El bloque de diputados nacionales del Pro hizo público su rechazo al DNU 780/2024 por el que el Gobierno nacional realizó una serie de modificaciones a la Ley 27.275 sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública. “Esta ley es fundamental para la ciudadanía, ya que garantiza un derecho esencial en cualquier democracia”, explicaron.

La normativa fue publicada este lunes en el Boletín Oficial y tras las críticas de la oposición -la más férrea y los dialoguistas-, este miércoles se sumó el repudio del bloque amarillo, aliado de La Libertad Avanza. En el final de la sesión informativa, el jefe de bancada Cristian Ritondo elevó el cuestionamiento ante el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el recinto de la Cámara baja, pero no fue contestada.

La ley modificada fue sancionada durante el gobierno de Cambiemos y desde la bancada del Pro señalaron en un comunicado que “este derecho no solo promueve la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también le brinda a los ciudadanos un mayor control y supervisión sobre las acciones del Estado”.

Del mismo modo, cuestionaron que “el Poder Ejecutivo implementó una serie de cambios en el acceso, y a través de la redefinición de la terminología, limitó al acceso a la información privada”. Agregaron, además, que “debe mantenerse intacta”.

Y sumaron que “alterar esta norma por la vía reglamentaria sin el debido consenso representa un retroceso en términos de transparencia y control público, elementos esenciales para el bien funcionamiento de nuestra democracia”.

El bloque de diputados nacionales de Encuentro Federal advirtió su preocupación por el DNU 780/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial, por el que el Gobierno nacional modificó la la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública.

A través de un pedido de informes impulsado por Margarita Stolbizer y acompañado por el jefe de bancada Miguel Ángel Pichetto, le piden explicaciones al Poder Ejecutivo explique qué dependencias, organismos o expertos han intervenido en la redacción del decreto y si ha sido consultada la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), ya que se “restringe su función y se altera su sentido”.

“Entendemos que con esta medida el gobierno restringe el derecho de los ciudadanos a preguntar e informarse sobre los funcionarios públicos, quienes desde el momento en que toman la decisión de ejercer cargos en los que se administran recursos del Estado deben estar sometidos al control de la sociedad”, agregaron.

Del mismo modo, explicaron que “la reserva de información respecto del patrimonio, la agenda y los gastos de los funcionarios que plantea el Decreto 780/24 nos retrotrae a la opacidad del pasado, marcada por la corrupción y abusos de poder. De esta manera se debilita el funcionamiento de nuestra democracia y se genera una pérdida de confianza social en las instituciones”.

Asimismo, señalaron que “desde Encuentro Federal seguiremos bregando por la transparencia en el funcionamiento del Estado, la consolidación de las instituciones públicas y la igualdad de derechos a todas las personas”, y cerraron que este pedido de informes fue dirigido a la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), máxima garante de derecho de acceso a la información pública, y a la Jefatura de Gabinete, de quien la AAIP tiene dependencia funcional.

Acompañaron, también, con su rúbrica los diputados nacionales Emilio Monzó, Mónica Fein, Ricardo López Murphy, Oscar Agost Carreño, Nicolás Massot, Esteban Paulón y Juan Brügge.