Los legisladores se hicieron presentes en el Parlamento para firmar por la aplicación de normas para “cuidar la mesa de los argentinos frente a la inflación”.
Diputados del Frente de Todos se juntaron este martes en el Congreso para firmar una declaración para que el Gobierno nacional aplique las leyes ya existentes de Abastecimiento y Góndolas “para proteger a los sectores populares más afectados por el incremento de los precios”.
Participaron de la reunión que se llevó a cabo en el Anexo del cuerpo legislativo los diputados Natalia Souto, Victoria Tolosa Paz, Nancy Sand, Leonardo Grosso, Daniel Arroyo y Eduardo Tonioli, quienes firmaron la declaración “Defendamos la mesa de los argentinos”, donde se pronunciaron a favor de aplicar las leyes ante el aumento de los precios en los productos de la canasta familiar.
Al respecto, la diputada de SOMOS/ Barrios de Pie, Natalia Souto, manifestó: “En estos momentos donde hay una fuerte aceleración de precios, en particular de los alimentos, somos absolutamente conscientes de que quienes más sufren la inflación son los sectores populares. Por eso, es urgente unir esfuerzos para que no falte un plato de comida en la mesa de ningún argentino o argentina”.
“Los aumentos que se producen en las góndolas no tienen demasiada justificación más que la especulación de quienes se siguen enriqueciendo a costa del sufrimiento de nuestro pueblo”, apuntó y destacó que “frente a este panorama, que es bastante habitual y repetido a lo largo de nuestra historia, tenemos herramientas concretas que pueden y deben aplicarse para, por un lado, sancionar a los que buscan agrandar su cuenta a costas de la gente”.
Finalmente, la legisladora de SOMOS/ Barrios de Pie explicó que “se debe aumentar la oferta de los productos en las góndolas de los supermercados que sean accesibles al conjunto de la población. Y para eso existen dos herramientas legales, la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas”.
En la reunión, remarcaron que “la inflación en nuestro país no es un problema actual, ya hace muchos años que venimos conviviendo con este flagelo. Entre sus múltiples causas se pueden enumerar el alza de los precios de las materias primas, la puja distributiva, la economía bimonetaria, las altas expectativas inflacionarias, la emisión monetaria y los desequilibrios de la economía internacional”.
“Además, en este tiempo, a la inercia inflacionaria local, se le suma la suba de los precios a nivel mundial producto de la pandemia, por la presión ejercida en commodities y energía por el conflicto bélico desatado entre Rusia y Ucrania. Se prevé que, por los efectos de la guerra en el este de Europa, el mundo tendrá la inflación más alta en los últimos 40 años”, agregaron.
En tanto, apuntaron: “Tampoco hay que caer bajo ningún punto de vista, en las amenazas de aquellos grupos que quieran aprovecharse, sin responsabilidad alguna, de las condiciones extraordinarias generadas por la el alza de precios y la escasez mundial. Muy por el contrario, hay que sindicarlos como los que pretenden enriquecerse desmedidamente sin tener en cuenta ninguna consecuencia para nuestra gente. Estos sectores empiezan a mostrar las uñas ni bien el gobierno plantea alguna medida que tiende a disminuir el impacto socioeconómico de las consecuencias de la guerra, ya que con vil afán de lucro, no están dispuestos a resignar absolutamente ninguno de los beneficios obtenidos por esta situación tan excepcional”.
En función de esto último, la Promoción del Proyecto de Ley de Mercados Alimentarios de Cercanía es “otro punto importante”, y explicaron que “esta iniciativa apunta a crear y fortalecer mercados alimentarios de escala local y regional, con participación mixta de los distintos niveles del Estado y del sector privado, pyme y cooperativo. El objetivo es fomentar aquellos espacios de venta directa de productores a consumidores, con precios justos y sin especulaciones financieras, para el acceso al derecho a la Canasta Básica Alimentaria”.
El proyecto contempla la descentralización de fondos del Estado nacional a gobiernos provinciales, municipales, MiPyMEs, y cooperativas para la constitución, equipamiento y funcionamiento de estos mercados; la implementación de líneas de créditos específicas a tasa bonificada con garantía pública; el establecimiento de beneficios impositivos, laborales y crediticios; y una estrategia nacional de infraestructura y de servicios para la alimentación. También la creación de un fideicomiso con fondos públicos y privados que promueva la constitución de estos Mercados.
“El Estado cuenta con herramientas concretas que pueden y deben aplicarse para, por un lado, sancionar a los que buscan agrandar su cuenta a costas de la gente; y, por otra parte, aumentar la oferta de los productos en las góndolas de los supermercados que sean accesibles al conjunto de la población”, sostuvieron.
Por consiguiente, explayaron que la “Ley de Abastecimiento, la cual le permite al gobierno intervenir en los mercados para fijar precios y márgenes de utilidad cuando lo considere necesario. De esta forma, analizando los márgenes y la forma en que se produce y comercializan los alimentos (por ejemplo), se pueden establecer precios reales con márgenes de ganancia lógicos. De esta manera, se evitarían los excesos, la especulación y los aumentos “preventivos” injustificados”.
“Además, esta norma permite intervenir temporalmente industrias y mantener la continuidad de la producción y comercialización para garantizar el abastecimiento de productos. De esta forma se puede evitar lo que estamos viendo en muchos supermercados donde hay faltantes de los elementos de primera necesidad y que se hallan dentro del programa Precios Cuidados”, destacaron.
Y concluyeron: “Esos productos faltantes o no se están fabricando o directamente se están acumulando en depósitos y centros de distribución; las empresas piensan que acaparando pueden lograr precios mayores y con eso multiplicar sus ganancias. Ley de Góndolas, que tiene como orientación general contribuir a que el precio de los productos alimenticios, bebidas, de higiene personal y limpieza sea transparente y competitivo”.
Se reunirán a partir de las 13 en el Anexo del Congreso bajo la consigna de “defender la mesa de los argentinos”.
Diputados del Frente de Todos se reunirán este martes para firmar una declaración a favor de parar la inflación y defender la mesa de los argentinos, a partir de la aplicación de leyes que ya existen, en referencia a las de Abastecimiento y la de Góndolas.
El encuentro está previsto para las 13, en la sala 2 del Anexo del Congreso nacional.
“El Estado cuenta con herramientas concretas que pueden y deben aplicarse para, por un lado, sancionar a los que buscan agrandar su cuenta a costas de la gente; y, por otra parte, aumentar la oferta de los productos en las góndolas de los supermercados que sean accesibles al conjunto de la población”, expresa la convocatoria del Frente de Todos.
A través de un comunicado, los diputados y diputadas del oficialismo expresaron que “hoy la Argentina necesita un camino de unidad y firmeza a la hora de dar batalla a este poderoso enemigo. Necesitamos sentar las bases de una discusión seria y decidida para poder confrontar definitivamente con la inflación”.
En ese marco, sostienen, “debemos recurrir a todas las herramientas institucionales que tenemos a nuestro alcance, pero por sobre todas las cosas, trabajar mancomunadamente en función de construir amplios concesos políticos para poder defender los intereses nacionales más altos. El bienestar de toda la población está en juego y no hay argentino de bien que pueda mirar para otro lado”.
Recordemos que para la sesión pedida por Juntos por el Cambio para el 5 de abril, los libertarios pidieron incluir la derogación de la Ley de Abastecimento, que desde el Frente de Todos hoy no solo reivindican, sino que piden aplicar.
Así lo confirmó José Luis Espert, que quiere sumar esa medida a la sesión especial del 5 de abril.
Juntos por el Cambio ya pidió el viernes una sesión especial en la Cámara de Diputados para el 5 de abril, a fin de tratar ese día la derogación de la Ley de Alquileres. Habrá que ver si consiguen en quórum para sesionar, y por lo pronto los libertarios anticipan que se sumarán.
Así lo confirmó este sábado José Luis Espert, quien por radio Rivadavia dijo también que “ahí aprovecharíamos nosotros para derogar la Ley de Abastecimiento”. Apuntó que tienen un compromiso en ese sentido dado por los diputados del Pro Cristian Ritondo y Diego Santilli, con los que coincidió en un programa de televisión. “Ese sí es un proyecto nuestro”, agregó Espert, quien al referirse a la Ley de Alquileres la calificó lisa y llanamente como “el aborto este de la naturaleza que hizo (Daniel) Lipovetzky y compañía”.
Sin la cuestionada norma vigente, Espert estimó que “se va a normalizar un poco la situación, porque la Ley de Alquileres actual ha metido tanto ruido en el sistema que los precios tienen un componente de miedo y riesgo enorme, que desaparecería con una derogación”.
¿Están los números para lograr esos objetivos? “Yo creo que los votos están; 116 tiene Juntos, que ahí casi todos la quieren derogar, más los 4 liberales… estamos cerca”, estimó Espert.
Lo cierto es que a los 120 diputados citados habría que sumar a los 8 del interbloque Federal y bastaría con al menos uno de los dos diputados de SER. Pero para aprobar un proyecto sin dictamen, como sucede con la eventual derogación de la Ley de Alquileres y la de Abastecimiento que quieren sumar los libertarios, necesitarán los 2/3. Habrá que ver entonces cuál es la decisión del Frente de Todos: si se hace presente, puede obturar esa mayoría especial, o bien podría sumarse a la movida y terminar aprobando al menos la derogación de la Ley de Alquileres. Se verá.
Justo cuando el Gobierno amenaza con aplicarla, el diputado Omar De Marchi pidió eliminar esa norma que a su juicio contiene disposiciones “manifiestamente inconstitucionales”.
El vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la Nación y diputado nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Mendoza, Omar De Marchi, presentó en las últimas horas un proyecto de ley para derogar la Ley de Abastecimiento.
“La Ley de Abastecimiento contiene disposiciones manifiestamente inconstitucionales. No sólo atropellan los derechos de los que trabajan y apuestan al desarrollo del país sino que al mismo tiempo están condenadas al fracaso. Los mecanismos de control de precios han fracasado en la historia económica mundial, generan desabastecimiento, mercados negros y cuando se levantan sus efectos son: una menor oferta y mayores precios de los productos sobre los que se establecieron”, sentenció el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la Nación.
Ante la amenaza de su aplicación que fue una de las primeras medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández en la “guerra” contra la inflación, De Marchi aseguró que “si quiere atacarse la inflación hay que ir a sus causas reales. Por ejemplo, la emisión descontrolada para solventar el déficit fiscal generado por el sideral e ineficiente gasto público argentino”.
“El propio gobierno debe reducir su gasto y no atacar al sector privado con amenazas de guerra o mayores impuestos”, señaló el legislador mendocino quien precisó que el discurso de Fernández trasmitido por cadena nacional trae nuevamente al primer plano de la escena política nacional a la Ley de Abastecimiento.
Según De Marchi, la Ley de Abastecimiento contiene disposiciones que restringen derechos constitucionales de los artículos 14 y 17 como la libertad de trabajar, comerciar, contratar y ejercer industria lícita, así como el derecho de propiedad.
Encabezados por Martín Tetaz y Luciano Laspina, los diputados opositores alertaron que la aplicación de esa norma provocaría que “los aumentos de precios podrían llegar a niveles aún superiores a la inflación”.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Martín Tetaz (Evolución Radical) y Luciano Laspina (Pro), y acompañados por los legisladores de La Libertad Avanza Javier Milei y Victoria Villarruel, presentaron un proyecto de ley para derogar la Ley de Abastecimiento (20.680) y sus modificatorias.
La iniciativa, que se presenta en la antesala de los anuncios del Gobierno para darle “guerra a la inflación”, se debe a las advertencias que hubo por parte del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, de aplicar la norma a exportadores de carne, quienes finalmente dieron marcha atrás con su decisión de dejar de proveer a supermercados para mantener el programa “Cortes Cuidados”.
En los argumentos de la iniciativa, los opositores señalaron que esta ley “surge como una amenaza permanente y latente al desarrollo natural del comercio y la producción, provocando el efecto contrario que supuestamente se busca”. “Amedrentar a productores y comerciantes es a todas luces una rémora del pasado dictatorial del medioevo y de aquellos dirigentes modernos que están más apegados al látigo que a la razón”, resaltaron.
Asimismo, rechazaron las medidas a las que apunta el Poder Ejecutivo, al sostener que “es de público conocimiento que el control de precios y las amenazas contra el sector privado acumulan fracasos estrepitosos y malestar innecesario en la población”.
“Prueba del fracaso del Gobierno en bajar la inflación, se vislumbra en los dichos del propio presidente de la Nación, que desafortunadamente nos convoca a una ‘guerra’ contra esta infección monetaria que solo existe en Argentina y en puñado de países atravesados por guerras civiles o crisis humanitarias”, agregaron.
Asimismo, cuestionaron con especial énfasis el artículo 27 de la Ley de Abastecimiento, que establece que “frente a una situación de desabastecimiento o escasez de bienes o servicios que satisfagan necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población, la autoridad de aplicación podrá disponer mediante resolución fundada su venta, producción, distribución o prestación en todo el territorio de la Nación, cualquiera sea su propietario, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de imponer las sanciones previstas en el artículo 5°. Dicha medida durará el tiempo que insuma la rehabilitación de la situación de desabastecimiento o escasez y será proporcional en su alcance a la gravedad de los hechos que la motivan”.
Sobre ello, los diputados consideraron que “son formas de expropiación indirecta”, ya que “privan al dueño de los factores de producción de su decisión de cómo utilizarlos para la producción de otros bienes”.
También afirmaron que “la aplicación de esta ley solo llevaría a una disminución de los productos cuyos precios se pretenden imponer por la fuerza, y como consecuencia de ello los aumentos de precios podrían llegar a niveles aún superiores a la inflación, máxime si se procede a clausuras como las estipuladas en la norma, cuyo efecto directo es la reducción de la oferta y por lo tanto la suba de los precios”.
“La Ley de Abastecimiento es un oxímoron que pretende abastecer productos, pero lo único que consigue es un desabastecimiento generalizado”, concluyeron.
El texto también fue acompañado por los diputados de JxC Silvia Lospennato, Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Alejandro Cacace, Rodrigo de Loredo, Danya Tavela, Marcelo Antola, Martín Berhongaray y Ricardo López Murphy.
El fueguino Pablo Blanco aseguró que es una norma que “jamás ha dado resultado”. “El Gobierno no debería convocar fantasmas del pasado”, cuestionó.
El senador nacional Pablo Blanco (UCR) presentó un proyecto para derogar la Ley de Abastecimiento y la Resolución que establece un listado de más de 30.000 precios máximos para productos en todo el país.
“El Gobierno nacional triplicó las emisiones de dinero y letras del Banco Central de la República Argentina desde que asumió y ahora pretende que la culpa de la inflación la tengan las personas que llevan adelante sus negocios y empresas”, apuntó.
El legislador fueguino señaló que la actual norma “es inconstitucional” dado que “establece sanciones penales que implementa un solo funcionario de tercer rango, como el licenciado Roberto Feletti y no un Tribunal, como es el caso de Defensa de la Competencia”, explicó.
“La ley que propongo derogar es arbitraria y su aplicación jamás ha dado resultado. Sucesivos gobiernos se han valido de ella más como amenaza que como un factor de regulación de la economía y cuando en 1974, el gobierno de aquel entonces quiso controlar los precios, todo terminó con la inflación desbocada y encima con desabastecimiento”, argumentó.
Finalmente, Blanco sostuvo que “el Gobierno no debería convocar fantasmas del pasado sino abocarse a las soluciones verdaderas a los problemas de fondo, no a las mentiras y arbitrariedades”.
La normativa aprobada permite a los gobiernos locales controlar precios y sancionar a quienes no cumplan con la Ley de los derechos de Usuarios y Consumidores.
El Senado de la provincia de Buenos Aires, en su úlitma sesión, aprobó el proyecto unificado presentado por el senador del Frente de Todos, Francisco ‘Paco’ Durañona y el diputado de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetzky.
El mismo les da la facultad a los 135 municipios bonaerenses para el control y correcto cumplimiento de la Ley N° 20.680 en todo territorio, así como también el mejoramiento de las herramientas para la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor.
El Senado bonaerense aprobó el proyecto que presentaron en conjunto el senador Francisco ‘Paco’ Durañona del Frente de Todos y el diputado Daniel Lipovetzky que modifica la Ley 13.133 “para poner a la Provincia y a los Municipios a trabajar en el sentido que indicó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, colaborando con el control de los precios máximos y con la aplicación de la Ley de Abastecimiento, aprovechando estructuras vigentes en cada una de los 135 municipios”, argumentó Durañona.
“Desde la Reforma Constitucional de 1994 hemos incorporado el derecho de las y los usuarios y consumidores, hemos otorgado y elevado su jerarquía dándole rango constitucional y de esa forma se han desplegado las normativas necesarias para proteger a todos y todas las bonaerenses porque somos todos usuarios y consumidores”, explicó el ex intendente de San Antonio de Areco,
Además, agregó que con este proyecto “estamos trabajando en aportar soluciones concretas que tienen que ver con las necesidades de nuestra comunidad y los 135 municipios dándoles el poder para poder inspeccionar, regular, controlar y principalmente sancionar en caso de incumplimiento abusos en los precios de los distintos productos a los consumidores, vecinos y vecinas de los municipios que están a diario con estas situaciones”.
La aprobación del proyecto de ley “es fundamental para generar un cambio en la manera de mirar y regular la provincia. Estamos poniendo en manos de los gobiernos locales la atribución de controlar, inspeccionar y sancionar en sus grandes, pequeños y medianos establecimientos. Sancionar al actor principal de esa cadena que también afecta al almacén de barrio. Quedará en la potestad de los y las intendentes la manera de aplicarla; sin embargo, no quedan dudas que son los municipios los que están cerca de las comunidades y son quienes pueden garantizar a los ciudadanos las respuestas concretas”.
Para el legislador de la segunda sección electoral, los jefes comunales “deben tener todas las herramientas y recursos para dar respuesta”, es por ello que celebró el consenso con el diputado de Juntos por el Cambio.
“Recibimos el apoyo de las inmensas mayorías de las oficinas de defensa al consumidor indistintamente del color político, es indiscutible que hay consenso y que es necesario que los municipios controlen y regularicen los precios, que es lo que nos preocupa a toda la ciudadanía en su conjunto”, finalizó Durañona.
