“La eliminación de la vieja ley demostró ser efectiva a la hora de multiplicar la oferta”, aseguraron desde el bloque Pro, presidido por Cristian Ritondo.
Luego del primer rechazo que sufrió el DNU 70/23 en el Congreso, al ser votado en contra por mayoría en el Senado, el bloque Pro presentó un proyecto para que se mantenga vigente la derogación de la Ley de Alquileres.
La iniciativa, impulsada por la bancada que preside Cristian Ritondo, se suma a un paquete de proyectos que presentaron para avanzar con reformas laborales que contenía el DNU y fueron suspendidas por la Justicia.
“La Ley de Alquileres que quedó derogada con el DNU no dio los resultados esperados, sino que empeoró la situación. A partir de esta norma, los contratos de alquiler de vivienda vuelven a regirse por el Código Civil y Comercial, con la particularidad de que ahora las partes tienen libertad para hacer los acuerdos”, afirmó Ritondo.
El legislador consideró que “la eliminación de la vieja Ley de Alquileres demostró ser efectiva a la hora de multiplicar la oferta, bajar las precios y brindar mayor libertad y previsión a un mercado que se estaba destruyendo, perjudicando a propietarios e inquilinos por igual”.
“No podemos volver atrás. En estas semanas de vigencia, el mercado de los alquileres fue recuperándose, se multiplicó la oferta y bajaron los precios. No podemos permitir que aquellos que están en contra del cambio vuelvan a destruirlo”, finalizó.
El proyecto cuenta con el apoyo de sus pares José Núñez, Alejandro Finocchiaro, Héctor Stefani, Sabrina Ajmechet, Martín Yeza, Daiana Fernández Molero, Florencia de Sensi, Ana Clara Romero, Silvana Giudici, Sergio Capozzi, Germana Figueroa Casas, Laura Rodríguez Machado, Sofía Brambilla, Verónica Razzini, Gerardo Milman, Martín Ardohain, Alejandro Bongiovanni, Karina Bachey, Marilú Quiróz y Patricia Vazquez, entre otros.
La ley de alquileres ha generado controversias y dificultades tanto para propietarios como inquilinos. Al punto en que ya no se ofrecían inmuebles en alquiler. El DNU arregló ese problema. En pocas semanas todos pudimos ver que la cantidad de oferta aumentó considerablemente. No…
— Cristian Ritondo (@cristianritondo) March 15, 2024
El titular de la institución pidió la conformación de la Comisión Bicameral para el tratamiento del decreto. Además, denunció “todo favorece al mercado inmobiliario” y que “no existe país en el mundo en donde no haya ningún tipo de regulación para alquilar vivienda”.
La Federación de Inquilinos Nacional, a través de su presidente Gervasio Muñoz, reclamó ante el plenario de comisiones de Diputados de este martes que el Congreso “le dé de baja al DNU” para que vuelva a tener vigencia la Ley de Alquileres” porque la derogación de la norma “favorece al mercado inmobiliario”.
En su intervención, Muñoz recordó que “hace pocos meses estuvimos acá las organizaciones inquilinas, los representantes del mercado inmobiliario porque hace pocos meses se votó una ley en el Congreso Nacional. En una ley que estuvo en debate mucho tiempo y que así y todo el año pasado se terminó el debate legislativo y se convirtió en ley”.
“Un poco lo que plantea la democracia es eso. Se presenta un proyecto, lo debaten en las comisiones con los representantes del pueblo para dar su posición y el Congreso sintetiza sus posiciones en una ley”, resumió y cuestionó que “lo que sucedió es que después de 4 meses que se había votado la ley, apareció un DNU que, no solo deroga la ley de alquileres, sino que además reescribe el Código Civil”.
Muñoz denunció que “si nos fijamos en la campaña y los aportantes económicos para la campaña del presidente, el presidente de la Cámara Inmobiliaria era aportante para la campaña de Milei. Después vino que el DNU derogaba la Ley de Alquileres y que, además, no se sabe quién lo escribió”.
“Si no se sabe quién la escribió, si la Cámara Inmobiliaria puso plata para la campaña, si todo lo que plantea el DNU favorece al mercado inmobiliario ¿habrá sido que esa parte la escribió la Cámara Inmobiliaria? Si escribió el decreto, ¿qué facultades tiene para eso?”, cuestionó y agregó: “El presidente de la Cámara Inmobiliaria defendió el DNU que anula cualquier tipo de regulación”.
El titular de la Federación de Inquilinos resaltó que “no existe país en el mundo en donde no haya ningún tipo de regulación para alquilar vivienda. Es un experimento que se está haciendo acá y tiene consecuencias muy graves”.
“Se firman contratos por tres o seis meses”, denunció y planteó: “Quisiera saber si algún legislador estaría dispuesto a alquilar una vivienda están dispuestos a firmar un contrato por tres meses y no saber si sus hijos van a poder seguir yendo a la misma escuela en los próximos meses o sencillamente no saben a dónde van a ir a vivir en seis meses”.
Así, apuntó: “Es insólito que en privado digan que no están para nada de acuerdo con esto, pero no traten el decreto en el Congreso Nacional”.
También cuestionó a los medios de comunicación porque “hace unos días hubo una campaña en los medios, algo que se llama relato, de que había aumentado la oferta y habían bajado los precios en un 20% los alquileres”.
“Lamentablemente es imposible gobernar a través de operaciones en los medios de comunicación porque la realidad se impone y sucede en todos lados”, disparó.
Muñoz expresó: “Nos sorprende mucho a las organizaciones inquilinas que mientras que hablan de la libertad y democracia por DNU vengan a derogar una ley que tuvo un debate enorme y genera suspicacias que la Cámara Inmobiliaria defienda esto”.
“Nos preocupa mucho que el DNU no sea tratado en el Congreso mientras que hay 10 millones de inquilinos que están desesperados”, alertó y planteó: “Vemos entre un 200 y un 300% en las renovaciones de los contratos de alquiler, ¿ustedes creen que los propietarios como no hay marcos regulatorios van a bajar los precios? En el DNU plantean que el propietario puede finalizar el contrato en cualquier momento y eso caracteriza mucho al gobierno nacional. Es muy difícil imaginar las consecuencias de una magnitud como esta que ya no solo son para los que alquilamos, sino que es una consecuencia social. La única forma es que les den de baja al DNU”.
Además, el vocero presidencial aseguró que si hay marcha atrás con el impuesto a las Ganancias, eso será por un “cortísimo plazo”.
En conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sugirió que el paquete de iniciativas que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso incluiría la derogación de la Ley de Alquileres, sancionada hace dos meses.
“Dentro de lo que viene nosotros siempre promovemos la libertad de las partes en contratos privados, por lo tanto, seguramente haya novedades respecto a eso”, expresó y agregó: “Entendemos que la Ley de Alquileres le ha hecho mucho daño al mercado inmobiliario y todo lo que entendamos que le hace daño a la gente será subsanado y corregido”.
Por otra parte, respecto a la fórmula de movilidad jubilatoria que el Gobierno buscará suspender, el funcionario argumentó que “con la ley actual se espera que el jubilado tenga una gran pérdida adquisitiva en los próximos meses. No podemos permitir que un jubilado pierda un 40% de su poder adquisitivo en el corto plazo”.
Pero, sin dar mayores precisiones sobre la propuesta de un nuevo cálculo previsional, deslizó que recién en 15 días se conocerán las propuestas legislativas. “Dentro de las próximas dos semanas se va presentar el plan para la Argentina que viene, y ahí habrá mayores precisiones”, señaló.
Consultado sobre la marcha atrás que se prevé en el impuesto a las Ganancias, Adorni recordó que Javier Milei “efectivamente votó la rebaja o la modificación en el impuesto a las Ganancias, pero jamás dejó de aclarar en su momento que tenía que ir acompañada por una reducción del gasto y esa reducción tenía que ser ejecutada por el Ejecutivo nacional. Él actuó en calidad de legislador y en línea con sus pensamientos”.
“Este es un paquete de emergencia y cualquier corrección de impuestos va a ser de cortísimo plazo”, prometió.
Sobre el paquete de proyectos de reformas, el vocero presidencial expresó que “incluye cosas con las que por supuesto no estamos cómodos, no estamos de acuerdo, y no lo hubiésemos hecho si no fuese por la herencia cargada de bombas por desactivar que nos obliga a hacerlo”.
El jefe del interbloque Federal alertó sobre el hecho de que el presidente electo quiera derogar ciertas normas, como la Ley de Alquileres, o disponer privatizaciones por decreto y sin pasar por el Congreso.
El jefe del interbloque Federal en Diputados, Alejandro “Topo” Rodríguez, alertó sobre el hecho de que el presidente electo, Javier Milei, quiera derogar ciertas normas, como la Ley de Alquileres, o disponer privatizaciones por decreto y sin pasar por el Congreso.
En un posteo titulado “Hacia la inseguridad jurídica con represión”, el legislador señaló que “pocas horas después de ser elegido, @JMilei viene adelantando algunas decisiones que adoptará al asumir la Presidencia. Ya se comprometió a derogar la Ley de Alquileres, que lleva sólo un mes de vigencia. Es evidente que quiere derogarla porque no le gusta, ya que en un mes no se puede tener una evaluación real de sus resultados e impactos”.
En ese sentido, explicó que “si intentara derogarla por decreto y sin participación del Congreso, consagraría la inseguridad jurídica desde el inicio de su gobierno. La señal sería bien clara: las leyes que al presidente no le gustan, se eliminan por decisión presidencial”.
“Otras decisiones ya anunciadas, como la privatización de YPF, de Aerolíneas Argentinas y de medios públicos, también requerirán el aval del Congreso. Si sólo tuvieran el soporte legal de un decreto presidencial, sin participación del Poder Legislativo, esas privatizaciones serían legalmente nulas y las inversiones caerían por el tobogán de la inseguridad jurídica”, advirtió.
El diputado, quien dejará su banca el próximo 10 de diciembre, apuntó que “en ese contexto, Milei ya abrió el paraguas de la represión: ‘puede que terminen haciendo una situación delicada en la calle’, advirtió. Según confesó, ya está trabajando con @jorgemacri y ‘con su persona encargada del tema de la seguridad’, para ‘mantener el orden en las calles’”.
La nueva normativa fue publicada este martes en el Boletín Oficial. La misma mantiene los plazos de contratos por 3 años, ajustes no inferiores a los 6 meses, el precio de los contratos debe estar fijado a la moneda nacional y el índice de actualización será el coeficiente de “Casa Propia”.
A tan solo una semana de la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Alquileres que volvió con modificaciones del Senado por parte del oficialismo, este martes el Gobierno Nacional promulgó la norma bajo el Decreto 533.
El decreto que establece las reformas al Código Civil y Comercial de la Nación contó con las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Agustín Rossi, y los ministros de Justicia, Martín Soria, y de Economía, Sergio Massa.
Tras su promulgación se espera que la norma entre en vigor este mismo mes o a inicios de noviembre a fin de darle certidumbre a los inquilinos y propietarios que hace años vienen reclamando por una nueva ley ante la problemática habitacional que se ve agravada por crisis económica que atraviesa el país.
La nueva ley mantiene en 3 años el plazo de los contratos (el tiempo actualmente vigente); los ajustes se podrán realizar con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a 6 meses.
Se establece como índice para la actualización del precio el coeficiente de “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Éste estará “conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del Coeficiente de Variación Salarial publicado por el INDEC, y la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia publicado por el Banco Central de la República Argentina”.
Además, establece que el precio de los contratos debe fijarse en moneda nacional. En esta misma línea, dispone que “toda publicidad, en cualquier medio o plataforma, que incluya precio de locaciones de inmuebles con destino habitacional debe realizarse en moneda nacional”.
Se elimina que se permitan pagos voluntarios anticipados por parte del inquilino, en tanto que los incentivos fiscales se mantienen sin cambios relevantes, salvo uno relacionado al monotributo, al establecer que “los ingresos provenientes exclusivamente de la locación de hasta 2 inmuebles estarán exentos del pago del monotributo”.
Se mantiene la exención de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler y que aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes “utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados” queden exentas del impuesto al cheque.
Por otra parte, se incorpora que “las partes podrán deducir del impuesto a las Ganancias la suma equivalente al 10% del monto anual del contrato de locación”.
El 23 de agosto la oposición se alzó con el dictamen de minoría en la Cámara baja, el cual planteaba contratos por 2 años, ajustes de periodicidad acordado entre las partes no inferiores a 4 meses y proponía que las partes debían convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.
Sin embargo, en el Senado el oficialismo propuso su propio dictamen modificando la media sanción de Diputados y el 28 de septiembre logró la media sanción en el recinto. Así, el pasado 11 de octubre el FdT consiguió ratificar su proyecto con modificaciones con 128 votos a favor del dictamen de mayoría, 114 votos en contra y cero abstenciones.
El diputado del FdT destacó que haya prevalecido el proyecto promovido por el oficialismo, pero afirmó que es necesario avanzar con otras medidas para mejorar la oferta.
Tras la sanción de la nueva Ley de Alquileres, el diputado oficialista Eduardo Toniolli destacó que se haya aprobado el proyecto promovido por el oficialismo, pero aclaró que “esto tampoco es una solución de fondo, porque la solución de fondo no pasa por el Congreso”.
“Terminó siendo aprobado el proyecto que venía en revisión del Senado y que impulsaban las asociaciones de inquilinos”, señaló y cuestionó que “la otra propuesta, que es la que había tenido media sanción en Diputados (en agosto pasado), era lesiva de los intereses de los inquilinos”.
El santafesino ponderó que esta nueva ley tiene un capítulo dedicado a “generar un atractivo suficiente para que muchísimos titulares de inmuebles que no los tienen en el mercado de alquileres” pongan de nuevo en alquiler las propiedades.
“Todos coincidimos que hay un problema en la oferta”, resaltó y consideró que “si llegamos a esta situación es porque el mercado no es sabio”. Además de que la ley anterior tuvo “un bajo impacto” y fue “de poca aplicación”, producto también de “un escenario de alta inflación”.
Para el legislador, “el proceso de estampida de propietarios hacia el mercado de compra-venta y el de alquileres temporarios se da en el calor de la depreciación del peso desde 2017 en adelante”.
En declaraciones a Radio Nacional, Toniolli opinó que hay que “discutir la cuestión de la oferta con más seriedad, como en otros países del mundo”, a partir de medidas como “impuesto a la vivienda ociosa, regulación de los alquileres temporarios y vivienda pública en alquiler”. “En la Argentina de hoy decir esto es equiparable a decir que soy comunista y empieza la estigmatización”, lamentó.
El oficialismo, que tuvo un solo ausente, contó con el apoyo de cuatro diputados del interbloque Federal, tres del interbloque Provincias Unidas, la izquierda y el gobernador electo de Neuquén. Hubo 10 bajas en JxC. Los liberales votaron en contra.
Llegó a su fin el largo camino de una reforma de la Ley de Alquileres, que tuvo su debate en comisiones de la Cámara de Diputados el año pasado, recibió media sanción en agosto una modificación promovida por la oposición, y finalmente se sancionó el proyecto con cambios introducidos por el oficialismo en el Senado.
El tema se dejó para el final de la extensa sesión y durante la jornada se barajaron resultados como un posible empate o, incluso, que ninguno de los dos dictámenes alcanzara una mayoría, lo que habría abierto una situación inédita y posible discusión reglamentaria.
Pero también, a medida que pasaban las horas, se supo que la clave estaría en las eventuales ausencias y que el Frente de Todos estaba más cerca que Juntos por el Cambio en contar con apoyos de algunos legisladores que anticipaban abstención y terminaron votando a favor.
Los votos positivos fueron 128 en total, que correspondieron 116 a la bancada oficialista, pues la presidenta del cuerpo no vota -solo en caso de empate- y el único ausente fue el santafesino Roberto Mirabella.
Al FdT se sumó una docena de diputados. Cuatro de ellos del interbloque Federal: el bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez, la cordobesa Natalia de la Sota, y los santafesinos socialistas Mónica Fein y Enrique Estévez.
Además, hubo tres votos por parte del interbloque Provincias Unidas: los misioneros Diego Sartori y Carlos Fernández, y el rionegrino Luis Di Giacomo.
Completaron los votos a favor los cuatro legisladores del Frente de Izquierda –Myriam Bregman, Nicolás Del Caño, Romina Del Plá y Alejandro Vilca-; y el monobloquista Rolando Figueroa, gobernador electo de Neuquén.
Por su parte, los 114 votos en contra fueron 107 de Juntos por el Cambio; los tres liberales Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo; tres legisladores del interbloque Federal, Graciela Camaño, Florencio Randazzo y Carlos Gutiérrez; y el rionegrino Agustín Domingo, que se mantuvo en la misma posición que tuvo en agosto pasado, a diferencia de su compañero de bancada y del senador Alberto Weretilneck, quien les dio libertad de acción.
Los ausentes fueron 14. Por el oficialismo, el mencionado anteriormente Mirabella. Tampoco estuvieron el cordobés Ignacio García Aresca y los dos diputados del bloque SER, Claudio Vidal -gobernador electo de Santa Cruz- y Felipe Álvarez.
A Juntos por el Cambio le faltaron 10 miembros: Lidia Ascárate, Alberto Asseff, Pablo Cervi, Gabriel Chumpitaz, Virginia Cornejo, Miguel Nanni, Claudio Poggi, Jorge Rizzotti, Francisco Sánchez y Alfredo Schiavoni.
Pasadas las 5 de la madrugada, la Cámara baja convirtió en ley este miércoles el proyecto que modifica la Ley de Alquileres, según las propuestas del oficialismo y aliados.
A 49 días de una media sanción que luego sería modificada en el Senado el 28 de septiembre, la Cámara baja volvió a votar un proyecto de ley de Alquileres. Y en esta oportunidad, a diferencia de lo sucedido el 23 de agosto, sonrió el oficialismo al ver convertida en ley la norma aprobada en la Cámara alta. El resultado se concretó pasadas las 5 de la madrugada, en una votación que concluyó con 128 votos a favor del dictamen de mayoría, 114 votos en contra y cero abstenciones.
El texto aprobado mantiene en 3 años el plazo de los contratos (el tiempo actualmente vigente); los ajustes se podrán realizar con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a 6 meses.
Se establece como índice para la actualización del precio el coeficiente de “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Éste estará “conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del Coeficiente de Variación Salarial publicado por el INDEC, y la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia publicado por el Banco Central de la República Argentina”.
La norma aprobada aclara que el precio de los contratos debe fijarse en moneda nacional. En esta misma línea, dispone que “toda publicidad, en cualquier medio o plataforma, que incluya precio de locaciones de inmuebles con destino habitacional debe realizarse en moneda nacional”.
Se elimina que se permitan pagos voluntarios anticipados por parte del inquilino, en tanto que los incentivos fiscales se mantienen sin cambios relevantes, salvo uno relacionado al monotributo, al establecer que “los ingresos provenientes exclusivamente de la locación de hasta 2 inmuebles estarán exentos del pago del monotributo”.
Se mantiene la exención de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler y que aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes “utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados” queden exentas del impuesto al cheque.
Por otra parte, se incorpora que “las partes podrán deducir del impuesto a las Ganancias la suma equivalente al 10% del monto anual del contrato de locación”.
El debate
Al filo de las 4 de la madrugada, cuando ya se llevaban más de 15 horas de debate, se aceptó alterar el orden del debate y adelantaron la discusión sobre la modificación de la Ley de Alquileres.
Habló en primer lugar el presidente de la Comisión de Legislación General, Lucas Godoy, quien arrancó diciendo que no hay una relación de igualdad entre las partes involucradas en el contrato de alquiler. “No hay una relación paritaria; la ley debe entonces legislar para equilibrar las condiciones de los contratantes. No estoy hablando de que haya buenos y malos; lo que hay son asimetrías”, señaló.
“La ley vigente ha recibido críticas, no ha sido la mejor; la estamos modificando por eso”, advirtió el diputado salteño, que de todas maneras aclaró que la norma no explica por sí sola la situación del valor de los alquileres; el aumento de los precios de manera exorbitante o la disminución de la oferta de las viviendas de alquiler. Citó al turismo, por ejemplo, para recordar también que deben legislar en torno a los alquileres temporarios, cosa que también pueden regular las provincias, aclaró.
“Hoy tenemos dos posibilidades: o insistimos con la media sanción que se aprobó en Diputados, o aprobamos las modificaciones, que en términos de protección son mejores las modificaciones del Senado”, sostuvo, citando por ejemplo el plazo mínimo de vigencia de 3 años, como así también el tiempo para hacer ajustes, que es de no menos de 6 meses para el caso del Senado y 4 para Diputados.
Citó como central el índice de actualización, teniendo en cuenta que lo aprobado en Diputados “no es un índice, libera la actualización”. “Ese sí es un gran problema para los inquilinos”, consideró.
Destacó también los incentivos fiscales que son similares en los dos dictámenes, aclaró.
A continuación fundamentó el dictamen de minoría el diputado del Pro Pablo Tonelli, quien consideró que la ley original 27.551 particularmente perjudicó a los inquilinos, por cuanto “provocó una enorme retracción de viviendas para alquilar. Al momento de sancionarse la ley, la oferta oscilaba entre unas 7 mil y 8 mil unidades de oferta; hoy en día la oferta se ha reducido a bastante menos de mil. Hoy por hoy está en el orden de las 500 unidades. Esto es evidente que perjudica a los inquilinos y dada la escasez de la oferta les impide negociar en igualdad de condiciones los términos del contrato”.
Así las cosas, consideró que el resultado negativo se debe a “la alteración del equilibrio entre las partes”. “Y la verdad es que hay que concluir que la Ley 27.551 alteró ese equilibrio y con la intención de proteger a los inquilinos, los terminó perjudicando”, dijo, para hablar luego de las modificaciones que comenzaron a proponer para cambiar la ley. Primero, en el plazo de locación, que siempre había sido de 2 años y lo elevó a 3. “Además de extender tal vez excesivamente el plazo mínimo del contrato, prohibió los ajustes por períodos inferiores a un año. Y además, estableció la obligatoriedad de que esos ajustes se hicieran por un único índice de actualización, lo que produjo una enorme merma en la rentabilidad de los localizadores. Por supuesto, la consecuencia fue un retiro de la oferta”.
“En agosto pasado logramos una media sanción que en su momento nos dejó satisfechos”, señaló Tonelli, detallando lo que establecía el dictamen de minoría. Sin embargo, el Senado modificó ese proyecto, a su juicio asemejando la ley a la que había fracasado. “El Senado insiste en esa fórmula”, advirtió, citando como lo peor del caso que se establece un único índice de actualización que a su juicio será peor, porque estará por detrás de la inflación, del aumento de los precios y del aumento de los salarios.
“Esto va a afectar la rentabilidad de los locadores, y ya hemos visto lo que pasa cuando esto sucede”.
De acuerdo con el artículo 81 de la Constitución hay dos posibilidades: insistir con la sanción originaria, la otra aceptar las modificaciones del Senado, que entendió sería volver a la ley 27.551 con “mínimos maquillajes”, por lo cual no habría que esperar demasiado. “Lo razonable, lo sensato entonces, si queremos un resultado distinto y volver a una situación de normalidad y que la oferta se amplíe, es entonces que insistamos en nuestra sanción, que es lo que propiciamos en nuestro interbloque”, concluyó.
Para la diputada Romina del Plá, ninguno de los dos dictámenes resuelve el problema, y reclamó en cambio una solución integral que pasa por un plan de construcción de viviendas, con cuotas baratas. “Si no se da eso: la construcción de nuevas viviendas, el loteo de más tierras, vamos a tener siempre un cuello de botella cada vez mayor”, estimó. Recordó que en la sesión del 23 de agosto habían acompañado el dictamen del oficialismo, en tanto que ahora harían lo mismo con el dictamen que viene del Senado, sabiendo que no soluciona el problema, pero es el mal menor.
Por su parte, el oficialista Itai Hagman sostuvo que “hubo una campaña fuerte para establecer que la existencia de una ley de alquileres era la causa de todos los problemas en el mercado inmobiliario”. Al respecto contó que había estado leyendo un informe de la Fundación Ebert, sobre el estado de los alquileres en nuestra región y Europa, que deja claro que “la idea de que tener una ley de alquileres es un invento exótico de la Argentina es absolutamente falsa. Por acá tenemos un liberalismo bastante ignorante que en vez de mirar lo que se hace en el mundo proponen en la Argentina lo contrario”.
Según Hagman, en la ciudad de Buenos Aires la oferta de alquileres creció hasta el primer trimestre del año 2022, y la caída empieza en el segundo trimestre de 2022, mucho después de la sanción de la Ley de Alquileres. Es mucho más razonable pensar que tiene que ver con la situación macroeconómica y efectivamente con la incertidumbre que se generó con las expectativas de un cambio normativo”. Concluyó entonces que decir que la culpa del problema es que el Congreso sancionó una ley “es una posición interesada, que claramente no podría beneficiar a los inquilinos que se quite la regulación”.
A su turno, Alejandro Cacace aclaró que la situación de la Argentina con países como Alemania es muy distinta por ejemplo por la situación inflacionaria. “En un país que tiene estabilidad y no tiene inflación, no habría absolutamente ningún problema en tener contratos de 3 años, inclusive más largos. Lo que pasa es que acá tenemos 12% de inflación y acelerándose, cuando uno fija por 3 años el contrato y no puede actualizarlos, esa incertidumbre hace que los propietarios retiren las propiedades, vendan las propiedades, las pasen al alquiler temporario o traten de hacer actualizaciones más frecuentes”, explicó.
Cerró el debate la diputada del Frente de Todos Paula Penacca consideró que durante la discusión se instalaron “falacias” tales como que “el mercado de alquileres funcionaba bien y esta ley lo rompió”. Recordó la cantidad de votos con la que se aprobó en su momento la Ley Lipovetzky, que vino a resolver una “situación de abuso”. También rechazó el concepto de que “el mercado resuelve todo” e insistió en que “la ley no es el problema”.
“Este problema empieza cuando en el año 2018 se llega a una devaluación anual de 100% y por lo tanto la expectativa de propietarios e inmobiliarias no coinciden con lo que logran ganar. Y esto lo dice Reporte Inmobiliario, que no es un pasquín kirchnerista”, y citó un texto que hablaba de una recuperación del mercado inmobiliario en 2021.
“Hay una última falacia, que es un contrato libre entre iguales; ni es un contrato libre, ni es entre dos partes, porque en el medio están las inmobiliarias y que esta desigualdad es manifiesta, porque las personas que tienen que buscar donde vivir, no pueden elegir no alquilar”, explicó.
El dictamen de mayoría se votará primero, y es el que avala las modificaciones introducidas en el Senado. El dictamen de minoría es el mismo que fue aprobado en agosto pasado.
Principales puntos del dictamen de mayoría, con las modificaciones propuestas por el Senado:
Principales puntos del dictamen de minoría, que había sido aprobado en agosto pasado
Será en una sesión especial en la que se debatirá también la creación del programa “Compra Sin IVA”, el Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado, la creación de tres universidades nacionales y el Plan Nacional de Ciencia 2030, entre otros temas.
En la que se anticipa como la última sesión antes de las elecciones generales, este martes a partir de las 12 la Cámara de Diputados se reunirá para tratar una decena de proyectos entre los que se destaca la modificación de la Ley de Alquileres.
Ese es el último tema que figura en el temario previsto para este martes, y si bien no se ha definido aún el orden de debate, muy probablemente sea dejado para el final, por cuanto las partes que confontarán en este tema deberán garantizarse la presencia de todos sus miembros hasta entonces, habida cuenta de que la definición será voto a voto, a ver si prevalece la propuesta original aprobada por la Cámara baja, o la modificación del Senado, promovida por el oficialismo.
La mayor atención mediática tratará de volcarla el oficialismo en el programa “Compra Sin IVA”, que en el orden de la convocatoria a la sesión figura en segundo lugar, y está claro que el interés del Frente de Todos será que se lleve la centralidad del debate, al menos en su tramo principal.
También se tratarán el Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL), como así también el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030; la creación de las universidades nacionales de la Cuenca del Salado -en Cañuelas-, Juan Laureano Ortiz -en Paraná- y la de Saladillo; el Régimen de Promoción de la Industria del Calzado y su Cadena de Valor; Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incorporando la violencia digital (con las modificaciones del Senado); y la creación del programa Argentina Inclusiva.
Volvamos al tema que genera la principal expectativa y que es la modificación de la Ley de Alquileres, que vuelve con cambios introducidos en el Senado. Modificaciones que fueron avaladas por el oficialismo en las comisiones que el miércoles pasados le dieron a las mismas dictamen de mayoría, y ahora los cálculos están puestos en determinar cuál de las dos propuestas prevalecerá en definitiva, para convertirse en ley.
La propuesta del Senado establece mantener el plazo vigente actualmente de tres años en los contratos; proponer que los aumentos sean semestrales; y fijar un nuevo índice para la actualización a partir del coeficiente “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
La oposición defenderá la iniciativa que se aprobó el 23 de agosto, la cual propone devolver el plazo de los contratos a dos años, permitir ajustes cada 4 meses y dejar librado al acuerdo de las partes la actualización de los alquileres con la opción de tres métodos: Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios (IS).
Con un dictamen de mayoría y otro de minoría, el programa “Compra Sin IVA” propone el reintegro de una proporción de las operaciones de consumidores finales definidos como beneficiarios por las compras de bienes muebles realizadas en ciertos comercios minoristas o mayoristas, siempre que el pago se realice mediante la utilización de tarjetas de débito asociadas a cuentas vinculadas a tales personas, tarjetas de crédito o tarjetas que operen bajo la modalidad de Pago Electrónico Inmediato (PEI) o débito en cuenta a través de la utilización de códigos de respuesta rápida (QR).
También se incluyen las compras de bienes efectuadas en el marco de la “Tarjeta Alimentar”, o de las tarjetas emitidas a beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – “Potenciar Trabajo”.
El programa está destinado a quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento o pensiones no contributivas, en todos los casos siempre que sus ingresos mensuales por dichos conceptos no excedan la suma de 6 haberes mínimos garantizados; los que perciben asignaciones universales por hijo para protección social; asignaciones por embarazo para protección social; el personal en relación de dependencia en la actividad privada o pública cuyos ingresos mensuales no superen la suma equivalente a 6 veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
También se contempla a aquellas personas trabajadoras comprendidas en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y los contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que se encuentren encuadrados en cualquiera de sus categorías, excepto que obtengan determinado tipo de ingresos. Asimismo, se contempla la posibilidad de ampliar el listado de sujetos beneficiarios.
También avanzarán con la propuesta para declarar de interés público nacional la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de Gas Natural Licuado, con el objetivo de desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector. El proyecto necesita contar con el dictamen correspondiente, que alcanzará este martes en el marco de un plenario realizado a partir de las 15.30.
Además, se propone la creación de un Régimen de Promoción de grandes proyectos que comprende el transporte del gas natural destinado a la producción de GNL, su licuefacción, almacenaje y transporte; y su comercialización y exportación. Serán beneficiarios quienes presenten proyectos dentro de los primeros 3 años de su sanción (prorrogables por otros tres por la autoridad de aplicación).
También, otorgará beneficios fiscales a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL por año.
Se establece un “compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria” y garantizará un porcentaje de libre aplicación de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante treinta años y estabilidad regulatoria cambiaria para el pago de deudas financieras.
También garantizará el transporte y suministro del gas natural para el proyecto e incluye la posibilidad de acceder a autorización de exportación en firme de GNL 365 por 30 años.
Como contrapartida, demanda requisitos de integración de contenido nacional y contribución al desarrollo local que van escalando periódicamente, como condición de mantenimiento de los beneficios. El objetivo es lograr que los proyectos, a medida del paso del tiempo, vayan incorporando bienes e insumos producidos localmente.
También está el proyecto que prevé crear el Programa de fomento de la industria local y de la integración de valor industrial del calzado, como así también el Programa de Fomento de Inversiones para el desarrollo de nuevos proveedores de materias primas e insumos de la cadena de valor de la industria del calzado y fabricantes de calzado.
Asimismo promueve la creación el Programa de promoción del empleo del calzado y de regularización del empleo industrial no registrado. Asimismo, establece ajustar el sistema de etiquetado Nomenclatura AR para el calzado argentino, como así también la creación del Instituto Nacional de Promoción del Calzado Argentino.
La iniciativa tiene media sanción de la Cámara alta desde el 27 de octubre del 2022 y prevé agendas estratégicas, territoriales, transversales y de cambio institucional, y plantea 10 desafíos nacionales para la próxima década.
El plan presenta los procesos centrales de su formulación e implementación en virtud de un conjunto de agendas agrupadas en cuatro clases, según ámbitos territoriales y temáticos de incumbencia: Agendas Estratégicas, Agendas Territoriales, Agendas Transversales y Agenda de Cambio Institucional.
Según el dictamen, se desarrollarán “Diez Desafíos Nacionales”, que serán políticas específicas de alcance nacional que expresan los temas estratégicos que requieren de conocimiento científico y tecnológico. Ellos son: erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental; impulsar la bioeconomía y la biotecnología para incrementar la producción sostenible y alcanzar la soberanía alimentaria; y contribuir al diseño de políticas para fortalecer la democracia y ampliar los derechos ciudadanos.
También, los de construir una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional; lograr una salud accesible, equitativa y de calidad; desarrollar los sectores espaciales, aeronáutico, de las telecomunicaciones y de la industria para la defensa; y fortalecer la investigación marítima, la soberanía y el uso sostenible de los bienes del Mar Argentino.
Completan los desafíos, promover la industria informática y de las tecnologías de la información para la innovación productiva y la transformación digital; potenciar la transición al desarrollo sostenible; y fomentar y consolidar un sendero para la transición energética.
El Plan 2030 presenta Agendas Territoriales Integradoras de Ciencia, Tecnología e Innovación (ATI-CTI) para cada una de las 24 jurisdicciones, que expresan las prioridades y estrategias de intervención.
Las Agendas Transversales buscan consolidar la base científica y tecnológica para potenciar la capacidad de respuesta tanto a los Desafíos Nacionales como de las Agendas Territoriales. Estas se orientan a la promoción general del conocimiento, la aplicación de tecnologías a la investigación, desarrollo e innovación, la consideración de los aportes de las ciencias sociales y humanas, la promoción de una ciudadanía y cultura científica, la sostenibilidad y la incorporación de la perspectiva de género.
La Agenda de Cambio Institucional atiende a las modalidades de planificación referidas a la formación de recursos humanos, la gestión del conocimiento, la articulación multiactoral, la federalización y la internacionalización.
En cuanto a la inversión total en investigación y desarrollo, se proyecta que pasará del 0,52% del PBI en el año 2020 al 0,85% en el año 2025 y al 1,70% en el año 2030.
En cuanto a la creación de nuevas universidades, se completará este martes el cronograma de ocho que esta administración se había puesto como objetivo. Una de las iniciativas fue presentada por el diputado opositor Emiliano Yacobitti (Evolución Radical), que propone establecer a la Universidad Nacional de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires.
También, está el proyecto de la diputada nacional María Rosa Martínez (FdT – Buenos Aires), quien propuso construir la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, con sede central en el distrito de Cañuelas.
Del mismo modo, se busca la creación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. El lugar ya funciona como facultad y es impulsada por la diputada Blanca Osuna.
En el temario también figura la creación del Programa Argentina Inclusiva que tuvo dictamen en noviembre del año pasado y es fruto de la unificación de ocho iniciativas, que propone un Régimen de Capacitación en Discapacidad en la Función Pública.
Promueve la capacitación y formación obligatoria, permanente y actualizada de la Administración Pública Nacional en el trato adecuado a las personas con discapacidad y adecuación en accesibilidad de espacios públicos. También busca la difusión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporar la perspectiva de discapacidad desde el modelo social.
La Autoridad de Aplicación, que será elegida por el Poder Ejecutivo, creará la Mesa de Coordinación Administrativa del Programa Argentina Inclusiva, establecer, conjuntamente con los órganos de implementación, las directrices y los lineamientos mínimos de los contenidos curriculares de la capacitación; monitorear los datos estadísticos a los fines de facilitar la verificación y el cumplimiento de las capacitaciones y desarrollar indicadores anuales de evaluación; implementar campañas de difusión y de concientización.
El proyecto que incorpora la violencia digital como una modalidad dentro de la Ley de Protección Integral a las Mujeres (N°26.485) -que había recibido la media sanción el pasado 5 de julio- fue aprobado en el Senado, pero recibió modificaciones por haber omitido la definición “participación política” en su redacción, por lo que volvió a Diputados.
La iniciativa está inspirada en la “Ley Olimpia”, una normativa mexicana que aborda los delitos que violan la intimidad de las mujeres a través de medios digitales, y que se sancionó en ese país a partir del activismo de Olimpia Coral Melo -quien estuvo presente en el palco-, víctima de difusión de material con contenido sexual, sin su consentimiento, por parte de una expareja.
En el artículo 6 de la 26.485 se incorpora la modalidad de “violencia digital o telemática” definida como “toda conducta, acción u omisión en contra de la mujer basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar”.
La diputada del Pro consideró que la norma actual “no ha funcionado”, pero señaló que “tiene que ver con la inflación imparable”. Cuestionó la suma al temario de la sesión del martes la creación de 3 universidades: “Como saben que pierden la elección, el kirchnerismo las usa como nichos de aguantaderos”.
De cara a la sesión que el oficialismo convocó para el martes en la Cámara baja a fin de tratar un paquete de proyectos, entre ellos y como eje central la modificación a la Ley de Alquileres, la diputada nacional Sofía Brambilla (Pro – Corrientes) cuestionó que el FdT “con las modificaciones del Senado volvieron a ley original, nosotros vamos a insistir en nuestro proyecto”. Por otro lado, apuntó contra el espacio porque incorporaron al temario la creación de 3 universidades: “Como saben que pierden la elección, el kirchnerismo las usa como nichos de aguantaderos”, pero aclaró que JxC “no está en contra de la educación superior”.
En diálogo por Radio Sudamericana, Brambilla afirmó: “Nuestra postura es mantener el proyecto que tuvo media sanción el 23 de agosto en Diputados, porque sostenemos que la ley como está no ha funcionado, hay un problema grave de acceso a la vivienda para el alquiler, la gente no puede pagar los alquileres”.
“De todos modos esto tiene que ver con la inflación imparable que afecta el salario de los trabajadores, con lo cual nosotros insistimos que la ley tiene que ser más ágil: los contratos cada dos años, las actualizaciones cada 4 meses, que pueda haber acuerdo entre el propietario y el inquilino para arreglar los aumentos utilizando diferentes índices, pero que haya una decisión entre ambas partes y no que el Estado este metido indicando esa situación”, explicó la legisladora correntina.
Asimismo, detalló: “Lo que sucedió hasta ahora es que con la ley vigente es que hay cada vez menos departamentos y es una preocupación grande para todos los que alquilan”.
En cuanto a las modificaciones que introdujo el Senado dijo: “Con las modificaciones volvieron al proyecto original, nosotros vamos a insistir en nuestro proyecto, el problema más grave que tiene el país es la inflación si no controlamos la inflación no habrá salario que aguante ningún alquiler”. “Hay que ver qué van a hacer los bloques del medio, para dónde van a jugar, va a ser una votación muy ajustada”, avizoró.
Por otro lado, cuestionó que el oficialismo “aprovechó meter tres universidades nuevas” al temario “lo cual es grave porque si hablamos de mejorar la educación, este no es el camino”, pero aclaró que “JxC no se opone a la creación de universidades, la salida esta que a mayor conocimiento y educación formal es mayor la posibilidad al acceso a un empleo digno. El problema es que de 4 millones de chicos que tenemos en el sistema educativo obligatorio, la primaria la termina el 98%, pero la secundaria la termina la mitad y 680 mil solo se inscriben en la universidad y de esos solo 135 mil terminan la carrera”.
“Todas estas universidades se están creando en la provincia de Buenos Aires que además ya tiene superoferta en materia universitaria”, remarcó y sumó: “Lo otro grave es que el 13% de esos chicos que terminan la secundaria lo hacen con los conocimientos básicos. Hay que invertir en educación inicial, hay que garantizar el punto de partida de la educación”.
Para la diputada del Pro: “Hay que crear sedes, no una estructura nueva. El kirchnerismo se está escudando en estas universidades y como saben que pierden la elección las usan como nichos de aguantaderos porque sino no se explica”, y propuso: “Hay que sentarse a hablar de por qué los chicos terminan el secundario con conocimientos básicos, esos chicos después no tienen trabajo. Hay que lograr mejorar la calidad educativa en el secundario”.
“No puedo decir si JxC tiene o no los números para frenar esto, se verá llegado el momento. No sé cómo va a ser la votación”, opinó y cuestionó: “Encima es una ley sin presupuesto, o sea no sabemos cuánto va a salir esto a los argentinos, es una irresponsabilidad total lo que hace este Gobierno no podemos aprobar una ley que no tiene presupuesto y no sabemos de dónde va a salir la plata, lo mismo con compre sin IVA y todos los beneficios del plan ‘platita’ que Sergio Massa nos está empujando y tirando en el Congreso con una irresponsabilidad total. Esto no es gratis”.
La legisladora correntina destacó que “Bullrich es la única alternativa para la Argentina, el equipo de JxC es la alternativa de los tres candidatos, es la dirigente más comprometida que entiende la realidad”.
Así, comparó: “Tenemos por un lado un ministro de Economía totalmente irresponsable que habla de bajar la inflación cuando hace un año que está y la duplicó, y lo hace con el mismo equipo que está. Además, preguntémonos dónde está Alberto Fernández, no sé dónde está. Massa está gobernando la Argentina y lo hace mal. Del otro lado tenemos una persona que habla de libertad y todos sabemos que sus propuestas apuntan a anular las instituciones y tampoco tiene equipo para gobernar”, y adelantó: “El Estado está quebrado y la pelea va a ser dura, pero el mejor equipo para dar pelea es el de JxC”.
Sobre las internas dentro del espacio denunció que “hay una campaña sucia contra Mauricio y JxC porque buscan generar discordia y mostrarlo dividido y no es así, tiene que escuchar toda la conversación de Mauricio porque hicieron un recorte, solo buscan constantemente enemistar nuestro espacio porque saben que somos la única alternativa”.
Por último, hizo un breve comentario sobre el índice de inflación de la semana: “La inflación acumulada es tremenda, los sueldos no llegan al 15 del mes, uno termina de pagar las deudas normales como luz, agua, internet, y no te alcanza. Ir al supermercado es un lujo ya”.
En el temario también están el programa “Compra Sin IVA”, el Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (impulsados por Massa), la creación de 3 universidades nacionales y el Plan Nacional de Ciencia 2030, entre otros.
El próximo martes 10 de octubre a partir de las 12 se llevará a cabo una nueva sesión de la Cámara de Diputados, la cual fue solicitada por el jefe de bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, y en donde el oficialismo buscará avanzar con la modificación de la Ley de Alquileres.
Además, están los proyectos de ley impulsados por el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, respecto al programa “Compra Sin IVA”, y el Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL).
Los proyectos de ley que completan el temario son: el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030; la creación de las universidades nacionales de la Cuenca del Salado -en Cañuelas-, Juan Laureano Ortíz -en Paraná- y la de Saladillo; el Régimen de Promoción de la Industria del Calzado y su Cadena de Valor; Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incorporando la violencia digital (con las modificaciones del Senado); y la creación del programa Argentina Inclusiva.
El tema principal de la sesión será la modificación de la Ley de Alquileres, la cual regresó del Senado con cambios, que fueron avaladas por el oficialismo en comisiones (el miércoles pasado obtuvo dictamen en un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda).
Desde la Cámara alta, establecieron mantener el plazo (vigente actualmente) de tres años en los contratos; proponer que los aumentos sean semestrales; y fijar un nuevo índice para la actualización, a partir del coeficiente “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
Por su parte, la oposición, quien se impuso en la sesión del 23 de agosto, defenderá la iniciativa que se aprobó en esa ocasión, la cual propone devolver el plazo de los contratos a dos años, permitir ajustes cada cuatro meses y dejar librado al acuerdo de las partes la actualización de los alquileres con la opción de tres índices (IPC, IPM, IS).
Con un dictamen de mayoría y otro de minoría, el programa “Compra Sin IVA” propone el reintegro de una proporción de las operaciones de consumidores finales definidos como beneficiarios por las compras de bienes muebles realizadas en ciertos comercios minoristas o mayoristas, siempre que el pago se realice mediante la utilización de tarjetas de débito asociadas a cuentas vinculadas a tales personas, tarjetas de crédito o tarjetas que operen bajo la modalidad de Pago Electrónico Inmediato (PEI) o débito en cuenta a través de la utilización de códigos de respuesta rápida (QR).
También se incluyen las compras de bienes efectuadas en el marco de la “Tarjeta Alimentar”, o de las tarjetas emitidas a beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – “Potenciar Trabajo”.
El programa está destinado a quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento o pensiones no contributivas, en todos los casos siempre que sus ingresos mensuales por dichos conceptos no excedan la suma de 6 haberes mínimos garantizados; los que perciben asignaciones universales por hijo para protección social; asignaciones por embarazo para protección social; el personal en relación de dependencia en la actividad privada o pública cuyos ingresos mensuales no superen la suma equivalente a 6 veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
También se contempla a aquellas personas trabajadoras comprendidas en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y los contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que se encuentren encuadrados en cualquiera de sus categorías, excepto que obtengan determinado tipo de ingresos. Asimismo, se contempla la posibilidad de ampliar el listado de sujetos beneficiarios.
La otra iniciativa impulsada por el ministro/candidato Sergio Massa propone declarar de interés público nacional la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de Gas Natural Licuado, con el objetivo de desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector.
Además, se propone la creación de un Régimen de Promoción de grandes proyectos que comprende el transporte del gas natural destinado a la producción de GNL, su licuefacción, almacenaje y transporte; y su comercialización y exportación. Serán beneficiarios quienes presenten proyectos dentro de los primeros 3 años de su sanción (prorrogables por otros tres por la autoridad de aplicación).
También, otorgará beneficios fiscales a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL por año.
Se establece un “compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria” y garantizará un porcentaje de libre aplicación de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante treinta años y estabilidad regulatoria cambiaria para el pago de deudas financieras.
También garantizará el transporte y suministro del gas natural para el proyecto e incluye la posibilidad de acceder a autorización de exportación en firme de GNL 365 por 30 años.
Como contrapartida, demanda requisitos de integración de contenido nacional y contribución al desarrollo local que van escalando periódicamente, como condición de mantenimiento de los beneficios. El objetivo es lograr que los proyectos, a medida del paso del tiempo, vayan incorporando bienes e insumos producidos localmente.
Citacion-Sesion-especial-10-10-2023La iniciativa tiene media sanción de la Cámara alta desde el 27 de octubre del 2022 y prevé agendas estratégicas, territoriales, transversales y de cambio institucional, y plantea 10 desafíos nacionales para la próxima década.
El Plan presenta los procesos centrales de su formulación e implementación en virtud de un conjunto de agendas agrupadas en cuatro clases, según ámbitos territoriales y temáticos de incumbencia: Agendas Estratégicas, Agendas Territoriales, Agendas Transversales y Agenda de Cambio Institucional.
El Plan desarrollará “Diez Desafíos Nacionales”, que serán políticas específicas de alcance nacional que expresan los temas estratégicos que requieren de conocimiento científico y tecnológico. Ellos son: erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental; impulsar la bioeconomía y la biotecnología para incrementar la producción sostenible y alcanzar la soberanía alimentaria; y contribuir al diseño de políticas para fortalecer la democracia y ampliar los derechos ciudadanos.
También, los de construir una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional; lograr una salud accesible, equitativa y de calidad; desarrollar los sectores espaciales, aeronáutico, de las telecomunicaciones y de la industria para la defensa; y fortalecer la investigación marítima, la soberanía y el uso sostenible de los bienes del Mar Argentino.
Completan los desafíos, promover la industria informática y de las tecnologías de la información para la innovación productiva y la transformación digital; potenciar la transición al desarrollo sostenible; y fomentar y consolidar un sendero para la transición energética.
El Plan 2030 presenta Agendas Territoriales Integradoras de Ciencia, Tecnología e Innovación (ATI-CTI) para cada una de las 24 jurisdicciones, que expresan las prioridades y estrategias de intervención.
Las Agendas Transversales buscan consolidar la base científica y tecnológica para potenciar la capacidad de respuesta tanto a los Desafíos Nacionales como de las Agendas Territoriales. Estas se orientan a la promoción general del conocimiento, la aplicación de tecnologías a la investigación, desarrollo e innovación, la consideración de los aportes de las ciencias sociales y humanas, la promoción de una ciudadanía y cultura científica, la sostenibilidad y la incorporación de la perspectiva de género.
La Agenda de Cambio Institucional atiende a las modalidades de planificación referidas a la formación de recursos humanos, la gestión del conocimiento, la articulación multiactoral, la federalización y la internacionalización.
En cuanto a la inversión total en investigación y desarrollo, se proyecta que pasará del 0,52% del PBI en el año 2020 al 0,85% en el año 2025 y al 1,70% en el año 2030.
Una de las iniciativas fue presentada por el diputado opositor Emiliano Yacobitti (Evolución Radical) quien propone establecer a la Universidad Nacional de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires. También, está el proyecto de la diputada nacional María Rosa Martínez (FdT – Buenos Aires), quien propuso construir la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, con sede central en el distrito de Cañuelas.
Del mismo modo, se busca la creación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. El lugar ya funciona como facultad y es impulsada por la diputada Blanca Osuna.
En el temario también figura la creación del Programa Argentina Inclusiva que tuvo dictamen en noviembre del año pasado y es fruto de la unificación de ocho iniciativas, que propone un Régimen de Capacitación en Discapacidad en la Función Pública.
Promueve la capacitación y formación obligatoria, permanente y actualizada de la Administración Pública Nacional en el trato adecuado a las personas con discapacidad y adecuación en accesibilidad de espacios públicos. También busca la difusión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporar la perspectiva de discapacidad desde el modelo social.
La Autoridad de Aplicación, que será elegida por el Poder Ejecutivo, creará la Mesa de Coordinación Administrativa del Programa Argentina Inclusiva, establecer, conjuntamente con los órganos de implementación, las directrices y los lineamientos mínimos de los contenidos curriculares de la capacitación; monitorear los datos estadísticos a los fines de facilitar la verificación y el cumplimiento de las capacitaciones y desarrollar indicadores anuales de evaluación; implementar campañas de difusión y de concientización.
El proyecto que incorpora la violencia digital como una modalidad dentro de la Ley de Protección Integral a las Mujeres (N°26.485) -que había recibido la media sanción el pasado 5 de julio- fue aprobado en el Senado, pero recibió modificaciones por haber omitido la definición “participación política” en su redacción, por lo que volvió a Diputados.
La iniciativa está inspirada en la “Ley Olimpia”, una normativa mexicana que aborda los delitos que violan la intimidad de las mujeres a través de medios digitales, y que se sancionó en ese país a partir del activismo de Olimpia Coral Melo -quien estuvo presente en el palco-, víctima de difusión de material con contenido sexual, sin su consentimiento, por parte de una expareja.
En el artículo 6 de la 26.485 se incorpora la modalidad de “violencia digital o telemática” definida como “toda conducta, acción u omisión en contra de la mujer basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar”.
Finalmente, también está el proyecto que prevé crear el Programa de fomento de la industria local y de la integración de valor industrial del calzado, como así también el Programa de Fomento de Inversiones para el desarrollo de nuevos proveedores de materias primas e insumos de la cadena de valor de la industria del calzado y fabricantes de calzado.
También promueve la creación el Programa de promoción del empleo del calzado y de regularización del empleo industrial no registrado. Asimismo, establece ajustar el sistema de etiquetado Nomenclatura AR para el calzado argentino, como así también la creación del Instituto Nacional de Promoción del Calzado Argentino.
La secretaria parlamentaria del FdT confirmó la sesión de Diputados el próximo martes para tratar Ley de Alquileres y apuntó contra JxC: “Ha demostrado que no le interesan los inquilinos”.
Luego de haber sido protagonista de un fuerte cruce verbal al cierre del plenario de comisiones tras el dictamen de la Ley de Alquileres, la diputada nacional y secretaria parlamentaria del Frente de Todos, Paula Penacca, explicó la discusión que tuvo con la radical Karina Banfi. Por otro lado, confirmó que la Cámara baja sesionará el próximo martes para tratar alquileres, pero primero el oficialismo tiene que “dar vuelta votos” y apuntó contra JxC.
En diálogo por la AM 750, la camporista contó el duro cruce que tuvo con la vicepresidenta de la UCR al cierre del tratamiento sobre las modificaciones a la Ley de Alquileres: “Yo contesté a una provocación de la diputada Banfi. La verdad es que hay un nivel de impunidad a veces de los que representan a nuestra oposición que pocas veces reparan en los temas importantes para la sociedad y muchas veces se prestan a reproducir y a generar sentido común en relación a acusaciones falsas. Estábamos discutiendo un tema central, pero uno no tiene que dejar pasar ese tipo de cosas si te dicen que sos una chorra, evidentemente vas a contestar esa provocación”.
“Veníamos discutiendo el tema de alquileres que es un tema que va a ocupar estos días hasta el martes que tenemos la sesión en la que vamos a tratar el proyecto que vino del Senado”, confirmó.
En este sentido, apuntó: “Hay algo de todo el tiempo estar corriendo la atención de los temas importantes. Me parece que en este tema de alquileres el bloque de JxC ha demostrado que no le interesan los inquilinos, que le dan la espalda a 10 millones de inquilinos en el país porque vienen insistiendo en sancionar una ley que justamente lo que hace es dejar de proteger los derechos de acceso a la vivienda digna que en Argentina es un derecho Constitucional”.
“Traen estos temas que, obviamente pueden ser de interés para la opinión pública, no tengo problema alguno en hablar de eso porque creo que estuvo mal lo que pasó con Insaurralde, creo que estuvo bien que en menos de cinco horas hubo una respuesta de nuestra fuerza política y que hoy no sea más ni funcionario del gobierno de la provincia ni candidato, pero creo que ellos también tienen cosas de las que hacerse cargo y es importante que se pueda medir con la misma vara”, manifestó y comparó: “Así como nosotros tuvimos esta reacción y entendimos que la acción de Martín no representaba los valores que hay que cumplir para tener una función pública, ellos deberían hacer lo mismo con ‘Pepín’ Rodríguez Simón que sigue prófugo hace más de mil días”.
Al respecto, denunció que “ahí aparece la intención de poner estos temas por delante y de no hacerse cargo de que están asumiendo decisiones en relación a la legislación vinculada con los alquileres que va a empeorara las condiciones en las que están muchos inquilinos”.
Al ser consultada si el oficialismo cuenta con los números para aprobar su dictamen, afirmó: “Tenemos que dar vuelta votos”, y recordó que en la sesión del 23 de agosto en Diputados la oposición logró media sanción a “un proyecto que va para atrás a las condiciones para inquilinos porque retrocede a 2 años el tiempo de la duración del contrato, deja librado al azahar el índice por el cual se van a estipular los aumentos. Esto es un engaño porque en la relación contractual porque las personas que necesitan vivir en algún lado no tienen mucho margen para negociar. Modificaron el plazo de actualizaciones llevándolo a 4 meses cuando era de 1 año. Todo esto empeora las condiciones de vida de los inquilinos”.
“Nosotros estamos trabajando con una mejora que hizo el Senado para dar vuelta algunos votos y lograr aprobar lo que nos envió”, manifestó.
Por último, se refirió a las expresiones de los candidatos libertarios sobre el terrorismo de Estado: “Es preocupante las expresiones de Javier Milei y Victoria Villarruel sobre el negacionismo porque ya hacen apología de la dictadura directamente. Me parece que hay que sentar postura para decir que nunca más al terrorismo de Estado”, y adelantó que “la semana que viene vamos a empezar a darle tratamiento a muchos proyectos vinculados a estos tipos de comentarios negacionistas para tener legislación y evitar este tipo de comentarios negacionistas y tiene que ser un repudio de la sociedad para cuidar la democracia”.
Se dio en el marco del plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda. El dictamen de mayoría obtuvo 41 firmas y el de minoría 37.
Tras un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, el oficialismo avaló las modificaciones, mientras que la oposición defendió la media sanción que había salido en agosto pasado.
El oficialismo en la Cámara de Diputados se alzó este miércoles con el dictamen de mayoría a favor del proyecto que fue devuelto con cambios desde el Senado sobre la Ley de Alquileres, mientras que la oposición firmó un dictamen de minoría que defiende la media sanción que había sido aprobada el pasado 23 de agosto.
El Frente de Todos, solo con el acompañamiento del misionero Carlos Fernández, consiguió el despacho de mayoría con 41 firmas. Fernández había votado a favor junto al resto de la oposición la vez pasada. En tanto, con 39, el despacho de minoría fue respaldado por Juntos por el Cambio y la bonaerense Graciela Camaño.
A pesar de esos números, la ley tendrá un final abierto en el recinto. La postura que adopten los bloques federales será determinante para torcer el destino de la reforma de un lado o del otro. Se sabe que, a favor de la derogación, los tres libertarios liderados por Javier Milei se opondrán a cualquiera de las dos opciones.
En la previa de la sesión, que se estima se convocará para la próxima semana y podría incluir el tema, en el FdT admiten que la oposición estaría en condiciones nuevamente de imponer su mayoría y, en ese caso, sancionar definitivamente una modificación que devuelve el plazo de los contratos a dos años, permite ajustes cada cuatro meses y deja librado al acuerdo de la partes la actualización de los alquileres con la opción de tres índices (IPC, IPM, IS). Cabe recordar que en la sesión de agosto a la bancada liderada por Germán Martínez le faltaron 13 integrantes, que podrían haber hecho empatar la votación, pese a que algunos estiman que en ese caso no se hubieran abstenido los dos socialistas. Igualmente, es historia.
Aunque en el Senado el rionegrino Alberto Weretilneck votó junto al oficialismo, sus dos diputados estarían más cerca de mantenerse a favor de la versión original. Eso contribuye a los números de Juntos por el Cambio, que este miércoles salió a reclamarle a esos legisladores que mantengan su postura, lo que despertó rechazo en la reunión.
Por su parte, el texto que salió del Senado mantiene el plazo (vigente actualmente) de tres años en los contratos; establece que los aumentos sean semestrales; y fija un nuevo índice para la actualización, a partir del coeficiente “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
Al comienzo de la reunión, que terminó con los ánimos alterados y una fuerte discusión entre la oficialista Paula Penacca y la radical Karina Banfi, el primer orador fue el diputado Pablo Tonelli, que defendió la media sanción de Diputados.
“La Ley 27.551 no dio los resultados esperados y produjo una alteración dramática en el mercado de los alquileres”, afirmó y mencionó que al momento de su sanción -a mediados de 2020- en la Ciudad de Buenos Aires había “una oferta de unos 7.000 inmuebles” y “hoy en día hay menos de 1.000”. Dijo que a la ley se sumaron “factores externos” como la alta inflación que hace que los alquileres requieran “aumentos constantes”.
El legislador del Pro cuestionó que a partir de la Ley de Alquileres “los locadores perdieron rentabilidad, estímulo, aliciente y retiraron del mercado” las propiedades. Para el macrista, puede ser “una actitud comprensible” querer “proteger a los inquilinos, pero ya está probado que esa protección excesiva no ha dado buenos resultados”. “Tenemos que encontrar un equilibrio que respete razonablemente los intereses de las dos partes”, añadió y ratificó: “Creemos que lo mejor es insistir en la sanción originaria de nuestra cámara”.
También a favor de la reforma salida de Diputados, el puntano Alejandro Cacace sostuvo que un contrato de tres años “es una eternidad en este contexto” y se quejó de que se quiera “imponer los precios desde el Estado, porque sabemos los problemas que trae”. El diputado de Evolución Radical explicó que “en una economía que tiene 12% de inflación mensual” los propietarios “se cubren de la inflación cobrando todo de arranque desde el precio inicial”, al defender que se puedan hacer las actualizaciones cada cuatro meses. “Está claro que en una economía que es altamente inflacionaria hay que reducir los tiempos de la actualización”, insistió en esta línea.
Entre los oradores, desde el oficialismo el porteño Itaí Hagman observó que lo más conflictivo de la situación no era solo la alta inflación sino “la caída del salario real”, que hace más difícil a los inquilinos afrontar los aumentos. “La incertidumbre la hemos generado con la expectativa de un cambio del régimen”, opinó, al recordar que desde el año pasado está en debate la reforma de la 27.551.
Según el diputado del FdT, desde que se sancionó la ley “hasta el segundo cuatrimestre de 2022, creció la oferta”, mientras que comenzó a caer en el segundo semestre de 2022. “Se combinó la inflación y la expectativa”, señaló y advirtió que el cambio del plazo del contrato de tres años a dos es algo que no le interesa a propietarios e inquilinos, sino “hay un solo actor al que les conviene: las inmobiliarias”.
“La ley no fija los precios de los alquileres”, aclaró y defendió que “a las dos partes les sirve que haya un mecanismo de indexación, porque nunca se sabe a ciencia cierta cuál va a ser la inflación”.
Un final caliente
A medida que avanzó la reunión, el debate fue subiendo de tono. Tras cuestionar la ley actual y la reforma del Senado, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, mencionó que en el Senado el rionegrino Alberto Weretilneck -gobernador electo- votó junto al FdT, pero lanzó: “Espero que los diputados acá puedan tener independencia de la posición del senador Weretilneck”.
También resaltó que el bloque de Milei votó en contra de los dos dictámenes en agosto pasado, para manifestar que “si hoy el bloque del diputado Milei y del gobernador Weretilneck acompañan la media sanción que pudimos obtener en agosto en Diputados, vamos a tener una mejor Ley de Alquileres”.
“Es una vergüenza que un diputado pida la palabra para apretar a colegas públicamente”, se quejó visiblemente molesto Germán Martínez, presidente de la bancada oficialista.
Vino después la intervención del diputado del FdT Eduardo Toniolli, quien disparó contra López: “Le queda mejor el papel de defensor de (Horacio) Rosatti que de apretador”. Lo hizo en alusión al presidente de la Corte Suprema y el rol de López en la Comisión de Juicio Político. Pero después siguió y expresó que entre los “problemas de la Argentina” uno es “la oposición pedorra que tiene este Gobierno”.
El santafesino consideró la ley que defiende la oposición “la escribió el señor Barriga” (personaje del Chavo del 8) y enfatizó que “hay una falta de sensibilidad en algunas intervenciones que son alarmantes”.
“Más pedorro será el diputado que acaba de hablar”, devolvió la radical Karina Banfi, que calificó al texto venido del Senado como “una medida populista”. “La única idea que tienen es más intervención, más congelamiento, más subsidio, más maquinita y más inflación. Esto ya lo conocemos, ya lo hizo (Hugo) Chávez en Venezuela”, exclamó.
Además, chicaneó al oficialismo: “Van terceros y no entran al balotaje”. “Este problema de la ley lo ocasionó el gobierno de (Alberto) Fernández, terminemos con el cuento de (Daniel) Lipovetzky, que les digo, nos echó una maldición, eh”, aseveró y también apuntó a los legisladores de Juntos Somos Río Negro, al sostener que si acompañan al oficialismo “seguramente quedará en la conciencia del senador Weretilneck y de los rionegrinos, que seguro deben ser todos propietarios”.
En el cierre, Federico Fagioli, diputado referenciado en Juan Grabois, habló de “juntos por la desregulación o juntos por el mercado” y los acusó de que “odian profundamente” a los inquilinos y “lo que quieren hacer es tirarlos a la fosa”. “ El único objetivo que ustedes tienen es enriquecer a las inmobiliarias”, criticó y sumó: “Sus proyectos son solo de odio. Hay una vocación de Juntos por el Cambio de querer arruinarle la vida 10 millones de inquilinos”.
Los últimos discursos despertaron un ida y vuelta de respuestas fuera de micrófono que, cuando se dio por cerrado el plenario, continuó muy fuerte entre Banfi y Penacca. Luego de que de un lado hubieran chicaneado con el escándalo Martín Insaurralde y del otro respondieran citando a Gerardo Milman -que estuvo en la reunión-, las diputadas se cruzaron a los gritos con duras acusaciones.
Se convocó a un plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación General para tratar este miércoles 4 de octubre a las 12.30 la modificación de la Ley de Alquileres que regresa con cambios de la Cámara alta.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, a cargo de Carlos Heller (FdT), y la de Legislación General, presidida por Lucas Godoy (FdT), convocaron a un plenario para este miércoles 4 de octubre a las 12.30 para tratar la modificación de la Ley de Alquileres que vuelve del Senado con cambios.
El 23 de agosto pasado, la oposición unida -excepto la izquierda y los libertarios- obtuvo la media sanción de la reforma de la Ley de Alquileres en la Cámara de Diputados.
En sus puntos centrales, las modificaciones a la media sanción que había salido de la Cámara baja consistían en: mantener el plazo (vigente actualmente) de tres años en los contratos; establecer que los aumentos sean semestrales; y fijar un nuevo índice para la actualización de los alquileres, a partir del coeficiente “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Lo que se mantuvo sin cambios fue la parte que prevé beneficios fiscales para incentivar la oferta de propiedades.
La iniciativa aprobada establecía que “en los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a 4 meses”.
En tanto, “para los ajustes, las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.
Además, el proyecto volvía a dos años el plazo mínimo legal de los contratos e incorpora una serie de incentivos para promover la oferta de viviendas en el mercado.
Sin embargo, el jueves pasado en la sesión especial del Senado, el Frente de Todos, aliados con Clara Vega, Alberto Weretilneck y 4 senadores de Unidad Federal, impuso su dictamen de mayoría con modificaciones y el proyecto vuelve a la Cámara baja.
La modificación que el oficialismo impuso mantiene un plazo mínimo de locación de inmueble de 3 años; y para los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único, en moneda nacional, y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a seis meses.
En cuanto al índice de actualización, en vez de aplicar por partes iguales el índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), dispone que se aplicará el coeficiente Casa Propia, publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
Las publicidades, a través de cualquier medio o plataforma, que incluya precios de locaciones de inmuebles deben realizarse en moneda nacional y para el cálculo de las indemnizaciones deberá tomarse como base el valor del mes de alquiler en el momento en que se entrega el inmueble. También, en la parte que expresa que no corresponde indemnización si la notificación al locador se hace con un mínimo de tres meses de anticipación, añade que el preaviso debe operar sus efectos luego de haberse cumplido seis meses de contrato.
Del mismo modo, la Secretaría de la Vivienda para garantizar el “Programa Nacional de Alquiler Social” deberá relevar y difundir información estadística sobre la situación de las locaciones con fin habitacional en la Argentina, identificando demanda locativa y cantidad de hogares inquilinos, y, sobre la demanda habitacional de alquiler social, beneficiarios alcanzados y las medidas adoptadas para su cumplimiento.
Sobre el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes sostiene que la actividad de locación de inmuebles mediante contratos debidamente registrados se considera una sola unidad de explotación. También agrega que los ingresos provenientes de la locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del monotributo.
Establece las exenciones del gravamen sobre los créditos y los débitos en cajas de ahorro o cuentas corrientes utilizadas exclusivamente para operaciones relacionadas con locaciones de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos estén debidamente registrados.
Dispone que las partes podrán deducir del impuesto a las Ganancias la suma equivalente al 10 % del monto anual del contrato de locación.
La iniciativa en el Senado recibió 37 votos a favor y 29 en contra. La nueva redacción conserva en tres años la duración de los contratos, establece aumentos semestrales y contempla un nuevo índice para la actualización.
Inquilinos, propietarios e inmobiliarias seguirán esperando por una nueva Ley de Alquileres, ya que -tal como se preveía- el oficialismo en el Senado impuso su dictamen de mayoría con modificaciones en la sesión de este jueves, por lo que el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados.
El texto fue aprobado con 37 votos afirmativos y 29 negativos. El Frente de Todos construyó una mayoría a partir del acuerdo, que se dio previamente en la discusión en comisión, con sus excompañeros de bancada y sus habituales aliados.
Así, además del oficialismo, votaron a favor de los cambios Guillermo Snopek, Eugenia Catalfamo, Edgardo Kueider y Carlos “Camau” Espínola, de Unidad Federal; la riojana Clara Vega y el rionegrino Alberto Weretilneck, cada uno desde su monobloque.
En el caso de éste último, los diputados rionegrinos que responden a su espacio habían votado en la Cámara baja con Juntos por el Cambio y otros sectores de la oposición. Pero, a partir de esta nueva versión del proyecto, su postura podría cambiar.
Además de los votos negativos de Juntos por el Cambio -que tuvo cinco ausentes-, se opuso la cordobesa Alejandra Vigo. Al igual que en la votación de los pliegos judiciales, la misionera Magdalena Solari Quintana, presente este jueves, se ausentó en ese momento.
En sus puntos centrales, las modificaciones a la media sanción que vino de Diputados consisten en: mantener el plazo (vigente actualmente) de tres años en los contratos; establecer que los aumentos sean semestrales; y fijar un nuevo índice para la actualización de los alquileres, a partir del coeficiente “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Lo que se mantuvo sin cambios fue la parte que prevé beneficios fiscales para incentivar la oferta de propiedades.
Por su parte, Juntos por el Cambio defendió la media sanción que salió de Diputados, que preveía que los contratos vuelvan a dos años, actualizaciones cada cuatro meses y un menú de tres índices para establecer los aumentos, a acordar entre las partes.
Miembro informante del oficialismo, el pampeano Daniel Bensusán aseguró que en las comisiones quedó claro que el proyecto que vino de la Cámara de Diputados “no era del agrado de las partes” y hasta senadores de la bancada opositora reconocieron que “no era un dictamen que solucionaba el problema”. “Nuestra obligación es mejorar el proyecto de ley”, defendió y enumeró que “obviamente que la escasez de inmuebles destinados al alquiler tiene múltiples causales: la especulación financiera, la dolarización de los alquileres y la inflación, que hace difícil mantener un equilibrio en esta relación contractual”.
“Este problema no se resuelve con una sola ley, es integral, y seguramente el Estado tendrá que intervenir controlando”, consideró y detalló los cambios. Además de los contratos y el plazo de actualización, resaltó que se eliminó que “se permitan pagos voluntarios anticipados por parte del inquilino”, y se estableció que “los contratos sean redactados y acordados en moneda nacional”.
Sobre el nuevo índice, el presidente de la Comisión de Legislación General explicó que se determinará “por la menor variación que surja de comparar el 0,9 del coeficiente de variación salarial, publicado por el INDEC, y la variación del coeficiente de estabilización de referencia, publicado por el Banco Central”.
“Entendemos que permitirá mejorar la situación de esa gran masa de inquilinos que hoy no pueden acceder a una vivienda”, dijo sobre la nueva redacción y afirmó que se busca que el cambio en “los plazos para la duración del contrato y eventuales ajustes le dan una previsibilidad y estabilidad”.
Al manifestarse a favor de la media sanción de Diputados, el radical Víctor Zimmermann observó que la Ley de Alquileres actual “que afecta tanto a propietarios como a inquilinos, se ve básicamente afectada por el tema de la inflación, del cepo al dólar, por el problema del déficit habitacional y por la falta de inversión”. “Con una Ley de Alquileres no se puede resolver el problema económico de un país”, agregó.
Recordó que los expositores que asistieron a las comisiones desde Córdoba comentaron que “el 47% de los inmuebles que se ponen normalmente dentro del mercado de los alquileres fueron retirados para alquiler temporal” -cuestión pendiente de abordar, admitió-. “(Los propietarios) prefieren ponerlo en alquiler temporal y cobrar los alquileres en dólares o euros”, señaló.
El chaqueño expresó que todos los invitados que vinieron “nos pidieron que le demos celeridad y certidumbre al tratamiento, y yo creo que lo hemos logrado, más allá de las diferencias”, pero cuestionó que se dilate la resolución regresando el proyecto a Diputados, mientras “hay muchos contratos pendientes que están parados, esperando a ver qué pasa”.
A su turno, el porteño Martín Lousteau recordó que él estaba en Diputados cuando se aprobó la primera norma y advirtió que por entonces había los mismos temores que en la actualidad. En su discurso se preguntó si “lo que viene con media sanción de Diputados resuelve el problema… La verdad que no los resuelve, en un contexto con una mente dolarizada en materia de propiedades. Claramente que no es la panacea la media sanción, pero el dictamen de mayoría va a agravar el vicio de querer proteger al más débil y terminar haciéndole peor la situación”.
El legislador de Evolución Radical advirtió también que “hay 15 mil personas que cuando intervenimos mal, se les va a ir el precio de los alquileres a las nubes, o no se los van a renovar”.
Lousteau sostuvo que “estamos generando una incertidumbre respecto del flujo de fondos que va a hacer que hoy con un proyecto así suban el alquiler”. A su juicio, el propietario dirá: “Me voy a cubrir porque para adelante voy a recibir menos”.
Cerró el debate la vicejefa del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, que cuestionó la actitud de Juntos por el Cambio, a cuyos miembros acusó de no querer acordar nada con el oficialismo “aunque estén de acuerdo”. Puso como ejemplo el tema de alquileres temporarios, donde habían acordado un dictamen con la UCR, pero después “les tiraron la oreja a dos o tres y ahora lo quieren cambiar”.
La mendocina aseguró que desde el Frente de Todos tenían la voluntad de mejorar la media sanción que venía de Diputados, pero sostuvo que “se nos hace imposible porque hay una decisión política (en la oposición) de no acordar, porque estamos en medio de la campaña. Esa mezquindad nos lleva a tener dos dictámenes”.
Reconoció el trabajo en comisión y en ese sentido valoró la actitud del vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Víctor Zimmermann, de quien elogió “la amplitud con la que se trabajó”, y al respecto aseguró que “el resultado de nuestra máxima síntesis es este dictamen”.
“El problema afecta a 10 millones de personas; la inquilinización de la vivienda hay que trabajarla desde un lado político, pero ante la irresponsabilidad de la parte minoritaria de Juntos por el Cambio de enviar una media sanción que lo único que produjo fue incertidumbre, paralización de contratos y una desfachatez… Porque algunos diputados y senadores no habían leído la media sanción”, afirmó. Al respecto, la camporista sostuvo que en lo que llegó de la otra Cámara “ya no había alquileres para comercios de tres años; volvían a incluir que se tuvieran que pagar meses por adelantado, y que libremente el inquilino y el locador se tenían que poner de acuerdo en cómo se tenían que actualizar los alquileres”.
Fernández Sagasti diferenció que “este dictamen lo que tiene que hacer al legislar entre dos puntos o intereses contrapuestos es tratar de equilibrar un sistema, porque ese mundo de fantasía que muchos senadores nos quieren vender no existe”.
Agregó que el contrato de alquiler “funciona en los hechos como un contrato de adhesión, donde no pueden discutir las cláusulas porque hay una relación de asimetría con el propietario”. En referencia a la actual Ley 27.551, apuntó que en su momento vino a corregir una serie de abusos que existían por entonces. “No solucionó el problema, pero seamos sinceros: una ley no va a resolver la situación económica y social que existe en la Argentina. Hay que debatir una ley que tiene que ver con volver a convertir la vivienda en la Argentina en un derecho y no en un activo financiero, como está pasando ahora”, analizó y completó que “retroceder a contratos de dos años es incrementar la incertidumbre que viven diez millones de personas”.
Puntos centrales del proyecto
La sesión especial fue citada para este jueves a las 14. Hace más de cinco meses que la Cámara alta no se reúne para tratar proyectos. También se debatirán varias iniciativas con media sanción, entre ellas la creación de universidades nacionales.
Se oficializó finalmente la convocatoria a sesión especial en el Senado para este jueves, a partir de las 14, con un temario abultado y varios “platos fuertes”. Además de proyectos de interés del ministro/candidato Sergio Massa, la lista de iniciativas a tratar incluye cuestiones largamente pendientes y un paquete de pliegos judiciales, entre ellos el de Ana María Figueroa.
Para llegar a los 37 senadores para el quórum, el interbloque Frente de Todos aspira a contar con sus habituales aliados y cuatro de sus excompañeros que hoy forman parte del bloque Unidad Federal.
La de este jueves será la segunda sesión del año para tratar proyectos: en lo que va de 2023, sólo se aprobaron iniciativas el día 13 de abril, hace más de cinco meses. En mayo hubo una sesión informativa, con la visita del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y dos convocatorias que fracasaron.
La última de ellas fue el 12 de julio, cuando el oficialismo no pudo avanzar con la extensión por cinco años del cargo de la camarista Figueroa -clave hasta ese momento en causas que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner-, antes de que cumpliera los 75 años de edad. Sin embargo, ahora, la Corte Suprema ya ha dispuesto que la magistrada cese en sus funciones.
Tras cumplir años, Figueroa pretendía permanecer en su cargo, aunque retirándose de la presidencia de la Cámara de Casación y sin firmar sentencias, a la espera de que el trámite parlamentario se complete, amparada -bajo su criterio- en una resolución del Consejo de la Magistratura. Pero el máximo tribunal ordenó por unanimidad que deje su cargo el pasado 6 de septiembre y, días después, la Sala I de Casación avanzó con la reapertura de las causas Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán.
De esta manera, si el oficialismo logra aprobar el pliego -hasta días atrás el rionegrino Alberto Weretilneck no se mostraba a favor de votar y los números no estaban-, el Senado, presidido por CFK, irá a contramano de lo dicho por la Corte. El trámite se completará si, en caso de recibir acuerdo, el presidente Alberto Fernández firma el decreto de designación. Lo que abriría un nuevo conflicto de poderes.
Por otra parte, la Cámara alta debatirá la iniciativa impulsada por el candidato Massa sobre eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, a la que se le dio un tratamiento veloz en ambas cámaras. Para este viernes, la CGT convocó a una movilización para festejar ésta y otras medidas que están en discusión en el Congreso -los programas de “Compra sin IVA” y “Empleo MiPyME”-.
El otro gran tema será la Ley de Alquileres: a partir de un acuerdo alcanzado con aliados y sus excompañeros que ahora están en el bloque Unidad Federal, el oficialismo incorporó modificaciones a la media sanción que la oposición había logrado en la Cámara de Diputados. Los principales cambios prevén mantener en tres años el plazo de los contratos, que la actualización sea semestral y que el índice a utilizar sea el de “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
Afuera del temario quedó un proyecto sobre regulación de los alquileres temporarios, que la UCR había acordado con el FdT, pero que desde el Pro salieron a cuestionar y generó ruido interno en la bancada opositora; y la iniciativa sobre créditos UVA, que recibió dictamen con modificaciones, pero incluso había disidencias dentro del propio oficialismo.
La lista de proyectos a tratar incluye varios temas que ya cuentan con media sanción de Diputados y, de ser aprobados, serán ley: la creación de cinco universidades nacionales; la creación de un programa de prevención y tratamiento de la pubertad precoz; la ley sobre atención a mujeres y personas gestantes ante la muerte perinatal; el régimen de promoción de la producción orgánica; y un proyecto para establecer por ley el Programa de Becas Progresar. Además, volverá con cambios a Diputados la iniciativa sobre incorporar la violencia digital contra las mujeres a la Ley 26.485.
En un gesto al entrerriano Edgardo Kueider (UF), quien en la última sesión no dio quórum molesto por el no tratamiento de su iniciativa, se tratará el proyecto sobre disminución de las tarifas eléctricas. También, de autoría de la puntana Eugenia Catalfamo (UF), se incorporó un proyecto para establecer el Programa “Remediar” por ley.
El temario se completa con una iniciativa de Daniel Bensusán (FNyP-FdT) para establecer por ley el Programa “Conectar Igualdad” y otra de Pablo Yedlin (FNyP-FdT) sobre fluoración de la sal para consumo humano, con el objetivo de prevenir las caries.
El jefe del bloque oficialista apuntó contra la oposición que “tiene como estrategia no dar quórum y paralizar todo”. Además, afirmó que el proyecto sobre Ganancias “saldría sin problemas” y las modificaciones a la Ley de Alquileres “van a volver a Diputados”.
El jefe del bloque oficialista en el Senado, el formoseño José Mayans, afirmó que el oficialismo baraja la posibilidad de sesionar el próximo jueves para sancionar Ganancias, aprobar las modificaciones de la Ley de Alquileres que “vuelve a Diputados”. Pero eso no es todo, también sumarán en el temario los 75 pliegos judiciales, incluyendo la controvertida designación de Ana María Figueroa, la exjueza cesanteada por la Corte Suprema al llegar a la edad jubilatoria.
Se trata de la funcionaria judicial debía votar en causas en las que la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, está involucrada: Los Sauces y Hotesur. Había cumplido los 75 años de edad el pasado 8 de agosto y la Constitución nacional establece que cuando eso sucede un magistrado debe dejar el cargo, por eso el oficialismo en el Senado intentó en varias ocasiones prorrogar su pliego a través de un pedido del Poder Ejecutivo, pero nunca logró el quórum. Desde el bloque oficialista insisten que el pliego de Figueroa debe ser tratado en el recinto porque tiene dictamen de la Comisión de Acuerdos.
En diálogo por CNN Radio, Mayans comentó: “La idea es tratar Ganancias la semana que viene, porque hay varios temas que están ahí pendientes y nosotros podemos tener el quórum estricto porque, así como están los números en el Senado la oposición tiene como estrategia no dar quórum. Ya vienen así desde las PASO y ahora están esperando que pasen las generales que es una mala estrategia porque el Parlamento se tiene que pronunciar en los temas que la sociedad necesita”.
“Esa estrategia de paralizar todo…porque el grupo Cambiemos creían que van a ser gobierno entonces les correspondía las decisiones el tiempo que viene. Así no les va tan bien con esa estrategia porque la gente siente que no tiene respuesta de Cambiemos. Esa es la visión que se tiene de acuerdo al consenso que están teniendo”, arremetió el senador.
A su vez, enumeró: “El Senado tiene pendiente el tratamiento de pliegos que son 75 pliegos que ya tienen despacho, el tema de la Ley de Alquileres. Hasta acá podemos tener los números si no se enferma nadie. Ganancias saldría sin problemas”.
“El primer tema que se trata en cualquier sesión es el tema de los acuerdos, aparte de eso si nosotros decimos que la justicia tiene que actuar en la lucha contra el crimen organizado, contra la trata de personas, estos son pliegos que tiene un tramite de 5 años. Son pliegos que sacó el Consejo de la Magistratura en el tiempo de Macri por dos tercios”, expresó el formoseño.
En tanto, remarcó que “hay un pedido de ratificación del Ejecutivo que fue a Audiencia Pública y no recibió objeciones ni impugnaciones. No sé cómo objetan las personas que cumplen con los requisitos constitucionales”, y denunció: “En cambio, hay dos jueces en la Cámara Federal que son Bertuzzi y Bulgia que se negaron a venir a la Cámara del Senado y la Corte los sigue sosteniendo de forma irregular y siguen haciendo fallos. Esa gente está en falta constitucional”.
“Son temas que nosotros consideramos importante, si tenemos los números lo tratamos sino no los incluimos porque representa herramientas para que el Poder Judicial actúa en la lucha del narcotráfico, no podemos dejarlo supeditado a que a un senador no le guste. Si no tememos los números se cae”, planteó.
Por otro lado, consultado por Alquileres aseguró: “Las modificaciones están confirmadas y vuelve a Diputados y hay que ver qué tratamiento le dan. Mientras tanto hay una ley vigente”.
“Estos cambios van de acuerdo a la situación que se está viviendo. Nosotros hicimos audiencias donde estuvieron inquilinos y propietarios. Hay una propuesta de la Comisión de Turismo para los alquileres temporarios, son las visiones que se traen y el resultado es el despacho de comisión. Vamos a ir al recinto y vemos los números”, explicó.
Además, señaló que “en la Ley de Alquileres hay una lucha de intereses y hay que poner mucha racionalidad teniendo en cuenta lo que dijeron los inquilinos, para que no sean afectados tanto propietarios como inquilinos. El tema de la racionalidad es el ajuste por salario, los contratos en pesos y cada 6 meses y contratos de 3 años. Va a salir eso y va a ir a Diputados de nuevo”.
“Esta semana tuvimos una senadora con problemas de salud y cuando tenes un quórum muy estricto no se puede enfermar nadie. Dios quiera que podamos cumplir con el objetivo”, bregó.
Por último, se refirió al panorama electoral: “Acá hay dos modelos, un modelo liberal y el del Estado presente”, y diferenció: “El modelo liberal perdió 200 mil millones de dólares de PBI y endeudó a la Argentina. Claramente el problema es la brutal deuda que dejó Mauricio Macri”.
En tanto, el senador también habló sobre Javier Milei: “Él dice que va a ser peor que Macri y tiene los datos incorrectos de cuánto vale y gasta la política”. Y estableció que a Patricia Bullrich le falta información: “Cada vez que habla pierde un punto porque no entiende dónde está metida”.
Al cierre de la entrevista, el dirigente peronista calificó como “un cuento chino” el gasto del Estado en la política. Y fundamentó: “El 50% del gasto del Estado está en el sistema previsional y ayuda social, hay 9 millones de personas metidas en el sistema previsional y unos 12 millones en ayuda social”.
“Milei dice que va a dolarizar, pero va a terminar con la salud, la seguridad y la justicia. Y después de él va a venir otra frustración porque no tienen un dólar para dolarizar”, finalizó Mayans.
Con el apoyo de aliados y sus excompañeros, el FdT aspira a tener el quórum para poder abrir la reunión. Sumarán el tema de alquileres temporarios. La incógnita sobre los pliegos judiciales. La Cámara alta no trata proyectos desde hace cinco meses.
Tras haber acordado con sus aliados y cuatro de los miembros de Unidad Federal las modificaciones a la media sanción de la Ley de Alquileres que vino de la Cámara baja, el oficialismo en el Senado buscará realizar una sesión la próxima semana para tratar este y otros temas pendientes. La incógnita pasa por saber si también incluirá el abultado paquete de pliegos judiciales.
El interbloque del Frente de Todos, que cuenta con 31 miembros, podría alcanzar el quórum a partir del acompañamiento de tres senadores con monobloque (Alberto Weretilneck, Magdalena Solari Quintana y Clara Vega) y cuatro de sus excompañeros. Con todos presentes, y sin contar a la cordobesa Alejandra Vigo -que es vice de UF- ni el interbloque Juntos por el Cambio, estarían en 38, uno por encima del número que se requiere para abrir la reunión.
Vale recordar que la Cámara alta presidida por Cristina Kirchner no se reúne para aprobar proyectos desde hace cinco meses, pues la última y única sesión de este año para ese fin se realizó el 13 de abril.
En tanto, el 12 de julio, antes de las PASO y previo a que la jueza Ana María Figueroa cumpliera los 75 años de edad, fracasó la convocatoria a sesión. Fue justamente a raíz de la polémica por la camarista -a quien la Corte ya ordenó dejar el cargo-, cuyo pliego estaba incluido en el temario. También ese día el oficialismo sufrió un revés con las ausencias de Guillermo Snopek y Edgardo Kueider.
Además de Figueroa, hay pendientes otras 74 designaciones de jueces, fiscales y defensores. Desde JxC se oponen a avanzar con su aprobación a las puertas de un recambio de gobierno. Sin embargo, fuentes del FdT en el Senado dijeron a parlamentario.com que estos dictámenes podrían incluirse en la sesión de la semana que viene, ante la expectativa de que se reúna quórum. Incluso, no descartaron insistir con el de Figueroa, pero saben que los números en ese caso serían ajustados, con el eventual rechazo de, por ejemplo, el gobernador electo de Río Negro. Es decir, a Weretilneck lo cuentan dando quórum, pero saben que no estaría asegurado su acompañamiento en este caso.
De la mano del dictamen que introduce modificaciones a la media sanción sobre la Ley de Alquileres, el temario podría incluir el proyecto para regular los alquileres temporarios, algo que dividió a JxC, ya que fue consensuado entre el oficialismo y la UCR, pero el Pro, con la candidata presidencial Patricia Bullrich a la cabeza, salió a rechazarlo.
Entre los proyectos que quedaron pendientes en la frustrada sesión del 12 de julio se encuentran las iniciativas con media sanción sobre procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, y creación de un programa de prevención, diagnóstico y tratamiento integral de la pubertad precoz.
Además, en las últimas semanas tuvieron dictamen en comisiones otros proyectos que vienen de Diputados: incorporación de la violencia digital a la Ley de Protección Integral a las Mujeres, instaurar por ley las becas Progresar, régimen de promoción de la producción orgánica y creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios (aprobado el año pasado en la Cámara baja).
Más retrasado, con dictamen desde mayo, se encuentra pendiente el proyecto de “Mono-Tech” para contribuyentes que perciben sus ingresos en dólares.
Por otra parte, en medio de las negociaciones que se dieron en agosto pasado, tuvo despacho un proyecto de Kueider sobre disminución en las tarifas eléctricas. El FdT reveló que trabajaría en una propuesta similar, pero luego no hubo avances.
Hasta ahora no salió de comisión una resolución respecto a la iniciativa sobre los créditos UVA, con media sanción de Diputados y que también tendría cambios en la Cámara alta.
Sin dictamen también se encuentra el proyecto de ley para modificar la normativa en la prevención y lucha contra el lavado de activos, un tema que urgía ante la evaluación internacional para el país este año.
El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado resaltó los “beneficios” que a su juicio otorgan el dictamen de mayoría alcanzado este miércoles.
Tras el dictamen de mayoría que obtuvo la reforma de la Ley de Alquileres en el Senado, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación, el riojano Ricardo Guerra, resaltó que “con este proyecto se ha procurado asignarle un equilibrio a la relación contractual que observábamos que la media sanción de Diputados no la tenía. Desde nuestra posición, esa media sanción evidenciaba un desequilibrio en favor de una de las partes, que sería la que tiene mayor fuerza en esta relación contractual: los propietarios”.
Además, Guerra no dudó en considerar que “si los propietarios no van a poner en el mercado sus bienes para locación, ratificarían una actitud especulativa porque están teniendo un incentivo impositivo fuerte si así lo hacen”.
Por último, y respecto al índice de actualización establecido en el dictamen de mayoría el legislador nacional señaló que el mismo “procura dar mayor estabilidad y previsibilidad a los inquilinos, cuestión que el proyecto de Diputados no contemplaba”.
El senador radical bregó para que “en el tiempo rápido y prudencial” se convoque a la labor parlamentaria y se traten “temas importantes para los argentinos que están pendientes en el Senado”.
El senador nacional y vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el radical Víctor Zimmermann (Chaco), se refirió a los dos dictámenes que se emitieron este miércoles sobre la modificación a la Ley de Alquileres y consideró que “el gran problema es la inflación” por lo que “una ley no puede resolver el impacto negativo que están teniendo los índices inflacionarios sobre los alquileres”. En esa línea, bregó para que se convoque en un tiempo “rápido” a labor parlamentaria para poder sesionar. También adelantó su postura sobre los proyectos enviados por el ministro de Economía, Sergio Massa.
En diálogo por la AM 990, el radical repasó: “Nosotros, después de dar el debate con invitados de representantes de propietarios, inquilinos, desarrolladores inmobiliarios, vinieron todos de diferentes lugares del país, se hizo un trabajo muy interesante en las comisiones, al terminar la presencia de los invitados pedimos que se pase a la firma la media sanción de Diputados que modifica la actual ley”.
“Cabe recordar que la actual ley no beneficia ni a propietarios ni a inquilinos, es una ley que perjudica a todo el sector porque lo que hay que saber que el gran problema de los alquileres o la falta de viviendas en Argentina tiene que ver con el gran problema de la inflación, el cepo al dólar y de las cuestiones económicas. No se puede con una ley resolver el impacto negativo que están teniendo los índices inflacionarios que de alguna manera entorpece todo”, señaló Zimmermann.
En esa línea, reiteró: “Nosotros queríamos sacar la ley posible en el corto plazo porque mucha gente está esperando qué va a pasar y es algo que nos pidieron todo de darle la mayor celeridad posible porque hay muchos contratos pendientes de la firma”.
“Esas modificaciones les cuidaban esa certidumbre a tantos inquilinos y a tanta gente en el país, bueno esto no fue posible. El oficialismo me pidió la semana pasada un cuarto intermedio que retomamos en el día de ayer y finalmente ayer sacaron un dictamen de mayoría modificando la ley lo que significa que va a volver a Diputados”, alertó.
Respecto de la indexación, explicó que la ley actual establece un promedio entre el RIPTE y el IPC: “La media sanción de Diputados establece que se tienen que poner de acuerdo entre las partes y tienen la posibilidad de elegir los distintos índices que publica el INDEC”, y comparó: “El dictamen de mayoría del Senado lo que hace es modificar ese índice y toman un promedio teniendo en cuenta la variación de los últimos 12 meses de la inflación y del incremento del salario es un índice combinado que lo llaman Coeficiente de la Casa Propia y actualmente la actualización es una vez al año que eso genera un problema”.
“La actual ley perjudica tanto a propietarios como a los inquilinos, esto pasa en la práctica y nos dijeron todos. Lo que había que encontrar era un equilibrio en la media sanción o de la modificación de la ley y por eso a nosotros nos parecía apropiado que se actualice cada cuatro meses y que se puedan poner de acuerdo entre las partes sobre el índice a utilizar”, planteó el chaqueño.
Sobre los alquileres temporarios contó que “hay un acuerdo que se firmó un dictamen en la Comisión de Turismo se hizo un acuerdo entre un proyecto de la senadora oficialista Ianni y de la radical Juri. Estará para tratamiento en el futuro y espero se pueda reglamentar el tema de alquileres temporarios que no está reglamentado”.
En tanto, lamentó que “en el Senado hace muchísimo tiempo que no estamos tratando temas importantes que la gente necesita, tuvimos pocas sesiones y las últimas dos fueron sesiones especiales que, como el oficialismo tiene la mayoría o creía tener la mayoría las últimas dos veces hicieron una convocatoria en donde ponen solo los temas y convoca porque tienen los números. En la práctica convocaron a las últimas dos sesiones, pero fracasaron porque no tiene los números porque no se ponen temas importantes, sino que los principales temas tenían que ver con la designación de la jueza Ana María Figueroa”.
Así bregó: “Espero que hacia adelante se convoque a la labor parlamentaria como debe ser y se sesione con temas de interés de cada bloque y en el recinto se votará o no. Espero que en el tiempo rápido y prudencial se convoque a la labor parlamentaria y se traten temas importantes para los argentinos que están pendiente de tratamiento en el Senado”.
Por último, al ser consultado sobre su postura respecto del paquete de medidas que envió Sergio Massa afirmó: “Solo tenemos la letra chica y cuando se habla del paquete de medidas tiene que pasar primero por Diputados porque cuestiones impositivas tienen que pasar por ahí. Primero tenemos que ver qué pasa ahí”.
En tanto, informó que “junto a 27 senadores presentamos un proyecto en donde invitamos al ministro de Economía a que venga a contar cómo va a reemplazar estos cientos de millones que pierde de recaudación con el impuesto a las ganancias como también la devolución del IVA y todos esos impuestos son coparticipables y los gobernadores van a perder palta”.
“Yo si estoy de acuerdo en sacar el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría porque el salario no es ganancia”, afirmó, pero señaló que “en este contexto en donde se va a sacar dinero a las provincias argentinas de miles de millones de pesos y se dice que se va a reemplazar con el impuesto país o con el aumento al consumo, algo que es difícil que sea, entonces tenemos interrogantes y queremos que nos explique”.
El oficialismo, junto a cuatro miembros de UF y su aliada Clara Vega, emitió un despacho de mayoría que propone plazo de contratos por 3 años, actualizaciones cada 6 meses y que el índice de actualización sea el de “Casa Hogar”. La oposición defenderá la media sanción de Diputados.
Sin invitados a exponer, el plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado, presididas por los oficialistas Daniel Bensusán (La Pampa) y Ricardo Guerra (La Rioja), respectivamente, retomó este miércoles el debate sobre el proyecto de reforma de la Ley de Alquileres y, sin acuerdos entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio -como se esperaba-, se firmaron dos dictámenes.
A partir de un acuerdo con sus excompañeros que hoy forman parte de Unidad Federal, más el apoyo de su aliada Clara Vega, el oficialismo se alzó con el despacho de mayoría que, en sus puntos centrales, plantea el plazo de contratos por 3 años, actualizaciones cada 6 meses y que el índice de actualización sea “Casa Hogar”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Por este último punto, UF firmó en disidencias. Además, el proyecto mantiene los beneficios fiscales para incentivar la oferta de propiedades y que los contratos sean en moneda nacional.
Por su parte, Juntos por el Cambio suscribió un dictamen de minoría que reproduce la media sanción que salió de la Cámara de Diputados -sin cambios en su redacción-, la cual establece que los ajustes sean por intervalos no inferiores a 4 meses y que el mecanismo de actualización pueda combinarse entre tres índices, a acordar por las partes. Además, vuelve a dos años el plazo de los contratos.
Al inicio del encuentro, que se llevó a cabo en el Salón Illia, Bensusán anunció dos reemplazos en la comisión que preside: el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá por la misionera Magdalena Solari Quintana y Ricardo Guerra por el salteño Sergio Leavy. En el mismo sentido, Guerra comunicó cambios en su comisión: Rodríguez Saá y Guillermo Andrada en reemplazo de Ana María Ianni y Antonio Rodas. Eso derivó a una serie de acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición de “querer dilatar” el tratamiento del tema.
El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Víctor Zimmermann (UCR – Chaco), solicitó que les “hagan llegar” el dictamen de mayoría para “ver cuáles son las modificaciones introducidas”. En el mismo sentido, la senadora jujeña Silvia Giacoppo le reclamó a Bensusán que es parte de su comisión, pero “no tengo ninguna documentación”, a lo que Bensusán le aclaró que “recién el interbloque me trajo esta propuesta”. También se sumó Martín Lousteau quien pidió que no solo se lean las modificaciones, sino que expliquen en qué sentido se hicieron respecto del dictamen de Diputados.
Retomando el eje del plenario, Bensusán explicó los principales puntos del dictamen del oficialismo que establece un plazo mínimo de locación de inmueble de 3 años (modificación del artículo 2). Sobre el artículo 6 establece que “en los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único, en moneda nacional, y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a seis (6) meses. A los fines dispuestos en el párrafo anterior, los ajustes deberán efectuarse utilizando el Coeficiente Casa Propia, el cual es publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat o el que en el futuro lo reemplace”.
También, hubo modificaciones respecto de incorporación de ingresos al monotributo: “Los ingresos provenientes exclusivamente de la locación de hasta dos (2) inmuebles estarán exentos del pago del Monotributo”, se incorporó un nuevo artículo en el dictamen de mayoría sobre el impuesto a las ganancias donde “las partes podrán deducir el 10% del monto anual del contrato de locación”, según explicó Bensusán.
Además, precisó que el artículo 1, que brinda proyecciones a los inquilinos, se elimina porque quedará vigente el artículo de la actual norma. También eliminaron el artículo 7. En tanto los artículos 3, 5, 8, 10 y 11 quedarán igual al dictamen de Diputados mientras que fue modificado el artículo 4.
Al respecto, la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero pidió conocer qué aspectos tiene en cuenta el indicador, a lo que Bensusán le explicó que “tiene en cuenta el menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo periodo, así se integra el indicador de Casa Propia. Se toman los últimos 12 meses”. También celebró el artículo 10 porque “reconocen que los débitos y créditos bancarios encarecen la vida de los argentinos”.
Un tanto confuso, el radical Lousteau preguntó: “Si yo arranco un contrato hoy ¿el primer ajuste es con un año para atrás?”, el titular de la Comisión de Legislación General le explicó: “Es mensual el indicador que se toma el promedio de los 12 meses anteriores”. Ante una chicana de una legisladora oficialista, Lousteau retrucó: “¿Cómo voy a votar algo que no me explican? por eso estoy pidiendo que lo cuenten bien”, y sumó: “Si va a ser un promedio de los últimos 12 meses y por ejemplo entramos en una etapa de desinflación, vamos a tener un problema porque el monto será mayor”.
Tomó la conducción el economista Guerra quien volvió a explicar: “El índice está compuesto por dos promedios, de salarios y de la inflación de los últimos 12 meses, se estructura de esa manera. Es un índice oficial”. Pero, el porteño insistió: “Si se trata de un promedio de 12 meses y la inflación va cayendo, les vamos a estar ajustando al inquilino por demás de la inflación”. “Este índice atenúa los picos y valles”, precisó Guerra.
Por su parte, Zimmermann se comprometió a seguir mirando el despacho del oficialismo y sostuvo “queremos seguir analizando este proyecto e insistir con la aprobación de la media sanción tal como vino de Diputados en el marco de la celeridad porque una modificación, por más buena voluntad que tenga, eso va a demorar porque tiene que volver a la Cámara baja, esa dilación va a terminar perjudicando cualquier buena intención de modificación que puedan tener. Vamos a presentar un despacho de minoría con esa propuesta para su tratamiento en el recinto”, luego reconoció la labor realizada por el plenario sobre la “celeridad dada al tema” donde hubo “semanas de trabajo intenso con posiciones de inquilinos y propietarios, de aportes tanto del oficialismo como oposición a fin de enriquecer el debate que debe ser una moneda constante cuando tratamos temas importantes para los argentinos”.
A su turno, la macrista Guadalupe Tagliaferri consultó si “consideran que esto va a traer más propiedades al mercado para poder abastecer las necesidades de más de 8 millones de argentinos o va a seguir sucediendo como ahora que no hay propiedades, porque podemos hacer miles de leyes, pero si no hay incentivos que haya propiedades para poder alquilar, los inquilinos que son los más débiles de la cadena no van a encontrar dónde alquilar. Me preocupa y quiero saber si están convencidos si esto va a arrojar más propiedades para satisfacer la demanda”.
Fue Bensusán quien le respondió: “El dictamen que trabajamos lo hicimos a partir de las exposiciones que hubo. Me parece que ninguna reforma normativa puede asegurar nada, pero con esto estamos tratando de solucionar una problemática concreta que tienen un montón de argentinos. Este es el camino y ojalá sirva para empezar a regularizar la situación donde hay una asimetría importante entre una parte y otra en una relación tan particular como es la relación de contrato de locación”.
En suma, Guerra precisó que “se trató de hacer con este proyecto es asignar un equilibrio a la relación contractual que observábamos que la media sanción no lo tenía. Tenía un desequilibrio en favor de una de las partes que consideramos que es la que tiene mayor fuerza en esta relación. Si los propietarios no van a poner sus bienes para su locación ratifica una actitud especulativa porque están teniendo un incentivo impositivo”.
Respecto del índice tomado, señaló que busca dar “mayor estabilidad y previsibilidad a los inquilinos, cuestión que la media sanción no lo tenía y era una redacción un poco dudosa que podía usarse un indicador u otro. Acá se busca dar mayor previsibilidad, incluso los contratos tienen que ser en moneda nacional, pero desde una norma no se puede aceptar un contrato en una moneda que no es de curso legal en el país. Procura establecer un equilibrio”.
Por su parte, Mayans señaló que era “importante” escuchar a las partes y analizar la ley. “Fue interesante las dos visiones opuestas. Nosotros discutimos en el bloque y esta es la propuesta que traemos. Tenemos una visión totalmente distinta y lo que vamos a tratar de hacer, a pesar de que hay una decisión de que el Parlamento no funcione, vamos a tratar de hacer funcionar el Parlamento porque tenemos demasiados temas para tratar y no se está trabajando por excusas porque nosotros estamos todas las semanas acá, estamos tratando de constituir las comisiones”.
“Queremos sesionar si se puede la semana que viene con todos los temas que tenemos pendiente”, lanzó el formoseño.
En su intervención la bonaerense Juliana Di Tullio (FdT) acusó que “si quitaron todas las propiedades del mercado es porque hay una situación de poder de una parte sobre la otra. Esto estamos tratando de enmendar”, y resaltó que el dictamen tiene beneficios fiscales para los pequeños propietarios que son “incentivos muy buenos”.
El bloque de Unidad Federal también acompañó y colaboró con la propuesta presentada por el oficialismo, con una disidencia sobre el tipo del índice aplicado. En representación, primero habló la puntana Eugenia Catalfamo quien resaltó la importancia del tema porque el objetivo común es “defender a los sectores más vulnerables que es el de los inquilinos”.
“La actual ley no funciona por diferentes motivos porque muchas veces en esta relación entre partes de han saltado la ley porque los contratos no estaban registrados, quien tiene mayor poder es el que tiene la propiedad y maneja a su antojo el contrato, esto nos ha llevado a que no funcione la ley. Se propone no quitar derechos por eso no coincidimos con los 2 años, los plazos cada 6 meses es un equilibrio porque sino nos vamos a los extremos defendiendo un sector o el otro”, señaló Catalfamo.
El titular de Unidad Federal, el jujeño Guillermo Snopek, indicó: “Creo que quedó de manifiesta la voluntad de todos los legisladores de llevar tranquilidad y poder tener una norma a la cual regir y que rija los contratos de alquileres”. “Coincidimos en algunos puntos en las modificaciones que hay que hacer a la media sanción que viene de Diputados en cuanto a lo que refiere a los plazos que les da más tranquilidad a las familias. La discusión del punto de equilibrio es en los 6 meses, pero no coincidimos en el índice de actualización, pero es necesario que se dictamine y vamos a acompañar el dictamen, disidencia con ese artículo”, afirmó Snopek.
La vicepresidenta del interbloque del FdT, Anabel Fernández Sagasti, recordó que, durante de las audiencias, hubo “excelentes ponencias” sobre el proceso de “inquilinización” de las viviendas en el mundo y “particularmente en la Argentina”. En esa línea, opinó que este será “un tema recurrente” y analizó que “tenemos que pensar cómo generamos más oferta de viviendas”.
“Eso se hace construyendo viviendas, construyendo hábitat, con una inflación controlada y con acceso al crédito para la vivienda”, concluyó la senadora mendocina. Al mismo tiempo, apuntó que el dictamen mantiene los tres años de duración del contrato de locación, en contrario a los dos años sancionado en
Diputados, porque para el oficialismo “no se puede retroceder en derechos”, y explicó que el plazo de seis meses para la revisión de los alquileres está a mitad de camino entre el año que establece la actual ley y los cuatro meses que establece la media sanción en análisis.
La mendocina volvió a insistir con la necesidad de pensar políticas de estado para resolver la problemática de la vivienda y apuntó que “con la deuda que tenemos con el FMI, la inflación, la restricción externa, más todos los problemas que tenemos en la macroeconomía, se evidencia una crisis más profunda que en otros países”.
El presidente de la comisión de Legislación General manifestó su esperanza de que el proyecto traiga “certeza y solución a una situación de crisis habitacional que tiene la Argentina”, y comentó que “había
que buscar un consenso” y se logró. “Para este dictamen hubo aportes no sólo de los integrantes del Frente de Todos, sino también del bloque Unidad Federal”, cerró la reunión.
Fue luego de que los titulares de las comisiones anunciaron dos reemplazos dentro de las mismas. La senadora radical Mariana Juri señaló que reglamentariamente eso no se puede hacer ya que “se viene de un cuarto intermedio”.
Previo a abocarse al debate por la modificación a la Ley de Alquileres el plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado, presididas por los oficialistas Daniel Bensusán (La Pampa) y Ricardo Guerra (La Rioja) respectivamente, oficialismo y oposición calentaron el ambiente tras anunciarse cuatro reemplazos en las comisiones y se acusaron de querer “dilatar” el tema.
Al inicio del encuentro, que se llevó a cabo en el Salón Illia, Bensusán anunció dos reemplazos en la comisión que preside: el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá por la misionera Magdalena Solari Quintana (Frente Renovador de la Concordia) y Ricardo Guerra por el salteño Sergio Leavy (FdT). En el mismo sentido, Guerra comunicó cambios en su comisión: Rodríguez Saá y Guillermo Andrada (FdT – Catamarca) en reemplazo de Ana María Ianni (FdT – Santa Cruz) y Antonio Rodas (FdT – Chaco).
En contraposición, la senadora radical Mariana Juri (Mendoza) cuestionó que “estamos en cuarto intermedio, por lo cual tenemos que constituir la comisión como originalmente se empezó en el momento del inicio del debate. Sebe ser sin reemplazos y con los mismos senadores”.
De la vereda de enfrente, el jefe del bloque oficialista, el formoseño José Mayans, explicó: “Una vez que se reemplaza se hace en pleno derecho en la comisión. No hay ningún problema, lo importante es que sea del mismo bloque. Es el criterio que se tiene siempre porque si no es dejar sin quórum y sería absurdo”.
Cabe resaltar que los reemplazos, tal como expresó Mayans, deben hacerse por un senador del mismo bloque. Sin embargo, Solari Quintana no pertenece al Frente e Todos porque es monobloquista, pese a que siempre es una rueda de auxilio para el oficialismo en cuanto al quórum y las votaciones.
Lejos de quedarse callada, Juri le retrucó: “Yo le diría que no procedamos a interpretaciones de acuerdo a cómo nos conviene tenerlo o no tenerlo. La verdad es que la comisión está constituida en cuarto intermedio y así lo hemos respetado”, e insistió que “de acuerdo al reglamento y a la práctica lo constituyamos como lo tenemos así evitamos estar toda la comisión interpretando lo que a uno le vaya conviniendo. Deberíamos proceder a los mismos senadores que estuvieron en el inicio y firmar los dictámenes”.
Volvió a recoger el guante Mayans quien planteó: “El criterio siempre es que los bloques, en caso de necesidad, cambien a los senadores porque en el cuarto intermedio puede haber un problema de salud con un senador y eso no quita que el bloque tenga la presencia correspondiente. Además, los que más hacen uso del cambio es la oposición permanentemente para elegir autoridades y nosotros siempre hemos dado la flexibilización de la interpretación porque siempre nos pareció importante tener la presencia del bloque y no esta interpretación que hacen de ‘cuarto intermedio’ como si fuese un esquema sagrado”.
“Acá lo importante es el senador del bloque reemplaza expresa la voluntad del bloque en la firma del proyecto. Expresamos la voluntad del bloque porque si no nos tenemos que levantar y volver a hacer el quórum y no tenemos despacho. Trabar el despacho y venir con este tipo de interpretaciones es otra cosa”, cerró el formoseño.
En respaldo salió la senadora bonaerense y secretaria de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Juliana Di Tullio (Unidad Ciudadana), quien “refrescó” la memoria del primer plenario donde acordaron entre los bloques “celeridad en el tema” y señaló que “es de usos y costumbres cambiar y ustedes lo hacen y nosotros lo aceptamos y se acepta esta metodología… salvo que quieran dilatar, si quieren dilatar y tener dictamen hoy, entonces exprésenlo porque es absolutamente contrario a lo que dijeron el primer día”.
“Nosotros respetamos lo que pidieron para esta discusión y que ustedes repitieron hasta el hartazgo, igual que nosotros, que hay millones de personas esperando este dictamen. Si van a dilatar con excusas reglamentarias que poco tiene que ver con el buen accionar de esta cámara y tampoco tiene que ver con el origen de estas comisiones y todas las intenciones que se expresaron desde la oposición… hasta el hartazgo le dijimos que nosotros también estamos apurados. Resulta que hoy nosotros estamos apurados y ustedes quieren dilatar con excusas que son poco razonables a la hora de funcionar en esta Casa”, remató y le pidió al titular del plenario “continuar con el debate del tema, salvo que la oposición quiera retrasar el tema”.
En representación del bloque Unidad Federal, su presidente Guillermo Snopek, expresó: “Creo que la voluntad del plenario ha sido reunirse, generar las escuchas necesarias con todos los actores involucrados. Se le ha dado continuidad en el tiempo. Se ha vuelto del cuarto intermedio y si el quórum está con la sustitución de los miembros de los bloques creo que se mantiene la discusión y la voluntad de sacar dictamen y dar el debate final en el recinto. Esa es la voluntad de los legisladores presentes y poder sacar dictamen porque los inquilinos y los propietarios necesitan una respuesta”.
De forma breve, Leavy explicó que “se reemplazó para tener celeridad y tener una norma de convivencia que tuvimos en las comisiones”, y explicó que su par el senador Guerra lo tuvo que reemplazar porque “había tenido un inconveniente en mi provincia”.
Volvió a tomar la palabra la senadora Juri quien planteó: “Me gustaría evitar algunas expresiones porque si desde JxC algo que quedó claro es que queremos celeridad y fueron las expresiones de Zimmermann. Nosotros queríamos dictaminar la semana pasada y ustedes dilataron una semana más el tratamiento. Nosotros considerábamos que a continuación de haber escuchado a todas las personas y después de haber demorado tanto tiempo, nosotros pedimos expresamente para dictaminar la semana pasada, por lo tanto, no nos vengan a correr con esto porque desde JxC viene desde hace tiempo manifestando con claridad que tenemos pedido de celeridad en el tratamiento y si estamos dilatando una semana porque no se quiso dictaminar”.
Y volvió a remarcar que los reemplazos “los hemos hecho siempre y pedido antes de que se inicie la comisión y no cuando estamos en cuarto intermedio. Pido que procedan como han hecho tantas veces y como a ustedes les parezca y pasemos al tratamiento del tema”.
Al cierre del debate de este tema, Bensusán planteó que la “dilación” del tratamiento fue para “tratar de consensuar un dictamen que tenga las firmas necesarias”.
Mientras la oposición irá con su firme postura de emitir dictamen sin cambios a la media sanción que viene de Diputados, el oficialismo intentará introducir modificaciones a la redacción.
Tras haber escuchado la palabra del sector inmobiliario y la voz de los inquilinos, sin invitados el Senado retomará el debate sobre el proyecto de modificación de la Ley de Alquileres que viene con media sanción de Diputados.
Tal como había propuesto el titular de la Comisión de Legislación General, el pampeano oficialista Daniel Bensusán, el tratamiento de la iniciativa continuará entre senadores este miércoles 13 de septiembre a las 15 en el Salón Illia en conjunto con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del riojano Ricardo Guerra.
En la primera reunión, el sector inmobiliario respaldó el proyecto y pidieron “celeridad y urgencia” para sacar la ley, ya que la media sanción de Diputados generó “incertidumbre” en el mercado. Por el contrario, los inquilinos se mostraron en contra del dictamen, reclamaron “no retroceder” en materia de derechos y apuntaron que “no tiene ningún beneficio” para ellos la nueva redacción.
En ese contexto, Juntos por el Cambio ya dejó acentuada su postura firme de emitir dictamen sin cambios al despacho de la Cámara baja y lo ratificó a través de un comunicado luego de que trascendiera que “negociaba” con el FdT modificaciones al texto. En tanto el oficialismo intentará introducir cambios en la redacción.
A través de un comunicado, el bloque conducido por el formoseño Luis Naidenoff, ratificó su vocación de “aprobar, sin cambios, la media sanción obtenida en Diputados”.
Tras la última reunión informativa por el debate sobre la Ley de Alquileres que tuvo lugar este jueves en el Senado, trascendió que el bloque radical y el oficialismo “estaban conversando” para avanzar en conjunto con la aprobación de las modificaciones. Inmediatamente, desde la bancada que conduce el formoseño, Luis Naidenoff, salieron a desmentirlo.
Si bien el Frente de Todos cuenta con los votos necesarios para modificar la legislación, busca un acuerdo con la Unión Cívica Radical para alcanzar los dos tercios y que el proyecto no sea rechazado cuando regrese a la Cámara baja.
A través de un comunicado, el bloque de Senadores Nacionales de la UCR “reafirma su vocación de aprobar, sin cambios, la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados de la Ley de Alquileres”, y sentenciaron: “No existe ningún tipo de negociaciones con la bancada oficialista al respecto”.
Asimismo, resaltaron que el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Víctor Zimmermann, expuso la posición del radicalismo al finalizar el plenario de comisiones donde se debatió dicha ley en la que pidió emitir dictamen, pero de la vereda de enfrente pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles.
“Esta posición es acompañada por el resto de los bloques que integran el Interbloque de Juntos por el Cambio”, cerró el comunicado que llevó las firmas del presidente del bloque de senadores radicales, Naidenoff, y del vice, el fueguino Pablo Blanco.
En las últimas dos reuniones, los referentes inmobiliarios pidieron sacar una ley “equilibrada y justa” con “celeridad y urgencia”, al tiempo que remarcaron que la media sanción de Diputados generó un contexto de “incertidumbre e imprevisibilidad” en el mercado. Por el lado de los inquilinos, reclamaron no retroceder en materia de derechos y se mostraron en contra del proyecto al resaltar que “no tiene ningún beneficio” para ellos.
En ese marco, el titular de la Comisión de Legislación General, el oficialista Daniel Bensusán, afirmó que trabajarán para “poder arribar a un dictamen o dos o los que se presenten para poder, lo más rápido posible, darle un corte al tema”.
Al retomarse el cuarto intermedio del plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto, representantes de agrupaciones de inquilinos de diferentes provincias expusieron sobre su situación.
Durante un nuevo plenario de comisiones, los representantes de quienes alquilan dijeron que la reforma de la ley no tiene “ningún beneficio” para ellos. Especialistas enfatizaron en el rol del Estado y la regulación.
Avanzó este jueves el debate en el Senado sobre la reforma de la Ley de Alquileres con la participación de representantes de inquilinos, quienes reclamaron no retroceder en derechos y cuestionaron el proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados.
Durante un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, los expositores criticaron la vuelta a dos años en los contratos, que se “iguale” a las partes de la relación y advirtieron que una modificación a la norma actual no garantiza que se amplíe la oferta de una manera accesible. También denunciaron abusos por parte del sector inmobiliario, ante la falta de control de la ley vigente.
En el Senado, el interbloque de Juntos por el Cambio se muestra a favor de la media sanción que salió de Diputados, mientras que el oficialismo anticipó que presentará modificaciones y, con el objetivo de obtener el dictamen de mayoría, negocia esos cambios con sus excompañeros integrantes hoy del bloque Unidad Federal y con los monobloquistas Alberto Weretilneck, Magdalena Solari Quintana y Clara Vega.
Al cierre del encuentro, y tras escuchar a los diferentes expositores, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Víctor Zimmermann (UCR) propuso: “Tenemos que darle la mayor previsibilidad y celeridad al tratamiento de la media sanción, fundamentalmente porque todos coincidimos en que la presente ley perjudica a propietarios como inquilinos. Por eso, nosotros pedimos que hoy firmemos dictamen“.
En contraposición, la secretaria de la comisión la senadora Juliana Di Tullio (FdT) sostuvo: “La media sanción que viene en revisión perjudica claramente a los inquilinos y lo que pidieron es que se vuelva a la situación anterior. Nosotros tenemos propuestas para mejorar el dictamen y le pido que hagamos un cuarto intermedio hasta el miércoles para poder acercar posiciones tanto en nuestro interbloque como otros bloques para llegar a un número significativo en el recinto”.
“Vamos a hacer un cuarto intermedio para trabajar hasta el miércoles y poder arribar a un dictamen o dos o los que se presenten para poder, lo más rápido posible, darle un corte al tema”, cerró Daniel Bensusán (FdT) titular de la Comisión de Legislación General.
Las exposiciones
En su disertación, Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, recordó que desde el 2016 vienen discutiendo la ley, pero “sabíamos que la pelea no era esa, la pelea era cuando la ley estuviese vigente porque sabemos muy bien el rol del mercado inmobiliario en el país porque el Estado ha delegado en el mercado inmobiliario la responsabilidad del acceso a la vivienda”.
“Quien decide quién puede alquilar y quién no es la inmobiliaria. No hay una ventana del Estado a dónde ir a reclamar”, cuestionó Muñoz y criticó: “Me sigue sorprendiendo que el ministro de Hábitat no haya venido, ¿no tiene nada para decir? lo único que se dice es que la vivienda es un sueño, nosotros soñamos y hay otros que lo hacen realidad bastante seguido que tienen 10 o 20 viviendas y a nosotros nos dicen que sigamos soñando”.
También enfatizó contra el encuentro de ayer en donde “vinieron todos empresarios, ningún propietario. Vienen los empresarios a hablar de qué tiene que hacer el Estado con las políticas de vivienda. Eso me parece una derrota que escuchemos a los empresarios darnos clase de cómo resolver el problema de la vivienda en Argentina”. “Ayer dijeron que había millones de rentistas, pero el Estado no sabe cuántos hay”, apuntó y brindó datos oficiales de la situación de la vivienda en el país.
Así detalló que “en 1991 había 8 millones de viviendas, había 3.6 personas por vivienda. 2001 11 millones de viviendas y 3,1 persona por vivienda. En 2010 casi 14 millones de viviendas y 2.9 de personas por vivienda. En 2022 18 millones de viviendas y 2.6 personas por vivienda. En la Ciudad de Buenos Aires hay una vivienda cada 1.9 personas, la situación es obscena”. También precisó que el nivel de viviendas del mercado privado de 1991-2001 creció un 37%, mientras que la población creció un 18%; del 2001-2010 creció casi un 20% la cantidad de viviendas, del 2010-2022 creció casi un 30% la cantidad de viviendas. “La cantidad de viviendas creció un 108%”, afirmó.
“No faltan viviendas en el país. Cuando se votó la ley empezó la campaña en contra en todos los medios. Si hubiese habido una campaña tan feroz contra la vivienda dolarizada la situación sería otra en un país donde no hay dólares”, cuestionó y agregó: “Nos deberíamos preguntar qué Estado queremos, no que ley si nadie se cree que el problema del alquiler sean los plazos. El problema lo tienen las inmobiliarias que quieren cobrar cada 24 meses. Tampoco nos creemos que el problema sea la actualización de los precios y el precio inicial que tampoco está regulado y te cobran lo que se les antoja”.
Muñoz apuntó: “La Ley de Alquileres plantea la obligación de registrar los contratos en AFIP y según el jefe de Gabinete en 3 años de vigencia de la norma se registraron 140 mil nada más y los que no registran ayer vinieron a pedir no pagar impuestos y a que los incentiven, algo que le dan todos los años, todos los gobiernos”.
“Hay que crear todas las herramientas posibles para que el Estado se encargue de garantizar que se cumplan las leyes. Las inmobiliarias se creen estar por encima y si la ley no les gusta no la cumplen. Sinceremos el debate y den señales claras. Mantengamos la ley actual y logremos que se cumpla, que el Estado esté por encima del mercado inmobiliario, garanticemos que 10 millones de inquilinos tengamos al Estado velando para que se cumpla esta ley”, afirmó.
Y cerró: “Tienen que dar una señal clara y rápida sobre esto porque quien está gobernando y decidiendo es el mercado inmobiliario. La media sanción afecta todos los derechos de los inquilinos, los contratos, los pagos adelantados, sacaron la obligatoriedad de que los propietarios registren los contratos, es una barbaridad, actualización cuatrimestral es un escándalo, pusieron tres índices y ni en la ley actual se sabe cuál se toma y no hay campañas de difusión porque nadie sabe qué son los precios mayoristas, todo es para confundir y tratar de que no se entienda. La media sanción es una redacción del mercado, intentan ocultar las intenciones reales”.
El siguiente en exponer fue Juan Arrizabalaga, representante de Inquilinos Tandil y concejal de Unión por la Patria en esa ciudad, quien consideró que la reforma de la ley es “un nuevo ataque del lobby inmobiliario, que evidentemente permea a una parte de la clase política argentina”. “Es una reforma pro-mercado, pro-rentistas, que apunta a los tres puntos fundamentales más protectorios de la ley”, señaló.
En ese sentido, explicó que “achicar el plazo de los contratos de tres a dos años va a generar más inestabilidad habitacional”, además de aumentar los costos inmobiliarios; en lo que respecta a “pasar de un ajuste anual a cuatrimestral, o cualquier otro ajuste menor, va a multiplicar los precios”; y, finalmente, sobre los índices para que las partes acuerden, dijo que “compara dos partes que son incomparables”.
Tras enumerar situaciones de abusos por parte de inmobiliarias (contratos por un año, comisiones indebidas, etc.), Arrizabalaga alertó que “lo que está en juego es que el año que viene millones de inquilinos no tengan a dónde ir a vivir, no tengan para pagar un alquiler”. Finalmente, en un mensaje a los legisladores del peronismo, les pidió: “Es momento de defender a los que hay que defender, a los 10 millones de inquilinos que tiene la Patria”.
A su turno, Luna Miguens del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) recomendó “mirar la película un poco más amplia” ya que “vivimos en una Argentina, pero también en un mundo, donde la producción de viviendas tiene cada vez menos que ver con las necesidades de vivienda” sino “que tiene cada vez más que ver con la rentabilidad”. “Hay un proceso creciente de inquilinización y un proceso de concentración de vivienda”, observó y ejemplificó que “vemos crisis de alquileres en Barcelona, Lisboa, New York”.
“En el marco de esa crisis, el Estado tiene el deber, la responsabilidad y la obligación de defender el derecho a la vivienda”, enfatizó y expresó que se necesita “un Estado que pueda poner límites al uso económico de la vivienda”. “La media sanción va en contra de eso, porque lo que hace es restringir el rol del Estado”, indicó sobre el proyecto aprobado en Diputados y cuestionó: “No entiendo quién puede pensar que volver al contrato de dos años no perjudica a los inquilinos. No se puede volver atrás con ese avance”.
Miguens precisó luego datos de una encuesta telefónica realizada por el CELS junto al CONICET y la Universidad Nacional de San Martín, entre otras instituciones, en la cual “el 63% de los inquilinos respondió que tiene deudas y más del 60% respondió que tomó deudas para poder pagar el alquiler”. Sobre el aumento de la incidencia del valor del alquiler sobre los ingresos, en 2021 “el 24% de los hogares destinaban más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler”, mientras que “en 2022 esa proporción aumentó el 32%”. “En todas estas encuestas los hogares sostenidos por mujeres están un poco peor”, subrayó y agregó que “el 35% respondió que alquila una habitación” y no una vivienda entera.
Otro de los expositores de la jornada fue Maximiliano Vittar, de Inquilinos Córdoba, quien arrancó: “Estamos con la esperanza y expectativa de que muchos legisladores realmente nos escuchen. En la Cámara de Diputados estuvimos (el año pasado) tres semanas discutiendo, y las propuestas y planteos, por lo menos en el proyecto con media sanción, no fueron tomados”.
Sobre la iniciativa, sostuvo que no encuentra “un beneficio para el inquilino”. “Al plantear igualdad de partes entramos en un desconocimiento total de lo que sucede” en la realidad, remarcó y se preguntó que “si el problema es la inflación, ¿por qué hoy discutimos la Ley de Alquileres? ¿O por qué la salida es esta media sanción? No se están discutiendo otras leyes de lo que sucede con otros bienes y servicios”.
Avanzado el encuentro, Florencia Labiano, socióloga y becaria doctoral del CONICET, aseveró que “en los últimos 20 años en Argentina, y en los grandes centros urbanos, estamos atravesando un proceso de inquilinización, de modo similar a lo que sucede en otras ciudades del mundo. Cada vez más hogares se vuelcan al mercado de alquileres privado para recurrir a una vivienda”. Al hacer hincapié en lo privado, explicó que en otros países hay combinación de sector privado y público, o incluso cooperativas o sindicatos que tienen viviendas propias puestas al alquiler.
“Que la política de viviendas sea un mercado es una decisión política”, resaltó y criticó que “en materia de alquileres, el Estado delega en privados una responsabilidad pública, a la vez que genera directa o indirectamente las condiciones para que la vivienda se concentre cada vez más”. “La vulnerabilidad aumenta en los grupos etarios más jóvenes, pero también en los más viejos. Hay jubilados entre los inquilinos y eso también es preocupante”, continuó.
Labiano advirtió que “hoy por hoy la vivienda está afectando al mercado laboral” en lo que respecta a “la cantidad de horas que trabajamos, el patrimonio al que accedemos, el tipo de crédito y el tipo de alquiler”. “El alquiler afecta cada vez más a más personas en situaciones más desiguales, no legislar, no reglamentar o no generar las capacidades estatales para poner en práctica las leyes, no significa no regular, significa entregar el control del mercado a sus agentes más poderosos, es decir los más concentrados”, enfatizó.
Al hacer referencia a la encuesta de la que habló Miguens, la socióloga indicó que “el 76% de los hogares de inquilinos que se habían mudado en los últimos cinco años habían tenido problemas para acceder porque no cumplían con requisitos que proponía el mercado, esos mismos hogares tienen contratos que no están adecuados a la Ley de Alquileres. Es decir que el mercado define quién accede y quién no accede”.
“Hay que distinguir entre los propietarios, pero para eso hace falta conocerlos, y esos datos los tiene el Estado”, aseguró y dijo que “no faltan viviendas, falta la voluntad de ponerlas en oferta, y es algo que no creo que vaya a modificarse con esta ley”. “Lo que pido es que no retrocedan en los derechos conquistados para los hogares inquilinos para congraciarse con la supuesta oferta de un supuesto mercado que desconocemos por completo”, sumó y, en ese sentido, recordó que “solo el 10% de los contratos están registrados en AFIP”.
Por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia expuso Pablo Vitale planteó que no se está tomando a la población inquilina en barrios populares y en expansión que “viene creciendo en el país y de los cuales no se tienen datos”, y señaló que “es un mercado que se viene precarizando hace años”.
“La ley da respuestas a una sola parte del problema de acceso a la vivienda que es complejo. El contexto de aplicación de la ley también fue particular porque a lo único que le atribuimos la situación del mercado es a una sola ley. ‘Una ley nos modifica la realidad’, eso ya lo sabemos, pero en este ámbito lo que podemos hacer es sentar las bases y los marcos a partir del cual dar una discusión en términos fácticos y si a eso nos resignamos estamos condenados a que la situación solo dependa de relaciones de fuerza en la que se favorezca a la parte más poderosa”, señaló a modo de llamado de atención.
También indicó que “desde que se sancionó esta ley se está planteando que va a ser modificada, qué expectativa de mercado puede reaccionar de otra manera que no sea retrayéndose si se plantea que es inminente la mejora de la ley para generar rentabilidad. Esto no existe, no se generan mecanismos de control para el mercado extorsivo porque depende de la parte propietaria las condiciones bajo las cuales se alquila”.
“No se ha generado situaciones para que ocurra algo diferente a lo que pasa actualmente con la ley y es atribuible a los recursos estatales destinados para que se cumpla y excede el ámbito legislativo. La ley debe garantizar derechos porque el 50% de los alquileres se hace sin contratos”, remató Vitale y pidió que se legisle en base a datos y “hacer un diagnóstico adecuado respecto de cuáles son las mejores vías de solución posibles. La propuesta de reforma de la ley va en detrimento de los derechos adquiridos en la modificación y de la situación preexistente y deja a la situación inquilina en una situación peor”.
Un contrato de cinco años para los comercios
Leo Bilanski, presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), habló en representación de los comercios de barrio y manifestó que “el valor inmobiliario y aporte que nosotros reproducimos muchas veces se nos vuelve en contra al momento de renovar el alquiler”. Sobre la actualización del precio, opinó que “es necesario que haya un índice oficial conocido” porque “hoy parece que el índice es el diario, y una economía normal, armónica, desarrollada, no puede bailar al ritmo de las operaciones mediáticas”.
“El precio del alquiler es determinante para nuestro flujo de gastos y para los costos fijos con los cuales determinamos precios y rentabilidades”, explicó y advirtió que “hoy infinita cantidad de contratos están dolarizados a tipos de cambio caprichosos”.
Respecto al plazo de los contratos, Bilanski apuntó que hoy es de tres años para los comercios, “cuando recién el recupero de la inversión no tardamos menos de dos años en realizarla, por eso no lo vemos largo (al contrato), lo vemos corto. Habría que pensar algún tipo de extensión hasta cinco años”.
Sobre ese punto, la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri resaltó que tanto la ley anterior, como la vigente, establece que “cualquiera sea el destino, si no está especificado, no inhabilita a que sea mayor”. En ese sentido, aseguró que la norma “no impediría que firmen un contrato por cinco años”. Pero el presidente de ENAC le respondió que eso debe quedar explícitamente escrito, porque “hay muchos que no cumplen la ley”.
A continuación, la vicejefa del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, se quejó que en el proyecto aprobado en la Cámara baja “se hizo un recorte, no sabemos si consciente o inconsciente, yo tiendo a pensar mal siempre. La ley anterior, no la vigente, establecía dos años para vivienda y tres para comercio. Pero en la media sanción se le metió también un hachazo a los comerciantes”.
“Nos quieren hacer creer que estamos legislando para un tipo de contrato en donde todos son buenos, amables, donde las partes son iguales y pueden tomarse un café en un lugar hermoso y pactar las condiciones de un contrato de locación”, ironizó la mendocina.
Y se mostró de acuerdo en “no solamente volver a los tres años (de contrato), sino de extenderlo a cinco años. Que sea de tres años con la posibilidad de extenderlo por dos más” para el caso de los comercios.
También expusieron en la reunión Carla Sánchez, de Juntas por el Derecho a la Ciudad; Diego Fernández, presidente de la Asociación Platense de Inquilinos e Inquilinas; Sebastián Artola, de Inquilinos Agrupados Rosario; Federico Prior, de Inquilinos Neuquén; Matías Solano, de Inquilinos Santa Cruz; Lucía Cavallero, de Ni Una Menos.
En un plenario de comisiones, los expositores hicieron hincapié en que la media sanción de Diputados “generó incertidumbre e imprevisibilidad” en el mercado. Indicaron que un 47% de inmuebles fueron retirados. Este jueves continuará el debate con la presencia de inquilinos.
Luego del cuarto intermedio, la Cámara de Senadores reanudó este miércoles el debate por la modificación de la Ley de Alquileres en un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, a cargo de los oficialistas Daniel Bensusán y Ricardo Guerra respectivamente.
Al encuentro, que se llevó a cabo en el Salón Arturo Illia, asistieron representantes que engloban a inmobiliarias y propietarios quienes hicieron hincapié en la “celeridad y urgencia” para sacar una ley y cuestionaron que la media sanción de Diputados y la mora en el tratamiento “generó incertidumbre e imprevisibilidad en el mercado”.
“Mañana invitaremos a los correspondientes inquilinos”, anunció el pampeano Bensusán refiriéndose a la reunión agendada para este jueves a las 11 donde retomarán el debate.
Previo a escuchar a los expositores, Guerra procedió a leer notas y emails que les han llegado de la Defensoría del Pueblo de Formosa, la Comunidad Federal Inquilina y no propietaria, el movimiento ‘La Ciudad es de quienes la habitamos’. “Es para que sepan que son tenidos en cuenta”, aclaró el riojano.
A su turno, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, el chaqueño Víctor Zimmermann UCR), agradeció a los expositores y pareció su presencia para “enriquecer el debate” y bregó tener una “buena jornada para sacar la mejor ley”.
Se pusieron sobre la mesa proyectos presentados sobre el mismo tema en el Senado por la senadora Clara Vega (propone 2 años para habitar, 3 para comercializar y ajuste de precio cada 6 meses), el de la misionera Magdalena Solari Quintana (que el locatario pueda renunciar cuando lo desee), el del radical Julio Martínez (2 años con prorroga por solo uno más), el de Maurice Closs (ajuste anual) y el de Carolina Losada que busca directamente la derogación.
La modificación de la Ley 27.551 llega con media sanción de la Cámara de Diputados, cuando la oposición se impuso con su proyecto que establece que los ajustes sean por intervalos no inferiores a 4 meses y que el mecanismo de actualización pueda combinarse entre tres índices, a acordar por las partes. Además, vuelve a dos años el plazo de los contratos.
La palabra desde el sector inmobiliario
En representación del COFECI (Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios) expuso Virginia Manzotti quien sostuvo que desde el 2016 vienen trabajando “queriendo aportar lo mejor desde el sector para tener leyes justas y que toda la ciudadanía se vea beneficiada por las leyes”.
“Venimos a exponer una situación que ustedes ya la conocen, que es problemática y lo más importante, que creemos desde el Consejo, es llegar a una solución o por lo menos intentar una solución que beneficie a los inquilinos y a los propietarios”, remarcó y sumó: “Sabemos que no es una tarea fácil porque cuando nos ponemos a trabajar surgen inconvenientes o algunos derechos que ambas partes tienen”.
En esa línea, planteó que como corredores inmobiliarios “estamos en el medio de estas circunstancias donde recibimos a inquilinos y propietarios”. “A través de un centro de estadísticas e inmobiliarias podemos comprobar que hay un 47% de inmuebles retirados del mercado. Lo cual ha provocado lo que ocurre con la oferta y demanda”, alertó.
“Como dijeron que la ley se iba a derogar muchos propietarios frenaron los contratos y dijeron que iban a esperar. Eso pasó e hicieron contratos a 36 meses y desde que se puso otra vez en discusión la Ley de Alquileres hemos tenido un retiro muy importante de propietarios que están esperando la resolución del Senado”, manifestó y expresó la preocupación del sector por la situación.
Así, planteó que “todas las provincias quieren que sea una ley justa. Apelamos a la celeridad para que pronto tengamos una solución por sí o por no porque estamos con un vacío que provoca que los propietarios sigan esperando, saquen los inmuebles y esto se sigue agravando aún más. Desde el 2021 el aumento de los alquileres ha sido del 232%, algo ocurrió con la ley. Creemos y nos ponemos a disposición para colaborar para que la ley salga y lleguemos a darle solución a la gente”. “Esta Ley 27.551, tal como lo anticipamos en el 2016, fue caótica”, cerró.
Por la Federación Inmobiliaria de la República Argentina se expresó Emilio Caravaca Pazos quien indicó que “la situación en la que estamos desde que salió la media sanción en Diputados, es importante decir, que generó una situación de total incertidumbre en inquilinos que están en vísperas de firmar un contrato para poder alquilar”.
“Quiero hacer un llamado a la celeridad y a la urgencia que requiere el tema, ya que el Senado y Diputados son la caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad, interpretar esa necesidad de una resolución de la cuestión”, reclamó y advirtió que “esta paralización que ya se había dado con diferentes trascendidos que hablan de alguna posible suspensión de la ley o derogación o modificación, generan una paralización que realmente no colabora ni con propietarios ni con inquilinos”.
Además, aclaró que el mercado inmobiliario no es un oligopolio porque se compone entre propietarios e inquilinos que buscan acuerdos y necesitan respuestas por parte de la Legislatura y lograr “una ley meridiana, que cubra y contemple las necesidades e las partes y tenga en cuenta lo que generó esta ley actual y si cada 12 meses tenemos que hablar de esta ley es porque evidentemente algo está pasando y que está generando un perjuicio en gran parte de la sociedad. Hay que dar respuestas urgentes en este momento de incertidumbre”.
A continuación, la vicejefa del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), coincidió en que la media sanción de Diputados trajo mucha incertidumbre y es necesario de forma urgente la ley. Al respecto, le consultó si están de acuerdo con esa media sanción, con cobrar alquileres adelantados a los inquilinos y si el retiro de inmuebles del mercado no tiene que ver con los alquileres temporarios que “no están regulados”.
En respuesta, Caravaca Pazos se refirió a los alquileres temporarios y sostuvo que “según un relevamiento que hicimos representan un porcentaje muy pequeño. Tiene que ver con determinadas zonas y ciudades que pueden tener una receptividad turística diferente. Tienen incidencia en zonas determinadas, acá hablamos de leyes nacionales. No es nuestro expertiz el tema de los alquileres temporarios”.
Respecto al pago adelantado, planteó que “está contemplado como posibilidad y no como exigencia. Si eso es justo o no lo tienen que hacer los legisladores, no es algo de exigencia no es un requisito necesario”. La mendocina le retrucó que en los contratos de alquileres ese pago adelantado “no es algo que el inquilino tenga la fuerza para negociar. ¿Esto les parece justo y equitativo?”.
El expositor, comentó que han presentado dos observaciones, uno sobre la periodicidad de los ajustes “en un contexto de espiral inflacionario donde los 12 meses terminan siendo prejuicios para los valores iniciales y para el desfasaje de los años de contrato”, y también habían planteado el tema de la durabilidad de los contratos. “La ley no lo exige, pero con la modificación sobre esos dos puntos y un debate sobre los demás, podríamos a llegar a tener una mejoría del mercado o un camino hacia el equilibrio en un mercado que está totalmente desequilibrado. Sería un paliativo a corto plazo”, opinó.
“Lo que ocurre es que a medida que hay menor oferta las condiciones para alquilar un inmueble son peores y eso presiona”, completó, pero ante la insistencia de la senadora oficialista el expositor afirmó: “No me parece bien que se pague adelantado, pero no es lo que la ley dice, no lo plantea como requisito de ingreso al alquiler o como exigencia, yo no lo veo así, habla como una facultad y quita una prohibición”.
Pidió la palabra el senador fueguino Matías Rodríguez (FdT) quien cuestionó las “respuestas vacías o ir al tecnicismo no es el camino” porque “intentamos construir una mejor ley”. “Hemos escuchado colegas que hablan de la igualdad y que esté equilibrado el inquilino con el propietario cosa que me parece una zoncera y necesitamos que sean sinceros con las exposiciones”, reclamó y preguntó sobre la posición de la entidad de la cantidad de inmobiliarias en redes con precios en moneda extranjera.
El representante de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina le remarcó que en ese sentido la ley “es clara y tiene que ser actualizado por ICL los costos. Ese no es un fenómeno que no se da en todo el país, no es algo que se da en todas las provincias”. También resaltó que los corredores inmobiliarios tienen que trabajar “respetando la ley vigente”.
Pidió la palabra el jefe del bloque radical, el formoseño Luis Naidenoff, cuestionó a Rodríguez y señaló que “las asociaciones fueron invitados para escucharlos y hay que dar un debate en la comisión. Interpelar ante una posición que me puede o no agradar no corresponde, vivimos a escuchar”. “Si estamos tratando una ley que es mala para las partes, es porque estamos ante una realidad que la inflación desbordó y porque la ley fracasó porque tomaba como proceso de actualización un contrato de 3 años a los procesos inflacionarios”, señaló al pedir calma y que se escuchen a todos.
El riojano Julio Martínez (UCR) ratificó los dichos de Naidenoff e indicó que “el sistema de alquileres es un desastre y 8 millones de personas están en problemas. Las leyes son de acuerdo al momento. Esta ley que hoy tenemos, en un país normal sin inflación sería ideal. No en el país este que ustedes están gobernando y que nos llevan al 150% de inflación, no se puede”.
“Hay que actualizarla en este momento, quizás con un nuevo gobierno se puede volver con esta ley, pero si no ven que estamos haciendo daño a los inquilinos que ustedes dicen defender, pero los dejamos a la deriva porque nadie les hace contratos a 3 años ni actualizaciones cada año, entonces el inquilino termina yendo a uno temporario, en dólares. El 80% de los contratos son en dólares. No le podemos poner ideología y populismo a esto, es sentido común”, cerró.
Fue Fernández Sagasti quien le salió a responderles a ambos senadores de JxC quien pidió “no alarmarse” porque el debate será “largo” y recordó que consensuaron hacer un “debate rápido y expeditivo, pero con toda la responsabilidad que conlleva”. “No pongan opiniones para los medios, sino que hay un problema clave a trabajar y por eso preguntamos para tomar la mejor decisión en el dictamen”, agregó y retrucó: “Preguntar por los alquileres temporarios en la provincia que represento y para la cual trabajo no es interpelar”.
El próximo expositor fue Damián Tabakman en representación de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios a nivel nacional que, según explicó, se “encargan de adquirir terrenos, hacer edificios y vender los departamentos”. “Nosotros al tener demasiada incertidumbre sobre la ley de alquileres, la problemática que tenemos es que no se están comprando departamentos en pozo y no nos compran quienes en algún momento fueron un porcentaje muy significativo de nuestra clientela”, alertó.
“Si no me compran, no voy a fabricar y no construyo. Quizás esto no sea un inconveniente inmediato, pero a mediano y largo plazo, si no se construye, va a haber menos oferta aún”, advirtió Tabakman y sumó que eso “impacta sobre el nivel de actividad de la economía, sobre el nivel de inversión, de empleo, sobre un montón de cosas que hacen a nuestro día a día cotidiano”.
Además, lamentó que “clientes que nos compraban en pozo, buscaron oportunidades afuera, expulsamos un volumen estructural en nuestra industria. Fuimos un espacio para resguardar el ahorro del argentino. Ahora nadie compra un departamento en pozo con semejante incertidumbre, es un problemón para nosotros, pero para la sociedad también porque a futuro no va a haber propiedades y en la actualidad la industria privada esta frenada”.
Ante la consulta de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero sobre qué necesita el sector para recuperar inversores, el expositor contó: “Uno de los históricos reclamos son los incentivos fiscales porque se paga la misma carga impositiva si haces un trabajo o proyecto para el sector alto que para los bajos, no es justo y es un desincentivo y se tendría que trabajar, pero lo prioritario son las normas claras y reglas jurídicas”.
En su presentación, el licenciado Leonardo Rodríguez Nader de la Asociación Empresaria de la Vivienda y Desarrollos Inmobiliarios de la Argentina resaltó la importancia de que se resuelva el tema de la ley en el marco de “incertidumbre e imprevisibilidad y en un contexto tan difícil” donde “no vemos una relación de fuerzas extremadamente inequitativa. Hay muchos argentinos que refugian sus ahorros y su valor en bienes raíces, y a partir de eso aspiran a tener una renta en una moneda que no se les devalúe”.
“Las cifras con las que contamos nos marcan que hay un déficit habitacional por arriba del millón de viviendas y eso repercute directamente en los sectores medios y bajos. Son viviendas de calidad. En el mercado privado se construyen 100 mil viviendas al año y necesitaríamos duplicar o triplicar para cubrir ese déficit por durante al menos una década. Es necesaria un apolítica de Estado, un plan y una ley que contemple beneficios, un marco jurídico previsible para las partes y que tenga al Estado como principal actor”, señaló.
Puntualmente sobre la Ley de Alquileres, sostuvo que pedían la derogación y propuso: “Más vale una solución rápida a un problema grave que se arrastra de una mala ley que no prosperó, que la mejor solución ideal”.
En tanto, el licenciado Alejandro Hadrowa presidente del Colegio Profesional de inmobiliarios de Córdoba, expresó: “Creemos que quizás esta no sea la mejor ley, pero necesitamos una definición porque se está desequilibrando demasiado el mercado. Si dejamos la actualización cada 4 meses, muchos que se trasladaron al mercado temporario volverán al mercado anual”.
“La situación es realmente problemática. Tenemos un 37% de retiros en Córdoba, es una problemática muy fuerte. Esta ley no funcionó y no fuimos escuchados ni tenidos en cuenta”, cuestionó sumó: “Todo el sector está de acuerdo que la problemática, para solucionar hoy, es la modificación de dos artículos para dar certidumbre a la gente. Desde la media sanción ningún propietario quiere firmar un contrato”.
Así, enumeró: “Tenemos una fuerte problemática de déficit habitacional, de créditos hipotecarios, eso hizo en el tiempo que existan más inquilinos”. Al respecto, precisó que “es necesario volver al plazo de 2 años y buscar un acuerdo entre las partes para las actualizaciones de los contratos”.
Por su parte, Eduardo Awad presidente de la Asociación de Propietarios pidió a “los senadores y senadoras que mejoren lo que viene de Diputados de alguna manera. Si mejorar es modificar, bienvenida la modificación. Si mejorar es derogar la nefasta Ley de Alquileres que está rigiendo hoy en día, bienvenida la derogación”.
Marta Liotto, en representación del Colegio único de Corredores Inmobiliarios de CABA, planteó: “Esta ley que tenemos hoy es la peor que pueden haber tenido los inquilinos porque no hay inmuebles en oferta. El mercado de alquileres funciona cuando hay comunicación entre las partes. Creemos que la media sanción es un buen escenario para volver a empezar”.
“Esta ley fue nefasta y traumática para la ciudadanía por la falta de oferta y propuestas de inmuebles que hay en el mercado. El retiro de oferta alcanzó el 45% se han volcado a la venta, los propietarios decidieron que no les resultaba esta ley por la falta de confianza e incertidumbre y cuestiones que en este escenario no se dan”, criticó y resaltó que los contratos de 3 años es el principal problema porque “a los propietarios se les hace eterno”.
A su turno, Lillian Ledain en representación a la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires subrayó: “Escucho que dicen que ‘hoy se reúne una parte’. Nosotros los inmobiliarios no somos parte, somos intermediarios y acercamos a las partes para que ninguna de las dos se vea afectadas”.
Jorge Pighin secretario de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina remarcó que “podemos sacar la mejor ley del mundo, pero con un 140% de inflación no hay ley que soporte este flagelo. La ley actual nos hizo retroceder 123 años porque hoy en día las pensiones están abarrotadas”.
La vicepresidenta de la Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios, María del Carmen Linkoniene, dijo: “Siento dolor que no puedan resolver este tema: es una cuestión de plazos y actualización, nada más que eso. La anterior Ley de Alquileres era previsible, aunque sé que con esta inflación no podemos hacer mucho”.
Al final, Claudio Vodanovich secretario general de la Cámara Inmobiliaria Argentina, señaló que “hoy el mercado inmobiliario está paralizado porque no hay una definición. Si me preguntan si esta sanción que viene de Diputados soluciona la situación inmediata de las familias argentinas, les digo que sí. Y no digo que es la mejor ley, se puede perfeccionar”.
Se anunciaron dos reuniones plenarias de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda del Senado para este miércoles y el jueves.
El Senado convocó a un plenario de las comisiones de Legislación General, presidida por Daniel Bensusán, y de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Ricardo Guerra, para este miércoles 6 a las 14 para reanudar el debate del proyecto de modificación de la Ley 27.551 de Alquileres. Y continuarán al día siguiente a las 11, en ambos casos con representantes de todos los sectores invitados para exponer ante los miembros de ambas comisiones.
Desde JxC habían remarcado durante el debate la necesidad de darle “celeridad” al tema para resolver el problema que aqueja a millones de argentinos y querían emitir dictamen este mismo martes, pero desde el FdT le frenaron esa chance al dejar de manifiesto su disconformidad con el texto. Por el contrario, propusieron arribar a un texto consensuado e invitar a inquilinos y propietarios a debatir. Así las cosas, se pasó a un cuarto intermedio, que se retomará este miércoles.
Además, estarán a la vista proyectos presentados sobre el mismo tema en el Senado por la senadora Clara Vega (propone 2 años para habitar, 3 para comercializar y ajuste de precio cada 6 meses), el de la misionera Magdalena Solari Quintana (que el locatario pueda renunciar cuando lo desee), el del radical Julio Martínez (2 años con prorroga por solo uno más), el de Maurice Closs (ajuste anual) y el de Carolina Losada que busca directamente la derogación.
La modificación de la Ley 27.551 llega con media sanción de la Cámara de Diputados, cuando la oposición se impuso con su proyecto que establece que los ajustes sean por intervalos no inferiores a 4 meses y que el mecanismo de actualización pueda combinarse entre tres índices, a acordar por las partes. Además, vuelve a dos años el plazo de los contratos.
La senadora oficialista aseguró que están en “una etapa de construcción y diálogo” con sectores de la oposición.
La senadora nacional Ana María Ianni (UC-FdT) aseguró este lunes que el oficialismo en el Senado “no va a votar a rajatabla lo que llegó de Diputados”, en relación a la reforma de la Ley de Alquileres.
Luego de resaltar que se escucharán “a todos los actores involucrados” en reuniones informativas, la santacruceña reveló las conversaciones que hay con sus excompañeros del bloque Unidad Federal, además del rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana para modificar el texto que salió de la Cámara baja. “Nos encontramos en una tarea de construcción y diálogo”, dijo.
“De esta media sanción lo que más ruido nos hace es el plazo de actualización (4 meses). En este contexto que estamos viviendo se hace muy preocupante e insostenible para cualquier inquilino”, subrayó en declaraciones a AM530, y cuestionó que no se establece “un índice determinado, sino se dejan tres variables abiertas a una negociación”.
Por otra parte, en relación al dictamen sobre un proyecto para regular los alquileres temporarios, la legisladora consideró que “era oportuno” poder “registrar, controlar, habilitar y fiscalizar” esta modalidad.
Impulsora de una de las iniciativas que se tomó -la otra fue de la UCR-, Ianni sostuvo que los alquileres temporarios hicieron “incrementar el problema, porque han sacado del mercado viviendas que podían darse para uso permanente, con contratos flojitos de papeles. Son alquileres permanentes encubiertos y en dólares”.
También advirtió que se dan “sin estar controlada la propiedad que se ofrece” y “muchas veces el que la consume quizás contrató una cosa por la plataforma, y cuando va se encuentra con otra cosa diferente. De ahí que es necesario que el Estado esté presente”.
Se trata, resumió, de que “estas viviendas se transformen en un lugar habilitado y que tengan una competencia leal ante aquellos que tienen hoteles”.
Así se expresó optimista el senador del bloque Unidad Federal Carlos Espínola. Respecto del dictamen que presentó su espacio por la Ley de Alquileres afirmó que aún no se ponen de acuerdo en los plazos de contratos, pero que buscan que “tenga equilibrio”.
El senador nacional Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal – Corrientes) se refirió al debate de la Ley de Alquileres y sostuvo que se convirtió en “una batalla política” y agregó que el proyecto que viene de Diputados puede ser “mejorado” para lograr consensos en el Senado. En esa línea, se mostró optimista para que el dictamen “salga la semana que viene”.
En diálogo con Radio Sudamericana, el correntino explicó: “Los bloques mayoritarios discuten más con una mirada política y no con la mirada de resolver el problema. Nosotros, como bloque, hemos logrado el equilibrio para discutir y generar los proyectos que le permitan a la sociedad estar más tranquilos”.
“Desde ese lugar trabajamos con amplitud y voluntad de dialogar y de resolver problemas y para eso incorporamos ideas, pero no significa que nos vamos a cerrar, pero queremos que la semana que viene haya dictamen y les traiga tranquilidad y previsibilidad a quienes tienen que alquilar”, planteó.
Respecto del tratamiento en el Senado que comenzó esta semana, opinó: “Empezó un debate que cuando se inició, parecía más una batalla de quién ganaba la pulseada, de que, si Juntos por el Cambio lograba el dictamen para tratar, o si el Frente de Todos imponía algunas modificaciones, y parecía, sinceramente, más una pelea de la política y no de la búsqueda de poder resolver y encontrar el camino más factible para que en la coyuntura que hoy vivimos, se pueda resolver el problema de la deuda de alquileres”.
“Desde nuestro bloque queremos llevar adelante propuestas que sirvan y que sean más acorde a la coyuntura que hoy nos toca vivir, y no tener que hacer algo rápido y que termine en una batalla política alejada de la necesidad de la gente”, se diferenció el senador.
En esa línea, manifestó: “Queremos encontrar una ecuación donde el sistema de ajuste sea razonable y que sea predecible en el tiempo. Eso estamos discutiendo. Queremos encontrar un equilibrio donde sea justo en la situación que hoy se vive, que no es solamente la inflación”, y sumó: “También sabemos que hay otros factores que influyen como la falta de acceso al crédito para que la gente pueda tener vivienda propia, los alquileres temporarios que se empezó a tratar, varias cuestiones o necesidades que se deben debatir para dar una respuesta razonable en el tiempo que nos toca”.
“Nosotros entendemos que lo que vino de Diputados se puede debatir y se puede mejorar. Lo de Diputados fue un tratamiento rápido sin un gran consenso. Las mejores leyes se logran con consenso. Nosotros en el Senado tenemos la posibilidad de corregir y mejorar. Entendemos que es una emergencia y una necesidad rápida de resolverlo, pero que eso nos lleve a sacar leyes que después nos sean útiles a la demanda”, analizó.
A su vez, remarcó que “desde que decidimos conformar el bloque era justamente no quedar encapsulados en una mirada de un lado o del otro, y no en una discusión política que no resuelva el problema de la gente. Estamos convencidos que hay que hacerlo rápido y que tenemos que sacar dictamen, pero incorporar y sacar los consensos para que la ley realmente sea útil y que piense en cualquier modificación que en el tiempo en la situación económica que tiene el país”.
“No significa que si no es nuestro proyecto no vamos a acompañar”, aclaró, pero resaltó que “se tiene que abrir un debate para hacer modificaciones y escuchar a las partes y, en función de eso resolver con el mayor consenso que se necesita”.
Sobre la denuncia que hizo JxC respecto de que el oficialismo intentará tratar el pliego de la jueza Ana Figueroa en la misma sesión para tratar Alquileres a modo de “canje”, Espínola aseguró: “A mi nadie aún me llamó y no me parece que se está canjeando una cosa por otra. Hay discusiones de pliegos que se tienen que tratar, pero esto exclusivamente el debate es bienvenido y que con la mayor rapidez se saque”.
“Las problemáticas que tenemos son alquileres, alquileres temporarios y créditos uva. Se necesita encontrar una solución para darle una ecuación razonable al inquilino y propietario en el contexto inflacionario que se vive”, alertó.
Respecto de algunos puntos centrales del dictamen que presentó Unidad Federal afirmó que aún no se pusieron de acuerdo en la durabilidad de los contrarios: “Algunos quieren 2 años y otros 3 años”. “También el ajuste de los precios. Por eso va a ser importante escuchar a las partes”.
“Yo creo que hay acuerdos para que el dictamen se saque la semana que viene y no se transforme en una pelea política. Desde nuestro bloque estamos para trabajar para que gane la sociedad y vamos aponer todo para que se tenga un buen debate y llegue rápido al recinto”, cerró de modo optimista.
El diputado de JxC alertó que si el Senado “amansa” el tratamiento de la media sanción “va a inflar la bronca de la gente”. Por otro lado, alertó que “se avecinan problemas con el FMI porque Massa se le cagó de risa las 24 horas” tras los desembolsos.
El diputado nacional y candidato a senador por la provincia de Buenos Aires José Luis Espert (Avanza Libertad) analizó el panorama actual de la política y planteó que hay “una parte de la política desconectada de la realidad”. También se refirió a la reforma de la Ley de Alquileres que logró la media sanción en Diputados y comenzó su camino en el Senado, pero con objeciones por parte del oficialismo: “El kirchnerismo se la agarró de nuevo con la Ley de Alquileres. Si el Senado amansa el tratamiento de la media sanción va a inflar la bronca de la gente”.
En diálogo por la AM990, el economista contó sobre su viaje a Córdoba para apoyar a la candidata presidencial de JxC Patricia Bullrich: “Hoy Patricia va a formalizar el anuncio de Carlos Melconian como su ministro de Economía. Voy a estar ahí para apoyar a Patricia y a Carlos en el anuncio”
“Yo vivo conectado con lo que le pasa a la gente y a la sociedad, no soy un producto de la política. Hace cuatro años estoy en esto y tengo los pies sobre la tierra haciendo propuestas muy concretas de lo que hay que hacer para que la gente la pase bien. Yo tengo muy claro que la actividad política es una actividad de servicio a la gente porque la gente paga impuestos para que nosotros hagamos cosas y ellos la pasen mejor en educación, seguridad, justicia y economía”, manifestó.
Además, el economista analizó: “Puede haber una parte de la política desconectada de la realidad y por eso la bronca que la gente tiene con la política que habla de otra cosa. Sin duda que la gente tiene bronca con la política y eso significa que la política ha fracasado en lo que ha hecho y está hablando de otra cosa.”.
Respecto de la Ley de Alquileres planteó que “era una ley subversiva porque supuestamente la política esta al servicio de la gente y no al revés. Cuando se lanzó la Ley de Alquileres vino a destruir el mercado de alquileres cuando se lanzó allá por 2020”.
“Diputados subsanó esa columna y esperamos que el Senado también lo haga, pero vemos que el kirchnerismo se la agarró de nuevo con la Ley de Alquileres”, cuestionó y alertó: “Si esta ley que costó tanto derogar en Diputados se amansa en el Senado eso va a inflar la bronca y de la bronca no puede salir nada bueno”.
“La política se tiene que poner en conexión con la gente. La Ley de Alquileres fue mala y se tardó 3 años en derogarla. Esperemos que el Senado la derogue urgente porque la gente va a seguir puteando a la política”, ratificó.
Para Espert “el problema base es la inflación de un Estado que gasta más de lo que recauda, no es magia que a la larga termina en inflación. En el corto la dibujan con deuda, uso de reserva, pero a la larga gasta más que lo que recauda. Que tengamos la Ley de Alquileres rota es producto de la inflación es como los créditos UVA porque la inflación va por encima de los salarios”.
Por otro lado, sobre las medidas anunciadas por Sergio Massa que muchas provincias y municipios no van a acatar, opinó: “Es un problema político serio porque cómo un candidato a presidente de una de las grandes alianzas políticas queda completamente desautorizado esto es muy grave. Acabas de firmar un acuerdo con el FMI a duras penas te dio la plata de metas que no aprobaste es porque vos te comprometiste a rectificar el desvío y ni bien le dieron la plata, Massa le enchufó el desvío igual a la baja de déficit que tenía que comprometerse este año. Se avecinan problemas con el Fondo con esto porque Massa se le cagó de risa las 24 hs poniendo tanto déficit adicional como el que tenía que bajar después que el Fondo le desembolsó, tenes problemas por todos lados con esta medida”.
“El triunfo de Javier Milei fue un ‘voto bronca’ y es entendible, pero hay que hacerle entender a la gente que con la bronca no se llega a ningún lado porque para hacer las cosas que hay que hacer se necesita claridad y musculo político que es algo que la Libertad Avanza no tiene, es un salto al vacío que no sugiero que siga la gente”, cerró con un mensaje al electorado.
La oposición planteó la necesidad de darle “celeridad” al tema, pero desde el oficialismo dejaron en claro su disconformidad con la media sanción y propusieron trabajar en un dictamen de consenso e invitar inquilinos y propietarios a disertar.
A tan solo una semana de su media sanción en Diputados, y tras el pedido urgente por parte del interbloque de JxC, el oficialismo habilitó el tratamiento del proyecto de modificación de la Ley 27.551 de Alquileres en el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Daniel Bensusán y Ricardo Guerra respectivamente.
Desde JxC remarcaron durante el debate la necesidad de darle “celeridad” al tema para resolver el problema que aqueja a millones de argentinos y querían emitir dictamen este mismo martes, pero desde el FdT le frenaron esa chance al dejar de manifiesto su disconformidad con el texto. Por el contrario, propusieron arribar a un texto consensuado e invitar a inquilinos y propietarios a debatir. Así las cosas, se pasó a un cuarto intermedio, que se retomaría la semana próxima con invitados.
El miércoles pasado en el recinto de la Cámara de Diputados, la oposición logró la media sanción con 125 votos a favor, 112 en contra y 3 abstenciones del proyecto que establece que los ajustes sean por intervalos no inferiores a 4 meses y que el mecanismo de actualización pueda combinarse entre tres índices, a acordar por las partes. Además, vuelve a dos años el plazo de los contratos.
En el marco del debate, Bensusán comentó que se pondrán sobre la mesa proyectos presentados sobre el mismo tema en el Senado por la senadora Clara Vega (propone 2 años para habitar, 3 para comercializar y ajuste de precio cada 6 meses), el de la misionera Magdalena Solari Quintana (que el locatario pueda renunciar cuando lo desee), el del radical Julio Martínez (2 años con prorroga por solo uno más), el de Maurice Closs (ajuste anual) y el de Carolina Losada que busca directamente la derogación.
Previo a meterse de lleno con el tema en cuestión, Guerra anunció cambios en la Comisión de Presupuesto: el senador radical Pablo Banco (Tierra del Fuego) reemplazará a Flavio Fama (Catamarca) y la senadora Mariana Jury reemplazará al senador salteño Juan Carlos Romero.
Abrió la ronda de oradores el chaqueño radical Víctor Zimmermann –vicepresidente de la Comisión de Presupuesto-planteó que “es un tema que preocupa a los argentinos en su conjunto y es un tema que tenemos que darle en lo posible la máxima celeridad porque hay mucha gente, tanto del lado de los propietarios como de los inquilinos, que quieren tener certeza en relación a las cuestiones normativas”.
“En ese marco desde JxC nos hemos reunido la semana pasada y hemos hablado con senadores del oficialismo, no lo veo aquí al senador José Mayans -jefe del bloque FdT-. Tuve la oportunidad de hablar con él personalmente y quiero transmitir este diálogo porque es importante. Yo se que ustedes también están preocupados desde el oficialismo para que podamos tener una buena norma, eso me expresó. Debo decir que me dijo que lo antes posible íbamos a constituir las comisiones y, una vez ingresado el proyecto, íbamos a convocar para armar el debate”, relató.
El radical celebró poder cumplir con la tarea para poder tener el dictamen y poder llevar un paliativo a tantos argentinos que “esperan la resolución nuestra porque es nuestra obligación debatir y sacar una sanción como corresponde”.
“No voy a hablar en particular del proyecto porque está muy bien estudiado por nuestros pares, tanto del oficialismo como de la oposición. He recibido y hemos recibido por parte de instituciones e inquilinos que le demos celeridad y certeza y en ese marco me parece que es imprescindible que nosotros hoy podamos avanzar y lo antes posible y en un tiempo prudencial poder sancionar esta ley”, pidió el chaqueño.
Además, se quejó de que no pusieron a consideración un proyecto de la senadora Guadalupe Tagliaferri y que “ante la situación que vive el país lo que necesitamos es sacar un dictamen lo antes posible y tener una respuesta y sacar esta media sanción que viene de Diputados que, todos sabemos que no es la mejor ley, no me voy a poner a analizar la Ley de Alquileres porque todos sabemos las consecuencias negativas que tuvo este tiempo, pero me parece que en ese marco que nos preocupa a todos tenemos que darle celeridad”.
Así, le pidió la mayor “consideración y aceleración” en estos temas para poder sacar el dictamen y una solución posible porque “entendemos que, tanto el que pone un inmueble termina siendo poca la plata, y el que paga le cuesta muchísimo conseguir esos recursos porque el principal problema que también tenemos es la inflación”.
“Tendríamos que sacar lo antes posible esta media sanción a los efectos de poder dar certezas, celeridad, respuestas a tantos argentinos que lo están esperando”, cerró.
Bensusán le afirmó que trabajarán “con la mayor celeridad posible para lograr el objetivo de legislar para cada argentino que tanto necesitan solucionar el tema de la locación de viviendas”.
Por su parte, la bonaerense Juliana Di Tullio resaltó el compromiso de su bloque y planteó que “para poder resolver el problema de 9 millones de inquilinos que necesitan certezas, al igual que muchos propietarios que necesitan respuestas. Vemos con preocupación a aquellos que tienen una o dos unidades para poder alquilar y necesitan algún tipo de beneficios porque no hay beneficios por parte del Estado que deberían ser estudiados y eso es importante”.
“Tenemos la certeza que hay que resolver un tema de la emergencia habitacional o la falta de respuestas que tienen los inquilinos en el país, no se trata solo con la modificación del contrato de alquileres, sino que tiene que estar en un debate más amplio, no solo modificar la de alquileres, sino también la Ley de Contratos Temporarios para el turismo porque eso es una problemática y eso quita viviendas del mercado para poder ofrecerle a quienes necesitan”, señaló.
En tanto, cuestionó el tiempo de contrato que plantea el dictamen: “No estoy de acuerdo con haber reducido a 2 años, sino que tiene que volver a la modificación anterior porque es necesario al menos una renovación”. “Estoy segura que tenemos que acelerar, obviamente, el estudio de este proyecto, así como la modificación o regulación o la creación de un registro de alquileres temporarios y también el tema crediticio. Hay diferentes temas para poder abordar una misma situación que es engorrosa”, sugirió.
“Estoy hablando de inquilinos que, si es la parte más débil, esta media sanción tiene una visión difícil de acompañar donde el propietario y el inquilino no tienen una situación de igualdad. Lo que hay que escuchar es a todas las partes para poder emitir un dictamen”, sugirió Di Tullio y agregó: “Yo quiero escuchar a los inquilinos y propietarios. Quiero escuchar si vamos a regular o modificar alquileres temporarios porque esto no nos pasa solamente a nosotros, pasa en el mundo”.
Di Tullio, reconoció que es un tema que necesita celeridad, pero que “me gustaría escuchar a los involucrados y a la parte más débil que son los inquilinos que deben resolver su problema habitacional para poder definir tiempos, índices…”, y sumó: “Yo también tengo propuestas, tengo muchísimas propuestas y cuáles son las modificaciones que, a mi criterio, un buen proyecto de ley debería tener y sino lo mejor sería trabajar en asesores y volver a debatirlo luego de escuchar…. pero no que pase la eternidad, sino un par de semanas porque es un tema sensible que necesitamos acelerar”.
“No veo en esta media sanción que viene en revisión ninguna solución, veo complejidad, veo una situación que no me parece que vaya a resolver ningún problema”, fulminó.
A su turno, el radical riojano Julio Martínez celebró el “rápido tratamiento al proyecto que ha costado mucho en Diputados”, y denunció que “el oficialismo no manifestaba voluntad de querer cambiar las cosas como acá en el Senado donde hay proyectos que nunca se pusieron en tratamiento y era clara la resistencia a modificar esta ley”.
Así, advirtió que en la actualidad el mercado de alquileres está virtualmente “sin ley” porque no se están cerrando contratos conforme a la normativa vigente, que “no se cumple sumado a la gravedad de la falta de crédito hipotecario, de que no tienen ninguna posibilidad los pequeños ahorristas de poder invertir”.
En tanto, apuntó contra el kirchnerismo por el supuesto plan para supeditar el tratamiento en el recinto de la reforma de Alquileres a que en la misma sesión se someta a votación los pliegos de jueces, incluyendo el de la camarista Ana María Figueroa (quien tiene en sus manos la decisión de enviar o no a juicio oral la causa Los Sauces/Hotesur por la que está procesada la vicepresidenta Cristina Kirchner).
“Tampoco le creo al kirchnerismo que de no haber querido tratar este tema hoy lo quieran tratar. Este Senado que está cerrado y lo denuncio porque si no somos cómplices”, lanzó y apuntó: “El Senado está a la orden de Cristina Kirchner y su agenda de venganza e impunidad. Mucho me temo que a esta ley le quieren poner la condición de que en la sesión se traten los pliegos de la jueza Figueroa y los 75 jueces que quieren aprobar”.
“Ustedes tienen que dejar de legislar para Cristina Fernández de Kirchner y pasar a legislar para la gente. Tienen que dejar de preocuparse por la impunidad de ella porque eso deja este Senado parado”, siguió Martínez, quien pidió avanzar directamente con la firma de los dictámenes este mismo martes.
Por último, comparó que durante los 4 años de gestión “no teníamos mayoría en ambas cámaras, pero pudimos sacar leyes porque consensuamos y eso no está en el ADN de la presidenta de este Cuerpo y por eso cuando perdió la mayoría cerró el Senado y sesionamos una sola vez”.
Por su parte, Maurice Closs (Frente de Todos) pidió evitar un trámite exprés y aseguró que “el Senado se tiene que tomar un tiempo y si hay consenso se tiene que votar una ley”. “Nos tenemos que tomar los días que haga alta, tampoco un siglo entero”, aclaró el misionero.
“El proyecto que presenté es de un solo artículo y el resto de la ley la deja igual, en el que establece que se les autoriza a las partes de común acuerdo y se le autoriza a que celebren acuerdos para actualizar, en este tiempo de un año, de forma parcial por plazos no menores a 3 meses. Se proponen tres mecanismos de ajustes. Se le dan elementos para que las partes puedan actualizar ese valor antes de que quede irrisorio”, explicó y agregó: “Eso se puede hacer porque hay un problema de precio, eso hay que resolver”.
A su turno, la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri acusó al oficialismo de buscar “dilatar” el tratamiento de la ley e inclusive de bloquearlo, por lo que puso en duda que el Frente de Todos busque tomarse más tiempo para estudiar el alcance de los distintos proyectos en la materia.
“Ustedes son especialistas en despachar dictámenes en dos minutos, cuando nosotros pedíamos debates y no eran proyectos que afectaban a 8 millones de personas. Entonces no nos vengan con el cuento de que quieren seguir debatiéndolo. No tienen ninguna intención de aprobarlo”, disparó y apuntó: “No les mientan a los argentinos. Digan que no lo quieren tratar, que lo quieren dilatar”.
Además, le enrostró que presentó su proyecto en abril y “ustedes tienen mayoría para conformar las comisiones del Senado y si no tienen la mayoría en la de Legislación General hubiesen tomado los recaudos suficientes para no imponer las autoridades y buscar la negociación para conformar la comisión. No es que no se conformó porque no quiso JxC sino porque perdieron la mayoría y no querían sentarse a negociar, en marzo tendría que haberse puesto a funcionar porque hay miles de proyectos, por lo que la celeridad hubiese estado ahí sino hubiésemos puesto nuestros intereses personales ante las necesidades de los argentinos”.
“Claramente esta ley no es perfecta, no viene a solucionar el problema que tiene la vivienda en el país. Si tuviésemos una economía estable, certidumbre jurídica, acceso al crédito hipotecario, no haría falta toda esta conversación”, señaló y apuntó: “Claramente que esto no viene a solucionar que la inflación del mes que viene va a ser del 10% y el anual no sabemos y que el dólar va a aumentar y los alquileres van a aumentar como todo”.
Tagliaferri reconoció que la Ley vigente “vino a entorpecer aún más un sector recontra complejo y angustiante”.
La chaqueña María Inés Pilatti Vergara (Frente de Todos) pidió “parar la pelota” y analizar “unos meses” los proyectos y no convalidar una “aparente solución que en vez de mejorar las cosas las enrarece o perjudica a unos y otros”.
“Proponemos parar la pelota, hacer trabajar a asesores, traer asociaciones de inquilinos y propietarios y después concluir. No decir tirar la pelota para el año que viene, sino unos meses”, sugirió la chaqueña, que aseguró que “estudiando y analizando integralmente vamos a encontrar una salida más justa, aunque no sean tan rápida para unos y otros”.
Una de las senadoras que todavía no definió su voto y que podría inclinar la balanza para un lado o para el otro es la misionera Magdalena Solari Quintana, quien le preguntó a Zimmermann si desde Juntos por el Cambio tenían previsto incorporar modificaciones a la media sanción de Diputados.
El radical le contestó que no lo tiene previsto, habida cuenta del apremio con el que se requiere contar con un instrumento legal que dé certidumbre a un mercado que se paralizó en la última semana por el paso dado en la Cámara baja.
“El tratamiento en Diputados paralizó aún más el mercado inmobiliario, por eso me sorprende que ustedes se pregunten por qué tiene que haber celeridad en el tratamiento”, dijo la senadora de la UCR por Mendoza Mariana Juri, ratificando el criterio expuesto un rato antes por Zimmermann.
Seguidamente, el senador Martín Lousteau llamó a votar la media sanción a pesar de reconocer que “no es la mejor ley”. “La actual ley pretendía proteger al eslabón más débil de la cadena y lo está matando. Generó el efecto contrario al que se pretendía. La aceptación de que esto es así está en los múltiples proyectos de ley que se presentaron de todos los bloques”, apuntó.
Al respecto, subrayó que “si el propietario ve que alguna de las condiciones de la ley le genera incertidumbre se lo cobra por adelantado” y “entonces el que tiene que renovar alquiler se queda en la calle”. “Si dejamos la media sanción en un limbo por una cuestión política vamos a generar un problema mucho más grande”, advirtió el líder de Evolución.
El presidente de la comisión de Presupuesto, Ricardo Guerra, cuestionó el proyecto opositor porque pretende tratar a propietarios e inquilinos como si estuvieran en pie de igualdad.
“Como en todo contrato hay dos partes y una parte tiene una posición de poder frente a otra. No podemos tratar como iguales a quienes no son iguales, todo contrato debe tener un equilibrio y tener en cuenta el contexto y las posiciones de fuerza”, analizó el riojano.
Por último, la vicepresidenta del interbloque del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, negó que desde el oficialismo tengan intenciones de “dormir o dilatar” el tratamiento y explicó que “lo que sucede” es que no están de acuerdo con el contenido de esa media sanción.
La senadora del Pro ratificó que JxC buscará aprobar la media sanción de Diputados y que “de ninguna manera” van “a negociar” un canje con el pliego de la jueza Figueroa.
En la previa de la discusión en comisiones del Senado de la media sanción de reforma de la Ley de Alquileres, la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri dijo que el oficialismo busca “hacerle modificaciones para que vuelva a Diputados” y “dilatar el tiempo de resolución de una sanción que, todos coincidimos, no es ideal, pero es mucho mejor que lo que está ahora”.
“Nuestra voluntad es darle dictamen favorable para que en siete días pueda ir al recinto”, aseguró sobre el proyecto aprobado la semana pasada en la Cámara baja que, entre sus cambios principales, vuelve a dos años el plazo de los contratos, establece ajustes cuatrimestrales y fija tres índices que las partes pueden acordar para la actualización.
La macrista acusó al Frente de Todos de “querer condicionar la ley al pliego de la jueza Ana María Figueroa“. “Están tratando de negociar algo necesario para los argentinos y la agenda judicial de la vicepresidenta y de ninguna manera nosotros vamos a negociar eso”, aseveró.
Respecto de la incertidumbre en el sector, la opositora observó que “producto de la ley y la inflación, la madre de todos los problemas, si había alguien que estaba con una operación inmobiliaria, eso se paró por completo” a la espera de una nueva ley.
Además, en diálogo con Radio Milenium, Tagliaferri señaló que “hay tres proyectos presentados por senadores del oficialismo y los tres van en la misma línea de la sanción que viene (de Diputados), donde le modifican los dos artículos centrales”.
Para la senadora, hay que sancionar “una ley que intente, en lo mejor posible, ser buena para el propietario y para el inquilino”. Sin embargo, admitió que los ajustes cuatrimestrales “con la inflación y devaluación que tenes van a seguir siendo un golpe”.
Así lo expresó el senador Ricardo Guerra, para quien el texto aprobado la semana pasada en el Senado “está sesgado a favor de los propietarios”.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Ricardo Guerra, será este martes uno de los protagonistas del debate del proyecto que modifica la Ley de Alquileres, que llega de Diputados con media sanción.
El senador riojano anticipó que “en la reunión plenaria con la Comisión de Legislación General, que es la cabecera en este caso, abordaremos el proyecto que viene con media sanción de la Cámara de Diputados, más allá que se pueda tener a la vista proyectos que hayan presentado otros senadores”.
“Allí la desmenuzaremos, tiene varias aristas y creo que amerita revisar, escuchar a los damnificados. Desde mi punto de vista vamos a ver cómo se desarrolla finalmente la reunión, pero creo que tenemos que dar lugar a que las personas involucradas se expresen y luego nosotros debatir”, señaló el legislador por Edición Calificada, por Zónica+. Desde su punto de vista, “hay que revisar algunos aspectos que están plasmados en el proyecto que vino a tratarse”.
¿Esa modificación o revisión del proyecto tiene que ver con la actualización o medidas entre inquilinos y propietarios? Guerra observa sobre la media sanción puesta a debatir “tres aspectos”. “En primer lugar, la disminución a un mínimo de 4 meses para que los contratos sean ajustados, me parece demasiado, porque un ajuste opera sobre un valor previamente ajustado anterior y eso va potenciando al ajuste a cabo de los 12 meses”.
“Tenemos que encontrar un equilibrio para que el contrato sea justo y para eso tenemos que analizar el contexto y tenemos también que tener en cuenta las posiciones de mayor peso, de mayor jerarquía dentro de lo que es un contrato, posiciones de mayor poder y es allí donde, obviamente es una tarea difícil de encontrar un equilibrio pero es nuestra obligación hacerlo e intentar lograrlo”, expresó el legislador peronista.
El otro aspecto que le encuentra al texto “es lo relacionado a los incentivos. Yo soy de los que cree que son válidos los incentivos, pero así también como existen los incentivos deberían tener una penalidad en casos contrarios a que no se den ciertas circunstancias”.
Guerra señaló que en “el proyecto que viene en tratamiento se apela a un artículo de la ley de monotributo, en la cual se define al pequeño contribuyente y allí se hace un agregado en el cual se dice que cuando la actividad sea de alquiler o locación de inmuebles para viviendas, cualquiera sea la cantidad de bienes, se considera como si fuera un pequeño contribuyente. De allí se basa para eximir todas esas propiedades del impuesto a los bienes personales y los impuestos a los créditos y débitos bancarios por el flujo de fondo que operen por esa operación”.
“Me parece que allí que hay incentivos muy sesgados a favor de los propietarios -agregó-; y considero que debería primero hacerse una distensión. No es lo mismo un propietario que tenga una, tres o cuatro propiedades, que aquel que tenga 10 ó 15 propiedades. Allí estamos hablando de sujetos distintos, los que tienen pocas propiedades son personas que a lo largo de su vida fue ahorrando para tener una viviendo o departamento para tener un ingreso adicional cuando ya esté en situación pasiva laboralmente hablando. En cambio, alguien que tiene muchas propiedades ya estamos hablando de inversores, entonces allí creo yo que habría que hacer alguna distinción”.
En cuanto a las penalidades, continuó, “me refiero a que sobre todo los poseedores de numerosas propiedades, que muchas veces las retiran del mercado inmobiliario y no las alquilan, eso genera ciertos colapsos. Por ejemplo, si alguien ha ofrecido propiedades para alquiler en un período determinado, como 5 años, pero ahora ya no las ofrece, que tenga una penalidad como podría ser la quita de los incentivos”.
De manera tal que entre los incentivos y las penalidades se termine favoreciendo el ofrecimiento de bienes en alquiler para que el mercado esté equilibrado entre oferta y demanda. “Porque cuando la demanda es alta pero la oferta de viviendas es baja, se produce un desequilibrio muy grande y entonces estamos ante situaciones de gran desequilibrio”, estimó el legislador riojano, para quien “esto debería complementarse con políticas agresivas de construcción de viviendas o de acceso al crédito para la construcción o ampliación de viviendas”.
Será a partir de las 17 de este martes, en una reunión de la Comisión de Legislación General que también tratará la media sanción del proyecto sobre deudores morosos y una iniciativa para cambio de apellido sin intervención judicial.
La Comisión de Legislación General del Senado tendrá este martes su reunión constitutiva a las 17, tras lo cual habrá un plenario con la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el riojano Ricardo Guerra, para tratar la modificación de la Ley de Alquileres, en revisión, que llega con media sanción de la Cámara de Diputados.
El viernes pasado, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio había exigido “urgentemente” la composición de la Comisión de Legislación General para tratar “de inmediato” la modificación de la Ley 27.551 respecto a los contratos de locación.
En el marco del debate, estarán a la vista proyectos presentados sobre el mismo tema en el Senado por la senadora Clara Vega (propone 2 años para habitar, 3 para comercializar y ajuste de precio cada 6 meses), el de la misionera Magdalena Solari Quintana (que el locatario pueda renunciar cuando lo desee), el del radical Julio Martínez (2 años con prorroga por solo uno más), el de Maurice Closs (ajuste anual) y el de Carolina Losada que busca directamente la derogación.
El miércoles pasado en el recinto de la Cámara de Diputados, la oposición logró la media sanción del proyecto que establece que los ajustes sean por intervalos no inferiores a 4 meses y que el mecanismo de actualización pueda combinarse entre tres índices, a acordar por las partes. Además, vuelve a dos años el plazo de los contratos.
Deudores morosos
No será el de alquileres el único tema a tratar. El plenario convocado para este martes tratará también la creación en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (ReNDAM) que tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde el 9 de noviembre de 2022.
Esta iniciativa tiene por objeto la conformación de una base de datos unificada y dinámica, con soporte digital de acceso público y gratuito, de los deudores alimentarios morosos de todo el territorio nacional inscriptos en los registros jurisdiccionales y/o a solicitud de autoridad judicial competente.
La inscripción en el ReNDAM se dará cuando la persona obligada al pago de cuotas alimentarias, provisorias o definitivas, mediante resolución judicial o convenio homologado judicialmente, incumpliera con el pago en tiempo y forma. Mientras que, para la baja, una vez acreditado el pago de lo adeudado el juez o tribunal correspondiente deberá ordenar la baja de la inscripción dentro de los cinco días hábiles posteriores.
Asimismo, los registros de las distintas jurisdicciones deberán “notificar al ReNDAM toda alta, baja o modificación en el plazo establecido en el instrumento de adhesión, el cual no puede superar los cinco días hábiles de ocurrido el hecho que lo cause”.
El proyecto plantea una serie de impedimentos para quienes estén inscriptos en este registro, de manera que distintas instituciones u organismos no les otorguen “la apertura de cuentas bancarias y otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito o débito; inscripciones o anotaciones en los registros de la propiedad inmueble nacional o de las jurisdicciones locales; otorgamiento o adjudicación, a título oneroso, de viviendas sociales o cesión de los derechos emanados de las mismas; expedición o renovación de pasaporte; solicitud de licencia para conducir o su renovación; habilitación para la apertura de comercio o industria; e inscripción a matrícula de colegios profesionales o entidad similar necesaria para el ejercicio de actividad bajo matrícula pública”, entre otros.
Sin embargo, aclara que “a petición del interesado/a el/la juez/a o tribunal que ordenó la inscripción en el ReNDAM, con pronto despacho, puede autorizar la realización en forma provisoria de los trámites previstos en el presente artículo si de esa manera se posibilita el acceso a una fuente de ingresos o actividad que permita el cumplimiento de la obligación alimentaria o mediando razón suficiente”.
También, en el texto que consta de 20 artículos, se prevé que las personas inscriptas en el ReNDAM no podrán ingresar, en carácter de espectadores/as, a eventos y torneos deportivos masivos, ni a casinos o casas de juego.
El artículo 15 establece que la autoridad de aplicación debe articular con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia; la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; y otros organismos competentes, la realización de campañas de sensibilización y concientización sobre la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes vinculados al cumplimiento de la obligación alimentaria; la existencia del ReNDAM; información relativa a centros de atención, asesorías de familia y centros de acceso a la justicia que asesoren o patrocinen en materia de cumplimiento de las obligaciones alimentarias; y la violencia económica que se ejerce hacia las mujeres producto del incumplimiento de las obligaciones alimentarias.
Del mismo modo, estarán a la vista proyectos que ingresaron sobre el tema por la Cámara alta de los senadores nacionales Daniel Bensusán (FNyP – La Pampa), Silvina García Larraburu (UC – Río Negro) y Daniel Kroneberger (UCR – La Pampa).
Además, será tratado el proyecto de ley presentado por el senador fueguino Matías Rodríguez para modificar el artículo 69 del Código Civil y Comercial de la Nación respecto de permitir el cambio de nombre y apellido con y sin intervención judicial.
La iniciativa propone los cambios de apellido sin intervención judicial para personas que hayan sido víctimas en casos de: delitos contra su integridad sexual por parte de alguno de sus progenitores o ascendientes y descendientes hasta el primer grado de aquellos que cometieron delitos contra la integridad sexual o la vida de terceros.
Desde JxC habían exigido la designación de autoridades de la Comisión de Legislación General para tratar “de inmediato” la modificación de la Ley 27.551. También tratarán la media sanción del proyecto sobre deudores morosos y una iniciativa para cambio de apellido sin intervención judicial.
La Comisión de Legislación General del Senado tendrá su reunión constitutiva -exigida por la oposición- este martes 29 de agosto a las 17.00 y luego habrá un plenario con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Ricardo Guerra, para tratar la modificación de la Ley de Alquileres, en revisión, que llega con media sanción de la Cámara de Diputados.
Este viernes, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio exigió “urgentemente” la composición de la Comisión de Legislación General para tratar “de inmediato” la modificación de la Ley 27.551 respecto a los contratos de locación.
Del mismo modo, serán debatidos los proyectos que ingresaron por la Cámara alta de la senadora Clara Vega (propone 2 años para habitar, 3 para comercializar y ajuste de precio cada 6 meses), el de la misionera Magdalena Solari Quintana (que el locatario pueda renunciar cuando lo desee), el del radical Julio Martínez (2 años con prorroga por solo uno más), el de Maurice Closs (ajuste anual) y el de Carolina Losada que busca la derogación.
El miércoles pasado en el recinto de la Cámara de Diputados, la oposición logró la media sanción del proyecto que establece que los ajustes sean por intervalos no inferiores a 4 meses y que el mecanismo de actualización pueda combinarse entre tres índices, a acordar por las partes. Además, vuelve a dos años el plazo de los contratos.
Asimismo, el plenario convocado para este martes tratará la creación en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (ReNDAM) que viene con media sanción de la Cámara de Diputados obtenida el 9 de noviembre del 2022.
Esta iniciativa tiene por objeto la conformación de una base de datos unificada y dinámica, con soporte digital de acceso público y gratuito, de los/las deudores/as alimentarios/as morosos/as de todo el territorio nacional inscriptos/as en los registros jurisdiccionales y/o a solicitud de autoridad judicial competente.
La inscripción en el ReNDAM se dará cuando la persona obligada al pago de cuotas alimentarias, provisorias o definitivas, mediante resolución judicial o convenio homologado judicialmente, incumpliera con el pago en tiempo y forma. Mientras que, para la baja, una vez acreditado el pago de lo adeudado el/la juez/a o tribunal correspondiente deberá ordenar la baja de la inscripción dentro de los cinco días hábiles posteriores.
Asimismo, los registros de las distintas jurisdicciones deberán “notificar al ReNDAM toda alta, baja o modificación en el plazo establecido en el instrumento de adhesión, el cual no puede superar los cinco días hábiles de ocurrido el hecho que lo cause”.
El proyecto plantea una serie de impedimentos para quienes estén inscriptos en este registro, de manera que distintas instituciones u organismos no les otorguen “la apertura de cuentas bancarias y otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito o débito; inscripciones o anotaciones en los registros de la propiedad inmueble nacional o de las jurisdicciones locales; otorgamiento o adjudicación, a título oneroso, de viviendas sociales o cesión de los derechos emanados de las mismas; expedición o renovación de pasaporte; solicitud de licencia para conducir o su renovación; habilitación para la apertura de comercio o industria; e inscripción a matrícula de colegios profesionales o entidad similar necesaria para el ejercicio de actividad bajo matrícula pública”, entre otros.
Sin embargo, aclara que “a petición del interesado/a el/la juez/a o tribunal que ordenó la inscripción en el ReNDAM, con pronto despacho, puede autorizar la realización en forma provisoria de los trámites previstos en el presente artículo si de esa manera se posibilita el acceso a una fuente de ingresos o actividad que permita el cumplimiento de la obligación alimentaria o mediando razón suficiente”.
También, en el texto que consta de 20 artículos, se prevé que las personas inscriptas en el ReNDAM no podrán ingresar, en carácter de espectadores/as, a eventos y torneos deportivos masivos, ni a casinos o casas de juego.
El artículo 15 establece que la autoridad de aplicación debe articular con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia; la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; y otros organismos competentes, la realización de campañas de sensibilización y concientización sobre la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes vinculados al cumplimiento de la obligación alimentaria; la existencia del ReNDAM; información relativa a centros de atención, asesorías de familia y centros de acceso a la justicia que asesoren o patrocinen en materia de cumplimiento de las obligaciones alimentarias; y la violencia económica que se ejerce hacia las mujeres producto del incumplimiento de las obligaciones alimentarias.
Del mismo modo, se tratarán los proyectos que ingresaron por la Cámara alta de los senadores nacionales Daniel Bensusán (FNyP – La Pampa), Silvina García Larraburu (UC – Rio Negro) y Daniel Kroneberger (UCR – La Pampa).
Además, será tratado el proyecto de ley presentado por el senador fueguino Matías Rodríguez para modificar el artículo 69 del Código Civil y Comercial de la Nación respecto de permitir el cambio de nombre y apellido con y sin intervención judicial.
La iniciativa propone los cambios de apellido sin intervención judicial para personas que hayan sido víctimas en casos de: delitos contra su integridad sexual por parte de alguno de sus progenitores o ascendientes y descendientes hasta el primer grado de aquellos que cometieron delitos contra la integridad sexual o la vida de terceros.
La oposición quiere activar la Cámara alta para avanzar con los cambios a la Ley de Alquileres que obtuvo la media sanción en Diputados esta semana. Por otro lado, Legislación General del Senado no se reúne desde 2022.
El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Alfredo Cornejo, presentó este viernes un escrito donde le exige a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, la “urgente” constitución de la Comisión de Legislación General para tratar de “manera inmediata” la modificación de la Ley de Alquileres que obtuvo media sanción en el recinto de la Cámara de Diputados el pasado miércoles.
Actualmente, la comisión no ha ratificado o nombrado a sus miembros, los cuales no se reúnen desde el 29 de noviembre del 2022, un día antes del cierre del perÍodo ordinario del año pasado. El senador oficialista Daniel Bensusán presidió dicha comisión.
Por su parte, la oposición busca activar el Senado para avanzar con la aprobación de la modificación de la Ley de Alquileres (27.551) que fue aprobada en Diputados y propone cambios que refieren al período de tiempo para los ajustes y al mecanismo que podrán utilizar las partes para la actualización del precio.
Cabe recordar que inicialmente Juntos por el Cambio buscó forzar el tratamiento de los proyectos de derogación, cosa que necesitaba de los dos tercios de los diputados presentes y obviamente no se alcanzó, ante lo cual procedieron a continuación a debatir los dictámenes, aprobándose el de la minoría.
Al defender la ley vigente, tras la media sanción que la modifica, la diputada camporista consideró que a partir de la “incertidumbre” sucederá que “se va a limitar más la oferta”.
La diputada nacional Paula Penacca (FdT) defendió la Ley de Alquileres vigente, tras la media sanción que la reforma, y señaló que “el problema central es macroeconómico, y tiene que ver con el proceso inflacionario y devaluatorio, que empezó en 2018, con la primera devaluación muy pronunciada en el gobierno de (Mauricio) Macri“.
Lo aprobado en la última sesión de la Cámara baja, “fue casi una derogación”, lamentó la oficialista, que apuntó que “cuando se generan estas incertidumbres el mercado inmobiliario reacciona retirando más propiedades del mercado; yo creo que se va a limitar más la oferta”.
La camporista analizó la complejidad de este sector porque “hay que despegar el valor de un mercado dolarizado, como es el valor de los inmuebles, pero obviamente los alquileres tienen que cobrarse en pesos. Esa diferencia entre lo que aspira a ganar un propietario por el valor de su inmueble, dolarizado, y lo que se puede pagar en función de los salarios es un problema central. Pero eso es más complejo, no se puede regular por ley. Tiene que ver incluso en estos últimos tiempos con imposiciones del Fondo Monetario Internacional, al que también nos llevó Macri”.
“No es culpa de la ley el problema del mercado de alquileres, que es algo que intentó instalar la oposición para modificarla quitándole derechos a los inquilinos y dándole más beneficios al sector inmobiliario”, cuestionó en diálogo con Radio Futurock.
Al referirse a su proyecto sobre regulación de los alquileres temporarios, la porteña resaltó que plantea la construcción de estadísticas, ya que “no hay claridad, porque justamente que sea opaco es parte del negocio”. “Hemos encontrado hasta 100 propiedades en manos de la misma empresa que alquila”, dijo.
Al aclarar que este formato “va a seguir existiendo”, por más que se apruebe la ley, sí mencionó el “tope de hasta tres propiedades” para que un propietario, organización o empresa puedan poner en alquiler.
Por último, la legisladora anticipó: “Ya estamos en coordinación con el Senado, hay una senadora del Frente de Todos que tiene un proyecto parecido, y tenemos ya un plan armado para que si no logramos avanzar en la Cámara de Diputados, donde tiene que tratarse en la Comisión de Turismo, que preside la oposición, vamos a avanzar por el Senado. Tenemos doble estrategia para que pueda avanzar en el Congreso”.
La candidata a jefa de Gobierno por el FIT se refirió a la media sanción que recibió la normativa en la Cámara de Diputados y aseveró que “legislan para los empresarios y contra los trabajadores”.
Después de que la Cámara baja le diera media sanción a una serie de cambios en la Ley de Alquileres, la candidata a jefa de Gobierno por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT), Vanina Biasi, analizó lo ocurrido y acusó a los diputados de “legislar para los empresarios y contra los trabajadores”.
En ese sentido, la candidata planteó: “el desquicio económico de quienes gobiernan para el FMI junto al beneficio que les dan a propietarios de Múltiples inmuebles para que construyen para reserva de valor o para alquiler temporal, es el que nos llevó a esta situación. Para ocultar sus responsabilidades, le echan la culpa a la Ley de Alquileres” y consideró que se trata de “una ley a la que le queda grande el nombre, ya que fue hecha por aquellos que ostentan una cobardía importante cuando se trata de afectar intereses capitalistas. En CABA los responsables de este desastre que está dejando a millas de trabajadores sin poder resolver el tema de la vivienda son del macrismo y del peronismo”.
Sobre esa misma línea, precisó que “el espectáculo del Congreso fue una muestra de la comunión de intereses que comparten el PJ, JxC y Javier Milei. La Libertad Avanza garantizó el quórum, el PJ, retiró del recinto a 13 diputados de diferentes espacios internos peronistas para garantizar la viabilidad de la ley y, Juntos Por el Cambio, junto a los pejotistas de Juan Schiaretti, garantizaron los votos para modificarla afectando nuevamente al eslabón más débil de este enorme problema habitacional: el inquilino”.
“El tema requiere que avance la izquierda en el escenario político nacional, la única fuerza que reúne las condiciones para imponer las únicas medidas que pueden modificar la situación actual. Impuesto progresivo a la vivienda ociosa de propietarios de múltiples inmuebles y por la regulación del mercado de alquiler temporal”, sostuvo y concluyó señalando: “vamos por un plan de obras para la construcción de viviendas para trabajadores con créditos financiados por el Banco Ciudad. Por la derogación del código urbanístico. Por la adecuación de las viviendas enajenadas por el Estado para que sean colocadas en el mercado de alquileres. ¡Basta de casas vacías y trabajadores sin casas!”.
El diputado rionegrino se mostró optimista de que la iniciativa avance en el Senado, pero remarcó que “las soluciones no son instantáneas”.
El diputado nacional Agustín Domingo (Juntos Somos Rio Negro) votó a favor de los cambios en la Ley de Alquileres en el recinto de la Cámara de Diputados este miércoles y expresó que “la modificación es mejor que seguir con la ley como venimos”.
“La intención era proteger a los inquilinos porque consideramos que no se requería una intervención del Estado, sino una facilitación para las familias”, señaló el rionegrino. Además, amplió que “recién ayer pudimos aprobar estos cambios, que no son mágicos, hay que generar confianzas para que aquellos propietarios que sacaron las propiedades del mercado vuelvan a ofrecerlas y haya oferta”.
En diálogo por AM 990, remarcó que “las soluciones no son instantáneas” e indicó que “los ajustes cuatrimestrales no tendrán la incertidumbre sobre que pasará con la inflación para los propietarios”.
En tal sentido, criticó a aquellos legisladores que se oponían a la modificación de la ley: “Hay quienes no querían estos ajustes, sino pedían la derogación total, y eso no iba a generar confianza”.
Con relación a las propuestas de la iniciativa, expresó que “la mayor flexibilidad será que los ajustes no pueden hacerse por períodos no menores a cuatro meses”, y agregó: “Habrá libertad de elegir el índice o combinación de índices del INDEC o elegir un escalonamiento como ocurría antes de la Ley de Alquileres”.
Consultado por el tema de los anticipos de los potenciales inquilinos hacia los propietarios, explicó que “se flexibilizó para que sea a voluntad del inquilino hacer pagos anticipados”. En esa línea, destacó que “se flexibilizaron rigideces que estigmatizaban al propietario como al que tenía tres propiedades se lo registraba como responsable inscripto en vez de monotributista”.
Por último, se mostró optimista de que la modificación avance con la otra media sanción de la Cámara alta, y finalizó: “Debemos demostrar que podemos mantener esta ley”.
El diputado del FdT sostuvo que Bullrich y Milei “se pelean para ver quien es el más liberal” y habló de un proyecto del oficialismo sobre inmuebles para el turismo en CABA.
Tras la media sanción de la modificación propuesta por Juntos por el Cambio respecto a la Ley de Alquileres de este miércoles en el recinto de la Cámara baja, el diputado nacional Marcelo Casaretto (FdT – Entre Ríos) afirmó que “en una pelea dispareja, la oposición siempre se pone del lado del más poderoso”.
Además, se diferenció: “Nosotros nos planteamos que la Ley de Alquileres debe existir y rechazamos totalmente la idea de Patricia Bullrich y Javier Milei sobre avanzar con la derogación”, y agregó: “La idea que ellos impulsaban significaba desproteger a todos los inquilinos frente a los criterios que tuvieran los propietarios y ganamos esa votación”.
En declaraciones a FM La Tribu, el diputado entrerriano lamentó que JxC haya avanzado con la modificación de la Ley de Alquileres (27.551) y explicó los cambios que habría en caso de que el Senado la apruebe: “Ellos proponen bajar los contratos de tres años a dos, que haya ajuste cuatrimestral y la fórmula del precio será sobre tres bases que perjudican a los inquilinos”.
Del mismo modo, expresó: “No comparto de manera absoluta a esta modificación, pero de aprobarse la modificación será para los contratos hechos de allí en adelante”. Asimismo, cuestionó que el precio resulte de “tres índices sobre salarios, precios y una combinación según el acuerdo de partes”, pero advirtió que “no hay partes iguales”.
“El propietario que tiene 100 propiedades, no da en alquiler a 20 y espera a que gane Milei o Bullrich para tener más beneficios”, apuntó, y criticó a los dos candidatos opositores: “Se pelean para ver quien es más liberal y que rija la ley de la selva, que el más grande se coma al más chico”.
En tal sentido, el legislador explicó que “cuando estableces libre contratación de las partes, hay una pelea dispareja”. “La sociedad se está volcando hacia la derecha y la legislación favorece a los poderosos como los diputados de la oposición que ven que entre tres le pegan a un tipo y se suman a pegarle entre cuatro”, comparó.
Asimismo, manifestó: “Todos los diputados de (Juan) Schiaretti también votaron en contra de los inquilinos” – a excepción de Alejandro “Topo” Rodríguez y Natalia de la Sota-, y agregó: “Solo nos opusimos nosotros y el Frente de Izquierda”.
Luego, remarcó que la diputada nacional Paula Penacca presentó un proyecto de ley para regular el mercado inmobiliario temporario dedicado al turismo: “Hay denuncias sobre que las propiedades no están registradas como corresponde y quisimos tratarlo en la sesión, pero rechazaron nuestra propuesta”.
Consultado por los 13 diputados nacionales ausentes del FdT, Casaretto confirmó que “algunos tienen licencias por enfermedad con casos delicados”, pero se distinguió: “Yo siempre he estado presente en todas las sesiones y comisiones de mi mandato porque para eso me votaron”.
En relación a la reunión de la Comisión de Industria de este jueves, la cual es presidida por él mismo, destacó que “hubo 20 expositores y se busca promover la inversión”. De ese modo, criticó la gestión del expresidente Mauricio Macri: “La apertura de fronteras con el neoliberal generó cerrar fábricas de más de 1500 empleados”.
“Buscamos defender la industria nacional y el trabajo argentino, esperemos emitir dictamen la semana que viene”, consideró Casaretto, y cargó contra JxC: “Solo vinieron del Frente de Todos, de la oposición no vino nadie porque no les importa la industria”.
Finalmente, se refirió a las elecciones generales del 22 de octubre y expresó que “tenemos que ganar porque no coincido para nada con Bullrich, Macri y Milei”. “Mañana hay un relanzamiento de la campaña en Entre Ríos para consolidar el trabajo y ganar las elecciones”, finalizó.
La diputada oficialista cuestionó el dictamen de minoría, pero destacó la incorporación de beneficios fiscales para los propietarios tomados del proyecto de su autoría, que busca garantizar el derecho de los inquilinos.
Tras la media sanción de la reforma a la Ley de Alquileres, la diputada nacional Mónica Litza (FdT) cuestionó el dictamen de minoría y sostuvo que la oposición “votó a pedido del mercado inmobiliario”. Sin embargo, destacó la incorporación de beneficios fiscales para los propietarios tomados del proyecto de su autoría que busca garantizar el derecho de los inquilinos.
En diálogo con LaNoticia1.com la legisladora expresó: “Entendemos que un camino razonable pasa por registrar los contratos y dar incentivos a los propietarios para que aumenten la oferta de inmuebles en alquiler. También estamos trabajando sobre la posibilidad de dejar a las provincias la facultad de legislar sobre la materia, ya que no es lo mismo la situación en Jujuy que en el AMBA”.
Al detallar los puntos conflictivos de la reforma, Litza precisó: “Buscamos que los propietarios puedan ser monotributistas en función al monto total de los alquileres que perciban y no por cantidad de inmuebles”.
En ese sentido, recordó que “en la actualidad si el propietario tiene más de un inmueble ya salen del monotributo para ser responsables inscriptos”. Además, plantea que “los inmuebles dados en alquiler para casa habitación estén exentos del impuesto a los bienes personales”.
Por último, al ser consultada acerca de por qué se demoró tanto el tratamiento de la reforma de esta ley en Diputados, la legisladora apuntó directamente hacia la oposición: “Se demoró porque Juntos por el Cambio quería flexibilizar a pedido del mercado inmobiliario dos cuestiones claves que nosotros no estábamos dispuestos a negociar: El plazo (de 3 a 2 años) y el índice de actualización que para nosotros era ICL o alguno más favorable a los inquilinos. Ellos van por los 2 años y libre negociación entre las partes. Y no conseguían los votos hasta que finalmente los consiguieron”.
La modificación buscará establecer que “el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes”. La modificación introducida permitió especificar que esta periodicidad deberá ser “por intervalos no inferiores a 4 meses”.
En tanto, “para los ajustes, las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.
El plazo mínimo de duración de los contratos es de 2 años, volviendo al esquema anterior a la actual ley. Este no es válido para alquileres como las unidades amuebladas “para fines de turismo, descanso o similares y para cualquier otro fin temporario en interés del locatario”.
Por otra parte, el liberal opinó sobre el ingreso a los BRICS y opinó que “Argentina tiene que relacionarse comerciando” y dejar de pedir prestado.
Tras la media sanción de la reforma de la Ley de Alquileres, el diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad-JxC) consideró que “en los hechos” se trata de “una derogación”, porque “se vuelve al Código Civil para la cantidad de años del contrato de alquiler; se le deja a los propietarios e inquilinos que decidan ellos qué índice van a usar para ajustar; y se establece un plazo mínimo de ajustes de cuatro meses en lugar de un año”.
“Es una ley mucho más realista y beneficiosa”, defendió el opositor y consideró que se contempló “el sentido común, la crisis inmobiliaria y la batalla de los liberales para que se les dé más libertad a la gente y hagan lo que le plazca”.
Por otra parte, consultado en Radio Continental, sobre el ingreso de Argentina a los BRICS, el bonaerense observó que “conectarnos cada vez más con el mundo es algo que tenemos que hacer sí o sí”, pero “de ninguna manera eso va a solucionar los problemas tremendos y grandes reformas que Argentina tiene que hacer”.
“Argentina tiene que tirar a la basura la manera de vincularse con el mundo de vivir pidiendo prestado, tiene que relacionarse comerciando. Estamos cerraditos al comercio y solo usamos al mundo para endeudarnos”, agregó.
Plantado ahora en defender la candidatura de Patricia Bullrich -aunque jugó dentro de la interna por Horacio Rodríguez Larreta-, el legislador dijo: “No tengo la menor duda que para hacer todas las reformas que hay que hacer, Juntos por el Cambio, en este caso Patricia Bullrich como candidata a presidenta, es el espacio que a los argentinos les conviene votar en octubre para que las reformas se puedan realizar en paz”.
“No hay posibilidad sin un gran músculo político de intendentes, gobernadores, legisladores provinciales y nacionales” de hacer esas reformas, opinó, e insistió que su incorporación se debe a que “hay que colonizar con las ideas de la libertad un espacio que tiene mucho músculo político”.
El líder de La Libertad Avanza votó en contra de la reforma de la norma, al igual que la izquierda y el oficialismo, y salió a pegarle a Juntos por el Cambio.
Luego de haber votado en contra de la reforma de la Ley de Alquileres, al igual que la izquierda y el oficialismo, aunque con distintos argumentos, pues él pujaba por la derogación, el diputado y candidato presidencial Javier Milei salió a pegarle a Juntos por el Cambio y habló de “una oposición cómplice”.
“Los sectores de la supuesta oposición que creen que mejorando los proyectos aberrantes del kirchnerismo están haciendo algo bueno son cómplices por falta de comprensión de un concepto fundamental de la política. Si uno da el brazo a torcer con parches y maquillajes lo único que logra es legitimar las ideas del kirchnerismo”, publicó en su perfil de la red social X.
El líder de La Libertad Avanza, que salió primero en las elecciones PASO, comparó que “si el kirchnerismo propusiera liberar presos lo que hay que hacer es rechazarlo de cuajo, no negociar cuántos”.
“El día que entiendan este concepto básico serán verdadero oposición. Mientras tanto para lo único que sirven es para obstaculizar el verdadero cambio para la Argentina. Córranse de una vez y déjennos a quienes verdaderamente queremos un país distinto”, lanzó contra Juntos por el Cambio.
La diputada de izquierda calificó la media sanción de la reforma de la Ley de Alquileres como un “fracaso estrepitoso”, apuntó contra los 13 diputados del oficialismo que estuvieron ausentes y contra quienes aportaron para el quórum.
Tras la sesión de este miércoles donde se dio media sanción a la reforma de la Ley de Alquileres, la diputada nacional Romina Del Plá (Frente de Izquierda) afirmó que “con la complicidad del gobierno, se impuso la modificación regresiva de la ley de alquileres que perjudica fuertemente a las y los inquilinos”.
“Hubo 13 ausentes del bloque del Frente de Todos que, de haber concurrido, podrían haber cambiado el resultado. Ni hablar del diputado camporista de Salta, Emiliano Estrada, que decidió abstenerse en lugar de impugnar la propuesta opositora”, apuntó.
Asimismo, señaló: “Todos los políticos del FMI; Juntos por el Cambio, el Frente de Todos y (Javier) Milei, que fue quien garantizó con su bloque de tres diputados el quorum necesario a Juntos por el Cambio para que la sesión comience, actuaron en función de los intereses inmobiliarios”.
“Estamos ante uno de los fracasos más estrepitosos de los que se tenga memoria, la incapacidad de darle una mínima solución al problema de la vivienda de millones y millones de personas”, cuestionó y expresó que “con una inflación anualizada de 113% y subiendo, los propietarios rechazan la legislación actual y aplican un lock out, quitando sus viviendas de la oferta de alquileres y empujando los precios a niveles exorbitantes”.
Además, planteó que “con esta modificación, los políticos del FMI en todas sus variantes le han clavado un nuevo puñal a los desposeídos en medio de un caos económico, la confiscación del salario y el desbande inflacionario”.
Por último, afirmó que desde el Frente de Izquierda y los trabajadores-Unidad “hemos insistido en abordar el problema de la vivienda de manera integral mediante la construcción de viviendas populares, de utilización de tierras fiscales y tierras ociosas privadas para constituir un banco de tierras, impuesto a la vivienda ociosa y urbanización de los barrios populares. Los inquilinos y todos los sectores populares tenemos el desafío de organizarnos para defender nuestros derechos frente a la ofensiva patronal”.
El jefe del bloque radical en Diputados explicó los puntos principales del dictamen de minoría y destacó que “la naturaleza de la mala ley anterior ha desaparecido”.
Luego de la media sanción del proyecto de reforma de la Ley de Alquileres que se dio en la sesión de este miércoles y que fue convocada por JxC previo a las PASO, el jefe del bloque UCR, Mario Negri, celebró la aprobación y reconoció que el dictamen de minoría “no es una panacea, pero resuelve temas importantes en una economía difícil”.
En declaraciones a los medios, Negri expresó: “Fue muy trabajoso, recuerden que el 5 de julio en la sesión donde pedimos apartamento para la derogación no nos lo dieron y anuncié entonces esta sesión para después de las PASO. Parecía algo inalcanzable, hicimos un gran esfuerzo entre muchos sectores de la oposición y conseguimos el quórum”.
En esa línea, repasó lo acontecido en el recinto de Diputados: “Primero pedimos 4 proyectos de derogación, que no pasaron porque se necesitaban 2/3 de la ley y el oficialismo no lo habilitó. Inmediatamente hubo que tratar el dictamen de mayoría del oficialismo, que era muy malo, y logramos que ese dictamen se cayera. Y luego que se pusiera en consideración un dictamen de minoría, que no es una panacea, pero que resuelve dos temas muy importantes en medio de una economía muy difícil”.
“Primero eliminamos lo de los 3 años y volvimos al viejo esquema de los 2 años. En segundo lugar, dimos de baja la indexación anual y agregamos un menú de índices que en libertad pueden elegir entre las partes para indexar y pusimos un piso mínimo de intervalo de 4 meses, para que entre las partes puedan ir acordando lo que significa el precio del alquiler”, explicó entre los puntos centrales.
Para Negri “está muy resentido el mercado, no hay propiedades que se ofrecen”, y lamentó “todo el tiempo que perdió, porque este es un tema que debe resolverse de forma urgente. Trabajamos toda la semana pasada con mucha expectativa”.
“No se puede hablar en términos de triunfo o derrota, hemos dado una respuesta, trabajosa en medio del rechazo sistemático del oficialismo, y logramos el objetivo buscado, que es que la naturaleza de la mala ley anterior ha desaparecido prácticamente”, sostuvo y cerró: “Muchos queríamos la derogación total, pero al menos logramos derogar temas que eran muy urticantes y contradictorios tanto para propietarios como inquilinos”.
La Cámara baja debatió cambios a la Ley 27.551, a pedido de la oposición, que logró imponer el dictamen de minoría.
Tras la media sanción, el diputado de la UCR resaltó los aspectos del proyecto aprobado. Además, reclamó al Senado que avance con la iniciativa sobre créditos UVA.
Luego de la media sanción del proyecto de reforma de la Ley de Alquileres, el diputado nacional Julio Cobos (UCR-Mendoza) aseguró: “Buscamos dar previsibilidad en este marco de incertidumbre”.
“Todos sabemos el contexto económico en el que estamos viviendo y el impacto de la inflación en la vida cotidiana. El peor escenario respecto de la Ley de Alquileres era dejar las cosas como estaban, porque el contexto económico actual generó una multiplicidad de acciones. Entendemos que originalmente la ley buscó dar protección y garantías tanto al locador como al locatario, pero la realidad es que hoy en la práctica se establecieron diversas relaciones contractuales por fuera de la ley, lo que genera un vacío jurídico, y así se empeoraron las condiciones retrayendo inclusive la oferta que hoy intentamos recuperar”, analizó.
El mendocino explicó que “lo que se logró en la Cámara de Diputados aprobando el dictamen de minoría es que se reduzca el plazo del contrato de tres a dos años; en cuanto al plazo para ajustar se deja libertad para que acuerden las partes en un período que va de cuatro meses a un año, y finalmente que se acuerde entre partes el sistema de ajuste a adoptar, ya sea índice de precio mayorista, consumidor, variación del salario o cualquier combinación de índices que acuerden las partes”.
“Algo muy importante a destacar es que incluimos en esta modificación diferentes incentivos para los locatarios con el objetivo de reactivar la oferta de inmuebles. Aprobamos una serie de incentivos fiscales para aquellos que destinen sus inmuebles a alquiler de casa habitación familiar. En primer lugar, se les facilita su registración en el monotributo, pudiendo ejercer sus actividades comerciales y a la vez registrar hasta tres propiedades para alquilar, tienen la posibilidad de pagar menos Bienes Personales por las propiedades destinadas a alquiler de casa habitación familiar siempre que no superen el mínimo exento y se los libera de pagar el impuesto al cheque”, enumeró.
Por último, Cobos reiteró su pedido al Senado para que apure la ley sobre los créditos UVA: “Necesitamos que la Cámara alta aborde con urgencia el tema de los créditos UVA que tratamos en Diputados hace un par de meses, con la intención de recuperar el crédito hipotecario, hoy ausente en nuestro país, para que los actuales inquilinos también puedan acceder en un futuro no muy lejano a su vivienda propia”.
Al defender el dictamen de mayoría sobre la Ley de Alquileres, que resultó finalmente rechazado, el jefe del bloque oficialista cuestionó a la oposición y pidió “alejarse de las posiciones electoralistas”.
Al defender el dictamen de mayoría del oficialismo sobre la Ley de Alquileres, que en la sesión de este miércoles resultó rechazado, el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, enfatizó: “Hay que tener en claro cuál es el sujeto social que nosotros queremos venir a defender. Es cierto que esto es un problema que afecta a propietarios e inquilinos. Pero no los afecta de la misma manera, y nosotros tenemos la obligación de resguardar al más débil en una relación que no es simétrica”.
En su discurso, el santafesino cuestionó que el dictamen de minoría “tiene como objetivo disminuir derechos”, mientras que la propuesta del oficialismo tenía aspectos “positivos para los inquilinos y la economía argentina”.
“Lo que imperó desde el principio del tratamiento hasta acá por parte de los sectores opositores fueron posiciones netamente políticas, y hoy, después de un resultado electoral, vuelven a tironearse por una determinada bandera, la de la derogación, y no les preocupa en lo más mínimo la situación que están viviendo los argentinos de a pie”, cargó contra la oposición.
Y agregó: “Nosotros reivindicamos la tarea realizada, vamos a defender siempre a los inquilinos, reconocemos las dificultades que hay hoy para alquilar, queremos dar respuesta a esas necesidades, pero para eso hay que alejarse de las posiciones electoralistas”.
Martínez recordó el proceso que tuvo la actual Ley 27.551, que tuvo media sanción en Diputados en noviembre de 2019, bajo el gobierno de Cambiemos, por 191 votos afirmativos, lo que “reflejaba claramente el espíritu de consenso que primó”. Más tarde, en junio de 2021, “se logró la sanción con 41 votos afirmativos, ninguna abstención y ningún negativo”, pero para esa época “ya se había roto el clima de acuerdo político que se había logrado en el primer tiempo de la pandemia”.
El legislador remarcó que en marzo de 2021, “ya había no solamente bloques opositores que pidieron la derogación de la Ley de Alquileres, sino un enorme entramado de organizaciones y de medios de comunicación que pedían terminar con la ley. No se había cumplido un año de que estuviera vigente y ya se la querían llevar puesta”.
“Este es un problema que tiene muchas aristas y es sumamente complejo. Es fácil echarle la culpa a una normativa de una situación tan compleja que se está dando. El problema tiene una complejidad, que no solamente los pone en un lugar a los propietarios, con legítimas situaciones en muchos casos, en otras no tanto, la especulación nunca es legítima, y menos cuando estamos hablando de un derecho social como es la vivienda; ahora, en la otra punta, hay inquilinos angustiados, con dificultades para acceder a un alquiler, con complicaciones por los precios”, sostuvo.
El jefe del oficialismo también expresó que “los alquileres temporarios en muchos casos sirven a la cuestión turística, no negamos el valor, pero sabemos que librados a su propia voluntad, a que las propias fuerzas del mercado que ahora tanto se ponderan, hagan lo suyo, pero lo que genera es un proceso profundo de dolarización”.
El santafesino insistió con que el dictamen de mayoría tenía “beneficios concretos para los inquilinos”, entre ellos establecer que “el precio del alquiler debe fijarse en moneda nacional” y que “las cláusulas contractuales que contradigan a la normativa van a ser siempre interpretadas a favor del inquilino, que podrá rescindir el contrato sin abonar ninguna indemnización”. Además, mencionó los incentivos fiscales y dijo: “Nosotros creemos que tenemos un dictamen virtuoso, que permite avanzar en el stock de viviendas en alquiler”.
Con 125 votos a favor, 112 en contra y 3 abstenciones, se aprobó el proyecto que establece que los ajustes sean por intervalos no inferiores a 4 meses y que el mecanismo de actualización pueda combinarse entre tres índices, a acordar por las partes. Además, vuelve a dos años el plazo de los contratos.
En la primera sesión tras las elecciones PASO, la oposición unida en la Cámara de Diputados, excepto la izquierda y los tres libertarios Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo, logró conseguir la media sanción de una reforma a la Ley de Alquileres, tras una votación que resultó con 125 votos a favor, 112 en contra y 3 abstenciones. El proyecto pasa ahora al Senado, que no se reúne para tratar iniciativas desde hace cuatro meses.
En primer lugar, este miércoles fracasaron una docena de proyectos que proponían la derogación total de la actual 27.551 al no reunir los dos tercios necesarios, ya que no contaban con dictamen. La idea era fuertemente avalada por buena parte de Juntos por el Cambio y los libertarios. Pero desde el principio se sabía que no habría chance.
Luego comenzó el debate, que tuvo una corta lista de oradores, sobre los dictámenes que se firmaron el año pasado, y que nunca habían llegado al recinto hasta hoy.
En la primera votación, JxC, los libertarios y los bloques provinciales consiguieron su segundo objetivo -el primero fue el quórum- de rechazar el dictamen de mayoría del Frente de Todos. El oficialismo tuvo varios ausentes, pero igualmente no hubiera llegado con el número para imponerse, ni siquiera con el Frente de Izquierda a favor. El resultado fue por 109 votos afirmativos y 131 negativos.
A continuación, se sometió a votación el dictamen de minoría, el cual tuvo modificaciones que fueron producto de varias negociaciones previas. Plantados en su postura de derogación, los legisladores de La Libertad Avanza terminaron votando en contra del dictamen de minoría, al igual que el oficialismo y la izquierda. También hubo dos votos negativos por parte del jefe del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, y la cordobesa Natalia de la Sota.
A favor lo hicieron los legisladores de Juntos por el Cambio, el interbloque Provincias Unidas y el bloque SER. Por parte del interbloque Federal, positivamente también votaron los bonaerenses Graciela Camaño y Florencio Randazzo, y los cordobeses Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca, mientras que los santafesinos socialistas Mónica Fein y Enrique Estévez se abstuvieron. La tercera abstención fue del camporista salteño Emiliano Estrada.
Los dos cambios centrales al texto original -que salió de comisiones el 22 de junio de 2022- se refieren al período de tiempo para los ajustes y al mecanismo que podrán utilizar las partes para la actualización del precio.
De esta manera, la iniciativa aprobada establece que “en los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a 4 meses”.
En tanto, “para los ajustes, las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.
Además, el proyecto vuelve a dos años el plazo mínimo legal de los contratos e incorpora una serie de incentivos para promover la oferta de viviendas en el mercado.
En relación a los beneficios fiscales, se contempla una reforma del régimen de monotributo para que quienes tengan tres unidades de explotación, “en el caso de la actividad de locación de inmuebles, mediante contratos debidamente registrados” se considere como “una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma”.
También exime de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler y contempla una modificación al impuesto a los débitos y créditos bancarios -más conocido como impuesto al cheque- para que estén exentas aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes “utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados”.
El debate
Al defender el dictamen de mayoría, que reivindicaba la ley actual, al mantener el plazo de tres años en los contratos, como así también el índice para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combina IPC y RIPTE -como rige-, el jefe del oficialismo, Germán Martínez, abrió el debate.
“Hay que tener en claro cuál es el sujeto social que nosotros queremos venir a defender. Es cierto que esto es un problema que afecta a propietarios e inquilinos. Pero no los afecta de la misma manera, y nosotros tenemos la obligación de resguardar al más débil en una relación que no es simétrica”, sostuvo.
El santafesino cargó contra la oposición: “Lo que imperó desde el principio del tratamiento hasta acá por parte de los sectores opositores fueron posiciones netamente políticas, y hoy, después de un resultado electoral, vuelven a tironearse por una determinada bandera, la de la derogación, y no les preocupa en lo más mínimo la situación que están viviendo los argentinos de a pie”.
A continuación, al exponer sobre el dictamen de minoría, Graciela Camaño arrancó: “Venimos a este recinto sin tanta petulancia, y a la hora de evaluar el tiempo de duración de la ley, que supuestamente es planteado como un mérito, quiero informar que en ese mismo período en la Argentina hubo un 476% de inflación”.
“Modestamente lo único que nos proponemos con el dictamen de la minoría es intentar mejorar la oferta”, sostuvo la diputada de Identidad Bonaerense.
A su turno, el rionegrino Agustín Domingo dijo que “lo que debemos lograr es que exista un amplio mercado de viviendas”, y advirtió que hasta ahora “nos hemos dedicado a asfixiar con regulaciones ese mercado. Penalizamos construir, alquilar o vender inmuebles y el saldo está a la vista. Hemos asesinado al regulador común. Hicimos hasta lo imposible para destruir la oferta de viviendas de los pequeños propietarios”.
“Entendemos que estos cambios son posibles y están orientados a empoderar a nuestra sociedad civil. Son quienes pueden darle vigor al mejor regulador que puede tener este mercado: la libre competencia”, defendió el legislador de Juntos Somos Río Negro.
Por su parte, el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace planteó sus críticas a la actual Ley de Alquileres y aseguró que la modificación propuesta “viene a mejorar el plazo y el precio”. “La ley de alquileres no funciona porque la situación del mercado está destruida”, observó y ejemplificó: “Entremos a cualquier sitio en internet y la gran mayoría de los avisos están en dólares porque eso asegura un valor constante para la renta del propietario, casi no hay avisos en pesos”.
“La propuesta del FdT es ratificar esta ley”, cuestionó y diferenció que “queremos derogar los dos problemas de esta ley, que son plazo y precio. Proponemos volver al plazo de dos años y acordar actualización de precios con incentivos fiscales en el monotributo y ventajas impositivas al impuesto y crédito bancario”.
En su carácter de titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista Carlos Heller expresó: “Estamos frente a un tema complejo porque este Parlamento sancionó una ley hace un tiempo y los resultados no son los que estaban en el espíritu de los legisladores al momento de sancionarla”.
“Hay un problema real. Lo que no me cierra y no puedo entender es que a este problema real se lo quiera resolver dejando que sea la fuerza del mercado la que determine o traiga la solución”, criticó y remarcó que “las leyes se hacen para proteger la situación del más débil, el más fuerte no necesita leyes y, en este caso, ese más fuerte es el mercado. Las leyes están hechas para generar protecciones, derechos a aquellos que están más débiles”.
Heller respaldó los 3 años para los contratos porque “el tiempo y la estabilidad es un valor que hace a la idea de adecuado, acortar los tiempos es poner en riesgo ese derecho. No es un tema neutro”. “El tema de adecuado incluye la asequibilidad que la pone el precio y si el precio no es accesible, no se accede a la vivienda y ese es el problema”, resumió.
“Tenemos una ley que todo el mundo dice que no se cumple, que todos dicen que la mayoría de los contratos se formulan por fuera de la ley, por ejemplo porque el 90% de los contratos no están registrados. Deberíamos estar pensando en cómo hacemos para que esos contratos estén registrados dentro de los términos que establece la ley”, subrayó el porteño.
De la vereda de enfrente, el macrista Pablo Tonelli afirmó que “es difícil, en Argentina y en cualquier parte del mundo, regular las locaciones urbanas” ya que “se requiere equilibrio y precisión”, pero advirtió que “si se pierde el equilibrio en favor del locatario o el inquilino termina siendo perjudicial”.
Respecto a la Ley de Alquileres, manifestó: “Esta ley no produjo los resultados esperados porque buscaba proteger a los inquilinos y provocó un efecto no deseado, la retracción de la oferta”. Sobre ello, mencionó que “al momento de aprobarse la ley había 8.000 ofertas de alquiler en CABA, y ahora han bajado por debajo de los 1.000”.
“Esto habla de un fracaso de la ley y de un efecto no deseado que lógicamente produce encarecimiento en el precio y endurecimiento en las condiciones”, señaló el legislador del Pro y enfatizó que “debe haber precios razonables y debe haber renta para los propietarios”. “Creemos que, con estas tres modificaciones, normalizaremos el mercado”, cerró.
Sobre el final del debate, la radical Karina Banfi pidió revisar “lo que hemos hecho con una aprobación (casi) por unanimidad (lograda) en este Congreso. Hay una falta de memoria… Votamos en 2019 esta ley y en 2020 el mundo sufrió una pandemia, y durante la gestión de esta pandemia entró en vigencia la ley actual”.
Así las cosas, “una de las medidas que tomó el Gobierno el 30 de marzo de 2020 fue dictar un DNU que congeló los alquileres y suspendió los desalojos hasta septiembre de ese año. Se hizo una prórroga hasta marzo de 2021, y ya habían aumentado un 60% los alquileres. Ya había una distorsión de esa oferta y demanda por esa intromisión que había hecho el Gobierno nacional”, apuntó.
Desde La Libertad Avanza habló Carolina Píparo. “No vamos a apoyar ningún maquillaje porque la ciudadanía pide la derogación”, sentó la postura la libertaria y cuestionó que “montaron un show -con la modificación- porque desde JxC sabían que no estaban dadas las condiciones para derogar la ley”. “Es un show para la gente que vengamos a mentir acá”, se quejó y fustigó que “esta ley no funcionó porque el Estado se metió donde nadie lo llamó”.
Finalmente la diputada y candidata presidencial del FIT, Myriam Bregman, aseveró: “A una situación crítica que viven miles de familias en el país, ahora se le suma este nuevo ataque y mazazo al bolsillo que se está discutiendo acá. Y pueden hacer los discursos que quieran, pero esta sesión es para atacar a las familias trabajadoras; si se aprueba el dictamen de minoría es dolarizar completamente los alquileres, volver la situación aún peor. Se puso en pie esta sesión porque se abrazó el bloque de Milei con JxC y con el de (Juan) Schiaretti”.
Al apuntar contra el actual ministro de Economía y candidato presidencial oficialista, Sergio Massa, la porteña lanzó: “Lo escuché decir que la Ley de Alquileres fracasó, pero lo que fracasó es su Gobierno ministro. Fracasó porque hay una inflación desatada, porque las familias no llegan a fin de mes.
“La incertidumbre de las familias es total, la situación es terrible. Le acortan los plazos, le suman que el alquiler se dolarice y que se actualice cada 3 o 6 meses a valores de una inflación desatada. Atacan a la ley no en los puntos débiles, como por ejemplo que no regula el valor inicial de los alquileres, sino que cuestionan los puntos progresivos que tiene porque las grandes inmobiliarias hicieron su juego”, lamentó.
En el estreno del bloque Buenos Aires Libre, la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires consideró que la modificación de la Ley de Alquileres “es un show montado para la gente”.
La diputada nacional Carolina Píparo, que estrenaba su bloque Buenos Aires Libre en sintonía con La Libertad Avanza, expresó en el recinto de la Cámara de Diputados mientras se debatía sobre la modificación de la Ley de Alquileres que “no vamos a apoyar ningún maquillaje porque la ciudadanía pide la derogación”.
La candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, por el espacio libertario de Javier Milei, intervino en el debate poco antes de la votación y afirmó que “no podemos mezclar todos los problemas”. “Esta es una ley de JxC a la que se apega el kirchnerismo como si fuera propia”, aseveró.
Decidida a cuestionar a las mayorías de la Cámara baja, Píparo consideró que “montaron un show –con la modificación- porque desde JxC sabían que no estaban dadas las condiciones para derogar la ley”. “Es un show para la gente que vengamos a mentir acá”, señaló.
Del mismo modo, expresó: “Esta ley no funcionó porque el Estado se metió donde nadie lo llamó”. En esa línea, agregó: “Los escuché a muchos diputados en comisiones decir que a esta ley le falta tiempo y control del Estado y no, no nos tenemos que meter en este mercado”.
Finalmente, la diputada libertaria Carolina Píparo remarcó que desde su espacio “nosotros no vamos a apoyar ningún maquillaje” porque “la ciudadanía ha sido muy clara quiere que deroguemos esta ley”, cerró.
Ese apartamiento de reglamento necesitaba dos tercios de los votos y no consiguió el número necesario de dos tercios de los presentes. Había doce proyectos con ese fin.
Alrededor de las 13 de este miércoles se inició el debate del tema alquileres, con la votación para incluir una docena de proyectos de derogación de la Ley de Alquileres. Una vez hecha la lectura de todos los proyectos puestos a consideración, el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez preguntó si se trataba de los 12 proyectos de declaración y antes de votar, la presidenta del Cuerpo, Cecilia Moreau, se negó a permitir que algunos legisladores aclararan el sentido de su voto, argumentando que así se había dispuesto en la reunión de Labor Parlamentaria.
No obstante, Silvia Lospennato consiguió expresarse y aclaró que quienes votaran negativamente le cerrarían el paso a la derogación. Y a continuación se votó de manera nominal, con 124 votos afirmativos, 110 negativos y ninguna abstención.
Con lo cual se cumplió lo que ya venía anticipándose: que la propuesta de derogación sería el primer tema a tratar y que sería rechazado, al no contar con los dos tercios necesarios para proyectos que no cuentan con el dictamen correspondiente.
La oposición consiguió reunir el quórum para arrancar una discusión en la que se tratarán proyectos, conforme lo solicitado en la última sesión de la Cámara por presidentes de 13 bancadas de la oposición.
Pasadas las 12.27 comenzó este miércoles la sesión especial convocada por la oposición para tratar una reforma de la controvertida Ley de Alquileres. La reunión había sido pedida por la oposición durante la última sesión celebrada el 5 de julio pasado.
Casi media hora tardó la oposición en alcanzar el quórum. Los primeros en sentarse fueron los diputados de Juntos por el Cambio. También llegaron los dos del bloque SER y los dos rionegrinos. Del interbloque Federal bajaron primero su presidente, Alejandro “Topo” Rodríguez, y los cordobeses Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca. 12.26 llegaron los libertarios encabezados por Javier Milei. Detrás del candidato ganador de las PASO entró Luciano Laspina y llegaron también los socialistas, con quienes se alcanzó el quórum.
Recién después, junto a los diputados del Frente de Todos, llegaron Florencio Randazzo y Graciela Camaño.
Según lo acordado en Labor Parlamentaria, en el inicio jurarán dos nuevos diputados y luego habrá tres apartamientos del oficialismo (uno por el celular de Gerardo Milman y el del proyecto de alquileres temporarios presentado por Paula Pennaca) y tres homenajes del oficialismo.
Habrá también tres cuestiones de privilegio y un apartamiento de la izquierda (emergencia alimentaria). El bloque Juntos somos Río Negro también impulsará un apartamiento.
En caso de ser aprobado algún apartamiento el tema va al final de la sesión. Las cuestiones de privilegio y los homenajes serán intercalados a lo largo de la sesión.
Primero se votarán los 12 expedientes sin despacho todos juntos de manera nominal. Después se discuten los proyectos con dictamen.
Según se adelantó en la previa de esta reunión, la intención de parte de la oposición era avanzar con la derogación de la ley, cosa que necesitaría de 2/3 del Cuerpo para habilitar el tratamiento de los temas relacionados que no cuentan con dictamen.
Tras ese trámite, se avanzaría con los dos dictámenes suscriptos hace más de un año, el 22 de junio de 2022.
Al respecto, vale comentar que el dictamen de mayoría es el del Frente de Todos, que revindica buena parte de la ley actual, al mantener el plazo de tres años en los contratos, como así también el índice para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combina IPC y RIPTE. Asimismo, otorga más facilidades para los inquilinos en la presentación de garantías.
En el capítulo de incentivos fiscales, propone una reforma en el régimen de monotributo para beneficiar a monotributistas que tengan más de tres unidades de explotación; incorpora al régimen de la Ley de Incentivo a la Construcción los inmuebles que durante 12 años estén destinados al alquiler y “siempre que dichos contratos de locación se encuentren registrados”.
Asimismo exime del impuesto a los Bienes Personales a aquellas propiedades cuyo valor resulte igual o inferior a 30 millones de pesos, el mínimo no imponible para esa categoría.
El dictamen de minoría vuelve a dos años el plazo mínimo legal de los contratos. En cuanto al precio del alquiler, deberá “fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, por intervalos de entre 3 y 12 meses”.
En relación a los beneficios fiscales, similares a los del oficialismo, la iniciativa contempla una reforma del régimen de monotributo.
Se trata de una iniciativa de la diputada Paula Penacca, que busca regular la actividad y pidieron sin éxito su tratamiento este mismo miércoles.
En pleno debate de una modificación de la Ley de Alquileres y en vísperas de la sesión convocada por la oposición para debatir esa norma, el oficialismo presentó una nueva iniciativa para sumar a esta discusión.
Se trata de un proyecto elaborado por la secretaria Parlamentaria de la bancada del Frente de Todos, Paula Penacca, que tiene por objeto regular la actividad de alquiler temporario.
Al ser presentada este martes 22 de agosto, la iniciativa no figuraba en el temario propuesto para la sesión especial de este miércoles, por lo que para habilitar que pudiera ser puesta a consideración, su autora pidió un apartamiento de reglamento que necesitaba una mayoría especial de 3/4 partes de los presentes que no consiguió. En su discurso, habló de la necesidad de establecer una regulación para evitar la competencia con los alquileres corrientes. “El objetivo es armonizar la actividad de los alquileres temporarios con fines turísticos con la oferta para el mercado de inmuebles residenciales”,
El proyecto cuenta con 11 artículos y allí se entiende por alquiler temporario aquellos que tengan por objeto la locación de inmuebles o habitaciones que se arrienden con fines turísticos, de descanso o cualquier otro fin, por un plazo de hasta tres meses.
En cuanto a las plataformas digitales de alquiler temporario, son aquellas a través de las cuales se comercialice, promocione, publicite, oferte o intermedie, por medios informáticos, ya sea a título gratuito y/u oneroso, alquileres temporarios respecto de las unidades habilitaciones situadas en todo el territorio nacional.
Con relación a las obligaciones de las plataformas digitales de alquiler temporario, las mismas deben habilitar un campo en la plataforma digital para que el propietario o administrador informe el número de inscripción, registro o licencia, según corresponda, en aquellas jurisdicciones que cuenten con registro o licencia habilitante para ejercer la actividad de alquiler temporario.
Deben proceder a la baja de aquellas ofertas, anuncios o publicaciones notificadas por el Ministerio de Turismo y Deportes o el que en un futuro lo reemplace, que incumplan obligaciones en cabeza de los anfitriones conforme la normativa vigente y aplicable en la jurisdicción que se encuentre la unidad habitacional, previo acto administrativo fundado y emanado de autoridad competente.
Para los pagos, el proyecto prevé utilizar la moneda nacional pesos argentinos para los anuncios y/u ofertas de unidades habitacionales radicadas en el territorio nacional que surjan como resultado de las búsquedas realizadas desde el territorio nacional; y para el procesamiento de pagos efectuados por huéspedes mediante la intermediación de la plataforma cuando se trate de transacciones realizadas a través de medios de pago electrónicos nacionales, respecto de unidades habitacionales ubicadas en el territorio nacional.
Asimismo las plataformas deben remitir al organismo de jurisdicción nacional con competencia en materia turística información anonimizada y desagregada, de manera semestral, respecto de la cantidad de operaciones realizadas en el país y sus respectivos montos, la que podrá ser utilizada únicamente a fines estadísticos y para la mejora de toma de decisión de política pública.
¿Qué propiedades quedan excluidas? No será de aplicación el caso en que cuatro más inmuebles con destino habitacional a la actividad de alquiler temporario, pertenezcan a un mismo propietario, se encuentren bajo la misma administración o se ofrezcan bajo una misma marca. En estos casos, la persona titular deberá contar con habilitación, registro y la categorización que corresponda según la Ley Nº 18.828 o la que en el futuro la reemplace.
El proyecto reconoce que el alquiler temporario se ha transformado en un fenómeno internacional que no escapa a la República Argentina. Según estimaciones no oficiales, hoy existen más de 30.000 propiedades que se ofertan a través de alquiler temporario en todo el país.
No obstante ello, el alquiler de “Habitación con muebles que se arriende con fines de turismo, descanso o similares” solo se encuentra definido como una excepción al plazo mínimo legal de locación de inmuebles de tres años definido por la ley 27.551, sin brindar mayores especificaciones o definiciones claras respecto de los actores que intervienen en esta actividad, señala el proyecto.
Penacca explica que con su iniciativa “buscamos incorporar la definición del alquiler temporario y de las figuras del huésped, anfitrión y plataforma, previo a establecer obligaciones y derechos en cabeza de estos actores. La definición del alquiler temporario propuesta, se encuentra ajustada a lo dispuesto en el artículo 1199 del Código Civil Comercial de la Nación, en tanto indica que, si el plazo de un contrato de locación de inmueble se celebra por un plazo mayor a 3 meses, se presumirá que no fue hecho con fines de turismo, descanso o similares.
3280-D-2023El oficialismo emitió una declaración en la que se manifestó a favor de ampliar la oferta de vivienda en alquiler. Proponen incentivos tributarios para propietarios, regulación de alquileres temporarios en dólares y defensa de los derechos de inquilinos.
El bloque del Frente de Todos que conduce Germán Martínez declaró este martes que la sesión especial propuesta por la oposición para este miércoles 23 “tiene como único fin el de montar un show electoralista poniendo de rehenes a los más de 10 millones de argentinos/as que alquilan en nuestro país”.
“Desde el bloque del FdT estuvimos desde el primer momento, y estamos comprometidos para resolver el problema en serio, con propuestas concretas y realizables, a resguardo de los derechos de las y los inquilinos”, remarcaron los diputados oficialistas a través de un comunicado.
En el mismo dicen conocer las dificultades que existen en el mercado de alquileres de nuestro país: inquilinos/as con dificultades para acceder a una vivienda para alquiler, ante una marcada reducción del stock de viviendas; precios de alquileres que resultan muy difíciles de pagar; proliferación de contratos temporales, muchos de ellos en dólares, por fuera del marco jurídico vigente; entre otros.
En este contexto, agregan, “creemos que, de los múltiples problemas que hay en el mercado de alquileres, es urgente abordar uno de ellos: la necesidad de ampliar la oferta de viviendas en alquiler”. Para eso, consideran imprescindible avanzar en los incentivos tributarios destinados a las y los propietarios, plasmados en el dictamen de mayoría del Orden del Día 67/2022, a saber:
Monotributo – No considerar actividades simultáneas hasta 3 alquileres en el caso de inmuebles que sean afectados a la locación con destino exclusivo a casa habitación del locatario y su familia.
Impuesto a las Ganancias – Exención de la ganancia neta originada en la locación de las unidades. En la liquidación del impuesto a las ganancias podrán deducirse: Las sumas invertidas en la construcción de nuevas unidades de vivienda.
Bienes Personales – No están alcanzados los inmuebles destinados a la locación con destino exclusivo a casa habitación del locatario y su familia, siempre que dichos contratos de locación se encuentren registrados.
Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda – Quedan comprendidos dentro del régimen los inmuebles usados que sean afectados, por un plazo no inferior a doce (12) años, a la locación con destino exclusivo a casa habitación del locatario y su familia.
En el mismo sentido, los diputados del FdT entienden importante considerar la debida regulación de los alquileres temporarios en dólares a través de diversas plataformas, de acuerdo a lo planteado en el expediente recientemente ingresado por integrantes de nuestro bloque.
“A contrapelo de lo que planteamos desde el FdT, algunos sectores políticos intentan reducir este debate, poniendo el foco en diferentes aspectos de la denominada Ley de Alquileres, impulsada en 2019 por diputados del PRO durante la presidencia de Mauricio Macri. Los problemas del mercado inmobiliario no se resuelven derogando o destrozando el corazón de la regulación actual”, insisten desde el oficialismo.
Están convencidos de que “no podemos dar respuestas artificiales, simplificadas ni “para la tribuna” en un escenario complejo, ni mucho menos, recurrir a posicionamientos electoralistas que no ayudan a solucionar los problemas existentes en torno a los alquileres.
La tarea parlamentaria nos exige asumir la complejidad de los problemas que existen. Propiciamos acompañamiento con el resto de las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados para poder avanzar a paso firme en iniciativas concretas, que redunden en una ampliación de la oferta de viviendas en alquiler, con su consecuente y necesario beneficio en inquilinos y propietarios”.
La oposición confía en reunir el quórum para comenzar la sesión. Primero irán por la derogación, aunque a sabiendas de que no podrán avanzar con eso, y luego con la aprobación de su propio dictamen.
Llegó la fecha que Juntos por el Cambio había pedido allá por el 5 de julio -cuando la última sesión de la Cámara de Diputados-: tratar la modificación de la Ley de Alquileres. Un tema que viene siendo meneado desde 2021, cuando todavía la pandemia era una noticia corriente y los problemas de la ley aprobada en 2020 eran una realidad concreta. Más allá de que la inflación por esos días no era tan explosiva como en la actualidad.
Este miércoles 23 fue el día pedido por Juntos por el Cambio y otros bloques de la oposición, a sabiendas de que esta era la primer fecha libre por haber pasado ya las elecciones primarias. Claro que cuando encabezados por el radical Mario Negri los diputados de la principal oposición escogieron esa fecha esperaban tener detrás para este miércoles una elección victoriosa que los empoderara de tal manera que el oficialismo se aviniera a aceptar de alguna manera la nueva realidad.
Las PASO dijeron otra cosa, pero esa es otra cuestión.
La realidad es que este miércoles Juntos por el Cambio se propone asestarle una derrota al oficialismo y dar en lo posible una señal a la sociedad. No será fácil, pero en la previa arrancan con viento a favor, con la convicción de que tendrán quórum, con 130 o 131 diputados sentados en sus bancas.
Para las 10 se prevé una reunión de JxC con los otros bloques más chicos para acordar una estrategia común para llevar al recinto.
Una vez hayan reunido el quórum, bajará al recinto el bloque del Frente de Todos. Esa es la primera de las dos certezas que tiene la principal oposición: que el oficialismo se sentará en sus bancas una vez la oposición haya cumplido con su deber de reunir el número para arrancar y evitar así que la oposición consiga forzar el tratamiento sobre tablas de la derogación de la ley, que no cuenta con dictamen.
En rigor, insistir con la derogación era hasta este martes uno de los objetivos más concretos en el seno de JxC, pero la realidad es que necesitarían dos tercios, pues los proyectos que hay en ese sentido, de Hernán Lombardi, Karina Banfi y Carolina Piparo, no tienen dictamen.
El bloque conducido por el santafesino Germán Martínez emitió una declaración este martes por la noche aclarando su disposición a avanzar con la búsqueda de una respuesta al problema, trabajando para “ampliar la oferta de vivienda en alquiler”, proponiendo una serie de incentivos tributarios para los propietarios, entre otras cuestiones. Pero calificando de “show” lo que ha preparado la oposición para este miércoles.
Como sea, Juntos por el Cambio estará en condiciones de proceder con la segunda de las dos cosas que consideran seguras: el rechazo del dictamen de mayoría del FdT. Tienen número para conseguirlo.
A continuación avanzarán entonces con el dictamen de minoría promovido por la oposición, pero nadie se arriesga a estimar si estarán los números para hacer cambios, como la mayoría de JxC desearía. Todo esto será bajo la presión de inquilinos que poblarán las gradas, “invitados” por el oficialismo.
“Va a ser una jornada picante”, garantizó una fuente de la oposición.
En definitiva, habrá media sanción si el dictamen de minoría sale sin cambios. Las modificaciones que la oposición trataría de forzar no contarían con números para ser aprobadas.
Según pudo lo acordado en Labor Parlamentaria, en el inicio jurarán dos nuevos diputados y luego habrá tres apartamientos del oficialismo (uno por el celular de Gerardo Milman y el del proyecto de alquileres temporarios presentado por Paula Pennaca) y tres homenajes del oficialismo.
Habrá también tres cuestiones de privilegio y un apartamiento de la izquierda (emergencia alimentaria). El bloque Juntos somos Río Negro también impulsará un apartamiento.
En caso de ser aprobado algún apartamiento el tema va al final de la sesión. Las cuestiones de privilegio y los homenajes serán intercalados a lo largo de la sesión.
Primero se votarán los 12 expedientes sin despacho todos juntos de manera nominal. Después se discuten los proyectos con dictamen.
Para el quórum, Juntos por el Cambio cuenta con 115 de sus 117 miembros. Les faltará al principio el reemplazante del diputado cordobés Gustavo Santos, quien jurará luego de que se haya obtenido quórum. El otro ausente del oficialismo será el diputado radical Gerardo Cipolini, quien se encuentra en Italia, donde vive su hija y está delicada de salud. Hace 20 días que el diputado chaqueño está en la península.
Se espera que estén los 8 integrantes del interbloque Federal; los dos rionegrinos; Felipe Alvarez y Claudio Vidal, flamante gobernador electo de Santa Cruz, cuya presencia estaba en duda, pero garantizó su presencia; más los 3 libertarios. Con esos ya hay 130 diputados. El diputado 131 podría ser el misionero Carlos Fernández. No estará su compañero de bancada Diego Sartori, quien se encuentra enfermo.
Se realizará este miércoles una sesión especial convocada por la oposición para debatir los proyectos presentados para modificar la controvertida ley, pero prevalece en JxC la postura por la derogación.
Pasaron varias semanas desde que el 5 de julio, cuando la última sesión de la Cámara de Diputados, la oposición suscribió en pleno recinto una convocatoria a sesionar este 23 de agosto para debatir una modificación de la Ley de Alquileres. Fue luego de que fracasara el intento original, que era el debatir un proyecto para derogar directamente la controvertida norma.
Llegada la fecha prevista, no hubo acuerdo en el seno de la oposición y luego de que circularan versiones referidas a una intención de avanzar este miércoles con el dictamen de minoría, volvió a prevalecer la postura de ir por la derogación lisa y llana de la Ley 27.551.
Venían negociando los diferentes bloques de la oposición en el marco de reuniones por zoom para encontrar un acuerdo ya no para dar quórum, sino sobre qué hacer una vez logrado el mismo. Recordemos que el oficialismo anticipó que al tratarse de un pedido de la oposición, ellos tendrán que encargarse de reunir la mayoría necesaria para abrir la sesión. Luego los miembros del Frente de Todos se sentarán en sus bancas para dar el debate.
Si bien días pasados se había acordado en el seno de la oposición que redactarían cambios al texto del dictamen de minoría, de modo de conformar a todos los sectores y poder avanzar en una media sanción que reforme la Ley de Alquileres, el correr de los días parece que enfrió los acuerdos que venían lográndose y volvieron a prevalecer en el seno de la principal oposición las posturas más duras. Esto es: ir directamente por la derogación de la ley.
La realidad es que en el zoom realizado el viernes pasado no participaron miembros de los interbloques Federal y de Provincias Unidas, que no comparten la postura de la derogación.
Este martes habrá una reunión de Juntos por el Cambio para resolver la postura unificada que llevarán al recinto.
Así las cosas, es de esperar que la oposición pueda reunir el quórum, más allá de que pueda no estar completa su dotación este miércoles. Puntualmente Juntos por el Cambio cuenta con 117 diputados; el interbloque Federal 8 y el interbloque Provincias Unidas, 4. Total: 129. Aunque también podría contarse a los dos legisladores del bloque SER y el neuquino Rolando Figueroa, además de los tres libertarios, Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo. Milei fue uno de los presidentes de bloque que firmó el pedido de citación.
De no mediar cambios en la postura que estaría prevaleciendo en JxC, arrancarán por la derogación. El problema es que ninguno de los tres proyectos que hay al respecto, ni el de Hernán Lombardi, ni el de Karina Banfi, ni el de Carolina Piparo, tienen dictamen, por lo que en ese caso necesitarían los dos tercios, que obviamente el oficialismo al menos podrá evitar.
A continuación, podrá pasarse a debatir el proyecto de mayoría, que reivindica bastante de la ley vigente, al mantener el plazo de tres años en los contratos, como así también el índice para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combina IPC y RIPTE. Asimismo, otorga más facilidades para los inquilinos en la presentación de garantías.
La oposición tiene el número para rechazar ese dictamen, pero legisladores del propio Juntos por el Cambio reconocen que cuando a continuación vayan por el dictamen de minoría pueden estar abriendo una caja de pandora. En ese caso buscarán introducir en el recinto la derogación de los dos artículos conflictivos: el referido a los tres años de contrato, y el de la indexación anual y con indicadores tipo RIPTE e IPC.
Ahí sucede que no está el número para aprobar su rechazo y podrían quedar empantanados, con un resultado neutro: sin vencedores ni vencidos. O con todos, o casi todos, derrotados. Sobre todo los ciudadanos que vienen reclamando desde hace meses una modificación de la ley vigente.
La sesión convocada para el miércoles 23 de agosto en Diputados fue solicitada por JxC que debe llegar a 129 legisladores presentes para llevarla a cabo. Al momento, tendría asegurados 120.
El bloque Córdoba Federal de la Cámara de Diputados, presidido por Carlos Gutiérrez, anunció este viernes que dará quórum en la sesión especial convocada por Juntos por el Cambio de este miércoles 23 de agosto para tratar la reforma de la Ley de Alquileres (27.551).
“Firmamos la convocatoria, dada la urgencia y el atraso inexplicable de su tratamiento. Pero los cambios son materia de discusión hasta último momento ya que en este contexto hiperinflacionario es muy difícil lograr una ley de equilibrio”, comunicaron desde el bloque que conforman Gutiérrez, Natalia de la Sota e Ignacio García Aresca.
Además, consideraron que “es necesario ser cuidadosos y analizar -junto a los distintos bloques- qué modificaciones son las que conducen a dar una solución a la situación de miles de inquilinos y propietarios”.
Con esta confirmación, JxC que, con la reciente incorporación de Espert suma 117, se asegura 3 legisladores y suma 120 por lo que quedaría a solo 9 del quórum necesario. Del mismo modo, el bloque libertario del ganador de las elecciones PASO, Javier Milei que junto a Victoria Villarruel y Carolina Píparo acompañaron el pedido de sesión.
Aún resta saber si los otros cinco diputados del interbloque Federal (tres por Identidad Bonaerense y dos por el bloque Socialista) acompañarán el quórum, pero todo indicaría que sí, y por fuera, también están los dos legisladores del bloque SER (Felipe Álvarez y Claudio Vidal) y el neuquino Rolando Figueroa.
Tal como lo averiguó parlamentario.com, desde la oposición planean, una vez lograda la sesión, “rechazar el dictamen K” (el de mayoría) que fue suscripto por el oficialismo y reivindica la ley tal cual como está, sumando beneficios fiscales para incentivar la oferta -en eso ambas propuestas son similares-.
Los jefes de JxC y los bloques federales acordaron “volver a redactar” algunos puntos. Primero deberán reunir quórum y también rechazar el dictamen de mayoría del oficialismo. La sesión quedó formalmente convocada para el próximo miércoles a las 12.
Por Melisa Jofré
En un nuevo encuentro que mantuvieron por Zoom este jueves, los jefes de Juntos por el Cambio y bloques federales ratificaron la decisión de sostener la sesión convocada para el próximo miércoles en la Cámara de Diputados y acordaron redactar cambios al texto del dictamen de minoría, de modo de conformar a todos los sectores y poder avanzar en una media sanción que reforme la Ley de Alquileres (27.551).
Para los promotores del debate, al quórum, que se reúne a partir de los 129 presentes, “se debería llegar fácil”. Aunque para ello tendrán que tener a todos sus legisladores sentados en el recinto. Pero consideran que el número no estaría tan ajustado si además concurren los tres libertarios, al recordar que Javier Milei acompañó el pedido de sesión con su firma.
Tal como adelantó parlamentario.com, el segundo objetivo, una vez puesta en marcha la reunión, sería el de “rechazar el dictamen K”, es decir, el dictamen de mayoría que el Frente de Todos suscribió y reinvidica la ley actual, sumando beneficios fiscales para incentivar la oferta -en eso ambas propuestas son similares-.
A sabiendas de que los proyectos que directamente proponen la derogación no cuentan con dictamen y, por lo tanto, necesitan de los dos tercios para ser tratados, la oposición desistió en la idea de someterlos a votación, como ocurrió el pasado 5 de julio cuando Hernán Lombardi lo planteó sobre tablas. El Pro, algunos diputados de la UCR y los liberales pujaban por esta idea e incluso en la solicitud se había definido tratar “los proyectos y dictámenes” referidos a la cuestión.
Así las cosas, los representantes de JxC, interbloque Federal e interbloque Provincias Unidas decidieron que se harán cambios en el texto del dictamen de minoría, que salió con despacho de comisiones en junio del año pasado, de manera de “conformar a todos, incluso a los que quieren la derogación”.
En las modificaciones plantearían que los contratos de alquileres vuelvan al plazo de dos años y que el ajuste sea acordado entre las partes, sin dar precisiones de lapsos, haciendo referencia al Código Civil y Comercial. “No está cerrada la redacción, se trabajará incluso en el recinto. El justo equilibrio permitirá que salga esta media sanción”, indicaron fuentes parlamentarias.
Uno de los aspectos que más “ruido” había provocado en el texto, y que hizo caer los consensos en la oposición para avanzar en el recinto, fue el artículo 6, donde quedó fijado que “se podrán realizar ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, por intervalos de entre 3 y doce 12 meses”. Ahora sería una de las primeras cosas a modificar.
Por su parte, desde el oficialismo le habrían pedido a los jefes de la oposición que la sesión se postergue para septiembre, pero éstos se negaron. Desde el Frente de Todos mantienen su postura de defensa al dictamen de mayoría y aseguran que “los que pidieron la sesión son los responsables de reunir el quórum”.
Para el arranque tampoco estarán los diputados del Frente de Izquierda, quienes consideran que “es regresivo” modificar la ley.
Actualmente, con la reciente incorporación formal de José Luis Espert, Juntos por el Cambio suma 117 miembros, el interbloque Federal 8 y el interbloque Provincias Unidas 4. El total, siempre y cuando haya unanimidad y asistencia perfecta, da los 129.
Pero por fuera también están los dos legisladores del bloque SER y el neuquino Rolando Figueroa, además de Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo, en quienes ponen atención especial los impulsores de la sesión.
Poco después que terminó el encuentro virtual de los opositores, se conoció la convocatoria formal a la sesión del próximo miércoles 23 a las 12, con la firma del secretario parlamentario, Eduardo Cergnul.
citacion-sesion-diputados-alquileres-23-agostoTras las PASO, los jefes de bloques mantuvieron conversaciones y buscan reunir los 129 que habilitarían el quórum. Sin embargo, todavía no saben si tendrán los votos para aprobar el dictamen de minoría. Pero sí quieren dejar expuesto una vez más al oficialismo.
Mientras de a poco baja la espuma de las elecciones PASO, marcadas por la sorpresa del primer lugar que alcanzó Javier Milei, este miércoles los jefes de Juntos por el Cambio y de algunos bloques provinciales mantuvieron conversaciones sobre la convocatoria a sesionar el próximo miércoles 23 en la Cámara de Diputados por la Ley de Alquileres.
En el encuentro, realizado por Zoom, se definió que sostendrán la convocatoria realizada el pasado 5 de julio y volverán a contactarse para evaluar si consiguen o no el número para dar por abierta la reunión, es decir, si pueden alcanzar el quórum con 129 presentes.
Con los mayores esfuerzos, logrando que todos sus integrantes estén sentados en el recinto, Juntos por el Cambio suma 117, el interbloque Federal 8 y el interbloque Provincias Unidas, 4. Total: 129.
Pero por fuera también están los dos legisladores del bloque SER y el neuquino Rolando Figueroa, además de los tres liberales Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo. Milei fue uno de los presidentes de bloque que firmó el pedido de citación.
Se estima que al igual que el Frente de Todos, el Frente de Izquierda no dé quórum.
Fuentes legislativas de la oposición consultadas por parlamentario.com reconocieron que “todavía falta” asegurar que tendrán el número para el quórum, pero “la idea es no sólo tener 129 sino que esos 129 rechacen el dictamen de mayoría que es del kirchnerismo. Este es el gran primer objetivo”.
No obstante, por ahora, la oposición tampoco tiene garantizado poder aprobar su dictamen de minoría, ya que persisten las dudas de algunos respecto del artículo 6 de ese texto, donde quedó fijado que “se podrán realizar ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, por intervalos de entre 3 y doce 12 meses”.
Ese fue uno de los puntos que, hace ya más de un año atrás, hizo caer con fuerza la posibilidad de avanzar en el recinto porque, tras la discusión en comisiones, hubo diputados de bloques federales que no quedaron conformes con esa redacción. Para un grupo de legisladores ese plazo de tres meses es muy poco, pero los que pujan fuerte para que se mantenga ese tiempo como piso son los representantes del Pro.
En caso de que los bloques no lleguen a un acuerdo para poder aprobar el dictamen de minoría, y si es que primero logran rechazar el del Frente de Todos, buscarán que -otra vez- se pongan en consideración los proyectos que directamente proponen derogar la Ley 27.551. Una idea que fue sumando adeptos.
Eso fue lo que sucedió el 5 de julio, antes de que se decidiera presentar un pedido de sesión. En esa oportunidad fue solicitado por el macrista Hernán Lombardi y resultó rechazado, porque, al tratarse de una iniciativa sin dictamen, requiere de los dos tercios.
En la solicitud de sesión se aclaró que sería con el objeto de tratar “los proyectos y dictámenes con estado parlamentario referidos a la Ley de Alquileres”.
Desde Juntos por el Cambio revelaron a parlamentario.com que la idea de dejar expuesto una vez más al Frente de Todos, votando en contra de la derogación, es lo que “más seduce” a algunos referentes, entre ellos a Patricia Bullrich, quien se consagró en la interna del Pro. No es extraño, pues el “ala dura” de los amarillos está por la derogación hace tiempo.
Los dos dictámenes
El dictamen del Frente de Todos (mayoría) revindica la ley actual, al mantener el plazo de tres años en los contratos, como así también el índice para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combina IPC y RIPTE. Asimismo, otorga más facilidades para los inquilinos en la presentación de garantías.
En el capítulo de incentivos fiscales, propone una reforma en el régimen de monotributo para beneficiar a monotributistas que tengan más de tres unidades de explotación; incorpora al régimen de la Ley de Incentivo a la Construcción los inmuebles que durante 12 años estén destinados al alquiler y “siempre que dichos contratos de locación se encuentren registrados”; y exime del impuesto a los Bienes Personales a aquellas propiedades cuyo valor resulte igual o inferior a 30 millones de pesos, el mínimo no imponible para esa categoría.
Por su parte, el dictamen de minoría vuelve a dos años el plazo mínimo legal de los contratos. En cuanto al precio del alquiler, deberá “fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, por intervalos de entre 3 y 12 meses”.
Asimismo, agrega que para los ajustes, las partes “deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS)” elaborados por el INDEC, “o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.
En relación a los beneficios fiscales, similares a los del oficialismo, la iniciativa contempla una reforma del régimen de monotributo para que quienes tengan tres unidades de explotación, “en el caso de la actividad de locación de inmuebles, mediante contratos debidamente registrados” se considere como “una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma”.
También exime de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler y contempla una modificación al impuesto a los débitos y créditos bancarios -más conocido como impuesto al cheque- para que estén exentas aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes “utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados”.
La precandidata a jefa de Gobierno, Vanina Biasi, y la precandidata a legisladora porteña, Cele Fierro, llamaron a organizar “una rebelión de inquilinos para frenar este saqueo organizado del lobby inmobiliario”.
En el marco de la crisis habitacional que golpea a la Ciudad de Buenos Aires y el resto del país, la precandidata a jefa de Gobierno por el Frente de Izquierda – Unidad, Vanina Biasi, y la precandidata a legisladora porteña por ese mismo espacio, Cele Fierro, participaron del II Encuentro Nacional de Alquileres y llamaron a organizar “una rebelión de inquilinos”.
En ese sentido, Biasi explicó que “el modelo de Ciudad en la que florece la construcción de edificios para alquiler temporario o reserva de valor de narcos y sojeros, no puede seguir avanzando si queremos defender que los trabajadores puedan vivir en CABA”.
“Martín Lousteau habla de modificar el código cuando gobierna y acompañó a los especuladores y sus pedidos de excepciones, viabilizando más de 20. Por su parte Leandro Santoro desde TN defendió la reducción de los años de contrato y de actualización de monto en una clara señal a la patria inmobiliaria”, señaló y precisó que “ninguno reúne las condiciones que se requieren para torcer este rumbo: organicemos a inquilinos en toda la Ciudad y enfrentemos la especulación”.
Al mismo tiempo que indicó que para solucionar esta situación hay diversas opciones: “derogación del Código; banco de tierras para la vivienda social. Impuesto progresivo a la vivienda ociosa para propietarios de más de 500 metros cuadrados; suspensión de toda obra destinada al alquiler temporario y regulación; prohibición total de construcción de viviendas y comercios sobre las reservas y humedales; y aumento de salarios”.
En tanto Fierro remarcó que “estamos en un momento crucial del debate habitacional en el país y en la Ciudad de Buenos Aires. El lobby feroz cuya ´nave insignia´ es la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), se quiere llevar puesta la Ley de Alquileres: sueñan con el modelo ´desregulado´ y totalmente dolarizado de la dictadura. Esa es la verdad” y destacó que “la derecha política milita con esa estrategia, y lamentablemente, el peronismo anticipa una categórica claudicación según declaraciones de Sergio Massa y del candidato radical del mismo espacio en CABA, Leandro Santoro”.
“La Ley de Alquileres tiene limitaciones, no lo negamos. Pero todo el arco político tradicional, empezando por JxC quieren liquidar los aspectos más positivos: volver a dos años de contrato (y no tres, como ahora), liberar los precios y que el ajuste sea trimestral. Es decir: el imperio del mercado, frente a una crisis habitacional que tampoco resuelven los gobiernos de turno, ya que se sigue construyendo para especulación y reserva de valor, no para vivienda”, añadió y concluyó aseverando “el chantaje de la CIA con el lock out propietario que retira viviendas de la oferta de alquileres, tiene salida si se impone un impuesto a la vivienda ociosa y se regulan los alquileres en base a los ingresos, no a la inflación. Hay que preparar una verdadera ´rebelión de inquilinos´ para frenar este saqueo organizado del lobby inmobiliario”.
La legisladora del FdT reflexionó acerca de la crisis habitacional que golpea a la Ciudad de Buenos Aires y se refirió al crecimiento de los alquileres temporarios.
En medio de la delicada situación habitacional que se vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la legisladora del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira reflexionó acerca de esa situación y se mostró sumamente crítica con la Ley de Alquileres que rige a nivel nacional.
De esta manera, la peronista explicó que “para nuestro espacio político, el tema alquileres es bastante complejo. Lo primero que quiero decir sobre este tema es que en todas las grandes ciudades se torna muy difícil alquilar y sobre todo para las y los jóvenes” e indicó que “si bien, ahora, muchas y muchos jóvenes deciden compartir alquiler, otros ni siquiera de esa manera les alcanza y terminan volviendo a la casa de sus padres”.
Asimismo, señaló que “en Unión por la Patria no le escapamos a esta discusión. Obviamente que la Ley de Alquileres tiene un problema en relación con la inflación. Pero esta realidad se agrava en la Ciudad de Buenos Aires debido a una política de desarrollo urbano que generó que toda la construcción de este distrito se concentre en viviendas vacías o de alquiler temporario” y detacó que “a diferencia de otras ciudades del mundo, acá no se regula Airbnb. La ciudad tiene 400 viviendas registradas de alquiler temporario, pero sabemos que hay más de 20 mil viviendas que se utilizan con ese fin”.
“Y, como también sabemos, si las viviendas se alquilan para alquiler temporario, no se alquilan para vivienda y, entonces, hay menos oferta. Ahí hay un problema enorme”, añadió Neira.
Al mismo tiempo que explicó que “el Estado tiene que ser un actor. En la ciudad hay muchos inmuebles que son propiedad del Estado y deben ser puestos a disposición de una política de alquileres. No sólo para que más personas puedan acceder a un alquiler sino para que se constituya como un factor de regulación del mercado”.
“También sostenemos que debe existir una regulación a Airbnb y que se generen incentivos para quienes ponen sus departamentos en alquiler, lo hagan para vivienda. Tenemos que incentivar desde el Estado el alquiler para vivienda y desincentivar el temporario”, cerró la diputada en diálogo con la agencia Paco Urondo.
Así lo expresó el diputado radical Manuel Aguirre, quien habló de la necesidad de lograr un consenso respecto del término de duración del contrato.
El legislador correntino Manuel Aguirre anticipó que buscarán cambios radicales en la Ley de Alquileres para garantizar una planificación razonable de las partes y evitar graves perjuicios por la aceleración inflacionaria. La discusión se llevará al recinto del Congreso el próximo 23 de agosto.
El diputado nacional anticipó que participará activamente en la próxima sesión del 23 de agosto en la que se discutirá la ley de alquileres. En este sentido, el legislador correntino destacó la importancia de abordar los dos temas centrales de la discusión como el término de duración del contrato y la fórmula de ajuste del precio.
“Es fundamental llegar a un consenso en torno al término de duración del contrato, siendo que el término anterior de dos años parece ser el más adecuado por tradición y usos de nuestro país, permitiendo una razonable planificación de las partes”, afirmó Aguirre.
En cuanto a la fórmula de ajuste del precio, el diputado Aguirre señaló que “por efecto de la aceleración inflacionaria, debería ser semestral o cuatrimestral para evitar un grave perjuicio a una parte sin que la otra resulte tampoco beneficiada, debiendo utilizarse en ambos casos una fórmula que acompañe la inflación, aunque no sea un índice directo”.
El tema de la ley de alquileres es de gran interés para una gran parte de nuestra sociedad, debido a la falta de planificación en la construcción de nuevas viviendas, y el aumento de la población que amplía el déficit habitacional.
“Resulta urgente solucionar la distorsión de la ley vigente y generar políticas públicas a futuro para resolver definitivamente la cuestión”, cerró el diputado de la UCR.
El diputado y economista de JxC analizó un posible escenario en el recinto post las PASO al tratar en sesión la derogación de la Ley de Alquileres que la oposición logró convocar para el 23 de agosto: “Tenemos que tener cohesionados a los 13 bloques que firmaron para derrotar el dictamen de mayoría”.
Una de las leyes más controversiales cuyo tratamiento reclama la sociedad de forma urgente es sin lugar a dudas la de Alquileres, que fue aprobada por la Cámara baja en tiempos de Cambiemos en noviembre de 2019, y sancionada durante la gestión actual de Alberto Fernández en junio de 2020. La Ley fracasó por el aumento de la inflación, punto en el que todos coinciden.
A principios del corriente año, desde el oficialismo trascendió a través del entonces presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, que el Gobierno tenía la intención de modificar la norma, pero eso no ocurrió y se dilató con el tiempo, pese a que había dos dictámenes de comisión desde junio de 2022. De la vereda de enfrente, Juntos por el Cambio fue más allá y pidió la derogación de la Ley en reiteradas ocasiones en el recinto, pero el FdT rechazó siempre ese pedido.
Recientemente, en la última sesión de Diputados que tuvo fecha el 5 de julio, la oposición volvió a poner el tema en el recinto, que en un primer intento fracasó en que se trate un proyecto sobre tablas que propone su derogación, pero que, en segundo término, logró poner contra las cuerdas al oficialismo para que se solicite una sesión especial para debatir el tema el próximo 23 de agosto logrando la firma de 13 bloques.
En ese contexto, parlamentario.com dialogó con el diputado nacional y economista Martín Tetaz (Evolución Radical) sobre el tema y analizó un posible escenario de lo que podría llegar a pasar en esa sesión, teniendo en cuenta que será luego de las elecciones PASO.
– En la sesión de Diputados se solicitó al Cuerpo tratar la derogación de la Ley de Alquileres, no se logró, pero JxC pudo cosechar la firma de 13 bloques para darle tratamiento en agosto. ¿Qué expectativas tiene al respecto? ¿Cuál cree que va a ser la postura del oficialismo post elecciones PASO?
– El oficialismo va a intentar aprobar el dictamen de mayoría de ellos. Obviamente nosotros tenemos que tener cohesionados a los 13 bloques que firmaron el nuestro para asegurarnos, primero derrotar ese dictamen, y después ir por el nuestro de minoría”.
– La última vez que se trató el tema de alquileres fue en junio del 2022; pasó ya un año. ¿Cómo afecta esto a los inquilinos y a los propietarios o inmobiliarias en un contexto inflacionario cada vez peor?
– Toda expectativa que se genera en torno a la renovación o derogación de la Ley es muy mala para el mercado inmobiliario. Toda la discusión del año pasado y que finalmente terminara en la nada es muy nocivo para el mercado porque las partes se retiran esperando las reglas nuevas, entonces es importante que sea el 23 y que, si no lo logramos el 23, que sea con el nuevo Gobierno. Afecta muy negativamente a las partes y máximo ahora porque la inflación es el doble que el año pasado. Con una inflación más alta las consecuencias son mucho más gravosos porque el propietario pide muchísimo más en el inicio de contrato para cubrirse de esa inflación más alta y entonces los valores de acceso a una propiedad son prohibitivos.
– El Gobierno había amagado este año con derogarla, ¿por qué cree que eso no se concretó?
– El Gobierno no tiene la capacidad para gestionar absolutamente nada. Sergio Massa no tiene consenso de todos los diputados adentro de su propio bloque y, por lo tanto, lo que hizo fue, en mi opinión, una sugerencia muy inoportuna porque generó la expectativa de la derogación frenó todo el mercado y en definitiva ellos nunca estuvieron dispuestos a hacerlo, era mentira. Nosotros pedimos en cada oportunidad, esta es la segunda vez que lo hacemos, de la derogación de la Ley. Yo lo hice personalmente la sesión anterior para ver si el Gobierno realmente estaba dispuesto a derogar o si era fulbito para la tribuna y terminó siendo fulbito para la tribuna.
Un proyecto, sin dictamen, propuesto por Hernán Lombardi resultó rechazado. Pero Juntos por el Cambio comprometió a los jefes de bloques a firmar una solicitud para que el tema se debata en el recinto el próximo 23 de agosto.
En una discusión caliente, la cuestión de la Ley de Alquileres, no prevista en el temario de este jueves, fue traída al recinto de la Cámara de Diputados por la oposición, que en un primer intento fracasó en que se trate un proyecto sobre tablas que propone su derogación, pero que, en segundo término, logró poner contra las cuerdas al oficialismo para que se solicite una sesión especial para debatir el tema el próximo 23 de agosto.
Todo comenzó con un pedido de apartamiento del reglamento planteado por el diputado macrista Hernán Lombardi, que requería de las tres cuartas partes, y resultó rechazado con 102 afirmativos, 113 negativos y 9 abstenciones.
Tras esa votación, el jefe del bloque radical, Mario Negri, tomó la palabra. “Esto no es demagogia, cinismo ni aprovechamiento electoral”, afirmó y pidió una moción para que, por simple mayoría, se vote convocar a una sesión especial para el próximo 23 de agosto, después de las PASO. Entonces, se abrió un debate reglamentario que lo tuvo como protagonista a él y al presidente del Frente de Todos, Germán Martínez.
Cuando el acuerdo parecía no aparecer, la secretaria parlamentaria del bloque oficialista, Paula Penacca, explicó que ya que esa forma de convocar a una sesión no figuraba en el reglamento, “si la oposición quiere hacer una sesión especial con este tema que presente las diez firmas, que usted (a la presidenta) va a tener la obligación de convocar, pero que se pongan de acuerdo si van a querer tratar allí el proyecto del diputado Lombardi o si van a querer tratar el dictamen de mayoría y minoría”, en referencia a los textos que ya tienen despacho de comisión y nunca se llevaron al recinto.
A continuación, la secretaria parlamentaria de Juntos por el Cambio, Silvia Lospennato, propuso “circular por las próximas dos horas un pedido de sesión especial” que “vamos a someter a la firma de todos los presidentes de bloques de esta Cámara. Entonces va a quedar claro qué bloques lo quieren tratar”. Y dio tiempo de que se firme esa solicitud hasta las 18, por lo cual se postergó la votación de la moción de Negri.
Posiciones encontradas
Al proponer el tratamiento de su proyecto de derogación de la Ley 27.551, Lombardi anticipó: “Vamos a hacer esto todas las veces que haga falta para reflexionar un poco dónde estamos parados. A tres años de la vigencia de la Ley de Alquileres, hay valores que subieron un 600%. Los inquilinos están absolutamente sufrientes, porque se retiró la oferta. No hay oferta”.
“Es una ley que no funcionó, nosotros decimos que también contó con la anuencia de nuestro bloque, pero es una catástrofe”, continuó y resaltó que “los inquilinos están angustiados y los propietarios están espantados”. “Por supuesto que el deterioro del salario real, al cual han llevado las erráticas políticas de este desgobierno, no tiene parangón por lo menos en la historia de la democracia argentina”, fustigó.
El macrista habló de que en algunos barrios de la Ciudad, “el aumento intermensual es del 19%” en los alquileres. “Este Gobierno fracasó, no van a poder corregir grandes cosas en los meses que le quedan, lo que podríamos hacer es no agregar sufrimiento al sufrimiento y angustia a la angustia”, reclamó.
Y desafió: “Consulten al presidente (Alberto Fernández), que no ejerce, a vuestra jefa política (Cristina Kirchner), al ministro (Sergio Massa), que además es candidato. Pero sería mejor quizás no consultar a ninguno de los jefes, escuchen a la gente que está sufriendo todos los días”.
En contra de la propuesta, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman señaló que esa iniciativa “no ataca a la Ley de Alquileres por las deficiencias que tiene, sino lo que se pretende es dejarle las manos libres al mercado inmobiliario”. “La ley claramente tiene muchas críticas, pero acá se la trata de empeorar y no de mejorar para los inquilinos”, agregó.
En tanto, el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, acusó a Lombardi de estar “en modo electoral” y recordó que estaba “proponiendo un proyecto que no tiene dictamen de comisión”. “Cuando uno trata un tema de esta sensibilidad, si no es que está en modo electoral, lo tiene que hacer con la suficiente altura para plantear el debate con la profundidad que lo reclama; y, en segundo lugar, lo tiene que hacer escuchando absolutamente a todos como sí se hizo en el plenario de comisiones”, subrayó.
El santafesino admitió que eran “conscientes de las dificultades que tiene el dictamen por cómo quedó configurado, para que pueda imponerse en el recinto una mirada o la otra, al igual que somos conscientes de las necesidades”. “Pero lo que vamos a dejar en claro es que, en un momento de dificultad, lo que nosotros no vamos a dejar es que sean los inquilinos los que vayan a una negociación absolutamente asimétrica”, enfatizó y le dijo que el incremento del 19% se da en los contratos que están por fuera de la ley. Entonces, lanzó: “Usted está representando a ese sector y nosotros vamos a seguir representando a los inquilinos que tienen que ser protegidos”.
Al anunciar la abstención del interbloque Federal, la diputada Graciela Camaño observó que “hay un cinismo tan grande en el debate de este tema. ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Hacerle creer a los inquilinos que los defendemos de un lado y del otro?”. “Nadie tiene la fórmula mágica para la resolución de los alquileres. Ahora, si enserio queremos debatir la Ley de Alquileres, seamos democráticos, traigamos la orden del día la recinto, se vota y el que gana, gana”, aseveró.
Otra de las que tomó la palabra fue la legisladora de Buenos Aires Libre Carolina Píparo, quien criticó que “es un desastre esta ley sumado al desastre económico que está haciendo el oficialismo”, pero cargó contra Juntos por el Cambio por “venir ahora cuando se pasaron un año explicándome por qué no se podía derogar la ley. Hoy es oportunismo electoral”. “Por supuesto que voy a acompañar porque quiero derogar la ley y defiendo a los inquilinos”, completó.
El jefe del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giacomo, cuestionó la “burda maniobra electoral, propia de estos tiempos, proviniendo de alguien de los sectores llamados extremos o duros”. Y, al recordar el consenso que había tenido la oposición en el dictamen de minoría, reprochó que luego desde ese sector de Juntos por el Cambio “propusieron una liberalización absoluta del tema, y quedó claro que fue imposible que podamos avanzar”.
El bailarín y precandidato a diputado nacional por la boleta de Bullrich manifestó que “Ezeiza debe ser para irse de vacaciones y no la salida”. Además, se refirió a la Ley de Alquileres.
El precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en la boleta presidencial de Patricia Bullrich, Maximiliano Guerra, afirmó este miércoles que “la política es el lugar dónde uno puede generar una sociedad mejor”.
Del mismo modo, se refirió directamente a la Ley de Alquileres y anunció que “hay que tratarla, derogarla y hacer una nueva”. En esa idea, apuntó contra el actual Frente de Todos: “Lamentablemente el oficialismo no se está sentando a tratarla”.
En declaraciones a AM 110, el bailarín sostuvo que “siempre me interesó la política porque el artista siempre está a disposición del público”. “Quiero devolverle a mi país algo de lo que me dio. Yo viví 18 años en Europa y quiero hacer algo para que nuestros compatriotas vivan un poco mejor”, consideró.
En tal sentido, explicó que “tenemos políticos que se fueron alejando de la sociedad y eso es algo que hay que cambiar. Tenemos que estar cerca de la gente”. Del mismo modo, afirmó: “Que Ezeiza sea para irse de vacaciones y no la salida”.
Además, habló positivamente de la precandidata a presidente Patricia Bullrich y sostuvo que “me da fuerza trabajar con ella porque está abriendo las puertas de Ezeiza para que la gente que se fue a vivir al exterior vuelva”. A su vez, expresó que “siempre me gustaron los desafíos, y con voluntad humana y política todo se puede revertir”.
También, manifestó que en la Argentina “hace 70 años que se vienen equivocando los funcionarios”, y agregó: “Hay que ver las posibilidades que tiene en el país y que logremos el déficit cero, saquémosle el pie de la cabeza a los productores y que los empleadores puedan tomar gente sin ser perjudicados”.
Por último, Maximiliano Guerra afirmó que “el tema económico es lo que tenemos resolver”, y cerró: “Debemos cambiar esto de que la política sea una burocracia”.
La normativa tuvo despacho de mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos y podría ser tratada en la próxima sesión.
La iniciativa que promueve que el cobro del 4% de honorarios y los gastos administrativos sean asumidos por los propietarios, ya puede ingresar al recinto.
El proyecto de modificación de la Ley de Alquileres recibió el visto bueno de los legisladores del FdT en la comisión que preside Emmanuel González Santalla y la iniciativa queda a la espera de ser tratada en las próximas sesiones.
“Queremos acercar una solución al problema habitacional en la provincia de Buenos Aires con una lógica de arraigo, generando un alivio económico al sector de inquilinos, que son quienes enfrentan las mayores cargas”, explicó el ex intendente de San Antonio de Areco y senador oficialista Francisco Durañona, autor de la iniciativa.
El proyecto prevé que el cobro del 4% de los honorarios para el arrendamiento de casas urbanas y rurales, deberá ser enteramente asumido por los propietarios.
Asimismo, la solicitud de informes de dominio, a realizarse en el Registro de la Propiedad, será sin costo para los inquilinos. Otro punto a destacar es que los costos de las certificaciones de firmas, averiguación de informes de garantía, deberán ser afrontados por los propietarios.
“Esperamos contar con el acompañamiento del bloque opositor. Sabemos que esta medida no es suficiente pero sí es un gran paso. En CABA, los costos son asumidos por los propietarios y son muchas las organizaciones que observan el agregado de esto al alquiler real. Sin embargo, prefieren eso ya que el valor se licúa a lo largo de las distintas cuotas”, reafirmó el titular de Movimiento Arraigo y agregó “esperamos contar con el consenso del bloque opositor en el recinto”.
Por su parte, el referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz afirmó que “es un proyecto fundamental que va directo al problema más urgente que es: los enormes gastos que tenemos los inquilinos bonaerenses al ingreso de un alquiler, cifras altísimas para pagar un trabajo que hacen las inmobiliarias para los propietarios. Esto ya se aprobó en Capital Federal, La Pampa, Rio Negro y es para nosotros urgente que se convierta en Ley”.
La iniciativa también establece que el Estado deberá ser quien garantice que las inmobiliarias y martilleros públicos publiquen en los locales y páginas web, sus honorarios y las alícuotas que se cobran en los alquileres con el objetivo de que “el inquilino tenga la información de manera más transparente y accesible”, explicó Durañona.
Desde la Coordinación de Alquileres de la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad del Ministerio de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, celebraron el avance de este “importante proyecto”, atento la necesidad de que se tomen medidas para aliviar la situación de las familias inquilinas de la provincia.
En la provincia de Buenos Aires uno de los mayores obstáculos para acceder al alquiler de una vivienda es el económico.
No sólo por los costos mensuales del pago del canon del alquiler, sino por “el ingente desembolso que implica ingresar a una propiedad en alquiler”, puntalizaron desde la Subsecretaría.
Muchas personas deben endeudarse al hacerlo, ya que hay que cubrir gastos que van desde el mes de depósito hasta la garantía, informes de dominio, sellado (que en general no corresponde pagar, pero muchas inmobiliarias lo cobran), certificación de firmas, gastos de gestoría, honorarios del/de la martillero/a involucrado/a en la operación.
La iniciativa legislativa, aprobada en la Comisión que preside el senador camporista Emmanuel González Santalla, y que podría ser tratada en próximas sesiones de la Legislatura provincial, “implicaría un alivio económico para las familias inquilinas ya que el pago de honorarios a las inmobiliarias recaerá en su totalidad sobre los propietarios”, según detallaron desde el organismo.
Por Daniel Adler. El especialista en Educación Financiera y Emprendedurismo habló sobre el aumento de los alquileres a renovar en junio que es del 100 por ciento.
Daniel Adler, especialista en Educación Financiera y Emprendedurismo, expresó que “la demostración más clara del poco interés que tienen los políticos por la gente es la Ley de Alquileres”, y agregó: “Debería haber sido modificada hace más de un año, sin embargo, se preocupan más por los cargos que por los problemas reales de la gente”.
Además, manifestó: “El problema es el ajuste, si el aumento del alquiler es muy bajo, el propietario pierde frente a la inflación, sobre todo si se trata de un contrato a largo plazo. La idea es que el incremento sea mensual y que represente el 50% de la inflación. Por ejemplo, si la inflación es del 5%, el aumento mensual del alquiler será del 2,5%, más bajo y previsible. No se aumenta el 100% de la inflación y se trata de un incremento es exponencial para el dueño de la propiedad, que le podrá pelear a la inflación” y completó: “en caso de recurrir a 3 meses impagos por parte del inquilino, se desaloja, sin más miramientos. Esto debe quedar bien claro y sin que queden dudas”.
Del mismo modo, enfatizó: “El plazo debe convenirse entre las partes, ya que hay inquilinos que le van a invertir dinero a una propiedad, van a pintar, a comprar muebles a medida, etc y proyectan utilizar la propiedad a más largo plazo. Allí el dueño podría flexibilizar y extender el plazo sin inconvenientes ni necesidad que sean solo 2 o 3 años”.
por último, sostuvo que “en esos casos, deberían existir garantía municipales o provinciales para ayudar a los inquilinos y podrían instaurarse a través de los bancos provinciales, Banco Nación o de los Municipios respectivos, sin costo comercial”, y cerró: “Necesitamos una Ley equitativa y que no deje en inferioridad de condiciones ni a propietarios, ni a inquilinos, pero para eso nuestros políticos tienen que trabajar para quiénes los votan”.
La iniciativa presentada por el diputado radical Fabio Quetglas cuenta con el aval del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad.
El diputado nacional Fabio Quetglas (UCR) recogió una propuesta del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires y presentó un proyecto de ley que apunta a generar incentivos fiscales para aumentar la oferta de inmuebles en alquiler para viviendas familiares.
En medio de la crisis por los alquileres, la iniciativa propone una serie de beneficios que habían sido contemplados cuando se debatió una reforma de la actual Ley de Alquileres -a propuesta de los propietarios-, pero finalmente el tema no se trató nunca en el recinto.
En concreto, el proyecto prevé que todas las unidades inmobiliarias en manos de monotributistas se computen como una sola unidad de negocios y no se los califique como responsables inscriptos cuando superen los 3 inmuebles como lo indica la ley vigente; también exime de Bienes Personales a los inmuebles puestos en alquiler, y reduce del 35% al 15% de la tasa de impuesto a las Ganancias para los ingresos de alquiler para viviendas.
El número de viviendas en alquiler en la Ciudad de Buenos Aires es de solo algo más de 1.000 unidades, cuando el promedio histórico es de unas 9.000, lo que provoca una crisis entre las miles de personas que no encuentran hogar.
En este sentido, Quetglas argumentó que “adoptar medidas que atiendan el aspecto impositivo y la carga administrativa que recae sobre los propietarios debería ser algo obligatorio a fin de estimular y facilitar el funcionamiento del sector inmobiliario y contribuir a paliar un problema que se agrava con el correr de los años”.
“Con independencia de los aspectos regulatorios, es posible y necesario generar incentivos fiscales, de modo tal que poner una propiedad en alquiler para vivienda permanente, resulte razonablemente atractivo y se pueda recuperar la oferta”, señaló el radical.
La iniciativa fue acompañada por sus pares Mario Negri, Martín Tetaz, Cristian Ritondo, Karina Banfi, Francisco Monti, Fernando Iglesias, Lisandro Nieri y Rodrigo de Loredo.
Con eso dio por descartada la posibilidad de suspenderla, como había trascendido la semana pasada a partir de lo conversado entre el presidente y su ministro de Economía.
La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó este jueves que la ley de alquileres “es perfectible”, pero que “hasta que no tengamos una herramienta mejor, es la ley que está vigente”, y destacó acerca de las dificultades para acceder a un alquiler en la Ciudad de Buenos Aires que “tienen que ver con las políticas que se llevan adelante a nivel local”.
En la conferencia que brindó este jueves a la prensa acreditada en la Casa Rosada, Cerrutti consideró que la ley de alquileres “es perfectible, aunque protege a los inquilinos”, y sostuvo que “hasta que no tengamos una herramienta mejor, es la ley que está vigente”, aunque “siempre estamos dispuestos a que el Parlamento dé las discusiones que tiene que dar, o que se hagan propuestas para encontrar las herramientas necesarias”.
La portavoz también se refirió a la problemática en la Ciudad de Buenos Aires y declaró que “el precio de los alquileres al igual que la imposibilidad de alquilar es de la Ciudad de Buenos Aires”, una situación que “necesita y merece políticas locales”. Agregó que “cuando escuchamos al jefe de Gobierno, lo que queremos decirle es que hay medidas que tomar y llevar adelante para que los inquilinos y las inquilinas puedan acceder a precios accesibles”.
Como contrapartida, Cerruti apuntó que el Gobierno nacional tiene una “política de viviendas”, y al respecto refirió que “el presidente Alberto Fernández entregó la vivienda 100 mil de la gestión en Santiago del Estero”, mientras que “además hay otras 140 mil que van a ser entregadas de aquí a fin de año”.
Por Daniel Adler. quien además sostuvo que “deberían existir garantía municipales o provinciales para ayudar a los inquilinos y podrían instaurarse a través de los bancos provinciales, Banco Nación o de los Municipios respectivos, sin costo comercial”.
“En Argentina la principal discusión, dentro de los debates por la Ley de Alquileres, se refiere al índice utilizado para la actualización de los contratos. Necesitamos una Ley equitativa y que no deje en inferioridad de condiciones ni a propietarios, ni a inquilinos”.
“El problema es el ajuste –explicó Adler-, si el aumento del alquiler es muy bajo, el propietario pierde frente a la inflación, sobre todo si se trata de un contrato a largo plazo. La idea es que el incremento sea mensual y que represente el 50% de la inflación. Por ejemplo, si la inflación es del 5%, el aumento mensual del alquiler será del 2,5%, más bajo y previsible. No se aumenta el 100% de la inflación y se trata de un incremento es exponencial para el dueño de la propiedad, que le podrá pelear a la inflación” y completó: “en caso de recurrir a 3 meses impagos por parte del inquilino, se desaloja, sin más miramientos. Esto debe quedar bien claro y sin que queden dudas”.
En cuanto al plazo de duración, Adler explicó que “no es tan importante. El plazo debe convenirse entre las partes ya que hay inquilinos que le van a invertir dinero a una propiedad, van a pintar, a comprar muebles a medida, etc y proyectan utilizar la propiedad a más largo plazo. Allí el dueño podría flexibilizar y extender el plazo sin inconvenientes ni necesidad que sean solo 2 o 3 años”.
Sobre las garantías, y algunos inconvenientes que puedan aparecer el especialista propuso que “en esos casos, deberían existir garantía municipales o provinciales para ayudar a los inquilinos y podrían instaurarse a través de los bancos provinciales, Banco Nación o de los Municipios respectivos, sin costo comercial”.
El diputado oficialista planteó que “es un tema a discutir profundamente”, y consideró que “la desregulación no es la solución”, tras los rumores que trascendieron de que el Gobierno suspendería la Ley por un tiempo.
Mientras se rumorea que el Gobierno podría suspender la Ley actual de Alquileres y poner en vigencia el esquema que regía antes por 180 días, el diputado nacional y vicepresidente de la Comisión de Legislación General, el salteño Lucas Godoy, planteó la necesidad de que la nueva norma sea “más federal” y que se debería discutir “profundamente”. A su vez, se mostró en contra de una “desregulación” porque consideró que “no es la solución”.
En declaraciones por la AM 870, Godoy recordó: “Nosotros hemos discutido ya las reformas a la Ley donde surgieron los dictámenes, uno que pretendía un poco liberalizar la relación contractual de alquileres que era de JxC y se planteaba una actualización hasta trimestral por índices de inflación. Nosotros obtuvimos aquellos parámetros y planteamos distintos mecanismos para aumentar la oferta de alquileres con beneficios fiscales”.
En esa línea, reconoció: “Es cierto que hay un gran problema con la Ley de Alquileres que surgió en el 2019 que la impulsó JxC y no se discutió profundamente en términos federales y perjudicó a los inquilinos, eso es algo que hicimos en el planteo de reformas”.
“Con la anterior regulación, el interior siempre tenía porcentajes de actualización mucho menores que lo que sucedía en la Ciudad Autónoma y esto elevó la vara para arriba perjudicando en la actualización a los inquilinos”, comparó el salteño
Y planteó que “es un tema a discutir profundamente y creo que la desregulación no es la solución y hay que buscar las alternativas para una ley que provoque que haya más ofertas, porque el precio no se eleva y que existan regulaciones en lo contractual que se proteja más al inquilino por parte del Estado”.
Sobre la posible suspensión de la norma vigente, comentó: “Son trascendidos que se va a derogar, no hay nada concreto, pero si es un tema recurrente. Es volver a sentarse para analizar cuáles son los mejores mecanismos como si los contratos por 2 o 3 años ha sido perjudicial, actualizaciones anuales por la inflación que también resulta complicada para ambas partes, porque al ver esta regulación se aumentan los precios, que es el gran problema que se está viviendo”.
“Tampoco podemos pensar que el mercado inmobiliario está concentrado en dos o tres humanos, hay que atender esas circunstancias y lo que sucede en capital, porque cuando se reguló en su momento no se escucharon las voces de las distintas provincias, es un problema a nivel nacional”, manifestó el oficialista.
A su vez, manifestó que “la Ley de Alquileres no está destinada a resolver un problema habitacional, pero si tiene que tener una regulación en beneficios de la parte que precisa mayor protección ante la ley que es el inquilino, pero que signifique perjudicarlo porque si provocas la disminución de oferta, le van a subir los alquileres”.
“No puede haber una desregulación absoluta sobre el tema porque eso si va a ser un gran problema para los inquilinos, más allá que los contratos deben cumplir con la ley vigente pero no podemos no regular”, alertó Godoy y opinó: “Hay que lograr un punto de equilibrio para mejorar esta situación de oferta de alquileres”.
El jurista del Pro recordó que se opuso a la votación de la iniciativa en el 2019 y recomendó que la mejor regla sería “dejar que las partes negocien con libertad”.
El diputado nacional Pablo Tonelli (Pro – CABA) opinó este martes acerca de la posibilidad de que el Gobierno anuncie sobre una posible derogación de la Ley de Alquileres y expresó: “Derogar la ley de alquileres sería un gran paso adelante y ayudaría a normalizar el mercado”.
En esa línea, Tonelli afirmó que “esa ley alteró el mercado de los alquileres”, y agregó: “Ha habido una retracción de la oferta porque los propietarios no ven con claridad el futuro de los alquileres”.
En declaraciones a Radio 770, el jurista del Pro recordó que no votó la aprobación del proyecto en noviembre del 2019. Del mismo modo, expresó: “Nunca me gustó, y no la voté. La actualización de precios de una vez por año es muy poco respecto a la inflación”.
Por otro lado, añadió que “soy partidario de que el Estado de incentivos fiscales a los propietarios” y “que no paguen impuesto a las ganancias por la renta”. “Mejoraría la situación del mercado y el negocio volvería a hacer rentable, y con más ofertas habría mejores precios”, señaló.
En relacion al tema, amplió: “Perjudicar a una de las partes, siempre altera el mercado y termina perjudicando a las dos”, y manifestó: “La mejor regla de alquileres es la que no existe y le da libertad a las partes de negociar”.
En el final, remarcó que “en Argentina hay una larga tradición de no respetar los contratos”, y cerró: “Tengo la tranquilidad de que lo que estoy diciendo ahora, lo dije cuando me opuse a la ley. Es hora de volver a poner equilibrio en la relacion inquilino y propietario”.
Cuestionada por propietarios e inquilinos y trabada como está en el Congreso, en los próximos días podría adoptarse una medida drástica con esta norma aprobada en junio de 2020.
Una de las leyes más controversiales cuyo tratamiento reclama la sociedad es sin lugar a dudas la de Alquileres. Aprobada por la Cámara baja en tiempos de Cambiemos en noviembre de 2019, y cuya cara visible resultó ser el entonces diputado nacional Daniel Lipovetzky –por su rol de presidente de la Comisión de Legislación General que manejó la elaboración del texto-, fue convertida en ley ya durante la actual gestión de Alberto Fernández, cuando el Senado la aprobó el 11 de junio de 2020 de manera unánime, por 41 votos.
La unanimidad tuvo que ver con la ausencia opositora; tiempos de pandemia, los senadores de Juntos por el Cambio se retiraron entonces en rechazo al tratamiento de temas que fueran ajenos a la emergencia sanitaria. Pero el proyecto contaba en líneas generales con la anuencia de todos los sectores, como demostró el resultado de la votación en Diputados: 191 votos afirmativos, cero negativos y 24 abstenciones. Esto es, Lipovetzky le aportó su nombre a una ley que terminó siendo muy cuestionada y él arrastró todas las críticas, pero el consenso con la misma había sido general.
La cuestión es que la ley fracasó por el aumento de la inflación, en eso coinciden todos. Y si bien desde el oficialismo se anunció en su momento a través del entonces presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, la intención de modificar la norma, eso no sucedió hasta ahora. Más drásticos, desde el Pro reclamaban su derogación, y en definitiva algo así podría llegar a suceder por decisión del Gobierno nacional, según ha trascendido.
“Lo están estudiando”, confió a parlamentario.com una alta fuente del Palacio de Hacienda consultada este martes, que confirmó que no habrá novedades sobre el tema este miércoles, dentro del paquete de anuncios que el ministro Massa hará ese día. La fuente precisó que del tema hablaron este lunes el ministro de Economía y el presidente Alberto Fernández en el almuerzo que compartieron, y de ahí surgieron señales respecto de una eventual suspensión de la norma.
El tema está empantanado en la Cámara baja, donde se avanzó en su tratamiento hasta que emitir dictámenes. Nadie tiene los votos para imponer su propio dictamen y por eso el tema no llega al recinto.
Ante la novedad de que el Gobierno hará anuncios en los próximos días, el presidente del bloque radical de Diputados, Mario Negri, expresó su deseo de que “sea cierto que el Gobierno aceptará cambiar la ley de Alquileres, que tiene dictamen hace un año y el oficialismo mantiene pisada”.
“Los inquilinos precisan una respuesta urgente”, observó, recordando que “la inflación de más del 102% anual está matando a los inquilinos”.
El viernes 25 de marzo de 2022 Juntos por el Cambio elevó una nota al presidente de la Cámara de Diputados solicitando una sesión especial para el 5 de abril a las 12, para tratar la derogación de la Ley de Alquileres. La sesión -que incluía proyectos de ayuda para productores de Corrientes y Misiones afectados por los incendios- presentaba tres proyectos de diputados de JxC para derogar la Ley 27.551.
Ese mismo día, el sanjuanino José Luis Gioja presentó un proyecto que proponía un plan de construcción y adquisición de inmuebles destinados a la gestión pública de alquileres sociales y gravar las viviendas ociosas.
El miércoles 30 de marzo se alcanzó un acuerdo parlamentario con las autoridades de la Cámara, por el cual JxC postergaba la sesión especial sobre alquileres. El pacto contemplaba constituir en lo inmediato la Comisión de Legislación General para iniciar el tratamiento del tema el martes 5 de abril, por un plazo de 30 días hábiles. Vencido el plazo de 30 días hábiles pactado, y en caso de que no hubiera dictámenes de la comisión, Juntos por el Cambio se comprometía públicamente a reimpulsar el pedido de sesión especial.
Como para demostrar que el debate iba en serio, el jueves 31 de marzo, diputados de Juntos por el Cambio recibieron a propietarios, inquilinos e inmobiliarias para escuchar sus propuestas para la modificación de la ley vigente.
Todos los actores que participaron en la audiencia en la sala 2 del Anexo de Diputados coincidieron en pedir que se derogaran los artículos que dispusieron que los contratos de locación sean de tres años y que establecieron un mecanismo de actualización de los alquileres cada doce meses.
Por esos días la diputada oficialista Gisela Marziotta presentó un proyecto para crear una Cámara Nacional de Alquileres, consistente en un órgano autárquico que regularía los aumentos de precios de los alquileres.
El proyecto establecía la suspensión de los aumentos en los alquileres hasta que entre en vigencia la nueva ley. Se prohibiría, en caso de que el alquiler sea con destino habitacional, que el locatario pida pagos anticipados por períodos mayores a un mes y que los depósitos de garantía sean más elevados que el valor del alquiler mensual.
Por su parte, el diputado Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro) presentó un proyecto propio que planteaba volver al plazo de 2 años en los alquileres; librar a la voluntad de las partes los ajustes de precios, y liberar la elección de garantía para la operación.
Tal cual se había establecido, el martes 5 de abril se constituyó la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, que establecía un cronograma para el tratamiento de la ley. Según lo acordado, tras tres reuniones informativas, los días 26 y 27 de abril se abordaría la discusión de los proyectos con la intención de dictaminar.
El martes 12 de abril fue la primera reunión informativa, con la presencia de 42 invitados. Poco más de la mitad correspondían a colegios de martilleros, que coincidieron en que “ninguna modificación va a terminar solucionando el problema mientras haya tanta inflación. La inflación es el problema”.
Nueve asociaciones de inquilinos se hicieron presentes y respaldaron la Ley de Alquileres vigente; sobre todo pidieron que los contratos continuaran siendo de 3 años porque “dan previsibilidad”.
La segunda renión fue el martes 19 de abril, cuando expusieron 30 invitados, donde se notó mayor presencia de inquilinos. La última jornada con invitados era la del miércoles 20 de abril, con 39 expositores, pero después se agregó otra para el jueves 26 de abril, a la que asistieron otros 20 oradores. Ahí sí se dieron por concluidas las exposiciones, acordándose que en la reunión venidera expusieran los autores de proyectos, para en una reunión posterior tratar de dictaminar.
El cronograma no se cumplió y, por el contrario, el debate se prolongó en el tiempo, hasta que finalmente el 22 de junio del año pasado se alcanzó no uno, sino dos dictámenes. El Frente de Todos avanzó con el despacho de mayoría que reivindica la ley actual, mientras que Juntos por el Cambio y bloques federales suscribieron uno de minoría que modifica la norma.
Con 40 firmas, el Frente de Todos se alzó con el despacho de mayoría, mientras que el de Juntos por el Cambio y los bloques federales alcanzó 39. Sin embargo, el escenario de cara al recinto aparecía adverso para el oficialismo, dado que la oposición lo superaría en número para imponer su texto.
Teniendo en cuenta los acompañamientos en comisión, el dictamen de minoría contaría con el apoyo de 116 legisladores de Juntos por el Cambio, 8 del interbloque Federal y 4 del interbloque Provincias Unidas.
El dictamen del Frente de Todos revindicaba la ley actual, al mantener el plazo de tres años en los contratos, como así también el índice para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combina IPC y RIPTE. Asimismo, otorga más facilidades para los inquilinos en la presentación de garantías.
En el capítulo de incentivos fiscales, propone una reforma en el régimen de monotributo para beneficiar a monotributistas que tengan más de tres unidades de explotación; incorpora al régimen de la Ley de Incentivo a la Construcción los inmuebles que durante 12 años estén destinados al alquiler y “siempre que dichos contratos de locación se encuentren registrados”; y exime del impuesto a los Bienes Personales a aquellas propiedades cuyo valor resulte igual o inferior a 30 millones de pesos, el mínimo no imponible para esa categoría.
Por su parte, el dictamen de minoría vuelve a dos años el plazo mínimo legal de los contratos. En cuanto al precio del alquiler, deberá “fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, por intervalos de entre 3 y 12 meses”.
Asimismo, agrega que para los ajustes, las partes “deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS)” elaborados por el INDEC, “o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.
En relación a los beneficios fiscales, similares a los del oficialismo, la iniciativa contempla una reforma del régimen de monotributo para que quienes tengan tres unidades de explotación, “en el caso de la actividad de locación de inmuebles, mediante contratos debidamente registrados” se considere como “una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma”.
También exime de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler y contempla una modificación al impuesto a los débitos y créditos bancarios -más conocido como impuesto al cheque- para que estén exentas aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes “utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados”.
El tema es que dentro de la oposición hubo después divergencias en torno a los tiempos de ajustes de los alquileres. Los rionegrinos comenzaron a rechazar que los ajustes se hicieran cada tres meses, reclamando que fueran cada seis. Ahí se empantanó todo.
El año pasado cerró con el oficialismo y la oposición muy peleados en la Cámara baja, al punto tal de fracasar todas las sesiones que intentaron hacer en el mes de diciembre. Y en ese marco el oficialismo incorporó la Ley de Alquileres en el temario de la sesión del 21 de diciembre, pero JxC se negó a dar quórum, habida cuenta de que no tenía número para imponerse y el oficialismo impondría su propio dictamen.
Así llegamos a la situación actual, tan trabada como entonces. Se verá si el Gobierno aplica por decreto alguna salida al tema. En las próximas horas se develará el misterio.
El diputado bonaerense de Juntos Daniel Lipovetzky, se sumó al pedido de la titular del PRO, Patricia Bullrich, de derogar la Ley de Alquileres.
Una ley que fue aprobada en el año 2019, en diputados y luego en 2020 fue sancionada en el Senado, sin votos negativos, y con el apoyo de diversos bloques partidarios.
Es que esta ley trajo muchas controversias a nivel nacional. Algunos de los puntos más relevantes eran, que el plazo mínimo de locaciones sería de 3 años y no de dos, como en la anterior, dándole así más certeza al inquilino; las expensas extraordinarias pasarían a ser gastos del propietario y la posibilidad de presentar diferentes alternativas de garantías. Otro punto importante fue la actualización del valor locativo, que pasó a ser calculado por la inflación y por el índice de salarios.
“Como dijo Patricia (Bullrich), esta ley no fue sólo mía, nosotros como Gobierno la impulsamos, pero fue votada en el Congreso por muchos partidos, sin ningún voto negativo. Hoy la ley no funciona, y cuando algo no funciona hay que cambiarlo. Los políticos debemos hacer autocrítica”, consideró el legislador opositor, que al momento de ser sancionada la norma en cuestión era oficialista.
“Tenemos que reconocer nuestros errores”, continuó el legislador provincial y dijo “es que fue pensada para otra economía, una economía creciente, con una inflación mínima y con un país estable”.
“Hoy no se puede alquilar, pero tampoco comer ni vestirse. La inflación está en los niveles más altos de los últimos 30 años y no hay salario que aguante. El Gobierno nacional destruyó la economía de todos los argentinos. Por eso es muy importante que el Congreso trate la derogación de la ley de alquileres”, completó el legislador del PRO Daniel Lipovetzky.
Por Daniel Adler, especialista en educación financiera. El autor reclama que los legisladores abandonen las peleas internas para resolver las dificultades de los ciudadanos.
El tratamiento de la Ley de Alquileres continúa en discusión. La que empeoró la situación continúa vigente y el Poder Legislativo delibera nimiedades sin llegar a resolver una de las preocupaciones más importantes para quiénes no cuentan con vivienda propia, en un país donde comprar una propiedad es imposible para la mayoría de su población.
La oposición propuso liberar los precios (aunque permite tomar algún índice oficial) y busca retornar a los contratos de 2 años de validez, entre otros detalles relacionados a garantías y cobros de depósitos.
El oficialismo quiere mantener la base de la ley actual y le suman incentivos fiscales a los propietarios que no tienen sus propiedades en alquiler, porque están convencidos que no les conviene (esto último contaría con el apoyo opositor).
Así todo, la Comisión de Presupuesto sigue dando vueltas y sin resolver el problema.
La principal discusión que debe darse dentro de este debate, se refiere al índice utilizado para la actualización de los contratos. Necesitamos una Ley equitativa y que no deje en inferioridad de condiciones ni a propietarios, ni a inquilinos.
El problema es el ajuste. Si el aumento del alquiler es muy bajo, el propietario pierde frente a la inflación si se trata de un contrato a largo plazo (aunque deben tener en claro que un bien inmueble es la inversión que requiere la menor cantidad de esfuerzo, trabajo y energía, como para especular tanto). Para resolver esto el incremento debería ser mensual y representar el 50% de la inflación. Por ejemplo: si la inflación es del 5%, el aumento mensual del alquiler será del 2,5%, más bajo y previsible. No se aumenta el 100% de la inflación y se trata de un incremento exponencial para el dueño de la propiedad que le permitirá pelear a la inflación.
En este sentido, en caso de recurrir a 3 meses impagos por parte del inquilino, se permite el desalojo sin más miramientos, sin vueltas. Esto debe quedar bien claro en la Ley, sin dejar dudas.
En cuanto al plazo de duración, debe convenirse entre las partes ya que hay inquilinos que le van a invertir dinero a una propiedad (van a pintar, comprar muebles a medida, etc.), y proyectan utilizar la propiedad por más tiempo. Allí el dueño podría flexibilizar y extender el plazo sin inconvenientes ni necesidad que sean solo 1, 2 o 3 años.
Sobre las garantías y algunos inconvenientes que suelen aparecer en contra de los inquilinos, deberían existir garantías municipales o provinciales para ayudar a esos inquilinos y podrían instaurarse a través de los bancos provinciales, Banco Nación o de los Municipios respectivos, sin costo comercial, ni gastos de otro tipo, ya que corresponde al Estado estar presente cuando los ciudadanos lo necesitan.
Ahora, el Gobierno propone realizar un blanqueo de capitales para la compra de unidades usadas, pero la realidad es que los inversores no quieren enfrentarse a una mala legislación como la actual. ¿Por qué lo harían? Costaría mucho alquilarla y no saben si recuperarían lo invertido. Tampoco hay incentivos fiscales, o leyes que aseguren desalojos rápidos ante los impagos. Nada los mueve a realizar ese tipo de movimientos, al menos hasta que no se resuelva esta situación.
Finalmente, sería importante fijar como requisito contractual un encuentro entre propietario e inquilino (que no siempre se da por la intervención de las inmobiliarias), donde ambas partes se comprometan a seguir buenas prácticas de convivencia y de buena fe. El contacto humano hace la diferencia al momento de cerrar un trato con un apretón de manos, más allá de los temas legales y contractuales.
Nuestros legisladores deben abandonar las peleas internas, dejar de mirarse el ombligo y resolver cuestiones como esta, que representa uno de los problemas que deben resolver y para lo que fueron elegidos por la gente.
Además, la diputada del Frente de Izquierda apuntó contra el sector agropecuario porque “se den el lujo de no liquidar jugando con los valores de los alimentos de todos” al referirse al aumento de los precios. También pidió por la Ley de Humedales.
La diputada nacional Myriam Bregman (FIT – CABA) se refirió a la Ley de Alquileres y apuntó contra “el lobby inmobiliario”, por lo que opinó que “hay que pensar una verdadera Ley de Alquileres que proteja a los inquilinos, pero no es lo que se discute en el Congreso”. Por otro lado, disparó contra el sector agropecuario por la suba de precios: “Se den el lujo de no liquidar jugando con los valores de los alimentos de todos”.
“Los recientes relevamientos en el conurbano indican que los alimentos subieron un 11% el último mes. Es terrible porque no hay salario, no hay jubilación, o hay changa que alcance si tenes una suba del 11% solo en un mes”, expresó con preocupación Bregman en diálogo por la AM 990.
Y sumó: “En Argentina se mira todo de manera muy coyuntural, pero si miras de fondo las normas que dejó la dictadura militar, algunas otras que se fueron construyendo después, que la Ley de entidades financieros de esa dictadura genocida siga vigente y no la hayan tocado. Todo tiene que ver con construir un país donde el sector financiero pueda hacer su juego libremente”.
“En el país se da esta paradoja: tenemos récord en ingresos de dólares, el mes de junio fue récord de ingreso de dólares, pero el endeudamiento y la fuga siguen siendo los grandes problemas de Argentina. Lo más grave es cómo se fueron construyendo normas que tienen que ver con la entrada y salida de divisas al país que tiene que ver con cómo se liquidan las divisas del país relacionado a todo tipo de fraude al Estado y que hace que cuando alguien tiene una renta extraordinaria, como la que está produciendo el campo en este momento, se den el lujo de no liquidar jugando con los valores de los alimentos de todos y están jugando con el valor de la divisa”, apuntó la legisladora de izquierda.
En tanto, advirtió que el “déficit cero indica que va a haber ajuste, suba de precios” porque los subsidios “se están llevando gran parte de los ingresos”. “La crisis siempre la terminan pagando los sectores populares y los trabajadores”, cuestionó.
Por otro lado, criticó: “Que los puertos de la Argentina sean privados es algo injustificado y también tiene que ver con la entrada y salida de divisas. El propio Estado debe controlar qué entra, qué sale y cuándo”, por lo que consideró que “debe haber una nacionalización del sistema portuario”.
“Las familias terratenientes son las mismas desde 1913. Hay un estudio que lo demuestra, son los mismos apellidos. Se apropiaron de las tierras de los pueblos originarios y hoy siguen beneficiándose de la renta extraordinaria como si fuera un hecho divino”, agregó Bregman.
Consultada por la problemática ambiental, manifestó: “Están destruyendo el planeta y hay que pararlo ahora porque tiene consecuencias irreversibles. Cuando uno pide la Ley de Humedales es mucho más que cuidar a los animales o ese ‘ambientalismo bobo’ que tanto se ha descalificado”.
Por último, le preguntaron por el tema sobre la Ley de Alquileres – un tema que está parado en Diputados desde el 22 de junio y que no se trató en el recinto aún- señaló que “hay que pensar una verdadera Ley que proteja a los inquilinos, pero no es lo que se discute en el Congreso. Está la idea de que, si tratas bien a los grandes propietarios, ellos ponen sus inmuebles en alquiler y bajan. Esto nunca fue así”, y cerró: “Lo que se discutió en el Congreso es por el ‘Lobby inmobiliario’, no es como mejorarla sino como reventarla”.
El economista analizó con pesimismo las nuevas medidas del Gobierno sobre el dólar y bienes personales.
El diputado nacional Martín Tetaz (Evolución Radical-CABA) cuestionó este jueves los cambios aplicados por el Gobierno en el dólar turista y aseguró que “se trata de una devaluación fiscal”. A su vez, respecto de los anuncios de Silvina Batakis, el diputado señaló: “Este es el primer anuncio (de la ministra de Economía), y hasta ahora las declaraciones iban por un lado más ortodoxo, el equilibrio fiscal”.
Entrevistado en Radio Mitre, el economista expresó que “el Gobierno reconoce que el dólar no resiste más y entonces empieza a correr de a poco todos los dólares, para ir corriendo los que puede justificar entre comillas”.
El legislador opositor afirmó que “la primera medida que toma concreta es esta, que es de corte bien kirchnerista”. Además, añadió que “no hay ninguna duda para qué lado arrancaron las medidas”.
El diputado nacional porteño analizó que “la segunda medida que anuncia es que va a tratar de unificar las valuaciones fiscales de bienes personales. Eso quiere decir que nos van a embocar con bienes personales de vuelta”. Asimismo, advirtió que “entonces la mejor manera que tenemos de enfrentar eso es desde el Congreso, derogando un impuesto que no tendría que existir más, y que no tiene base constitucional el impuesto este”.
De todos modos, el economista aseguró que necesitan tener 129 votos para convocar a una reunión en el recinto para modificar la Ley de Alquileres: “Si nos quedamos cortos con el número, forzamos una sesión especial para tratar la Ley de Alquileres y el oficialismo nos mete el proyecto de ellos, que es peor que el que está ahora, salimos perdiendo todos”.
