En su última sesión los diputados bonaerenses sancionaron un régimen de promoción provincial para la denominada Economía del Conocimiento.

No se trata solo de una iniciativa legislativa independiente, sino que también desde el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Augusto Costa se venía insistiendo con la idea.

De hecho, recientemente el ministro Costa se reunió con representantes sindicales de actividades informáticas en el marco, precisamente, del debate sobre la “ley de adhesión” al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, ley que está vigente a nivel nacional y a la que provincia a partir de ahora adhiere.

El Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento otorga, a las empresas que se dedican a servicios basados en el conocimiento, beneficios fiscales como rebajas de hasta el 70 % en las contribuciones patronales, exenciones de los derechos de exportación de servicios o reducciones del Impuesto a las Ganancias, segmentadas según el tamaño de la empresa.

“Impulsar al sector de la Economía del Conocimiento es fundamental para mejorar la competitividad de la industria provincial”, destacó, en su momento, el ministro Costa.

Si bien la norma provincial es una adhesión a la ley nacional, además incluye adaptaciones y agregados para su aplicación en territorio bonaerense, entre ellas pisos mínimos de exenciones de IIBB, que la inscripción en el Registro Nacional sirva para la inscripción en el Registro Provincial, y la incorporación del fomento y promoción de los parques o distritos tecnológicos, que no figuraban en la Ley nacional.

Fue el diputado radical y presidente de la bancada de Juntos Maximiliano Abad el que se encargó de aclararlo cuando salió aprobado de esa Cámara el proyecto de Ley.

El marplatense señaló también que “se hizo un trabajo legislativo muy profundo y serio, porque es un tema de especial relevancia, dado que la economía del conocimiento está revolucionando las economías del mundo, y por eso esta ley es un paso hacia una estrategia de desarrollo para la provincia”.

En rigor, la iniciativa sancionada en revisión por los diputados, luego de que los senadores hicieron sus modificaciones, tuvo su origen en la Cámara baja, donde existieron diversas iniciativas sobre la cuestión que finalmente se optó por la unificación de tres proyectos de ley. Se trata de las propuestas de las diputadas de Juntos Rosio Antinori -mandato cumplido- y Anastasia Peralta Ramos, y una iniciativa de Débora Indarte, diputada que tiene una bancada unipersonal denominada Unidad para la Victoria.

La promoción de la Economía del Conocimiento busca promover el desarrollo de un sector que no sólo incluye a la industria del software, sino también a actividades como la nanobiología, la biotecnología, los videojuegos, la industria satelital y los servicios de prospección geológica, ingeniería, diseño especializado, exportación y producción y posproducción audiovisual, entre otras.

Se trata de un sector que impacta positivamente en la competitividad de la industria, ofrece salarios superiores al promedio tanto a nivel provincial como nacional, contrata personal calificado proporcionando puestos de trabajo registrados y cuenta con una balanza comercial superavitaria.

Cabe destacar que el sector que comprende a la Economía del Conocimiento genera 75.000 puestos de trabajo en la Provincia: 42 mil en Gran Buenos Aires y 33 mil en el interior de la provincia en ciudades como San Nicolás, Tandil, Trenque Lauquen y Mar del Plata; solo en este último lugar hay 55.000 estudiantes que están relacionados con la economía de conocimiento.

Tres legisladores bonaerenses del FdT interpelaron al bloque de senadores provinciales de JxC para que el proyecto Ley -que ya cuenta con la aprobación de Diputados- sea tratado en la próxima sesión de la Cámara alta. También participó la directora de Asociaciones Civiles y Mutuales de la Provincia de Buenos Aires, Maite Alvado.

Los jefes de los dos bloques del Frente de Todos en la Legislatura bonaerense -el diputado Facundo Tignanelli y el senador Gervasio Bozzano- más el senador Emmanuel González Santalla y la directora de Asociaciones Civiles y Mutuales de la provincia de Buenos Aires, Maite Alvado, participaron de la presentación de la Ley de Asociaciones Civiles y Mutuales que se hizo ante más de 40 instituciones de la ciudad de Maipú y otras localidades de la quinta sección electoral.

En su exposición, Tignanelli remarcó que, como legisladores bonaerenses, “estamos para colaborar y llevar adelante todos y cada uno de los compromisos que hemos asumido en la campaña de 2019”.

En esa línea, reconoció que “hay una deuda histórica del Estado provincial en el modo de abordar a las asociaciones civiles, porque son contempladas de la misma manera que las instituciones con fines de lucro”. El diputado subrayó la injusticia que esa situación representa, “ya que los requisitos no pueden ser los mismos para unas y otras”.

Luego de hacer un pormenorizado recorrido por el texto del proyecto, Tignanelli explicó que, “el espíritu de la ley es diferenciar el tratamiento que reciben las asociaciones civiles y las sociedades comerciales” porque “ambas tienen objetivos totalmente distintos”.

Finalmente, tras repasar el estado desastroso en que la ex gobernadora María Eugenia Vidal dejó a la Provincia de Buenos Aires y aseverar que “la única política que tuvo el gobierno anterior para los clubes de barrio fueron los tarifazos”, el legislador de La Matanza denunció que “ya llevamos dos meses desde que el proyecto fue sancionado en la Cámara de Diputados de la provincia, pero el bloque de senadores de Juntos por el Cambio aún no lo pone en tratamiento”.

Por eso, insistió, “es muy importante la aprobación de este proyecto de ley, ya que da soluciones prácticas a muchos problemas concretos”.

Por su parte, Emmanuel González Santalla resaltó que “ya hemos hablado con más de 5.000 instituciones a lo largo de diferentes reuniones” y enfatizó que el proyecto de ley en cuestión “es un reconocimiento al trabajo que vienen haciendo los y las bonaerenses en las instituciones de toda la Provincia”.

En ese sentido, el senador oriundo de Avellaneda remarcó que “es un proyecto de ley de y para las instituciones, que viene a saldar una deuda que tiene el Estado provincial con las mismas” y expresó que “quienes más necesidad tienen de que sea aprobado son los y las que ponen el cuerpo, el compromiso, el trabajo y el amor a todas las instituciones”.

Para González Santalla, “si bien este proyecto ya era importante antes de la pandemia, hoy se ha vuelto urgente e imprescindible”.

A su turno, Maite Alvado insistió en la necesidad de que el proyecto sea votado en el Senado la próxima sesión y expresó su deseo de que “los senadores y senadoras de Juntos por el Cambio piensen ante todo en mejorar la situación de los vecinos y vecinas”. 

Además, indicó que “nuestra intención desde el Ejecutivo provincial es que una vez que se haya aprobado la ley, podamos reglamentarla haciendo cumplir su espíritu”, es decir, “haciendo un trabajo integral en todas las tareas que las instituciones llevan adelante”.

En la misma dirección, Alvado explicó la necesidad de normalizar y revitalizar a las asociaciones civiles, “porque el rol de las mismas va a ser fundamental de cara a los desafíos de la pospandemia”.

A modo de cierre, el presidente del bloque del FdT Gervasio Bozzano evaluó que “se trata de una ley muy importante y es imperioso aprobarla lo antes posible”.

Al respecto, manifestó que “hace dos meses que estamos pidiendo que sea debatida en el Senado” y le pidió al bloque de JxC en la Cámara alta que habilite su tratamiento ya que “las instituciones barriales no pueden seguir esperando”.

La Ley de Asociaciones Civiles y Mutuales declara de Interés Público Provincial tanto a las Asociaciones Civiles de bajos recursos -y a las que estén constituidas como clubes de barrio, centros de jubilados, centros culturales, sociedades de fomento, jardines comunitarios- como a las mutuales de organizaciones de comunidades migrantes, entre otras.

En función de eso, las asociaciones y mutuales abarcadas podrán acceder a beneficios tales como tarifa cero en el servicio público de agua, gas ,electricidad, internet y telefonía para las de bajos recursos y pago por consumo real para el resto (mientras dure la emergencia sanitaria provincial); prórroga de plazos para presentar la documentación anual; exención del Impuesto Inmobiliario; condonación de deudas documentales; asesoramiento técnico gratuito; la inembargabilidad e inejecutabilidad de los inmuebles de las asociaciones de primer grado; y la eliminación de los gastos para el proceso de constitución de nuevas asociaciones, entre otras cuestiones.

La emergencia sanitaria ha puesto de relieve la importancia de las asociaciones civiles, que han brindado a la comunidad los recursos con los que cuentan con el sólo propósito de manifestar su solidaridad en la lucha contra la pandemia de COVID-19.

A partir de esto, es imperioso el reconocimiento formal y jurídico del interés público provincial de estas instituciones, que en el marco de la emergencia, se han convertido en intermediarias imprescindibles entre el Estado y la ciudadanía, garantizando así el acceso a múltiples derechos y dando respuesta diversas necesidades de la sociedad.

De la actividad participaron los presidentes de ambos bloques de concejales de Maipú –Facundo Coudannes por el Frente de Todos y Carlos Ayastuy por Juntos por el Cambio-, el concejal maipuense Tomás Bozzano y directivos y representantes de más de 40 instituciones de Maipú y otras localidades de la zona.