Desde Unión por la Patria cuestionaron la brevedad de la explicación de los funcionarios de Patricia Bullrich. Pese a que la AFA avaló el proyecto, el emisario de Claudio "Chiqui" Tapia aclaró que mantienen su postura de rechazo a las SAD. También arrancó el debate por la ficha limpia alternativa.
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A más de dos meses de la presentación la iniciativa, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja comenzó este martes con el tratamiento de la ley antibarras, por la que pretende el aprobar un nuevo régimen para la prevención y represión de delitos en espectáculos deportivos. El texto, además, propone crear la figura de la “asociación ilícita futbolística” y las penas contemplarán a dirigentes y organizadores de espectáculos deportivos.
La iniciativa es impulsada desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, y los emisarios del Gobierno nacional para ampliar el contenido del proyecto de ley fueron Martín Ferlauto y Fernando Soto, habituales exponentes en comisiones. También estuvo Andrés Paton Urich, en representación de la AFA, quien avaló el espíritu del texto, pero cuestionó: “No hemos participado de la confección, ni hemos sido consultados”.
Sin embargo, el asesor legal de la Asociación del Fútbol Argentino dejó en claro que la postura sigue siendo de la de oponerse al arribo de las Sociedad Anónimas Deportivas (SAD): “La AFA es una asociación civil compuesta por clubes que son asociaciones civiles sin fines de lucro y seguiremos defendiendo esa figura porque creemos que es un modelo justo y necesario para nuestros clubes que cumplen una función deportiva y social”.
La aclaración devino por las expresiones del director de Normativa y Legislación del Ministerio de Seguridad, Martín Ferlauto, quien explicó que el derecho de admisión estará “bajo la órbita de los clubes, sean SAD o sociedades civiles”. Como respuesta, Paton Urich recordó que la justicia suspendió el alcance del decreto reglamentario 730/2024 y los artículos 335 y 345 del DNU 70/23 que habilitaba la transformación de los clubes deportivos en Sociedades Anónimas.
Sobre el proyecto de ley antibarras, el asesor legal de AFA y miembro del Comité de Apelaciones de la FIFA mencionó que el texto tiene el aval de Claudio "Chiqui" Tapia, mandamás de la AFA, y pidió por “un fútbol argentino, que es campeón del mundo y de América, sin violencia, lleno de hinchas y sin barras”. “No nos gusta y no queremos cuestiones delictivas dentro de la fiesta del fútbol y estamos activos en radicar cualquier tipo de violencia en el fútbol”, reiteró.
Tanto la exposición de Ferlauto y la de Soto fueron breves, pero ambos coincidieron en que este proyecto de ley tiene por objetivo considerar a las “barrabravas como organizaciones criminales”. “Los barrabravas son todo lo opuesto a los hinchas del fútbol: ven al deporte como la oportunidad de mostrar fuerza e intimidar a dirigentes y otros hinchas”, sumó el director de Normativa y Legislación del Ministerio de Seguridad.
Luego de un reclamo del diputado puntano Ernesto “Pipi” Alí (UP), exministro de Seguridad de San Juan cuando Alberto Rodríguez Saá era gobernador, realizó algunas críticas sobre las exposiciones: “Esperaba estadísticas o situaciones reales para advertir o detenerlas de cara al futuro; no me han aportado más nada, ni venir a decir cuál es el verdadero espíritu de la ley; me voy como vine”. Y agregó: “Qué lástima que no hayan tomado en cuenta a la AFA”.
Tras estos cuestionamientos, Martín Ferlauto leyó estadísticas aportadas por la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos: “En 2024 se registraron 1.168 capturas en espectáculos deportivos contra 272 en 2023; hubo 4.967 admisiones contra 1.100 que hubo en 2023; y 1.328 espectáculos deportivos fueron cubiertos contra 939 en 2023”.
Por su parte, el director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, explicó que “desde hace mucho tiempo, el fútbol, tiene un poder donde se manejan entradas falsas, entradas revendidas, se ingresan armas y se cometen delitos organizados”. Y reiteró: “Las barras bravas son organizaciones criminales”.
Una vez que concluyó el primer tema, la presidenta de Legislación Penal, la cordobesa Laura Rodríguez Machado, dio inicio al segundo debate de la jornada: la modificación de los artículos 375 y 488 sobre sentencia condenatoria firme y derecho de indemnización conocida como “ficha limpia alternativa”, impulsada por el formoseño Fernando Carbajal de Democracia para Siempre.
En otro breve debate, Carbajal manifestó: “La verdad es que mientras el sistema penal se metía con los pobres, con los marginales, no había ninguna duda, ni nunca hubo ninguna duda, sobre que con el doble conforme y sin recurso extraordinario las sentencias penales se ejecutaban”. “Lo cierto es que la discusión comenzó cuando el sistema de Justicia Penal empezó a tocarle la oreja a los poderosos”, inició.
Luego, sostuvo que “acá empezó a discutirse con mucha vehemencia si las sentencias se ejecutaban o no una vez que tenían el doble conforme”, y añadió: “De ahí es que surge la necesidad de establecer de manera clara, por vía de reforma al Código Procesal Penal, en qué momento una sentencia, aunque no adquiera firmeza definitiva, puede ser ejecutada”.
Del mismo modo, aclaró que “con ficha limpia decía que con el doble conforme, es decir, con el fallo de Casación, se ejecuta la sentencia, pero paradójicamente sólo se aplicaba para un universo limitado de delitos y dejaba afuera un montón de otros”. “Todo esto no tiene ninguna lógica ni ninguna consistencia constitucional”, cuestionó.
“Lo que nosotros proponemos es a los efectos de todos los delitos que la sentencia se aplique cuando tiene doble conforme”, afirmó. “De esta manera vamos a estar dando respuesta al reclamo social de ficha limpia y lo vamos a hacer inclusive más extensivo, porque esto no tiene nombre y apellido, no es para persona determinada ni es solamente para los funcionarios públicos, porque cualquier persona condenada a una pena de más de tres años tiene como accesoria obligatoria la inhabilitación absoluta y no puede ser candidato”, concluyó. Carbajal.
El proyecto de ley busca tipificar la figura de la “asociación ilícita futbolística” y las penas contemplarán a dirigentes y organizadores de espectáculos deportivos. Uno de los expositores es dirigente de la FIFA.
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A más de dos meses del envío del proyecto de ley por parte del Gobierno nacional, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados dará el puntapié inicial al debate por el régimen para la prevención y represión de delitos en espectáculos deportivos, más conocido como la ley antibarras.
El encuentro está convocado para las 15.30 de este martes 3 de junio en la sala 7 del Anexo del Palacio Legislativo. También será puesto a consideración un proyecto que modifica el Régimen Electoral presentado por Democracia para Siempre.
Respecto a la reunión informativa, asistirán al tratamiento el director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad Nacional, Fernando Soto; el director de Normativa y Legislación del Ministerio de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto; y el asesor legal de AFA y miembro del Comité de Apelaciones de FIFA, Andrés Paton Urich.
La reunión estará encabezada por la presidenta de la comisión, Laura Rodríguez Machado, quien, a pocos días del anuncio del Poder Ejecutivo Nacional, acompañó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al jefe de bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, en Córdoba para explicar lineamientos de la iniciativa ante dirigentes deportivos.
Bullrich, Rodríguez Machado y Bornoroni en Córdoba cuando presentaron la ley antibarras.
En el texto, propusieron elevación en las penas: De uno a cuatro años al que dañare muebles o inmuebles de un espectáculo deportivo; de tres a seis años al que porte y/o ingrese con armas de blancas; de cuatro a ocho años al que ingrese con elemento inflamable y de cinco a diez años al que porte o ingrese con arma de fuego. En el mismo artículo, establece que las penas contemplarán a los dirigentes de los clubes en caso de connivencia comprobada o colaboración.
También, mencionaron que cuando dos o más personas ocasionen la suspensión del partido mediante el empleo de la violencia tendrán una pena de tres a seis años; y de cinco a doce años de prisión, si la interrupción se ocasionara con el uso de armas de fuego.
Para los casos de distribución ilegal de entradas habrá penas de dos a seis años; y de dos a seis para quienes revendan entradas de procedencia irregular. Cuando un dirigente estuviese involucrado, la pena será de tres a ocho años de prisión.
Otro punto mencionado en la iniciativa del Gobierno de la Nación contempla a los conocidos “trapitos”: Habrá penas de uno a dos años para quienes oficien de “cuidacoches” elevadas de tres a cinco cuando estos exijan una suma de dinero a cambio del cuidado del rodado.
La restricción perimetral de acercamiento a un estadio de fútbol será de 1000 metros. En caso de no respetar la inhabilitación judicial, la pena irá de los tres a los cinco años.
Patricia Bullrich destacó que el 2024 fue el año con “mayor labor” en la lucha contra las barras bravas. Denunció connivencia entre barras y dirigentes. Buscan elevar las condenas para quienes revendan entradas, para los "cuidacoches" y para quienes suspendan partidos con el uso de la violencia.
Luego de lo ocurrido en la movilización del miércoles pasado, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó los detalles del proyecto de ley antibarras que llegará al Congreso en las próximas horas. Se creará la figura de la “asociación ilícita futbolística” y las penas contemplarán a dirigentes y organizadores de espectáculos deportivos.
Asimismo, relató que “el 2024 fue el año con más negativas de ingreso a las canchas, con más derechos de admisión aplicados y más capturas efectuadas” en el marco de partidos de fútbol. Sin embargo, aclaró: “Eso no alcanza porque las barras bravas se alquilan por dinero, son custodias en lugares de la economía informal, se meten en los negocios de camisetas y entradas, y plantean un clima de apriete permanente”.
La ministra anticipó que las penas también serán para “los dirigentes de los clubes que facilitan entradas, que les alquilan micros, que permiten estas acciones violentas o que facilitan las entradas de armas a las canchas”. “Hemos encontrado armas de fuego y armas blancas que pasaron los controles o estaban adentro unos días antes”, aseveró.
La iniciativa enviada al Congreso lleva la firma del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libaron y Patricia Bullrich. Esto surgió a partir del acompañamiento de miles de hinchas a la marcha de cada miércoles de los jubilados que terminó con incidentes en las afueras del Palacio Legislativo.
Para el Gobierno, los enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad “fueron ocasionados por barras bravas” y por lo sucedido aquella tarde, se le aplicó el derecho de admisión a las canchas a 26 personas que fueron detenidas.
LEY ANTIBARRAS: FIN PARA LAS ASOCIACIONES ILÍCITAS DEL FÚTBOL
Con esta ley, a las barras bravas las declaramos “organizaciones criminales” y van a tener que responder como tales. Se les acaba la impunidad y los negociados alrededor del fútbol y el deporte.
El verdadero folklore… pic.twitter.com/tVF5HG4ssn
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 17, 2025
En el texto, propusieron elevación en las penas: De uno a cuatro años al que dañare muebles o inmuebles de un espectáculo deportivo; de tres a seis años al que porte y/o ingrese con armas de blancas; de cuatro a ocho años al que ingrese con elemento inflamable y de cinco a diez años al que porte o ingrese con arma de fuego. En el mismo artículo, establece que las penas contemplarán a los dirigentes de los clubes en caso de connivencia comprobada o colaboración.
También, mencionaron que cuando dos o más personas ocasionen la suspensión del partido mediante el empleo de la violencia tendrán una pena de tres a seis años; y de cinco a doce años de prisión, si la interrupción se ocasionara con el uso de armas de fuego.
Para los casos de distribución ilegal de entradas habrá penas de dos a seis años; y de dos a seis para quienes revendan entradas de procedencia irregular. Cuando un dirigente estuviese involucrado, la pena será de tres a ocho años de prisión.
Otro punto mencionado en la iniciativa del Gobierno de la Nación contempla a los conocidos “trapitos”: Habrá penas de uno a dos años para quienes oficien de “cuidacoches” elevadas de tres a cinco cuando estos exijan una suma de dinero a cambio del cuidado del rodado.
La restricción perimetral de acercamiento a un estadio de fútbol será de 1000 metros. En caso de no respetar la inhabilitación judicial, la pena irá de los tres a los cinco años.
0001-PE-2025