjuicio de las obligaciones de los profesionales o equipos de salud establecidas en los incisos anteriores, se establece que en caso de existir dificultades, desperfectos tecnológicos o cualquier cuestión técnica o relativa a la conexión en la comunicación o sistema de información utilizado en la prestación, externo y ajeno al profesional, y que le impida según su exclusivo criterio desarrollar su tarea o mantener una comunicación acorde, este no incurrirá en responsabilidad profesional ni legal de ninguna índole por no dar curso o no proseguir con el proceso virtual.

La iniciativa en cuestión había sido impulsada meses atrás por la exministra de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Ana María Bou Pérez (VJ), en coautoría con Claudio Romero (VJ), presidente de la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria.

De la reunión -que en parte fue virtual y en parte presencial- tomaron parte el Dr. Daniel Barbagallo, que es el titular de la Asociación Civil de Telemedicina (ACTRA), una entidad que nuclea a los principales sanatorios privados del país, y la directora general de Sistemas de Información Sanitaria y médica informática, Dra. Analía Baum.

Otos expositores fueron el Dr. Adrián Gindin, profesor de bioética y secretario de tecnología educativa de la Facultad de Medicina de la UBA; el Dr. Esteban Figueroa, docente de bioética de UBA y UCA e investigador en administración de laboratorios, y la Dra. Marisa Aizemberg, abogada especialista en derecho civil y graduada en administración y conducción de hospitales.

A un mes de que la Legislatura porteña abriera el debate, la Comisión de Salud –presidida por Patricia Vischi (VJ)- convocó a una nueva reunión para este miércoles a partir de las 12, a fin de que los diputados continúen con el análisis de un proyecto de ley que tiene por objeto establecer un marco regulatorio para el acceso informado y seguro como recurso terapéutico, la investigación, el uso científico y la producción pública del Cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud.

El texto también plantea la adhesión de la Ciudad al régimen establecido en la Ley Nacional Nº 27.350 de “Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados”.

Asimismo plantea la incorporación al Sistema de Salud Pública y sus respectivos efectores, hospitales y centros de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Ob.S.B.A.) el medicamento paliativo de Cannabis y sus derivados, de entrega gratuita “para el tratamiento médico de convulsiones, crisis motoras, dolores crónicos, náuseas y vómitos derivados de quimioterapia y otras afecciones relacionadas con enfermedades tales como Epilepsia Refractaria, Síndrome de West, Cáncer, VIII-SIDA, Esclerosis Múltiple, Autismo y enfermedades psiquiátricas como Esquizofrenia, entre otras afecciones y patologías”.

El proyecto en cuestión también legislaría sobre las investigaciones acerca del cannabis y el desarrollo y producción públicos de este medicamento. A su vez crea el registro de cultivadores solidarios, cannabicultores y familias del cannabis.

Cabe destacar que el debate al respecto comenzó el pasado 29 de septiembre, cuando la Comisión de Salud se reunió con el neurólogo infantil del Hospital Gutiérrez, Carlos Magdalena; el pediatra del Hospital Durand y profesor universitario de bioética, Adrián Guindin; el psicólogo y funcionario del Ministerio de Salud porteño, Guido Ravale; representantes de una asociación de cultivadores, de “madres cultivadoras” agrupadas que usan el cannabis o sus derivados para las dolencias de sus hijos y otros portavoces de colectivos sociales.

La diputada de Vamos Juntos (VJ) Cecilia Ferrero presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración a través del cual buscará expresar su profundo pesar por el asesinato de tres ciudadanos franceses, ocurrido el pasado 29 de octubre en la Basílica de Notre Dame en la ciudad de Niza en Francia, y expresa su más enérgico repudio al ataque terrorista, así catalogado por las autoridades francesas y europeas, perpetrado contra la sociedad francesa.

En los fundamentos de la medida, la oficialista recordó que “este brutal ataque fue perpetrado dentro de la Basílica de Notre Dame, un lugar sagrado para la comunidad católica de esta ciudad costera, situada en la región de los Alpes Marítimos de la Riviera Francesa” y aseveró que fue “un ataque directo contra los valores y creencias de toda sociedad civilizada que debe ser repudiado de forma tajante y sin ambigüedades”.

Sobre esa misma línea indicó que “fue un jueves negro para Francia; además del atentado en Niza, la policía redujo a otro hombre armado en la ciudad de Lyon (Francia) y en Yeda (Arabia Saudí), un vigilante del consulado francés también fue atacado en un hecho que está siendo investigado también bajo la sospecha de haber sido un ataque terrorista”.

Cabe señalar que dos semanas antes de este ataque, también había sido asesinado Samuel Paty, un profesor de secundaria asesinado a la salida del colegio Bois-d’Aulne en la localidad de Conflans-Sainte-Honorine, una tranquila localidad residencial a las afueras de París. El hecho fue catalogado como “acto terrorista” tras comprobarse que el profesor fuera asesinado de forma premeditada. “Paty era profesor de Historia y, al abordar la temática de Libertad de Expresión en una de sus clases, mostró una caricatura de Mahoma de la revista satírica francesa Charlie Hebdo, hecho que lo sentenció de muerte, el pasado 16 de octubre, a manos de uno de sus estudiantes al salir de la escuela”, destacó Ferrero.

“El mundo sigue siendo desafiado por la barbarie y el terror; vivimos tiempos donde debemos mantenernos unidos en la defensa de la libertad y en el inequívoco repudio al terrorismo en cualquiera de sus formas. Nuestra obligación es condenar los actos que atenten contra dos de nuestros valores fundamentales: la libertad y la vida”, sentenció.

La medida también lleva la firma de Jorge Apreda, Claudio Cingolani, Juan Facundo Del Gaiso, Natalia Fidel, María Luisa González Estevarena, Reyes y Claudio Romero (VJ).

A pocas semanas de que el Gobierno de la Ciudad estableciera la presencialidad de las clases para los alumnos que no tuvieron conectividad con el colegio, la vicepresidenta primera de la Comisión de Educación y diputada del Frente de Todos (FdT), Lorena Pokoik, impulsó en la Legislatura porteña dos pedidos de informes para indagar sobre los primeros contagios de coronavirus en escuelas, que se produjeron en el marco de las jornadas de revinculación pedagógica.

De esta manera el Ejecutivo porteño deberá responder sobre el protocolo de prevención aplicado en cada institución; si el trabajador/a tuvo contacto estrecho con el personal docente, no docente o miembros de la comunidad educativa de la institución en los últimos diez días; si esto ocurrió deberá informar las acciones realizadas para aislar a dichas personas, como así también las acciones que se llevaron adelante una vez conocido los caso.

En ese sentido, la legisladora señaló que “este 27 de octubre nos enteramos que la casera de la escuela primaria N° 10 D.E. N° 11 Ing. Octavio Pico dio positivo de Covid -19 a raíz de realizarse el test previo a una intervención quirúrgica que tenía programada” y añadió que “también conocimos por diferentes medios, que dos trabajadoras de la escuela Técnica N° 14 D.E. N° 5 Libertad también dieron positivo. Lo grave del caso es que ambas tuvieron contacto con el personal de conducción, docentes y estudiantes”.

Asimismo manifestó que le “preocupa mucho el silencio por parte del gobierno porteño sobre este tema, estos pedidos de informes es un llamado urgente a conocer todos estos datos como así también el estado actual de salud de las y los trabajadores afectados” y precisó que “cada día que pasa queda más en evidencia que este retorno fue solo para la foto y las cámaras de televisión, ya que la implementación de dichas actividades no dejan de ser   improvisadas y muy poco planificadas como nos manifiestan los diferentes actores de la comunidad educativa”.

Sobre esa misma línea, Pokoik remarcó que “un dato a tener en cuenta, hasta la fecha 8 instituciones no abrieron sus puertas por falta de insumos de limpieza, y otras 16 por falta de alumnos. Asimismo en una escuela artística se tuvo que suspender la burbuja ya que solo había asistido una sola estudiante”.

“Instamos al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y a su ministra de Educación e Innovación, María Soledad Acuña, a que dejen de lado el relato y tomen conciencia de la gravedad de los hechos, dando marcha atrás con la apertura de instituciones educativas”, sentenció la kirchnerista.

Tal como lo adelantó parlamentario.com días atrás, la Comisión de Planeamiento Urbano –presidida por la oficialista Victoria Roldán Méndez (VJ)- comenzó este viernes el proceso de debate acerca de un proyecto de ley a través del cual se buscará avanzar con la construcción de la nueva cancha del club San Lorenzo en el predio ubicado en Avenida La Plata 1600/1700, en el barrio de Boedo.

En el encuentro de modalidad mixta estuvieron presentes varios representantes del club, entre ellos el presidente de esa institución deportiva, Marcelo Tinelli; el vicepresidente, Horacio Arreceygor; y el secretario Miguel Mastrosimone.

El debate de la iniciativa se dio en medio de un fuerte conflicto con los vecinos, ya que una parte de los mismos se manifestó en contra de la misma y exigieron que en el predio se cree un nuevo espacio verde; mientras que otra parte de la ciudadanía expresó su apoyo a la propuesta de San Lorenzo y aseguraron que permitirá reactivar la actividad económica en la zona.

De esta manera quienes se mostraron en contra aseguraron que “una cancha traería ruido, cortes de calles, vibraciones, trapitos y suciedad. Tengo dos hijas adolescentes, estoy muy preocupada, les pido que no avancen con este proyecto” e insistieron en que “los vecinos estamos en contra de que la idiosincrasia de nuestro barrio sea destruida por la llegada de un nuevo estadio, que colapsará aún más los servicios. No a la rezonificación, no al estadio, no queremos esta rezonificación nosotros lo que queremos es más espacios verdes, los cuales ya no alcanzan”.

Mientras que otra parte de los vecinos explicaron que “San Lorenzo no quiere solamente mudar un estadio, quiere volver a darle vida al barrio y no creemos que haya motivos valederos para oponerse a esto” y pidieron que le “restituyan a San Lorenzo lo que la dictadura le robó, sí a la rezonificación; tienen la posibilidad histórica de ayudar a finalizar un proceso histórico, que lleva ya muchísimos años… los socios queremos que esto suceda. La apertura de un nuevo estadio permitirá la creación de nuevos comercios, lo cual también generará muchísimos nuevos empleos”.

De los representantes del club, el primero en tomar la palabra fue Mastrosimone aseguró que “San Lorenzo y Boedo son indisolubles desde 1916, épocas en las que se inauguró el viejo Gasómetro; el barrio fue creciendo a la par del estadio, que se convirtió en un verdadero templo para la zona”  y recordó que “hay miles de historias de los vecinos con el club, porque es justamente el club el vecino más antiguo de Boedo. Les pedimos que piensen en lo que nos pasó: nos arrebataron nuestro lugar, nuestro estadio, nuestro barrio… la excusa fue que se iban a abrir calles y construir una escuela, algo que nunca ocurrió”.

“Las nuevas generaciones queremos recuperar nuestra identidad y pertenencia, lo queremos por nosotros y por nuestros antepasados”, manifestó y recordó que para recuperar las tierras en donde se irguió el antiguo estadio, los hinchas compraron un simbólico metro cuadrado. También detalló una serie de actividades sociales y de beneficencia que llevaron a cabo en los últimos años.

Asimismo remarcó que “estamos presentando un proyecto superador, que nos llevó varios años poder hacerlo; es un proyecto integral que impactará muy positivamente en Boedo y barrios aledaños, e inclusive creemos que tendrá impacto para toda la Ciudad” y aseguró que la rezonificación permitirá que “no gane la impunidad de la dictadura”.

En tanto el protesorero del club, Sergio Constantino, indicó que “queremos ser el primer club de la Argentina que lidere un proceso coparticipativo plural, innovador y cercano donde las ideas, inquietudes, experiencias y opiniones de los vecinos, vecinas y organizaciones sociales construyan con el club un vínculo de confianza para desarrollar un proyecto integral que mejore el barrio” y destacó que “este proceso participativo llevó a que se realizaran 17.653 llamados telefónicos y 4.350 encuestas”.

Al mismo tiempo que detalló que de las reuniones que realizaron con los vecinos se obtuvo como resultado que la mayor preocupación tiene que ver con la seguridad, así como también con la creación de nuevos puestos de trabajos y comercios. Además destacó que tras los encuentros, el 73% de los vecinos consideraron que en el barrio hacía falta un proyecto integral.

“Boedo pide honrar el legado y su historia barrial; los vecinos esperan más que un estadio, quieren espacios de recreación y que les permita realizar actividades culturales; construir en comunidad un proyecto integral; más inversión social y empleo; y más espacios verdes”, señaló.

Sobre esa misma línea Constantino aseguró que “será la inversión privada más grande de los últimos años ya que se generarán 1500 puestos de trabajo, se invertirán 80 millones de dólares, participarán 42 gremios, entre otras cuestiones”.

Durante la reunión Manuel Socías (FdT) –el legislador que levantó el proyecto del club- explicó que “este proceso lleva ya más de cuarenta años y hoy estamos entrando en esta etapa final. La Legislatura ya se puso de acuerdo en que San Lorenzo tiene que volver a los predios de Av. La Plata, esto no es un dato menor; la expropiación de ese predio no le costó un peso a la Ciudad, lo pagaron sus socios, quienes lo hicieron por amor y eso no puede soslayarse” y destacó que “vamos a tener un nuevo Boedo gracias al proyecto que está proponiendo San Lorenzo, hace años que la zona sur no tiene una inversión tan grande”.

Además otros diputados realizaron diversas preguntas técnicas para los representantes del club, a quienes les consultaron sobre la forma en la que se dispondrían los accesos al estadio, como se erguirían los nuevos espacios verdes, entre otras cuestiones.

En la reunión estuvieron presentes los diputados Ana María Bou Pérez, Cristina García, Agustín Forchieri, Carolina Estebarena, María Luisa González Estevarena, Jorge Apreda, Gonzalo Straface, Hernán Reyes, Esteban Garrido, Cecilia Ferrero, Daniel Del Sol, Guillermo Suarez, María Sol Méndez (VJ), Claudia Neira, Matías Barroetaveña, Manuel Socías (FdT), Ariel Álvarez Palma, Martín Ocampo, Inés Gorbea (UCR-Ev) y Sergio Abrevaya (GEN).

El proyecto

El futuro estadio comenzó a gestarse en el año 2012 con la Ley de Restitución Histórica que aprobó la Legislatura por unanimidad, mediante la cual se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el predio de Avenida La Plata Nº 1624, entre Las Casas e lnclán, en la Comuna 5.

La intención de San Lorenzo no es avanzar solamente en la construcción de un nuevo estadio de fútbol, hecho que podrá realizarse una vez que se apruebe el proyecto, sino que el club propone potenciar el barrio y sus alrededores, con el desarrollo de un Polo Social, Cultural y Deportivo que abarcaría a la Comuna 7 (Flores y Parque Chacabuco).

Se contempla una nueva cancha, con capacidad para unas 42 mil personas y un concepto 365 para beneficio vecinal, albergando otros usos como comercios, jardín de infantes, escuela primaria y secundaria, una delegación del Gobierno de la Ciudad, un establecimiento policial, una biblioteca y un museo.

Según establece el proyecto el club también agrandará el cupo de becas para chicos y adolescentes de bajos recursos y crecerán los talleres sociales, que actualmente desarrolla para la comunidad de las zonas aledañas al Estadio “Pedro Bidegain” abarcando primera infancia, alumnas madres y apoyo escolar.

En función de esto, el texto plantea que el predio se dividirá en cuatro grandes zonas: la primera de ellas, estará destinada a espacios verdes o parquizados de dominio privado de uso público y acceso libre con control de acceso, admitiéndose estacionamientos y áreas de servicios y usos complementarios, bajo cota de parcela.

Mientras que la segunda zona también contará con espacios verdes de acceso público, pero también tendrá un espacio de equipamiento educacional y para eventos culturales, deportivos, artísticos y sociales de interés ciudadano admitiéndose estacionamientos bajo cota de parcela. y ocupación transitoria de instalaciones destinadas a eventos puntuales de interés cultural, deportivo, artístico y social.

En este caso se permitirá que las construcciones alcancen hasta un 60% del total de la zona y contempla una mixtura de usos, por lo que podrá construirse allí: establecimientos educativos, deportivos, de lectura, de fiestas o diversión, juego, residencias para estudiantes y deportistas, empresas, viviendas, entre otros.

Por otro lado, la tercera zona estará destinada a la localización de equipamiento administrativo, residencial, comercial e institucional a escala local. Es así que se permitiría el emplazamiento de locales abasto y alimentos, gastronómicos, farmacias, de indumentaria y calzado, joyerías, remates, entre otras actividades.

En tanto la cuarta zona será de escala urbana y usos deportivos, comerciales y culturales complementarios de escala barrial, por lo que además de varias de las actividades ya mencionadas, permitirá la instalación de establecimientos sanitarios, destacamentos policiales y oficinas administrativas.

NOTICIA EN DESARROLLO

El diputado del Frente de Todos (FdT) y miembro de la Comisión de Tránsito y Transporte, Juan Manuel Valdés, presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley destinado a ampliar la actual red de ciclovías en avenidas de la Ciudad de Buenos Aires y que solamente sean mano única.

También se busca establecer un criterio para ampliar la red para que se conecte e integre la Ciudad y que vecinos y organizaciones participen delineando circuitos turísticos, comerciales y/o recreativos en todas las comunas. Además la iniciativa contempla la publicación trimestral  en el Boletín Oficial de la Ciudad sobre el plan de ampliación, readecuación y/o remoción de ciclovías, bicisendas y ciclocarriles que componen la Red Integral y Permanente para la Circulación de Bicicletas, además de las estaciones de distribución y estacionamiento de unidades del Sistema de Transporte Público en Bicicleta (STPB).

En los fundamentos del proyecto, Valdés expresó que “el auge de la utilización de la bicicleta como medio de transporte es un fenómeno al que asistimos en todas las grandes ciudades del mundo” y aseguró que “con motivo de la pandemia, gran parte de la sociedad intenta evitar el uso del servicio de transporte público en trenes, subtes y colectivos, entendiendo a la bicicleta como la mejor alternativa”.

“Este fenómeno no es ajeno a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el uso de la bicicleta como medio de transporte creció más del 100% respecto al año anterior; por eso entendemos necesario poner en discusión y modificar el paradigma sobre el que está construida la infraestructura del Sistema Público de Bicicletas de la Ciudad”, detalló.

Sobre esa misma línea, el legislador explicó que “es imprescindible plantearnos que hoy la bicicleta ya no es solamente una alternativa de transporte frente a los demás servicios de transporte público, sino que es una realidad de un conjunto de trabajadores y trabajadoras que utilizan este medio para trasladarse a sus lugares de trabajo” y aseveró que “la prioridad debe ser la construcción de ciclovías sobre avenidas que permitan una mejor conectividad y capacidad de flujo entre las distintas zonas de la Ciudad hacia el Microcentro porteño, así como, entre Norte y el Sur”.

Para finalizar Valdés sostuvo que con esta iniciativa “proponemos consolidar diferentes circuitos turísticos, recreativos y comerciales en todas las Comunas porteñas” y consideró que es un “trabajo para el cual es esencial la articulación con las diferentes autoridades comunales, asociaciones civiles, cámaras de comerciantes, trabajadores/as y vecinos/as en su totalidad, garantizándoles plena participación en el proceso de planificación y consolidación de dichos circuitos, lo cual también va a fomentar una mayor apropiación del espacio público y conciencia en su uso”.

“Buscamos jerarquizar y realizar un adecuado seguimiento de las políticas públicas que hacen a la movilidad en bicicleta, entendiendo que se trata de una de las directrices que la Ciudad de Buenos Aires debería adoptar”, sentenció.

A más de siete meses de haber iniciado el aislamiento social obligatorio, el diputado del Frente de Todos (FdT) Santiago Roberto presentó un proyecto de ley a través del cual buscará eximir del pago de deudas por Ingresos Brutos (IIBB) de asociaciones civiles, fundaciones, sociedades de fomento y cualquier otra figura de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL).

La iniciativa plantea condonar las deudas que estas asociaciones hayan contraído hasta el 1 de octubre de este año, cuyo monto sea menor a las cinco mil unidades fijas –es decir, 107 mil pesos-, en el estado en que se encuentren (pendientes, judicializadas o en proceso de serlo).

En tanto para quienes registren deudas superiores a las cinco mil unidades fijas, el texto prevé generar un plan para la financiación de las referidas deudas, a sola firma, en 24 cuotas iguales y consecutivas, a tasa 0% y con un período de seis meses de gracia para el pago del primer vencimiento.

De esta manera, en los considerandos de la iniciativa, Roberto recordó que “si bien no hay un organismo que pueda registrar palpablemente la cantidad de ONGs que se encuentran en actividad, por la información recabada en distintas reuniones que mantenemos con muchas de ellas, podemos estimar que hay aproximadamente entre mil y dos mil en actividad, de las cuales un importante porcentaje (alrededor del 80%) se encontraría con problemas en sus estados contables en relación a los Ingresos Brutos”.

Asimismo señaló que “las deudas de las que estamos hablando son iguales o menores cinco mil unidades fijas equivalentes al presente a unos 110 mil pesos; el impacto en el presupuesto sería de unos 90 millones de pesos que, prorrateado en 12 meses daría un importe mensual de unos 7.5 millones de pesos (el impacto total sería de un 0,018% del presupuesto de la Ciudad)”.

“La pandemia, obviamente, contribuyó al empeoramiento general de la situación y provocó que alrededor de 250 mil porteños y porteñas de clase media cayeran en la pobreza. Según la Dirección General de Estadística y Censos (DGEC) de la Ciudad la indigencia alcanza al 15,70% y la pobreza al 33,6% de los porteños y porteñas al segundo semestre de 2020”, aseveró Roberto  concluyó señalando que “en lo que respecta al trabajo, el nivel de desocupación en la Ciudad es el más alto desde el 2002. En el segundo trimestre de 2020 el promedio subió al 14,7% pero en la zona sur llegó al 21% y en las mujeres al 15% (DGEC). Además de esto, en la Ciudad de Buenos Aires se perdieron entre marzo y junio más de 56 mil puestos de trabajo (Centro de Estudios Metropolitanos – CEM)”.

La medida también lleva la firma de la vicepresidenta segunda de la Legislatura porteña, María Rosa Muiños (FdT), y el legislador Matías Barroetaveña (FdT).

Los legisladores de la Ciudad aprobaron –este jueves- por unanimidad la eximición del pago de los Derechos de Delineación y Construcción , Tasa por Servicio de Verificación de Obra y el Derecho para el Desarrollo Urbano y el Hábitat Sustentable, establecidos en  Código Fiscal, a todas aquellas entidades deportivas sin fines de lucro inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas (RUID).

La normativa también plantea la condonación de esos impuestos cuyo hecho imponible se hubiere configurado desde entre 2015 al 2020, ambos inclusive, que regularicen la o las obras en contravención, de acuerdo al Código de Edificación aprobado por la Ley Nº 6.100, antes del 31 de diciembre de este año.

En los fundamentos de la medida, los legisladores explicaron que “la inscripción en el Registro Único de Instituciones Deportivas constituye un requisito indispensable para acceder a los programas, subsidios, y cualquier otra medida adoptada e impulsada por el Gobierno de la Ciudad en beneficio de las instituciones deportivas y de la promoción de sus actividades deportivas y físico recreativas” y remarcaron que “la norma proyectada contempla exenciones  por el plazo de un año, a todas las instituciones deportivas sin fines de lucro inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas, con el objeto de incentivar la realización de mejoras en la infraestructura deportiva de la Ciudad y profundizar la legislación que fomenta el deporte”.

Durante el debate, el diputado Matías López (VJ) explicó que “los clubes siempre tienen problemas de espacio y van creciendo en la medida que pueden, lo hacen con mucho esfuerzo y ayuda del Estado, los vecinos y sus socios” e indicó que “no se hace de manera planificada u organizada, se hace cuando se puede… hay muchas historias en las que se cuenta que se hacían fiestas y la entrada eran ladrillos o material”.

Por su parte Sergio Abrevaya (GEN) manifestó que viene “impulsando la reactivación económica con las desgravaciones impositivas y las habilitaciones para poder trabajar. En este caso, los clubes quedan eximidos de pagar por obras y refacciones que estuvieron haciendo; si no han podido trabajar, no se les puede cobrar” y consideró que “hay que intentar, incluso, buscar alguna desgravación más y seguir ayudando a los clubes de barrio de la Ciudad de Buenos Aires que hacen un gran trabajo local”.

En ese mismo sentido, el radical Juan Francisco Nosiglia (UCR-Ev) recordó que “el apoyo a los clubes de barrio es una política que venimos sosteniendo hace varios años, creemos que hay que impulsarlo aún más, por eso apoyamos este tipo de medidas” y aseveró que “ahora tenemos que avanzar con la condonación de las deudas que en estos meses de cuarentena han contraído, eso requiere un gran compromiso del Gobierno nacional”.

En la sesión ordinaria de este jueves, la Legislatura sancionó por unanimidad una serie de modificaciones a la Ley N° 1624 del Deporte Amateur y Profesional de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de garantizar la equidad de género en el ambiente deportivo.

De esta manera, el texto recientemente aprobado incorpora la perspectiva de género en la asignación de recursos provenientes del Fondo del Deporte y modificando la composición del Consejo Asesor del Deporte y su Comisión Directiva, al igual que la integración de las Comisiones Directivas de los clubes y asociaciones deportivas, estableciendo la equidad de género en la representación, la cual deberá alcanzarse de manera progresiva en un plazo de cinco años.

Además, propone un incentivo para aquellas instituciones que vayan alcanzando la paridad, las cuales tendrán preferencia en la asignación de los recursos del Fondo del Deporte; hasta el tercer año, contarán con este beneficio aquellas que acrediten un cupo de 30% de mujeres y, durante el cuarto y quinto año de vigencia de la ley, ese piso se elevará al 40%.

El objetivo es promover la igualdad y representación de las diferentes identidades de género en el ámbito deportivo, así como garantizar la participación, el pleno desarrollo y el acceso de todas las personas sin distinción de su identidad sexo-genérica.

Además de propiciar políticas de acción afirmativa a modo de fomentar la participación equitativa de las mujeres y disidencias en la vida política de las instituciones deportivas, introducir en la infraestructura de las instituciones normas de uso y accesibilidad que contemplen a todas las identidades de género y promuevan la no discriminación y la erradicación de la violencia.

El debate en el recinto

Al respecto de la medida el oficialista Matías López (VJ) explicó que “es una modificación histórica, es establecer una política pública para incentivar y promover la participación de las mujeres en las entidades deportivas, para que puedan tener lugares de lidezargo”.

Mientras que el presidente de la Comisión de Turismo y Deporte, Claudio Morresi (FdT), precisó que “va a ser un cambio sumamente importante en nuestra sociedad, va a ser muy importante porque incorpora la perspectiva de género y garantiza el pleno desarrollo y participación de las personas sin distinción de su sexo o género” e indicó que “uno se ilusiona mucho cuando mañana otros tantos luchadores por la diversidad van a estar en un club, no van a ser discriminados”.

En tanto Marta Martínez (AyL) aseguró que esta ley “no cumple con la equidad de género porque poco cumple sobre fomentar el acceso al deporte, está basado en una construcción patriarcal que tiene que ver con cuales deportes son los que pueden hacer mujeres y hombres” y consideró que “si bien se habla de entidades sexogenericas, pero a la hora de conformar las comisiones están tomando en cuenta solo a las mujeres… por lo cual solo se fomenta el acceso de las mujeres”.

Al mismo tiempo que la presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia, Laura Velasco (FdT), “es excelente que hayamos podido avanzar con este proyecto, la cual venía siendo hace mucho tiempo construida por muchas mujeres que querían que se incorpore esta perspectiva” y recordó que “las mujeres y las disidencias somos más de la mitad de la población, es por eso que tenemos que avanzar en este sentido”.

A raíz de una iniciativa impulsada por los legisladores del Frente de Todos (FdT), la Legislatura de la Ciudad homenajeó al ex presidente de la Nación Néstor Kirchner en el marco del décimo aniversario de su fallecimiento, el cual ocurrió el 27 de octubre de 2010 mientras en el país se realizaba el censo.

En los fundamentos de la medida, los diputados recordaron que “a lo largo de su carrera, intendente de Rio Gallegos, tres veces Gobernador de la Provincia de Santa Cruz y primer mandatario de la Argentina, pasó a la inmortalidad marcando un antes y un después en la historia de nuestra Nación” y destacaron que su deceso se produjo “como consecuencia de un paro cardiorespiratorio”.

“Su salud venia deteriorada producto del estrés por el ritmo de su vida que, a pesar de las recomendaciones, nunca pudo modificar. En febrero de ese año había sido operado de la carótida y en septiembre había sido sometido a una angioplastia, pero su pasión por la política y su compromiso con los asuntos de la Argentina, quien por entonces era conducida por Cristina Fernández, no le permitieron priorizar su propia salud”, detallaron.

Al mismo tiempo que manifestaron que “la vida de Néstor Kirchner marcó la historia de la Argentina, recuperó el valor de la política como herramienta para la transformación de la sociedad e incorporó al debate público a nuevas generaciones”.

En el homenaje que se llevó a cabo en el recinto, la kirchnerista Lorena Pokoik (FdT) aseguró que Néstor “fue un hombre que, sin dudas, marco uno de los grandes capítulos de la historia argentina y en Latinoamérica” y remarcó que “la democracia estaba debilitada, los índices económicos y de pobreza requerían de la convicción y audacia que solo los grandes líderes tienen, él lo tenía en claro y sabía que había que romper con los viejos paradigmas. Asumió la difícil tarea de generar un cambio de rumbo y lo hizo hacía la dirección correcta”.

En tanto el radical Martín Ocampo (UCR-Ev) afirmó que como bloque “no coincidimos con el rol histórico que se le da al ex presidente Kirchner, pero votamos a favor en el marco de los principios que enarbola nuestro partido político: y ese es el de la soberanía popular” y reconoció que “Néstor fue un presidente constitucional, electo por el pueblo y es parte de la historia que nos define como nacionalidad”.

Mientras que el diputado Javier Andrade (FdT) expresó que “Néstor no beneficio solamente a un sector de la ciudadanía, lo que logró fue poner a la política en el centro de la escena de nuestra Argentina y eso fue un beneficio para el conjunto de los partidos políticos, para la militancia” y concluyó señalando que “después de la crisis del 2001 contar con un presidente que puso por delante la política, permitió que –entendiendo la fragmentación y crisis de representación- se pueda comprender lo que pasaba en la Argentina y sentar nuevas bases, las que permitieron una mejora integral del país”.

A menos de una semana de que Chile realizara el Plebiscito Nacional 2020, la Legislatura porteña aprobó –en la sesión ordinaria de este jueves- una declaración en la que celebraron la decisión del pueblo chileno de avanzar en la determinación del proceso y mecanismo para redactar una nueva Constitución.

Asimismo, celebraron el resultado favorable y que se instituya como el primer proceso constituyente con paridad de género de la historia. Al mismo tiempo le desearon “al pueblo chileno un camino virtuoso en la búsqueda de una nueva carta magna más justa y equitativa para todos sus habitantes”.

En los fundamentos de la medida, los legisladores recordaron que “el pasado 25 de octubre en el plebiscito nacional por la reforma constitucional de Chile, su pueblo expresó la categórica decisión de eliminar los últimos restos del legado dictatorial y dar inicio a un cambio político y social histórico” y precisaron que “de acuerdo a los datos del Servicio Electoral de Chile, poco más del 78% de los votos emitidos optaron por la opción de ‘apruebo’, reafirmando así la voluntad de un pueblo que hace meses se moviliza en las calles para terminar definitivamente con un modelo constitucional que hace 40 años le fue impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet”.

Y si bien la Constitución establecida por Pinochet fue modificada en reiteradas oportunidades, los diputados consideraron que “la definitiva redacción de una nueva Constitución Nacional será un paso más en la construcción de un país más democrático y transparente”.

“La elección de una Convención Constitucional compuesta íntegramente por miembros elegidos para este propósito -y no una Convención Mixta conformada por una mitad de legisladores con mandato vigente- solo puede interpretarse como una demanda por un cambio de raíz que buena parte de la clase dirigente chilena se ha mostrado reacia o incapaz de resolver por demasiado tiempo”, sentenciaron.

Durante la sesión ordinaria de este jueves, los diputados de la Ciudad aprobaron un pedido de informes a través del cual le solicitarán al Gobierno porteño mayores precisiones acerca de la creación de la UniCABA y la forma en la que articulará su trabajo con otros terciarios y Casas de altos estudios.

De esta manera pidieron que se especifique el presupuesto con el que la Universidad contó este año y el previsto para el 2021; si recibe subsidios de ONG y si habrá cambios en las readecuaciones presupuestarias debido al aislamiento social preventivo. Mientras que en relación a su vínculo con otras instituciones, los legisladores pidieron que se detalle con que terciarios o universidades se prevé establecer una relación; que se informe cuál será la relación de dicha universidad con los institutos de formación docente y si la UniCABA tiene relación con la Universidad con el Parque de la Innovación.

En cuanto a la apertura del profesorado de educación primaria, se solicitó información acerca de la matricula prevista para el 2021; el presupuesto previsto, fuente de financiamiento y el programa; el proceso de confección del plan de estudio; el perfil del egresado/a, el título obtenido y las incumbencias del mismo.

Mientras que en relación con la Licenciatura en Gestión de Instituciones Educativas también pidieron detalles acerca del plan de estudio y el presupuesto que se destinará a esa carrera. Al mismo tiempo que exigieron que se destalle el listado completo de las carreras de grado, posgrado y postítulo que se implementarán en la Universidad.

Además pidieron información acerca de si se cobrará algún tipo de arancelamiento, que viene muebles conforman en la actualidad el patrimonio de la UniCABA, si se planea una beca estudiantil, entre otras cuestiones.

En el marco de una nueva sesión ordinaria, la Legislatura de la Ciudad se reúne desde las 12.07 para debatir una serie de proyectos de ley vinculados a las actividades deportivas y los clubes y asociaciones barriales donde se desarrollan. Así como también otras iniciativas destinadas a generar una mayor equidad de género.

Por un lado se votará un proyecto de Matías López (VJ), consensuado en la Comisión de Turismo y Deportes, que preside Claudio Morresi (FdT), destinado a eximir a los clubes de barrio y asociaciones similares sin fines de lucro del pago de tasas, impuestos o aranceles por obras realizadas en sus instalaciones con el propósito de ampliar la oferta de actividades a los socios y vecinos.

El objetivo de la iniciativa es aliviar la carga de gastos de esas entidades civiles y facilitar la normalización sin costos las obras realizadas, proyectadas o en ejecución. Por tratarse de excepciones a disposiciones del Código Fiscal, intervino en tema la Comisión de Presupuesto.

La otra iniciativa de ley es de Morresi, con el acompañamiento de su bloque y dictamen conjunto con las comisiones de Presupuesto y de Mujer. Es una propuesta de modificación a la ley de deportes de la Ciudad para incorporar preceptos que impulsen y obliguen a aplicar políticas de igualdad de género tanto en el acceso de las personas a las actividades deportivas y a las competencias afines, cuanto a la participación femenina en las comisiones directivas y otros órganos de conducción de los clubes y demás entidades civiles vinculadas a lo deportivo y social.