Las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja -presididas por los oficialistas Hernán Pérez Araujo, Lucas Godoy y Carlos Heller, respectivamente-, se reunieron este miércoles para emitir el dictamen por mayoría del proyecto que amplía el alcance de la ley de integración socio urbana de barrios populares, prorrogando la suspensión de los desalojos por diez años y la ampliación del número de registros de barrios incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

La reforma en cuestión corresponde a la Ley 27.453, a partir de una iniciativa del Gobierno nacional, apunta a agilizar los procedimientos administrativos, procesos de urbanización más completos, mejoras en el acceso a los servicios públicos y prorrogar la suspensión de desalojos.

Actualmente, y en base a los datos recopilados por el ReNaBaP, hay 656 proyectos de integración socio urbana en marcha en todo el país, que benefician a unas 400 mil familias, y generan 120 mil puestos de trabajo. Muchas de esas obras se financian con un porcentaje de lo recaudado por el Estado en concepto de aporte extraordinario a las grandes fortunas, y por el impuesto PAIS (que se aplica a las compras de dólares en el mercado formal).

Se calcula que cerca de un millón doscientas mil familias viven en barrios populares en Argentina, lo que representa a unas cinco millones de personas, más del diez por ciento de la población total del país. Los asentamientos ocupan una superficie total de 590 kilómetros cuadrados, tres veces el tamaño de la ciudad de Rosario.

La reunión para continuar con el tratamiento de modificación al régimen de regularización dominial para la integración socio urbana, y su posterior dictamen por mayoría, tuvo una aprobación unánime por parte de los legisladores de los diferentes espacios políticos que estuvieron presentes en el “Anexo C”.

La iniciativa fue celebrada por el diputado nacional Federico Fagioli (FdT), quien mencionó que “la Ley 27.453 es popularmente llamada como ‘Ley de Barrios Populares’ y es una de las mejores políticas de los últimos tiempos”. También afirmó que “la Mesa Nacional de Barrios Populares tuvo un rol activo para el pedido de la modificación de la normativa”.

Al respecto, explicó que el proyecto se afianza en dos ejes: la ampliación del registro nacional de barrios populares y el freno a los desalojos por diez años. “Desde 2017 hasta estos tiempos, los barrios populares pasaron de 4.416 a más de 5.500, y dentro de poco vencía el plazo, que pasaría de cuatro a diez años para frenar los desalojos territoriales”, explicó el diputado.

“Esto es para que como Estado planifiquemos y mejoremos la calidad de vida de cada una de los vecinos y vecinas de los barrios populares”, argumentó Fagioli, quien además mencionó que “tratarán una proyección plurianual para agregar al presupuesto especifico para atender necesidades socio urbanas de barrios populares”.

Del mismo modo, la diputada Natalia Zaracho (FdT) expuso que “el Certificado de Vivienda Familiar implicó el acceso al DNI, al correo, que las compañeras que sufren violencia de genero puedan llamar a un patrullero y que la ambulancia ingrese a los barrios para que el Estado esté presente”.

La diputada de Identidad Bonaerense Graciela Camaño manifestó que “la iniciativa es ratificar una política de Estado que empezó con el Gobierno anterior”, y añadió: “Entendemos que puede ser fructífero para los más desposeídos de nuestra patria. Felicitó a ambos bloques por ponerse de acuerdo rápido y por el avance con una redacción común”.

Consecuentemente, la diputada opositora Silvia Lospenatto expresó que “estamos por construir una política de Estado que nace con un Gobierno, es continuada, ampliada y mejorada por el que sigue, e implica un seguimiento a futuro por el que venga”.

Debido al tema, la diputada sostuvo que “la urbanización de barrios populares en la Ciudad de Buenos Aires debe ser tomada como modelo porque se basa en tres ejes: la integración habitacional a través de la creación del Certificado de Vivienda Familiar; la integración urbana que acerca servicios públicos, bancos públicos y empresas privadas a los barrios; y el avance en integración económica porque hay un mundo productivo que se debe ser reconocido”.

Por otro lado, explicó: “La urbanización de los barrios populares llevará, como mínimo, 20 años, por eso pedimos que esta iniciativa pueda sobrevivir durante todos los gobiernos. Legislamos para que la política de barrios populares continue en el tiempo”.

En esa línea, Victoria Morales Gorleri (Pro – JxC) consideró que “los barrios populares son los ‘depósitos de esperanza’ que durante décadas sus familias habían sido olvidadas. Los procesos de urbanización son la defensa de los derechos fundamentales porque cada año más familias recurren a estos lugares”.

El oficialista Eduardo Toniolli celebró que el dictamen salga por unanimidad y destacó la idea de tratar al proyecto como política de Estado y su continuidad a futuro. “Todas estas iniciativas nacen con la movilización popular en las calles. Los distintos actores que intervinieron no se quedaron en el lamento, sino que plantearon propuestas para salir adelante”, enfatizó el legislador.

En el cierre, recalcó que “la economía popular es trabajo genuino y, en Argentina, en determinados momentos, falta empleo, pero sobra trabajo por la necesidad de millones de argentinos y argentinas. El Estado debe unir estos dos factores a través de estas políticas”.

Al final de las exposiciones, los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, Hernán Pérez Araujo y Carlos Heller anunciaron que “se logró el dictamen de mayoría de forma unánime del proyecto que amplía el alcance de la ley de integración socio urbana de barrios populares”.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General de la Cámara baja mantuvieron una reunión plenaria informativa para recibir expositores por el proyecto de ley de reforma del Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana.

La reunión, presidida por el presidente de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo,  contó con la presencia de la subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales, de la Secretaría de Integración Socio-urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Fernanda García Montiselli, y de representantes de la Mesa de Barrios Populares.

Montiselli inició su exposición recordando que, hasta el año 2016 – 2017, cuando se llevó a cabo el primer Registro Nacional de Barrios Populares, en la Argentina no había ningún tipo de datos oficiales: “Con la cantidad de datos  que abundan en los distintos organismos y Estados, no se contaban con estos datos. En ese momento, con un relevamiento histórico, se relevaron y rastrillaron las localidades de más de 10 mil localidades y se detectaron que al 2016 había más de 4.416 barrios”, indicó.

Al respecto, señaló que una de las cuestiones más preocupantes, era que estos barrios constituían “la primer capa de la informalidad” en el hábitat en la Argentina, “la mayoría no accedía a los servicios básicos en el siglo XXI. El 68% no accedía a energía eléctrica formal, el 89% no accedía a una red de agua corriente, el 98% no accedía a una red de cloaca y casi nadie contaba con una red de gas natural”, explicó

“Estos datos permitieron pensar y trabajar en esta cámara la Ley 27.453 que llegó en el marco de una jornada histórica. La ley se aprobó con unanimidad en ambas Cámaras, y se constituye en un hecho trascendental en materia normativa en el marco de los procesos de integración socio urbana”, señaló la funcionaria.

Seguidamente, explicó los lineamientos centrales que la ley aprobada intentó abordar: “Estableció la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de los barrios; además de la suspensión de los desalojos por el término de cuatro años. Asimismo, declaraba de ‘interés público’ el régimen de integración socio urbana, y estableció que el 25% de la obra pública tiene que ser ejecutada por vecinos de los barrios populares o por organizaciones de la economía popular, y finalmente, la creación de un fideicomiso público para financiar las obras en los barrios”.

Respecto a este fideicomiso, Montiselli apuntó que Congreso además, en el año 2019, ratificó “la voluntad política” de apoyar esta política, y sancionó la Ley del impuesto País, destinando el 9% del mismo para este fideicomiso. Y, además, en el año 2020 se aprobó el aporte extraordinario a las Grandes Fortunas, y asignando el 15% de ese aporte al fideicomiso.

Al día de hoy, la funcionaria señaló que hay inversión en las 23 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, y que se está trabajando con inversión económica en 415 municipios y en 4.214 barrios populares, el 95% del universo. “Esta inversión está beneficiando a 670 mil personas, la Secretaria tiene activas o finalizadas más de 760 proyectos de integración socio urbana para la provisión principalmente de infraestructura básica”, expresó.

Finalmente, respecto a la necesidad de reformar la ley, plantea cinco puntos principales a revisar: “La actualización del anexo de los barrios populares de la ley; la prórroga de la suspensión de desalojos, modificando el plazo a 10 años; la declaración de la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares; el cuarto punto está vinculado a garantizar el acceso a los servicios públicos; y la regularización sostenible  con perspectiva de género”.

Seguidamente, tomó la palabra el  sacerdote para la Pastoral en Villas, Gustavo Carrara, que señaló la importancia de avanzar en la integración urbana de los barrios: “Me parece que allí está el núcleo duro de la pobreza y la indigencia en la Argentina, si hay algo que nos preguntamos es cómo abordar la pobreza, creo que si nosotros trabajamos por la integración de los barrios populares vamos a estar trabajando para que baje la pobreza y la indigencia”.

Y reflexionó respecto al debate en torno a la intervención del Estado: “A veces se debate que tipo de Estado, si más o menos presente, tal vez podríamos decir una presencia inteligente del Estado, que dialogue con las comunidades en concreto, y especialmente los más pobres. Creo que está bien especificado en esto de Tierra, Techo y Trabajo, qué anhelan las familias. Y si no hay una presencia inteligente del Estado, avanza muchas veces la criminalidad organizada. Hay algo que nos preocupa en la argentina es el crecimiento del narcotráfico. Entonces cuando nosotros abordamos la integración de los barrios populares estamos abordando muchas cuestiones al mismo tiempo”.

A su turno, Lilia Calderon, referente territorial y de la Mesa de Barrios Populares de Río Negro, advirtió la necesidad de que el Congreso acompañe su pedido: “Que se pongan en el lugar del otro, que tengan empatía y que miren que nosotros lo pasamos muy mal. Nadie quiere vivir en estas condiciones. El tema es que había un abandono absoluto del Estado, de años. No había nadie que se ocupara. Las organizaciones sociales nos pusimos al frente, de generar primero un proyecto de ley y luego pelear para que salga”.

“Vengo acá a defender esta ley porque nos ha dado derechos que nadie nos había dado. Venimos acá a pedir el acompañamiento. Tenemos poco tiempo, hay barrios que están esperando ahora para ser reconocidos. En octubre se vence el plazo y van contra ellos, ya con amenzas directas por parte de la Justicia con desalojos”, concluyó su intervención.

Cerrando la ronda de expositores, la referente territorial y de la Mesa de Barrios Populares de Pilar, provincia de Buenos Aires, Araceli Ledesma, señaló que para ellos, el 2018 “significó un antes y después para el reconocimiento de todos los barrios. Hoy estamos de nuevo acá para hacer conciencia de lo que necesitamos, que se siga acompañando, siendo todos responsables”.

En este sentido, consideró “muy importante” poder llegar a los vecinos porque “hay muchos descreídos de todo las cosas que no se han sucedido y de las cosas que suceden. Necesitamos reconocer que a partir de la ley, y de que existe la Secretaría de Integración Urbana, que esta política sirve y sigue siendo necesaria para todos los barrios”.

Concluida las exposiciones informativas, tomaron la palabra los diputados para formular distintas preguntas. En primer lugar el presidente de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, recordó que se trata de una política que, “no solo la hemos apoyado en su momento en el año 2018, si no que la hemos promovido: esto fue un proyecto de ley firmado por los diputados Massot, Negri y Carrio y que obtuvo un amplio consenso en esta Cámara”.

Tras la aclaración, preguntó respecto a la redacción del artículo sobre la tarifa social: “Si vamos a establecer una tarifa social para esos barrios, deberíamos ir sabiendo cuantos usuarios formales hay, por lo menos en porcentaje, en los distintos barrios y en las distintas provincias”.

La diputada por el Pro Córdoba, Laura Rodríguez Machado coincidió en que se trata de “una política de Estado, proyecto presentado por la administración de Mauricio Macri que consideramos que fue positivo, y que necesitamos ampliar”, y pidió precisiones por el plazo de 10 años que se solicita para la prorroga en la suspensión de los desalojos.

Seguidamente, la diputada también del Pro, Silvia Lospennato reafirmó la idea de que se trata de una política de Estado, “el hecho de que de las pocas políticas que haya trascendido dos Gobiernos por lo menos, y esperemos que trascienda el próximo y que se siga ejecutando, porque no hay forma de resolver la integración socio urbana si no es en el largo plazo. Celebramos la continuidad de esta política”, y pidió más datos para constatar los resultados de la gestión en este tiempo con el marco legal que generaron.

La semana próxima la Cámara convocará un plenario ampliado, con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con los efectos de dar dictamen a este proyecto.