El diputado nacional Leonardo Grosso (FdT – Bueno Aires) es precandidato a intendente de San Martín, y este martes sostuvo que Javier Milei, precandidato a presidente por La Libertad Avanza, “es la versión fascista de la derecha”.

No obstante, Grosso aclaró que, pese a que el Movimiento Evita (al cual él pertenece) apoya la precandidatura a presidente de Juan Grabois, trabaja en San Martín por la boleta de Sergio Massa y Axel Kicillof. “Tenemos una PASO y Juan mismo dijo que el que gana conduce y el que pierde acompaña”, remarcó.

En declaraciones a FM La Patriada, Grosso relacionó al diputado libertario con el exministro de Economía de la era de la convertibilidad: “Milei es Cavallo con peluca”. Asimismo, agregó que “en los barrios populares aparece mucho Milei, aunque con mucha menos fuerza que hace unos meses, porque hay una conciencia muy grande de la importancia de la vida, por eso empezó a aparecer menos”.

En relación a su campaña, expresó: “Estamos en la campaña en San Martin recorriendo desde temprano y arrimando propuestas. Vamos a dar tres vueltas por los 22 barrios de San Martín antes del 13 de agosto”. “Queremos que el debate central sean los problemas de la gente”, añadió.

“Es cierto que mucha gente está cansada de trabajar 20 mil horas y no llegar a fin de mes, pero debe saber cuáles son los orígenes de estos problemas. El peronismo es la opción que tienen para ir hacia adelante”, manifestó, y sostuvo que “el único objetivo es ganar para darle la oportunidad a nuestro pueblo de avanzar y no retroceder hacia la derecha o hacia atrás”.

Respecto a la elección nacional, Grosso aseguró que “Unión por la Patria tiene que ganar las elecciones para que el peronismo siga gobernando, sino vendrán políticas neoliberales con sufrimiento para nuestro pueblo”.

En esa línea, afirmó que “Sergio Massa es el dirigente con mayor capacidad electoral que tenemos nosotros, está bien y estoy de acuerdo con esa decisión, nos pone competitivos en un escenario de posible ballotage”, y cerró: “Estoy seguro que le gana un ballotage a Horacio Rodríguez Larreta”.

El gremio de la construcción, encabezado a nivel nacional por Gerardo Martínez y por Luis Videla en la seccional San Martín, se sumó a la campaña del diputado nacional Leonardo Grosso (FdT) como precandidato a intendente de San Martín en las PASO del Frente de Todos.

En tal sentido, Videla aseguró: “Leo es el trasvasamiento generacional del peronismo. Hace años que camina las calles de San Martín, tiene propuestas y el coraje para llevarlas adelante”.

En un acto colmado de militantes, desde el sindicato remarcaron la unidad para encarar este proceso electoral: “Es una alegría recibir este espaldarazo que significa que una organización gremial con la trayectoria y el compromiso que tiene la UOCRA se sume a esta patriada que estamos haciendo en San Martín”, enfatizó Grosso. En la misma sintonía, Videla afirmó: “coincidimos en un objetivo que es el bienestar del pueblo sanmartinense”.

También, agregó: “No nos bajamos nada, a este tren se sigue subiendo gente que quiere un San Martín distinto”, y expresó: “Nuestra estrategia es con propuestas, las vamos a discutir con cada vecino y cada vecina y las vamos a implementar a partir del 10 de diciembre”.

Por último, Videla, manifestó que “las expresiones del peronismo van a terminar definiendo el destino de la Argentina porque creo que es el único movimiento que piensa en el beneficio del Pueblo”.

Los diputados nacionales Danya Tavela (Evolución Radical) y Leonardo Grosso (FdT) presentaron un proyecto de ley para posibilitar la transferencia de dominio sobre diversos inmuebles que pertenecen al Estado Nacional a favor de distintas universidades.

“La educación superior es central para el progreso y futuro de nuestro país. La adecuada gestión de las universidades nacionales públicas posibilita y mejora el acceso a ellas”, sostuvo Tavela y planteó: “Si bien en estos espacios ya están funcionando áreas de las UUNN, esta modificación legal facilitará la administración y gestión de dichos espacios y la posibilidad de realizar mejoras e inversiones”.

En esa línea, remarcó que “la educación es el principal motor de movilidad social ascendente de nuestro país. Tenemos que garantizar que los jóvenes puedan desarrollar sus habilidades en el mejor ambiente posible”.

Respecto del proyecto, establece en su artículo primero: “Transfiérase a título gratuito el dominio, los derechos y las acciones de los inmuebles pertenecientes al Estado Nacional, detallados en el Anexo 1 de la presente ley, en favor de las siguientes universidades nacionales: Universidad Nacional General San Martín, Universidad Nacional de Hurlingham, Universidad Nacional  de José Clemente Paz, Universidad Nacional  de La Patagonia Austral, Universidad Nacional de las Artes, Universidad Nacional de San Antonio de Areco, Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Universidad Nacional  de Litoral y Universidad Nacional del Noroeste”.

“La transferencia comprende a todas las edificaciones, instalaciones complementarias e inmuebles por accesión ubicados en los inmuebles objeto de la presente”, señala el artículo 2.

Además, manifiesta que la transferencia se efectúa con el cargo de que los beneficiarios destinen el inmueble a los fines educativos, sociales y para el desarrollo de las actividades sustantivas de cada universidad nacional.

A su vez, establece que el Poder Ejecutivo dentro de los 60 días de sancionada la presente ley adoptará las medidas pertinentes a los efectos de concluir los trámites necesarios para el otorgamiento de las respectivas escrituras traslativas de dominio, incluyendo la confección de planos de mesura y subdivisión de los inmuebles a ser transferidos.

“La escribanía general del Gobierno de la Nación procederá a realizar la escrituración y los trámites de inscripción necesarias para la implementación de la ley”, fija.

El diputado nacional Leonardo Grosso (FdT) denunció este viernes que “atentaron contra una casa que tenía un cartel de Futuro San Martín”, el nuevo espacio que formó y lidera para postularse como candidato a intendente de ese partido bonaerense de cara a las elecciones.

A través de su cuenta de Twitter, el oficialista cuestionó: “Pasaron un límite. Anoche, personas que ya sabemos quiénes son, atentaron contra una casa que tenía un cartel de Futuro San Martín. Tiraron piedras y botellas hasta romper el cartel que pide por más seguridad y más trabajo. Todo un mensaje”.

“Parece que todavía hay en nuestro distrito quienes no quieren para nuestros vecinos ni más seguridad ni más trabajo. Ni mucho menos gente nueva que se involucre a cambiar el destino de nuestro querido San Martín”, apuntó Grosso.

En esa línea, adelantó que radicarán la denuncia penal y tomarán “todas” las medidas correspondientes. “Pedimos a todos los partidos políticos, organizaciones sociales y a las fuerzas vivas de San Martín que no nos acostumbremos a estas prácticas mafiosas”, solicitó.

El diputado nacional Leonardo Grosso (FdT) reveló este lunes que en las elecciones del año que viene será candidato a intendente de su partido, San Martín. “Futuro San Martín se llama nuestro espacio armado con compañeras y compañeros para armar algo bueno en el conurbano”, anunció.

Por otra parte, se refirió a la necesidad de poner en marcha rápidamente una mesa política del Frente de Todos, de cara al 2023, y consideró que “Cristina Kirchner es la que tiene que ordenar y encabezar la mesa de diálogo porque es la figura más importante del espacio”.

“Necesitamos ser competitivos en 2023 porque el macrismo con su neoliberalismo viene articulándose para jugar fuerte el año que viene”, resaltó el legislador.

En conversación con AM 530, el integrante del Movimiento Evita, cuyo líder, Emilio Pérsico, pasó la semana pasada por el despacho de CFK, señaló que una reunión de todas las partes de la coalición oficialista debe ser “para lograr cosas para un pueblo mejor”. “Nuestro diálogo nunca estuvo roto”, aclaró.

“Cristina es nuestra figura más importante, a pesar de no estar en el lugar central (con relación a la presidencia de la Nación). Creemos que ella debe ordenar la mesa de diálogo sin rosca política, y después se verá si es candidata”, siguió Grosso.

Respecto a la situación económica del país, el bonaerense expresó que “la pandemia hizo tanto daño como la gestión de Mauricio Macri”; y responsabilizó a los grupos empresarios por “hacer una Argentina más hostil para los que menos tienen”.

En tal sentido, agregó: “Tenemos que darle pelea a la inflación y eso se hará parándole el carro a los grupos económicos concentrados”. Asimismo, advirtió que “los que más tienen están llevándose el privilegio de tener un dólar más barato (dólar soja) porque hay que recaudar divisas”.

En otro tramo de la entrevista, consultado por la media sanción del proyecto de ley sobre Lengua de Señas en la Cámara baja, el oficialista manifestó: “Trabajamos con la comunidad sorda. Tenemos una alegría inmensa, ya que no creíamos que se consiguiera tan rápido. Esto ayuda a construir un piso de justicia e igualdad más grande para el país, garantizando la accesibilidad de la gente sorda, donde el Estado debe promover herramientas”.

Con la presencia en el recinto de una intérprete de señas del plantel que tiene la Cámara de Diputados, que participó durante todo ese debate transmitiendo en ese lenguaje lo que se estaba diciendo, el Cuerpo dio media sanción este jueves, por 229 votos, a un proyecto que reconoce a la Lengua Señas Argentina (LSA) en todo el territorio nacional, una iniciativa reclamada desde hace años por organizaciones de personas sordas.

Ni bien fue aprobada, la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, adelantó que esa media sanción sería inmediatamente girada al Senado para comenzar allí su rápido trámite.

El texto que llegó al recinto fue producto de un consenso entre propuestas impulsadas por los diputados Lucila Masin (FdT), Leonardo Grosso (FdT) y Julio Cobos (UCR).

A través de la iniciativa se reconoce a la LSA como una lengua natural y originaria que conforma un legado histórico inmaterial como parte de la identidad lingüística y la herencia cultural de las personas sordas en todo el territorio de la Nación Argentina, y que garantiza su participación e inclusión plena, como así también de las personas que, por cualquier motivo, elijan comunicarse en dicha lengua.

En cuanto a su definición, se señala que “la LSA posee una estructura gramatical completa, compleja y distinta del castellano” y “al ser visual, es completamente accesible desde el punto de vista perceptual para las personas sordas, como así también para todas las personas”.

Serán organismos legítimos de consulta sobre la LSA aquellas organizaciones constituidas íntegramente por personas sordas que las representen en todo el territorio de la República Argentina y que se encuentren oficialmente constituidas e inscriptas con reconocimiento de los Estados nacional, provincial y municipal.

El proyecto, que ahora deberá ser tratado en el Senado, faculta al Poder Ejecutivo para “fomentar e impulsar en los distintos ámbitos de su competencia el acceso y el uso de la LSA de todas las personas que, por cualquier motivo, elijan comunicarse en dicha lengua”.

Esto será bajo los objetivos de tener una accesibilidad efectiva y plena a la vida social; eliminar barreras comunicacionales y actitudinales; equiparar oportunidades tendientes a impulsar y fortalecer la independencia, autonomía personal y toma de decisiones; y diseñar y ejecutar estrategias que aseguren la accesibilidad comunicacional en todas las políticas públicas dirigidas a la sociedad.

El primer orador de este tema fue el presidente de la Comisión de Discapacidad, Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), quien resaltó la importancia del tema que se debatía. Al respecto, comentó que cuando le preguntaron por qué se le había dado tan poca importancia al tema en la previa de este debate, él respondió: “Por ignorancia”.

También se admitió “ignorante” respecto de su falta de conocimiento sobre el idioma de señas hasta ahora. En su discurso explicó la importancia de “entender la necesidad de que la lengua de señas argentinas debe estar oficializada, jerarquizada, y tiene que tener todo un código para que se pueda reproducir a partir de la propia comunidad sorda y poder entonces sí a partir de ahí producir adultos en capacidad de comunicación, como las tenemos el resto que no tenemos la problemática de ser sordos”.

“Esta ley apunta al reconocimiento de la lengua de señas argentina, con la finalidad de eliminar las barreras comunicacionales, remover barreras actitudinales y otorgar visibilidad social a un medio  de comunicación no verbal”, enfatizó Di Giacomo, quien también resaltó la tarea del grupo de intérpretes de lengua de señas de la Cámara de Diputados.

A continuación, la sanjuanina Graciela Caselles (Frente de Todos) valoró la importancia de aprender la lengua de señas y se comprometió a emprender esa tarea. También resaltó el acuerdo alcanzado para avanzar con el tratamiento de lo que definió como “un reclamo histórico de muchísimas asociaciones”, para lograr que “la lengua de señas argentina sea una lengua más”.

“Poder tener un lenguaje natural y propio evidentemente es un camino de inclusión social, de desarrollo intelectual, de desarrollo afectivo”, aseguró.

Desde el Pro, Dina Rezinovsky comenzó su discurso pidiéndole perdón a la comunidad sorda por haber tardado tanto en reconocer su lengua. Y lo hizo precisamente en la lengua de señas.

“Lo que estamos tratando hoy es un tema de derechos humanos”, remarcó la legisladora. “No es un tema de discapacidad”, precisó luego. Destacó también que el proyecto presentado contó con la participación de todos los sectores que componen el Congreso.

Lucila Masín (FdT-Chaco) agradeció los aportes hechos por las asociaciones que colaboraron en la elaboración del dictamen unificado, y afirmó que “es un deber de este Parlamento poder sancionar una ley que espera hace más de 20 años, y que las personas sordas lo están esperando. Nos debemos desde la democracia dar estas discusiones y generar este reconocimiento”.

A su turno, Nicolás del Caño pidió que luego de su sanción, esa ley “tenga los recursos necesarios para que se pueda aplicar. Porque muchas veces se votan leyes y los recursos hay que garantizarlos con la lucha”.

Ya sobre el final del debate, Ana Carla Carrizo (Evolución Radical-CABA) destacó el trabajo legislativo y al respecto remarcó: “escuchar es mejor que oír”, y aclaró que “esto es un punto de partida, no la llegada. Esto tiene que continuar”.

“La primera barrera está en la casa, antes de salir a la escuela. Ahí tenemos que ingresar, tenemos los adultos que hacer el esfuerzo de aprender”, remarcó la legisladora al enumerar cosas en las que hay que avanzar. También se debe “formar” en la escuela, y aclaró que esta lengua “no compite con el español”. “Hay que enseñar y comunicar muy bien, para que esa empatía que empieza a tener un enfoque de derechos humanos en la Argentina con esta comunidad empiece a entenderse en todos los ámbitos públicos: en los funcionarios y en las escuelas. Y finalmente que llegue al Senado y que salga antes de cerrar este año”.

Por su parte, Eduardo Valdés (FdT-CABA) dijo que “hoy es un día en el que venimos a consagrar derechos inalienables de toda persona humana y su dignidad. Estamos hablando de una ley que le da derechos a una gran parte de la población argentina: 1.120.000 compatriotas sordos, que si sumamos a su grupo familiar, son 3.300.000 personas afectadas”.

“En el mundo se calculan 368 millones de personas sordas que usan la lengua de seña como medio de comunicación”, detalló también.

En el cierre, el diputado Leonardo Grosso (FdT) pidió a sus pares que no lo escuchen y que solo lo vean en la pantalla y habló en lenguaje de señas para explicar que “esto que están sintiendo los diputados en este momento sienten todos los días los miembros de la comunidad sorda cuando no se puede usar la lengua de señas, cuando no garantiza el Estado la accesibilidad”.
“Por eso este tratamiento de la ley, esa demanda de la comunidad sorda Argentina es muy importante para que deje de sentir esto que sentimos nosotros en esos minutos”, remarcó.
A su vez, celebró el debate y resaltó que “es una ley de consenso, la trabajamos con todos los bloques. No es una ley que nace de un partido político, sino que nace de la comunidad sorda organizada en nuestro país y que llega al Congreso por el impulso de ellos”.
A continuación, explicó qué dijo en lengua de señas: “Dije gracias presidenta, estamos debatiendo acá la ley de lengua de señas Argentina y esto nos permite construir un piso de derechos y de igualdad en la Argentina distinto, que no teníamos”.
Por otro lado, contó que “en 2006 en la ONU se propició un cambio de paradigma para dejar de ver a las personas sordas desde una perspectiva médica y rehabilitadora, y promover una mirada que tenga que ver a las personas sordas como sujetos de derechos. En Argentina hace 15 se acordó en impulsar un instrumento legal que proteja y fomente y respete a la lengua natural Argentina”.

Luego del plenario de comisiones en el que se alcanzaron dos dictámenes sobre la ley de humedales -siendo el de Juntos por el Cambio el de la mayoría-, el diputado nacional Leonardo Grosso (FdT) sostuvo: “Espero que la oposición no haga esto para la foto y después resulte ser un mecanismo de retraso de la ley”.

Igualmente, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano reconoció que el oficialismo no se impuso con las firmas debido a la resistencia de gobernadores del FdT, que se reflejó en la ausencia de algunos diputados.

Con todo, el legislador consideró como “una buena noticia” los dictámenes y aseguró que trabajará para que el tema se trate en el recinto antes de fin de año.

En diálogo por AM530, Grosso expresó: “Hay que construir los acuerdos para aprobar este proyecto en el recinto. Así vamos a lograr que Argentina resuelva este problema para garantizar que los humedales sean preservados y no se destruyan”.

En tal sentido, afirmó que “las firmas, votaciones y dictámenes son el reflejo de que la Cámara baja quiere que sea ley”. Tras la extensión del calendario ordinario en el Congreso, señaló que tienen “hasta el 30 de diciembre para lograr la media sanción”.

Por otra parte, sobre el pedido de recusación de la vicepresidenta Cristina Kirchner a la jueza María Eugenia Capuchetti en la causa por intento de magnicidio, el diputado aseveró que “a esta altura deberían haber llamado a declarar a (Luis) Caputo y a (Gerardo) Milman. El pedido es correcto”.

“No quiero ni imaginarme que hubiese pasado si la bala salía. Fue un milagro”, dijo sobre el atentado y coincidió con la teoría de la vice: “A Cristina la Justicia la quiere de acusada y no de víctima”.

Integrante del Movimiento Evita, de rispidez con La Cámpora, Grosso aseguró que él siente mucho “respeto” por Máximo Kirchner, y anunció que estará presente en el Estadio Único de La Plata el próximo jueves junto a su agrupación, en el acto que encabezará la vice. “La decisión de ser candidata debe tomarla CFK, sin presiones”, cerró.

A través de una cuestión de privilegio, el diputado radical Ricardo Buryaile le contestó este miércoles a sus pares Leonardo Grosso (FdT) y Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) por las críticas que le hicieron en la última reunión sobre la ley de humedales por no haber convocado a la Comisión de Agricultura y Ganadería que él preside. 

El formoseño defendió sus argumentos reglamentarios para afirmar que el plenario del jueves pasado “fue ilegal”. A continuación hizo referencia a un tuit de Grosso, quien escribió: “Los esperamos para discutir, salvo que quienes les financian la campaña no los dejen venir”. 

“A la única persona a la que alude en ese tuit es a mí. Por lo tanto, voy a contestar que a mí no me financia nadie. Yo soy un productor agropecuario y defiendo la producción, el comercio y los servicios. No me financia absolutamente nadie más que mi trabajo, del que vivo hace muchísimos años”, enfatizó el legislador y disparó contra el dirigente del Movimiento Evita oriundo de San Martín: “No me financia ni la Universidad de San Martín, ni el  2% que se cobran de los planes sociales, absolutamente nada”. 

En su discurso, el diputado también le pegó a Camaño, quien “se pone un vestido largo y cree que se puso una toga, y nos da clases del reglamento, e hizo referencia al artículo 174 y el artículo dice una cosa distinta a lo que la diputada le quiere hacer decir”. Sobre ese artículo, explicó que “la comisión está caída una vez que no se haya reanudado la reunión”. “Tal cuarto intermedio no existía porque se había pasado a un cuarto intermedio que nunca se dio”, dijo, por eso aclaró que correspondía que “citaran a una reunión informativa o a un nuevo plenario”. 

Sobre la calificación que hizo la diputada de que él había actuado como “apropiador” de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Buryaile sostuvo: “La Argentina tiene una historia muy dolorosa con la apropiación. Yo no me apropié de nada. Es grave. Segundo punto, si yo soy patrón de estancia. Yo trabajo en un campo y tengo gente que trabaja conmigo. Quizá la conducta de patrón de estancia se pueda confundir con la de algún secretario general que le traiga reminiscencias, yo no”.  

“Quiero decir simplemente que hago esta cuestión de privilegio porque entiendo que el respeto tiene que primar en esta cámara. Jamás le he faltado el respeto a absolutamente nada. He discrepado ideológicamente; quien discute personas no tiene capacidad para discutir ideas. Nosotros nos ceñimos a la ley, para nosotros la ley es el camino y el límite. Para otros la ley es un obstáculo, y estamos cansados de ver eso”, concluyó y pidió que no le respondan porque “no se contestan las cuestiones de privilegio”. 

Desde el estrado, la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, remarcó que Camaño no estaba presente en el recinto y reveló por qué: “Está su señora madre en una situación muy delicada, la están operando en las últimas horas”. 

– Diputado, ¿se hace el plenario de mañana sobre humedales?

– Sí claro. Mañana a las 11.

La respuesta a la consulta de parlamentario.com corresponde a Leonardo Grosso, titular de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que ya el viernes pasado había convocado a reanudar el plenario que está tratando el proyecto de ley de humedales, y que el 22 de septiembre pasado había pasado a cuarto intermedio.

Claro que Grosso convocó a los integrantes de su comisión. De las otras -Presupuesto y Hacienda y Agricultura y Ganadería- deben ocuparse sus titulares. Presupuesto convocó a los suyos; el radical Ricardo Buryaile descartó convocar a los de Agricultura, comisión que él preside.

Recién este miércoles bien tarde se publicó en la página de la Cámara de Diputados la citación, como así también se conocieron los invitados. Los oradores que participarán son Daniela Vilar, ministra de Ambiente, provincia de Buenos Aires; Juan Luna Corzo, jefe de Gabinete de Ministros, provincia de La Rioja; Carlos Barrionuevo, director provincial de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas, provincia de Catamarca; Pablo Lautaro Javkin, intendente de Rosario, provincia de Santa Fe; Alberto Ricci, intendente de Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe; Jorge Berti, intendente de Villa Constitución, provincia de Santa Fe; Rodolfo A. Stangoni, presidente comunal de Comuna de Fighiera, provincia de Santa Fe; Gustavo Tévez, intendente de Brinkmann, provincia de Córdoba; Carlos Guzmán, intendente de La Para, provincia de Córdoba; y Juan Gabriel Faletto, intendente de Marull, provincia de Córdoba.

Lo cierto es que esta citación está envuelta en una gran polémica, como quedó claro a partir del rechazo de Buryaile y este miércoles la nota que le enviaron a la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, los presidentes de los bloques de Juntos por el Cambio: Cristian Ritondo (Pro), Mario Negri (UCR) y Juan Manuel López (CC-ARI).

En la misma se quejan de lo que definen como “la absoluta irregularidad de la referida citación, que intenta dar continuidad a una reunión que quedó suspendida de hecho al no reanudarse en el día y hora establecidas por el plenario al momento de pasar a un cuarto intermedio”.

Recuerdan allí que en la sesión del 15 de septiembre, al discutirse la moción de emplazamiento de las tres comisiones los legisladores opositores habían manifestado su acompañamiento, pero en esa oportunidad reclamaron por nota que fueran convocados los gobernadores de las provincias involucradas. Ese fue el motivo de la suspensión del plenario convocado para el 29 de septiembre.

“Pretender continuarlo en día y hora distintos a lo dispuesto al momento de resolver el pase a cuarto intermedio, supone una clara violación a nuestro reglamento, tal como lo argumentara oportunamente el diputado Buryaile en su nota remitida al diputado Grosso el día 30 de octubre pasado”, agregan los legisladores de JxC, que recuerdan además que “es competencia exclusiva del/la diputado/a que ejerza la presidencia de la comisión ordenar la citación a la reunión correspondiente. Por tanto, desconocer la voluntad del presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de no convocar en términos violatorios del reglamento tal como se pretende y sostener un plenario sin la presencia de las 3 comisiones involucradas, supondría un antecedente gravísimo que usted como presidenta de esta Honorable Cámara que no puede avalar”.

Los legisladores concluyen reiterando el pedido de que sean convocados los gobernadores de las provincias involucradas.

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Dadas las circunstancias, el interbloque Juntos por el Cambio evalúa no asistir este jueves a la reunión, según pudo saber parlamentario.com.

Asimismo pudo saberse que si el oficialismo quisiera avanzar en la firma del dictamen este miércoles, no podrá de todas maneras en hacerlo en las tres comisiones, ya que el diputado Buryaile, que preside la Comisión de Agricultura, no convocó a la reunión plenaria por los motivos expuestos por el interbloque a Cecilia Moreau.

Según fuentes de JxC, además de violarse el reglamento, si un sector del oficialismo intentara avanzar en un proyecto que no tuviera consenso, “quedarán al desnudo las internas en el Frente de Todos, porque los 9 gobernadores peronistas que solicitaron brindar su opinión ante el Congreso todavía no han venido a exponer”.

El interrogante queda abierto y habrá que ver entonces qué es lo que sucede este jueves a partir de las 11 en el Anexo de Diputados.

El presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados, Leonardo Grosso (Frente de Todos), ratificó que este jueves comenzará a debatirse el proyecto sobre humedales y aseguró que “la norma regula y ordena las prácticas humanas sobre los ecosistemas”.

En diálogo por Radio Provincia, recordó que proyectos para conservar los humedales comenzaron a tratarse en 2013, pero siempre perdían estado parlamentario. Afirmó que “son 10 años de lobby de los sectores más concentrados del campo como la Sociedad Rural y la Confederación Rural Argentina que pretenden ganar tiempo y que el Estado no regule los presupuestos y estándares que tienen que cumplir para seguir produciendo”.

En ese marco, aclaró que “esta es una ley en contra de la destrucción y no de la producción”, y agregó que “la ley regula y ordena las prácticas humanas sobre los ecosistemas para tratar de preservarlos”, pero “no quiere decir que no se usen, sino que se utilicen como corresponde”.

Grosso enfatizó que “la construcción de countries tiene que tener prácticas sustentables”, porque “cuando hay un incendio lo pagamos entre todos porque intervienen los gobiernos nacionales, provinciales y municipales para apagarlo, subsidiar a los productores y reparar el daño que genera la crisis ecológica derivada de estas prácticas”.

Seguido, dijo que las inundaciones también son consecuencia de las obras que se hacen “sin pensar en el escurrimiento del agua y su vuelta al cauce del río” mientras que “las consecuencias las pagan los más pobres”.

Por último, el legislador oficialista se mostró optimista en “lograr el dictamen este jueves”, y bregó para que este año “tengamos la Ley de Humedales porque será la primera herramienta que tendríamos para prevenir”.

Un día después de haber expuesto durante la sesión informativa del jefe de Gabinete sobre el grave problema que representan los incendios en las islas y las consecuencias ambientales que están generando en su ciudad, Rosario, el diputado nacional Enrique Estévez (Partido Socialista) pidió un apartamiento de reglamento para tratar una serie de proyectos referidos a la protección de humedales en un plenario de comisiones a partir del 22 de septiembre.

Arrancó refiriéndose al tiempo “muy difícil por las catástrofes ambientales que está atravesando nuestro planeta en general y la Argentina en particular”. Habló de “la calamidad que estamos viviendo con los incendios que vemos habitualmente en todo nuestro país”, y remarcó que “nos debemos un debate sincero honesto, respetuoso, sin sobresaltos que busquen atajos ni enemigos, sin sobreactuaciones que profundicen las contradicciones que tenemos como sociedad”.

El legislador santafesino recordó los proyectos “muy importantes” que todavía esperan ser tratados en la Cámara baja y citó el caso de la ley de humedales, que dos veces tuvo media sanción del Senado y que hace poco más de un año tuvo dictamen en una comisión de Diputados. Tras lo cual, solicitó a sus pares emplazar a las comisiones de Recursos Naturales, de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda “para que en forma conjunta, en trabajo de plenario, se pongan en tratamiento una serie de expedientes” que a continuación enumeró. Todos ellos referidos al Régimen de Protección Ambiental para el uso racional y sostenible de los Humedales. La propuesta, que como dijimos fue aceptada por el pleno, fue para que el debate en comisiones se inicie el próximo jueves 22.

La propuesta fue aceptada por su par oficialista Leonardo Grosso, titular de la Comisión de Recursos Naturales, y quien viene insistiendo con la necesidad de tratar el tema de manera inmediata. Con todo, el legislador del Movimiento Evita aclaró que en el Frente de Todos “preferimos siempre los acuerdos parlamentarios, el diálogo, por sobre los emplazamientos”.

“También saben lo que pienso de la ley de humedales”, recordó, como así también insistió en la necesidad de tratar cuanto antes el tema, por lo que anticipó que el bloque FdT votaría de manera afirmativa el emplazamiento.

El radical Ricardo Buryaile, titular de Agricultura y Ganadería, otra de las comisiones emplazadas, anticipó también el apoyo al pedido, aunque planteó una y otra vez con la necesidad de “compatibilizar medio ambiente con producción”. “Esa es la premisa con la que vamos a trabajar”, remarcó, recordando que dentro del paquete de proyectos que se anunció servirán para el tratamiento hay varios de la principal oposición. Comentó también que desde que está al frente de la Comisión de Agricultura, “siempre estuvimos a disposición de tratar cualquier proyecto de ley que sea girado a nuestra comisión. Sean o no de mi agrado. En este caso este es de mi agrado”, aclaró, recordando que él es firmante de un proyecto.

Con todo, advirtió que “lo que se está viviendo en Rosario no se va a parar con la ley. Tenemos una Ley de Manejo del Fuego y el problema está en el hombre, la prevención y los organismos que deben atender esto”. Contó a continuación que “nuestra comisión está trabajando con Presupuesto y los distintos bloques que componen esta Cámara, en un proyecto que fue pedido por el ministro y el presidente”.

Buryaile aclaró que habían hablado el día anterior con el diputado Enrique Estévez y también con Leonardo Grosso, sobre el tema. “Habíamos consensuado una metodología de trabajo… Ante esta intimación, vamos a votar positivamente”, aclaró, pero no pudo evitar calificar “violenta, intempestiva enterarnos esta mañana” del emplazamiento que se impulsaría.

Desde el bloque Evolución Radical, el pampeano Martín Berhongaray dijo en su condición de vicepresidente de Recursos Naturales que están “aburridos de estos pedidos de emplazamiento que empiezan a ejecutarse y terminan en nada”. Habló de la necesidad de tener “sí o sí un dictamen de la ley de humedales, y le adicionó otra condición: que así sea al cabo de tres reuniones de comisiones consecutivas, en semanas sucesivas.

Desde el Pro, Fernando Iglesias anticipó también el apoyo de su espacio, en los mismos términos planteados por Ricardo Buryaile: “Esto no es un problema legislativo, es un problema de gestión y no aceptamos la acusación de haber retrasado esto. Vamos a apoyar todo lo que tenga que ver la preservación económica, y estamos dispuestos a tratarlo a nivel legislativo, pero no aceptamos la maniobra fácil de adjudicar al Congreso lo que se está viviendo. Es un problema de gestión”.

El presidente del bloque Frente de Todos, Germán Martínez, ratificó los dichos de Grosso en cuanto al acompañamiento oficialista, y destacó la presencia de intendentes santafesinos en la Cámara ese mismo día para plantear la magnitud del problema que están viviendo. Concluyó sugiriendo planificar una reunión para el próximo jueves a las 10 de la mañana para tratar los proyectos y buscar que cuanto antes llegue al recinto.

Graciela Camaño se pronunció a favor de lo expuesto inicialmente por un miembro de su interbloque como es Enrique Estévez, y aclaró que él no había hecho ninguna imputación, salvo la de la mora que la Cámara de Diputados tiene con el tema humedales. Alertó sobre el problema del cambio climático, y “la seria desertificación que está sufriendo la Argentina”, donde casi el 72% del territorio está desertificado.

A continuación, Nicolás Del Caño apoyó la moción, pero rechazó el concepto de “violento” que Ricardo Buryaile le había puesto al emplazamiento. “Violento es lo que está sucediendo, es lo que pasa en Rosario, que no se puede respirar”, replicó, quejándose de que hace “10 años que este dictamen no sale de este Congreso”, donde “de repente dicen que están todos de acuerdo, qué hipocresía”.

El radical correntino Jorge Vara se manifestó “total y absolutamente” en coincidencia con la propuesta, pero aclaró que no era responsabilidad de los diputados de la Comisión de Agricultura que no se hubiera discutido el tema. “Nunca llegó”, aclaró, advirtiendo no obstante que quería un “debate con consistencia y respetando las evidencias, porque podemos llegar a sancionar una ley que no sea aplicable después”.

“Por supuesto me sumo al pedido”, planteó Romina del Plá, que reclamó también “dejar de jugar al Gran Bonete, porque hay una responsabilidad de los distintos bloques mayoritarios en haber cajoneado el tema”. Y lanzó una advertencia al movimiento socioambiental por los dichos de Buryaile sobre un proyecto del Ejecutivo en el que estarían trabajando. “Que se discuta el proyecto que tiene el acuerdo de las 200 organizaciones”, reclamó.

Maximiliano Ferraro (CC) y Ximena García (UCR) se refirieron luego a un proyecto propio presentado oportunamente y adelantaron su apoyo, mientras que el rionegrino Luis Di Giacomo rechazó hacer un debate político sobre el tema: “No nos parece oportuno hablar de si los incendios son por provincias peronistas o radicales”, y con ironía se refirió a los diputados porteños, donde “se permiten cada vez más edificaciones, con lo que los espacios verdes son cada vez menos y no van a tener incendios”.

El diputado nacional y titular de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación, el oficialista Leonardo Grosso, presidió en la ciudad de Rosario una reunión donde se expusieron argumentos a favor y en contra del proyecto de Ley sobre Presupuestos Mínimos de Humedales, ante la que exigió la aprobación de la Ley.

“Elegimos hacer este encuentro en Rosario como epicentro del daño ambiental que se está produciendo en las islas del Delta y consideramos que con la Ley de Humedales no estaría sucediendo semejante ecocidio”, explicó el diputado del Frente de Todos.

En este sentido, consideró que “los malos usos de los recursos nos están dejando un daño irreparable, por eso entendemos que no hay más excusas, tenemos que aprobar la Ley de Humedales”.

En la reunión expusieron sus argumentos diversos especialistas y científicos, representantes de organizaciones ambientales, productores rurales y desarrolladores urbanos. Entre los distintos grupos destacaron los argumentos del Movimiento Regional en Defensa de los Humedales, el Taller Ecologista, Asociación Civil Comunidad Islera, Organización Mundo Aparte, Paren de Fumigarnos, Sociedad Rural, la Universidad Nacional de Rosario y El Paraná No Se Toca.

“Este proceso de participación es la impronta que tiene el proyecto, hay un espíritu de escucha que tiene por objetivo demostrar que la ley no tiene una esencia prohibicionista, sino proteccionista de los recursos naturales y eso significa que no hay una dicotomía entre producción y ambiente”, afirmó Grosso y agregó: “La contradicción está entre la depredación y el ambiente”.

También participaron los diputados nacionales Eduardo Toniolli, Mónica Fein, Graciela Camaño, Federico Fagioli, Florencia Lampreabe, Cristina Brítez, Magalí Mastaler, Alejandra Obeid y Enrique Estévez; los diputados provinciales Lucila De Ponti, Matilde Bruera, Mónica Peralta, Esteban Lenci, Joaquín Blanco y Paola Bravo; las concejalas Norma López, Silvana Teisa, Julia Irigoitia, Luz Ferradas, Martín Cerdera,  Marina Magnani, Fernanda Gigliani, Verónica Irizar, Susana Rueda, Lisandro Cavatorta, Jessica Pellegrini, Mauro Ferrero, Ciro Seisas y Nadia Amalevi.

El diputado nacional Leonardo Grosso (Frente de Todos-Buenos Aires) habló acerca de la quema de pastizales en el Delta del Paraná y recordó los incendios en Corrientes del verano pasado, por lo que reflexionó: “Es una vergüenza que no nos hagamos cargo (los legisladores) de avanzar con una ley de humedales. Hay prejuicio, falta de formación e información”.

En conversación por FM La Patriada, el legislador apuntó que “hace diez años que se discute esta ley, pero que hay lobby económico de la megaminería y de los sectores concentrados de la producción rural que quieren hacer creer que la ley prohíbe la actividad económica en le territorio y es falso”, y afirmó: “En la ley no se prohíbe, se regula”.

“En el 2013 se presentó la primera ley y se unificó con otro proyecto, pero la Cámara revisora no lo aprobó, luego en 2016 pasó lo mismo y hace dos años atrás también”, recordó el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara baja, que además anticipó que “los días 3 y 4 de septiembre habrá movilización para que se trate y se apruebe la ley de humedales”.

Por otro lado, el diputado bonaerense, quien estuvo en Corrientes en estos días, advirtió que “los resultados de la práctica productiva descontrolada son los incendios forestales que generan daños irreversibles en los ecosistemas”.

En tal sentid, fue consultado sobre la Ley de Manejo del Fuego, reformada por impulso del kirchnerismo meses atrás, y explicó que “es una ley para prevenir el abuso de las quemas, pero no la respetan”. “Si no cambias el uso del suelo, es una acción de daño y perjuicio sobre terceros (pobladores y fauna)”, agregó.

Los diputados nacionales del Frente de Todos Leonardo Grosso y Eduardo Toniolli mantuvieron un encuentro con el director nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Rafael Klejzer, para trabajar en la elaboración de un proyecto de ley que permita la creación de la Empresa Nacional de Alimentos.

“Es hora de discutir realmente el proceso de producción y comercialización de los alimentos en nuestro país porque es inmoral que haya dificultades para que las familias accedan a la canasta básica de alimentos”, afirmó Grosso.

Rafael Klejzer consideró que “en la pospandemia ya no se discute la intervención del Estado, sino las formas, allí radica nuestro desafío”.

Además, Grosso explicó que “en la escalada inflacionaria también vemos especulación de precios generada por la concentración de empresas, por eso es importante que el Estado en conjunto con las pymes y sectores de la economía popular formen parte del mercado”.

“Con planificación estatal, y la incorporación de experiencias productivas preexistentes en todo el país, que involucran a las pymes, a cooperativas, a empresas sociales productoras de alimentos, a agricultores familiares, a gobiernos locales, entre otros actores, es posible avanzar en la construcción de precios de referencia anclados al mercado nacional”, opinó Toniolli.

Más del 80% del total de la comercialización de alimentos en Argentina se encuentra en manos de 6 grandes cadenas de supermercados y el 74% de la facturación de los productos de la góndola corresponden a 20 empresas monopólicas.

En este sentido, Toniolli agregó que “es una apuesta al trabajo, a la producción y al cuidado de la mesa de los argentinos, en un momento mundial complejo y excepcional, que requiere también de respuestas excepcionales”.

En términos generales, el borrador de la propuesta indica que el Estado tendría el 51% de las acciones mientras que el 49% le correspondería a las pymes nacionales y a sectores de la economía popular.

La Cámara de Diputados aprobó proyectos vinculados a la creación de Parques Nacionales en las provincias de Río Negro y Córdoba, además de una ampliación del ya existente Pre-Delta en Entre Ríos. Fueron tres votaciones registradas cerca de las 2 de la madrugada de este jueves que registraron el mismo resultado: en el caso de Pre-Delta, el resultado fue 193 votos positivos y uno negativo; en el del Parque Nacional Ansenuza, 195 votos a favor y uno en contra; y el Islote Lobos dio 195 votos a favor y uno en contra, y en este caso el proyecto se convirtió en ley.

El único voto negativo correspondió a la diputada de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel. Su compañero de bancada, Javier Milei, estuvo ausente en toda la sesión.

Con la presencia en el recinto del ministro de Ambiente, Juan Cabandié, actuó como miembro informante la diputada Cecilia Moreau, presidenta de la Comisión de Legislación General, quien leyó los detalles de las cesiones de las áreas en cuestión y las bondades de esos patrimonios de la naturaleza. “Creemos que con la ampliación y creación de estas nuevas áreas protegidas estamos buscando compatibilizar la protección y conservación ambiental con la generación de oportunidades económicas sostenibles a nivel regional”, señaló, enfatizando el trabajo transversal de funcionarios nacionales, provinciales y municipales, como así también de legisladores de todos los sectores.

A continuación, el presidente de la Comisión de Ambiente, Leonardo Grosso, expresó su beneplácito por llegar finalmente a esta instancia y felicitó a toda la gente que trabajó muchos años con el objetivo a punto de cumplirse. “Es mucho trabajo de mucha gente, es mucho esfuerzo, mucho tiempo. Esta es una buena noticia en el medio de muchas malas noticias ambientales a lo largo y ancho del mundo y de la Argentina en general”, reseñó.

“En 2020 en la Argentina se incendiaron 2,5 millones de hectáreas de humedales, bosques y un montón de cosas más”, señaló en un pasaje de su discurso, advirtiendo que en 2022 ya hay un millón de hectáreas prendidas fuego en el país, e hizo referencia especial a lo que sucedió en Corrientes. “Ante esta crisis climática, el que tiene la responsabilidad principal es el Estado”, remarcó. Y cerró su discurso reclamando el debate de proyectos como el de Humedales y la ley de Envases.

También intervino la diputada Ana Carla Carrizo (Evolución Radical), quien consideró que “este es un debate necesario. Hoy estamos aumentando las áreas protegidas, creamos dos parques y reservas nacionales y además ampliamos un parque existente sobre los 46 que tenemos”.

“Esto no es una prioridad, es casi una emergencia”, advirtió por el contexto de cambio climático que se vive, y habló también de que la creación de áreas reservadas “es una política de los gobiernos democráticos en la Argentina”. Sobre el final leyó unas palabras de una luchadora del medio ambiente como es la diputada (MC) Brenda Austin, quien manifestó su alegría por el tratamiento del Parque Nacional Ansenuza -ella es autora de uno de los proyectos con el que se redactó la norma-, reconociendo “el trabajo transversal y la capacidad de ponernos de acuerdo”. Envió además un reconocimiento a los intendentes de la zona que trabajaron tanto para llegar a este momento.

Parque Nacional y Reserva Islote Lobos

El proyecto para la creación del Parque Nacional y Reserva Islote Lobos venía con media sanción del Senado, por lo cual se convirtió en ley con la aprobación de Diputados.

Mediante la norma se acepta la cesión de terrenos efectuada por la provincia de Río Negro al Estado Nacional y se transfieren el total de los sectores fiscales (intermareal y marino). Asimismo, se acepta la cesión sobre un conjunto de parcelas de propiedad privada (sector terrestre).

El área natural se sitúa sobre el golfo San Matías, en la costa atlántica de Río Negro, en cercanías a la localidad de Sierra Grande. Posee 18.000 kilómetros cuadrados y es el segundo golfo más extenso de Argentina, caracterizado por una importante producción biológica, amplitud de mareas y buena renovación de las aguas.

De acuerdo a la ley, el Estado Nacional deberá registrar los respectivos planos dentro del plazo de dos años. También, deberá radicar la Intendencia del futuro Parque Nacional y un centro de informes en la ciudad de Sierra Grande y de un segundo centro de informes en la localidad de Playas Doradas.

Además, tendrá la obligación de conservar el patrimonio cultural, arqueológico, paleontológico, evitando la pérdida y su deterioro; y de realizar las gestiones necesarias para evitar el ingreso de animales domésticos y promover la gradual erradicación de especies de flora y fauna exóticas en toda el área protegida.

Con esta medida se busca proteger a 19 especies de reptiles, 27 especies de mamíferos terrestres nativos, 61 especies de aves marinas y costeras, y 94 especies de aves terrestres.

Parque Nacional Ansenuza y Bañados del Río Dulce

El proyecto de creación del Parque Nacional Ansenuza y Bañados del Río Dulce recibió media sanción y de esta manera deberá ser tratado ahora en la Cámara alta. Mediante el texto, se establece que se acepte la cesión de los terrenos que la provincia de Córdoba otorga en favor del Estado Nacional.

Se trata de la jurisdicción ambiental y dominio sobre un sector de los Bañados de Río Dulce (475.477 hectáreas) para la creación de una Reserva Natural; y del sector de la Laguna de Mar Chiquita o Ansenuza (185.936 hectáreas) para la creación del Parque Nacional.

Este gran humedal presenta el 66% de todas las especies de aves migratorias y playeras registradas para Argentina, concentra casi el 36% de la avifauna del total del país (380 especies de aves registradas) y el 85% de las 447 especies de aves citadas para la provincia de Córdoba. Además la región alberga las tres especies de flamencos existentes en Sudamérica.

Existen otras especies registradas, que comprenden alrededor de 32 mamíferos, 16 anfibios, 37 reptiles, 50 peces aproximadamente y un número de insectos que aún no han sido precisado.

Ampliación del Parque Nacional Pre-Delta

En la sesión también recibió media sanción un proyecto por el cual se acepta la cesión de terrenos por parte de la provincia de Entre Ríos con el objetivo de ampliar el Parque Nacional Pre-Delta, ubicado en el departamento de Diamante. Con esta ampliación, la superficie que será protegida pasará a tener 2.604 hectáreas.

La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano mantuvo un encuentro para tratar proyectos de ley de aceptación de cesión de jurisdicciones provinciales al Estado para la creación de diversos parques nacionales, entre otras iniciativas. 

Se trata de los proyectos de cesión de terrenos para la creación del Parque nacional Islote Lobos, en Río Negro; de creación del Parque nacional Ansenuza, la Reserva nacional Ansenuza y los bañados del Río Dulce, en la provincia de Córdoba; la aceptación de la transferencia de jurisdicción efectuada por la provincia de Entre Ríos al Estado nacional para la ampliación del área protegida ya constituida, y designada como Parque nacional Pre-Delta, ubicado en el departamento de Diamante; y sobre el cambio del nombre del Parque nacional Traslasierra del noroeste cordobés, por el de Parque nacional Pinas. 

Al respecto, el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Lautaro Erratchu, expositor convocado, señaló la importancia de la creación y ampliación de estas áreas protegidas “en el entendimiento de que sigue siendo una estrategia fundamental para la creación de los recursos naturales y culturales en nuestro país”. 

En este sentido, explicó que la creación de áreas protegidas “brinda servicios ecosistémicos que son muy importantes para toda la población. Nos planteamos como objetivo de gestión incrementar en un 20% las áreas protegidas terrestres del país, y duplicar las áreas marinas protegidas. Creemos que con este paso que estamos dando hoy, más otros proyectos que tenemos en trámite, vamos a poder cumplir ese objetivo”. 

Finalmente, sobre la modificación del cambio de nombre del Parque Traslasierra por el de Parque nacional Pinas señaló que “hubo un error al momento de la sanción de la ley de creación de ese, por un lado, porque no coincide la ubicación del lugar, no es en el valle de Traslasierra, es un parque que está ubicado en el noroeste de la provincia de Córdoba, en el departamento de San Carlos Minas; pero además de la cuestión meramente geográfica, tiene que ver con el respecto de la identidad, y reconocer a la Estancia Pinas como un lugar histórico”. 

Tras su exposición, tomó la palabra uno de los dos intendentes cordobeses invitados a la reunión de Comisión por la diputada Gabriela Estévez, el jefe comunal de San Carlos Minas, Cristian Frias, que destacó la necesidad del reconocimiento de la identidad: “Imagínense la importancia que es para la zona más pobre de la provincia de Córdoba como es el NOC este tipo de emprendimiento, que es una industria que realmente va a generar un impacto social y económico muy importante. Muchos actores, que culturalmente viven de lo que cosechan, de lo que siembran van a ser beneficiados. Hace falta y lo necesita toda la zona. Para nosotros este reconocimiento de parte de la Nación es magnífico”.

Seguidamente, Estévez se refirió a la creación del Parque nacional Ansenuza y la necesidad de traer a los actores involucrados en el territorio a la Comisión: “Con esta construcción de trabajo articulado entre las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas quiero destacar al movimiento campesino, y los intendentes, y los técnicos de Parques Nacionales que han trabajado arduamente en este proyecto. Además, la transversalidad política de los distintos bloques parlamentarios, que habla de que en cosas importantes para nuestra provincia nos ponemos de acuerdo y llevamos iniciativas de manera conjunta”, expresó.

Tras su introducción, la diputada le dio la palabra al intendente de Marull, Juan Gabriel Faletto: “Es muy importante darle la máxima protección a este ecosistema. Y también lo es, porque la creación de este Parque nacional nos visibilizada a todas las pequeñas comunidades que lo integramos. Nos pone en el mapa provincial y nacional, porque significa un nuevo corredor turístico en la provincia de Córdoba”.

Respecto al tema Ansenuza, el presidente de la Comisión, Leonardo Grosso, explicó que hay una discusión que viene impulsando el movimiento nacional campesino indígena, y con asociaciones civiles respecto a la actividad de transhumancia de los productores vinculados a los bordes de la laguna, y que existe un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios de incorporar una resolución al respecto en el recinto.

Sobre esto mismo, la diputada Estévez agregó que existen pequeñas comunidades, productoras de carne que “llevan adelante su tarea ocupando tierras que han ocupado ancestralmente sus familias, que llevan adelante un modo de producción que tiene que ver con una cuestión muy arraigada en la identidad, que tiene que ver con la transhumancia. El problema que tienen en esa zona es que se iba a declarar parque nacional a la laguna y los terrenos que están al borde del río están siendo alambrados y nos les permiten que con sus animales lleguen al agua. Lo que piden es que se cuide ese modo de producción ancestral, y que se proteja como parte de la identidad cultural de la zona”.

Además de estos temas, se aprobó la declaración de “monumento natural” a la especie animal conocida como “águila Coronada” (buteogallus coronatus), a la especie Aguila Harpia –Harpia Harpyja– y a la especie Aguará Guazú –Chrysocyon Brachyurus–. 

Al cierre de la reunión, el presidente de la Comisión, Leonardo Grosso, trajo a colación el proyecto de ley de Humadales, aún sin tratamiento: “El Pre-Delta y Ansenuza son humedales, y parte importante de nuestra responsabilidad es construir acuerdos entre nosotros para avanzar en una legislación que está pendiente, y que la sociedad viene reclamando, para que no nos tenga que agarre el fuego de vuelta para discutir Hhumedales. No miremos para otro lado y veamos como avanzamos. Vayamos construyendo los acuerdos”, concluyó. 

La Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados realizó este martes una reunión informativa junto al representante de la Unión Europea, Virginijus Sinkevicius, con el objetivo de intercambiar ideas sobre la agenda ambiental 2022.

Presente en la reunión, el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, expresó a modo de introducción que “nuestra vocación y nuestra voluntad como Parlamento es que se pueda llevar adelante una agenda de cooperación: no solamente en la búsqueda de la consolidación de la economía circular, sino en la consolidación de una política de Estado amigable con el medio ambiente”.

Consecuentemente, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Leonardo Grosso, realizó un repaso de la agenda ambiental del país en los últimos años. Ponderando la protección sobre el territorio otorgada por las leyes de Bosques y de Manejo y Uso del Fuego, Grosso pidió que la comisión inicie “una discusión seria sobre la legislación que proteja los humedales”, que tenga por punto de partida “una estrategia para la preservación de nuestros bosques nativos, de nuestra tierra y biodiversidad, mediante el apoyo a las comunidades indígenas, campesinas y de la agricultura familiar, que tienen las formas más sustentables de producir”.

A su turno, el Comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea, Virginijus Sinkevičius, dedicó unas palabras a la representación de las Cámaras, con vistas a cooperar diplomáticamente en el cese del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Al referirse a los ejes ambientales de la UE, el Comisario puso énfasis en la regulación de las actividades causantes del daño forestal, destacando “el excelente ejemplo argentino en la materia, como es el Sistema de Trazabilidad de su ganado, donde se va siguiendo de principio a fin el ciclo ganadero, y con esa geo-ubicación garantiza que el producto final no sea producto de la desforestación”.

Con relación al marco de protección internacional de los océanos, Sinkevičius remarcó el compromiso de la UE de crear “dos nuevas zonas marítimas protegidas alrededor de la Antártida”, con eje en los acuerdos entre Chile y Argentina, “para lograr así la zona cuidada más importante del mundo, con el uno por ciento protegido totalmente”.

Como integrante de la comisión se expresó la diputada Graciela Camaño, en primera instancia, para solidarizarse con el pueblo ucraniano. De inmediato, y con relación a la seguridad ambiental de la Nación, Camaño reivindicó “las 533 zonas ambientales que tiene nuestro país”, e hizo un llamado a perseguir una Ley de Aguas que consagre “el trabajo que, como Estado, realizan las bases científicas de la Argentina sobre la pesca y el cuidado de los océanos”.

Finalmente, el diputado Fernando Iglesias consideró como “un paso decisivo” avanzar en acuerdos entre la UE y el Mercosur, capaces de aportar “a la consolidación de los valores democráticos, y que fomenten la creación de cadenas de abastecimiento confiables, con todos los aspectos ecológicos para el desarrollo de ambas regiones”.

Participaron del encuentro, en representación del Congreso de la Nación, las diputadas Camila Crescimbeni, Ana Fabiola Aubone, Cristina Britez, Anahí Costa e Ingrid Jeter, junto al diputado Martín Maquieyra; las senadoras Gladys González y María Cristina del Valle Vega, y el director general de Diplomacia Parlamentaria, Cooperación Internacional y Culto de la Cámara baja, Ariel Sotelo.

La comitiva europea, por su parte, contó con la presencia del Embajador de la UE en Argentina, Amador González Rico; del jefe de la Sección Política de la Delegación de la UE en Argentina, Jordi García Martínez; del miembro del Gabinete de la Comisaría de Medio Ambiente de la UE, Eglentine Cujo, y del Asistente de Políticas del director General en Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Luis Planas Herrera.

El diputado nacional Leonardo Grosso (FdT) fue reelecto este jueves al frente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. “Es una alegría para mí, un orgullo y una responsabilidad que espero llevarla como corresponde”, expresó al asumir la conducción de la reunión.

En la designación de autoridades, el pampeano Martín Berhongaray (Evolución Radical) fue designado como vicepresidente primero; la misionera Cristina Britez (FdT), como vicepresidenta segunda; y las diputadas Camila Crescimbeni (Pro), Natalia Zaracho (FdT) y Ximena García (UCR), como secretarias.

Grosso destacó que “esta comisión ha trabajado mucho en los últimos años” gracias al haber construido “acuerdos transversales entre los distintos bloques” a partir de “discusiones importantísimas”. Asimismo, consideró que “el espíritu que tenemos que tener para adelante” es el de “mucha responsabilidad y compromiso”.

El legislador observó que la agenda ambiental “ha avanzado a pasos agigantados” en la sociedad y dentro de “los principales partidos políticos que son los que tienen representación parlamentaria”. “Aprovechemos esta realidad para hacernos cargo de construir un programa ambiental”, pidió.

Sobre los temas que debe abordar la comisión, el oficialista resaltó: “Si hay un nombre y apellido en temas ambientales se llama ley de humedales. Tenemos que afrontar esa discusión en esta comisión, y en el conjunto del Parlamento y con la sociedad argentina. No podemos seguir esperando a que se vuelvan a prender fuego en septiembre de este año nuestro humedales”.

También enumeró “envases, plásticos de un solo uso, ley de bosques, agroquímicos, cinturones verdes, fomento a la agroecología” y “desafíos nuevos que aparecieron en países hermanos con mucha fuerza”, como “los derechos de la naturaleza o el derecho al agua”.

Por su parte, Berhongaray expresó que es “un enorme desafío trabajar en esta materia que no tiene tanta historia y que está en permanente evolución en Argentina y en el mundo”. En cuanto a la normativa vigente sobre ambiente, advirtió que “es una legislación dispersa, asistemática y multijurisdiccional”, al tiempo que existe además una “permanente superposición de jurisdicciones y funciones que genera crisis de competencia, porque permanentemente se mezcla lo técnico con lo político”. “Hay que trabajar en la legislación pero también en políticas de coordinación y de cooperación federalista”, completó.

Por el Frente de Todos integran la comisión Fabiola Aubone, Lisandro Bormioli, María Cristina Britez, Carlos Cisneros, Gabriela Estévez, Federico Fagioli, Eduardo Fernández, Leonardo Grosso, Máximo Kirchner, Florencia Lampreabe, Mónica Litza, María Rosa Martínez, Alejandra Obeid, Leandro Santoro y Natalia Zaracho.

Desde Juntos por el Cambio son miembros Martín Arjol, Martín Berhongaray, Sofía Brambilla, Soledad Carrizo, Virginia Cornejo, Camila Crescimbeni, Maximiliano Ferraro, Federico Frigerio, Ximena García, Martín Maquieyra, Marilú Quiroz, Ana Clara Romero, Pablo Torello, Jorge Vara y Pamela Verasay.

La integrante que completa la nómina de 31 diputados es la bonaerense Graciela Camaño, del interbloque Federal.

En la reunión se ratificó que la comisión se reunirá los días martes a las 14.30.

El presidente Alberto Fernández arribó este viernes por la mañana junto a su comitiva oficial al aeropuerto internacional Arturo Merino, en Santiago de Chile, para participar de la ceremonia de traspaso de mando en la que Gabriel Boric Font asumirá la presidencia de ese país de manos del mandatario saliente, Sebastián Piñera.

La delegación que acompaña al je​fe de Estado está integrada por el gobernador de San Juan, Sergio Uñac; los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero; y Seguridad, Aníbal Fernández; de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y Salud, Carla Vizzotti; y la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti.

También forman parte los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello; y de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; la presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda; la asesora presidencial Dora Barrancos; la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la integrante de esa misma asociación Buscarita Roa.

Cuatro diputados nacionales oficialistas integran la comitiva: Ana Carolina Gaillard, María Liliana Paponet, Victoria Tolosa Paz y Leonardo Grosso.

“Gabriel Boric es representativo de nuestra generación y es muy importante para el pueblo chileno, porque viene a revertir años de políticas neoliberales que generaron desigualdad e inequidad en el país hermano”, afirmó la diputada entrerriana Carolina Gaillard.

“El momento que está atravesando América Latina es muy valioso. Gabriel Boric es representativo de nuestra generación y es muy importante para el pueblo chileno, porque viene a revertir años de políticas neoliberales que generaron desigualdad e inequidad en el país hermano”, indicó Gaillard. Y agregó que “con Gabriel Boric entra a la Casa de la Moneda el pueblo chileno, por lo que es un honor para mí poder integrar la comitiva”.

El diputado nacional Leonardo Grosso (Frente de Todos – Buenos Aires) se refirió a los incendios que consumieron el 10% del suelo de la provincia de Corrientes y que aún están activos, por lo que pidió que se trate en el Congreso la ley de humedales: “Lo que plantea esta iniciativa es un presupuesto de protección de estos ecosistemas para regular la actividad económica sobre los humedales, no para prohibirlas”

“Primero quiero expresar mi solidaridad con los correntinos que están sufriendo es una provincia de las más pobres afectadas por esta tragedia ecológica que por supuesto si trabajamos más a fondo hubiese sido una tragedia evitable en mucho de los planos que estamos viendo hoy”, expresó el legislador señaló en declaraciones a la AM 870.

Y siguió: “Más allá de todo, hay que superar las grietas políticas alrededor de estos temas porque lo que está en juego es muchísimo como por ejemplo resolver los problemas de desarrollo que tiene la provincia de Corrientes, pero además las afectaciones ecológicas cuando logremos apagar el fuego”, y se preguntó: “¿Cuál es el escenario que le queda a la provincia y a todos nosotros con las afectaciones posteriores de semejante catástrofe?”.

“Esto es algo que tiene que llamar al conjunto de las clases dirigentes políticas a asumir la perspectiva del cuidado ambiental o ecológica como uno d loe ejes de acuerdo entre todos los partidos”, remarcó.

En tanto, Grosso recordó que, en 2020, cuando comenzó a debatirse la protección de humedades en el Congreso, “una de las primeras provincias que -en términos institucionales y no sociales- se alzó en contra del tratamiento fue Corrientes, se alzó a través del Senado que no estaba de acuerdo con una ley que ni siquiera se había empezado a debatir, sino que estaba convocada para el debate”.

En ese sentido, agregó: “Hay mucha permeabilidad de los intereses económicos, a las falsas necesidades de establecer desarrollo, a interés de quienes no quieren modificar sus prácticas productivas porque ganan mucho dinero con eso. Hasta acá llegamos así sin ley de humedales que se debata hace 10 años y en Corrientes los ambientalistas y la comunidad científica viene advirtiendo que si aumentaba la zona sembrada con eucaliptus y pinos se iban a secar los humedales porque cuando se incorpora una especie foránea a un ecosistema, absorbe el tiple de agua, ahí hay otro motivo de seca de humedales más allá de hace 2 años que tenemos sequía”.

En el Día Mundial de los Humedales el diputado oficialista Leandro Grosso (Buenos Aires) afirmó a través de su red social Twitter que volverán a presentar el proyecto en el recinto en el inicio de las sesiones ordinarias, ya que la iniciativa perdió estado parlamentario al no ser incluido en el temario de las extraordinarias convocadas por el Gobierno.

“En el Día de los Humedales, reafirmamos nuestro compromiso en seguir empujando el proyecto que protege estos importantísimos ecosistemas para que se trate en el recinto y se transforme en ley”, aseguró Grosso.

Y adelantó: “Por ese motivo, el 1 de marzo, con el inicio de las sesiones ordinarias, volveremos a presentar el proyecto que logramos dictaminar de forma unificada desde la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados en el año 2020”.

“Mientras los humedales se pierden en manos del fuego y negociados, la militancia y conciencia ambiental se multiplican. Por eso no bajemos los brazos: hay que seguir luchando por una ley de humedales ya”, cerró.

En el Día de los Humedales, reafirmamos nuestro compromiso en seguir empujando el proyecto que protege estos importantísimos ecosistemas para que se trate en el recinto y se transforme en ley.#LeyDeHumedalesYA pic.twitter.com/GWU2oYFIWS

— Leonardo Grosso (@Leonardo_Grosso) February 2, 2022

Mientras los humedales se pierden en manos del fuego y negociados, la militancia y conciencia ambiental se multiplican.

Por eso no bajemos los brazos: hay que seguir luchando por una #LeyDeHumedalesYA 🌿💪🏽

— Leonardo Grosso (@Leonardo_Grosso) February 2, 2022

El diputado nacional Leonardo Grosso (FdT) acusó a sus pares de Juntos por el Cambio de estar “mintiendo y engañando a la población” respecto de la ley de envases, un proyecto impulsado por Máximo Kirchner, jefe de la bancada oficialista, y el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, que todavía no reunió el consenso necesario para poder tratarse en el recinto, dado que se oponen no solo desde la principal bancada opositora, sino también desde otros bloques federales.

El titular de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano aseguró que se trata de “una ley ambiental muy importante”, que busca “promover prácticas distintas en los productores”.

Sobre la tasa ambiental que la propuesta prevé implementar, explicó: “Es una pequeña tasa que se aplica en función a lo dañino que es ese envase al ambiente y a la salud humana”. Y agregó que si las empresas cambian su producción “no pagan tasas o pagan menos” si el envase es más o menos ecológico.

“Con eso se financia un sistema de reciclado a través de cooperativas”, señaló el legislador y defendió que “lo que estamos buscando con esta ley es reducir la basura para disposición final”.

Para el oficialista, “hay un interés muy fuerte de las empresas por no hacerse cargo del daño ambiental que hacen. La empresa de la gaseosa más famosa del mundo no se hace cargo de las millones y millones de botellas de plástico que terminan en nuestros mares, ríos o rellenos sanitarios”.

En declaraciones a FM La Patriada, Grosso apuntó que a la tasa “se resisten furibundamente la Cámara de Comercio yanqui (AmCham), que la escuchamos la semana pasada decir que era un impuestazo junto el coro de diputados y diputadas de Juntos por el Cambio, porque cuando esa cámara dice algo, ellos tienen que hacer eco a los cinco segundos y salir a defender los intereses de sus patrones”.

Y criticó los números aportados por el diputado del Pro Luciano Laspina “mintiendo y engañando a la población” al sostener que representaría “un aumento del 3% a todos los productos” con “cuentas ridículas”.

“Esto no impacta en la canasta básica. Es menos de un punto lo que puede impactar en algunos productos, si es que damos por sentado que los empresarios van a trasladar el costo ambiental que ellos generan al consumidor final”, defendió.

También, el diputado mencionó que “el otro sector que se resiste son los productores de alimentos de Argentina, la Copal a la cabeza, que tiene más una posición política que objetiva”. “Tanto AmCham como la Copal en otros países de Europa o del mundo pagan esta tasa, pero acá no la quieren pagar”, completó.

Ley de Alquileres

Consultado sobre la Ley de Alquileres, puesta en debate en los últimos días, Grosso reconoció que “funcionó mal”, porque “ganamos tres años de contrato, pero las inmobiliarias te cobran tres años de comisiones, y así se hace más difícil acceder a la casa”.

Para el legislador, “hay que discutir una política de alquileres en Argentina” y una “política de vivienda integral”, que contemple también “la construcción de viviendas y la regulación de los precios de los alquileres”.

El bonaerense recordó que cuando se dio el debate de la Ley de Alquileres había “un discurso muy fuerte por parte del Pro de que ‘no era negocio para los dueños de los departamentos alquilar’. La verdad es no sé si quiero que sea negocio alquilar departamentos en Argentina con el déficit habitacional que hay en el país”.

“La Ciudad de Buenos Aires tiene algo así como la mitad de los departamentos vacíos, que son parte de la especulación de algunos sectores y de la inversión financiera de otros”, observó.

Y cerró: “Hoy es imposible acceder a una vivienda en Argentina para cualquier laburante y para cualquier sector de la clase media; tenés que tener mucha guita para comprarte tu propia casa”.

El proyecto de ley de gestión de envases abrió una nueva grieta entre el oficialismo, que lo defiende con uñas y dientes, y la oposición que lo rechazó desde el primer momento por la tasa del 3% que establece. En ese sentido, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, Leonardo Grosso, afirmó que hay “unanimidad” en el Frente de Todos para votar el proyecto que promueve una gestión ecológica de los envases en todo el país para reducir su impacto sobre el medio ambiente y apuntó contra la oposición.

En declaraciones por Futurock, el legislador aseguró: “En principio hay unanimidad en el Frente de Todos con este proyecto. Es un proyecto que envió Alberto Fernández y es un tema central para todo nuestro espacio político”.

A su vez, apuntó contra la oposición: “Yo entiendo que la Cámara de empresas estadounidenses defienda sus intereses, pero no voy a entender a los diputados argentinos que defienden más los intereses de la Cámara yankee que de los propios argentinos y del medio ambiente”.

“La ley de envases pretende promover prácticas ambientales en la industria porque es el único sector que no se hace responsable de la trazabilidad del producto”, explicó Grosso y agregó que “al aplicar una tasa que promueva que los que producen los envases los hagan con material reciclado o los haga retornables, para que no terminen en ríos, mares y basurales a cielo abierto”.

En ese contexto aclaró que “la tasa que propone el proyecto es de hasta el 3% y se aplica gradualmente en la medida que esos envases sean muy contaminantes y no se puedan reciclar” a fin de “modificar las acciones contaminantes”. Por el contrario, añadió que “la tasa sería del 0% si uno tiene un sistema de retornabilidad de los envases o utiliza diseños ecológicos”.

Asimismo, el diputado nacional calificó como “mito” que la ley genere un aumento en la canasta de alimentos, y desmintió que sea “un impuesto a todos los envases“. “Es una tasa que implica que las empresas se hagan cargo de la responsabilidad que es la trazabilidad del producto”, ratificó.

El legislador oficialista remarcó que la ley “pretende aportar a la resolución de uno de los principales problemas ambientales que tiene la Argentina, que es la basura”, y subrayó que en Argentina “producimos 50 mil toneladas de basura diaria y el 20 por ciento de esa basura son envases post consumo, los que descartamos después de consumir algún alimento”.

Grosso destacó que “todos los espacios” del Frente de Todos se “han hecho eco de la discusión para pensar la sustentabilidad del sistema de producción en la Argentina”.

En la misma línea remarcó que “es algo que asumimos como parte de un compromiso que tiene que ver con empezar a incorporar la perspectiva ecológica en las políticas de Gobierno”, pero sentenció que si bien “la militancia ambiental puede hacer un aporte, el que tiene que tomar el toro por las astas es el Estado”. “La crisis ecológica es un problema y necesitamos tener respuestas concretas”, concluyó.

Llegará una inversión extranjera para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, lo que significa 8.400 millones de dólares y más de 55 mil puestos de trabajo directos e indirectos. En efecto, en el marco de la cumbre mundial COP26, que se desarrolla en la ciudad escocesa de Glasgow, autoridades de la firma australiana Fortescue, Andrew Forrest, anunciaron una millonaria inversión en la Argentina destinada a producir hidrógeno verde, durante un encuentro que mantuvieron con el presidente Alberto Fernández y parte de la comitiva argentina que lo acompaña.

Este anuncio fue celebrado por el Frente de Todos de la Cámara baja. Al respecto, el bonaerense Leonardo Grosso señaló: “En el día mundial de la Ecología, la Argentina anuncia que va recibir la inversión internacional más grande de los últimos 20 años para el desarrollo de Hidrógeno Verde, una de las energías del futuro porque se genera en su totalidad a partir de energías renovables”.

“Este es el desarrollo y crecimiento sustentable por el que hay que apostar, que además genera más de 55.500 puestos de trabajo directos e indirectos. Esperemos que nos permita comenzar a trazar nuestro camino hacia la transición energética que necesitamos”, agregó.

Por su parte, la diputada bonaerense Daniela Vila manifestó: “La inversión internacional más importante de los últimos 20 años destinada a la energía libre de emisiones de carbono. El hidrógeno verde es clave para la transición ecológica y nuestro país se posiciona a la vanguardia de su producción”, remarcó.

Asimismo, consideró: “Argentina tiene condiciones para protagonizar el cambio global hacia una economía sustentable y estamos dando los pasos para lograrlo. Sigamos alentando la transición energética en conjunto con nuestro sistema de ciencia y técnica”.

A su turno, el sindicalista y diputado nacional Walter Correa afirmó que “esta inversión histórica permitirá generar más trabajo en el marco del cuidado ambiental. Tras el paso del presidente -Alberto Fernández- por la cumbre climática, Argentina recibirá inversión internacional más grande de los últimos 20 años para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, se trata de más fuentes de trabajo”, concluyó.

Los diputados Leonardo Grosso -presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano- y Daniela Vilar (Frente de Todos), junto a la senadora Gladys González (Pro) -titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable- participaron de la Cumbre Parlamentaria del Clima.

La reunión fue organizada conjuntamente por la Unión Interparlamentaria (UIP) y el Parlamento italiano en el marco de la 26ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) que se llevará a cabo en Glasgow (Reino Unido) en noviembre de 2021.

La COP26 es la principal conferencia internacional sobre cambio climático; reúne a líderes de todo el mundo para promover la acción climática y la implementación del Acuerdo de París, el principal tratado internacional en la materia.

La UIP ha apoyado durante mucho tiempo la participación de los Parlamentos en las reuniones anuales de la Conferencia de las Partes mediante la organización de reuniones parlamentarias. Con este objetivo, el encuentro en Roma ofreció una oportunidad única para que parlamentarios de todo el mundo reflexionen sobre los avances logrados desde la firma del Acuerdo de París en 2015, así como también para establecer planes concretos de cara al futuro, en un momento en el que la crisis climática tiene una gravedad sin precedentes.

El programa de dos jornadas, que se llevó a cabo en el Palazzo Montecitorio, sede de la Cámara de Diputados de Italia, incluyó cuatro paneles de debate que abordaron cuestiones de vital importancia como la búsqueda de enfoques ecológicos para la recuperación del Covid-19, el estado de las negociaciones de la COP26, el financiamiento de políticas mundiales para el clima y la contribución de los parlamentarios para alcanzar los objetivos de la COP26.

Al finalizar las jornadas, los y las asistentes a la cumbre adoptaron el proyecto final de declaración que será presentado en noviembre en Glasgow. El mismo contempla aportes del Parlamento argentino vinculados al concepto de “responsabilidades comunes pero diferenciadas según capacidades nacionales” y la necesidad promover mecanismos de financiamiento multilateral para luchar contra el cambio climático.

Asistieron a las sesiones de trabajo parlamentarios/as de más de 70 países, así como también autoridades del ámbito político y multilateral como Sergio Mattarella, presidente de Italia; Roberto Fico, presidente de la Cámara de Diputados de Italia; Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidenta del Senado de Italia; Duarte Pacheco (Portugal), presidente de la Unión Interparlamentaria (UIP); Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos; Roberto Cingolani, ministro de Transición Ecológica de Italia; y Selwin Hart, Asesor Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Acción Climática, entre otros.

En representación del Congreso argentino participaron los diputados Leonardo Grosso y Daniela Vilar y la senadora Gladys González, quienes transmitieron su visión en las distintas sesiones de trabajo contempladas en la agenda. Fueron también parte de la delegación el director General de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara baja, Ariel Sotelo; y la directora de Asuntos Globales del Senado, Margot Carrillat.

La Unión Interparlamentaria fue creada en 1889, tiene su sede en Ginebra, Suiza. La organización tiene como objetivo ser un espacio para el diálogo parlamentario en todo el mundo y busca trabajar para la paz y la cooperación entre los pueblos y el establecimiento de la democracia representativa.

El diputado nacional y presidente de la Comisión de Recursos naturales y conservación del ambiente humano, Leonardo Grosso, participa de la Pre Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en donde la comitiva argentina planteó la importancia de responsabilizar a los países que más contribuyeron al cambio climático.

“Las grandes potencias tienen una deuda ecológica que debemos cuantificar porque hay una diferencia muy grande entre quienes intervinieron en acelerar el calentamiento global y países como el nuestro que tuvimos menos injerencia”, aseguró Grosso desde Roma.

“Es muy importante un consenso mundial respecto a cómo será la transición teniendo en cuenta aspectos centrales: quiénes tienen mayores recursos económicos, cómo los obtuvieron y qué deterioro ambiental provocaron en su desarrollo porque nos parece central hacer una evaluación integral para tener una solución justa, donde cada país se haga cargo de lo que hizo”, explicó Grosso.

El diputado nacional de San Martín Leonardo Grosso se refirió a la coyuntura electoral, y consideró que “ahora tenemos que vacunar a los que faltan, las elecciones hoy son una anécdota porque es lo único que nos puede devolver una vida más normal, sin riesgo y con trabajo”. 

En ese sentido, restó importancia al proceso pre electoral que se está viviendo porque “hay muchos dirigentes de la oposición que están discutiendo candidatos por la tele o cómo se va a llamar su partido en vez de romperse el lomo por buscar vacunas”. 

Además, Grosso agregó que “los problemas que tenemos que resolver hoy son claros: vacunas y trabajo, y se relacionan mucho porque dependemos de que haya mucha gente vacunada para volver a tener la vida que teníamos”. 

Fue durante la presentación del proyecto de Ley de Fomento a la Agroecología en Moreno. Encabezaron el acto junto al diputado Grosso, la intendenta local, Mariel Fernández; el ministro de Agricultura, Luis Basterra; el secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena; y el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez. 

El diputado nacional Leonardo Grosso encabezó un acto junto a Santiago Cafiero, Gabriel Katopodis y Fernando Moreira en el que inauguraron una Casa para Jóvenes con problemas de consumo de sustancias.

“La campaña de vacunación más grande de la historia no puede meterse en la grieta; mientras nosotros buscamos vacunas, Juntos por el Cambio busca un candidato y el ruido electoral en este momento no es bueno, la energía tiene que estar puesta en salir de la pandemia”, opinó Grosso.

En ese sentido, afirmó: “Alcanzamos las 25 millones de dosis en el país y el ritmo de vacunación es muy bueno. los vacunadores están haciendo un gran esfuerzo, tenemos que seguir siendo muy responsables en los cuidados”.

Del acto de inauguración también participaron Gabriela Torres, titular de Sedronar; el Padre “Pepe” Di Paola; Nancy Capelloni, Secretaria para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva de San Martín y Carolina Pedelacq, concejala del Frente de Todos de San Martín.

“La Casa para Jóvenes en San Martín recupera la esperanza para muchos pibes y pibas que están atravesando problemas con el consumo de sustancias y van a encontrar en este lugar a un Estado capaz de contenerlos emocionalmente y de ayudarlos a salir adelante con capacitaciones laborales”, consideró Grosso.

El proyecto de ley de los legisladores del Frente de Todos Leonardo Grosso y José Aragón se presentó este martes en la sede de la Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes , con la presencia de los ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra.

El objetivo es “fomentar las políticas de agroecología en todas sus escalas, de cara a la protección de los desarrollos agroecológicos existentes, así como de la promoción y acompañamiento de nuevas producciones”.

Además participaron representantes del CONICET y el INTA, como así también organizaciones campesinas, sociales y productores de varias provincias argentinas.

De la presentación en modalidad virtual participaron los autores del proyecto, Leonardo Grosso y el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, José Ruiz Aragón; además las diputadas bonaerenses Daniela Vilar y Florencia Lampreabe, la salteña Verónica Caliva y el correntino Jorge Romero.

En la apertura del encuentro el ministro Salvarezza destacó el proyecto por su “integralidad y el trabajo conjunto en la redacción del mismo”.

Además, indicó que “la agroecología cumple con dos condiciones: soberanía alimentaria y cuidado ambiental”.“
Asimismo, Salvareza valoró la cooperación entre el Poder Legislativo, la cartera a su cargo y Agricultura, la comunidad y la participación de universidades nacionales, INTA y CONICET para que fuera enriquecido el proyecto. “La agroecología es una oportunidad en ese tránsito hacia la producción que contemple la riqueza de la tierra y el cuidado ambiental”, concluyó.

A su turno, Grosso explicó que “el proyecto es un proceso interdisciplinario que nace desde el corazón de las organizaciones campesinas e indígenas que son las que construyeron una forma de resistencia a un modelo que los desvalorizaba, que los dejaba al margen”.

“Pretendemos resolver, por la positiva y en el momento adecuado, uno de los principales problemas ecológicos que tiene la Argentina, que es la producción agropecuaria con uso de agrotóxicos y con desmontes en toda la argentina”, cerró.

Participamos de la presentación del Proyecto de Fomento a la Agroecología con @ciencia_ar y @AgriculturaAR🥬
Estuvimos con los Ministros @RCSalvarezza y @LEBasterra, @carovera_ar, Pablo Núñez, @MiguelAGomezok, @Leonardo_Grosso @pitinruizaragon @FlorLampreabe y las organizaciones. pic.twitter.com/pZrPtBdjjx

— Daniela Vilar (@danyvilar) June 15, 2021

El diputado nacional y presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Leonardo Grosso, celebró la promulgación de la Ley de Educación Ambiental porque “es una herramienta clave que nos permite construir un futuro más sano”.

En este sentido, afirmó que “es una ley construida con organizaciones ambientales, sociales y educativas y que se logró porque hay una decisión política de avanzar en reglamentar derechos ambientales”.

“Estamos construyendo un cambio de paradigma y es una carrera contra el tiempo para consolidar otra manera de desarrollarse y de crecer porque hay un sistema productivo acostumbrado a destruir el ambiente”, aseguró Grosso.

El coronavirus no da tregua y ahora Leonardo Grosso es el último diputado en agregarse al extenso listado. El legislador del oficialismo se encargó de difundirlo en sus redes sociales, donde aclaró que sus síntomas son “leves”.

“Quiero contarles que di positivo de Covid-19. Por suerte tengo síntomas leves”, señaló, para agregar que “aún así, desde que comencé a manifestarlos estoy aislado en mi casa como corresponde”.

Grosso concluyó señalando que siempre se cuidó mucho, “por mí y por el resto, pero la circulación del virus es realmente alta e impredecible”.

Hola! Quiero contarles que di positivo de COVID-19. Por suerte tengo síntomas leves. Aún así, desde que comencé a manifestarlos estoy aislado en mi casa como corresponde. Siempre me cuidé mucho, por mí y por el resto, pero la circulación del virus es realmente alta e impredecible

— Leonardo Grosso (@Leonardo_Grosso) May 31, 2021

El diputado nacional y referente de San Martín Leonardo Grosso inició el camino del tratamiento de residuos sólidos urbanos en el partido, con el lanzamiento de la primera mesa de trabajo GIRSU: “Vamos a trabajar para vivir en una San Martín sustentable”, manifestó al respecto 

“Al conurbano se lo trata como el basurero del país. Acá es donde se vienen a tirar los residuos y ya tenemos que decir basta a la desigualdad. En José León Suárez convivimos con el Relleno Sanitario Norte 3 que recibe 18.500 toneladas de basura por día, el 40% de los residuos domiciliarios del país”, puntualizó Grosso. 

En ese sentido, sostuvo que “tenemos que generar conciencia ecológica hoy para cuidar el planeta de las futuras generaciones. ¿Qué lugar estamos dejando si no lo cuidamos?”. 

La Mesa de Trabajo GIRSU tiene como objetivo construir un plan de acción para llevar la separación en origen a todo el distrito y la articulación entre los grandes y medianos generadores de residuo directamente con los trabajadores de la economía popular en materia de residuos. Para tal fin se abordarán 5 ejes: generación de residuos, concientización, separación en origen, apoyo a los trabajadores de residuos, y basurales y microbasurales a cielo abierto. 

Grosso impulsa la iniciativa desde el Instituto Idear Ciudad, en conjunto con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la municipalidad de San Martín, con aportes de los gobiernos provincial y nacional.  El acto lanzamiento de la mesa de trabajo de realizó en el campus de la UNSAM, con las palabras de apertura a cargo del rector Carlos Grecco. 

La Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) es un sistema de manejo de los RSU que, basado en el desarrollo sostenible, tiene como objetivo primordial la reducción de los residuos enviados a disposición final y consta de 4 etapas: generación, recolección y transporte, tratamiento y disposición final. 

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y diputados nacionales del Frente de Todos encabezaron este miércoles la apertura del Foro Legislativo Ambiental, un ámbito para reflexionar sobre la temática en el marco de la puesta en vigor del Acuerdo de Escazú en el Día Mundial de la Tierra, que se celebra este jueves.

Del encuentro, realizado en el Salón de Pasos Perdidos, participaron los legisladores Leonardo Grosso (presidente de la Comisión de Recursos Naturales), Daniela Vilar, Gabriela Estévez, Gabriela Cerruti, Florencia Lampreabe y Federico Fagioli, además de cerca de 500 personas que se conectaron en forma virtual.

Grosso enfatizó que “hay que aprovechar esta crisis para construir un verdadero pacto ecosocial. Es necesario discutir un nuevo paradigma, no solo de ideas sino de acciones, de organización, de producción, de trabajo, de justicia; un nuevo modelo de país, un nuevo modelo de humanidad, y para esto hay que construir una mayoría social”.

El diputado sentenció que “estamos atravesando la peor crisis ambiental del planeta” y “estamos al borde del colapso ecológico”. “Del coronavirus discutimos todo menos el origen, y se trata de una enfermedad de transmisión zoonótica. No discutimos el origen, que se vincula a la depredación”, cuestionó.

Asimismo, llamó a “pensar como transitamos este año y medio” de pandemia, “porque construir una nueva normalidad implica construirnos distintos, reflexionar sobre lo que nos había llevado como sociedad destructora a este momento que vivimos”.

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A su turno, Vilar propuso “fortalecer e impulsar una agenda legislativa ambiental que incorpore los saberes colectivos”. “Estamos presentando un dispositivo de participación inédito que pretende impulsar políticas públicas desde el ambientalismo popular”, dijo acerca del foro.

En ese sentido, consideró “fundamental la participación ciudadana y los aportes de quienes vienen trabajando desde el territorio, con saberes e identidades propias que nos permitan co-crear propuestas con una lógica de ambientalismo popular”.

En tanto, Estévez mencionó que en su provincia, Córdoba, existen antecedentes de este tipo que “son de una riqueza y trascendencia en la construcción del ambientalismo”.

“En Córdoba quedó una huella que se sigue sosteniendo aun hoy, que dio un marco de organización: cada vez que sentimos que hay una amenaza vinculada al ambientalismo, salimos a la calle y nos expresamos en defensa del bosque nativo. Esa experiencia participativa es un antecedente muy bueno”, destacó, y agregó que “tomar las iniciativas desde la sociedad civil mediante sus diferentes expresiones es una gran iniciativa que debemos fortalecer entre todos”.

Cerruti, por su lado, destacó “dos elementos: por un lado, la posibilidad de poner en discusión la cuestión del ambiente y la ecología; y por el otro, poner en funcionamiento y en marcha una herramienta más de construcción en comunidad”.

“Estamos ante una crisis que es resultado de la aceleración del mundo en su conjunto. La salud comunitaria ha sido puesta en cuestión. Nadie se salva solo. El ambiente y el feminismo lo vienen diciendo hace tiempo. La pandemia deja claro que no hay salidas individuales”, analizó.

Lampreabe también elogió “la participación federal para construir políticas públicas, mejores proyectos y mejores propuestas”.

“Estas experiencias permiten acercar las instituciones y los espacios a la comunidad, al territorio, a la militancia y viceversa. Nos permite fortalecer muchos lazos de vinculación que cotidianamente tenemos, pero los estamos jerarquizando. Jerarquizar la participación y los intercambios le da otra entidad a los proyectos y permite mejores ideas”, explicó.

Por último, Fagioli indicó que “esto permitiría traer a debate esas peleas, las luchas, las banderas que cotidianamente levantamos desde el ambientalismo popular con los trabajadores”. “La pandemia demuestra el fracaso del modelo económico extractivista que destruye el ambiente”, coincidió.

A su vez, afirmó que “tenemos que ver en este foro la posibilidad de recuperar la capacidad de planificar como Estado, como militantes, en conjunto, entre la comunidad y los distintos estamentos del estado para diseñar políticas que resuelvan estas problemáticas. Se trata de una construcción colectiva”.

Los diputados oficialistas Paula Penacca, Hugo Yasky y Leonardo Grosso encabezarán la presentación de un proyecto de ley que tiene como objetivo prevenir y erradicar la violencia institucional.

El acto, que se realizará este martes a partir de las 18, contará con la participación de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; representantes de organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil; y familiares de víctimas de gatillo fácil.

Según establece la iniciativa, el propósito es “generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional”.

Además, el proyecto indica pautas concretas de acción frente a las denuncias, con el objetivo de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz. Asimismo, incluye un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad; y establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales.

“Se trata de un proyecto que construimos colectivamente, que cuenta con la participación y con los aportes de los distintos actores involucrados. El debate fue profundo y tenemos la decisión política de erradicar la violencia institucional”, sostuvo la diputada Paula Penacca, presidenta de la Comisión de Seguridad Interior.

La kirchnerista apuntó contra la gestión anterior: “Durante los cuatro años de macrismo se construyeron discursos de odio, y se alentó y legitimó el abuso policial desde las más altas esferas del gobierno sin importar el costo profundo que eso tiene para sus víctimas y para la construcción de fuerzas de seguridad democráticas”.

“Esta es una ley coherente con los ideales de nuestro proyecto político: defender los derechos humanos, no con fines electoralistas o desestabilizadores, sino porque sabemos que es la única forma de proteger la vida de nuestro pueblo”, agregó.

Por su parte, el diputado Leonardo Grosso remarcó que “en los últimos años se profundizaron los casos de violencia institucional porque el gobierno de (Mauricio) Macri, de la mano de Patricia Bullrich, tuvo una política de criminalización y de represión social. Es la misma dirigencia política que incentivó y que ahora fogonea que la policía con mano dura sea la que aplique la justicia y ya sabemos que los resultados son muerte, vejámenes y desapariciones”.

Finalmente, Hugo Yasky, titular de la Comisión de Derechos Humanos, consideró: “Como representantes del pueblo no podemos ser meros opinadores sobre la violencia institucional, ni banalizar un tema que es deuda de la democracia con oportunismo electoral. Debemos dotar al Estado y a la sociedad de las herramientas necesarias para prevenirla, sancionarla y erradicarla. Ese es el sentido de este proyecto de ley”.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Cabandié, y el diputado nacional y presidente de la Comisión de Ambiente y Conservación del Ambiente Humano, Leonardo Grosso, encabezaron este miércoles el Primer Foro Socio Ambiental desarrollado en San Martín, organizado por el Instituto Idear Ciudad y que contó con un notable panel de especialistas que abordaron la problemática de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

Junto al ministro y el legislador, estuvieron la diputada nacional Daniela Vilar, el decano de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM Ricardo Gutiérrez, el estudiante de Biotecnología de la UNSAM Jerónimo Batista y la integrante de la ONG Recicladores de Plaza Libertador Daniela Justiniano.

En un encuentro anterior participaron Lorena Pastoriza de la Cooperativa Bella Flor, Natalia Porzionato de 3iA Ingeniería Ambiental UNSAM, Sabrina Fernández, directora de Gestión Ambiental de la Municipalidad de San Martín y Florencia Carballa de Prosperar San Martín.

Al abrir el foro, Leonardo Grosso sostuvo que “estamos atravesando una las peores crisis ambientales de la historia de la humanidad. Por eso desde San Martín queremos recoger el guante y debatir de la problemática en nuestro distrito y abordar la agenda ambiental, sobre todo sobre el manejo de los residuos sólidos urbanos”.

“La crisis ecológica que vive nuestro mundo no puede esperar, no tenemos planeta B y cada vez tenemos menos tiempo”, enfatizó Grosso. Y añadió: El 40 % de los residuos del país se entierran en San Martín, a metros de nuestras casas. Es momento de construir soluciones colectivas, involucrando a todos los actores”.

A su turno, el ministro Cabandié dijo que “el tema de RSU es un disparador para reflexionar sobre problemas ambientales y sociales. Algo muy cotidiano que tiene que ver con lo que producimos, donde tenemos que trabajar en la concientización desde los distritos, con experiencias concretas donde están involucrados vecinos y vecinas”.

En ese sentido, explicó que “desde el ministerio pretendemos poner este tema en un lugar importante con el inicio de obras y plantas de tratamiento en diferentes puntos del país. La recolección representa una gran parte del presupuesto municipal, por eso desde Nación abordamos el tema de plantas de tratamiento y equipamientos para mejorar esos tratamientos”. Y concluyó: “El año que viene buscaremos una iniciativa legislativa para generar recursos para el tratamiento de residuos como puede ser una Ley de Envase”.

La diputada Daniela Vilar expresó que “tenemos el desafío de transversalizar el ambientalismo pero desde una óptica del ambientalismo popular. El modelo que nos trajo hasta acá es depredatorio y generador de pobreza”. Y agregó: Los problemas ambientales profundizan la desigualdad y la pobreza. Los basurales a cielo abierto traen como consecuencias problemas de salud, cognitivos, de acceso a recursos básicos por parte de las familias que viven en su cercanía”.

“Tenemos que ir hacia un cambio de paradigma. Y eso se logra con políticas públicas, con un estado presente que garantice la buena gestión de los residuos de manera participativa. Para generar buenas políticas tiene que haber una participación activa de la ciudadanía. La basura no se puede resolver desde una mirada unilateral”, finalizó.

Luego, Ricardo Gutiérrez precisó que “es necesario tratar y valorizar todas las corrientes de residuos para una recolección final ordenada. La región Metropolitana de Buenos Aires hay que ordenarla con recolección diferenciada, recolección den villas y asentamientos, instalación de plantas de tratamiento, erradicación de basurales a cielo abierto, reducción de la disposición final e incorporación de recuperadores informales”.

Por su parte, Jerónimo Batista desarrolló el concepto de Antropoceno: “La raza humana se convirtió en una fuerza biológica que transforma el planeta. Todo lo que generamos dura mucho tiempo y el beneficio es de un plazo muy corto. La masa de materiales artificiales que generamos en breve va a superar la cantidad de seres vivos que hay en el planeta”, sostuvo.

“El plástico, que se produce hace poco más de 100 años y ya superó la cantidad en masa de animales que habitan el planeta. Son residuos que duran para siempre y terminan en el entorno, en el agua, en la tierra e impacta sobre nosotros porque terminamos ingiriéndolos”, precisó Batista. Y concluyó: “Debemos pensar en la reducción de ese tipo de residuos e incorporar el reciclaje como actividad de impacto social importante. La economía circular puede ser una posible solución”.

Finalmente, Daniela Justiniano detalló el funcionamiento de la ONG de la que participa: “Nos organizarnos para hacer de los residuos una fuente de trabajo y poder afrontar la problemática. Visibilizamos el trabajo y formamos un equipo de relaciones institucionales para recibir materiales de otras instituciones”, contó. Y finalizó: “Adquirimos maquinarias y herramientas para la separación y recolección. Hoy recuperamos 5 toneladas de residuos por día. Tenemos dos objetivos, uno ambiental para evitar que el residuo vuelva a los recursos naturales y otro el social para generar trabajo”.

La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados logró dictamen favorable para el proyecto de Ley de Humedales y ahora sigue su curso parlamentario, donde tendrá que atravesar cuatro comisiones más: Agricultura y Ganadería; Presupuesto y Hacienda; Legislación Penal e Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios.

“La Ley de Humedales tiene que dejar de ser un sueño para ser realidad”, sostuvo Leonardo Grosso, presidente de la comisión.

“Esta tarde plasmamos en dictamen un trabajo de 7 meses, donde escuchamos a todos los sectores involucrados y buscamos los consensos políticos necesarios para que la iniciativa avance”, detalló Grosso.

En esa línea, Grosso destacó que “el trabajo en la comisión fue muy intenso y que todas las fuerzas políticas representadas junto a las organizaciones, los especialistas y asociaciones de la sociedad civil nos pusimos como meta saldar esta deuda histórica con los recursos naturales de nuestro país”. Y agregó: “No tenemos otro planeta, este es el único, y vamos a defenderlo desde la política y desde el Estado”.

“Estamos ante un cambio de paradigma en cuestiones ambientales”, señaló Grosso. Y concluyó: “Durante la Pandemia ratificamos el Acuerdo de Escazú, dimos media sanción a la modificatoria de la Ley de Manejo de Fuego, sancionamos la Ley Yolanda, dictaminamos la Ley de Educación Ambiental y hoy avanzamos con Ley de Humedales. Estamos encima de lo importante”.

Con la presencia de los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y de Educación, Nicolás Trotta, las comisiones de Recursos Naturales y de Educación de la Cámara de Diputados dieron dictamen por unanimidad al proyecto de ley de presupuestos mínimos para la educación ambiental, enviado por el Poder Ejecutivo.

Al inicio del debate, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Leonardo Grosso, propuso bautizar la norma con el nombre de Fernando “Pino” Solanas, en homenaje a la lucha del dirigente por el medioambiente a lo largo de su trayectoria política y también a través de su obra cinematográfica.

“Pino Solanas fue un referente de la lucha en la preservación del ambiente. Me parece correcto que esta ley, que es un avance importantísimo en materia educativa y ambiental y por la que tanto peleó, lleve el nombre de él”, planteó Grosso, y sus pares aceptaron la propuesta.

Por su parte, la titular de la Comisión de Educación, Blanca Osuna, consideró que “cuanto más participativo sea este proceso que desate una ley de educación ambiental integral, creemos que más chances hay de que efectivamente sea apropiada y sea un empoderamiento que nos permita dar los pasos que no se han dado”.

Hoy, desde la Comisión de Recursos Naturales, propuse que la Ley de Educación Ambiental se llame Ley Pino Solanas.

Pino fue un luchador histórico por la justicia social y ambiental, por eso el mejor homenaje que podemos hacerle, es aprender a cuidar a nuestro planeta 🌎💕🌿 pic.twitter.com/bj680L6IAh

— Leonardo Grosso (@Leonardo_Grosso) November 16, 2020

El ministro Cabandié destacó que “es un verdadero hito para las políticas públicas ambientales de nuestro país estar en esta instancia en donde vamos a darle media sanción a la ley de educación ambiental”.

A su vez, Trotta sostuvo que “el tema ambiental es un asunto educativo y constituye un imperativo de esta época, una problemática educativa contemporánea que debe abordarse de manera integral”, y por eso “este proyecto de ley ubica a la educación en los desafíos de sus tiempos”.

El proyecto, que quedó en condiciones de ser tratado en el recinto, establece el derecho a la educación ambiental como una política pública nacional de acuerdo al artículo 41 de la Constitución y a las leyes y tratados internacionales vinculados a la materia.

La iniciativa fue producto de un trabajo conjunto entre los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Educación, en consenso con las provincias, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).

El texto entiende a la educación ambiental como un proceso permanente, apoyado en una serie de objetivos: un abordaje interpretativo y holístico; el respeto por la biodiversidad; los principios de equidad y de igualdad desde el enfoque de género; y el reconocimiento de la diversidad cultural, el rescate y la preservación de las culturas de los pueblos originarios.

También se establecen como fundamentos la participación y formación ciudadana; el cuidado del patrimonio natural y cultural; la problemática ambiental; la educación en valores; el pensamiento crítico e innovador; y la concientización sobre el derecho constitucional a un ambiente sano.

El Frente de Todos bloqueó este lunes en la Cámara de Diputados un proyecto de la diputada Brenda Austin (UCR) que busca establecer presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales.

El oficialismo impuso su mayoría -con 16 firmas contra 11 de la oposición- para rechazar la iniciativa en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que preside Leonardo Grosso (Frente de Todos).

El proyecto de Austin, presentado hace unas semanas, propone destinar el 0,02% del Presupuesto Nacional para la prevención y el combate de los incendios.

La autora advirtió que el Presupuesto 2021 preveía originalmente “un recorte de más del 50% en los fondos destinados al Sistema del Manejo del Fuego”, además de “un recorte de las metas físicas”, como la reducción de horas de vuelo de aviones hidrantes.

Esa merma fue subsanada con una modificación en el dictamen, por la cual se agregó como fuente de financiamiento “una contribución obligatoria del tres por mil (3‰) de las primas de seguros excepto las del ramo vida, a cargo de las aseguradoras”.

Sin embargo, Austin consideró que esa modificación “no es el mejor camino” y pidió “que el Estado sea el que ponga los recursos”.

La cordobesa sostuvo que su propuesta “no va en sentido contrapuesto” al dictamen del Presupuesto 2021, e insistió en la necesidad de “contar con un piso mínimo de protección, que además supera con creces los fondos que tuvimos el año pasado”.

Desde el oficialismo, el puntano Karim Alume Sbodio fundamentó el rechazo, al considerar que el proyecto “es incompatible con el dictamen del Presupuesto”, que es “ampliamente superador”, y además habló de “diferencias en la técnica legislativa”.

El oficialismo y bloques minoritarios de la oposición avanzaron este lunes con el proyecto del jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, que prohíbe realizar modificaciones en el uso de las superficies afectadas por incendios.

La iniciativa recibió dictamen favorable con 17 firmas en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara baja, presidida por Leonardo Grosso (Frente de Todos), y quedó en condiciones de ser tratada en el recinto.

Se trata de una modificación de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, que impide realizar actividad agrícola, emprendimientos inmobiliarios o cualquier otro tipo de actividad que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego.

La prohibición será por el término de 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales, y por 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales.

Por un agregado propuesto por Graciela Camaño (Consenso Federal), el plazo de 60 años será “sin perjuicio de la protección especial que tales ecosistemas afectados particularmente obtengan de las leyes nacionales y locales, como de los tratados internacionales aprobados y ratificados por la Nación en la materia”.

Con nueve firmas plasmadas en un dictamen alternativo, Juntos por el Cambio rechazó la iniciativa por considerar que es un retroceso respecto de las leyes vigentes porque “viola” el principio de progresividad y no regresividad ratificado en el Acuerdo de Escazú, y además no distingue entre incendios accidentales e intencionales.

El debate

Al abrir el debate, Grosso sostuvo que “hoy mientras debatimos esta modificación de la Ley de Manejo del Fuego hay cuatro provincias que siguen teniendo focos activos, y se calcula que casi 900.000 hectáreas fueron arrasadas por el fuego”.

Además, el legislador advirtió que “el 95% de estos focos de incendio son el resultado de la acción humana”.

A pesar del esfuerzo de @juntoscambioar, logramos dictaminar el proyecto de Ley de modificación a la Ley de Manejo del Fuego para frenar los incendios con fines especulativos.

En esta comisión quedó claro qué intereses defiende cada bloque. Ahora, a hacerlo Ley!#LeyDeFuegoYa

— Leonardo Grosso (@Leonardo_Grosso) October 26, 2020

En defensa de la propuesta de ley, Daniela Vilar (Frente de Todos) aclaró que se busca atacar los incendios intencionales que tienen como objetivo “deforestar esas áreas con fines especulativos u inmobiliarios”.

Lo que se intenta, explicó Vilar, es prohibir el cambio en el uso posterior de la tierra para permitir “la restauración y la biodiversidad de los ecosistemas”. “Si hay tierras que ya tenían un destino (previo al incendio), como por ejemplo, la construcción de viviendas sociales, se podrán hacer sin esperar ningún tiempo”, aclaró.

La oficialista insistió en que esta ley “puede cambiar rotundamente el accionar de los lobbys inmobiliarios”.

Desde la oposición, Josefina Mendoza (UCR) alertó que el proyecto “no crea una mayor protección ambiental, sino que la disminuye”, ya que en el caso de los bosques nativos prohíbe el uso del suelo por 60 años posteriores a los incendios, cuando la Ley de Bosques “establece perpetuidad”.

Mendoza también señaló que “las áreas naturales también ya están protegidas por la Ley de Parques Nacionales”, y por otra parte cuestionó que el proyecto “no distingue entre incendios intencionales y accidentales”, y “se criminaliza al propietario de la tierra sin indagar en la culpabilidad”.

Otro radical, Fabio Quetglas, reconoció que “hay que combatir la especulación” pero sostuvo que “esta es una norma punitiva que se propone discursivamente solucionar el problema, pero no lo va a solucionar, porque el problema no está en la intencionalidad de los agentes sino en el contexto en que estos incendios se desarrollan”.

Quetglas afirmó que “los cambios (en el uso de la tierra) muchas veces pueden ser en favor de los ecosistemas, no necesariamente son en contra”, y coincidió con Mendoza en que “no puede ser que en una norma pongamos en idéntico rango los incendios accidentales y los intencionales”.

El oficialista Eduardo Fernández informó que de las 900.000 hectáreas incendiadas, 300.000 son de su provincia, Córdoba. “Nunca hemos dicho que esta ley va a solucionar todo. Estamos pensando en una medida urgente para este ecocidio”, señaló, y le respondió a Quetglas que “estas medidas no son punitivas, son de resguardo”.

Fernández consideró además que los funcionarios deberían recibir una “educación ambiental”, y subrayó que “hace falta dar una señal clara de que a través del Estado no vamos a permitir más la especulación”.

Grosso a Juntos por el Cambio: “Están defendiendo a los sectores que prenden fuego la Argentina”

Por su parte, José Luis Ramón, jefe de Unidad Federal para el Desarrollo y cofirmante del proyecto, sentenció que “el tiempo de los proyectos tibios ya terminó. Estamos frente a un problema ambiental, y en segundo lugar económico”.

“No es el pequeño productor el que ahora se beneficia con las quemas y los desmontes, sino los grandes emprendimientos inmobiliarios o agrícolas”, dijo, y agregó que “todos los años aparecen incendios en los mismos lugares y jamás aparecen los culpables”.

En tanto, Gabriela Cerruti (Frente de Todos) destacó que el Presupuesto 2021, que se tratará este miércoles, destinará “1.725 millones de pesos” al combate del fuego, gracias a un aumento que se incorporó en el debate en comisión.

“El proyecto disminuye la protección ambiental de bosques, porque establece que en caso de un incendio no pueden utilizarse el suelo por 30 años, pero la ley de bosques nativos lo prohíbe a perpetuidad”, dijo @JosefaMendo sobre el proyecto del oficialismo para el manejo del fuego pic.twitter.com/6062IXVrvD

— Bloque UCR – HCDN (@diputadosucr) October 26, 2020

A continuación, Brenda Austin (UCR) expresó: “Compartimos la intención y la preocupación, pero hay una disociación entre la herramienta y los objetivos. Esta no es la herramienta adecuada”.

La vicepresidenta de la comisión retomó el argumento de que los bosques nativos hoy están protegidos con la prohibición “perpetua” para el cambio de uso posterior a los incendios, cuando el proyecto establece un plazo de 60 años.

“Cuando hablamos de estándares ambientales siempre hay que ir por más, no por menos”, dijo Austin, y lamentó que “lo que están demostrando es que una mayoría circunstancial puede violar el principio de progresividad”.

Camaño, que acompañó la iniciativa de Máximo al igual que Ramón, se sinceró: “El problema de este proyecto es el autor, porque cualquier análisis que se haga de esta ley va a ser con un prisma absolutamente prejuicioso”.

La diputada de Consenso Federal recordó que en materia ambiental no puede haber retrocesos porque eso está consagrado en tratados internacionales, y que de lo contrario la Justicia “los hará valer” con una eventual declaración de inconstitucionalidad de la ley.

Hacia el final, Grosso retomó las palabras de Camaño: “Digan la realidad: el principal problema que encuentran en este proyecto es el autor. Dejen esa mezquindad política de lado y démosle una herramienta al Estado”.

“Están defendiendo a los sectores que prenden fuego la Argentina y no lo pueden decir. Ustedes pretenden que el Estado esté al servicio del mercado”, remató el presidente de la comisión.

Aguará guazú

En la reunión también recibió dictamen favorable un proyecto de Mario Arce (UCR-Formosa) para declarar “monumento natural” a la especie “aguará guazú” (Chrysocyon Brachyurus), que se encuentra en peligro de extinción.

El proyecto prohíbe la comercialización, caza total o captura del aguará guazú en todo el país.

Arce precisó que esta especie “se encuentra en Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Misiones y el norte de Santa Fe”, y advirtió que sufre “la destrucción de su hábitat, los peligros de las rutas y caminos, y el comercio ilegal”.

Por eso, consideró que se necesita un “marco legal de protección absoluta” para este animal y recordó en ese sentido que “hay legislaciones provinciales que han avanzado en esta línea”.

El diputado también destacó que se reunieron “más de 36.000 firmas” en la plataforma Change.org para impulsar la protección del aguará guazú.

Uso del agua

La comisión dictaminó a favor de un régimen de promoción del uso de cisternas de doble carga en todo el país para el uso eficiente del agua, propuesto por Brenda Austin (UCR).

La legisladora explicó que la iniciativa “busca la reducción de uso del agua en los baños, especialmente en los edificios públicos”, e informó que “los baños representan en el mundo el segundo factor de consumo de agua doméstico”.

El proyecto, indicó Austin, dispone “que en los pliegos de las licitaciones se establezca la exigencia de contemplar dos botones con distintos tipos de descarga para los baños públicos, lo que permitirá ahorrar más de un 40% de agua”.

Este lunes a partir de las 15 se reunirá de manera virtual la Comisión de Recursos Naturales para tratar, entre otros temas, el proyecto de Máximo Kirchner sobre prevención de incendios forestales.

El encuentro virtual había sido convocado para este miércoles pasado por el presidente de la comisión, Leonardo Grosso (Frente de Todos), pero tuvieron que postergarla porque ese legislador quedó varado en Bolivia, adonde concurrió junto con sus pares Paula Penacca y Federico Fagioli para actuar como observadores de las elecciones.

La reunión se realizará este lunes para tratar entre otros temas el proyecto que modifica la Ley 26.815 de Manejo del Fuego.

La iniciativa presentada por el jefe del bloque propone prohibir por entre 30 y 60 años la venta de terrenos que hayan sido afectados por incendios forestales, con el propósito de evitar que se desarrollen en esos predios emprendimientos inmobiliarios.

En la reunión también se tratará otro proyecto para declarar Monumento Natural a la especie aguara guazú, y un régimen de promoción del uso de cisternas de doble carga en todo el país para el uso eficiente del agua.

La comitiva de diputados que viajó a Bolivia para observar las elecciones del último fin de semana quedó varada en ese país por un paro de aeronavegantes y, como consecuencia, se suspendió la reunión de la Comisión de Recursos Naturales donde iba a tratarse el proyecto de Máximo Kirchner sobre prevención de incendios forestales.

El encuentro virtual había sido convocado para este miércoles a las 18 por Leonardo Grosso (Frente de Todos), quien integró la delegación junto a sus pares Paula Penacca y Federico Fagioli, también varados en Bolivia.

Felicitaciones al nuevo presidente electo del Estado Plurinacional de Bolivia, @LuchoXBolivia!

Fue un orgullo enorme haber podido participar de estas elecciones junto a mis compañeros y compañeras del @FrenteDeTodos. Gracias!#EleccionesBolivia2020 pic.twitter.com/xWU4mDe85x

— Leonardo Grosso (@Leonardo_Grosso) October 19, 2020

Fuentes parlamentarias aseguraron que la reunión se realizará la semana que viene, ya que el oficialismo tiene intenciones de avanzar con el proyecto que modifica la Ley 26.815 de Manejo del Fuego.

La iniciativa presentada por el jefe del bloque propone prohibir por entre 30 y 60 años la venta de terrenos que hayan sido afectados por incendios forestales, con el propósito de evitar que se desarrollen en esos predios emprendimientos inmobiliarios.

En la reunión suspendida también iba a tratarse otro proyecto para declarar Monumento Natural a la especie aguara guazú, y un régimen de promoción del uso de cisternas de doble carga en todo el país para el uso eficiente del agua.

“No nos dejan ingresar a Bolivia. Acusan al diputado Fagioli de haber cometido crímenes de lesa humanidad”, denunció este viernes por la noche la diputada Paula Penacca a través de su cuenta de Twitter.

#URGENTE

Esto está pasando ahora. No nos dejan ingresar a Bolivia. Acusan al diputado Fagioli de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Esto es una afronta a nuestro país. pic.twitter.com/48d3klnUZn

— Paula Penacca (@PaulaPenacca) October 17, 2020

Tanto ella, como Federico Fagioli y el diputado Leonardo Grosso viajaron al vecino país para oficiar de veedores internacionales representando a la República Argentina en las elecciones de este domingo en el Estado Plurinacional de Bolivia.

La legisladora de La Cámpora tuiteó luego que “la policía boliviana arremete con armas y una orden donde acusan al diputado Federico Fagioli de haber cometido de lesa humanidad. Solo para evitar que cumplamos con nuestro rol de veedores”, denunció.

Por su parte, Leonardo Grosso, diputado del Frente de Todos y referente del Movimiento Evita, publicó un video en el que muestra forcejeos con las fuerzas de seguridad y dice: “Así nos trata la dictadura de Jeanine Añez en Bolivia. Más de 60 efectivos armados y sin identificación detuvieron ilegalmente al diputado Federico Fagioli y golpearon a un diplomático argentino que nos acompañaba”.

El diputado Grosso agregó que “estamos autorizados por el propio gobierno boliviano para ser veedores internacionales y no nos dejan entrar, nos detienen, nos golpean. Es inentendible lo que está pasando”.

En otro posteo de su cuenta de Twitter, Grosso aclaró que esos tres legisaldores fueron invitados por la presidenta del Senado de Bolivia, Eva Copa, como veedores de acompañamiento electoral internacional para las elecciones del domingo. Al llegar, pasamos el Aeropuerto de Cochabamba sin ningún problema, pero cuando llegamos a La Paz nos detuvieron”.

A través de un comunicado, el diputado Federico Fagioli publicó en sus redes sociales que Migraciones lo retuvo ilegalmente al momento de arribar al aeropuerto de El Alto. “Pedimos solidaridad con la situación y, sobre todo, responsabilidad a la hora de impartir informaciones al respecto. Los organismos que corresponden están trabajando”.

Y luego consideró que este “es otro claro ejemplo de la avanzada de la derecha sobre las democracias en nuestro continente. Insistimos en que nos permitan acompañar los comicios para asegurar su transparencia y denunciar todo acto que viole los ddhh del pueblo boliviano y vivir según su constitución”.

Simplemente condenable por donde se le mire, por oponerse a la detención del diputado argentino Fagioli que venía de observador electoral a #Bolivia, uno de los diplomáticos ha sido golpeado por la policía en el aeropuerto en el Alto. Brutal. pic.twitter.com/A0Svl6gg2n

— alina ɗuarte (@AlinaDuarte_) October 17, 2020

Según un comunicado difundido por el diputado Grosso antes de viajar, detallaba que la función de los veedores internacionales es participar en la apertura del acto electoral en los distintos sitios de votación, recorrer centros de votación y estar presentes para el cierre de los comicios. Luego se instalarían en el Centro de Operaciones Electorales para observar el proceso de carga de datos y difusión de los resultados.

Esto es un atropello absoluto a la democracia. Están violando todo tipo de leyes y tratados internacionales. Así trata el gobierno de @JeanineAnez a los diputados y diplomáticos argentinos que fuimos invitados y autorizados como veedores para las elecciones en Bolivia. pic.twitter.com/IGbPXK3ipD

— Leonardo Grosso (@Leonardo_Grosso) October 17, 2020

La Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Humano, que conduce el diputado bonaerense Leonardo Grosso (Frente de Todos) desarrolló este viernes su cuarta reunión informativa para analizar una ley de presupuestos mínimos de protección de humedales.

El encuentro, desarrollado de manera virtual, contó con la presencia de 18 expositores, y en su transcurso hubo fuertes reclamos a que el Congreso “salga de su zona de confort” para aprobar finalmente la ley, como así también alertaron sobre un fuerte lobby para frenarla.

El diputado Leonardo Grosso aseguró que “se está trabajando en la unificación de todos los proyectos para emitir un dictamen urgente”.

María Eugenia Testa, directora ejecutiva del Círculo de Políticos Ambientales detalló los puntos clave que tiene que tener una ley de estas características. Entre ellos, consideró “indispensable” que para que el ordenamiento pueda “ser lo más consensuado posible, se garantice la participación de la sociedad civil durante todo el proceso de elaboración (del proyecto) y que además una vez finalizado, sea aprobado  a través de una ley nacional y las legislaturas provinciales, para dar espacio al debate político a nivel provincial”.

A su turno, el investigador del Conicet Juan José Neiff calificó a los humedales como “un objeto polifacético”, por lo que “no se puede abordar con una sola palabra todos los humedales, porque una cosa es un humedal fluvial, como podría ser el Delta o la región del Paraná en general; otra un lago como los lagos de Córdoba, o los lagos del sur, que incluso no entrarían en la definición, porque son muy profundos; entonces eso hace que sea difícil el tratamiento en una ley en el mismo sentido para todos los humedales”.

Para Maristella Svampa, también investigadora del Conicet, “ya no existen discusiones en el campo científico acerca del carácter antrópico” del tema. Habló de “los responsables de la crisis climática, de la pérdida de biodiversidad y otros temas más que hoy amenazan la vida en el planeta”.

“Este consenso científico insiste también en la necesidad de modificar los modelos de desarrollo a través de políticas públicas que protejan a los bienes naturales y también de instalar una agenda urgente de transición socioecológica. Antes de la pandemia 11 mil científicos firmaron una declaración a través de la cual confirmaron la aceleración del cambio climático y llamaron a instalar medidas drásticas, cambios severos en los modelos de desarrollo para hacer frente a esto”, puntualizó.

Sobre el final, Svampa lanzó un desafío: “¿Qué hará este Congreso? ¿Estará a la altura de este desafío, saldrá de su zona de confort, o seguirá insistiendo en el negacionismo climático, en la ceguera y en el analfabetismo ambiental para no aprobar esta ley? ¿Saldrá de la zona de confort que implica confrontar con los intereses empresariales que están detrás del lobby que se opone a la ley de humedales, y que además en algunas provincias agrega intereses mineros, e inclusive arroceros? ¿Le dará la espalda a una sociedad que hoy exige esta ley? ¿Le dará la espalda a la ciencia que está reclamando una modificación de los modelos de desarrollo?”

Otro discurso duro fue el del abogado ambientalista Enrique Viale, autor del libro El Colapso ecológico, quien arrancó aclarando que se niega a discutir técnicamente este proyecto. “No es un problema técnico por el que no avance esta ley”, aclaró, recordando que un proyecto similar ya tuvo media sanción años atrás, “y Diputados fue la encargada de archivarlo en algún coqueto cajón”.

“Hay que decirlo: detrás del no avance de la ley hay lobbys, y lobbys muy poderosos”, enfatizó. Luego dijo sentir un deja vu con lo que pasó con la Ley de Glaciares. “Ahí había un lobby enorme de la Cámara de Minería, de las grandes mineras, y acá hay un triple lobby: los agronegocios; la especulación inmobiliaria, que ha avanzado sobre humedales para destruirlos y construir ahí los barrios cerrados; y el lobby minero. Este lobby no quiere ninguna regulación, por más mínima que sea. Los proyectos que existen no tienen prohibiciones, son regulaciones mínimas… Acá no hay vueltas, el que no quiere esta ley quiere destruir humedales; es uno u otro. Acá la grieta es absolutamente transversal”.

Referente de Jóvenes por el Clima, de Rosario, Jackeline Ermini sostuvo que “la ley de humedales es el primer paso; necesitamos de legisladores comprometidos con la protección de nuestros recursos, de nuestros ecosistemas, y tenemos el deber de abogar por un país en donde se respete la salud del ambiente, donde se pondere la dignidad de los pueblos y se garanticen los derechos humanos”.

A su turno, María Aguilar, coordinadora general de Departamentos de Educación Socioambiental e Investigación Política Socioambiental, dijo que a pesar de los beneficios de los humedales, que detalló en una extensa lista, los mismos “se encuentran entre los ecosistemas más afectados y más amenazados por las actividades humanas”. En ese sentido advirtió que “se estima que alrededor del 87% de los humedales del planeta se perdieron en los últimos 300 años”.

Al concluir la reunión, el presidente de la comisión, Leonardo Grosso, expresó su esperanza porque podrán “sortear esos enormes lobbys económicos que todos vemos y escuchamos y que quieren ganarle una pulseada al Estado. Y que quieren que el Estado no regule. Y nosotros necesitamos dar una señal muy contundente de que el Estado tiene que regular, porque la nueva normalidad que tenemos que construir no permite doble varas: el planeta es uno solo, no hay ‘planeta B’, todo lo que hicimos hasta acá nos llevó hasta acá, con estos grandes problemas que tenemos, y tenemos que repensarlo profundamente para construir una perspectiva ecologista. Y para eso, una de las herramientas más importantes que tenemos es la capacidad del estado de regular”.

La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que preside Leonardo Grosso (Frente de Todos), retomará este viernes a las 18 el debate sobre la ley de presupuestos mínimos para la preservación de humedales.

En la que será la cuarta reunión informativa en modo virtual, la comisión escuchará a 18 especialistas, de cara a la firma de un dictamen consensuado entre numerosos proyectos.

Fueron convocados el abogado ambientalista Enrique Viale; Maristella Svampa (CONICET), Leonel Mingo (Greenpeace); Daniel Bracamonte (Partido Verde Argentina); Hernán Casañas (Aves Argentinas) y Gastón Fulquet (Fundación Humedales).

También participarán Jackeline Ermini (Jóvenes por el Clima Rosario); María Eugenia Testa (Círculo de Políticas Ambientales); Juan José Neiff (CONICET-Comité Científico Técnico de la Convención Internacional de Humedales); Jessica Vega (indígena mixteca) y Paloma Costa Oliveira (Youth Advisory Group del secretario general de la ONU).

La Lista continúa con Silvia Abral (Mujer de laya los Andes Marka y Ayllus Wayatayoc); Ariana Krochik y Mijael Kaufman Falchuk (Consciente Colectivo); Valeria Enderle (Fundación Cauce); María Aguilar (EcoHouse); Guadalupe Nava (Alianza por el Clima) y Cesar Massi (Colectivo de Naturalistas Santafesinos).

Organizaciones ambientales, científicos y representantes del sector inmobiliario expusieron este miércoles en la tercera reunión informativa de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente con el objetivo de delinear una ley nacional de humedales.

Luego de la introducción realizada por el titular de la comisión, Leonardo Grosso (Frente de Todos), tomó la palabra Santiago Boló Bolaño, quien administra la estancia y reserva natural “El Cachapé” en el este del Chaco, zona de humedales. Boló Bolaño llamó a “visibilizar los servicios eco-sistémicos de los humedales” y pidió “cuidar los lugares donde uno trabaja y vive”. “La ley de humedales tendría que penar a esas personas que anteponen sus beneficios personales sobre los comunes”, alertó.

En tanto, Gracia Jaroslavsky, diputada provincial de Entre Ríos, consideró central que, en el espíritu de la ley, “quede plasmado un cambio de cultural, donde el equilibrio entre el hombre y la naturaleza sea esencial”.

Por su parte, Jerónimo Valle, licenciado en Ciencias Ambientales, denunció que los humedales “están siendo sometidos a una especulación inmobiliaria sin precedentes”.

“Se ha demostrado científicamente que los impactos ambientales de los mega emprendimientos inmobiliarios son de carácter irreversible y no se pueden restaurar con lagunas artificiales”, consideró Valle.

Cecilia Leonor Martínez, de la cooperativa de junqueros de Isla Esperanza, también manifestó que “nos han venido a invadir y arrasar nuestra forma de vida isleña”. “Los humedales son todo para nosotros, nos representan, los que vivimos en el Delta sabemos lo que significan para el ecosistema y su biodiversidad”, definió.

En contraposición, en nombre del rubro inmobiliario, expuso Damián Tabakman, presidente de la Cámara de Desarrolladores Urbanos, quien sostuvo que el sector “está comprometido con la inversión sustentable”.

“Los humedales son biomas esenciales que deben respetarse, incluso ponerse en valor, pero es clave que ello no implique impedir la inversión”, resumió.

El presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Leonardo Grosso, convocó para este miércoles a las 18 a un nuevo encuentro para debatir la Ley de Humedales.

En lo que será la tercera de cuatro reuniones en busca de un dictamen, expondrán representantes del sector inmobiliario, federaciones, organizaciones ambientales y científicos.

“Nos estamos extinguiendo, tenemos que frenar los incendios y la devastación de humedales, y para eso necesitamos la Ley”, expresó Grosso. Y afirmó: “Tenemos que seguir trabajando en la construcción de consensos porque hay compromiso de todo el arco político”.

La Comisión de Recursos Naturales y Conservacion del Ambiente Humano realizó la segunda reunión informativa con el objetivo de delinear una ley nacional de humedales y contó con la exposición de sectores productivos, científicos y ambientalistas.

En primer lugar expuso Jorge Temporetti, de la Federación Agraria Argentina, quien consideró que una ley de humedales “tiene que estar enmarcada en una política de soberanía nacional, si hay intereses poderosos quedan dormidas”.

“En este momento hay leyes sobre las quemas pero no se aplican, acaba de salir una resolución de la Corte Suprema pidiendo que se apliquen”, reclamó.

Por su parte Adrián Mendizábal, integrante de la regional Delta y Pampeana de la Asociación Forestal Argentina, explicó que “los territorios sobre los que se quiere legislar son muy diversos y que, aún en el propio Delta, no es todo igual”. “Nadie más interesado que nosotros en preservar el suelo. Es fundamental la participación de los actores socio-económicos en el dictado de cualquier norma que tenga implicancia en el territorio”, dijo.

Miriam Sotelo, representante del pueblo guaraní de Corrientes, denunció que “ha habido un avance contra nuestro territorio, modificando el ambiente, las tierras y los cursos de agua”.

“Tiene que existir una ley que reconozca la existencia de un problema, haremos todo para frenar los proyectos que signifiquen la destrucción del ambiente”, manifestó.

En tanto, José Volante, miembro del grupo de humedales del INTA, aclaró que “no hay producción sustentable sin la conservación de la biodiversidad, hay un error en creer que se pueden disociar ambos conceptos”. “Necesitamos introducir la intensificación ecológica necesaria para la intensificación productiva”, remarcó.

El debate comenzó el jueves pasado con la participación de diversos profesionales, científicos y referentes ambientales. El objetivo es definir una ley de presupuestos mínimos para la protección de humedales en la Argentina, en un contexto marcado por los incendios en la zona del delta del Río Paraná.

Con motivo de los incendios en el Delta del Paraná, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, presidida por Leonardo Grosso (Frente de Todos), comenzó este miércoles con el debate sobre una ley de presupuestos mínimos para la protección de humedales, un tema pendiente desde hace varios años en el Congreso.

“Estamos empezando el tratamiento y la idea es poder debatir de cara a sociedad la construcción de una ley de presupuestos mínimos de protección de humedales”, arrancó Grosso, y destacó que recibió “más de cien solicitudes de organizaciones de la sociedad civil” para participar de las reuniones informativas.

El legislador señaló que a raíz de los incendios en el Delta del Paraná, que impactan en Rosario, “hoy por la mañana, casi como una señal de la naturaleza, el viento nos trajo el humo hasta la Ciudad de Buenos Aires, que pudo ser testigo del impacto de estas prácticas”.

Grosso explicó que hay presentados proyectos de varios bloques, como por ejemplo el Partido Socialista, de la mano de Enrique Estévez, y la Coalición Cívica, a través de una iniciativa de Maximiliano Ferraro.

Además, el oficialista recordó que el tema está en debate desde el año 2013 en el Congreso, donde los proyectos nunca pudieron avanzar. “Cada día que pasa es un día perdido y cada vez está más complicada la situación”, advirtió Grosso.

NO SON NUBES, ES HUMO

Ahora que el humo llegó a Buenos Aires, quizás la política se decida a hablar de humedales y darle la importancia que necesita. Hoy a las 18 en el Congreso tenemos la primera reunión para tratar una Ley de Humedales. Les espero.#LeyDeHumedalesYa pic.twitter.com/HDjl0IBLpy

— Leonardo Grosso (@Leonardo_Grosso) August 5, 2020

Elba Stancich, asesora en Agua y Ordenamiento Territorial del Círculo de Políticas Ambientales, abrió la ronda de expositores y enumeró los aspectos que, a su criterio, debería contener la ley, como la definición de “humedal”, la confección de un inventario -acotada en el tiempo y con la posibilidad de establecer áreas prioritarias- y un ordenamiento territorial, algo que consideró como “lo medular de esta ley”.

Stancich también propuso incorporar criterios de sostenibilidad ambiental y criterios para las categorías de conservación y uso, “sin librar la decisión a cada provincia”, además de la propia asignación de fondos y la contemplación de una moratoria.

La experta además aclaró que “esta no es una ley ‘antiproducción’: las actividades que se desarrollan actualmente sobre los humedales se seguirán haciendo, solo que algunas se tendrán que adecuar a la ley”.

A su turno, Aníbal Faccendini, mágister en Ambiente y Desarrollo Sustentable, resaltó que “hablar de los humedales es hablar de agua, que es un elemento vital y esencial”, y agregó que estos ecosistemas “forman parte de lo que podríamos llamar ‘los nuevos derechos humanos de la tierra’”.

Faccendini advirtió que “hay muchas sospechas e intereses económicos en juego” y pidió “lograr una ley efectiva y práctica”. “Necesitamos un Estado con perspectiva ambiental”, acotó.

“Es necesaria una ley de presupuestos mínimos, pero no alcanza con eso. Los argentinos tenemos un sistema federal que nació para unirnos, no para desunirnos. El tema es cómo lograr también una ley de humedales específica” sobre la situación en las distintas regiones, dijo.

Javier García Espil, abogado, docente y especialista en Administración y Políticas Públicas, se refirió a la “pérdida de la extensión y degradación de las características” de los humedales y reclamó “una definición clara, precisa y operativa” que contemple “dónde hay humedales y dónde no” y “quiénes son los sujetos y territorios alcanzados”.

El especialista también remarcó la necesidad de conseguir “mejor información para aplicarla al ordenamiento del territorio y a la gestión ambiental”, a través de una ley participativa que incluya incentivos “para que no sea un proceso que nunca llegue a su fin”.

“Hasta que no esté el inventario y el ordenamiento, necesitamos ser muy precavidos con las actividades que se realicen”, indicó, y añadió que “no se trata solo de prever recursos o financiamiento sino de asignar esos recursos adecuadamente”.

El ingeniero químico y docente César Mackler defendió el proyecto de Estévez y sostuvo que “son los recursos naturales los que determinan las posibilidades pero también las limitaciones del desarrollo productivo de la región”.

“No debemos modificar estas áreas en función de políticas, planes, programas o proyectos que son diseñados sin tener en cuenta las características del sitio”, consideró.

Por su parte, Julián Monkes, ambientólogo y mágister en Desarrollo Rural, especificó que los humedales comprenden “un cuarto del territorio nacional” y son “sistemas muy heterogéneos” con “diversidad de problemas ambientales y lobbys que operan”, como la minería, la industria y el avance de emprendimientos inmobiliarios.

“Esta ley debería conservar áreas sensibles pero también planificar la producción en los territorios de humedales”, opinó, y se preguntó “de qué nos sirve tener una ley perfecta si después no vamos a contar con apoyo de los actores en territorio para que se cumpla”.

En tanto, la presidenta del Consejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, relató que “desde febrero se vive una situación muy particular con la quema indiscriminada de las islas” y advirtió que “un tercio de la ciudad de Rosario es territorio devastado, con lo que esto significa para los humedales del Paraná”.

Asimismo, Schmuck anticipó que el Consejo que preside sesionará este jueves en el Municipio de Sastre para poner el tema en agenda.

En la reunión informativa también expusieron Eduardo Toniolli (concejal de Rosario), Fabián Coppiz (Multisectorial por la Ley de Humedales), Laura Prol (Taller Ecologista de Rosario) y Sergio Rinaldi (periodista especializado), entre otros.

La opinión de los diputados

A la hora de las expresiones de los legisladores, el santafesino Germán Martínez (Frente de Todos) observó que hay un “enorme malestar social” con la quema de pastizales y consideró que “cuando hay un fuerte consenso en el rechazo, también allí hay un germen y empiezan a gestarse las condiciones para lograr una solución al problema”.

Martínez consideró erróneo creer “que si mañana no hay quema de pastizales estarán resueltos los problemas”, y en ese sentido habló de la pesca, la caza furtiva, los residuos sólidos, el combustible de las embarcaciones, los terraplenes y diques artificiales. “Tenemos que tener una respuesta integral”, concluyó.

Por su parte, Graciela Camaño (Consenso Federal) aclaró que “en materia de normas, en realidad, no tenemos tanto débito en el Parlamento, y de hecho los humedales tienen una protección” desde el año 1991, con la adhesión a la Convención de Ramsar.

“El problema es que no tenemos una ley individual, pero el problema va mucho más allá. Tenemos Ley de Bosques, tenemos Ley de Glaciares, tenemos Ley de Ambiente, tenemos una enorme cantidad de legislación. Lo que pasa es mucho más importante y serio: tenemos la necesidad de hacer un cambio cultural. Para nosotros, el hombre es el centro de la escena, y esto nos impide ver que en la escena no está solo el hombre; hay una diversidad increíble, el medioambiente, los seres animales y vegetales”, describió la diputada.

Desde la UCR, Brenda Austin destacó la participación de especialistas y explicó que el artículo 41 de la Constitución Nacional “es muy claro al respecto”, garantizando “un marco protectorio igual en todo el país”, por lo cual “la fijación de los presupuestos mínimos es competencia del Congreso de la Nación”.

La cordobesa recordó que en 2013 y 2016 el Senado avanzó con medias sanciones que luego no prosperaron en Diputados. “La mirada de las provincias ya está sobre la mesa. Hace falta que los diputados recojamos el guante”, enfatizó.

Maximiliano Ferraro, autor de uno de los proyectos en danza, destacó que “nos encontramos ante una oportunidad histórica de saldar una deuda de larga data que tenemos en el Congreso” y alertó que “estos ecosistemas están en peligro y necesitan una atención para que puedan ser preservados”.

“Esta deuda tiene que ver con el ordenamiento de nuestro territorio como instrumento de política pública y de gestión ambiental. Debemos garantizar la conservación y el uso racional de nuestros humedales a través de una ley de presupuestos mínimos, como parte de una agenda de desarrollo sostenible y de una recuperación económica verde”, aseguró.

Otro de los impulsores de la ley, el santafesino Enrique Estévez, coincidió con Camaño en que “estamos ante un debate cultural y las soluciones que tenemos que encontrar son con todos”, por lo cual pidió que el INTA, el CONICET, las universidades nacionales y las organizaciones civiles “no solo opinen, sino que tengan participación real en la ejecución de la ley”.

Estévez explicó que los humedales son “grandes reservorios de agua dulce” y que comprenden “el 20% del territorio nacional”. “Como sociedad tenemos que dar un mensaje claro de que tenemos que cambiar nuestro vínculo con la naturaleza”, insistió.

El presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, Leonardo Grosso, confirmó que “hoy comenzamos a debatir la Ley de Humedales en el Congreso Nacional”.

El legislador sostuvo que “la reunión será de carácter informativo, y se pondrán en consideración los proyectos presentados por los diferentes bloques y se acordará una modalidad de tratamiento”.

“Tenemos la voluntad política de llevar al recinto la mejor Ley para terminar con la problemática de la devastación humedales en la Argentina, y encarar un cambio sustancial en la conservación de nuestro ambiente”, agregó Grosso.

Además, se llevará a cabo una serie de exposiciones de especialistas, organizaciones ambientalistas y sociales.

Sorprendió que el cierre de discursos por parte del oficialismo estuviera a cargo no del presidente del bloque Frente de Todos, Máximo Kirchner, sino de Leonardo Grosso. Porque el hijo de la vicepresidenta de la Nación había estado en la reunión realizada en la presidencia de la Cámara con el jefe de Gabinete, en la previa de su informe. En efecto, allí se lo pudo ver a Máximo Kirchner junto a Santiago Cafiero, Sergio Massa y Cecilia Moreau, entre otros.

Pero el cierre correspondió Grosso, quien dio un discurso en el que reivindicó vivamente el rol del Estado. Arrancó solidarizándose con el jefe de los ministros y repudió “los ataques que recibió durante toda esta tarde… Le han dicho de todo: mentiroso, hipócrita; hablaron de su oratoria, que inventaba respuestas, que no daba la cara… Es muy difícil enojarse con el discurso del odio si después cargamos todos nuestros discursos con odio”, señaló.

El dirigente del Movimiento Evita recordó que “la Argentina no era Disney cuando llegó el coronavirus; la Argentina estaba sumida en una de las peores crisis de la historia de la democracia”. Y para remarcarlo desempolvó una serie de datos que confesó que tenía desde el debate de la emergencia, en diciembre pasado, pero que valía la pena recordar: “En diciembre teníamos un 40% de la población por debajo de la línea de pobreza; un 60% de niños debajo de la línea de pobreza; llegamos a tener inflación de 53 puntos el año pasado; un endeudamiento del 90% del PBI; no solo se endeudaron, sino que entregaron el país defaulteado”.

Y siguió: “Desempleo a dos dígitos, tarifazos, la salud con una reducción del presupuesto del 45% en dos años… Convirtieron el ministerio en secretaría; imagínense enfrentar esta pandemia con una secretaría… Había vuelto el sarampión, nosotros logramos controlarlo en tres meses”.

“Este era el país que nos dejaron, y nosotros éramos muy conscientes de eso, pero ustedes parece que no. Y hoy hablaban como si nada de esto pasara. Hablan de economía y nos dejaron el país arruinado; hablan de violencia institucional, y son los promotores de la doctrina Chocobar; hablan de la libertad y tenían una banda de mafioso en la AFI, que perseguía a opositores, a periodistas y hasta a sus propios compañeros… La verdad que yo no sé cómo es que los diputados pueden venir acá a decirnos que estamos haciendo todo mal y sostener la mirada al frente”.

Grosso agregó que “somos muy conscientes de que esa situación que era muy grave empeoró, no lo negamos, como hacían ustedes”.

En ese marco, sostuvo que el presidente Alberto Fernández tomó decisiones que consideró “centrales”, y en primer lugar citó que “este Gobierno pone al Estado, a todas sus fuerzas y sus capacidades, a cuidar la salud y la vida. Para nosotros la economía no funciona con la gente muriéndose; para nosotros la economía no cierra sin la gente adentro. Y esa fue una decisión fundamental de nuestro Gobierno”.

“Y sí, vinimos a cambiar las prioridades -dijo-. Nosotros decidimos que íbamos a poner al Estado a enfrentar esa pandemia”. En ese sentido consideró que “muchas discusiones viejas se renovaron”. Entre ellas, el rol del Estado, y recordó que durante los últimos cuatro años se lo discutía: “llovían cuestionamientos al Estado y veíamos que se iba desarmando, desfinanciando, quitándole competencias al Estado para que el mercado haga lo suyo. Y lo cierto hoy es que los ejemplos globales dan cuenta de que los países que tienen estados fuertes son los que mejor pueden hacerle frente a esto”.

El presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, Leonardo Grosso, presentó un nuevo proyecto de ley de Humedales y convocó a la comisión para el próximo miércoles 5 de agosto para comenzar a tratar todas las iniciativas legislativas planteadas hasta el momento. 

Además, el diputado del Frente de Todos explicó que su proyecto de ley “busca ser claros en las sanciones penales porque las consecuencias ambientales son muy graves y los intereses económicos de algunos empresarios no puede estar por encima de los intereses colectivos, los daños son irreparables”. 

REGIMEN-DE-PRESUPUESTOS-MINIMOS-PARA-LA-PROTECCION-AMBIENTAL-DE-LOS-HUMEDALES-PROYECTO-DE-LEY

Por otro lado, cuestionó a la Justicia porque “hay denuncias penales presentadas, cautelares y los hechos siguen sucediendo a la vista de todos, o hay ineficacia o complicidad, la situación es muy evidente”. 

Para finalizar, Grosso explicó que “hay un avance de la frontera del agro negocio sin ningún tipo de control y llevando a cabo prácticas perjudiciales para la biodiversidad, en este contexto llegamos a elaborar un proyecto de esta magnitud para ponerle un freno a la destrucción de los humedales”. 

El diputado nacional y referente del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, participó junto al presidente del acto en homenaje a Eva Perón, en el que afirmó: “Hoy hicimos 10 mil ollas populares en todo el país como un homenaje a Evita y es lo que hacemos todos los días”, afirmó Grosso.

“Alberto cuenta con miles de Evita en todo el país para salir de esta pandemia. El rol de las organizaciones sociales en la pandemia es muy importante, porque son las mujeres las que le dan de comer a cientos de miles de familias en toda la Argentina”, opinó el diputado Grosso.

En este sentido, consideró que “las mujeres son las verdaderas protagonistas de esta batalla contra el coronavirus, son las que están en la primera línea asumiendo un rol fundamental”.

La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados realizó una reunión informativa sobre la deforestación en Argentina, con la participación de organizaciones ambientalistas, sociales y científicas.

Al comienzo del encuentro, el titular de la comisión, Leonardo Grosso (Frente de Todos), denunció el “avance del desmonte en plena cuarentena”.

“En estos tres meses, 38 mil hectáreas se han desmontado, (lo que) representa el territorio de una Capital y media. Por eso nos parecía importante contar con la palabra de personas entendidas en la materia y ver cómo el Congreso puede intervenir”, explicó Grosso.

En primer lugar Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, contextualizó la problemática de la deforestación. “Argentina está entre los diez países que más bosques ha perdido en los últimos 30 años. Hemos perdido 8 millones de hectáreas en tan sólo tres décadas”, dijo.

Giardini explicó que el 80% de la deforestación del país se concentra en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. “A pesar de la ley de bosques, sigue habiendo desmontes ilegales”, añadió, antes de recordar “el valor que tienen los bosques en términos de biodiversidad, clima, alimentario y medicinal”.  

Posteriormente, tomó la palabra Silvina del Carmen Santillán, del pueblo indígena de Lule Videla e integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, quien manifestó que “las comunidades campesinas e indígenas se ven amedrentadas en el peligro constante de los desmontes ilegales”.

“Las familias campesinas están en lucha en el marco de la pandemia: defendimos y sacamos las máquinas y las topadoras que han querido destruir el monte. Es el lugar de nuestra vida y nuestra producción, sana y agroecológica”, remarcó Santillán.

En tanto, Máximo Mazzocco, fundador de Ecohouse y miembro de Alianza por el Clima, hizo hincapié en que “el concepto ‘ecocidio’ da cuenta donde estamos parados”. “Hablamos de una matriz que hace a la vida de este planeta. Cuando desforestamos ilegalmente, estamos matando miles de años de evolución”, dijo Mazzocco.

Del mismo modo, Elizabeth Bergallo, integrante del Foro Gualamba, se refirió al impacto socio-cultural de la producción de soja en el Chaco. “No se entiende cómo se permitió la actividad extractiva en la cuarentena, el Chaco es la segunda provincia más afectada por el Covid”, cuestionó.  

Emiliano Ezcurra, de la Organización Banco de Bosques, también alertó sobre los desmontes en cuarentena. “Ha sido un escándalo que ha tenido muy poca condena, como si los desmontes fueran una actividad esencial. Las que tienen que estar en cuarentena son las topadoras”, aseveró.  

También participaron de la reunión informativa Micaela Camino, integrante de Somos Monte; Juan Manuel Esteche, coordinador de Acción de Alianza por el Clima; Octorina Zamora, del Espacio Plurinacional Indígena Kanbá; y Manuel Jaramillo, Director General de la Fundación Vida Silvestre.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el diputado nacional Leonardo Grosso, junto al rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Greco, el intendente de San Martín, Fernando Moreira, y el concejal Juan Eslaiman, recorrieron las instalaciones donde se realizan las investigaciones para desarrollar soluciones contra el coronavirus.

Las autoridades pudieron interiorizarse sobre los avances que la universidad realizó hasta el momento como la creación  del test molecular ELA CHEMSTRIP, así como el desarrollo de sueros, complementos para respiradores, el test serológico COVIDAR, y el trabajo que la casa de estudios está realizando actualmente en busca de la vacuna contra el virus.

En el marco de la investigación contra el Coronavirus, la UNSAM ha logrado avances vinculados al tratamiento con plasma, desarrollo de test rápidos y a la búsqueda de una vacuna contra el Covid-19. Esto se suma a la noticia de que la Argentina fue seleccionado por la multinacional farmacéutica Pfizer y es el único país de la región en el que se probarán vacunas contra esa enfermedad.

En tal sentido, Massa destacó el rol de las universidades en el ámbito de la investigación y el desarrollo científico, y sostuvo que “Argentina está a la vanguardia en la lucha contra el COVID”.

Además, en relación a los avances que logró la UNSAM indicó: “Es la demostración clara del liderazgo de la universidad pública argentina enla lucha contra el Coronavirus, en la investigación y el desarrollo”.

“La universidad pública argentina demostró estar a la altura no sólo de lo requería la salud en el país, sino que trabajar en el desarrollo de una vacuna hace que esté a la altura de lo que necesita el mundo”, sostuvo Grosso. Y agregó: “Para los sanmartinenses es un orgullo el rol que está desempeñando nuestra universidad en este contexto tan difícil, que necesita de todos”.

Asimismo, Grosso presentó un proyecto de ley para declarar de interés nacional el test molecular.

También, las autoridades celebraron la reciente devolución de terrenos por parte del Gobierno nacional a la universidad, que les habían sido quitados por el gobierno de Macri para cederlos a una empresa privada, señaló el diputado Grosso.

El proyecto de ley de Asignación de Reconocimiento que prevé el pago de $5.000 a trabajadoras y trabajadores de comedores y merenderos, sumó este lunes otra etapa en la que legisladores y representantes de los movimientos sociales se reunieron el sede de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) para coordinar pasos a seguir y dar apoyo en el proceso que se avecina en la Cámara de Diputados.

El diputado nacional del frente de Todos y autor del proyecto, Leonardo Grosso, sostuvo que “la concurrencia a merenderos y comedores masivamente arrancó mucho antes que la pandemia, como también aparecieron los comedores autogestionados y las ollas populares. Ya había un problema”. Y agregó: “La pandemia empeoró todo, y de 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria, se pasó a 12 millones y se intensificó el trabajo de las compañeras en todos los comedores y merenderos. Por eso es imperioso el reconocimiento”.

A su turno, Juan Grabois, dirigente social y uno de los referentes de la CTEP, expresó que “hay una valoración en el discurso de las 70 mil compañeras y compañeros que trabajan en comedores, y esta ley apunta a que se los reconozca también de manera práctica, porque al trabajo se lo reconoce con el salario”.

Estuvieron presentes también las diputadas nacionales Cristina Alvares Rodríguez, Verónica Caliva, María Rosa Martínez, Claudia Bernazza y María Jimena López, y los diputados Juan Carlos Alderete, Federico Fagiolli e Itai Hagman.

Tras la reunión, la diputada Bernazza señaló que “esta agenda venía desde antes de la pandemia, y ahora se vuelve fundamental”. Y remarcó “la preocupación que ante el aislamiento extendido el servicio de comedores escolares esté cerrado. Es evidente que la cuarentena extendida no se sostiene con los comedores escolares cerrados. Nosotros decimos: aulas cerradas, escuelas abiertas. Esto va a ser parte de las gestiones que tendremos que hacer”.

Desde los movimientos sociales asistieron Daniel Menéndez, Gildo Onorato, Dina Sánchez, Silvina Aguirre, Sergio Sánchez y José Verón. Y representantes de Barrios de Pie, la CCC, el MTE, el Frente popular Darío Santillán, FOL, MTE Aníbal Verón, Seamos libres, La Dignidad y Movimiento Evita.

El diputado nacional del Frente de Todos y referente del Movimiento Evita Leonardo Grosso presentó un proyecto que propone la implementacion de un bono de $5.000 para trabajadoras y trabajadores de comedores y merenderos comunitarios durante la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid 19.

“Hay miles de mujeres en todo el país que todos los días preparan la comida para millones de personas, ellas también están en la primera línea de pelea contra el Covid 19 y creemos que merecen un reconocimiento por una labor tan esencial como la que están llevando a cabo en plena cuarentena”, explicó Grosso. 

Además, opinó que “si la Sociedad Rural, el ingenio Ledesma y Techint, entre otros, piden ayuda al Estado porque dicen estar en problemas económicos, más lo están las mujeres que abren las puertas de sus casas para darle de comer a personas que hoy la están pasando muy mal”. 

“Queremos que haya un reconocimiento económico para estas trabajadoras que están cuidando la alimentación de miles de familias, es un contraste muy duro ver que la ayuda la reciba gente como Nicolás Caputo”, finalizó Grosso.

Acompañan el proyecto, entre otros, los diputados que representan a los movimientos sociales: Cristina Álvarez Rodríguez, Ayelén Spósito, Juan Carlos Alderete, Verónica Caliva, Federico Fagioli, Itai Hagman, Claudia Bernazza y Héctor Bárbaro.

En el comienzo del ciclo “Eco Charlas en el Congreso”, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados de la Nación convocó a una serie de expertos para poner en debate el daño ambiental y su influencia en la pandemia coronavirus.

El diputado Leonardo Grosso, presidente de la Comisión y encargado de moderar el debate, realizó una breve introducción donde sostuvo que “desde el Congreso tenemos que alentar reglamentaciones que resuelvan el problema ambiental, porque tenemos una agenda postergada que la dirigencia política debe construir”. Y agregó que “debemos pensar en las toneladas de veneno que tiramos cuando producimos, en realizar una transición energética, en cómo se producen los alimentos, en los desmontes, en la destrucción masiva de especies. Esta crisis de la pandemia debemos aprovecharla para reflexionar y ponernos a trabajar. Porque en cada desmonte de nuestro país tenemos una posible Wuhan”.

María Elena Zaccagnini -Bióloga y experta en biodiversidad, copresidenta IPBES Americas Assessment, fue la encargada de inaugurar el panel: “Los cambios del clima, producen cambios en las especies del ecosistema. Son cambios que en muchos casos son irreversibles”, expresó.

“La naturaleza brinda beneficios y contribuciones que el ser humano toma para su bienestar, y estamos notando que impactos indirectos como la contaminación o el mal manejo del suelo, dañan esas contribuciones que termina dañando a la gente”, añadió la experta. Y afirmó que “hay una pérdida en la capacidad de la naturaleza para generar bienestar”.

Como consecuencias de la degradación ambiental, Zaccagnini aseguró que “se encentran la pobreza, la inseguridad alimentaria, la aparición de nuevas enfermedades como es el caso del Covid 19, el acceso al agua y el deterioro de la salud”. Y planteó que los posibles caminos para solucionarlo son “los cambios en patrones de consumo, la forma de producir alimentos, como las industrias y los ciudadanos procesan sus residuos, los tipos de energías que utilizamos, la actitud que asumimos frente a deterioro ambiental, los contenidos educacionales, como informamos y capacitamos a la sociedad y los cambios en la forma de decisiones políticas”.

A su turno, Carlos Zambrana Torrelio -biólogo y vicepresidente asociado de conservación y salud en Ecohealth Alliance-, expresó que las enfermedades nuevas son una amenaza creciente: “La zoonosis pasan todo el tiempo en todo el mundo, como la rabia, el ébola, la influenza, el chagas, o el dengue. Hay 3 nuevas zoonosis cada año, pero no las conocemos porque los virus no alcanzan la capacidad de transmitirse de humano a humano”. Y advirtió: “Esta frecuencia está aumentando con los cambios ambientales como deforestación o el crecimiento agrícola”.

El experto también propuso “romper barreras para hacer trabajos interdisciplinarios para trabajar en la salud de las personas”. Y concluyó: “Las pandemias son producto de nuestro desarrollo económico, sin adecuada planificación y sin seguimiento del uso de la tierra. Mucha deforestación, en muchos lugares inadecuados y muy rápido, nos puede llevar a muchas otras pandemias”.

Por último, Marina Aizen -periodista especialista en ambiente y cofundadora de periodistas por el planeta-, dijo que “es imprescindible poder desarrollar la comunicación, conectar la problemática ambiental con la sociedad. La pandemia es la expresión de un mundo que está mal, como lo es el calentamiento global, entre otras cosas”.

“La tercera cuarta parte de la masa ambiental ha sido destruida por el hombre y siguen acelerándose en las últimas décadas. En nuestro país se perdieron 8 millones de hectáreas de bosques, por eso la crisis del Covid debe ayudarnos a reflexionar sobre el mundo que queremos”, concluyó.

La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que preside Leonardo Grosso, realizó este miércoles una reunión informativa virtual con la participación de expertos en medioambiente y biodiversidad que expusieron sobre los orígenes de la pandemia del Covid-19.

“Vemos que se discute cómo enfrentamos la pandemia y cómo mitigamos los resultados económicos. Hay un abordaje permanente de la pandemia, pero hay poco debate acerca de sus orígenes”, dijo Grosso al abrir la reunión, y señaló que “hay una discusión en el mundo científico y en el ambientalismo acerca de las causas ambientales”.

La primera en exponer por videoconferencia fue María Elena Zaccagnini, bióloga y experta en biodiversidad, y co-presidenta de IPBES Americas Assessment, quien explicó cómo “un virus común en la vida silvestre salta al hombre y se dispersa” por diferentes factores.

“Hay un millón de especies en vías de extincion y cada especie tiene algún pedacito de responsabilidad en la contribución a la sociedad. Sin biodiversidad y estas contribuciones, no sería posible el bienestar de la sociedad”

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— Leonardo Grosso (@Leonardo_Grosso) May 20, 2020

En ese sentido, además del “proceso de alimentación” que originó el contagio, sostuvo que la expansión del virus estuvo “favorecida por el inmenso tráfico ilegal de fauna silvestre”, “escasas medidas de higiene en mercados” y “la cercanía de hábitats naturales con ambientes urbanos poblados”, entre otras causas.

Zaccagnini señaló que según informes realizados en 2017, 2018 y 2019, “se han alcanzado niveles críticos a nivel regional y global” en cuanto a “los riesgos que enfrenta la seguridad alimentaria, la escasez de agua pura, la deforestación, la contaminación, la salud y el cambio climático, por el deterioro y la pérdida de biodiversidad y sus contribuciones a las sociedades humanas”.

“Hay un millón de especies en vías de extinción y cada especie tiene algún pedacito de responsabilidad en la contribución a la sociedad. Sin biodiversidad y estas contribuciones, no sería posible el bienestar de la sociedad”, consideró la especialista.

Desde Nueva York, Carlos Zambrana Torrelio, biólogo y vicepresidente asociado de Conservación y Salud en Ecohealth Alliance, recordó que “nosotros también somos animales, somos parte del reino animal, y por esa razón podemos compartir los virus con otros animales”.

Zambrana Torrelio precisó que la transmisión de enfermedades de animales a humanos se denomina “zoonosis” y que se registran “más de 1.000 millones de casos humanos cada año” de enfermedades como la rabia, Influenza, Ébola, toxoplasmosis, Chagas, Hantavirus y otras. “Esto de vez en cuando se sale de control y hay brotes”, como el caso del dengue, detalló.

Para el biólogo, “las pandemias son un producto de nuestro desarrollo económico. Emergen cuando domesticamos una nueva especie, cuando construimos carreteras o expandimos rutas de comercio sin una adecuada planificación”. “Estamos desarrollando demasiado, muy rápido y en lugares equivocados”, opinó.

Por último, Marina Aizen, periodista especializada en ambiente y cofundadora de “Periodistas por el Planeta”, mencionó que la frase del infectólogo Pedro Cahn, citada por el presidente Alberto Fernández: “El virus no nos viene a buscar a nosotros; nosotros lo vamos a buscar a él”.

“Nosotros lo vamos a buscar cuando irrumpimos en ambientes donde no nos corresponde estar, o cuando traficamos con animales, cuando los hacinamos en las granjas, cuando transformamos los hábitats”, explicó, y agregó que “tres cuartas partes de la plataforma terrestre han sido modificados por el hombre”.

Organizaciones sociales, sindicales y políticas, con la presencia de funcionarios del Gobierno nacional y legisladores del oficialismo, participaron este miércoles de una marcha al Congreso de la Nación, realizada al mismo tiempo que el ministro de Economía exponía ante los diputados sobre el tema de la deuda.

La marcha tuvo como objetivo protestar contra la visita del Fondo Monetario Internacional y acompañar paralelamente la posición expuesta por el Gobierno Nacional.

En la marcha que se realizó del Obelisco al Congreso bajo el lema “La deuda es con el pueblo” pudo verse al referente de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, quien es además subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local, que expresó su rechazo al FMI y su apoyo a la posición del Gobierno que él integra. Estuvieron también, entre otros, Emilio Pérsico, la titular del INADI Victoria Donda y Rafael Kleizer.

También el diputado nacional del Frente de Todos y referente del Movimiento Evita Leonardo Grosso, quien durante el acto, apuntó a la oposición: “Se desesperan por pagarle al FMI mientras se nos mueren niños y niñas por desnutrición, no sean caraduras y piensen una vez en el país en vez de mirar para afuera”.

En ese sentido, explicó que “como gobierno tenemos voluntad de cumplir con el pago de la deuda, pero tenemos obligaciones más urgentes en el país: bajar los índices de desocupación, de indigencia, de pobreza”. Y agregó: “Primero tenemos que estabilizar el país porque la situación es muy crítica”.