La Comisión de Legislación del Trabajo, presidida por el diputado radical Martín Tetaz, se reunió este martes para debatir sobre tres expedientes vinculados a reformas de los artículos 2, 7 y 6 de la Ley de Contrato de Trabajo sobre deducción de las indemnizaciones percibidas y actualización y repotenciación de los créditos laborales por depreciación monetaria.

En el encuentro, que se extendió por dos horas y se llevó a cabo en el Anexo “A” de la Cámara baja, disertaron de forma presencial y remota más de 20 expositores quienes coincidieron en la necesidad de que el Congreso de forma “urgente” sancione una norma sobre el tema. La próxima reunión estiman dictaminar.

El primer expositor fue Esteban Mancuso de la Cámara Argentina de Comercio quien afirmó que desde la CAC el tema de la actualización judicial de los créditos laborales “fue y es un tema prioritario sobre el cual venimos trabajando desde hace tiempo, en especial, por los enormes costos de la incidencia de los costos laborales sobre las PyMES representadas”.

Mancuso explicó que un 80% de sus representados y asociados son PyMES y dio cuenta de la “problemática a nivel federal y para este tipo de empresas que son agobiadas por este tipo de sentencia condenatoria”. Así, señaló que la realidad laboral es “dinámica, requiere de cambios constantes y atención permanente”, por lo que resaltó que “es necesario dar respuesta a las nuevas técnicas de producción como tecnología, digitalización de proceso, teletrabajo, IA”.

Sobre la Ley Bases indicó que en su capítulo laboral contenía diversos de derecho laboral, colectivo y de seguridad social y destacó: “Desde la CAC consideramos que fue un avance importante y medular que se dio dentro de una adecuada política institucional dentro del Parlamento oyendo a los distintos actores sociales”, pero indicó que el tema convocante de la reunión quedó fuera de la Ley.

“Es una cuestión medular para la CAC y requiere, a nuestro modo de ver, una solución inmediata”, solicitó y sumó: “Tan importante es para nosotros esta problemática, es una prioridad absoluta más allá de otros temas”. Mancuso explicó que “las actualizaciones judiciales tienen criterios disímiles y arrojan sumas exorbitantes atentando de manera profunda con el cierre de algunas PyMES”.

Así, planteó que desde la CAC vienen insistiendo con énfasis en “dar una solución equitativa para ambas partes y definitiva al tema”. “Elevamos conjuntamente con otras cámaras empresarias distintas notas tanto a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo como la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde, acompañado por un informe técnico de la Universidad de Buenos Aires, dábamos cuenta que los métodos de cálculo de las sentencias condenatorias conforme a las distintas actas mencionadas dan resultados exorbitantes, erráticos, inequitativos y con criterios disímiles de interpretación”, contó.

“Los distintos mecanismos de cálculo tienen efectos extremadamente nocivos para el comercio, los servicios, la industria y también para los trabajadores, afectando especialmente a las PyMES”, planteó y destacó el proyecto de la diputada Verónica Razzini como “una conclusión satisfactoria con la modificación de los artículos 276 y el agregado del 276. Defiende el mercado de trabajo, es equitativo, defiende al empleador y al trabajador”.

A continuación, expuso Pablo Venarotti de IDEA quien afirmó que “la conciliación en materia judicial es uno de los modos más utilizados para dar, en tiempos más rápidos, una solución a las partes”.

Por el contrario, señaló que “la extensión de los procesos judiciales, cualquier distorsión que haya en materia de intereses o actualización, agrava dicha circunstancia”. Así, indicó que la actual Ley 24.283: “Plantea expresamente que en cada etapa de liquidación judicial que hubiera una distorsión había que verificar la realidad de ese empleado al momento del pago para cotejar con valores actuales”.

Venarotti propuso que la reforma legislativa tenga, por un lado, un alcance de índole nacional; que sea una solución para todas las partes, que no dependa de una jurisdicción; que preserve el crédito al cual tiene derecho reconocido del trabajador, pero al mismo tiempo, que no conlleve el cierre de una empresa y la pérdida de fuente de trabajo.

Por el lado de CAIPE señalaron que “es un tópico que requiere urgente solución”, ya que “se encuentra en juego el futuro y la sustentabilidad de numerosas empresas que se encuentran expuestas a reclamos laborales multimillonarios que resultan de imposible incumplimiento y no encontrar una pronta y equitativa solución se verán condenadas a su desaparición”.

En esa línea, manifestaron que “es necesario que exista una protección para la empresa”, y resaltaron: “Resulta urgente la determinación de un único sistema de actualización de los créditos laborales que resulte viable justo equitativo y duradero y que brinda previsibilidad y seguridad jurídica”.

Así, contaron que en la Cámara de Apelaciones del Trabajo existen seis criterios distintos en el módulo del cálculo de los intereses y “resultan de ser de carácter del organismo. El escenario en el que nos encontramos hace que los reclamos laborales entablados por trabajadores, en muchas oportunidades, sean de difícil y hasta imposible de resolución”.

“Estamos absolutamente convencidos que la implementación de reglas claras propicia la simple resolución de conflictos acercando las posturas controvertidas, alentando conciliaciones y, en todo caso, se pueden predecir las sentencias que se eliminará el oportunismo y el abuso por parte de quienes especulan con los intereses lo cual también de cierta manera es moneda corriente en el fuero laboral. Sin duda, todo esto a la larga generará una administración de justicia más ágil, efectiva y justa para las partes intervinientes”, expresaron.

Por último, destacaron el proyecto de la diputada Razzini que “es el que mejor soluciona esta problemática porque aborda de manera fundamentada y pormenorizada los múltiples escenarios en los que se encuentran los generadores de empleo frente a un reclamo laboral y ofrece una posibilidad certera y factible de cumplimiento de la falta pagadora, siempre respetando el derecho al cobro”.

“El proyecto se considera un acierto la vuelta a la aplicación de las tasas bancarias para la actualización de los créditos. En este caso, de la tasa activa al Banco Nación, ya que en proyección a futuro donde la inflación mensual no supera el dígito se entiende que la depreciación de los créditos no será sustancial y que, claramente, se verá acompañado por la tasa utilizada. También se valora y se celebra la intención de conservar al anatocismo únicamente como excepción y no como reglas. De esta manera, brindaría una mayor seguridad jurídica. Se espera una pronta resolución del problema realmente bien atravesando el sector y viene generando embates realmente difíciles”, concluyó.

César Arese del Círculo de Abogados Laboralistas sostuvo que “hay una necesidad de actualizar/ indexar los créditos laborales de una manera de que ponga punto final a un largo debate de cómo tratar a las contingencias en lo relativo a los créditos laborales”.

“Es una pérdida de derechos considerados en la legislación de fondo. Creemos que es el Poder Legislativo el que tiene un rol esencial para poner un punto final al debate de manera justa”, manifestó y explicó: “Es reconocer la intangibilidad, la irrenunciabilidad entre la condición inalienable que tienen los derechos del trabajo traducidos en créditos especializados. Esto no tiene otra forma de ser respondido que como lo hizo hace medio siglo la Ley de Contrato de trabajo indexándolos conforme a la evolución de los precios, del costo de vida, de los salarios”.

“Nosotros nos hemos fijado posición de un año y medio reclamando ante el Poder Legislativo, ante los jurisdiccionales que los créditos laborales sean indexados, que entre ambas categorías que informamos puede llegar entre un 8, un 10 un 15% anual”, sostuvo y destacó la iniciativa del diputado Jorge Ávila porque “los otros proyectos implican pérdidas o le fijan techos a la indexación de créditos”, y concluyó: “No se trata de ni potenciar ni degradar los créditos laborales, sino otorgarle su justa composición a través de la ley del Congreso que establezca la indexación conforme el índice de precio del consumidor o más intereses que serán fijados por los jueces en cada caso”.

En coincidencia, su colega Esteban Carcavallo explicó que “se hace muy difícil encontrar una variable que permita transitar a lo largo del tiempo y sin dificultades el problema de repotenciación adecuada”.

En contrapartida, desde el Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales (FAOS), Guillermo Agis, cuestionó las iniciativas porque “proponen analizar cómo abordar el incumplimiento al pago de indemnizaciones y de créditos que, por su naturaleza, tienen carácter alimentario”.

A su turno, vía zoom el doctor Sebastián Serrano de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario sostuvo que hay que “establecer leyes que protejan a los derechos de los trabajadores” y propuso cinco puntos a tener en cuenta: mantener el valor del crédito porque “un ajuste de indemnización no puede implicar un empobrecimiento de la víctima”; la no indexación no puede mantenerse una ley de hace tres décadas que sufre inconstitucionalidad y “nunca ha servido”, que se compense el curso del tiempo con lo que se determine; compáralo con parámetros reales de la economía como la inflación; no se puede repetir un mismo criterio en todos los casos; que todos los cálculos los jueces lo vuelquen a la sentencia.

Así, criticó que los proyectos de Razzini y Tetaz “fijan techos para que los empresarios no tengan problema en vez de establecer pisos para que las personas vean asegurados sus créditos alimentarios”. “El proyecto Ávila se acerca a lo que necesitamos”, concluyó.

Por su parte, Edith Pecci, presidenta de Idea Pyme, señaló que “hay situaciones en las que ponemos en riesgo nuestras empresas por la falta de legislación” y reclamó “falta de previsión”. Además, la empresaria Pyme invitó a “dejar de lado el concepto de que trabajadores y empresarios estamos en dos veredas diferentes, estamos diciendo que las reglas de juego tienen que ser justas para ambas partes”.