El legislador de la Ciudad por La Libertad Avanza (LLA) Leonardo Saifert presentó un proyecto de ley en la Legislatura porteña que busca que las fuerzas de seguridad locales puedan usar gas pimienta.

“Autorizase el uso de dispositivos lanzadores, contenedores o rociadores de sustancias orgánicas de tipo pimienta (Oleoresin Capsicum) no letal a las fuerzas policiales y de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, plantea la iniciativa presentada por Saifert.

Según la propuesta de ley, las fuerzas de seguridad de la Ciudad solo podrán emplear estos dispositivos “cuando sea estrictamente necesario en el cumplimiento de sus deberes y en la medida que lo requiera el desempeño de sus funciones”.

Asimismo, detalla en qué situaciones se deberán implementar. “En caso que sea necesario para facilitar el accionar de las fuerzas policiales en uso de sus atribuciones y en cumplimento de sus deberes. Para inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de autolesionarse. Cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas, y se considere como medio suficiente para impedir y/o repeler y/o detener una agresión. Cuando el personal interviniente lo considere medio suficiente para impedir la comisión de un delito de acción pública, en preferencia de la utilización de otros medios más peligrosos y/o dañoso”, sostiene el proyecto, entre otros puntos.

Además, detalla que los funcionarios de las fuerzas de seguridad “deberán ser instruidos” para así poder emplear de forma óptima dichos “medios orgánicos no letales”  y saber en qué situaciones se deberán utilizar.

Dentro de los fundamentos, la propuesta explica que “no existe justificación legal alguna para pretender prohibir la utilización de estas sustancias que ya son de uso y venta libre para la normativa nacional que concluye que el empleo de las mismas no tiene efectos letales sobre las personas”. “Para mayor abundamiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó oportunamente que legitima y autoriza el uso de medios no letales por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad, con las debidas reglas para ello y la necesaria capacitación al personal policial, como propone nuestro proyecto”, finaliza el texto.     

Después de que la sesión especial en la que se debatiría la derogación del impuesto a las tarjetas de crédito se cayera por falta de un diputado, los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) Leonardo Saifert y Oscar Zago cuestionaron con dureza la decisión de Juntos por el Cambio (JxC) de no dar quórum y consideraron que esta determinación terminó afectando a los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En ese sentido, Saifert afirmó que “en la Legislatura se debería haber tratado la derogación del Impuesto a las Tarjetas de Crédito. Como era de esperarse, no hubo quórum. Los ausentes: Partido Socialista, UCR y PRO” y recordó que “en el Gobierno de la Ciudad insisten en que el Impuesto a los Sellos para las tarjetas de crédito es un tributo de emergencia que será eliminado en caso de que se vuelvan a percibir los fondos perdidos por el recorte a la coparticipación, tema que tiene en sus manos la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“La casta opera en contra de los argentinos y nosotros trabajamos para devolverle lo que es suyo”, sentenció.

Mientras que Zago destacó que “una vez más JxC ausente en la sesión especial, luego son los mismos que en campaña prometen reducir impuestos” y concluyó precisando que “trabajaremos incansablemente para que el año que viene sean minoría y poder devolverle a los ciudadanos lo que es suyo”.

Semanas después de haber impulsado la iniciativa en la Legislatura de la Ciudad, el diputado de La Libertad Avanza (LLA) Leonardo Saifert insistió con la necesidad de debatir y aprobar un texto de su autoría para que el Gobierno de la Ciudad no cobré más la “contribución” para ingresar a los principales cementerios turísticos y de ese modo favorecer los ingresos de los guías turísticos.

En ese sentido, el liberal afirmó que “buscamos su eliminación porque, en primer lugar, ningún cementerio en la Argentina, público o privado, cobra una entrada o una contribución” e indicó que “el intento de recaudación del gobierno de CABA vulnera nuestros derechos constitucionales como ciudadanos. El artículo 27 de la Constitución porteña nos garantiza que la Ciudad promueve la protección y el incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito”.

Además aclaró que el cobro de una entrada o contribución a un espacio público como el Cementerio de la Recoleta “resulta ser un intento de establecer una aduana interior dentro del territorio de CABA, situación que infringe el artículo 126 de nuestra Constitución Nacional. Desalienta la industria turística en el territorio de CABA” y advirtió que “contradice el artículo 59 de la Constitución porteña que establece que la Ciudad promueve el turismo como factor de desarrollo económico, social y cultural. Potencia el aprovechamiento de sus recursos e infraestructura turística en beneficio de sus habitantes, procurando su integración con los visitantes de otras provincias o países. Fomenta la explotación turística con otras jurisdicciones y países, en especial los de la región”.

En tercer lugar, el referente libertario sostuvo que “la norma a derogar perjudica y obstaculiza la profesión del guía turístico. Sus honorarios se minimizan ya que su cliente -el turista nacional o extranjero- debe pagar un canon extra que encarece esa actividad o, finalmente, no realizarla. En este punto, una vez más, nos encontramos ante el atropello de los principios constitucionales de CABA, que en su artículo 43 establece que la Ciudad protege el trabajo en todas sus formas”,

Vale aclarar que los importes están estipulados en $1.400 para los turistas extranjeros y $700 para los nacionales.

Saifert concluyó aseverando que “el objetivo del Fondo de Garantía Turística de los Cementerios es injustificado y descalificador hacia los habitantes de la Ciudad. La legislación está mal pensada y redactada. Vulnera derechos constitucionales que nos otorgan tanto la Constitución Nacional como la Constitución de la Ciudad, y perjudica sobremanera el trabajo de los guías turísticos, rubro que ha sido diezmado por las restricciones de la cuarentena”.

Con la intención de favorecer el desarrollo inmobiliario en la Ciudad, el legislador de La Libertad Avanza Leonardo Saifert presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca eliminar el pago de la plusvalía en las construcciones urbanas, al considerarlo “un impuesto altamente regresivo para el desarrollo inmobiliario”.

En ese sentido, el liberal afirmó que “el Código de Planeamiento Urbano (CPU) promulgado en el 2019 tuvo muchísimas falencias que terminaron siendo emparchadas. Estos parches tapan el error, pero no lo ocultan del todo” y advirtió que hay “errores que van desde calcular la altura de los edificios sumando los pisos según la mínima altura permitida pero olvidando el grosor de las losas -eso generó la pérdida de un piso completo- hasta cobrar la plusvalía basada en un cálculo que sólo estaba presente en la ley derogada del anterior CPU”.

Además indicó que “si bien algunos errores que aún mantiene el CPU son groseros, creemos que volver a modificarlo en este momento ocasionaría aún más percances a los emprendedores. Por eso, con el deseo de alivianar las regulaciones que impiden progresar al emprendedor, decidí volver a revisar el cálculo de plusvalía. Un costo que -actualmente- algunos sectores desean aumentarlo y terminar de destruir así el desarrollo inmobiliario”.

“Esta obligación tributaria -dijo el legislador libertario- sólo la entiendo como un abuso de la autoridad que es violatoria de los principios constitucionales del artículo 11, y un obstáculo para el pleno desarrollo de los emprendedores y propietarios”, añadió.

Sobre esa misma línea Saifert consideró que “la legislación que habla de la plusvalía olvida un hecho fundamental que es la existencia de lotes que se vieron perjudicados con este gravamen. Aquellos que ahora tienen permitido una construcción menor a la que existía con el antiguo CPU no tienen ningún tipo de compensación por la pérdida” y remarcó que “no hay minusvalía y tampoco tienen permitido construir según la altura original, por esto -agregó el legislador porteño- el código terminó desvalorizando esos lotes, atentando contra la propiedad privada y la capacidad de ahorro de esos propietarios”.

El legislador alegó “cierto oscurantismo” sobre el destino de la recaudación impositiva, cuyo actor es el Fondo Público de Hábitat Sustentable, organismo que transfiere lo cobrado al Fondo para el Desarrollo Urbano Sostenible.

Este último, según la ley 6.466, en su artículo 4, indica que el Estado Nacional se vale de los impuestos del ciudadano y por tal motivo puede afirmar que existe una doble imposición tributaria. “Este gravamen es un atropello a la libertad de los emprendedores ya que aborrece dar a cada uno lo suyo, lo cual es fruto de su trabajo. Y no solo se ve afectado y modificado arbitrariamente, sino que los perjudicados no obtienen resarcimiento y los beneficiados se ven en la obligación de aportar dos veces a un mismo fondo”, finalizó Saifert.

Cabe recordar que la plusvalía es el pago que se debe abonar para obtener el permiso de obra cuando la construcción supera los límites establecidos por el Factor de Ocupación Total (FOT). Y se calcula en base a una alícuota por zona, incidencia y cantidad de metros cuadrados “ganados” con la nueva legislación.

El legislador porteño por el Partido Libertario Leonardo Saifert presentó un proyecto de ley para quitarle la obligatoriedad a la VTV (Verificación Técnica Vehicular) en CABA, porque, sostiene, “tiene como único objetivo la recaudación sin importar las consecuencias negativas para la economía de los ciudadanos”. 

“Los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ven continuamente agobiados por impuestos y regulaciones. Tal es el caso de la VTV que, desde su promulgación en el año 2007, se ha convertido en una carga para muchos conductores que se ven desbordados por la cantidad de complicaciones que implica tener un automóvil en la Ciudad, teniendo en muchos casos que pausar su uso por razones que rozan lo arbitrario”, expresó. 

El legislador libertario consideró que “la VTV es motivo de queja para millones de argentinos que utilizan sus vehículos ya sea con fines laborales o recreacionales. Así, el automovilista se ve obligado a realizar un control periódico que en muchos casos es innecesario ya que servicios de iguales prestaciones, hoy en día, son otorgados por las distintas marcas de automotores y sus servicios de postventa”. 

“El gasto que conlleva la VTV, sumado a los arreglos o modificaciones solicitados por la inspección que en muchos casos rozan lo absurdo, se tornan inaccesibles o prohibitivos para aquellos ciudadanos cuya economía se ve golpeada día a día”. 

“Soy consciente de que la VTV es un requerimiento para transitar por las provincias, es por eso que decidí presentar un proyecto para quitar la obligatoriedad de la misma en CABA para que aquellas personas que utilizan sus automóviles para transitar dentro de la Ciudad no estén sujetos a esta norma. Los que quieran o necesiten transitar por fuera de la Capital podrán realizar la verificación de forma regular”, indicó el legislador. 

Por último, Saifert aclaró que “ya es tiempo de que pongamos un freno a estas regulaciones innecesarias que no hacen más que afectar la vida de los vecinos, especialmente aquellos de ingresos más bajos. Y voy a seguir trabajando desde mi lugar en la Legislatura para impulsar leyes que lleven alivio a los porteños”.