Al alertar sobre el presupuesto que se le destina al área, la diputada radical detalló que se asignan “apenas 2 pesos mensuales por hectárea” de bosque.
La diputada nacional Brenda Austin (UCR) advirtió este viernes que el Gobierno “va a contramano de los compromisos asumidos en la protección de bosques”, al consagrar a través del proyecto de Presupuesto 2022 “el recorte más grande de la historia” en el financiamiento dispuesto por ley, que implica destinar “apenas 2 pesos mensuales por hectárea”.
“Lo venimos advirtiendo desde hace tiempo. El presidente envió al Congreso un Presupuesto con el mayor recorte a la Ley de Bosques hasta el momento, con un monto idéntico al 2021 que omite la inflación y apenas representa un 3 por ciento del mínimo legal. Mientras en la COP26 aseguró que su Gobierno ‘cuidaba especialmente a los bosques nativos’, en los hechos avanza a contramano del mundo”, alertó la radical, vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.
La cordobesa se pronunció de esta forma luego de que la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación confirmara que el programa de Protección Ambiental de los Bosques Nativos es una de las acciones bajo la órbita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que reporta una mayor reducción para 2022: del 44 por ciento en términos reales y apenas considerando la inflación del 45 por ciento proyectada en el proyecto de presupuesto.
La Fundación Vida Silvestre Argentina, en tanto, difundió un informe con detalles sobre los fondos que serían asignados a cada provincia con el nuevo presupuesto para desarrollar tareas de fiscalización, control y vigilancia. Según el ordenamiento territorial de bosques nativos, la Argentina cuenta con más de 53 millones de hectáreas de bosques en toda su extensión, por lo que un presupuesto de 1.212 millones de pesos al año significa un aproximado de 2 pesos por mes por hectárea.
“Estos números reflejan la inconsistencia con la Contribución Determinada a Nivel Nacional que fue presentada por el Gobierno hace menos de un año. Allí, se postula el fortalecimiento en la implementación de la Ley de Bosques Nativos y la disminución de la deforestación dentro de la hoja de ruta para el cumplimiento de la meta de reducción de emisiones. La contradicción se acentúa con la firma del presidente a la declaración de líderes para detener y revertir la deforestación, que fue anunciada durante la cumbre de cambio climático de Naciones Unidas en Glasgow”, señaló Austin.
Además, la legisladora recordó que, en su reciente presentación en la COP26, “el presidente dijo que quería erradicar la deforestación ilegal tipificándola como delito” y, al respecto, reclamó: “Hace más de un año junto a la senadora Gladys González venimos impulsando este debate en ambas cámaras y el kirchnerismo no quiere habilitar el tratamiento de los proyectos en este sentido”.
De acuerdo al informe de la Oficina de Presupuesto, las sumas más considerables que definió el Poder Ejecutivo para el financiamiento de acciones para combatir el cambio climático se refieren a obras cloacales y de saneamiento. Además, se muestra una caída en las sumas vinculadas a la conservación de la biodiversidad y la Promoción y Gestión del Cambio Climático y el Desarrollo Sostenible.
De igual forma, para las políticas de conservación y administración de áreas naturales protegidas a cargo de la Administración de Parques Nacionales que, sumado a los recortes en 2021, verifica una caída real del 8 por ciento. Respecto al Plan de Manejo del Fuego, las metas de prevención de lucha contra incendios no varían en materia de horas de vuelo ni en información para alerta temprana.
Puntualmente sobre la Ley de Bosques, sancionada en 2007, los recursos para protegerlos deben asegurar el 0,3 por ciento del presupuesto y el 2 por ciento de los derechos de exportación de los productos agroindustriales. El Fondo constituye la principal herramienta de promoción para el cumplimiento de la ley, ya que se destina a compensar a las jurisdicciones y los titulares que conservan los bosques nativos. Sin embargo, en el Presupuesto 2022 se le asigna 1.212 millones, lo que equivale al 0,009 por ciento del total del presupuesto y sólo un 3 por ciento de lo que le corresponde. “Así, sin siquiera cubrir la inflación anual, el Gobierno continúa destinando apenas 22 pesos al año por hectárea de bosques nativos cuando corresponderían 745 pesos”, apuntó Austin.
La diputada cordobesa cuestionó los dichos del mandatario a través de su cuenta de Twitter y señaló que “la ley de bosques no necesita ser reformada sino cumplida”.
Luego de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, participara de la Cumbre de Líderes de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que se desarrolla en Glasgow (Escocia), y anunciara que el Gobierno impulsará una nueva Ley de Bosques, la diputada nacional Brenda Austin (UCR-Córdoba) utilizó su red social de Twitter para cuestionar: “Hay que dejar atrás el ambientalismo de cotillón”.
El jefe de Estado comunicó este martes que se tomarán “medidas profundas para erradicar la deforestación ilegal, tipificándola como delito ambiental”, y que se girará al Parlamento un nuevo proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, ante lo que la legisladora radical manifestó: “El presidente dice que quiere erradicar la deforestación ilegal tipificándola como delito. En buena hora”. En ese sentido, recordó que “hace más de un año junto a (la senadora) Gladys González venimos impulsando este debate en ambas cámaras y el kirchnerismo sin querer avanzar”.
“El Gobierno no puede seguir improvisando. Asumir compromisos internacionales y comprometerse con la reducción de emisiones exige venir a casa y cumplir. Podría empezar con sus gobernadores de las provincias del norte que tienen las tasas más altas de desmonte”, sugirió la referente que integra la coalición de JxC.
Además, la vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara baja enfatizó: “A la vez, la ley de bosques no necesita ser reformada sino cumplida. El recorte del Gobierno de Alberto Fernández constituye una afectación directa a los bosques nativos”. “Hay que dejar atrás el ambientalismo de cotillón. Políticas integrales, control, seguimiento, financiamiento”, resaltó.
Cabe recordar que la diputada radical había utilizado su cuenta de Twitter para expresar su rechazo al proyecto de Ley Presupuestario 2022 porque “implica el recorte más grande en la historia”, ya que solo otorga un “3 por ciento de lo que correspondería a la Ley de Bosques”.
Al participar en la Cumbre sobre Cambio Climático, el presidente destacó el envío del proyecto de electromovilidad y anunció una nueva iniciativa para “erradicar la deforestación ilegal”.
Desde la Cumbre de Líderes de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que se desarrolla en Glasgow (Escocia), el presidente Alberto Fernández anunció que el Gobierno impulsará una nueva Ley de Bosques.
Durante su exposición, el mandatario destacó que Argentina asumió “el compromiso de favorecer la inversión y el desarrollo de encadenamientos productivos nacionales para avanzar con una matriz energética inclusiva, estable, soberana, sostenible y federal”.
En ese sentido, mencionó que “impulsamos un complejo productor y exportador de hidrógeno como nuevo vector energético” y, en ese marco, recordó que fue enviado al Congreso “un proyecto de ley sobre electromovilidad”.
Pero además, el jefe de Estado anunció que se tomarán “medidas profundas para erradicar la deforestación ilegal, tipificándola como delito ambiental” y, para ello, se girará al Parlamento un nuevo proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
Por otra parte, el presidente propuso ante los líderes mundiales: “Debemos crear mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos, canje de deuda por acción climática e instalar el concepto de deuda ambiental”.
También abogó por aplicar los Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional para “un gran pacto de solidaridad ambiental” que “incluya a los países de bajos ingresos y renta media, y que sirva para extender los plazos de las deudas y la aplicación de menores tasas”.
Al ratificar el compromiso del país con el Acuerdo de París, Fernández sostuvo que “países como la Argentina constituyen, a través de sus ecosistemas, un sostén a los medios de vida de todo el planeta, al tiempo que contribuyen, de modo decisivo, a la seguridad alimentaria mundial”.
En el inicio de su exposición, el mandatario señaló que “la crisis sanitaria de la pandemia Covid-19 no hizo sino desnudar una crisis mucho mayor y multidimensional de insostenibilidad y desequilibrio que afecta al ambiente, la sociedad y la economía” y que “amplió las brechas preexistentes, entre países y personas”.
En otro tramo de su intervención en el Scottish Event Campus, donde estuvo acompañado por el canciller Santiago Cafiero, el presidente propuso la creación de un “comité político y técnico sobre financiamiento climático, con representación equitativa de países desarrollados y países en desarrollo, que trabaje en la definición de una hoja de ruta sobre cómo movilizar los fondos necesarios, que reconozca el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y que tenga en cuenta el endeudamiento y las limitaciones estructurales, así como las necesidades de bienestar social”.
“Debemos comprometer aportes concretos que deben estar acompañados por medios para su implementación que nos permitan una transición hacia una economía limpia, con menos carbono y resiliente a los impactos del cambio climático”, explicó e indicó que “el impacto sobre los recursos y bienes naturales comunes ha superado límites que plantean desafíos concretos que deben ser atendidos”.
Así lo manifestó en un tuit la diputada Brenda Austin porque “convalida un camino de retroceso en materia ambiental”.
El Presupuesto 2022 sigue recibiendo críticas por parte de los diferentes partidos ante las disconformidades que presenta, en este caso la diputada nacional Brenda Austin (UCR – Córdoba) expresó su rechazo en su red social de Twitter porque “implica el recorte más grande en la historia”, ya que solo otorga un “3 porciento de lo que correspondería a la Ley de Bosques”.
En su primer tuit, la legisladora cordobesa advirtió: “El presupuesto que envío Alberto (Fernández) convalida un camino de retroceso en materia ambiental. Además de seguir apostando a los combustibles fósiles implica el recorte más grande en la historia de la ley de bosques”, y remarcó que “apenas un 3% de lo que le correspondería. Doble discurso a la orden”.
En suma, agregó que el Presupuesto 2022 “recorta, en términos reales, al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y al de Protección Civil y Riesgo de Desastre”, y comparó que “el mundo discute la preparación de las ciudades para que sean resilientes y el Gobierno recorta incluso a quienes se dedican a mitigar el daño. Increíble”.
Para la diputada nacional por el MPN las modificaciones que propone el Gobierno “no respeta las autonomías ni la realidad y particularidades de cada provincia, con una visión unitaria y hasta diría porteña de las políticas públicas”.
“El Gobierno nacional propone modificaciones legislativas sin respetar las autonomías ni la realidad y particularidades de cada provincia, con una visión unitaria y hasta diría porteña de las políticas públicas”, señaló la diputada nacional Alma Sapag, al referirse al anteproyecto presentado recientemente por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié para reformar la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos.
“La propuesta presentada ante el COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente) –expresó “Chani” Sapag- determina que toda zona donde hay bosque, deberá permanecer siendo bosque, prohibiendo cualquier cambio de uso de suelo, lo que significa no entender nuestra realidad, donde poseemos ejidos municipales inmersos completamente en bosques, atentando sustancialmente contra el normal desarrollo de esas localidades”.
Al avanzar en el análisis del texto del proyecto, la diputada del Movimiento Popular Neuquino (MPN) expresó que “se pretende la eliminación total de Categoría III de las leyes de ordenamiento territorial provinciales lo que representaría la imposibilidad de apeos destinados a uso residencial dentro de ejidos municipales, donde la Ley 26.331 entendía perfectamente la autonomía municipal para la aprobación de actividades y proyectos permitidos por el Código de Planeamiento Urbano y de Edificación de los ejidos municipales. De esta manera se eliminaría por completo la capacidad de intervención de algunos municipios sobre una superficie de 3.543 has según nuestro ordenamiento provincial”.
“De prosperar esta propuesta se impediría a la provincia de Neuquén intervenir en las únicas porciones de tierra con las que se cuenta para el crecimiento de municipios como San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Moquehue, Villa Traful, entre otras, restringiendo de esta manera toda capacidad de injerencia en pos de los intereses sociales de sus pueblos, como los identificados por la ley provincial de crecimiento urbano, infraestructura, nuevos loteos, actividades agropecuarias, usos tradicionales (ganadería, agricultura familiar, etc.), cultivos industriales, forestaciones con coníferas para producción, turismo, industrias, minería e hidrocarburos, vialidad, entre otras”, agregó la diputada Sapag.
Por otra parte, señaló que también excluye a las comunidades indígenas o campesinas de la aplicación de la ley en espacios de hasta 10 hectáreas. Al respecto, señaló que “parece una segmentación arbitraria que busca dar solución para la producción a escala menor o de subsistencia, pero que excluye arbitrariamente solo a los nombrados, sin permitir ningún otro tipo de intervención considerando las mismas superficies. Es entendible que la aplicación de este criterio en provincias como Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero o Buenos Aires -en las que existen pequeños productores que conviven con propietarios de decenas de miles de hectáreas donde se encuentran los principales capitales nacionales y las corporaciones internacionales- pueda servir de herramienta para tender a dar cierta facilidad a los pequeños productores, pero debemos recalcar que no es la realidad de nuestra provincia, ni mucho menos la de los pueblos inmersos en bosques, donde cada hectárea cuenta para poder desarrollar actividades como la trashumancia, que dan sustento a las sociedades”.
Finalmente, la diputada neuquina destacó que “el intento de avanzar sobre la facultad soberana de las provincias en cuanto a regular como se debe dar la expansión de la frontera agropecuario por el de directamente detener su expansión, implica un avasallamiento sobre el dominio provincial sobre sus recursos, generando un conflicto entre la norma nacional y la provincial, como así también por lo establecido en el Art 124 de la Constitución Nacional”.
