Durante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, que fueron emplazadas en la última sesión, miembros de la oposición ratificaron su posición a favor del proyecto con media sanción del Senado que prevé la reforma de la Ley de DNU (N°26.122), con el fin de limitar su uso abusivo por parte del presidente Javier Milei.

En el encuentro que se llevó a cabo este martes -la firma de los despachos será dentro de una semana- aliados de La Libertad Avanza rechazaron una modificación de este tipo ante un Gobierno con significativas minorías parlamentarias. Por su parte, ningún integrante del oficialismo se refirió al tema, cuestión que pone en alerta al Poder Ejecutivo y buscará frenar con ayuda de los gobernadores. En el Senado, la media sanción salió con más de dos tercios de los votos.

En el arranque de la discusión, la diputada de Unión por la Patria Mónica Litza recordó que el año pasado se alcanzó en la Cámara baja un dictamen que finalmente no llegó al recinto y, por eso, "es muy bueno que el Senado lo haya podido hacer; es una media sanción que va absolutamente en línea con lo que habíamos dictaminado".

Sobre la norma, la massista señaló que "lo que debía ser un excepción y un control del presidencialismo se ha convertido lamentablemente en la regla, sobre todo para este Gobierno". "Hay una desproporcionalidad entre el procedimiento de creación de leyes y los DNU", dijo e insistió que "debemos hacer todo lo posible para lograr la modificación de este instrumento mal usado por el Gobierno".

Para la legisladora de UP, esta reforma hará "fortalecer la división de poderes y el sistema democrático". "Tomar decisiones en forma unipersonal, dejando de lado lo colectivo, a corto o mediano plazo trae más complicaciones", advirtió.

Mónica Litza

A continuación, el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo manifestó: "Nosotros cuestionamos fuertemente esos atributos de monarca sin corona que tiene hoy el Poder Ejecutivo". Sobre la gestión de Milei, sostuvo que "ha hecho no uso y abuso de un DNU, sino una suerte de reforma constitucional de hecho" con el DNU 70/23 "pero que, sin embargo, raramente está en vigencia". Sobre ese mega decreto que inauguró la administración libertaria y fue rechazo únicamente por el Senado, aseveró que "tiene que ser tratado inmediatamente".

Presidenta de la Comisión de Peticiones, la macrista Silvia Lospennato celebró que "el sector político que impulsó esta ley admita que es inconstitucional, porque nuestro espacio político, el Pro, viene sosteniendo que es inconstitucional desde el primer día". "Cuando algunos están en el gobierno promueven normas que los favorecen y cuando están en la oposición la quieren cambiar", cuestionó.

Remarcó que a lo largo de estos años, desde el bloque amarillo se presentaron una docena de proyectos -uno incluso de Patricia Bullrich-, y que todos ellos "consideran que no puede haber sanción ficta". En el cierre de una extensa intervención, la legisladora que protagonizó una fuerte pelea con Cristian Ritondo dentro del recinto en la última sesión expresó: "Sin comprarme el republicanismo repentino de los que usaron y abusaron de esta ley durante tantos años; sin comprarme la hipocresía de los que dicen una cosa y cambian de opinión cuando nos les conviene la norma, yo quiero ser coherente con lo que mi partido a lo largo de 20 años ha sostenido en este Congreso".

Además de un cruce que tuvo con Litza, la diputada de Democracia para Siempre Carla Carrizo salió a responderle a Lospennato: "Me parece grave decir que la ley es inconstitucional, hay sí un debate constitucional, pero no hay un fallo de la Corte Suprema que diga que es inconstitucional". Y recordó que "pasaron seis gobiernos y todos los presidentes la utilizaron". "No se puede dejar instalado eso porque no es correcto legalmente", agregó.

A su turno, el jefe del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, dijo que compartía "todos los argumentos críticos" hacia la ley y opinó que "es una insensatez que un decreto tenga una exigencia parlamentaria menor que una ley".

Según cifras aportadas por el cordobés, "(Carlos) Menem dictó aproximadamente 195 DNU, (Fernando) De la Rúa unos 70, (Eduardo) Duhalde unos 150, Néstor (Kirchner) fue el campeón con unos 250, Cristina (Fernández de Kirchner) a pesar de todos sus años (en la presidencia) fue una de las que menos lo usó, con 80; Mauricio Macri unos 70, Alberto Fernández unos 150 y Javier Milei lleva cerca de 70". Pero, al comparar las composiciones parlamentarias que cada gobierno tuvo, apuntó que el actual "no dispone de mayorías ni en la Cámara de Senadores ni de Diputados".

En su intervención, el radical aseguró: "Creo, desde el punto de vista jurídico, que aplicar un estándar de exigencia constitucional, o legal, o de rigurosidad legal, de una forma tan selectiva a un espacio político que carece de fortalezas políticas en Diputados y en Senadores, y que tiene una incoherencia, ya no con la trayectoria, sino con los contextos políticos e institucionales que tuvieron otros presidentes, es ante todo una postura antijurídica".

"En términos políticos, un accionar de estas características, con esta inequidad en su aplicación, es cuanto menos una acción que tiene por lo menos aspectos desestabilizadores, por un lado. Y por otro, paradójicamente, incluso a quienes son más opositores a este Gobierno, creo que sigue abonando al Gobierno la posibilidad de utilizar estos argumentos como excusa o chivo expiatorio para no hacerse cargo de los propios errores que va cometiendo", añadió.

Rodrigo de Loredo

Aliado de LLA, el catamarqueño de Liga del Interior Francisco Monti sostuvo que había habido durante la jornada “mucha argumentación de contexto político, y escasos planteos de orden constitucional”. Reconoció abrazar “una doctrina minoritaria” respecto de la constitucionalidad de los DNU y, en ese sentido, indicó que si bien los decretos de necesidad y urgencia no son leyes, tienen idénticos efectos que las leyes, “surten efectos similares a los de las leyes y mal puede interpretarse que el Congreso por inacción pueda producir efectos jurídicos derogatorios por el mero paso del tiempo”, en referencia a una de las modificaciones que se plantean.

Desde Democracia para Siempre, el diputado Fernando Carbajal afirmó que disentía con su compañera de bloque Carla Carrizo y sí coincidía con Lospennato en que la Ley 26.122 "es inconstitucional" porque "no hay dudas para el constitucionalismo que el procedimiento adoptado quiebra las bases y el espíritu" de la Constitución.

"El 80% o 90% de los DNU dictados por todos los presidentes no satisfacen el requisito de urgencia", resaltó y diferenció que sí estuvieron bien justificados los primeros dictados por Alberto Fernández al comienzo de la pandemia. No obstante, "todos los gobiernos han naufragado en la ilegalidad y el abuso", observó.

Nuevamente hablándole a Lospennato, el formoseño manifestó: "Yo tampoco me compro la vocación republicana de los compañeros del justicialismo, pero no importa, porque estoy convencido que estos límites son necesarios".

Desde el Pro, pero más precisamente bajo el ala de Patricia Bullrich, la diputada Silvana Giudici rechazó la reforma. "A los diputados que hablan de mantener la coherencia y alguno por ahí que hablaba del velo… hay que aclarar que aquí no hay que tener ninguna duda y hay que entender los contextos: si a un gobierno que tenía la suma del poder público se le otorgó la ley que reglamenta los DNU (por los Kirchner), no se modificó en su momento ni la aprobación ficta, ni las facultades delegadas, siguieron legislando con superpoderes y emergencia permanente, llega un gobierno distinto, sin estructura política, casi sin partido político, sostenido por un conjunto de diputados del presidente que hoy gobierna, y algunos que tenemos una alianza electoral en los principales distritos, y entonces sí se acuerdan de derogar los DNU, las facultades delegadas, quiero decirles que el rol del Congreso está perfectamente ejecutado en este período”.

Sobre eso, apuntó que “somos parte de una cámara que ya ha rechazado 5 DNU de este Gobierno y ha ratificado una insistencia, derogando y rechazando dos vetos del presidente en ejercicio”. “Vos no podes analizar una modificación en un contexto donde la mayoría abrumadora está haciendo cumplir el rol original de este Congreso, que es el de control de los actos de gobierno. ¿Dónde está la urgencia de modificar la Ley de DNU que se negó tantas veces? Desde el Pro sostenemos que para esto no nos cuenten”, sentenció.

En el cierre, el jefe de UP, Germán Martínez, mencionó a los senadores de la UCR y el Pro que votaron a favor del proyecto. "¿Todos estos son golpistas? Porque todos votaron esta media sanción. O no se comunican entre ustedes, o se arrepienten, o juegan a dos puntas...en el Senado de la Nación avanzan y acá quieren demorar", remarcó. Y pidió "no buscar excusas para no avanzar". "Cuando se analiza la historia nunca hubo un DNU como el DNU 70 y tantas materias afectadas por un decreto de necesidad y urgencia como por ese", completó.

La media sanción del Senado propone que los DNU deban versar sobre una única materia y que podrán ser tratados de inmediato aún en receso parlamentario. Uno de los cambios centrales es que serán aprobados con el voto de ambas cámaras, mientras que el rechazo de una bastará para que queden sin efecto (hoy es al revés). También podrán caer si no se tratan dentro de un plazo de 90 días.

Después de aprobar el emplazamiento en el recinto de la Cámara de Diputados, las comisiones de Poderes, Peticiones y Reglamento junto a Asuntos Constitucionales se reunirán en plenario este martes a las 12.00 para dar inicio al debate por la reforma de la Ley 26.122 para cambiar el Régimen Normativo de los Decretos de Necesidad y Urgencia. Cabe recordar que la fecha fijada para dictaminar es el próximo martes 30 de septiembre.

El proyecto de ley cuenta con la media sanción del Senado donde fue aprobado con 56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones el pasado 4 de septiembre. La iniciativa pone en apuros al presidente Javier Milei, quien ya adelantó a fines del 2024 que la vetará en caso de que sea sancionada. El año pasado el tema comenzó en la Cámara baja, pero no prosperó y el referente libertario consideró que se trata de un intento de “cambiar las reglas del juego”.

El primer punto sobresaliente del proyecto aprobado por más de dos tercios en la Cámara alta establece que los DNU deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente. Este artículo se contrapone a lo que sucedió con el DNU 70/2023 que modificó y derogó más de 300 leyes bajo el propósito de la desregulación de la economía argentina.

El 14 de marzo del 2024 el Senado rechazó el DNU 70/2023 y Diputados aún no lo abordó.

El segundo ítem distintivo de esta reforma planteada es la que habilitaría a ambas Cámaras a abocarse aún durante el receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de futuros decretos.
Si bien la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo está habilitada a reunirse en el período que va del 1° de diciembre al 28/29 de febrero, esta modificación autoriza a abrir a los recintos una vez que se cumplan los diez días hábiles desde el ingreso del DNU.

El otro cambio sustancial de la Ley 26.122 es el tramite legislativo de blindaje a los DNU: en caso de que prospere este nuevo régimen, los decretos se considerarán aprobados cuando ambas Cámaras se expresen por mayoría absoluta de los presentes en un plazo de 90 días desde la publicación en el Boletín Oficial. El último antecedente es el DNU 179/2025 que aprobó el nuevo Acuerdo con el FMI y quedó blindado con solamente el aval de la Cámara baja.

La última propuesta de cambio a la Ley de DNU es establecer que el rechazo de una de las dos Cámaras signifique la derogación total del decreto quedando imposibilitado de dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario. Este artículo, contempla, además, que en caso de no ser tratados en el plazo de los primeros 90 días por alguna de las dos Cámaras también signifique la caída total del decreto de necesidad y urgencia.

Con la legislación actual vigente, un DNU solo será derogado por el rechazo de las dos Cámaras del Congreso de la Nación. Cabe recordar que el  DNU 70/2023 fue rechazado por el Senado el 14 de marzo del 2024, pero en la Cámara de Diputados aún no ha sido tratado.

Las autoridades de la Cámara de Diputados emitieron la convocatoria formal a sesionar este martes 12 de noviembre a partir de las 15, tal cual el pedido formulado este jueves por el diputado nacional de Encuentro Federal Esteban Paulón y otros, a fin de considerar un temario que incluye la reforma de la Ley 26.122, correspondiente al Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, como así también el DNU 846/24 correspondiente al canje de deuda.

Según se informó, la Comisión de Labor Parlamentaria fue convocada para las 13.30, a fin de coordinar el desarrollo de la sesión convocada para las 15.

La reunión fue convocada por diputados de Encuentro Federal, el radicalismo díscolo, Unión por la Patria y el santacruceño Sergio Acevedo.

Días atrás estos mismos bloques alcanzaron un dictamen consensuado en comisiones, a las que se emplazaron en la última sesión, para modificar la Ley 26.122 -diseñada por Cristina Kirchner senadora en 2006- y recortar así el poder del presidente Javier Milei y sus sucesores en el uso excesivo de DNU.

Sumando a todos los integrantes de los bloques que realizaron el pedido, los opositores reúnen justo 129 diputados, aunque eso no implica que todos los integrantes de esas bancadas vayan a estar sentados en sus bancas el martes a las 15. Habrá que ver la actitud de los miembros del Frente de Izquierda o la Coalición Cívica, que tiene su propio dictamen sobre la reforma de la Ley 26.122.

El oficialismo, de acentuada minoría en ambas cámaras, rechaza de plano una reforma de este tipo. Además, Milei ya anticipó que si la norma se aprueba la vetará, al considerar que tiene la intención de realizar “un golpe de Estado”.

El Pro, aliado de La Libertad Avanza y clave con sus votos ante un eventual sostenimiento del veto -como lo fue en jubilaciones y universidades-, todavía no definió su posición. Con miradas divididas, pues hay miembros de esa bancada que en el pasado propusieron lo mismo, los legisladores integrantes de las comisiones optaron por no firmar ningún despacho.

Además del dictamen de la mayoría de UP, DpS y EF, hubo otros tres dictámenes de minoría: el de LLA, de rechazo, al que no adhirieron sus socios amarillos; el de la Coalición Cívica y el de la Unión Cívica Radical, encabezado por Karina Banfi.

Para la media sanción de la reforma de la Ley 26.122 se requieren 129 votos (mayoría absoluta), mientras que en el caso del rechazo del DNU de canje de deuda es por mayoría simple. Desde el entorno de los impulsores de la sesión se muestran confiados: “Creemos tener todo en orden”.

El dictamen de mayoría sobre la modificación a la Ley de DNU consta de cinco artículos. Entre ellos establece que los decretos “perderán vigencia si no fueran aprobados mediante resolución de ambas Cámaras del Congreso en un plazo de 90 días corridos contados desde su publicación”.

Además, cuando los decretos sean dictados durante el periodo de receso parlamentario “las Cámaras podrán abocarse a su expreso e inmediato tratamiento conforme al artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional”.

Uno de los cambios centrales es que “el rechazo por alguna de las Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia”. Actualmente, para ser rechazado un DNU necesita ser votado en ese sentido tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, tal como ocurrió con el decreto sobre los fondos millonarios para la SIDE, el primero en ser volteado por el Parlamento.

Finalmente, el proyecto indica que “rechazado un decreto, el Poder Ejecutivo no podrá dictar uno análogo en el mismo período parlamentario”.

¿El segundo DNU volteado?

Por otra parte, mediante el DNU 846/24, incluido en el temario de la sesión, el Poder Ejecutivo habilitó el canje de títulos de deuda en cualquier moneda sin los requisitos estipulados por la Ley de Administración Financiera (mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales) y sin que se requiera autorización del Congreso.

Este es el tema que más incomoda al Gobierno, pues mientras a la ley que modifica la reglamentación de los DNU la puede llegar a vetar, si las dos cámaras rechazan el decreto 846, el mismo perderá su vigencia. Por eso es que fuentes oficiales ya adelantaron su preocupación sobre ese tema puntual, advirtiendo que ningún diputado alineado con sus gobernadores firmó la convocatoria a sesionar, a sabiendas de que esa medida afecta la estrategia financiera del Palacio de Hacienda.

Dejaron entrever además que esta convocatoria a sesionar “atenta contra las negociaciones del Presupuesto que se estaban llevando a cabo”. Ergo, es de imaginar que si las cosas salen como espera la oposición que convocó a esta sesión, el tratamiento del Presupuesto 2025 podría correr serio riesgo.

En caso de ser rechazado el decreto 846, es de imaginar que la suerte del mismo estaría echada, pues en el Senado es más sencillo para la oposición conseguir la mayoría necesaria para voltear definitivamente ese DNU. De suceder eso, sería la segunda vez en la historia, pues ya le pasó a este mismo gobierno con el decreto destinaba 100 millones de pesos en concepto de gastos reservados para la SIDE.

Por lo pronto, el oficialismo no convocó finalmente a otra sesión con temario propio, para el miércoles 13, como se preveía. Para ese día había trascendido que tratarían de debatir el proyecto de privatización de Aerolíneas Argentinas y el de “ficha limpia”. Ante los últimos acontecimientos, parece que cambiaron de parecer.