Con la presencia de funcionarios y especialistas legales y financieros provenientes de Europa y Latinoamérica, legisladores de siete bloques de la Cámara de la Diputados de Nación avanzaron este viernes en el proyecto de ley que permitirá restituir a la sociedad los bienes incautados al narcotráfico y organizaciones internacionales. En caso de convertirse en ley, la Argentina será el segundo país en alcanzar dicho hito, luego de Italia.

Junto a diversos especialistas del ámbito intencional, entre ellos, jueces, fiscales, autoridades y representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, legisladores nacionales de siete distintos bloques parlamentarios encabezaron una reunión de trabajo para avanzar en los marcos normativos del proyecto de ley denominado “Administración y reutilización social de bienes”.

El proyecto tiene como objetivo redistribuir en la sociedad los bienes incautados por la justicia producto de acciones delictivas. El encuentro desarrollado en el salón Delia Parodi permitió analizar información, experiencias y conocer los detalles normativos para la reutilización social de dichos bienes (propiedades, embarcaciones, aeronaves, automóviles, campos y activos) y los roles de los funcionarios encargados de esas tareas.

Durante el encuentro, se abordaron tres dimensiones centrales: una judicial y legal, con las medidas cautelares y sus reaseguros; una dimensión funcional y económica, con la restitución de bienes caucionados destinados al uso social; y otra dimensión utilitaria y social, reestableciendo vínculos de confianza, administración y redirección al bien común de activos y bienes provenientes de un empleo ilícito.

Participaron el profesor Lucas Manjon, coordinador del Proyecto Bien Restituido de la Unión Europea; Vanessa Perrée, directora general la Agencia para la Gestión y Recuperación de Bienes Incautados y Confiscados, de Francia; Luis Montero Durán, jefe de Área del Fondo de Bienes Decomisados, de España; Bruno Corda, director de la Agencia Nacional para la Administración y Destino de los Bienes Incautados y Decomisados del Crimen Organizado, de Italia; Esteban Fullin, secretario del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT); Emiliano Cottini, representante de la organización italiana Líbera -Associazioni de América Latina; Amador Sánchez Rico, embajador de la Unión Europea ante la Argentina; y Francisco Pont Vergés, secretario de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, entre otros.

Dicho proyecto de ley sobre la Administración y reutilización social de bienes cautelados , Cristian Ritondo, Eduardo Toniolli, Facundo Manes, Rocío Bonacci, Mónica Fein, Esteban Paulon, Margarita Stolbizer, Roberto Mirabella, Carlos D'Alessandro, Pamela Calletti, Leandro Santoro, Carla Carrizo, Emilio Monzó, Ricardo Herrera, Hilda Aguirre, Ricardo Daives y Gustavo Bordet. Además, el proyecto aludido cuenta con más de otros 20 diputados cofirmantes.

“Argentina puede ser el segundo país en el mundo, luego de Italia, en tener una ley nacional que restituye bienes del crimen organizado y las mafias a la sociedad. Las experiencias, el apoyo de los países y funcionarios que hoy nos visitaron nos llena de esperanza”, consideró el diputado Ramiro Gutiérrez. Durante el acto, Carlos D’Alessandro, también autor e impulsor del proyecto, anticipó que iniciará un fuerte trabajo, a su vez, hacia el interior del Senado para poder avanzar con celeridad en su tratamiento. Por su parte, el diputado Fernando Iglesias, comprometió el apoyo en la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores, la cual preside.

Cabe destacar que la iniciativa ha sido considerada por la comunidad jurídica internacional como una de las herramientas esenciales para luchar contra las organizaciones delictivas y recuperar sus bienes con un fin de uso social. La Agencia Nacional de bienes recuperados de Italia, recaudó desde su existencia la suma de más de 4 billones de euros, destinados a la reparación de las víctimas del crimen y al beneficio del bien común.