El Gobierno retiró del Congreso la Ley de Competitividad Financiera tras la polémica por los CEDEARs

La iniciativa había sido presentada apenas un día antes como una de las reformas económicas más ambiciosas de la gestión de Javier Milei. Sin embargo, las críticas generadas por un artículo que eliminaba beneficios fiscales para los CEDEARs llevaron al Poder Ejecutivo a dar marcha atrás y retirar el proyecto para introducir modificaciones.

El Gobierno nacional decidió retirar de la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Competitividad Financiera que había enviado el martes al Congreso y que proponía una profunda transformación del sistema crediticio, el mercado de capitales y el régimen de garantías en la Argentina.

La decisión se produjo luego de la reacción negativa que despertó entre operadores financieros, analistas e inversores un apartado de la iniciativa que eliminaba la exención del Impuesto a las Ganancias para determinadas operaciones con Certificados de Depósito Argentinos (CEDEARs), uno de los instrumentos más utilizados por los ahorristas locales para invertir en activos del exterior.

La propuesta original contemplaba una reforma integral de 240 artículos y modificaba más de una veintena de leyes y decretos. Entre otros aspectos, incorporaba la tokenización de activos al marco legal argentino, habilitaba el uso de activos digitales como garantía de créditos, modernizaba los regímenes de pagarés, cheques y warrants, flexibilizaba la operatoria del mercado de capitales y creaba un nuevo Sistema Federal de Registro de Garantías.

Según había explicado el Poder Ejecutivo en los fundamentos del proyecto, el objetivo era ampliar el acceso al financiamiento, reducir costos de transacción, fortalecer la seguridad jurídica y adaptar la legislación a los desafíos de la economía digital.

No obstante, el capítulo tributario terminó eclipsando el resto de la iniciativa. El texto enviado al Parlamento establecía que los CEDEARs adquiridos a partir del 31 de octubre de 2026 dejarían de gozar de la exención vigente en el Impuesto a las Ganancias cuando fueran negociados en mercados autorizados. De aprobarse esa modificación, las ganancias obtenidas por su compraventa hubieran quedado alcanzadas por una alícuota del 15%.

La medida fue cuestionada por referentes del mercado, quienes advirtieron que afectaría una herramienta ampliamente utilizada por los pequeños y medianos inversores para acceder a acciones de compañías internacionales y, al mismo tiempo, protegerse de la volatilidad cambiaria.

Frente a las críticas, desde el Ministerio de Economía aseguraron que el artículo había sido incorporado por error y señalaron que correspondía a una versión preliminar del proyecto. La aclaración fue respaldada públicamente por Felipe Núñez, asesor del ministro Luis Caputo, quien sostuvo que se trataba de un “borrador viejo” y confirmó que la disposición sería eliminada.

Sin embargo, la explicación no logró desactivar completamente la controversia. Distintos analistas señalaron que la modificación no sólo figuraba en el articulado, sino también en los fundamentos del proyecto, donde el Ejecutivo justificaba la eliminación del beneficio fiscal bajo el argumento de equiparar el tratamiento tributario entre quienes invierten directamente en activos extranjeros y quienes lo hacen mediante certificados negociados en el mercado argentino.

Ante ese escenario, el Gobierno optó por retirar la iniciativa para corregir el texto antes de volver a remitirlo al Congreso.

El Gobierno envió al Congreso la Ley de Competitividad Financiera, una megareforma de 240 artículos para transformar el crédito, el mercado de capitales y las garantías

El Poder Ejecutivo giró a Diputados un ambicioso proyecto de ley que modifica más de una decena de normas y crea un nuevo sistema federal de garantías. La iniciativa habilita la tokenización de activos, incorpora activos digitales como garantías, moderniza pagarés, cheques y warrants, flexibiliza el mercado de capitales, reforma fideicomisos y fondos comunes de inversión, y busca ampliar el acceso al financiamiento para empresas y productores.

El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Ley de Competitividad Financiera, una de las iniciativas económicas más extensas de la actual gestión. Se trata de una reforma integral que abarca 240 artículos, modifica más de veinte leyes y decretos, crea nuevas herramientas financieras y reestructura buena parte de la arquitectura legal vinculada al crédito, las garantías y el mercado de capitales.

La propuesta, firmada por el presidente Javier Milei y los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Alejandra Monteoliva y el jefe de Gabinete Diego Santilli, tiene cuatro giros en la Cámara de Diputados: Legislación General, Pequeñas y Medianas Empresas, Finanzas y Presupuesto y Hacienda.

Según el mensaje de elevación, el objetivo es “eliminar restricciones injustificadas que obstaculizan el acceso y el ejercicio de actividades económicas y profesionales, promover la libre competencia y el funcionamiento eficiente de los mercados y profundizar el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la libertad económica”.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma busca reducir costos de transacción, ampliar la disponibilidad de crédito, facilitar la inversión productiva y adaptar el sistema jurídico argentino a la economía digital.

La digitalización llega a los títulos valores

Uno de los primeros capítulos moderniza el régimen de títulos valores del Código Civil y Comercial.

El proyecto al que accedió parlamentario.com incorpora el principio de “neutralidad tecnológica”, estableciendo que los derechos podrán instrumentarse tanto en soportes materiales como inmateriales. De esa manera, se otorga reconocimiento expreso a los activos digitales y a los registros distribuidos como soporte válido para títulos de crédito.

El texto también admite la transferencia digital de títulos al portador y habilita el uso de tecnologías de registro distribuido, incluyendo blockchain, para la llevanza de registros y certificaciones.

“El Estado deja de imponer un método técnico único y pasa a exigir estándares de seguridad, permitiendo que la innovación privada, como la tokenización de activos, goce de plena protección legal”, señala el mensaje oficial.

Pagarés indexados y pagaderos en granos

Entre los cambios más relevantes figura la reforma del régimen de letras de cambio y pagarés.

La iniciativa permite que estos instrumentos incorporen cláusulas de actualización basadas en índices objetivos o unidades de valor, eliminando la actual exigencia de una suma fija e inmutable.

Además, introduce la posibilidad de emitir pagarés cuyo cumplimiento no sea en dinero sino mediante la entrega de bienes fungibles, como granos, minerales u otros productos, siempre que se especifique cantidad, calidad y fecha de entrega.

El Ejecutivo cita expresamente la experiencia brasileña con la Cédula de Producto Rural (CPR), que permitió el desarrollo de un gigantesco mercado de financiamiento agrícola.

También se establece que estas cláusulas de actualización no afectarán la ejecutividad del documento, facilitando su cobro judicial.

Cheques, plazos fijos y cupones de tarjeta convertidos en instrumentos financieros

El proyecto amplía las posibilidades de negociación bursátil de distintos instrumentos.

En el caso de los cheques y cheques de pago diferido, se actualizan las normas para que puedan operar a través de nuevos agentes autorizados por la Comisión Nacional de Valores.

A su vez, se habilita la negociación secundaria de certificados de plazo fijo de largo plazo, permitiendo a los inversores recuperar liquidez sin romper anticipadamente la colocación.

Otro cambio novedoso alcanza a las tarjetas de crédito. El proyecto obliga a los emisores a crear títulos valores electrónicos sobre las ventas realizadas con tarjeta, transformando esos créditos futuros de los comercios en activos negociables.

El Ejecutivo sostiene que esto permitirá que los comercios accedan a financiamiento más barato y reduzcan su dependencia de los mecanismos de descuento actualmente disponibles.

Activos digitales, software y acciones como garantía

Uno de los capítulos más extensos reforma integralmente la prenda con registro.

La iniciativa incorpora como bienes prendables los activos virtuales, derechos de propiedad intelectual, software, acciones, cuotas sociales, participaciones en fondos comunes de inversión y créditos futuros.

También elimina restricciones históricas, como la obligación de contar con autorización del acreedor original para constituir nuevas prendas sobre un mismo bien.

El texto permite además la llamada “prenda flotante” sobre inventarios, créditos, cobranzas futuras, cuentas bancarias e incluso flujos de fondos futuros.

En materia de ejecución, la propuesta habilita mecanismos específicos para activos virtuales y software, autorizando órdenes judiciales de inmovilización o transferencia sobre billeteras digitales, exchanges y plataformas tecnológicas.

Nace el Sistema Federal de Registro de Garantías

La piedra angular de la reforma es la creación del Sistema Federal de Registro de Garantías.

Se trata de una red nacional interoperable donde se inscribirán prendas y otros gravámenes, reemplazando buena parte del esquema territorial actual.

El sistema será supervisado por el Banco Central y podrá operar mediante entidades registradoras públicas o privadas.

Según el proyecto, la prioridad de las garantías quedará determinada por fecha, hora, minuto y segundo de inscripción, en una base de datos única con alcance nacional.

Reforma profunda del mercado de capitales

Otro de los grandes capítulos modifica la Ley de Mercado de Capitales. El proyecto incorpora de manera explícita la representación digital de valores negociables, reconoce jurídicamente la tokenización de activos financieros y habilita su negociación mediante tecnologías de registros distribuidos.

También suma formalmente a los activos virtuales dentro del universo regulado por la Comisión Nacional de Valores y le otorga competencias expresas para supervisar proveedores de servicios de activos virtuales.

A la vez, flexibiliza numerosos requisitos para PyMEs, simplifica autorizaciones de oferta pública y amplía las facultades de los mercados y cámaras compensadoras.

El mensaje oficial justifica estos cambios señalando el deterioro del mercado de capitales argentino frente a la región. En ese apartado incluye gráficos comparativos sobre empresas listadas, capitalización bursátil y volumen negociado.

Fondos comunes de inversión y criptomonedas

La iniciativa también modifica la Ley de Fondos Comunes de Inversión.

Entre otros puntos, permite que las cuotapartes se representen digitalmente y habilita expresamente que los fondos, abiertos o cerrados, puedan invertir en activos virtuales conforme la reglamentación de la CNV.

Para el Gobierno, la falta de una habilitación legal específica había impedido que los ahorristas accedieran a estas inversiones mediante vehículos regulados.

El mensaje incorpora estadísticas de la industria de fondos y compara el desarrollo argentino con otros mercados de la región.

Fideicomisos, financiamiento colectivo y obligaciones negociables

El proyecto moderniza además los fideicomisos financieros, permitiendo la representación digital de certificados y títulos de deuda y limitando la obligatoriedad de registros sólo a los casos en los que la naturaleza del bien lo exija.

A su vez, reforma el régimen de financiamiento colectivo. Sustituye la figura de las plataformas por un esquema de Agentes de Financiamiento Colectivo, habilita instrumentos de deuda y elimina restricciones que, según el Gobierno, impidieron el desarrollo del mercado.

La iniciativa también flexibiliza las emisiones de obligaciones negociables, facilita la constitución de garantías y admite la tokenización de deuda corporativa.

Factura electrónica, PyMEs y financiamiento productivo

Uno de los objetivos declarados es fortalecer el financiamiento para pequeñas y medianas empresas.

Para ello se reforma el régimen de Factura de Crédito Electrónica MiPyME, ampliando los plazos de aceptación tácita de 15 a 21 días y evitando que defectos formales, como cuestiones vinculadas al remito, impidan su ejecución.

Además, se permite la negociación electrónica de cheques, pagarés, warrants y otros instrumentos mediante plataformas habilitadas sin necesidad de intermediación obligatoria de agentes registrados.

El mensaje oficial acompaña ese diagnóstico con datos sobre las dificultades de la factura electrónica para ganar participación frente a los pagarés y cheques diferidos.

Cambios tributarios y eliminación de beneficios para los CEDEAR

El proyecto también introduce modificaciones fiscales.

Entre ellas, elimina beneficios tributarios para determinados certificados representativos de activos del exterior adquiridos desde el 31 de octubre de 2026, buscando evitar lo que el Gobierno considera arbitrajes impositivos a favor de inversiones extranjeras.

Asimismo, flexibiliza beneficios para fideicomisos y fondos destinados al financiamiento inmobiliario y al crédito hipotecario.

Derogaciones y transferencia de competencias

La iniciativa deroga la legislación vigente sobre sociedades de capitalización y ahorro, entendiendo que la protección de los usuarios ya está garantizada por el Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor.

También transfiere al Banco Central las funciones de autoridad de aplicación en materia de Sociedades de Garantía Recíproca y Factura de Crédito Electrónica MiPyME.

En materia de derogaciones, deja sin efecto las leyes de Prenda Agraria, Sociedades Emisoras y otras normas que el Gobierno considera absorbidas por el nuevo esquema regulatorio.

Con este proyecto, que según el texto enviado al Congreso busca “transformar capital muerto en garantías vivas”, el Ejecutivo apuesta a una profunda reconfiguración del sistema financiero argentino, incorporando instrumentos digitales y nuevas formas de financiamiento con la intención declarada de ampliar el crédito y reducir los costos de acceso al mercado de capitales.

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