Piden prisión domiciliaria para imputados por temas de lesa humanidad

La iniciativa es impulsada por el diputado Alberto Asseff, quien considera que a esas personas se les están negando derechos procesales básicos, en función de su edad o condición de salud.

El diputado nacional del bloque Juntos por el Cambio Alberto Asseff, titular de la Comisión de Defensa, junto a los diputados Carlos Zapata y Pablo Torello, pide al Gobierno que se asegure la igualdad de derechos para todas las personas encarceladas -sean con prisión preventiva o con condena relacionados a temas de derechos humanos-, que “por su edad o condición de salud pueda estar en su hogar al cuidado de sus seres queridos y que hoy por cuestiones de odio, revanchismo y prejuicios ideológicos se les niega el menor derecho procesal básico”, tal el texto del proyecto.

Asseff explicó que “este Gobierno ha fogoneado el odio hacia las figuras de las fuerzas militares y policiales, lo que redunda en una justicia prejuiciosa que le niega derechos procesales básicos a personas que no están en condiciones de afrontar un proceso judicial que es exigente para la salud física de quien debe pasar por él”. Asseff considera que “existe un trato ‘desigual’ para los enemigos ideológicos del Gobierno, que asocia a todo lo militar a la idea de represión”.

“La idea de mantener en cárceles comunes a los imputados en base a la idea de que exista peligro de fuga es ridícula, pues ¿qué peligro de fuga pueden detentar personas de edades tan avanzadas? Tampoco es lógica la idea de que puedan representar un peligro en sus casas, pues sólo desean terminar sus días de modo pacífico, rodeados de sus afectos. Lo único que piden son el mismo trato que tendría cualquier otro ciudadano en su misma circunstancia, pero que no estuviese señalado por el revanchismo del gobierno”, razonó.

Y concluyó señalando que “hoy lamentablemente en la Argentina existe una justicia para los amigos del estado y otra para sus enemigos”.

Proponen una ley antinegacionista de crímenes de lesa humanidad, soberanía de Malvinas y pandemias

El diputado oficialista Walter Correa presentó un proyecto para establecer sanciones civiles y penales a quienes nieguen estos hechos o causas.

El diputado nacional Walter Correa (Frente de Todos) presentó un proyecto de “ley antinegacionista”, que prevé sanciones civiles y penales a conductas negacionistas y/o apologistas de genocidios y crímenes de lesa humanidad; de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas; y de la existencia de epidemias o pandemias que pongan en riesgo la salud pública.

La iniciativa, que consta de cinco artículos, establece que “quien públicamente niegue, justifique, reivindique, exalte, o de algún modo menosprecie la comisión de delitos de genocidio, de lesa humanidad o crímenes de guerra, sus consecuencias y efectos sobre las víctimas o a quienes fueron condenados por su comisión, será obligado, a pedido de las víctimas de tales delitos y/o de quienes vean afectado un interés legítimo, a cesar en su conducta y a reparar el daño moral y material ocasionados”.

Lo mismo correrá para quien “niegue, banalice o de algún modo menosprecie” la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, reconocida en la Constitución Nacional; o quien “niegue, impida, o menosprecie la existencia de una epidemia o pandemia y sus efectos sobre la salud pública, o de algún modo obstaculice las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia o pandemia”.

Además, busca elevar “en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal de todo delito reprimido por el Código Penal o leyes complementarias” relativo a estas conductas. “A dicha pena se le aplicará la accesoria de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por el doble del tiempo que el de la condena”, agrega sobre los funcionarios públicos.

El proyecto lleva las firmas de los diputados oficialistas Walter Correa, Carlos Ortega, Pablo Carro, María Rosa Martínez, Claudia Ormachea, Vanesa Siley, Carlos Cisneros, Carlos Ponce, Hugo Yasky y Alcira Figueroa.

En los argumentos de su iniciativa, Correa señaló que “la adopción de este tipo de medidas encuentra su fundamento en la proliferación de manifestaciones y opiniones de indudable carácter negacionista sobre hechos históricos de nuestro pasado más trágico, negatorios de nuestro texto constitucional e incluso apologista respecto de ciertos delitos de nuestro Código Penal”.

“Concretamente me refiero a las recurrentes expresiones, que fundadas en una mal entendida libertad de expresión, pretenden influir en el sentido común de ciudadanos y ciudadanas, contra valores, principios, fundamentos que constituyen el capital histórico del pacto social y democrático”, sostuvo.

En ese sentido, resaltó que “la reivindicación de algunas minorías sobre el terrorismo de Estado y sus consecuencias, ofende la memoria histórica y niega el camino recorrido por nuestra democracia a partir del año 1983 en la búsqueda de memoria, verdad y justicia ante las violaciones a los derechos humanos”.

“Este tipo de conductas reivindicatorias del horror, lamentablemente, no son patrimonio exclusivo de nuestro país, y encuentran su antecedente en otras de similar carácter que niegan el hecho o la importancia del Holocausto Judío (seis millones de personas asesinadas), o del Genocidio Armenio, y han sido objeto de reproche penal, tal el caso de Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Hungría, Italia, Grecia, República Checa y Suiza”, agregó.

En lo que respecta a las epidemias y pandemias, el legislador aseguró que conductas negacionistas en este sentido “vienen sucediendo desde hace más de un año frente a la políticas públicas -en el marco de la emergencia sanitaria- tomadas en resguardo de la salud y la vida de argentinos y argentinas frente al virus Covid-19”.

“Este tipo de actos, aún reñidos y tipificados como delitos con el artículo 205 del Código Penal, siguen sucediéndose no sólo esmerilando la autoridad estatal, sino promoviendo lo que es aún peor: un relajamiento en las conductas colectivas que multiplica la circulación del virus y, por ende, las lamentables consecuencias que no solo se limitan al colapso del sistema sanitario, sino a la pérdida de vidas humanas que ya ascienden las cien mil muertes”, enfatizó.

La Comisión de Familias abordó la desaparición de una menor en Paraguay

Se trata de Carmen Elizabeth Villalba, una adolescente de 14 años que desapareció luego de un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas de Paraguay en 2020.

La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, que preside Roxana Reyes (UCR) abordó este lunes el caso de Carmen Elizabeth Villalba, una adolescente de 14 años que desapareció en 2020 luego de un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas de Paraguay.

De la reunión virtual participaron Myrian Villalba, tía de la menor de nacionalidad paraguaya; Julia Perié, parlamentaria del Mercosur; y Adolfo Pérez Esquivel, de la Organización Servicio, Paz y Justicia (SERPAJ), quienes  analizaron el caso y son parte de una campaña nacional e internacional de solidaridad con la familia Villalba.   

Myrian -quien está en Argentina en condición de refugiada política- es además madre de Lilian Mariana y tía de María Carmen, niñas de 11 y 12 años que murieron en manos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

En el encuentro, denunció que la muerte de sus hijas y la desaparición de su sobrina fueron responsabilidad del Ejército paraguayo. “Fueron torturadas y luego ejecutadas y se llevaron con vida a Carmen”, aseveró.

Villalba agradeció al Gobierno argentino. “Nos dio una gran mano y una gran ayuda, consiguió el refugio para nuestra familia”, destacó, pero consideró que “es necesario un pronunciamiento” tanto de las autoridades como del Congreso Nacional.

Por su parte Perié, quien denunció estos hechos ante el Parlasur, manifestó que es “una familia perseguida por las fuerzas represivas del Paraguay”. “Fueron secuestradas y torturadas y por ese motivo no dejan entrar al Equipo de Antropología Forense argentino”, relató. 

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel  informó que envió una carta al presidente de Paraguay en la que no tuvo respuesta. “Es un firme caso de lesa humanidad que no prescribe en el tiempo. El gobierno paraguayo no responde y no permite el ingreso del grupo forense argentino para investigar el asesinato de las niñas”, alertó.

Luego sugirió que “la Cámara de Diputados se dirija para pedir una misión urgente” y consulte al juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Eugenio Zaffaroni sobre “esta grave situación”.

También participaron de la reunión Daisy Irala Toledo, abogada de la joven, y Laura Tafettani, de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, entre otros referentes de Derechos Humanos. 

Se sancionó la imprescriptibilidad del resarcimiento por crímenes de lesa humanidad

La Cámara baja también convirtió en ley modificaciones al Código Civil y Comercial sobre donaciones inoficiosas. En tanto, recibió media sanción una iniciativa sobre cambios a la forma del acto constitutivo de las asociaciones civiles.

La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que establece la imprescriptibilidad del resarcimiento por delitos de lesa humanidad, al modificar los artículos 2.537 y 2.560 del Código Civil y Comercial, y derogar además el último párrafo del artículo 2.561.

La votación resultó con 239 votos afirmativos y una sola abstención, del neuquino Francisco Sánchez (Pro).

La iniciativa, proveniente del Senado y autoría de la sanjuanina Cristina López Valverde (FdT), nació con motivo de un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2019 que denegó una indemnización a la hija de Enrique Ingeniero, un trabajador desaparecido en las oficinas de Techint durante la dictadura.

En el debate también se aprobó -y se giró al Senado- una modificación al artículo 169 del Código Civil y Comercial, impulsada por el diputado pampeano Ariel Rauschenberger (FdT), referida a los requisitos para la constitución de una asociación civil.

El legislador explicó que “responde a una demanda social de los sectores más vulnerables” y es una iniciativa producto de un “trabajo conjunto” con el gobierno de su provincia y distintos colectivos sociales, además de las consultas al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

El oficialista sostuvo que las asociaciones civiles “tienen el fuerte protagonismo de reconstruir el tejido social”, en medio de un contexto de crisis, ya que “llevan adelante una tarea solidaria que persigue el bien común”. “La idea es darle una mano a través de esta legislación”.

El nuevo texto reza: “El acto constitutivo de la asociación civil puede ser otorgado por instrumento público o por instrumento privado con firmas certificadas por escribano público y debe ser inscripto en el registro correspondiente una vez otorgada la autorización estatal para funcionar. Hasta la inscripción se aplican las normas de la simple asociación”.

Donaciones inoficiosas

La Cámara baja sancionó también con 239 votos afirmativos y tres abstenciones -de Francisco Sánchez (Pro), Nicolás Del Caño (FIT-PTS) y Romina Del Plá (FIT-PO)- modificaciones al Código Civil y Comercial sobre donaciones inoficiosas.

El diputado Bernardo Herrera (FdT) destacó que se trata de un proyecto que “viene hace mucho tiempo” y explicó que “los contratos de donaciones son de los contratos más arraigados en las costumbres de nuestro país”. “El objetivo fundamental de esta norma es proteger los derechos de terceros”, indicó el santiagueño.

En el mismo sentido, la bonaerense Gabriela Lena (UCR) afirmó que este “es un repetido reclamo desde hace mucho tiempo de los colegas escribanos”.

La radical dijo que “a diario” se observa “sobre todo en el interior del país” el “deseo de los ascendientes de que sus bienes, especialmente los inmuebles, logrados a través del esfuerzo propio o ajeno, pasen tempranamente a los descendientes y que sea sin esperar el fallecimiento”.

“El objetivo de este cambio es proteger a los terceros adquirentes de bienes registrables que sean de buena fe, a título oneroso y que hayan tenido como antecedente la adquisición de un título de donación”, explicó y agregó que “es necesaria la seguridad jurídica, el fin principal es proteger la circulación de los bienes”.

Por su parte, el porteño Jorge Enríquez (Pro) expresó que la ley “viene a remediar una situación que erróneamente el legislador en el año 2015 hizo tomando una decisión absolutamente desacertada, al igualar las donaciones realizadas a quienes no revestían la calidad de herederos forzosos con las de aquellas donaciones realizadas a terceros”.

“Para la ley actual, que no me cabe duda hoy vamos a reformar, es idéntica la situación que se plantea en cuanto a la posibilidad de atacar las donaciones si el donatario es un hijo o un tercero totalmente ajeno al grupo familiar. Un absoluto sin sentido que pretendemos resolver con la aprobación de esta ley”, sumó.

De acuerdo a la reforma votada, el artículo 2.386 establece que “la donación hecha a un descendiente o al cónyuge cuyo valor excede la suma de la porción disponible más la porción legítima del donatario, aunque haya dispensa de colación o mejora, está sujeta a colación, debiendo compensarse la diferencia en dinero”.

En tanto, el artículo 2.457 queda redactado: “La reducción extingue con relación al legitimario, los derechos reales constituidos por el donatario o por sus sucesores. Sin embargo, la reducción declarada por los jueces no afectará la validez de los derechos reales sobre bienes registrables constituidos o transmitidos por el donatario a favor de terceros de buena fe y a título oneroso”.

El nuevo artículo 2.458 dispone que “salvo lo dispuesto en el artículo anterior, el legitimario puede perseguir contra terceros adquirentes los bienes registrables. El donatario y el subadquirente demandado, en su caso, pueden desinteresar al legitimario satisfaciendo en dinero el perjuicio a la cuota legítima”.

“En cualquier caso, la acción de reducción no procede contra el donatario ni contra el subadquirente que han poseído la cosa donada durante diez años computados desde la adquisición de la posesión. Se aplica el artículo 1.901. No obstará la buena fe del poseedor el conocimiento de la existencia de la donación”, reza el modificado artículo 2.459.

Avanza en Diputados el proyecto sobre la imprescriptibilidad del resarcimiento por crímenes de lesa humanidad

La iniciativa, con media sanción del Senado, obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Legislación General. Además, oficialismo y oposición firmaron otros seis proyectos.

cecilia moreau

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, presidida por la oficialista Cecilia Moreau, avanzó este martes con el dictamen del proyecto de ley que establece que el resarcimiento por delitos de lesa humanidad sea declarado imprescriptible.

La iniciativa, con media sanción del Senado, fue explicada por el diputado Karim Alume Sbodio (FdT), mientras que Moreau destacó el hecho de que se trate justo “en la semana en que se cumplen 36 años de la entrega del informe -Nunca Más- de la CONADEP”.

“Es un placer apoyar este proyecto”, dijo por su parte Carla Carrizo (UCR), quien enfatizó que “los consensos del ’83 no están cuestionados y están vigentes”. “Sigamos mirando la política de derechos humanos como una política de Estado”, añadió.

El proyecto modifica el Código Civil y Comercial en dos artículos, el 2.537 y el 2.560, y deroga además el último párrafo del artículo 2.561.

La iniciativa, de autoría de la senadora Cristina López Valverde (Frente de Todos), se presentó a raíz de un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2019 que denegó una indemnización a la hija de Enrique Ingeniero, un trabajador desaparecido en las oficinas de Techint durante la dictadura.

Por otra parte, también pasó a la firma un proyecto con media sanción por el cual se modifica la Ley 11.723, de Propiedad Intelectual, sobre la eximición del pago de Derechos de Autor para personas ciegas, con discapacidad visual o con dificultad para acceder a textos.

En tanto, se dictaminó una iniciativa del diputado Lucas Godoy (FdT) para declarar al 2021 como “Año del Bicentenario del fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes”; y otra del diputado Pablo Yedlin (FdT) para instaurar el 22 de agosto de cada año como el “Día de Desagravio al pueblo tucumano por el cierre masivo de Ingenios Azucareros pergeñado por la dictadura militar de 1966”.

Otros textos que obtuvieron dictamen fueron proyectos para instaurar la “Semana del Árbol” del 24 al 31 de agosto de cada año; un beneplácito por los 50 años de la creación de la Fundación Universitaria del Río de la Plata; y la declaración de interés del programa de formación de promotores de educación animal.

Aprueban la imprescriptibilidad del resarcimiento por crímenes de lesa humanidad

Se trata de un proyecto de modificación del Código Civil y Comercial para que no prescriban las acciones civiles por este tipo de delitos. El debate pasa a Diputados.

El Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados este jueves por unanimidad un proyecto de ley para que el resarcimiento por delitos de lesa humanidad sea declarado imprescriptible.

El texto modifica el Código Civil y Comercial en dos artículos, el 2.537 y el 2.560, y deroga además el último párrafo del artículo 2.561.

La iniciativa fue presentada por Cristina López Valverde (Frente de Todos) a raíz de un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2019 que denegó una indemnización a la hija de Enrique Ingeniero, un trabajador desaparecido en las oficinas de Techint durante la dictadura.

En ese fallo, los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti resolvieron por mayoría que los reclamos patrimoniales prescriben incluso cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, mientras que Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti opinaron lo contrario.

Foto: Prensa Cristina López Valverde

Si desde el punto de vista penal los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, también lo tiene que ser el resarcimiento desde el punto de vista civil. Sin embargo, esto no pareciera estar tan claro en el Código Civil y Comercial, aunque sí esté en su espíritu”, explicó la autora del proyecto.

López Valverde destacó que con la futura ley “no habrá tiempos ni plazos que puedan impedir” esta reparación, y vinculó la iniciativa a la lucha por Memoria, Verdad y Justicia como “una política de Estado que hay que preservar”.

Avanza un proyecto para que el resarcimiento por delitos de lesa humanidad sea imprescriptible

La iniciativa surgió por un fallo de la Corte que denegó una indemnización a la hija de un trabajador de Techint desaparecido durante la dictadura.

La Comisión de Legislación General del Senado, que preside Ana Almirón (Frente de Todos) avanzó este martes con un proyecto de ley para que el resarcimiento por delitos de lesa humanidad sea declarado imprescriptible.

Tras una intensa discusión en torno a la técnica legislativa, el Frente de Todos aceptó una propuesta de redacción de Ernesto Martínez (Pro) y los senadores firmaron el dictamen, que quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión.

La iniciativa fue presentada por Cristina López Valverde (Frente de Todos) a raíz de un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2019 que denegó una indemnización a la hija de Enrique Ingeniero, un trabajador desaparecido en las oficinas de Techint durante la dictadura.

En ese fallo, los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti resolvieron por mayoría que los reclamos patrimoniales prescriben, incluso cuando se trata de crímenes de lesa humanidad.

A raíz de esto, López Valverde presentó el proyecto, que modifica el Código Civil y Comercial en dos artículos, el 2.537 y 2.561, respecto a la imprescriptibilidad de las acciones civiles por daños derivados de delitos de lesa humanidad.

Foto: Comunicación Senado

Desde Juntos por el Cambio, el cordobés Martínez se mostró “esencialmente de acuerdo en la idea del proyecto y sus intenciones”, pero pidió “darle a la ley una forma que después no tenga grises ni problemas de interpretación judicial”.

En ese sentido, consideró que “no daríamos una respuesta adecuada si solo nos quedamos en el Código Civil y Comercial” y por eso sugirió “reformar la Ley de Contrato de Trabajo, donde está el problema real de la prescripción”, aunque finalmente desistió de esa propuesta.

Desde el oficialismo, Mario Pais sostuvo que “es correcta la técnica que estamos utilizando” para procurar “una reparación justa, integral y real por los daños y perjuicios derivados de un acto de un tercero”.

En el mismo sentido se expresó María de los Ángeles Sacnun, al reconocer que “teníamos esta falencia en nuestro derecho interno”. “Estamos saldando una discusión porque la misma Corte manifestó la necesidad de que el Parlamento se exprese”, agregó.

La titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales explicó que el objetivo es “que no haya dudas en cuanto a la reparación que se debe llevar adelante tanto desde el Estado como desde el derecho privado”.

Desde la UCR, Silvia Giacoppo coincidió en que “estamos terminando con una injusticia de 40 años, de gente que se murió esperando justicia”.