Se celebró en la Cámara baja una jornada denominada “Políticas y experiencias en lenguaje claro”. La misma tuvo lugar en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se expusieron distintas experiencias de aplicación del Lenguaje Claro para promover la aceptación y aprehensión de la herramienta por parte de los trabajadores legislativos. En el marco del Segundo Plan de Congreso Abierto en su compromiso 2 “Implementación de la técnica de Lenguaje Claro en la HCDN”, el objetivo estuvo centrado en fomentar la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana.

Las palabras de bienvenida las brindó el secretario Parlamentario de la Cámara de Diputados de la Nación, Adrián Pagán. “El tema de transparencia es medular en la gestión de la Cámara y el lenguaje es una cuestión fundamental”, ponderó. En ese sentido, hizo hincapié en que “el desafío de quienes escribimos normas está en buscar el equilibrio exacto entre la rigurosidad que requiere cualquier disciplina técnica y la compresión, el usar ese lenguaje que tenemos para que la ley no sea imprecisa”.

Añadió al respecto: “Fuera de los vicios que puede tener el lenguaje: ambigüedad, imprecisión, palabras en latín; el lenguaje, no es la simplificación de una ciencia, sino hacerlo comprensible al interlocutor que es la ciudadanía”, remarcó.

En el primer bloque del encuentro se hizo foco en las experiencias comparadas en Lenguaje Claro, donde se expuso un caso testigo facilitado por el National Democratic Institute (NDI). Dicho abordaje estuvo a cargo de la Magistrada auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia, Ana María Ramos Serrano, quien se refirió a la aplicación de la Técnica de Lenguaje Claro en Colombia en la traducción de sentencias para niños, niñas y adolescentes.

De forma virtual, Ana María Ramos Serrano explicó las diferentes acciones que vienen llevando a cabo desde su organismo. “Revisar nuestra propia escritura e identificar prácticas con expertos, incorporamos un capítulo de síntesis en las sentencias y, a modo de sugerencia, acabamos de sacar un manual de estilo de cómo deben ser los párrafos y qué tan largas las oraciones”. En la misma línea, manifestó que comenzaron “un proyecto para comunidades étnicas para trabajar con ellos en sus diversas lenguas, que son en su mayoría orales, haciendo adaptaciones lingüísticas con expertos”.

En el segundo bloque del evento, que fue sobre Lenguaje Claro y Gestión Pública, expuso en representación del Poder Ejecutivo el secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación, el doctor Javier Herrera Bravo, acerca de la implementación de Lenguaje Claro en el Poder Ejecutivo. “Cuando desde el Estado nos comunicamos con la gente tenemos que tener en claro quién es el destinatario, a quien dirigimos el mensaje”, señaló al tiempo que prosiguió: “Como funcionario, tengo que tratar de concientizar; armamos un programa de capacitación en la Secretaría, y estamos en un proceso de adaptación de nuestras normas al lenguaje claro”.

Luego, fue el turno de los representantes del Poder Legislativo. La apertura estuvo a cargo del diputado nacional Santiago Santurio, de La Libertad Avanza. Asimismo, el diputado del Pro Martín Maquieyra realizó la presentación de un proyecto que promueve modificaciones a la Ley Acceso a la Información Pública (Ley 27.275), incorporando la utilización de Lenguaje Claro en la comunicación a los ciudadanos.

Santurio enfatizó que “hay grandes avances en esta materia en la importancia y necesidad de un lenguaje accesible, y que a la vez tenga precisión necesaria para evitar vaguedades”. “Tenemos el desafío grande de no perder claridad y tener precisión a la hora de legislar, porque legislamos normas para la ciudadanía y, además, porque la ley también tiene un rol pedagógico”, subrayó.

A su turno, Maquieyra consideró “fundamental que el lenguaje en el que se expresa el Estado sea claro, porque eso va hacia la transparencia de lo que hace el Estado; y esto, por supuesto, que es un desafío y un cambio cultural en las leyes y en cómo nos expresamos”. Al referirse al proyecto, el legislador destacó que esta gestión “está avanzando mucho en la transparencia del Estado y por eso la ley de acceso a la información pública tiene que tener esa claridad para que ningún ciudadano tenga que acceder a una asesoría legal, a un contador, para entender una norma”.

En la continuidad, hizo uso de la palabra el representante del Poder Judicial, del Consejo de la Magistratura de la Nación. Sebastián Galdós, de la Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien detalló la aplicación del Lenguaje Claro en el Consejo de la Magistratura de la Nación a través de una serie de pautas lingüísticas y consejos para una redacción más amigable en los diferentes documentos que emiten desde el organismo.

“El lenguaje jurídico como un lenguaje de especialidad, es un lenguaje que usan los tribunales para impartir justicia y comunicarse con las partes en un litigio, los profesionales del derecho y la ciudadanía en su conjunto”, comenzó su alocución Galdós. “Es importante destacar al ciudadano como destinatario que tiene que ser incorporado como tal, que no sea dejado de lado en un esquema comunicativo para que este sea eficaz”, sostuvo.

En cuanto al trabajo en concreto en el Poder Judicial, Galdós especificó que “hace ya varios años empezamos una aproximación con un material que trataba cuestiones gramaticales, de discurso, que apuntaba a ser útil para el trabajo”. “Este año la CSJN se integró a una red de lenguaje claro, iniciativa de la RAE, que busca trabajar en comprometer a las autoridades en implementar el lenguaje claro. Y, una de las últimas decisiones de la corte, de agosto de este año, es que se aprobó un documento de sugerencias de sentencias claras, elaborado por la comisión de trabajo en la temática”, puntualizó.

Para finalizar, reafirmó que “la importancia del lenguaje claro, que siempre tiene que estar enfocado en el destinatario, es que nos permite formar un marco conceptual para la escritura jurídica y, también, un enfoque integral para que la persona que escriba pueda fundamentar sus desviaciones de escritura”.

Las palabras de cierre estuvieron a cargo de Laura Oriolo, secretaria Administrativa de la Cámara de Diputados de la Nación. “Es importante que el lenguaje sea claro y más de los funcionarios que dictamos documentos públicos para la sociedad que hoy exige cierta transparencia, gestión responsable y buena gestión de recursos”, afirmó.

Al respecto, agregó: “Eso se puede lograr de dos maneras: de una manera compleja, con tecnicismos, o con una forma clara, precisa y que sea explícito; eso, nos acerca a la ciudadanía en general y eso permite que la sociedad entienda lo que estamos haciendo, que nos controle, nos audite y nos exija”, concluyó.

Participaron del encuentro en representación de la Cámara de Diputados de la Nación Mercedes Piscitello, directora General de Parlamentaria; Gonzalo Villach, director General de Técnico Legal; y Lorena Franco, responsable de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Durante la decimoprimera Sesión Ordinaria del 142º Período Legislativo, la Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción al proyecto que busca que las sentencias sean redactadas en un lenguaje claro y sencillo para que sean comprendidas por la mayor cantidad de personas posibles, según la complejidad del caso. 

El proyecto de ley, autoría de la diputada Paola Rubattino (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), modifica el Artículo 456 del Código Procesal Penal para incorporar la redacción de sentencias en lenguaje llano. 

“En la medida de que la complejidad del caso lo permita, la sentencia será redactada en un lenguaje claro y sencillo, que permita su comprensión por la mayor cantidad de personas posibles. En casos de suma complejidad, podrá el juez o tribunal si lo estimara conveniente y por el medio que estime adecuado, elaborar una explicación de los fundamentos del fallo destinado al público en general”, dice en su primer artículo. 

Rubattino fundamentó su proyecto en el recinto, y advirtió: “Cuando hablamos de lenguaje claro y sencillo no hablamos de que pierda el rigor científico”. Remarcó que “uno de los pilares fundamentales de nuestro ordenamiento penal es la garantía del debido proceso, lo que va de la mano de la inviolabilidad de la defensa en juicio y el derecho al acceso a la Justicia”. Luego citó el Pacto de San José de Costa Rica, que establece las garantías de toda persona a ser escuchada, de la cual surge el derecho a tener una respuesta de parte del tribunal haciendo lugar o no a sus pretensiones. “El instrumento portador de una verdad jurídica es la sentencia”, destacó.  

“Creo que las resoluciones judiciales deben redactarse en términos y construcciones sintácticas sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico, para romper los límites herméticos que muchas veces propone el Poder Judicial. Las sentencias que no son claras están destinadas a fracasar”, finalizó el legislador. 

Con la intención de garantizar el acceso de todos los vecinos a la información, la legisladora de la UCR-Evolución Manuela Thourte encabezó en la Legislatura porteña un conversatorio acerca de la implementación de la Ley 6367 de Lenguaje Claro en el sector público de la Ciudad. En el evento participaron especialistas en la materia que dieron su opinión al respecto.

De la actividad participó el secretario ejecutivo del Observatorio Lenguaje Claro de la Facultad de Derecho de la UBA, Fernando Rocca; el subsecretario de Labor Parlamentaria de la Legislatura, Pablo Schillagi; la directora de la Biblioteca Pública "Esteban Echeverría", María Eugenia Villa,  LCABA e integrante del equipo de Lenguaje Legislativo de Legislaturas Conectadas.

La propuesta fue abrir el debate para instrumentar los objetivos que establece esta ley en el ámbito legislativo. Es una introducción al tema que conduce a garantizar el derecho a comprender, junto al derecho a la información pública.

En ese sentido, Thourte afirmó que “comenzamos a trabajar con el lenguaje claro al ver las complejidades y tecnicismos muchas veces innecesarios en los tres poderes del Estado. Los ciudadanos tienen dificultades para entender y consideramos que es esencial que esto cambie” e indicó que “el lenguaje claro aumenta la transparencia y la comunicación con la población, y además de ayudar a las personas reduciría costos para el Estado”.

Por su parte, Rocca explicó que “el objetivo es que el lenguaje claro sea parte de la agenda de trabajo de los poderes públicos del país y que el Estado cumpla con la obligación de ser más sencillo y directo, además del derecho de los ciudadanos a entender” e informó que “este nuevo sistema tiene que ver con empoderar a la ciudadanía y a la vez hacer eficientes las transacciones del ámbito público. El lenguaje claro es una gran herramienta dentro de la idea de gobierno abierto, y es un camino que recién comienza”.

Al mismo tiempo que el funcionario legislativo Schillagi expresó que “para nosotros es un desafío importante. La Legislatura es el ámbito de acceso más complicado por la cantidad de personas que trabajan con cada diputado, pero debemos encarar igual el desafío” y consideró que “en las comisiones la capacitación en la temática debería ser obligatoria, y también a nivel nacional será muy importante la tarea que se realice con las demás legislaturas. La idea es instalar el tema hasta que pase a ser algo común; llevará tiempo pero hay que empezar””.

Mientras que Villa consideró que la normativa “vino a poner en otra perspectiva la necesidad del lenguaje claro para la Ciudad y probablemente en organizaciones de la sociedad civil. Es una iniciativa ambiciosa que nos hace interpelar a las instituciones sobre qué hacemos, para quiénes hacemos, cómo comunicarnos y qué queremos lograr” y concluyó señalando que “en la Legislatura nos puede plantear algo novedoso y cada área puede especificar cómo comunicar y adaptarse al marco de esta ley”.