Fue en el marco de una reunión de la Comisión de Discapacidad de la Cámara baja en la que diversas organizaciones plantearon el panorama complicado que vive el sector.
Con la presencia de diferentes organizaciones del ámbito de la discapacidad y la cuestión de los recortes y problemas con los pagos, se reunió este miércoles la Comisión de Discapacidad que preside el diputado nacional Luis Di Giacomo (Juntos Somos Rio Negro).
“Hay varias aristas a tratar: prestadores, Estado, instituciones y personas afectadas”, señaló a modo de anticipo el rionegrino Di Giacomo en el inicio de la reunión. Por su parte, la vicepresidenta primera Leonor Martínez Villada (Coalición Cívica – Córdoba) pidió “acompañar soluciones, porque conocemos la crítica situación del sector. Sabemos que hay retrasos en los pagos de los prestadores, el cual es un sector que viene golpeado desde la pandemia. Por ello venimos a empalmar los retrasos en los pagos para tener datos bien definidos”.
A su vez,la vice segunda, Graciela Caselles (FdT – San Juan) estimó que “se empieza a ver el tema discapacidad, que en Argentina estuvo oculto, estamos ante un momento oportuno para ordenarnos, bajo la honestidad y valores humanos. Es un paso más para resolver los problemas de discapacidad”.
La lista de invitados que participaron de la reunión estuvo conformada por Ana Donis (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad ); Pedro Crespi, Alejandra Belyin y Rosa Scioti (Asociación Síndrome de Down de la República Argentina); Verónica Vera (Red de Padres de TGD); Lucas Larocca y Julia Valmarrosa (Confederación Argentina de Sordos); Daniel Masuzzo y Marcela Kriskovich (Asociación Civil Prestadores de Discapacidad Unidos); Daniel Ramos (Concejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad); y virtualmente, Cecilia Palacio (Centro de Rehabilitación Dean Funes).
Abrió el juego Ana Donis (REDI), quien explicó: “Desde nuestra organización pensamos que lo fundamental era generar leyes que hagan cumplir la convención que tiene carácter constitucional”.
“Luchamos por una ‘Asignación Universal por Discapacidad’ que no sea menor a un salario mínimo, y pedimos que los cuidados pasen a formar parte de la agenda pública. Las personas con discapacidad son cuidadoras, pero no lo son a la hora del pago, hay que remediar que personas con Síndrome de Down pueda acceder a un pago por cuidar”, desarrolló la representante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Pedro Crespi (ASDRA) detalló que trabajan con redes de familias con Síndrome de Down y tienen alcance nacional. Además, planteó dos cuestiones: “Necesitamos un diagnóstico claro de cómo viven las personas con discapacidad; pedimos al INDEC que para 2023 haya datos precisos sobre la situación educativa, económica y laboral de las personas con discapacidad”.
Asimismo, Crespi consideró una segunda cuestión: “Queremos conocer detalles de esta nueva ley de discapacidad. Necesitamos saber qué pasará con los aportes, es importante discutir cuestiones estratégicas y leyes con argumentos, información y datos fehacientes”.
Desde la misma organización, Alejandra Belyin destacó “la importancia de que el Certificado Único de Discapacidad tiene que ser definitivo y no que tenga la obligación de ser renovado cada dos o tres años. Nuestros hijos deben pasar por especialistas constantemente. A las familias de bajos recursos se le complica”, explicó.
También Rosa Scioti habló del conflicto que persiste con “las prestaciones en salud sobre discapacidad”, y deslizó: “Estamos pagando a profesionales, cuando no nos corresponde. Pensemos que debe haber acuerdos, pedimos responsabilidad para que no se use la situación de discapacidad para tapar otros problemas”.
En representación de la Red de Padres TGD, estuvo Verónica Vera, quien inició su discurso solidarizándose con prestadores y familias para que se retomen las terapias, y agregó: “Esto marca una falta de equidadm porque tenemos una situación gris sin claridad y se está mezclando todo. Responsabilizo al Estado por no haber claridad”.
Por otro lado, Vera advirtió que “nuestra mayor lucha es contra los monopolios del autismo, quienes son los únicos beneficiados a la hora de participar en leyes. Abrimos un centro gratuito en Merlo, organizado por familias, si el Estado hubiese ayudado sería aun mejor”, sostuvo.
A través de una videollamada por zoom, Cecilia Palacio expuso desde Córdoba que “hay más de cien pacientes con diferentes diagnósticos que no cuentan con equipos interdisciplinarios que logren responder a la alta demanda de análisis y tratamiento con gratuidad”.
“Nos sumamos al reclamo del derecho de acceso a la salud”, afirmó Palacio, quien agregó: “En el ámbito privado, el transporte no cuenta con rampas, hay faltante de información a las familias y carecemos de transporte. La falta de pagos vulnera derecho al transporte, el derecho a la educación y el derecho a la salud”, desarrolló la cordobesa.
En representación de la Confederación Argentina de Sordos, Lucas Larocca comunicó a través de una vocera que “tenemos como objetivo el reconocimiento de personas sordas para que sean reconocidas como ciudadanos. Quedan dos países sin reconocer la ‘lengua de señas’, Argentina es uno; necesitamos que se reconozca nuestro lenguaje lingüístico para la vida cotidiana”.
Julia Valmarrosa (CAS) informó: “Soy parte del 5% de personas sordas. Queremos desarrollar lenguas visuales para niños sordos con educación bilingüe para personas sordas. Queremos el desarrollo para el reconocimiento de personas sordas en todo el país”.
Marcela Kriskovich (ACPDU) tomó la palabra y enfatizó: “Pedimos inclusión real, el ajuste está cuando los médicos de auditoría de obra social recortan, el ajuste está cuando los padres de un niño con discapacidad deben pedir amparo. Le decimos no al ajuste”.
Además Kriskovich explicó que “la situación real es que la obras sociales sindicales están brindando un servicio para nuestros hijos. Queremos un país más inclusivo. la inclusión no es solo la ‘e’ y la ‘x’, la inclusión es la lengua de señas y el braille. Queremos dejar de ser un colectivo invisible, la carpa blanca en Plaza de Mayo logró visibilizar y poner el tema en agenda”.
Así también Daniel Masuzzo (ACPDU) pidió que “la política baje y escuche del tema”, y añadió: “El Gobierno dice que no es ajuste ni recorte, pero hay una agencia nacional de discapacidad que no funciona, si no cambia el directorio no va a funcionar, ellos dicen que está todo bien, y estamos viviendo un ajuste brutal, el sistema de prestaciones a nivel nacional esta vacío”.
En último lugar, Daniel Ramos (CAIDIS) planteó: “Estamos preocupados respecto a la problemática de incumplimientos con la discapacidad y nos solidarizamos con las personas que no han podido cobrar desde hace meses. Hay que sentarse a modificar el sistema de prestaciones”.
En el cierre de la reunión informativa, el presidente del Comisión de Discapacidad manifestó: “Daremos continuidad al tema en las próximas reuniones”, y agradeció a los diputados y diputadas, secretarios, y representantes de organizaciones por “haber participado de la reunión”.
La iniciativa fue presentada por la diputada de la CC-ARI Leonor Martínez Villada quien argumentó que “el cuidado y atención integral, el respeto y la promoción de los derechos de las personas mayores es una responsabilidad primordial por parte del Estado”.
La diputada nacional Leonor Martínez Villada (CC-ARI/ Córdoba) presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo brinde datos sobre el estado de situación, la ayuda y servicios que se están brindando desde el Estado, a través de las Residencias de Larga Estadía y centros de día destinadas a aquellas personas mayores sin obra social ni recursos económicos.
En la iniciativa solicita saber:
“El cuidado y atención integral, el respeto y la promoción de los derechos y a una vida activa de nuestras personas mayores es una responsabilidad primordial por parte del Estado nacional”, sostuvo la diputada.
La consejera alertó que “con el Jury se está diciendo ‘no investigues al poder’”, mientras que la diputada de la CC-ARI advirtió que, si la Corte falla a favor y la provincia no acata, pedirán la “intervención federal para garantir la forma republicana de gobierno”.
La diputada nacional y miembro del Consejo de la Magistratura, Graciela Camaño (Identidad Bonaerense), y la diputada nacional Leonor Martínez Villada (CC-ARI – Córdoba) salieron en defensa de la fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, que está pronto a ser destituida después de haber intervenido en varias causas resonantes que describieron con detalle circuitos de corrupción de la política de la provincia.
“Qué está diciendo ese Jury, en caso de desoír lo que está diciendo la Corte o lo que está diciendo el Procurador, está diciendo ‘no investigues al poder’”, señaló Camaño y agregó: “El grave problema que tenemos es de qué manera se ve hacia abajo el ejemplo que damos aquellos que tenemos alguna responsabilidad y parece que no se entiende”.
Además, la consejera calificó como “muy grave” la acusación contra Goyeneche y precisó: “Se la acusa de no haberse excusado, pero allí, en su caso, se mal utiliza el Instituto de la Excusación porque en realidad ella no se excusa, avanza con la investigación y logra un expediente con culpabilidades hacia las personas que conocía. Totalmente mal utilizado el Instituto de la Excusación porque si para algo sirve es para que vos no hagas connivencia con aquél que conocías. No hizo connivencia, avanzó con la investigación y por eso se la está llevando a un Jury”.
Y agregó que “quienes le están haciendo Jury son pasibles de que después se lo investigue porque en realidad están mal utilizando un instituto tan importante como es el de la Excusación”.
En el mismo sentido, se pronunció la diputada de la Coalición Cívica a través de las redes sociales quien advirtió: “Si la Corte Suprema falla a favor de la fiscal Goyeneche y la Provincia de Entre Ríos no acata el fallo, vamos a pedir la intervención federal para garantir la forma republicana de gobierno”.
“No queremos un nuevo fiscal Sosa, no queremos una nueva Santa Cruz. La injusticia y la impunidad no se pueden consolidar en la Argentina. Por lo menos no contarán con nuestra complicidad”, adelantó.
Goyeneche, que ocupa formalmente el cargo de Procuradora Adjunta, pero está suspendida y tiene su sueldo recortado, quedó sentada en el banquillo de los acusados después de haber intervenido en varias causas resonantes que describieron con detalle circuitos de corrupción de la política de Entre Ríos. Quedaron involucrados desde dirigentes del peronismo hasta de la oposición. Uno de los casos más resonantes, el de los “Contratos de la Legislatura” provincial, reveló un entramado para extraer del Estado vía contratos de locación ingentes recursos públicos todos los meses durante años.
A través de un pedido de informe, la diputada Martínez Villada alertó sobre las constantes designaciones publicadas en el BO, e interroga sobre los controles de idoneidad del personal contratado.
Diputados de Juntos por el Cambio presentaron un pedido de informe sobre la cantidad de cargos políticos existentes en la estructura de la Administración Pública Nacional.
Impulsora de la iniciativa, la diputada de la Coalición Cívica Leonor Martínez Villada observó este lunes que “día a día se encuentra, con una simple lectura del Boletín Oficial un sinfín de designaciones realizadas de manera transitoria o por excepción”.
Es la razón por la que junto a otros diputados de Juntos por el Cambio presentó un pedido de informe al advertir que “esto no solo impacta de lleno con la estabilidad del empleo público consagrada en la Constitución, sino que perjudica el funcionamiento del aparato estatal, con funcionarios/as que ni siquiera cumplen con los requisitos mínimos establecidos en la normativa vigente”.
Recuerda la diputada Martínez Villada que “según el artículo 16 de la Constitución, la idoneidad es el requisito para acceder al empleo público”, y advierte que la “mentada idoneidad cuenta con un procedimiento de acreditación vigente. Este, es el concurso de antecedentes y oposiciones”.
“Avasallar la realización del mismo implica un incumplimiento al régimen normativo, perjudica la carrera administrativa y deteriora la capacidad de la alta dirección pública para dar respuestas a las necesidades de la gente”, enfatizó la legisladora, para quien “resulta necesario tener un diagnóstico exacto y contar con información precisa para conocer el estado actual de la composición de la Administración Pública Nacional y saber cuáles son las metas y programas de gobierno tendientes a jerarquizar el funcionamiento del aparato burocrático estatal”.
Entre otras cosas se pretende conocer los programas y planes vigentes tendientes a concursar los cargos en direcciones nacionales, direcciones generales, coordinaciones y supervisiones que se encuentran designados de manera transitoria o por excepción a los requisitos.
La iniciativa es impulsada desde la Coalición Cívica, argumentando que la fijación de los derechos de exportación es “potestad absoluta e indelegable” del Parlamento.
La diputada nacional por Córdoba de la CC ARI Leonor Martínez Villada presentó un proyecto de ley para despejar cualquier tipo de justificación legal que pueda respaldar la fijación de los derechos de exportación del agro por parte del Poder Ejecutivo. Para eso, la diputada propuso derogar los artículos 664°, 755° y 756° de la Ley 22.415 del Código Aduanero.
“La fijación de los derechos de exportación es potestad absoluta e indelegable del Congreso de la Nación, es la institución que debe trabajar y aprobar lo referido a las retenciones al agro, sector que se encuentra atravesando una difícil situación, resultado de sequías, incendios forestales y de una severa distorsión tributaria”, sostuvo Martínez Villada.
“Esta iniciativa no sólo fomentará y avanzará hacia un debido cumplimiento de la Constitución y la institucionalidad democrática, sino también se podrá facilitar desde el Congreso un trabajo mancomunado que acerque y brinde soluciones al sector agropecuario, pilar fundamental en nuestro país”, explicó la diputada de la CC ARI.
El proyecto fue acompañado por los diputados nacionales de la Coalición Cívica Rubén Manzi y Mónica Frade.
Según indica la iniciativa, hasta este momento, el Poder Ejecutivo hace uso de herramientas jurídicas que lo habilitan a establecer estos tributos. Uno de ellos es la Ley de Emergencia Pública sancionada en 2019, que perdió vigencia el 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, de acuerdo a lo establecido en el Código Aduanero, actualmente se le delega al Ejecutivo la facultad de establecer elementos esenciales para los derechos de exportación.
El artículo 75°, inc. 1, de la Constitución señala que el Congreso Nacional debe “legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las evaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación”.
Además, según el artículo 76 de nuestra Carta Magna, “se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.
Tras haber perdido vigencia la Ley de Emergencia Pública y sin la aprobación del proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio 2022, los diputados de la CC proponen la urgente derogación de los artículos 664°, 755° y 756° del Código Aduanero con el fin de despojar de herramientas jurídicas al Poder Ejecutivo que son contrarias a lo establecido en la Constitución Nacional.
Al participar de una reunión informativa de la comisión homónima, Fernando Galarraga defendió al presidente luego de sus dichos sobre los niños con discapacidad frente a la pandemia.
El titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga, defendió este martes al presidente Alberto Fernández y destacó su “predisposición y humidad”, luego de sus cuestionados dichos sobre la situación de los niños con discapacidad frente a la pandemia.
Galarraga expuso ante la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, que preside Leonor Martínez Villada (Coalición Cívica), donde presentó un informe de gestión y respondió preguntas de legisladores.
En ese marco, la santafesina Gisela Scaglia (Pro) preguntó al funcionario sobre las declaraciones de Fernández, que a su juicio “estuvieron mal”.
Es que, a propósito de la suspensión de clases presenciales en el AMBA, el presidente comentó: “Todo este tiempo he hablado con maestras de escuela de chicos con capacidades diferentes, de lo difícil que se les hace trabajar con esos chicos, que no entienden la dimensión del problema sanitario que enfrentan”.
Galarraga no eludió la respuesta. “No soy una persona que esté radicalizada con la terminología, porque entiendo que estamos atravesando un tiempo de transición donde las personas con discapacidad están buscando más protagonismo y más acceso a sus derechos, y donde muchas familias tomaron la voz de esas personas”, introdujo.
Y continuó: “Me quiero quedar con el respaldo y el acompañamiento político que el primer mandatario nos brinda en cada una de las gestiones”.
“No se podría haber aumentado el presupuesto un 53% como se hizo en 2020 si no hubiera acompañamiento ni respaldo político”, retrucó el titular de la ANDIS.
Luego sostuvo que “como sociedad tenemos que incorporar lo que significa el paradigma de la discapacidad, y eso implica la terminología, pero fundamentalmente las actitudes, la predisposición, la respuesta individual y colectiva, y mucho más para quienes desempeñamos roles políticos y de conducción en el Estado Nacional”.
Fue entonces cuando destacó “la apertura y la humildad” de Fernández al recibirlo este lunes en Casa Rosada, donde se le brindó una capacitación en la materia.
“Nos brindó un respaldo muy significativo a cada una de estas líneas de acción y con absoluta predisposición y humildad trabajó con nosotros en relación a conceptos que van más allá de una palabra bien o mal usada”, afirmó.
Al brindar su informe de gestión, Galarraga sostuvo: “Trabajamos por una Argentina con mayor igualdad, donde las personas con discapacidad tienen y deben ocupar un lugar, y en donde el Estado debe ser un actor protagónico. La discapacidad debe estar en la agenda pública y política”.
Entre las principales iniciativas que nombró el funcionario se destacan la restitución de las pensiones a personas con discapacidad y el Plan Federal Incluir Salud.
También subrayó “la necesidad de avanzar en dispositivos para las clases virtuales de los alumnos con discapacidad”, como computadoras, tablets o celulares, “porque son la llave para acceder a la educación”.
Por su parte, Martínez Villada consideró que “es imperiosa la inclusión de las personas con discapacidad en las políticas públicas”, mientras que la vicepresidenta de la comisión, Graciela Caselles (Frente de Todos) remarcó: “Debemos dar solución a los derechos de todas las personas con discapacidad, y trabajar en conjunto para encontrar el camino más igualitario para todos, sobre todo en este contexto particular”.
Se trata de Leonor Martínez Villada, presidenta de la Comisión de Discapacidad, quien advirtió que el mandato de la dirigente como interventora del INADI “está vencido”.
La diputada de la Coalición Cívica Leonor Martínez Villada, titular de la Comisión de Discapacidad, le pidió al presidente Alberto Fernández que no renueve el cargo de Victoria Donda al frente del INADI, luego de la polémica por los audios donde la dirigente le ofrece a una empleada doméstica un puesto en ese organismo y un plan social.
Martínez Villada advirtió que el mandato de Donda como interventora del INADI “venció el 8 de diciembre” y le solicitó a Fernández que “se abstenga de prorrogar la intervención del INADI con Donda al frente de la entidad”.
Según recordó la legisladora por Córdoba en un hilo de tuits, a través del decreto 57/20 del 13 de enero de 2020 se designó a Donda por un plazo de 180 días, y al vencer ese plazo, mediante el decreto 587/20 el mandato se prorrogó por otros 180 días desde el 10 de junio.
“Habiendo transcurrido más de 180 días, su mandato no ha sido prorrogado aún. Por esto, ante los hechos de público y notorio conocimiento que involucran a Victoria Donda, que van a contramano del decoro que debe preservar todo funcionario público para garantizar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de la democracia, le solicitamos al presidente que se abstenga de prorrogar la intervención del INADI con Donda a cargo de dicha entidad”, reclamó Martínez Villada.
Por último, sostuvo que “se debe restablecer la institucionalidad de esta entidad, que se encuentra sumamente debilitada a partir de las sucesivas intervenciones dispuestas de manera ininterrumpida desde el dictado del decreto 746/2011”.
