Dentro de la primera y segunda ronda de preguntas en la primera jornada de debate del Presupuesto 2025, los diputados nacionales Julia Strada, de Unión por la Patria, y Nicolás Massot, de Encuentro Federal, le consultaron al secretario de Finanzas, Pablo Quirno, respecto al DNU 846/2024 publicado el pasado 23 de septiembre por el que el Gobierno nacional quedó habilitado a realizar canjes de deuda pública sin cumplir las condiciones de la Ley de Administración Financiera y sin aval del Poder Legislativo.

En primera instancia, Strada le recriminó al representante del Gobierno nacional que “hagan la propuesta de canje y pasen por el Congreso de la Nación porque esas son las formas de discutir”. Molesta por tener el espacio de pregunta al final de la ronda, aseveró que “(Luis) Caputo tomó millones de deuda”, y agregó: “Esa herencia es su propia deuda”.

En la segunda ronda de preguntas y respuestas, Massot, entre varias cuestiones que presentó ante el funcionario Quirno, planteó que el DNU 846 “podía haber formado parte de esta discusión”, alentado al invitado del Gobierno a que amplíe detalles respecto al decreto.

El secretario de Finanzas, en el medio de cada pregunta, le respondió a la legisladora de UP: “Tenemos el absoluto respeto de los diputados de la Nación y de este Congreso”, y le enrostró que “no dijo nada sobre decretos anteriores que fueron en contra de lo que usted está sugiriendo”. En ese punto, Quirno reiteró: “Hubo decretos de necesidad y urgencia de gestiones anteriores que permitían el canje de deuda en dólares y en pesos por moneda en pesos”.

De igual modo, Quirno señaló que en DNU de gestiones anteriores “dejaron exceptuado el artículo 65” de la Ley de Administración Financiera (establece que el Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales), y cargó: “Se hicieron transacciones en contra de lo que está sugiriendo porque estamos tratando de mejorar la situación”.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, se presentó este jueves ante los diputados, en el marco del plenario de comisiones que analiza el proyecto de ley de Bases, para explicar básicamente el esquema de regularización de activos que se propone con esta norma; como así también del impuesto a Bienes Personales; la administración financiera con respecto a las modificaciones que están requiriendo para la Ley de Administración Financiera y la sostenibilidad de deuda pública; de la consolidación de la deuda pública en manos del sector público nacional y del régimen previsional.

Respecto del proceso de regularización de activos, Quirno hizo notar que este programa va a estar disponible para tres tipos de personas: sujetos residentes al 31 de diciembre de 2023; sujetos no residentes por sus bienes ubicados en la Argentina, o por las rentas que hubieran obtenido en la Argentina, las personas humanas no residentes que fueron residentes fiscales argentinos. Las que hubieran sido residentes fiscales argentinas antes del 31 de diciembre de 2023, y que hubieran perdido tal condición, podrán adherir al régimen de regularización de activos como si fueran sujetos residentes en Argentina.

De ejercerse esta acción, agregó el funcionario, se considerará que estos sujetos han vuelto a adquirir esta residencia.

El plazo para adherir el régimen es el 30 de septiembre de 2024. Tiene tres etapas, con 3 alícuotas diferenciadas, que son el 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre, donde hay alícuotas para aquellos que retiren los fondos de las cuentas especiales que serán designadas.

A través de este blanqueo, se pueden regularizar bienes en la Argentina, bienes en el exterior, se pueden regularizar dinero en efectivo y el mecanismo de regularización es mediante un proceso de adhesión y el pago del 75% de la alícuota correspondiente si correspondiera, en el caso de que se deposite en cuentas especiales bancarias que serán abiertas para este fin y cuentas de corredores de bolsa, no van a tener que pagar ningún tipo de impuesto.

Quirno explicó que se ha determinado el monto imponible en 100 mil dólares; aquellos individuos que regularicen activos por un monto menor a 100 mil dólares no pagan nada, e inclusive no tienen que depositar estos bienes en una cuenta especial, como está indicado en el esquema.

La única manera donde se cobra la alícuota es si se retira antes de los 12 meses el dinero depositado en las cuentas especiales de regularización.

Mientras está invertido el dinero en estas cuentas especiales de regularización, se podrá invertir y eximirse del pago de la alícuota; no se contará como retiro si se invierte en inversiones productivas que serán determinadas luego en las reglamentaciones.

Si los fondos son retirados luego del 1 de enero del 2026, no se realizará retención alguna.

A continuación, el secretario de Finanzas explicó el régimen especial del impuesto sobre Bienes Personales, en el que se puede adelantar el pago de bienes personales de todos los períodos fiscales hasta la fecha de la caducidad del impuesto a Bienes Personales que opera al 31 de diciembre de 2027. Eso será realizado a una alícuota de 0,70%; tiene unas ventajas muy importantes: la primera es que se paga la alícuota a la foto de activos del 31 de diciembre de 2023, y esa foto se multiplica por los 5 años y sirve de pago de los impuestos de los años 2023, 2024, 2025, 2026 y 2027. Tampoco tiene que presentar el individuo que realice esta presentación declaraciones juradas.

Y más importante aún, agregó Quirno: este régimen provee de estabilidad fiscal hasta 2038; nadie va a poder venir a tocarle la puerta por ningún tipo de impuesto relacionado al patrimonio, hasta el año 2038 y esto será calculado a la alícuota más baja.

“Pasando a la administración de la deuda pública, hemos solicitado la modificación del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera”, agregó el funcionario, precisando que la administración de la deuda del Gobierno debiera seguir principios estratégicos de largo plazo, evaluando sus componentes con objetivos de manejo de portafolio, equilibrando el costo y el riesgo de liquidez.

En ese sentido piden el cambio del texto que atienda las condiciones imperantes en el mercado.

Respeto de la Ley de Fortalecimiento de la deuda pública, piden la derogación del artículo 1°, dado que el diseño de la estrategia de financiamiento es un proceso dinámico que requiere la flexibilidad de adaptarse a las condiciones de mercado imperantes. Las condiciones de mercado por momentos son estables y predecibles, y por momentos requieren agilidad y capacidad de reacción. Como hacen la gran mayoría de los países, esa decisión se define como una decisión de política financiera, delegada en el Poder Ejecutivo.

“Rigideces burocráticas en estos procesos solamente imponen restricciones al Gobierno que acarrean costos innecesarios. Esta ley se aprobó en un contexto donde no había y no se veía la posibilidad de acceder al mercado en el futuro. Se quiso imponer una restricción a otras administraciones como herramienta de negociación política”, remarcó el funcionario nacional.

También habló de la situación de la deuda del sector público nacional y “el pedido bajo el cual queremos consolidar la deuda intra sector público”.

“La gravedad de la crisis económica y fiscal argentina afecta la totalidad de las áreas administrativas dependientes del Poder Ejecutivo, con serias consecuencias sobre los ingresos del Tesoro Nacional y su capacidad para atender sus compromisos”, dijo Pablo Quirno.

La deuda pública por su parte se encuentra dispersa personas jurídica y organismos pertenecientes al sector público nacional y otros organismos que comparten un mismo presupuesto.

Para ejemplificar, Quirno dijo que la deuda del sector del intrasector público sale del mismo bolsillo del estado al que se le paga. Estamos sacando plata de un bolsillo para meterla en el otro”.

“Una de las entidades que mayor deuda pública tiene es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, por eso estamos solicitando consolidar estos títulos para tener una mejor comprensión y transferencia a las finanzas públicas”, concluyó Quirno.

La ministra de Economía, Silvina Batakis, anunció este lunes un paquete de medidas entre las que mencionó una reforma de la Ley de Administración Financiera, con el objetivo de "poder darle más eficiencia a cada una de las erogaciones que tenemos en el sector público".

En conferencia de prensa, la funcionara explicó que "todos los organismos del sector público nacional tienen que estar contemplados en lo que es el manejo eficiente del Presupuesto y de las erogaciones".

"Vamos a utilizar el artículo 8 (de la ley) para poder incluir todos los efectivos que tienen cada uno de los distintos organismos dentro de la planificación de efectivos que tiene el Estado Nacional", señaló y estimó: "Esto nos va a dar a lo largo del año por lo menos 600 mil millones de pesos".

Batakis dijo que se trata de "un sistema de cuentas únicas como sucede en la mayoría de las provincias argentinas". "La verdad que el sistema de cuenta única lo que hace es garantizar poder planificar la utilización eficiente de los recursos del Estado. Y eso es lo que estamos proponiendo con esta modificación del artículo 8", continuó.

"También vamos a hacer una modificación que tiene que ver con la administración del personal que tiene el sector público nacional, y lo que estamos proponiendo es que esa implementación del congelamiento de personal que hoy tenemos vigente se amplíe a todos los organismos del Estado, no solamente a la administración centralizada", agregó.

A una semana de asumir, la ministra sostuvo que las medidas tienen que ver con "garantizar el equilibrio fiscal". "Creo en la solvencia del Estado como promotor de la actividad económica y generación de puestos de trabajo", expresó.

"Las cuotas presupuestarias mensuales que el Ministerio de Economía otorga a toda la administración pública nacional va a ser solamente acorde con la proyección de caja real. No vamos a gastar más de lo que tenemos", aseguró.

En otro tramo, ratificó que "se mantienen las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional", al tiempo que anunció la creación de un Comité Asesor de Deuda para que haga propuestas "en materia de deuda soberana en pesos".

Al responder preguntas de la prensa, la titular de la cartera económica consideró que "sería muy poco profesional de mi parte que yo arriesgase a decir cuál es la proyección de inflación en esta situación inédita de desequilibrio mundial".

Entre otros puntos, anticipó que se reglamentará el concurso para la conformación del tribunal de Defensa de la Competencia, "porque entendemos que no podemos permitir abuso de precios", resaltó y aseveró que los aumentos de esta semana "no tienen ninguna explicación técnica y solamente son especulaciones".

En cuanto a tarifas, Batakis informó que el próximo viernes 15 de julio se abrirá el proceso de registro para mantener los subsidios en la boleta de luz y gas.

"De ninguna manera está en duda que nosotros no podamos cumplir con nuestras obligaciones en materia de pesos. Esto lo descarto de cuajo", manifestó y cuestionó que "en los rumores que se dan en el mercado hay una malicia muy fuerte en contra de un Gobierno que fue electo por el voto popular".

Hacia el final de su conferencia, Batakis afirmó que "los Estados no están para ahorrar" porque "las necesidades de los argentinos son muchas". No obstante, aclaró que "el Estado no está para ahorrar, pero sí para ser solvente" y que equilibrar las cuentas "nos da prestigio como Estado Nacional".

Ley de Administración Financiera

El 30 de septiembre de 1992 se sancionó la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control -Ley N° 24.156- comenzando un proceso de modernización, en el ámbito gubernamental, de la administración financiera, con el objetivo de crear una administración pública eficiente, utilizando los recursos públicos correctamente y ofreciendo servicios adecuados a las necesidades de los usuarios y de la comunidad.