En la apertura del período ordinario de la Legislatura, el gobernador de Misiones defendió un modelo de inclusión educativa, articulación con el trabajo y fuerte inversión social, y sorprendió con la decisión de eliminar el cobro anticipado de Ingresos Brutos en los accesos a la provincia, una medida de alto impacto económico y político.
El gobernador Hugo Passalacqua abrió un nuevo período de sesiones ordinarias en la Legislatura de Misiones con un discurso que combinó la defensa de políticas de largo plazo en educación, deporte e inclusión social con un anuncio de fuerte impacto económico: la eliminación del sistema de cobro anticipado de Ingresos Brutos en los puestos de control de acceso a la provincia, conocido como la “aduana paralela”.
Durante su exposición, el mandatario puso a la educación como eje central de la gestión y reafirmó que el derecho a educarse “solo es real cuando se garantiza el acceso de todos”. En ese marco, destacó el inicio del ciclo lectivo con más de 470 mil estudiantes y 35 mil docentes, el cumplimiento de un calendario de 190 días de clases y la apertura de nuevos espacios educativos, además de obras de refacción en cientos de escuelas y la construcción de nuevos edificios.
Passalacqua subrayó el modelo educativo misionero, basado en la inclusión y la innovación tecnológica, con un ecosistema que integra iniciativas como Silicon Misiones, la Escuela de Robótica y la Escuela Secundaria de Innovación. Señaló que esta estructura pedagógica, orientada a la formación digital y a la incorporación de nuevas tecnologías, se consolidó como una referencia que despierta interés en otras provincias y también en el exterior.
El gobernador también remarcó la decisión de sostener el Boleto Estatal Estudiantil Gratuito, pese a la situación económica nacional. Destacó que el sistema registró más de 350 mil usuarios el año pasado, con un crecimiento interanual cercano al 10%, financiado íntegramente con recursos provinciales. En la misma línea, puso en valor programas como Conozco Misiones, que permitió que decenas de miles de estudiantes recorrieran distintos puntos de la provincia, fortaleciendo el arraigo territorial y el cuidado del patrimonio natural y cultural.
Otro de los ejes del discurso fue la vinculación entre educación y trabajo. Passalacqua repasó las políticas de alfabetización en escuelas técnicas y agropecuarias, orientadas a la inserción laboral temprana, y el crecimiento de la Universidad Popular de Misiones, que amplió su presencia territorial con formación en oficios y capacitaciones vinculadas a las demandas productivas locales.
En el plano social, el deporte ocupó un lugar destacado. El mandatario resaltó el alcance de los Juegos Deportivos Misioneros, el desempeño provincial en los Juegos Evita y las inversiones en clubes, infraestructura y programas de detección temprana de talentos. Además, valoró el rol de los eventos deportivos nacionales e internacionales como motores del turismo y la actividad económica, y anticipó que la provincia mantendrá ese nivel de protagonismo durante el año.
El momento de mayor sorpresa política llegó cuando Passalacqua anunció la suspensión del cobro anticipado de Ingresos Brutos en los accesos viales a la provincia a partir del 1° de julio. La medida beneficiará directamente a unas 16.500 pequeñas y medianas empresas, que dejarán de pagar ese anticipo, mientras que las grandes firmas lo harán de manera digital y simplificada.
La decisión, reclamada desde hace años por el sector empresario y por la oposición, busca aliviar la presión fiscal en un contexto de contracción económica y mejorar la competitividad comercial de Misiones. Según explicó el gobernador, los puestos de control se limitarán a tareas de verificación documental y la provincia evaluará el impacto fiscal y político de la suspensión para definir su continuidad a futuro.
El anuncio generó reacciones inmediatas y reordenó el tablero político local, al anticiparse a iniciativas legislativas de la oposición y tensionar el equilibrio interno del oficialismo. Más allá de esas lecturas, el discurso dejó en claro la estrategia del Ejecutivo provincial: sostener un modelo de fuerte inversión social y educativa, al tiempo que introduce señales de alivio económico para enfrentar un escenario nacional adverso.
El ministro de Seguridad dio detalles de la situación en la ciudad en esa materia y entre otras cosas alertó que hay condenados a perpetua durmiendo en comisarías “a una puerta de la calle”. Pidió a los diputados que le reclamen a la Nación “para que se lleven los presos”.
La Comisión de Seguridad de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que preside Gimena Villafruela, realizó este miércoles una reunión informativa sobre las políticas públicas en materia de seguridad, con la presencia del Ministro de Seguridad, Waldo Wolff.
Fue la reunión que se había postergado el pasado 18 de febrero, fecha en la que estaba pautada esta interpelación, debido a que ese día se produjo una nueva fuga de presos, esta vez en Balvanera.
Durante este encuentro, legisladores de los distintos espacios políticos realizaron diversas preguntas y plantearon críticas sobre la situación de los detenidos en la Ciudad, tras lo cual el funcionario respondió y dio detalles de la gestión.
Durante su exposición, el ministro Wolff les pidió a los diputados, sin importar el partido político, que le reclamen a la Nación “para que se lleven los presos” y aclaró que “no hay un legislador a quien no haya atendido ante cada requerimiento o pedido”. También detalló la situación actual de los centros de detención de la Ciudad, señalando que “existen 109 lugares de detención, con un total de 87 calabozos, y que regularmente realiza visitas a estos espacios”.
“En la Ciudad no tenemos presos, tenemos detenidos”, describió el funcionario y recordó que, “según la normativa vigente, después de 48 horas los detenidos deberían ser trasladados al Servicio Penitenciario Federal, lo que dejó de ocurrir con regularidad desde la pandemia”. Además, detalló que “hay aproximadamente 2.500 detenidos en la Ciudad y que 16 jueces han ordenado al Gobierno Nacional que se haga cargo de su traslado al sistema federal”.
“Hay condenados a cadena perpetua durmiendo en comisarías, a una puerta de la calle”. Subrayó Wolff al momento de explicar la situación actual, al mismo momento que aclaró que los “policías que no son penitenciarios” y remarcó que “están cuidando presos en lugares que no son cárceles”.
Finalmente, el titular de Seguridad expresó la disposición del Gobierno de la Ciudad para avanzar en la transferencia del sistema penitenciario, aunque explicó que dicha posibilidad se encuentra trabada debido a la falta de definiciones con los presos actuales, y con los recursos y predios que la Nación debería transferir para avanzar en ese camino.
El decreto del gobernador jujeño Gerardo Morales (Juntos por el Cambio) quedó formalizado con la aprobación de la Legislatura local. Juntos por el Cambio, que tiene la mayoría, avaló la decisión del mandatario radical. El FdT y la Izquierda cuestionaron la medida.
La Legislatura de Jujuy aprobó este martes un decreto del Ejecutivo provincial, que dispone la obligatoriedad de la vacunación contra el coronavirus para la totalidad de los trabajadores de la administración pública.
En la tercera sesión especial del año y con el voto de la mayoría del oficialismo, la medida impulsada por el gobernador radical Gerardo Morales también alcanza a los agentes de entes autárquicos, organismos centralizados y descentralizados, empresas y sociedades del Estado, “cualquiera sea su situación de revista y lugar en que (los trabajadores) presenten servicios”.
La oposición provincial, en tanto, cuestionó “las formas autoritarias de imponer la vacunación” y llamó a implementar “estrategias para generar conciencia en la sociedad, en las que se valorare los beneficios de la vacunación para la salud”.
Asimismo, la sanción de la ley N° 6.229, establece que el personal que no acredite haber recibido al menos una dosis de cualquiera de los fármacos disponible, salvo justificación por medio fehaciente e idóneo, no podrá asistir a prestar servicios en su lugar de trabajo.
Sobre ese punto se advierte que “la inasistencia será considerada injustificada y se le descontará la remuneración por día no trabajado”.
Desde el Frente de Todos se solicitó la incorporación de una resolución que establece que los trabajadores de la administración pública que se inoculen contra la Covid-19 gocen de 48 horas de inasistencia justificada, con pleno goce de haberes, una moción que fue aprobada por el cuerpo.
La legisladora radical Lourdes Navarro respaldó la medida y sostuvo “que las vacunas que se aplican actualmente han sido todas autorizadas”, en relación a los fármacos distribuidos en el país contra la Covid-19.
“Hay que acompañar a los trabajadores esenciales y al personal de salud cuando expresan sus satisfacción cada vez que aplican una vacuna con el objetivo de lograr la inmunidad de la mayor cantidad de la población”, agregó.
A su vez la legisladora del Frente de Todos, Liliana Fellner, si bien apoyó la vacunación contra el coronavirus, juzgó que "el gobernador (Gerardo Morales) se excede en sus funciones".
"Hay una Constitución Nacional y los empleados tienen libertad de acción”, sostuvo y evaluó que “hay otras formas de convencer a la sociedad” porque, dijo, “cuando obligamos a alguien a hacer algo que no quiere, las cosas se pueden salir de las manos”.
Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda Alejandro Vilca se manifestó “a favor de que la vacunación masiva sea un derecho”, pero advirtió que su espacio político se expresa “en contra de toda imposición” y analizó que “se quiere imponer la voluntad del Gobierno sobre trabajadores que profesan distintas religiones”.
La decisión legislativa invió a los representantes de la actividad privada a adherir a la disposición, en especial a las entidades vinculadas con la salud, educación, seguridad y del transporte público.
Finalmente, durante la jornada de este martes el oficialismo también prestó acuerdo a un decreto que permite un “marco normativo para la producción de medicamentos en la provincia de Jujuy”, por lo que se buscará regular la actividad de laboratorios industriales.