Los jueces de la Cámara Federal porteña revocaron una decisión de la jueza que investiga el atentado contra la vicepresidenta de la Nación.
Tan cuestionados por Cristina Fernández de Kirchner, los jueces que componen la Cámara Federal porteña, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, habilitaron este miércoles el secuestro del celular del diputado nacional Gerardo Milman (Pro – Buenos Aires), una medida solicitada en su momento por los abogados de la vicepresidenta de la Nación y la fiscalía, en el marco de la causa que investiga el intento de asesinato contra ella registrado el 1° de septiembre del año pasado.
Originalmente esa medida había sido desechada por la jueza María Eugenia Capuchetti, y fue reclamada a partir de los dichos de un supuesto testigo que dijo haber escuchado en el bar Casablanca que Milman le contaba a unas colaboradoras que “cuando la maten” él iba a estar camino a la costa.
Por la Ley de Fueros, la Cámara de Diputados de la Nación que Milman integra deberá autorizar la entrega del celular por parte de ese diputado.
Para Bruglia y Bertuzzi, “la extracción de información del teléfono en cuestión deberá limitarse a un acotado y prudente lapso temporal -abarcado desde el 1° de julio de 2022 al 10 de mayo de 2023”, como así también enmarcarse estrictamente “al análisis del contenido relevante en torno a los hechos ventilados en la presente causa, debiendo preservarse toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso”.
El tercer integrante de la Cámara, Mariano Llorens, no acompañó a sus pares al considerar que no había material probatorio suficiente que habilitara avanzar con esa medida. “No encuentro un indicio claro, preciso y concordante con el resto de la prueba que habilite una injerencia mayor en la privacidad de personas que no se encuentran formalmente imputadas en estas actuaciones, como lo es el diputado Gerardo Milman”, escribió el juez en su fallo.
Este reclamo de la querella surge de la presentación realizada por Jorge Abello, un asesor del diputado Marcos Cleri, quien se presentó ante la justicia para contar que el día previo al atentado él había escuchado a Gerardo Milman decirles a dos asesoras la siguiente frase: “Cuando la maten, yo estoy camino a la costa”.
Cabe consignar que ese encuentro fue certificado por las cámaras de seguridad y admitido por las propias colaboradoras de Milman, aunque otras medidas ordenadas no alcanzaron a darle credibilidad a los dichos de Abello.
Finalmente, el fallo de los camaristas indica que “el secuestro del aparato celular del diputado Milman encuentra debida motivación en los fundamentos expuestos por el Ministerio Público Fiscal que tornan admisible dicha medida en consonancia con la hipótesis delictiva investigada en autos. Sin perjuicio del resultado que han arrojado las diligencias llevadas a cabo hasta el momento, resulta dirimente a los efectos de agotar esta vía investigativa, descartar toda mínima situación de incertidumbre al respecto”.
La querella de la vicepresidenta había solicitado que se corra a la jueza federal por incompatibilidades en su función.
Por segunda vez, la Cámara Federal porteña rechazó el pedido de la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner para que se aparte a la jueza federal María Eugenia Capuchetti de la causa que investiga el atentado en su contra, ocurrido el 1ro. de septiembre de 2022.
La semana pasada, los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal habían reclamado que se aparte a la magistrada por “incompatibilidades en su función”, por tareas realizadas como investigadora del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad desde 2014.
Los letrados habían señalado que Capuchetti “estaría cobrando un sueldo por parte de un organismo que debería ser investigado en estas actuaciones, demostrando ello un interés en el proceso”.
Además, la querella remarcó que “no sólo se trata de tareas incompatibles con su función” sino que marcarían “un vínculo que solo se explica como una contraprestación para tener llegada al juzgado a su cargo” por parte de un área que debería ser investigada en la causa, vinculada a la Policía de la Ciudad y al Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.
En su resolución, el camarista Leopoldo Bruglia rechazó la solicitud al considerar que los argumentos son “ajenos” al proceso y responden a la “creación de hipotéticos escenarios alejados de cualquier circunstancia objetivamente comprobable que pueda revestir aptitud suficiente para justificar el apartamiento de un magistrado”.
El juez evaluó que no se probó que “la actividad académica enunciada pueda determinar un interés en el resultado de este proceso por parte de la Dra. Capuchetti y/o provocar un temor de parcialidad que amerite su apartamiento”.
“El ejercicio de la docencia o la participación en trabajos de investigación como los descriptos -en principio- no se encuentran vedados para los magistrados y, en caso de verificarse alguna falencia administrativa y/o irregularidades en el contexto de posibles incompatibilidades genéricas, su tratamiento resulta extraño al instituto invocado y debería ser canalizado por demás vías administrativas específicas”, señaló en el escrito según publicó la agencia Télam.
Además, Bruglia agregó que “resulta importante destacar que las particularidades (fines y objetivos) que le asigna la querella al instituto en el cual la magistrada desarrollaría las actividades académicas, como así también los actores que menciona en carácter de integrantes o referentes del mismo, no conforman parte de imputación alguna en estas actuaciones ni de las líneas investigativas en trámite”.
“Ello también torna manifiestamente improcedente la pretensión objeto de esta incidencia, en tanto no se comprende cómo puede existir algún interés en el resultado del proceso que involucre organismos o sujetos ajenos a este”, concluyó.
También, en el escrito, Bruglia realizó una “nueva advertencia” a José Manuel Ubeira, abogado de la parte querellante, “ésta vez por la abusiva utilización de términos objetivamente ofensivos y agraviantes hacia un magistrado”, entendiendo que se trata de “opiniones carentes de efecto jurídico alguno” y “revelan un innecesario exceso en el rol de su ministerio”.
A través de un comunicado desde el interbloque denunciaron que “es muy grave la decisión del juez” porque “le impide el acceso a la justicia a la vicepresidenta”. “Algunos jueces de Comodoro Py parecen actuar más en sentido político que jurídico”, apuntaron.
Luego de se conociera este viernes que la Cámara Federal, precisamente el camarista Leopoldo Bruglia, rechazó la recusación planteada por la querella de la vicepresidenta de la Nación contra la jueza María Eugenia Capuchetti de la investigación en la causa del intento de magnicidio, el interbloque de senadores del FdT expresó su repudio a dicha medida.
A través de un comunicado denunciaron que “es muy grave la decisión adoptada por el juez Bruglia”, y aclararon que “fue designado camarista a dedo por el expresidente Mauricio Macri”. En ese sentido, apuntaron que “se le impide el acceso a la justicia a la vicepresidenta, quien fuera víctima de un intento de asesinato por parte de activistas de extrema derecha el pasado 1 septiembre, y el conocimiento de la vedad plena de lo acontecido al pueblo argentino”.
Además, recordaron que los abogados de “la compañera” Cristina Fernández habían solicitado el apartamiento de la jueza Capuchetti, porque “no investigó todos los elementos surgidos”, y acusaron de que “la magistrada rechazó la mayoría de las medidas de prueba reclamadas por la querella y no agotó todas las líneas de investigación que aparecieron tras el frustrado atentado, sin contar el lamentable episodio en que se borró, sin explicación alguna y bajo custodia judicial, la memoria del teléfono celular del principal acusado del ataque”.
En tanto, remarcaron que la querella “siempre buscó que se investigaran todos los indicios que aparecieran a los efectos de agotar todas las instancias y llevar la mayor transparencia a tan gravísimo hecho institucional, que tuvo como principal víctima y damnificada, nada más ni nada menos, que a la actual vicepresidenta de la Nación”.
En ese sentido, apuntaron que la jueza Capuchetti “en una actitud solo explicable por simpatías y antipatías políticas evitó profundizar la investigación judicial”, y ejemplificaron: “Como ocurrió con el nexo entre referente de la agrupación Nueva Derecha, Hernán Carroll, y el propio autor material del atentado: Fernando Sabag Montiel”. Asimismo, resaltaron que fue el propio Montiel quien había mencionado a Carroll como quien “podría financiar la contratación de un abogado para su propia defensa”.
“El designado camarista Bruglia desoye el pedido de la querella y resuelve que lo actuado por Capuchetti está bien y, por ende, rechaza la recusación”, cuestionaron y señalaron: “La Sala 1 de la Cámara Federal porteña, con las firmas de Bruglia y de sus colegas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi (otro que accedió a esa instancia por obra y decisión de Macri), resolvió poner freno a la indagación de la pista de Milman al establecer que la jueza Capuchetti, antes de analizar los teléfonos celulares de las dos asesoras del actual diputado y ex secretario de Seguridad Interior que lo acompañaban en el bar Casablanca de la zona de Congreso, tome otras medidas de prueba”.
Por último, expresaron preocupación que “algunos jueces de Comodoro Py parecen actuar más orientados con sentido político que jurídico, y con sus decisiones, en vez de procurar esclarecer los hechos de tamaña trascendencia, dan la impresión de querer taparlos y evitar así seguir determinadas líneas de investigación”.
El Tribunal Supremo dispuso que el magistrado continúe en su cargo hasta tanto se resuelva la constitucionalidad o no de su traslado al Tribunal Oral Federal 7.
Dos días después de expedirse sobre los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, la Corte Suprema de Justicia hizo lugar al per saltum presentado oportunamente por el juez Germán Castelli, quien permanecerá en el cargo hasta que se resuelva el fondo del planteo.
De tal manera, a diferencia de lo ocurrido con el fallo del martes pasado, la Corte postergó esta vez su resolución, con lo que volverá a la jueza de primera instancia para que se expida.
Castelli pasó de un tribunal oral federal de San Martín a la Capital Federal.
Por ello el tribunal remitió el caso a primera instancia para que resuelva el fondo y no sobre una cautelar como lo hizo.
Con la firma de los jueces Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, y la disidencia del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, se hizo lugar al recurso extraordinario por salto de instancia, revocándose la sentencia recurrida, y ordenando “la suspensión de los efectos de la resolución 183/2020 hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la causa”.
El juez Castelli había pedido al Tribunal Supremo un per saltum para declarar inválida la medida del Consejo de la Magistratura que pidió la revisión de su traslado, junto a los de los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, entre otros magistrados.
En un zoom de la Mesa Nacional, los líderes de la alianza admitieron que la decisión del máximo tribunal sobre Bruglia y Bertuzzi “no los satisface”. Expresaron “preocupación” por la intención de modificar la Ley del Ministerio Público.
La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio rechazó este miércoles el fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y por otra parte pospuso la definición sobre el pliego de Daniel Rafecas como procurador general.
Los referentes del espacio opositor se reunieron durante la mañana a través de la plataforma Zoom y luego de analizar la situación emitieron un comunicado.
Del encuentro participaron el expresidente Mauricio Macri; la presidenta del Pro, Patricia Bullrich; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; y el auditor general de la Nación Miguel Ángel Pichetto.
También estuvieron los senadores Humberto Schiavoni, Martín Lousteau y Luis Naidenoff; los diputados Maximiliano Ferraro, Alfredo Cornejo, Mario Negri y Juan Manuel López; y la legisladora provincial Maricel Etchecoin.
“El fallo de la Corte Suprema no nos satisface”, expresó Juntos por el Cambio luego de que el máximo tribunal ordenara a Bruglia y Bertuzzi permanecer en los cargos a los cuales fueron trasladados por el gobierno de Mauricio Macri hasta que se realicen nuevos concursos para definir jueces naturales.
“La Corte ratificó lo actuado por los jueces, por lo tanto deben quedarse en sus cargos y no renunciar, para garantizar justicia a los judiciables”, consideró la alianza opositora.
Por otra parte, manifestó “preocupación” por el intento del oficialismo de modificar en el Senado la Ley Orgánica del Ministerio Público, con el fin de acotar el mandato del procurador y cambiar las mayorías necesarias para su designación y remoción.
“Alertamos sobre la gravedad que implica que el oficialismo pretenda modificar las mayorías necesarias para elegir y destituir al procurador general de la Nación, por lo que implica su figura en nuestro ordenamiento institucional, la promoción de la acción penal y a su vez en pleno proceso de implementación del sistema acusatorio”, advirtió Juntos por el Cambio.
Por último, postergó su decisión sobre la postulación de Rafecas, que se encaminaba al rechazo hasta que, en los últimos días, Carrió pidió avalar al candidato de Alberto Fernández, lo que provocó un sismo en la alianza política.
“En el momento en que el oficialismo en el Senado de la Nación tome la decisión de avanzar e impulsar al pliego propuesto por el presidente de la Nación, Juntos por el Cambio va a expresar su posición respecto al procurador general de la Nación”, dice el comunicado.
El abogado de los dos camaristas consideró “decepcionante” el fallo de la Corte, que deja en situación de “tembladeral” a decenas de jueces. Sus defendidos evalúan si renuncian.
Repuestos en sus cargos al frente de la Cámara Federal por la Corte Suprema que rechazó la anulación de sus traslados dispuestas por el Senado de la Nación, pero sin un horizonte de estabilidad, por cuanto han sido repuestos hasta que a través de un concurso el Consejo de la Magistratura elija a los que ocuparán esos cargos de manera definitiva, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi evalúan por estas horas si siguen o renuncian.
“No sé bien qué harán”, confió este miércoles Alejandro Carrió, el abogado que los representa, quien confirmó que en principio han pedido a la Cámara Federal licencia por cinco días, que “son los que les corresponden por vacaciones no gozadas”. Y agregó que “decidieron tomárselas para decidir el futuro de ellos, una vez que puedan leer el fallo con tiempo”.
En declaraciones a radio Mitre, Carrió no ocultó su fastidio sobre ese punto, ya que señaló que los jueces fueron notificados del fallo “a las 7 de la tarde”, cuando en los medios ya habían trascendido los detalles del mismo. La decisión, dijo, “se filtraba como salomónica intermedia, y de salomónica e intermedia tiene bastante poco”, razonó.
“Los jueces fueron notificados del fallo a las 7 de la tarde; los países serios no hacen esas cosas… En los países serios todos se enteran cuando sale un fallo, no se enteran los medios 7 horas antes”.
Carrió señaló que en el extenso fallo “la Corte se toma páginas y páginas y páginas para tratar de explicarnos que cuando dijo hace dos años que Bruglia no necesitaba ratificación, ahora no es así. Cuando necesitan tantas páginas para explicar algo es porque la decisión no se sostiene”.
El letrado admitió que hubiera preferido que los cortesanos dijeran directamente “hicimos una mala interpretación” en el pasado, para ahora modificar la decisión. Y citó el caso del juez de la Corte Carlos Fayt que “lo hizo una vez en un caso de drogas. Eso es honestidad intelectual”.
Así las cosas, Alejandro Carrió advirtió que hay “gran cantidad de jueces que ahora quedan en una situación de tembladeral. Hay 30 o 40 jueces, y un ejemplo paradigmático: la jueza Servini, fue trasladada de un juzgado de instrucción por Carlos Menem a uno federal. Encima, es jueza electoral. Se consideró en ese momento que no era necesario un nuevo acuerdo del Senado. Y como ella hay 30 o 40 jueces”.
Para el abogado de Bruglia y Bertuzzi, el fallo de la Corte Suprema pone en “situación de precariedad” a decenas de jueces que a la hora de dictar sentencia pueden pensar que “si no le gusta (lo que decidan) al poder público, le inician un nuevo concurso” en sus juzgados. “Mi estabilidad vale un soplido”, resumió como pensamiento de esos jueces.
“Como fallo es bastante decepcionante”, concluyó Carrió con su crítica a la decisión de la Corte Suprema.
Consultado en el programa “Lanata sin filtro” sobre si Bruglia y Bertuzzi descartan concursar por los propios cargos que ahora ocupan, teniendo en cuenta que eso llevará mucho tiempo, incluso tal vez hasta que cambie este gobierno, señaló que han pedido licencia para analizar qué hacer. Y al respecto advirtió que “no puede ser que un concurso dure tanto tiempo… 4 años, hasta diez años…”. Y lo atribuyó a que “el Consejo de la Magistratura está totalmente politizado. No me sorprendería que ahora el concurso sea exprés”.
Con todo, consideró que los camaristas a los que defiende han quedado en “una situación de transitoriedad que ni siquiera depende de plazos. ¿Qué clase de estabilidad es esa?”.
Desde la oposición cuestionaron la decisión del Tribunal Supremo sobre los traslados de los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.
Diputados y senadores nacionales de la oposición manifestaron su rechazo al fallo de la Corte Suprema de Justicia que avaló el desplazamiento de los jueces Bertuzzi y Bruglia por decreto.
El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR Mario Negri aseguró: “El fallo de la Corte Suprema envalentonó al presidente. Junto al intendente K de Avellaneda pide que Diputados trate urgente la reforma judicial y cuestiona la ley del Arrepentido que permitió avances de causas de corrupción. No persiguen una mejor Justicia, buscan impunidad”.
“Al tuit anterior le agrego la siguiente pregunta: ¿Sobre la base de qué instituciones proponen un acuerdo político y social para sacar al país de la crisis mayúscula en la que está? Escuchando al presidente hablar de la Justicia cuesta creer que va a ser posible cualquier acuerdo”, cerró Negri
Luis Petri señaló su vez que “el peor de los fallos, la Corte vuelve sobre sus pasos, desconoce la acordada 7 del 2018 y les da el tratamiento de traslados irregulares”.
“La Corte le habilitó la elección y conformación de la Cámara a la ex Presidente para que le resuelva las causas. Que nadie se haga el distraído, no fue una decisión salomónica como se pretende hacer ver. La Corte por mayoría, desconoció sus precedentes y dio un giro de 180 grados”, dijo el legislador mendocino, que agregó luego: “Hoy la Justicia es un poco menos independiente que ayer. No hay República posible sin justicia independiente”.
“Cuando las instituciones se doblegan a la impunidad de una persona, el país cae en la anomia y la violencia”, señaló por su parte la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto.
A su vez, la senadora nacional Laura Rodríguez Machado señaló que “tras el fallo de la Corte Suprema, si los tres jueces consiguieran ganar sus respectivos concursos, queda flotando una pregunta: ¿El kirchnerismo estaría dispuesto a aprobar sus pliegos en el Congreso o seguirá con su avance sobre la Justicia?”.
A su turno, Gonzalo Del Cerro afirmó que “el fallo sobre los jueces Bertuzzi y Bruglia no es favorable a República ni al concepto de Corte Suprema de Justicia, independientemente de las interpretaciones que se hagan sobre si favorece a una u otra de las partes”.
Gustavo Menna señaló por su parte: “La mayoría de la Corte hizo malabares para decir que no dijo lo que dijo hace dos años. Su rol es garantizar la supremacía constitucional, no hacer equilibrio. Para la historia queda que se ha convalidado desplazar jueces por decreto”.
El Tribunal Supremo emitió finalmente su fallo, que les permite a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi seguir en la Cámara Federal, hasta que el Consejo de la Magistratura designe a los nuevos magistrados. Germán Castelli deberá esperar hasta el jueves.
Final cantado. Hasta el resultado de la votación se presumía con exactitud: 4 a 1. Y lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia respecto de los jueces cuyos traslados fueron rechazados por el Senado fue, en líneas generales, lo que había trascendido en los últimos días. El Tribunal dispuso que tanto Leopoldo Bruglia como Pablo Bertuzzi permanezcan en sus cargos en la Cámara Federal hasta tanto el Consejo de la Magistratura designe a los nuevos magistrados que ocuparán sus lugares. Ellos estarán habilitados para participar del concurso, aunque al saberse ahora provisorios, evalúan renunciar.
No se resolvió el caso del juez Germán Castelli, que deberá esperar hasta el jueves para conocer qué resuelve la Corte Suprema.
La resolución contó con los votos de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, al tiempo que Elena Higton de Nolasco votó de manera concurrente. En minoría y disidencia lo hizo, como se había previsto, el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz.
Según lo dispone el fallo, Bertuzzi y Bruglia podrán retomar sus funciones al frente de la Cámara Federal, hasta tanto finalice el proceso de designación de nuevos magistrados para esos cargos, a través de un concurso público. Deberán luego contar con el acuerdo del Senado. Todos los actos anteriores y posteriores de los dos camaristas deberán ser considerados válidos.
A través de una resolución adoptada este sábado, Eduardo Casal considera que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario por salto de instancia y revocar la sentencia de primera instancia.
El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, emitió una resolución este sábado en la que sugiere a la Corte Suprema de Justicia hacer lugar al per saltum presentado oportunamente por los jueces Leopoldo Bruglia y Eduardo Bertuzzi y revocar el fallo del 21 de agosto pasado emitido por la jueza a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 5.
En efecto, la jueza María Alejandra Biotti rechazó el amparo presentado por esos magistrados, que pedían declarar la inconstitucionalidad de la resolución del Consejo de la Magistratura que encomendó al Poder Ejecutivo y el Senado la revisión de sus designaciones en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
Bertuzzi_Pablo_CAF_11174_2020_RS1El Tribunal Supremo dispuso declarar “admisible” el pedido formulado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Con lo cual, la medida queda suspendida.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró admisible el pedido de “per saltum” pedido en su momento por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, y se abocará en los próximos días a analizar su situación para resolver el destino de esos magistrados.
El análisis de la medida se extendió durante varias horas y se conoció sobre el filo de las 14. La medida sorprendió claramente al Gobierno, que esperaba que el Tribunal Supremo rechazara tomar el caso y que lo dejara en poder de la Cámara de Casación, para que siguiera su recorrido normal. Ahora en cambio la medida dispuesta por el Senado de la Nación y convalidada luego por el Poder Ejecutivo a través de sendos decretos, quedó “en suspenso”.
La decisión del Tribunal Supremo fue adoptada por unanimidad, atendiendo al hecho de que el tema “atañe a la comunidad”. En efecto, el fallo llevó las firmas de los cinco miembros de la Corte, su presidente Carlos Rosenkrantz, y Juan Carlos Maqueda, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.
En la resolución se solicita al Estado Nacional para que responda en un plazo de 48 horas y la suspensión de las medidas que motivaron los recursos extraordinarios.
El Tribunal expresa en su fallo que “al momento de la interposición del remedio extraordinario per saltum ante este Tribunal, las partes han hecho ejercicio de sus derechos” presentado sendos recursos contra las decisiones judiciales en el fuero Contencioso Administrativo Federal.
Se agrega que el trámite de esos recursos se demoró debido a la falta de definición en la cámara de ese fuero, lo que llevó a la designación de una camarista para que desempate una votación.
El fallo señala que “es preciso reconocer que el planteo constitucional ventilado en estas actuaciones excede el mero interés de las partes en el presente proceso y atañe al de la comunidad, desde que está en juego la interpretación constitucional de los traslados de los jueces federales”.
Este es el fallo sobre el per saltum solicitado por Bruglia y Bertuzzi:
CSJN-Per-Saltum-BERTUZZIY este es el de Germán Castelli:
CSJN-Per-Saltum-CASTELLI-1A través de un proyecto presentado por los líderes del interbloque de diputados, le exigieron al máximo tribunal que se expida sobre los casos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli.
Diputados del interbloque Juntos por el Cambio presentaron este miércoles un proyecto de resolución en el cual exhortaron a la Corte Suprema de Justicia a pronunciarse sobre los desplazamientos de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.
El proyecto fue firmado por los diputados Mario Negri, Gustavo Menna (UCR), Cristian Ritondo, Pablo Tonelli (Pro), Maximiliano Ferraro y Mariana Stilman (Coalición Cívica).
Los legisladores advirtieron que con los decretos 750, 751 y 752/20 del Poder Ejecutivo, donde se oficializó la suspensión de los traslados, “se rompió la tradición de respeto por la inamovilidad de los jueces en sus cargos, que consagra el artículo 110 de la Constitución Nacional como garantía de independencia del Poder Judicial”.
“Nunca en toda su historia se desplazó a jueces de los cargos que titularizan en un juzgado o tribunal por decretos del Poder Ejecutivo”, sostuvieron, y agregaron: “De ninguna manera los jueces de la Nación están sometidos al arbitrio del gobernante de turno, y mucho menos en lo que respecta a su permanencia y estabilidad en el órgano judicial que titularizan”.
Para los representantes de Juntos por el Cambio, “resulta impostergable que la Corte Suprema, en su carácter de garante final de la vigencia de la supremacía de la Constitución por sobre cualquier decisión autocrática adoptada al margen de sus disposiciones, ejerza la potestad que le asigna el artículo 116 y se pronuncie sobre la legalidad de lo actuado por el Poder Ejecutivo”.
El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, convocó a un “acuerdo extraordinario” para el próximo martes con el propósito de tratar los recursos presentados por los magistrados.
Finalmente el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Rosenkrantz, confirmó que se abocarán en su próxima reunión para decidir la situación de los magistrados cuyos traslados fueron anulados por el Senado.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, convocó a los integrantes del Tribunal Supremo para reunirse el martes 29 de septiembre para analizar los planteos realizados por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli respecto de la anulación de sus traslados dispuestos por el Senado de la Nación el miércoles pasado.
Recordemos que los tres magistrados habían planteado sendos “per saltum” para que la Corte definiera su situación antes de que la Cámara alta tratara el tema, pero entonces el Tribunal se dio por enterada, pero no fijó plazos para tratar esas causas. Es lo que hará ahora entonces.
Mientras tanto, Bruglia, Bertuzzi y Castelli pidieron licencias hasta que se defina su situación, por cuanto la Cámara de Casación resolvió al día siguiente de la votación en el Senado dar curso a lo resuelto, por votación dividida de sus integrantes (3 a 2).
El Poder Ejecutivo publicó al mediodía del jueves pasado un anexo del Boletín Oficial publicando los decretos 750, 751 y 752, por los cuales deshizo los traslados de Bruglia al Tribunal Oral Federal 4 a la Cámara Federal; a Castelli al Ttribunal 7 de Capital Federal y a Bertuzzi también al Tribunal Oral Federal 4 a la Cámara Federal, respectivamente.
En una semana para el olvido en materia económica, el oficialismo avanzó sin tregua en materia judicial, a través del Senado. Allí ahora piensa reforzar su estrategia contra Rodríguez Larreta.
Por José Angel Di Mauro
Es el día de hoy que el actual oficialismo le sigue facturando a los de Cambiemos la vez en que a la mañana siguiente de la aprobación de un Presupuesto, el Día de los Inocentes de 2017, el gobierno aumentó en un 50% las metas de inflación. Fue en esa conferencia de prensa que dio entonces Marcos Peña, flanqueado por Federico Sturzenegger y Nicolás Dujovne, de la que aún hoy siguen arrepintiéndose los del ahora Juntos por el Cambio.
Esa jornada el dólar tocó los $19,46, cuando el Presupuesto aprobado el día anterior pautaba para el año siguiente un valor de $19,30.
Cuando este Congreso debata el proyecto de Presupuesto 2021, le endilgarán al actual oficialismo que el mismo día en que Martín Guzmán mandó al Parlamento el proyecto de Presupuesto, el gobierno anunció una serie de medidas económicas que el ministro de Economía había descartado dos días antes y que modificarían sustancialmente las variables de ese proyecto. Un texto donde figura un dólar rondando $102,4 para diciembre de 2021. El dólar blue tocaría al día siguiente de los anuncios los $145. Pero bueno, podrán decir desde el Frente de Todos que el Presupuesto no contempla el blue… que es apenas uno de los nueve dólares que coexisten (dólar ahorro, blue, contado con liqui, minorista, mayorista, para industria y servicios, para carne y lácteos, dólar trigo-maíz-girasol, y dólar soja).
“Los dólares no son para guardar, son para producir”, diría el presidente Fernández el primer día de la puesta en vigencia de las nuevas medidas, un desesperado intento para contener las reservas que, de seguir descendiendo, nos pondrían en el peor de los mundos. Las reservas internacionales están en 42.433 millones de dólares, el nivel más bajo desde enero de 2017. En esta materia también hay distintos tipos de mediciones: dicen que el Banco Central tiene apenas 7.600 millones de dólares de libre disponibilidad.
Son los datos con los cuales terminaron de torcerle el brazo a Martín Guzmán, que pedía esperar más antes de adoptar medidas tan drásticas. En rigor, el presidente del BCRA, Miguel Pesce, sugería eliminar directamente el dólar ahorro, lo cual repercutirá previsiblemente en el valor del blue, se cansó de advertir Guzmán. Para el ministro de Economía, el acuerdo por la deuda daría un marco de certidumbre que permitiría estabilizar la situación. Las dilaciones solo terminaron generando una costosa pérdida de divisas. El efecto del beneficioso acuerdo con los acreedores duró apenas 15 días. ¿La buena estrella de Guzmán también? Se verá.
El efecto del beneficioso acuerdo con los acreedores duró apenas 15 días.
La Argentina necesita dólares, como dijo el Presidente, pero las medidas lejos están de garantizar su llegada, en un mundo post pandemia que ya ni se sabe cuándo arrancará. El país necesita inversiones que no llegarán, y muchas empresas que están aquí anuncian su salida o piensan en ello. El único productor de dólares que no sufrió los efectos de la crisis sanitaria y que ya salvó a la Argentina una vez, está fastidiado con los anuncios. Con las retenciones al 33%, los productores de soja perciben apenas $40,08 por cada dólar. Los que exportan trigo, maíz y girasol, $50,85, y los que exportan carne y lácteos, $54,84. Hay también un dólar para la industria y servicios: los exportadores de ese rubro reciben $56,83 por cada dólar. El Estado es una aspiradora implacable para los que le generan dólares.
Este momento tan crítico merecería el armado de un consejo de especialistas abocado a elaborar propuestas para esta coyuntura económica tan dramática, pero Alberto Fernández desechó la idea cuando le preguntaron por qué no incorporaba economistas a su equipo asesor de epidemiólogos, teniendo en cuenta que las consecuencias de la crisis sanitaria serán gravísimas en materia económica. La respuesta presidencial fue que a diferencia de los epidemiólogos, no los necesita porque él sí sabe de economía. También sabe de Derecho, pero así y todo armó un consejo de juristas para asesorarlo con reformas al sistema de justicia. Llama la atención el orden de prioridades del gobierno.
El único productor de dólares que no sufrió los efectos de la crisis sanitaria y que ya salvó a la Argentina una vez, está fastidiado con los anuncios.
En ese orden de prioridades resulta curiosa la postergación de una ley que beneficia a un sector como el tecnológico, gran generador de empleos y de divisas para el país. La ley de Economía del Conocimiento tiene media sanción de Diputados desde junio pasado, cuenta con el respaldo del oficialismo y la oposición, pero en el Senado sigue frenada sin argumentos que lo justifiquen. De hecho, esa ley había sido aprobada durante la gestión Cambiemos, pero el gobierno actual suspendió la ley para modificarla.
En el peor momento de la relación con el oficialismo en esa Cámara, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio viene reiterando su reclamo por la falta de reuniones de Labor Parlamentaria. Son aquellos encuentros previos a las sesiones, donde se acuerdan los temas de cada reunión, de la que toman parte los jefes de bloques y autoridades de la Cámara. En Diputados se hacen, pero en este Senado solo hubo una, en diciembre del año pasado, y después nunca más. Por decisión de la vicepresidenta, le enrostró en plena sesión Luis Naidenoff al presentar una cuestión de privilegio por eso. Si se hicieran, la oposición pediría tratar la ley de Economía del Conocimiento, y la que suspende concursos y quiebras hasta marzo de 2021, aprobada en Diputados en julio.
Tuvo celeridad en cambio la anulación de los traslados de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. A tal punto que tras ser votada en el Senado, el Poder Ejecutivo sobreactuó su diligencia para con los deseos de la principal accionista de la sociedad presidencial al publicar los decretos para desplazar a esos magistrados al día siguiente en un anexo del Boletín Oficial publicado al mediodía. Los decretos fueron avalados por la Cámara Federal de Casación Penal esa misma tarde. Lo pedís, lo tenés.
Mientras eso pasaba, la Justicia disponía el allanamiento de la quinta Los Abrojos, donde Mauricio Macri debía realizar cuarentena por haber regresado recientemente del exterior. La noticia generó la inmediata reacción de los dirigentes de Juntos por el Cambio, que condenaron “la desmesura autoritaria” que atribuyeron al gobierno. Pero al día siguiente el PJ bonaerense contraatacó al hablar de un “autoallanamiento” al vincular al juez que lo dispuso, Juan Manuel Culotta, con el macrismo. El texto, cuyo lenguaje orillero no dejó de llamar la atención -”los peronistas no andamos con gorra y uniforme soplándole a la Justicia infracciones o delitos de nuestros oponentes”, reza uno de sus párrafos-, generó la inmediata adhesión de Cristina Kirchner, que habló de “fake allanamiento”. Sin embargo el argumento del PJ de que la denuncia no había sido realizada por la municipalidad de Malvinas Argentinas fue rebatido poco después: en efecto, no fue el intendente Leonardo Nardini quien la hizo, pero sí el secretario de Seguridad del municipio.
Como sea, no deja de generar dudas ese operativo, a partir de haber sido ordenado por el juez federal de Tres de Febrero, un hombre al que se vinculó originalmente al macrismo por ser egresado del Colegio Cardenal Newman, pero más allá de eso, fue promovido en 2017 por el gobierno de Cambiemos para subrogar el estratégico Juzgado Federal de La Plata que controla las elecciones bonaerenses. La movida estuvo envuelta en la polémica, pues una agrupación judicial kirchnerista denunció su inconstitucionalidad, aunque tras una enmarañada discusión judicial Culotta se mantuvo en el cargo durante las elecciones de 2017. Tras ellas, pidió al Consejo de la Magistratura que no le renovaran la subrogancia.
En caso de aprobarse, CABA volverá a tener el porcentaje que percibía hasta que Macri llegó a la Rosada.
Teñido todo de dudas, mientras para una parte de la grieta el juez de Tres de Febrero aprovechó una torpe denuncia para victimizar al expresidente; para el otro lado es una señal de cómo los jueces se alinean prestamente ante el cambio de los vientos y la intensidad con la que están soplando.
La judicialización de la política lleva a esperar ahora ver el papel que jugará la Corte Suprema, que deberá resolver la situación de los jueces desplazados, pero también la de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Al respecto, el gobierno nacional no deja de sorprender y envió en la noche del miércoles un proyecto para dar fuerza de ley a la reducción de la coparticipación porteña. En caso de aprobarse, CABA volverá a tener el porcentaje que percibía hasta que Macri llegó a la Rosada. Como para dejar claro de dónde es impulsada esta iniciativa, el proyecto ingresó por el Senado, la Cámara que preside Cristina Kirchner, quien sin demora dispuso dirigirlo a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto, que lo tratarán este lunes a partir de las 17. Como para que queden claro cuáles son las prioridades que se manejan en lo más alto del poder.
En una nota enviada a Carlos Rosenkrantz, los jueces cuyos traslados fueron suspendidos por el Senado pidieron al máximo tribunal que les aclare “de qué manera deben proceder” hasta que se definan sus destinos.
Los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia pidieron este jueves a la Corte Suprema de Justicia que “contemple la posibilidad” de concederles “una licencia de carácter extraordinario” hasta que se resuelvan sus planteos judiciales acerca de la suspensión de sus traslados.
Además, pidieron al máximo tribunal que les “indique y ordene de qué manera deben proceder” y “dónde y en qué carácter cumplir funciones” luego que el Senado dejara sin efecto sus traslados a la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
Según informó la agencia Télam, en una nota enviada de forma virtual al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, Bertuzzi y Bruglia solicitaron que “dada la crítica situación” generada por la decisión del Senado, se “contemple la posibilidad de concedernos una licencia de carácter extraordinaria”.
“Les solicitamos tengan a bien establecer los lineamientos en cuanto a todo lo relacionado a la actividad jurisdiccional que debemos desempeñar a partir de la fecha; ello a fin de evitar graves consecuencias que pongan en riesgo la vulneración de garantías constitucionales que hacen a la seguridad jurídica”, consigna la misiva.
Y agrega que “el Poder Ejecutivo de la Nación acaba de consumar un acto ilegal y de suma gravedad institucional que en su momento deberá ser cuidadosamente analizado desde distintas aristas jurídicas, al igual que todos los actos de procedimiento y maniobras previas a su dictado”.
Para los camaristas federales “las situaciones consolidadas por nuestros decretos originarios de designación implican que estos últimos solo deberían ser revocados con intervención judicial”, razón por la cual, acotaron, “deberíamos continuar con nuestras funciones ante el Tribunal en el cual actualmente nos encontramos”.
“Además, solicitamos a esta Corte que también considere la particular situación en la cual este contexto nos coloca, a la luz de las diversas dificultades que van a surgir producto del dictado de los actos administrativos cuestionados”, completaron en el texto.
Bertuzzi y Bruglia remarcaron que, en caso volver a los tribunales que integraban antes de sus traslados “legalmente dispuestos hace años”, colisionarían con quienes concursan para esos puestos y jueces subrogantes que en ellos actúan.
A menos de 24 horas de la votación en el Senado, el Poder Ejecutivo publicó en un suplemento del Boletín Oficial los decretos que dejan sin efecto los traslados de los tres jueces federales, que habían sido dispuestos en 2018 por el expresidente Mauricio Macri.
A menos de 24 horas de la votación en el Senado, el Gobierno nacional oficializó este jueves el desplazamiento de los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, quienes investigaron causas de corrupción en las que estaba involucrada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y exfuncionarios kirchneristas.
Los decretos 750, 751 y 752, firmados por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo; fueron publicados este jueves en un suplemento del Boletín Oficial que se conoció cerca del mediodía.
Luego que el oficialismo en la Cámara alta, con acompañamiento de dos aliados y ante la ausencia de Juntos por el Cambio, aprobara con 41 votos a favor el rechazo a los pliegos de los magistrados, el Poder Ejecutivo avanzó en dejar sin efecto los traslados que habían sido dispuestos en 2018 por el expresidente Mauricio Macri.
De esta manera, el Gobierno anuló los traspasos de Bruglia y Bertuzzi desde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 4 de la Capital Federal a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I; y de Castelli desde el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 3 de San Martín, provincia de Buenos Aires, al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 7 de la Capital Federal. Por lo tanto, los magistrados deberán volver a esos juzgados.
No obstante, los jueces presentaron reclamo ante la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la última palabra sobre sus destinos.
Con los mismos argumentos plasmados en los tres decretos, el Gobierno indicó que los traspasos no completaron “el procedimiento previsto en el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional ni se ajustaba a los parámetros estatuidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las Acordadas Nros. 4/18 y 7/18”.
También señala que “más allá de la terminología empleada” en los decretos del expresidente, “se configuró en realidad un nuevo nombramiento” en cada uno de los casos, y “en un nuevo cargo, que no coincide en la totalidad de las condiciones en razón de la jurisdicción, grado y materia respecto de aquél para el cual había sido originariamente designado, y por ese motivo, debía completarse el procedimiento complejo previsto constitucionalmente”.
“No ha obtenido el acuerdo del Honorable Senado de la Nación y por ende nunca se perfeccionó conforme a las exigencias constitucionales”, asegura cada uno de los decretos que disponen dejar sin efecto los traslados.
Suplemento-BORA-17-9-2020-decretos-750-751-y-752NOTA EN DESARROLLO
El Frente de Todos, más los aliados Alberto Weretilneck y Magdalena Solari Quintana, rechazaron los traslados de los magistrados, realizados durante el gobierno anterior. Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal estuvieron ausentes.
Por Melisa Jofré
El Frente de Todos impuso su mayoría en el Senado para dejar sin efecto los traslados de los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli -dispuestos durante el gobierno de Mauricio Macri-, quienes investigan causas de corrupción.
Con el acompañamiento de los aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones), los pliegos fueron rechazados por unanimidad con 41 votos positivos y ninguno negativo. Los senadores de Juntos por el Cambio y del interbloque Parlamentario Federal estuvieron ausentes, dado que se habían desconectado luego de rechazar la prórroga de las sesiones virtuales.
De esta manera, la Cámara alta avanzó contra el traslado de Bruglia y Bertuzzi desde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 4 de la Capital Federal a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I, desde donde intervinieron en fallos relacionados con la causa de los cuadernos.
También se rechazó el pase de Castelli desde el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 3 de San Martín, provincia de Buenos Aires, al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 7 de la Capital Federal, donde recayó el juicio oral y público de esa misma causa, que involucra a exfuncionarios y empresarios y tiene como principal acusada a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Con la aprobación del rechazo a los pliegos, ahora el futuro de los jueces quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver sobre el reclamo que los tres presentaron ante el avance del oficialismo.
Miembro informante, Anabel Fernández Sagasti, aseguró que “cuando un trámite no se ha cumplido acabadamente debe ser corregido”. Para la oficialista, en caso de aceptar los sucedido con estos magistrados es “lisa y llanamente aceptar que existen en Argentina dos sistemas de selección de jueces: uno el del artículo 99, inciso 4, de la Constitución; o lo que hizo el gobierno anterior, una selección de jueces a la carta según sus conveniencias”.
La vicejefa del bloque Frente de Todos enfatizó que un acuerdo “es un acto de tanta trascendencia” que “debe estar respaldado por el sistema democrático y federal, sobre todo cuando estamos hablando de funcionarios que son vitalicios en sus cargos”.
“Estamos corrigiendo lo que debió haber sido hecho en el gobierno anterior”, insistió la titular de la Comisión de Acuerdos y acusó que “el objetivo de esos traslados” no solo fue “para perseguir” sino “también fue para buscar impunidad”.
Al cuestionar a los jueces por no haber concurrido a la audiencia pública del pasado 4 de septiembre, la mendocina dijo: “Se pusieron en una situación de rebeldía en lo que establece la Constitución Nacional”. “¿Qué podemos esperar de estos jueces que se niegan a cumplir el procedimiento constitucional para asumir a los cargos que aspiran?”, agregó y completó que “han demostrado tener no un desaire al oficialismo, sino le han faltado el respeto al Senado, pero sobre todo a la Constitución nacional que deberían defender”.
A su turno, la chaqueña María Inés Pilatti Vergara aseguró que para estos traslados “no se respetaron los requisitos” previstos “en el artículo 1° del reglamento vigente del Consejo de la Magistratura”. La consejera recordó que el representante del Gobierno en ese órgano judicial, Gerónimo Ustarroz, pidió que la Comisión de Selección haga “una suerte de auditoría” y esa comisión “que la preside la doctora Graciela Camaño, que yo sepa de kirchnerista tiene poco y nada” concluyó que estos traslados no completaron el procedimiento necesario.
“El acuerdo es siempre necesario”, destacó la oficialista y consideró que como el gobierno anterior “no tenía mayoría para designar nuevos jueces, trataron de retorcer las exigencias de la ley para hacer pasar esas nuevas designaciones como si fueran traslados“. “Fue tan grosera la violación a la normativa vigente”, añadió.
También desde el Frente de Todos, el chubutense Mario Pais sostuvo que se trató de “jueces que no completaron el trámite regulado por la Constitución Nacional”. Además, apuntó que en el caso de Castelli “cambió la jurisdicción”, mientras que Bruglia y Bertuzzi “cambiaron de competencia”. “Entraron por la ventana”, lanzó.
Por su parte, el puntano Adolfo Rodríguez Saá manifestó que “la designación de los jueces es un acto complejo, que lo define nuestra Constitución”, por lo que criticó que el Consejo de la Magistratura y la Corte “se transformen en una corporación de intereses y digan lo que se debe hacer o no”.
“Lo que ha hecho el Poder Ejecutivo es absolutamente correcto, constitucional y legal”, defendió y negó una “intencionalidad” detrás de la decisión, al opinar que “intencionalidad hay en la ausencia (de la oposición) y en los términos de los titulares de los diarios en este momento”. “Estamos actuando en forma correcta”, indicó.
Único orador de la oposición, el rionegrino Alberto Weretilneck subrayó: “Si validáramos estos traslados podría llegar a pasar que un presidente designe un reemplazo de un miembro de la Corte Suprema. Esta es la profundidad del debate que estamos teniendo”.
“¿Cuántos traslados validaron los presidentes? En la presidencia de (Carlos) Menem, dos; en la presidencia de (Fernando) De la Rúa, dos; en la presidencia de (Eduardo) Duhalde, dos; en la presidencia de Néstor Kirchner, cinco; en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, trece; y en la presidencia de Mauricio Macri, veintiuno”, detalló.
Y agregó que “en los últimos tres años es cuando se dan prácticamente la mitad de los traslados desde que se modifica la Constitución (en 1994) y se pone en marcha el nuevo Consejo de la Magistratura”.
Al cierre del debate, que duró menos de dos horas, el jefe de la bancada oficialista, José Mayans dijo que le “hubiera gustado escuchar los argumentos de la oposición en este tema” y los criticó por ausentarse: “No es la forma de fortalecer la democracia, todo lo contrario”. También, elogió los “argumentos muy fuertes y difíciles de ser rebatidos” de sus pares y, en referencia a los dichos de Germán Castelli, resaltó que “es gravísimo lo que dijo un juez de que no van a acatar lo que dice el Congreso”.
La senadora macrista aseguró que existe “una decisión política de avanzar sobre el manejo de la justicia en Argentina”, y aseguró que la oposición está dispuesta a “defenderlos contra el atropello institucional”.
Antes de retirarse de la sesión junto a sus pares de Juntos por el Cambio, la senadora macrista Laura Rodríguez Machado expresó el rechazo al desplazamiento de los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli y sostuvo que “hay tres jueces que están sentados arriba de causas que evidentemente al kirchnerismo le molesta que estén en manos de jueces independientes”.
Para la cordobesa, existe “una decisión política de avanzar sobre el manejo de la justicia en Argentina” y defendió que los traslados de esos jueces -ocurridos durante el gobierno anterior- se hicieron “perfectamente conforme a derecho”.
En ese sentido, relató que el exminsitro de Justicia, Germán Garavano, consultó a la Corte Suprema sobre “el procedimiento a realizar”. Asimismo, la legisladora dijo que “el Consejo de la Magistratura conforme a la ley vigente, que es un reglamento de traslados de jueces que fue aprobado en el 2000, dice que se pueden trasladar los jueces sin acuerdo del Senado para desempeñar funciones de misma jerarquía, o igual o similar competencia, tal cual paso con estos jueces”.
Y añadió que las resoluciones 4/18 y 7/18 del Senado “establecen que está correcta la modalidad del traslado de estos tres jueces”.
La opositora aseguró que al kirchnerismo “no” le “gusta lo que dicen en las causas de corrupción”, entonces “quieren sacarlos de esas causas” y “buscan modificar las normativas”. Sin embargo, recordó que en la gestión de Cristina Kirchner se trasladó a Pablo Bertuzzi de un tribunal de La Plata hacia uno de Capital Federal “con este mismo procedimiento que ahora están negando; pero ahí sí lo aplicaron”.
“La estrategia del Gobierno es la siguiente: el siguiente paso es declarar nulo todo lo actuado por estos jueces en las causas que está involucrado el kirchnerismo, porque van a decir que no fueron trasladados conforme a derecho”, pronosticó.
Y ahondó que “el plan número tres” será “aumentar los miembros de la Corte para modificar esta decisión, porque entonces, cartón lleno: tienen los jueces trasladados, declaran que no son válidas sus sentencias, aunque la Corte así lo valida, y después cambian el número de la Corte para validar una nueva decisión”.
En su discurso, la senadora mencionó que “el juez Castelli ha dicho que no se va a retirar de su oficina”, y le envió un mensaje diciendo que “el otro bloque del Senado” que no es el oficialismo “lo está respaldando, señor juez, para que usted pueda cumplir sus funciones independientemente en el marco de la Constitución, sus facultades y prerrogativas”.
“Aunque seamos minoría vamos a defender contra el atropello institucional, a no permitir que los jueces independientes sean removidos de sus cargos”, agregó.
La Cámara alta se reúne virtualmente desde las 14.25. El oficialismo hará valer su mayoría para desplazar a los tres magistrados. Se debatirá también el proyecto para aumentar multas por pesca ilegal y otro para un “Fondo Nacional de la Defensa” (FONDEF).
El Senado realiza desde las 14.25 una nueva sesión virtual, durante la que el oficialismo buscará rechazar los traslados de los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, dispuestos durante el gobierno anterior y que el Frente de Todos asegura se realizaron de manera “irregular”.
En primer lugar, el pleno deberá refrendar el decreto 14/20 por el cual la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a prorrogar las sesiones remotas por el plazo de 60 días.
Luego se considerarán los dictámenes de la Comisión de Acuerdos, en los cuales el oficialismo rechazó los pliegos de los tres magistrados.
En el caso de Bruglia y Bertuzzi, ambos fueron trasladados durante la gestión anterior a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correcional Federal, Sala I, desde donde han intervenido en algunas instancias de la llamada causa de los cuadernos.
En tanto, Castelli fue trasladado del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 3 de San Martín, provincia de Buenos Aires, al Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 7 de la Capital Federal, donde recayó el juicio de esa causa.
Por otra parte, el temario incluye el proyecto para aumentar multas por pesca ilegal, que ahora se medirán en unidades de valor denominadas “Unidades Pesca” (UP), equivalentes al precio de un litro de combustible gasoil. La iniciativa tiene media sanción de la Cámara de Diputados.
Otra iniciativa -con dictamen unánime- es la que apunta a crear un “Fondo Nacional de la Defensa” (FONDEF) que servirá para reequipar a las Fuerzas Armadas con un porcentaje del total de ingresos corrientes previstos en el Presupuesto Nacional.
Los tres pedidos de acuerdo serán tratados a partir de las 14 en sesión especial. Antes, deberá ratificarse la prórroga del formato virtual. También se debatirán proyectos sobre el Fondo Nacional de la Defensa y la pesca ilegal.
Con el dato saliente de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no resolver la cuestión antes de que el Senado decida sobre el tema en el recinto, se realizará este miércoles una sesión que promete estar cargada de polémica y en la que el oficialismo se dispone a anular en el Senado los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, dispuestos durante la gestión anterior de forma “irregular”, según sostiene el Frente de Todos.
Los pedidos de acuerdo de los tres jueces serán tratados desde las 14 en una sesión especial, donde primero deberá ratificarse la prórroga del funcionamiento virtual, a través del decreto 14/20, firmado este lunes por la vicepresidenta Cristina Kirchner.
El pasado 4 de septiembre, el oficialismo firmó en la Comisión de Acuerdos dictámenes de rechazo a los traslados de Bruglia y Bertuzzi, ambos intervinientes en la causa de los “cuadernos de la corrupción” y ausentes en la reunión.
Los jueces fueron trasladados desde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 4 de la Capital Federal a la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en un procedimiento que el kirchnerismo objeta.
Del mismo modo, el bloque presidido por José Mayans buscará rechazar el traslado de Castelli del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 3 de San Martín, provincia de Buenos Aires, al Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 7 de la Capital Federal.
En la sesión que se realizará a partir de las 14 también se tratará el proyecto para aumentar multas por pesca ilegal, que ahora se medirán en unidades de valor denominadas “Unidades Pesca” (UP), equivalentes al precio de un litro de combustible gasoil.
El último proyecto del temario obtuvo dictamen unánime este lunes y apunta a crear un “Fondo Nacional de la Defensa” (FONDEF) que servirá para reequipar a las Fuerzas Armadas con un porcentaje del total de ingresos corrientes previstos en el Presupuesto Nacional.
El Alto Tribunal aceptó el “per saltum”, pero sin resolver la cuestión, por lo que se descuenta que la mayoría oficialista definirá el traslado de ambos camaristas sin ningún obstáculo este miércoles.
Ya no hay escollos, al menos por ahora, para que el oficialismo imponga este miércoles su mayoría en el recinto para trasladar a sus puestos originales a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Al menos por ahora.
Esto es así porque la Corte Suprema de Justicia, a la que habían acudido ambos camaristas y el juez Germán Castelli a través de un “per saltum” para que tratara sus casos antes de que lo hiciera el Senado, resolvió “tener presente” esa solicitud, aunque sin resolver sobre el tema este martes.
Esto es, tratará el tema, pero sin fecha. O sea que el Frente de Todos podrá resolver la cuestión en la Cámara alta en la sesión de este miércoles anulando sus traslados, lo que implica en el caso de Bruglia y Bertuzzi su remoción de la Cámara Federal donde se encuentran.
Ambos camaristas y el juez Germán Castelli habían acudido al Tribunal Supremo vía “per saltum”, para evitar lo que se descuenta sucederá este miércoles, mas con lo resuelto por la Corte ya nada impide que el oficialismo disponga lo que los votos con que cuenta le permitan hacer. Y si mas tarde la Corte Suprema resuelve de manera favorable para los magistrados, se planteará probablemente un conflicto de poderes -que de todas maneras hubiera sucedido-, pero ya los jueces habrán sido desplazados.
En el caso de Bruglia y Bertuzzi, ambos intervinientes en la causa de los “cuadernos de la corrupción”, habían sido trasladados desde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital Federal a la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, procedimiento que el kirchnerismo objetó.
En el caso de Castelli, el Frente de Todos rechaza su traslado del tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín al Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de la Capital Federal, que deberá juzgar a la vicepresidenta de la Nación.
Con mayoría en el Senado, el oficialismo votará en contra de los pliegos. El senador K apuntó contra los magistrados: “Quieren quedarse para darle impunidad a Macri”.
El senador nacional Oscar Parrilli ratificó la decisión del oficialismo de rechazar este miércoles los traslados de los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, cuyos pliegos serán tratados en sesión este miércoles.
“Estos tres jueces han demostrado con su conducta que no solo fueron jueces designados a dedo, sino que fueron jueces especiales, cosa que está prohibida absolutamente por la Constitución”, sostuvo el oficialista.
El legislador argumentó que “esto no es iniciativa del Senado” sino que fue “el Consejo de la Magistratura que encontró 10 casos de traslados que no tenían acuerdo del Senado”.
“Estos tres jueces se revelaron, no respetaron la manda constitucional, no concurrieron a la audiencia y evidentemente están demostrando que son jueces especiales”, insistió en diálogo con radio El Destape.
El titular de la Comisión de Justicia apuntó contra los magistrados al expresar que “no solo fueron designados para perseguir a Cristina Kirchner y sus funcionarios, sino que ahora quieren quedarse para darle impunidad a Macri y todos los funcionarios que están siendo investigados”.
“No se les va a prestar acuerdo y estos jueces van a tener que volver a sus juzgados originales, porque no se están desempeñando de una manera normal”, añadió.
A partir de la decisión de la Cámara Federal de retrotraer los procesamientos de exfuncionarios macristas, la vicepresidenta habló de una búsqueda de dar “impunidad a los poderosos”.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a apuntarles a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, a quienes el Senado se dispone a desplazar de los puestos donde fueron instalados durante la gestión anterior. Ahora, el motivo de la reacción de la expresidenta tiene que ver con la decisión de la Cámara Federal de anular los procesamientos de funcionarios de la administración macrista dispuesta este jueves.
A través de su cuenta de Twitter, la titular del Senado escribió una serie de mensajes en los que volvió sobre esta cuestión. “AYER se comprobó que a Bruglia y Bertuzzi los quieren mantener ilegalmente en la Cámara Federal para garantizar la impunidad de Macri y sus funcionarios. Uno de ellos anuló el procesamiento de Dietrich, Iguacel y Dujovne, por la estafa de las autopistas de más de USD600 millones”, señaló CFK posteando la tapa del diario Página 12 con el siguiente y sugerente título: “Para eso están los amigos”, y donde aparece una foto donde se los ve sentados juntos a Leopoldo Bruglia y otro juez en la mira, mas por ahora fuera del alcance de alguna embestida efectiva de parte del kirchnerismo: Martín Iruruzun.
“Dos camaristas emblema del aparato judicial de Cambiemos, Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, anularon con un artilugio formal los procesamientos de Javier Iguacel, Nicolás Dujovne y Guillermo Dietrich, los tres exministros acusados en la causa por fraude en autopistas y peajes en beneficio del Grupo Macri”, señala la portada del diario Página 12.
Agrega Cristina: “En sus tapas, Clarín te dice que queremos separar a Bruglia y Bertuzzi porque me investigan a mí. Como dijo Néstor: Clarín miente…. Todas las causas que me armaron ya pasaron la etapa de instrucción”. El mensaje es acompañado por la portada de Clarín del domingo 19 de julio pasado, tras lo cual la vicepresidenta se pregunta si “se dan cuenta que han convertido al Poder Judicial en un instrumento para atacar al peronismo y a los gobiernos populares y darle impunidad a los poderosos que siempre manejan los hilos de la economía y la comunicación en nuestro país”.
El presidente del máximo tribunal afirmó que se revisarán los planteos presentados por los magistrados, cuyos traslados el kirchnerismo en el Senado pretende rechazar, y que habrá “una respuesta adecuada a derecho”.
El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, confirmó que se resolverá sobre el recurso de per saltum que presentaron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, en rechazo a la revisión de sus traslados por parte del kirchnerismo en el Senado.
“Los planteos de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli son planteos de naturaleza muy excepcional que, por esta y otra razones, requieren ser analizados con muchísimo detenimiento”, expresó el titular del máximo tribunal.
En una entrevista con el diario La Nación, Rosenkrantz reveló que junto a los miembros de la Corte han estado “intercambiando opiniones, como parte de la necesaria deliberación que precede a la resolución de casos de esta envergadura”.
“Ello en modo alguno debería generar suspicacias ni motivar ninguna conjetura acerca del modo en que la Corte habrá de decidir. La Corte va a decidir”, aclaró y aseguró: “El país tiene que estar seguro de que el Tribunal dará oportunamente una respuesta adecuada a derecho”.
Además, enfatizó que la Corte “es la autoridad final” por lo que “posee siempre la última palabra” y más en los temas en que “se pone en cuestión la constitucionalidad de los actos de otros poderes del Estado”.
La semana pasada, en audiencia pública, el Frente de Todos rechazó los traslados de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli -quienes no se presentaron a la reunión-, ocurridos durante el gobierno anterior.
Tras la decisión del Consejo de la Magistratura de avanzar con la revisión, el Poder Ejecutivo envió a la Cámara alta 10 pliegos de jueces federales, y el oficialismo votó en contra de esos tres, mediante un dictamen de mayoría. Ahora resta que se traten en el recinto, donde el Frente de Todos cuenta con mayoría para aprobarlos y generar que los jueces vuelvan al tribunal anterior.
El senador oficialista recordó que las designaciones de los camaristas “no tuvieron acuerdo del Senado”. “No se presentaron y no cumplieron el trámite”, remarcó.
El senador oficialista Mario Pais defendió este lunes el rechazo a los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, luego de la audiencia pública realizada el viernes pasado.
El chubutense indicó que “la Constitución prevé el acuerdo (de la Cámara alta) para la Corte Suprema y para los jueces federales inferiores”.
“El Consejo de la Magistratura observó que a estas designaciones les faltaba ser completadas”, recordó y explicó que “los traslados tuvieron dictamen favorable del Consejo de la Magistratura y por decreto del Poder Ejecutivo, pero no tuvieron acuerdo del Senado”.
En ese sentido, el legislador del Frente de Todos señaló que una acordada de la Corte estableció que “en el cambio de jurisdicción y naturaleza de competencia de un magistrado, todo magistrado para acceder al cargo que tiene debe pasar por el sistema que prevé la Constitución”.
“Todo traslado de un magistrado a un nuevo cargo debe cumplimentar el proceso constitucional”, insistió en diálogo con Radio 10.
Pais consideró que ante el faltazo, Bruglia y Bertuzzi “nos han impedido que podamos ejercer este derecho”. “De los diez pliegos, a los tres que no se presentaron, que no cumplieron el trámite, se les debe rechazar el pliego”, remarcó.
Ambos camaristas se ausentaron el viernes en la audiencia pública convocada por la Comisión de Acuerdos y la vicepresidenta dice que fue porque no podían responder las preguntas.
En la mira del kirchnerismo desde hace rato y ya a punto de sacarlos de la Cámara Federal adonde fueron trasladados durante la gestión Cambiemos, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner la emprendió este sábado contra Leopoldo Bruglia y Eduardo Bertuzzi.
Un día después de que ambos jueces faltaran a la audiencia pública convocada por la Comisión de Acuerdos para analizar los traslados de una decena de jueces durante la gestión anterior, y habiendo dictaminado el oficialismo el rechazo de los pliegos de Bruglia y Bertuzzi, la titular del Senado recomendó leer una serie de tuits del diputado ultra K Leopoldo Moreau para saber por qué no asistieron a la audiencia pública. “Sencillo: no podían responder las preguntas que los senadores y las senadoras les iban a hacer”, afirmó Cristina.
Lo cierto es que Moreau hace referencia en sus tuits a un artículo publicado este sábado en el diario Clarín por quien define como “un periodista imputado de integrar una banda dedicada al espionaje en complicidad con el fiscal (Carlos) Stornelli y (Marcelo) D’Alessio”, en el que se anuncia -cita Moreau- que “la Corte va a provocar un conflicto de poderes con el Congreso para defender a Bruglia y Bertuzzi”.
“Ambos jueces no solo fueron puestos a dedo en los cargos que hoy ostentan sino que un fallo de ellos referido a la causa de las fotocopias aparece 6 días antes de ser publicado en el celular ¿De quién? De D’Alessio. ¿Quién escribe la nota en Clarín? Daniel Santoro. Y ¿quién es el fiscal de la causa de las fotocopias? Stornelli. Todo queda en la banda: D’Alessio, Stornelli, Santoro, Bruglia y Bertuzzi”, resume Leopoldo Moreau.
A continuación, el diputado nacional del Frente de Todos se pregunta si “la Corte se va a dejar arrastrar a un conflicto de poderes para defender esta asociación ilícita”.
A continuación, Moreau acusa a ambos camaristas de haberse alzado contra la Constitución negándose a presentarse en la Comisión de Acuerdos del Senado.
“Espero que algunos afiebrados no estén tratando de provocar un conflicto instituciónal agregando el intento de frenar la actividad parlamentaria”, sugirió Moreau que concluye recomendando a la Corte “rechazar de plano el per saltum” pedido por ambos camaristas, y “dejar de jugar a las escondidas con todas las ilegalidades que impusó el lawfare en Argentina apoyándose, además, en el sistema de espionaje ilegal más grande de la historia democrática de nuestra patria. Será justicia”.
El Frente de Todos, con apoyo de la misionera Magdalena Solari Quintana, firmó los pliegos enviados por el Gobierno. Los camaristas, que intervienen en la causa de los cuadernos, no concurrieron a la reunión. Juntos por el Cambio tampoco asistió y pidió la impugnación de la audiencia.
Por Melisa Jofré
El oficialismo en el Senado avanzó con el rechazo de los traslados a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correcional Federal, Sala I, de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes intervienen en analizar cada paso de la denominada causa de los cuadernos.
Con el acompañamiento de la misionera Magdalena Solari Quintana, y con la ausencia de los senadores de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos se opuso a los pliegos de ambos, remitidos por el Poder Ejecutivo. Asimismo, firmarán en contra del traslado del magistrado Germán Castelli al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 de la Capital Federal, que tampoco se presentó.
Hacia el final de la reunión, que duró casi cuatro horas, la presidenta de la comisión, Anabel Fernández Sagasti, hizo mención a las notas enviadas por los jueces informando que no asistirían a la audiencia pública.
“Es una lástima que el doctor Bruglia haya decidido no asistir a completar una manda constitucional al Senado”, afirmó Fernández Sagasti, al referirse a la primera nota.
En tanto, el jujeño Guillermo Snopek cargó: “Quería dejar en claro cómo el gobierno de Macri arma una compleja estructura para usar las funciones y los procedimientos judiciales para alcanzar sus objetivos tanto políticos como económicos”.
Para el legislador, hubo “armado de causas” por parte de estos jueces, y acusó a la gestión anterior de “hacer renunciar a (Eduardo) Freiler, a (Jorge) Ballestero por jubilación y al propio (Eduardo) Farah por la presión mediática que recibió”. “Está clara la composición y el esquema de utilización de la justicia”, agregó.
También apuntó contra Bruglia el senador Oscar Parrilli, al sostener que “se ve que tiene una gran capacidad” porque “subroga y tiene un traslado, reemplaza a dos jueces”.
Contra el gobierno anterior, criticó “la manipulación por parte del Poder Ejecutivo, la justicia y la complicidad de estos jueces”, por lo que “no es casualidad que se niegue a concurrir”. “Está claramente demostrando por su desprecio a las normas constitucionales y al Senado”, añadió.
Mientras que el fueguino Matías Rodríguez propuso pasar directamente a la firma del rechazo, por “el claro desprecio a todo este proceso y a la Constitución Nacional”. En el mismo sentido, el jefe del bloque Frente de Todos, José Mayans, remarcó que la decisión de los magistrados lo que hace es “sentar un precedente muy malo”. “Obviamente no podemos dar el acuerdo. Esta falta es grave”, expresó el formoseño.
Nuevamente tomó la palabra Parrilli, para recordar que Bruglia y Bertuzzi presentaron un amparo que fue rechazado por la jueza Alejandra Biotti y “fueron a la Corte Suprema”. “Independientemente de que estamos rechazando el traslado, estos jueces van a seguir actuando en los juzgados en que estaban antes”, advirtió y opinó que “esta actitud debe ser considerada por el Consejo de la Magistratura porque van a seguir siendo funcionarios”.
El resto de los jueces
El primero en exponer fue Juan Manuel Iglesias, quien en 2016 fue trasladado de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia (Chaco).
El magistrado aseguró que el cambio “tuvo que ver con cuestiones meramente familiares” y señaló que ese tribunal “era un tribunal que estaba parado, con muchas dificultades”, en el que “había muy pocas sentencias y juicios”.
Por eso, Iglesias destacó que con su presencia “cien por ciento en la intervención de las causas” se logró “llevarlo a un nivel en donde pasaron de haber 50, 40 sentencias a 130, 140 sentencias”, además de haberse realizado “cuatro, cinco juicios de lesa humanidad”. “Me gustaría continuar en el tribunal para llevarlo al nivel que quiero, que tenga un atraso mínimo”, agregó.
Luego fue el turno de Zunilda Niremperger, quien pasó del juzgado federal de primera instancia N°2 de Resistencia (Chaco) al juzgado federal de primera instancia N°1 de la misma localidad. La magistrada enfatizó que cuando pidió el traslado lo hizo porque “estaba convencida de que las condiciones estaban dadas para ello”.
Al repasar su trayectoria, la jueza recordó que en agosto de 2015 se hizo cargo por subrogancia del juzgado N°1, donde “había una situación de postergación importante y se necesitaba trabajar mucho”. “El juzgado sigue teniendo unas 40 mil causas en trámite y tiene además la competencia electoral”, precisó Niremperger, quien tiene a su cargo causas que involucran a la diputada radical Aída Ayala.
Finalmente, afirmó que su traslado fue “absolutamente regular, legítimo” y añadió: “No creo que en ningún momento haya violado ningún tipo de ley ni que haya sido puesta por un favor”.
A su turno, Federico Villena, trasladado del juzgado federal de primera instancia de Moreno (provincia de Buenos Aires) al juzgado federal de primera instancia en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora, se mostró a favor de la revisión: “Este procedimiento resulta necesario, más allá de las opiniones que cada magistrado tenga sobre la legitimidad de sus traslados”.
Para el magistrado -primer juez de la causa de presunto espionaje ilegal durante el macrismo- consideró que con este paso podrán “tener la certidumbre de seguir ejerciendo nuestra magistratura con todas las garantías que necesitamos para ello”.
Villena admitió que en su caso fue designado “con dos excepciones”, referidas a que “no llegaba a los cuatro años y se trataba de un cambio de cámara”. Sobre el juzgado que tiene a cargo, reveló que tiene “aproximadamente 2.500 causas en trámite, sobre narcotráfico, trata de personas, contaminación ambiental y secuestros extorsivos”.
Otro de los jueces que expuso este viernes fue Eduardo Farah, trasladado de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional al Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1 de Capital Federal y luego al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín, provincia de Buenos Aires.
El magistrado, quien fue uno de los que dispuso la liberación de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, recordó: “Durante dos meses los medios de comunicación, prácticamente durante las 24 horas del día, criticaron ese fallo” y “pusieron en tela de juicio mi honestidad”.
“Fui denunciado por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y por cohecho”, señaló y argumentó que decidió su traslado, entre otros aspectos, para “ser investigado de un modo en que la función que yo ejercía no se interpretara como un obstáculo”.
Al momento de las preguntas, Parrilli analizó que se rató de “una maniobra perfecta” el hecho de que “Bruglia entró en lugar de Farah”.
Además se presentaron Verónica Skanata, con traslado del juzgado federal de primera instancia de Oberá al juzgado federal de primera instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas; Gustavo Velázquez, trasladado del juzgado fderal nacional en lo Criminal y Correccional N°36 de Capital Federal al juzgado nacional de Menores N°7 de la Capital Federal; y Esteban Hansen, con traslado del juzgado federal de primera instancia de Libertador General San Martín al juzgado federal de primera instancia N°1 de Jujuy.
Los argumentos de Juntos por el Cambio para impugnar la audiencia
En la nota enviada a la comisión, los senadores aseguraron que la audiencia es “nula de nulidad absoluta”, porque “en la situación actual de los jueces sometidos a acuerdo, el Senado no tiene competencia para considerarlos”.
“No puede soslayarse que los pliegos incluidos en la audiencia pública en cuestión, consisten todos en jueces federales que han sido trasladados por decretos del Poder Ejecutivo de la Nación, conforme al procedimiento vigente al momento de cada traslado (Resolución del Consejo de la Magistratura 155/2000) y al criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las Acordadas 4 y 7 del año 2018. Estos decretos del PEN se encuentran vigentes”, indicaron.
Los legisladores de la oposición remarcaron entonces que “siendo que los decretos” se “encuentran firmes y consentidos y, además, no fueron impugnados ni administrativa ni judicialmente, resulta evidente que, en el hipotético caso que tuviesen un vicio -lo cual, no ocurre-, solo podrían ser revisados -y, eventualmente, anulados- por el Poder Judicial”.
Por otra parte, cuestionaron la resolución del Consejo de la Magistratura, al considerarla también “nula de nulidad absoluta e insanable puesto que contradice palmariamente la normativa vigente en tanto, al pretender revisar lo dispuesto por un decreto del Poder Ejecutivo, se arroga facultades jurisdiccionales”.
“Además, esta revisión de los traslados efectuados, sin recurrir al procedimiento judicial pertinente, devienen en un mecanismo encubierto de remoción de magistrados, contrario a lo establecido por la Constitución Nación”, advirtieron y adelantaron que todos los actos que se realicen como consecuencia directa de esa resolución “se encuentran viciados de nulidad absoluta”.
Asimismo, los senadores de JxC cuestionaron la “celeridad” de este trámite, algo que “no se advierte en otros asuntos más relevantes para la actualidad nacional”. “Resulta evidente que, este conjunto de actos disparados a partir de lo actuado por el representante del PEN en el Consejo de la Magistratura, son un manifiesto avance sobre la estabilidad de los jueces federales que tienen a su cargo la tarea de investigar al poder político, afectando así de manera directa la independencia del Poder Judicial”, apuntaron.
En la misiva subrayaron que “de admitirse este procedimiento ilegítimo, se está poniendo en cuestión a su vez, a decenas de jueces que alguna vez han sido trasladados por el procedimiento vigente al momento del traslado”.
“Claramente, esta práctica de poner en cuestión permanente la estabilidad de los jueces federales, afecta la división de poderes, la independencia del Poder Judicial, la garantía del juez natural y se proyecta como un ataque al sistema político establecido en nuestra Constitución Nacional”, evaluaron.
También criticaron la modalidad virtual de la audiencia pública, puesto que “no se encuentra prevista en el Reglamento de este Honorable Senado de la Nación”, con lo cual es “improcedente y legalmente nula”. Además, manifestaron que la convocatoria no respetó “el plazo de al menos 15 días corridos” y afirmaron que recibieron “numerosos reclamos de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil que no han podido hacer llegar sus observaciones” a los correos oficiales.
La nota fue firmada por Luis Naidenoff, Humberto Schiavoni, Julio Cobos, Pamela Verasay, Oscar Castillo y Ernesto Martínez.
La respuesta del oficialismo
Luego que la secretaria de la comisión leyera rápidamente la nota, la presidenta de la comisión, Anabel Fernández Sagasti, dijo que “parece que la oposición se está acostumbrando a impugnar el procedimiento de comisiones”.
Al informar que la nota entró por mail a las 10.05 y no había tenido “la posibilidad de hacer una contestación por escrito”, la mendocina contestó que “más allá de las valoraciones jurídicas sobre si corresponde o no otorgar acuerdo por parte de este Senado” lo que se hizo es aplicar “el trámite reglamentario correspondiente para dar aprobación o no a los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo”.
“No es la primera vez que esta comisión funciona a través de la vía remota, es más, está en curso en el Senado la vía remota hace meses”, destacó y, respecto a la imposibilidad de ciudadanos y organizaciones para enviar sus observaciones, detalló: “Hemos recibido más de 240 impugnaciones, procesadas día por día por esta comisión y enviadas por correo a cada senador”.
Asimismo, la oficialista ratificó que “los correos oficiales funcionaron” porque “de hecho la carta de Juntos por el Cambio ingresó por esa vía”. “La no presencia ha sido una decisión dispuesta por Juntos por el Cambio que nos hemos anoticiado esta mañana”, completó.
En tanto, el chubutense Mario Pais resaltó que “ya con participación activa de la oposición se han realizado audiencias con los propuestos por el Poder Ejecutivo” para cubrir cargo de embajadores, que incluso fueron “ratificados por unanimidad” en el pleno, lo cual “deslegitima parte de esa nota”.
El proyecto había nacido de una cuestión de privilegio presentada por Mario Pais. Días atrás, finalmente la magistrada Alejandra Biotti no hizo lugar al amparo presentado por los camaristas. Juntos por el Cambio se abstuvo en la votación.
El Frente de Todos en el Senado aprobó un proyecto de resolución por el cual rechaza la orden que la jueza María Alejandra Biotti había enviado hace dos semanas atrás, cuando le pidió a la Cámara alta que se abstenga de tratar la revisión de los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Finalmente, una semana después de ese hecho, la magistrada falló en contra del amparo presentado por los jueces, al considerarlo “manifiestamente prematuro”.
Cabe destacar que este viernes a las 10.30, la Comisión de Acuerdos presidida por la oficialista Anabel Fernández Sagasti avanzará con el trámite de los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo.
El proyecto de resolución recibió 41 votos positivos del oficialismo y los senadores Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones); mientras que las 27 abstenciones fueron de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal.
En la sesión de este jueves, el oficialista Mario Pais -quien había presentado la cuestión de privilegio que originó la iniciativa- explicó que “el control de constitucionalidad no puede ser preventivo”, sino que “tiene que ser posterior al acto”.
El chubutense insistió que esa orden de Biotti fue “írrita, inválida, que le trataba de impedir al Senado una atribución que es de su exclusiva esfera constitucional”.
“Los doctores Bruglia y Bertuzzi, en el caso que se sientan agraviados, podrán recurrir a los tribunales, pero una vez que nosotros actuemos. No hay fuerza que le pueda impedir a este Senado que actúe en el marco de su competencia constitucional, so pena de violentar el sistema republicano y la división de poderes”, enfatizó.
Y agregó: “Esta resolución la consideramos pertinente, más allá de que haya quedado sin efecto la medida precautelar”.
Por la oposición, la radical Silvia Giacoppo recordó que “había un derecho subjetivo y un planteo específico” y “podíamos causar un efecto que luego no se podía subsanar”. “En un Estado de Derecho ningún órgano se encuentra exento del cumplimiento de las leyes”, resaltó.
Y al recordar que una semana después de esa cuestión de privilegio la jueza falló en contra de los camaristas, la jujeña consideró que “esta medida se tomó a las apuradas”, porque “cometimos una falta grave como cuerpo”. Entonces, calificó al proyecto como “una aberrante resolución” para “querer subsanar un acto que fue muy grave”.
La misma fue convocada por la Comisión de Acuerdos del Senado para revisar los traslados de diez jueces federales. Los argumentos de la oposición.
A través de una nota suscripta por los senadores Luis Naidenoff y Humberto Schiavoni, presidentes de los bloques de la UCR y Pro, respectivamente, solicitaron suspender la audiencia pública convocada para el 4 de septiembre para analizar los traslados de una decena de jueces, entre ellos los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
La nota fue remitida a la presidenta de la Comisión de Acuerdos del Senado, Anabel Fernández Sagasti, y en la misma solicitan no avanzar con un proceso de la relevancia institucional que tiene la audiencia pública para dar acuerdo al pliego de jueces federales, por considerar que se trata de “un procedimiento que se encuentra viciado de nulidad desde su origen”.
Los legisladores de Juntos por el Cambio piden dejar sin efecto “de manera inmediata” esa convocatoria por una serie de factores, comenzando por la de que se trata de una modalidad “no prevista” en el Reglamento del Senado y de la que tomaron conocimiento a partir de la convocatoria publicada el 20 de agosto en el Boletín Oficial.
Señalan en ese sentido que el modo “remoto o virtual mediante videoconferencia”, “no se encuentra prevista en el Reglamento de este H. Senado de la Nación”, ante lo cual consideran que “no es legítimo convocar a una audiencia pública sin respetar el Reglamento vigente, cuya modificación o apartamiento requiere de las dos terceras partes de los miembros de la Cámara”.
Destacan además “la manifiesta diferencia que existe entre una sesión del cuerpo en la que participan sólo senadores y una audiencia pública donde participan senadores y ciudadanos interesados en los asuntos en consideración”.
Tras aclarar que respecto de las audiencias públicas no se ha aprobado ninguna modificación del reglamento, sostienen que la convocatoria no cumple con el requisito de haber sido publicada con no menos de 15 días corridos de antelación respecto de la realización de la misma.
Por otra parte, Naidenoff y Schiavoni advirtieron que vienen recibiendo desde este martes reclamos de ciudadanos que no han podido hacer llegar sus observaciones en el plazo que está corriendo, por cuanto la casilla de correo acuerdos@senado.gob.ar consignada en el edicto de convocatoria como único medio para hacerlas llegar, se encuentra saturada y sin capacidad de recibir nuevos correos.
Tal situación ha impedido a los ciudadanos llegar en plazo con sus observaciones, en lo que consideran “un procedimiento no previsto por nuestro Reglamento, que ha dejado en evidencia la falta de seguridad, transparencia, y confianza que la relevancia institucional del proceso de acuerdo a los jueces federales requiere”.
Por último, los senadores señalan respecto de los pliegos de jueces incorporados a la audiencia pública en cuestión, que “en la situación actual de los jueces sometidos a acuerdo, el Senado no tiene competencia para considerarlos”, por cuanto los pliegos incluidos en la audiencia pública en cuestión corresponden todos a jueces federales que han sido trasladados por un Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación, conforme al procedimiento vigente al momento del traslado. “Estos decretos del PEN se encuentran vigentes”, remarcan los legisladores de Juntos por el Cambio, ante lo cual insisten en que “el Senado no puede avanzar en el tratamiento de pliegos, años después de que estos jueces federales se encuentran cumpliendo funciones en sus respectivas jurisdicciones y sin que alguien hubiera objetado los mismos en el plazo y la forma pertinente”.
“Estos traslados constituyen actos jurídicos firmes y consentidos y el único Poder del estado con competencia para declararlos nulos y retrotraer alguna situación, es el Poder Judicial de la Nación”, remarcan los senadores de Juntos por el Cambio.
Además de los mencionados Bruglia y Bertuzzi, los otros jueces objetados son Zunilda Niremperger, Juan Manuel Iglesias, Eduardo Farah, Germán Castelli, Esteban Hansen, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata. El Poder Ejecutivo cuestiona cómo se realizaron estos traslados, durante el gobierno anterior de Mauricio Macri.
Es la magistrada que había pedido sin éxito al Senado suspender el tratamiento de los pedidos de traslados de esos dos camaristas hecho por el Ejecutivo.
La jueza María Alejandra Biotti desató la semana pasada la ira del oficialismo cuando pidió al Senado suspender el tratamiento del pedido del Poder Ejecutivo revisar los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. En esa oportunidad los senadores del oficialismo hablaron de “un abuso de poder” y desoyeron la solicitud, avanzando en cambio con el análisis del tema. De hecho, en la sesión del Senado realizada el mismo día de la resolución judicial, se dio entrada al tema y luego se avanzó en comisión incluso con un proyecto de resolución rechazando la orden de esa magistrada.
El tema es que una semana después la jueza terminó expidiéndose sobre el amparo presentado oportunamente por los jueces Bruglia y Bertuzzi, rechazándolo.
La información se conoció este miércoles y en su resolución, Biotti considera “apropiada al equilibrio y distribución de los poderes del Estado” la decisión del oficialismo, entendiendo así que “no se observa la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta requerida para la procedencia de la vía del amparo, ya que no son atendibles los cuestionamientos de los coactores relativos a la afectación de sus derechos en este proceso”, tal cual informó este viernes el portal Infobae.
De tal manera, el Senado queda formalmente habilitado para continuar con el trámite de análisis de los pliegos de los jueces, que forman parte de una decena de traslados objetados por el Gobierno nacional, que considera qu fueron hechos en época del macrismo en el poder sin cumplir una serie de requisitos.
A esto se suma que el Consejo de la Magistratura aprobó también la revisión de los traslados, por lo que la medida continuará ahora sin obstáculos.
Según la interpretación de la jueza María Alejandra Biotti, el planteo de los jueces Bruglia y Bertuzzi fue “manifiestamente prematuro”. A juicio de la magistrada, “recién en el caso de que el Senado deniegue el nuevo acuerdo y el Poder Ejecutivo resuelva dejar sin efecto su traslado, situación que todavía no ocurrió, podrán los actores eventualmente cuestionar dichos actos por los cauces administrativos y legales que estimen corresponder, no resultando la presente acción una vía apta a tales efectos”.
Según dispuso el Senado, el próximo 4 de septiembre a partir de las 10.30 se realizará de manera virtual la audiencia pública para revisar los traslados de Bruglia y Bertuzzi, junto a los de otros ocho jueces.
Es por la decisión adoptada en la Cámara alta de dar curso a tratamiento de los traslados de dos camaristas, desoyendo el pedido de una magistrada.
La Fundación Apolo, a través del Equipo de Activismo Judicial que lidera José Magioncalda, denunció por delito de desobediencia a los senadores oficialistas que no acataron la medida precautelar dictada por la jueza María Alejandra Biotti.
La magistrada había ordenado que se suspendieran los trámites mediante los cuales el kirchnerismo pretende trasladar a los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, magistrados que “no son del agrado” de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por su intervención en la causa de los “cuadernos”.
En la denuncia —que lleva las firmas de José Magioncalda, responsable legal de la Fundación Apolo, y de Juan Cruz Vaqueiro—, se sostiene que “no podemos dejar de advertir el peligro que implica para el orden republicano que uno de los poderes del Estado incumpla con decisiones judiciales”. Asimismo, se manifiesta que “estas conductas ponen a la ciudadanía en un total estado de indefensión y llevan al país, directamente, a una tiranía sostenida en mayorías circunstanciales”.
Los denunciantes destacan que, si bien algunos senadores oficialistas han querido distinguir entre los actos de “dar ingreso a los trámites de acuerdo” y de “tramitar los acuerdos”, la realidad es que, en los considerandos de la medida precautelar que dictó la jueza, se plantea claramente que dichos trámites no debían ingresarse. “Por eso, entendemos que es necesario abrir una investigación por la posible comisión del delito que prevé el artículo 239 del Código Penal”, señalan los denunciantes, atentos a que ese artículo dice que “será reprimido con prisión de quince días a un año el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal”.
La denuncia ha recaído en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi.
A través de un aviso oficial publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se informó que el próximo 4 de septiembre se realizará la reunión virtual de la Comisión de Acuerdos.
A través de un aviso oficial publicado este miércoles en el Boletín Oficial, la Secretaría Parlamentaria del Senado informó que el próximo 4 de septiembre a las 10.30 se realizará de manera virtual la audiencia pública para revisar los traslados de diez jueces federales, entre ellos los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
La convocatoria se conoce luego que este martes el Frente de Todos avanzara contra la orden judicial enviada por la magistrada Alejandra Biotti, quien solicitó que no se dé tratamiento al pedido del Poder Ejecutivo al hacer lugar a un amparo presentado por Bruglia y Bertuzzi.
Antes de la reunión de la Comisión de Acuerdos, que preside la camporista Anabel Fernández Sagasti, se abrirá a partir de este viernes 21 y hasta el jueves 27 de agosto el plazo para presentar y formular eventuales observaciones.
Además de Bruglia y Bertuzzi, los otros jueces objetados son Zunilda Niremperger, Juan Manuel Iglesias, Eduardo Farah, Germán Castelli, Esteban Hansen, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata. El Poder Ejecutivo cuestiona cómo se realizaron estos traslados, durante el gobierno anterior de Mauricio Macri.
En la Comisión de Acuerdos el oficialismo tiene número para imponer su dictamen, y con la mayoría en el pleno podrá avanzar con los pliegos que quiera.
La iniciativa, impulsada por el chubutense Mario Pais, fue apoyada por el oficialismo y el rionegrino Alberto Weretilneck en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Desde Juntos por el Cambio denunciaron que “quieren correr a los camaristas de la causa de los cuadernos”.
Tras una extensa jornada, que comenzó más temprano con la última ronda de expositores en torno a la reforma judicial, el Frente de Todos avanzó en la Comisión de Asuntos Constitucionales con un proyecto de resolución que rechaza la orden de la jueza María Alejandra Biotti, quien le pidió al Senado que se abstenga de tratar la revisión de los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
La iniciativa fue impulsada por el chubutense Mario Pais, que en la última sesión presentó una cuestión de privilegio contra la notificación de la magistrada. Al oficialismo lo acompañó el rionegrino Alberto Weretilneck, mientras que desde Juntos por el Cambio expresaron su rotunda oposición y denunciaron que “quieren correr a los camaristas de la causa de los cuadernos”.
Pais calificó como un “fallo vergonzoso desde el punto de vista jurídico” a la medida de la jueza, y consideró que en la misma “está acreditando un desconocimiento grave del derecho y eso para un juez es muy grave, porque para todos los cargos públicos se prevé la idoneidad”.
Además, señaló que fue redactada “en tres páginas a doble espacio y sin adentrarse en verificar de qué está hablando cuando se habla del acuerdo del Senado”. El legislador aseguró que la orden es “írrita, abusiva y antijurídica”.
“El ataque efectuado por esta magistrada, en términos absolutamente infundados, con la arbitrariedad que le da el grave desconocimiento del derecho, ha sido un ataque a la democracia, a la Constitución y a la división de poderes”, añadió y dijo que hay que hacer saber de lo resuelto a Biotti -titular del juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°5- y al Consejo de la Magistratura.
Por su parte, la radical Silvia Giacoppo alertó que “la actuación del Senado puede afectar derechos subjetivos de terceros”. “No estamos en presencia de una discusión sobre la interpretación del reglamento de nuestro cuerpo”, sostuvo y enfatizó que “en ningún momento la jueza violó potestades de nuestro poder como Cámara”.
Seguidamente, la macrista Laura Rodríguez Machado resaltó que Bruglia y Bertuzzi “tienen al frente nada más y nada menos que la causa de los cuadernos”. En diciembre pasado, ambos jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña confirmaron el procesamiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en esta causa.
“Se considera que sus pliegos deben volver a tratarse en comisión desconociendo las facultades del Poder Ejecutivo Nacional de proceder a trasladar a estos integrantes, debido a que son sus propias competencias y facultades. Desconocen que hay un fallo de la Corte que establece que no es necesaria la aprobación por parte del Senado de la Nación cuando el traslado significa un traslado dentro de un mismo fuero y jerarquía, pero la decisión tomada es porque quieren correr a estos camaristas de la causa de los cuadernos“, argumentó la cordobesa.
En ese sentido, su par Esteban Bullrich consideró que “lo concreto es que se está avanzando contra la Justicia” y que este hecho “se enmarca” en el avance contra el procurador general interino, Eduardo Casal, y el proyecto de reforma judicial. “Creen que la mayoría da la razón y da impunidad”, cargó y rechazó las “acciones que vulneran la república y atacan la división de poderes”.
El jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, advirtió que “estamos ingresando a un terreno que no es beneficioso”. “Lo que resuelva el Poder Judicial puede o no gustarnos, podemos estar o no de acuerdo, pero cuando se trata de la legalidad de los actos, la última instancia es el propio Poder Judicial. Y en este caso, ante una pre-cautelar, lo que tenemos que hacer es cumplir con los días, no tratarlo, y cuando se resuelva la pre-cautelar el Poder Ejecutivo estará en condiciones de discutir los traslados”, expresó el radical.
Cerró la reunión el jefe del bloque oficialista, José Mayans, quien aseguró que “hay un esquema de ilegalidad constitucional” y “una extralimitación por parte de la jueza”. “La jueza no puede decirle al Senado si puede cumplir o no con sus potestades u obligaciones constitucionales”, dijo.
El formoseño se quejó que desde la Coalición Cívica “intiman y amenazan a la presidenta de la Comisión de Acuerdos” a que “no dé tratamiento a lo enviado por el Poder Ejecutivo”. “¿Qué van a hacer? ¿Van a ordenar la detención de la senadora Anabel Fernández Sagasti o van a librar orden de captura para cada uno de los miembros del Senado?”, lanzó.
Y cargó duro contra la oposición: “Realmente es vergonzoso lo que están haciendo; yo esperaba la lealtad parlamentaria”. “Nosotros vamos a trabajar y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. No pierdan tiempo en amenazarnos ni con sus jueces ni con sus cámaras adictas, no lo vamos a aceptar”, completó.
Por otra parte, en la reunión el oficialismo también impuso un proyecto de resolución para dejar sin efecto las designaciones del vocal titular del tribunal de enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, Mario Laporta, y de su vocal suplente, Juan Emilio Simoni.
La senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti explicó que las designaciones se realizaron durante el gobierno anterior por medio de decretos de la exvicepresidenta Gabriela Michetti.
“Las designaciones en el jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura y del tribunal de enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal se designan por decreto presidencial. Esta resolución es absolutamente desatinada”, consideró el radical Luis Naidenoff.
Pero Fernández Sagasti retrucó que “la ley dice que son las mayorías del Senado las que tienen que designar a sus representantes. Como Cambiemos no tenía la mayoría se saltearon la voluntad del cuerpo. Nosotros tenemos voluntad de comenzar un proceso de normalización”.
Presentará ante la Comisión de Acuerdos del Senado que preside Anabel Fernández Sagasti pericias que vincularían a los camaristas con el espía Marcelo D’Alessio.
El diputado nacional por el Frente de Todos Leopoldo Moreau anticipó que enviará a la Comisión de Acuerdos del Senado -que tiene que tratar los pliegos de camaristas y jueces que fueron transferidos sin concurso previo a otros destinos- una copia de las pericias realizadas sobre los teléfonos del espía Marcelo D’Alessio, en las que “constan que en uno de esos aparatos estaba en su poder, con seis días de anticipación, el fallo que los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertucci emitieron respecto a la denominada causa de las fotocopias”, según informó.
Moreau sostuvo que “ambos camaristas deberían dar explicaciones en el Senado de cómo el integrante de una asociación ilícita tenía en su poder con anticipación este fallo, que figura en el celular de D’Alessio con fecha 14 de diciembre del 2018 en tanto que la sentencia se conoció recién seis días después, es decir, el 20 de diciembre del 2018”.
El legislador kirchnerista finalizó diciendo que “todos sabemos que Bruglia y Bertucci formaban parte del dispositivo macrista de persecución política. Pero que hayan tenido vínculo con esta banda de espionaje ilegal ya excede lo imaginable en materia de ilegalidades, que no sólo justificaría que sean removidos del lugar que ocupan ilegalmente sino que también sean sometidos a juicio político”.
A pesar de que una jueza ordenó a la Cámara alta que se abstenga que tratar los traslados, y que en esa línea Juntos por el Cambio reclamó no dar ingreso a esos mensajes, el oficialismo cumplió con el paso formal.
Por Carolina Ramos
Tras un debate acalorado, el Senado dio ingreso en la sesión de este jueves a los pedidos de acuerdo para los traslados supuestamente irregulares de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi a la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
El interbloque de Juntos por el Cambio reclamó no darle estado parlamentario a los mensajes 58 y 60 enviados por el Poder Ejecutivo, en función de un exhorto de la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Alejandra Biotti para que el Senado se abstenga de revisar esos traslados, que son cuestionados por el oficialismo.
En efecto, horas antes de la sesión, Biotti envió a la Cámara alta una notificación electrónica ordenando suspender el tratamiento de los pedidos de acuerdo, y en esa línea, Luis Naidenoff pidió que “se retiren y no se traten” en la Comisión de Acuerdos.
El jefe de la bancada opositora señaló que según el artículo 22 del reglamento del Senado, los pliegos ingresan formalmente con solo darles lectura en la sesión, y “a partir de su entrada se dispara todo el proceso de tramitación de impugnaciones”.
“Independientemente de que un fallo pueda o no gustar, los fallos se cumplen. Si no estamos de acuerdo con la decisión de un magistrado, existen recursos concretos para revertir la decisión de un juez o una cautelar, pero no podemos realizar un desacato”, advirtió Naidenoff.
Por eso, consideró que “mientras esta cautelar se encuentre firme, el Senado no tiene competencia para tratar este pedido de traslado, porque los decretos de designación del Poder Ejecutivo se encuentran firmes”.
Sin embargo, el titular del bloque oficialista, José Mayans, aclaró que se estaba “dando ingreso al Parlamento” y no “tratando el tema”, ya que “la Comisión de Acuerdos le va a dar el tratamiento correspondiente”.
El senador calificó la orden judicial como “un atropello a las funciones del Parlamento”. “Yo no le puedo decir al presidente que no envíe tal o cual pliego y nadie nos puede decir a nosotros lo que tenemos que hacer como parlamentarios”, enfatizó, e insistió en que a partir de ahora “puede haber impugnaciones y puede decidirse el tratamiento o no de ese pliego”.
A su vez, Anabel Fernández Sagasti, presidenta de la Comisión de Acuerdos, explicó que “la lectura se realiza para todos y cada uno de los pliegos que envía el Poder Ejecutivo”.
“Acá entra a jugar un principio fundamental que sabiamente la Constitución ha puesto: la publicidad de los actos de gobierno, y el derecho de toda la ciudadanía a realizar observaciones” para que el Senado preste o no su acuerdo, sostuvo.
Fernández Sagasti fue más allá y denunció un “oportunismo lamentable de la oposición para impedir que se le dé lectura a pliegos enviados por el Poder Ejecutivo”, y en el mismo sentido, Oscar Parrilli afirmó que “tratar de que no entren los pliegos es como decirle al sol que no salga”.
Una vez que los mensajes recibieron ingreso, tras la lectura del secretario parlamentario, Marcelo Fuentes, la radical Silvia Elías de Pérez le respondió a Fernández Sagasti: “No somos ni oportunistas ni necios. No estamos dispuestos a que el Senado incumpla una orden judicial”.
El primero en referirse al tema fue Mario Pais (Frente de Todos), quien al inicio de la sesión salió al cruce de la orden de la juez Biotti y más tarde subrayó: “No tenemos ni que recurrirla: tenemos que desconocerla”.
El legislador advirtió sobre “la gravedad institucional” de esta decisión, que calificó como “arbitraria”.
El chubutense consideró que “como medida cautelar, impedir que funcione el Senado en ejercicio de sus funciones” respecto de “analizar los acuerdos a magistrados y funcionarios” constituye “un alzamiento a la Constitución y una violación de la soberanía popular de los legisladores”.
“Esta jueza incurre en un abuso de poder y acredita un desconocimiento extremo de la Constitución”, denunció Pais, y agregó que existen “vastos precedentes a nivel jurisprudencial” sobre la competencia del Senado.
La jueza Alejandra Biotti conminó al Senado a suspender el tratamiento de los traslados de los camaristas, cuestionado por el kirchnerismo. El senador Pais denunció que la magistrada “incurre en un abuso de poder y acredita un desconocimiento extremo de la Constitución”.
El senador nacional Mario Pais (Frente de Todos) salió al cruce, en la sesión de este jueves, de la orden de la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Alejandra Biotti de suspender en la Cámara alta la revisión de los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, cuestionados desde el kirchnerismo.
Pais informó que este jueves por la mañana, la jueza le envió una notificación al Senado “donde le ordena que se abstenga o que no trate lo concerniente al traslado de los jueces” Bruglia y Bertuzzi.
El legislador advirtió sobre “la gravedad institucional” de esta decisión, que calificó como “arbitraria”.
El chubutense consideró que “como medida cautelar, impedir que funcione el Senado en ejercicio de sus funciones” respecto de “analizar los acuerdos a magistrados y funcionarios” constituye “un alzamiento a la Constitución y una violación de la soberanía popular de los legisladores”.
“Esta jueza incurre en un abuso de poder y acredita un desconocimiento extremo de la Constitución”, denunció Pais, y agregó que existen “vastos precedentes a nivel jurisprudencial” sobre la competencia del Senado.
Hace quince días, a instancias del kirchnerismo, el Consejo de la Magistratura emitió un dictamen para que se revisen los traslados de Bruglia y Bertuzzi a la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, con el argumento de que eran irregulares y estaban incompletos.
Es a raíz del fallo a través del cual frenó el pedido de investigación del celular del expresidente Mauricio Macri dispuesto por la jueza María Servini.
“Si algo hacía falta para ratificar que un sector de la Justicia federal no sólo estuvo embarcado en la persecución a Cristina Fernández de Kirchner, sino que también está dispuesto a encubrir los delitos de Macri, es una hipótesis que quedó confirmada con el fallo que emitieron Martín Irurzun (dueño de una Cámara Federal) y Leopoldo Bruglia (usurpador de un cargo)”. Así se expresó este viernes el presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, diputado Leopoldo Moreau.
El legislador kirchnerista sostuvo que “en su sentencia, le impusieron a la doctora Servini de Cubría severas limitaciones temporales para hacer cruces de llamadas entre el celular de Mauricio Macri y los teléfonos de los delincuentes que integran la asociación ilícita llamada Mesa judicial”.
La jueza María Servini había ordenado en su momento investigar las llamadas del exmandatario en el marco de una causa sobre supuestas presiones al Grupo Indalo. No solo el teléfono de Macri había que peritar; también los de José Torello, Mario Quintana y Fabián Rodríguez Simón, entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019, o sea prácticamente toda la gestión presidencial de Cambiemos.
Este jueves, la Cámara Federal integrada por Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia consideraron “excesivo” el período de tiempo establecido, tal cual había planteado la defensa de Macri a cargo de Pablo Lanusse, que advirtió que ese peritaje afectaba “los derechos individuales y esferas de la actuación ajenas a la incumbencia”.
“Llama la atención que Martín Irurzun, quien, particularmente ha tenido durante tres años a su cargo la oficina de escuchas de la Corte, no haya puesto el mismo celo cuando se trataba de escuchar los teléfonos de Cristina Fernández de Kirchner a través de la pinchadura del teléfono de Oscar Parrili, que duró casi un año; o de haber entregado a su sola firma, ilegalmente, las escuchas del penal de Ezeiza, a su compinche de aquel entonces Claudio Bonadio”, enfatizó el legislador radical K.
Para finalizar, Moreau recalcó que “efectivamente, Irurzun no tuvo dudas al momento de estampar su firma para dar viso de legalidad a una maniobra judicial y mediática cuyo principal objetivo era proteger a Stornelli y algunos de los mafiosos que todavía pululan por Comodo Py”.
Por Rodolfo Tailhade. El diputado cuestiona la presentación de los camaristas Bruglia y Bertuzzi de un amparo para evitar que se revisen sus traslados a la Cámara de Apelaciones.
El Poder Judicial desconoce la Constitución Nacional, y desprecia al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. En momentos en que todo un pueblo hace sacrificios enormes, esta casta impresentable pretende mantener privilegios intolerables.
Los jueces del lawfare Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi -irregularmente trasladados a la Cámara de Apelaciones porteña durante el macrismo- presentaron un amparo para impedir que se cumpla la Constitución Nacional. Piden que el Gobierno y al Senado “se abstengan de iniciar el trámite previsto en el art. 99 inc. 4 de la CN”. ¿Pueden seguir siendo magistrados estos señores?
Bruglia y Bertuzzi ultrajan la Constitución una y otra vez en este escrito que quedará en la historia como una infamia sin precedentes, e insisten con que el procedimiento previsto en el art. 99 inc. 4° de la Constitución “constituye un acto de arbitrariedad manifiesta”.
Dicen que sus traslados cumplieron estrictamente con el reglamento del Consejo de la Magistratura. O son mentirosos o son brutos, porque ninguna de esas reglas se verificaron.
En primer lugar, un tribunal oral y una cámara de apelaciones no tienen la misma competencia, son ámbitos radicalmente distintos. En segundo lugar, ninguno de estos dos sátrapas tuvo acuerdo del Senado para otro cargo que no sea un tribunal oral; es más, Bruglia nunca en su vida se presentó a un concurso. Y tercero, la violación más flagrante del reglamento de traslados: uno de los requisitos exigidos es que no exista un concurso en trámite para cubrir las vacantes, y sobre esto los dos impostores nada dicen. Ocultan que estaba en pleno desarrollo el concurso.
Además, los motivos del traslado son inconsistentes, pueriles e impropios para un magistrado. No podían poner “queremos ser miembros de la Cámara Federal porque estamos dispuestos a cumplir todo lo que pida Macri y así meter en cana a CFK y a los peronistas”, porque iba a ser demasiado.
Asimismo, hoy nos enteramos de que Bruglia y Bertuzzi no están solos en este abierto desafío al orden constitucional. Los jueces de la bien llamada “Cámara del Crimen” señalan que es inconstitucional un proyecto de ley cuya discusión recién arrancó en el Congreso.
¿Qué clase de señal están enviando? ¿Debemos tomarlo como una amenaza, un ataque frontal a la naturaleza misma de la democracia, o sólo son un grupo de brutos desaforados que consideran a la Constitución Nacional papel higiénico? ¿Quiénes se creen que son?
No les tenemos miedo, señores. No vamos a permitir que pisoteen la Constitución Nacional. No vamos a dejar que sea violada por quienes tienen la obligación de defenderla. No vamos a permitir que el Poder Judicial gobierne nuestro país.
Rodolfo Tailhade, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación
Lo hizo al cargar contra los integrantes de la Cámara Federal que revocó la orden de la jueza Servini de investigar las llamadas del expresidente en el marco de una causa por supuestas presiones al Grupo Indalo.
La presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, arrancó este jueves denunciando nada menos que al gigante de Internet Google, y lo terminó fustigando a los jueces que avalaron un pedido del expresidente Mauricio Macri para que no investigaran su teléfono celular.
En efecto, la jueza María Servini había ordenado en su momento investigar las llamadas del exmandatario en el marco de una causa sobre supuestas presiones al Grupo Indalo. No solo el teléfono de Macri había que peritar; también los de José Torello, Mario Quintana y Fabián Rodríguez Simón, entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019, o sea prácticamente toda la gestión presidencial de Cambiemos.
Este jueves, la Cámara Federal integrada por Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia consideraron “excesivo” el período de tiempo establecido, tal cual había planteado la defensa de Macri a cargo de Pablo Lanusse, que advirtió que ese peritaje afectaba “los derechos individuales y esferas de la actuación ajenas a la incumbencia”.
Así las cosas, la Cámara pidió a la jueza delimitar “los momentos que, a su modo de ver, resulten relevantes” para investigar.
Fue suficiente para que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner le dedicara una serie de tuits al tema, en los que apuntó: “El mismo Poder Judicial que le garantizó la impunidad en la causa por escuchas ilegales como jefe de Gobierno de la Ciudad y apenas 19 días después de haber asumido como Presidente. El mismo Poder Judicial que le garantizó la impunidad siendo empresario por el delito de contrabando agravado de autos”.
Para Cristina Kirchner, “los jueces Martín Irurzun (el de la doctrina de las prisiones preventivas para los opositores de Macri) y Leopoldo Bruglia (el trasladado flojo de papeles, sin acuerdo del Senado y sin prestar juramento de Ley) acaban de consagrar una vez más la impunidad para Mauricio Macri”.
La expresidenta concluyó afirmando que “no hay argentino más impune que Mauricio Macri. Espero que algunos argentinos y argentinas se den cuenta”.
