Fue en el marco del debate sobre la ley de transferencia de fondos para la Policía Federal. Gil Domínguez y Antonio María Hernández discreparon en torno a lo dispuesto por los constitucionalistas sobre la Ley de Coparticipación.
Uno de los expositores invitados a participar del plenario de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda del Senado fue este miércoles el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien valoró como uno de los aportes de la reforma constitucional haber dotado de autonomía a la Ciudad, y consideró la Carta Magna de la misma como “una de las mejores constituciones que hoy tenemos”. Asimismo consideró una necesidad la de “consolidar esta autonomía a través de mecanismos de colaboración racional entre el Estado y la Ciudad de Buenos Aires, para que esté en igualdad de condiciones con el resto de los habitantes de las provincias”.
El constitucionalista resaltó que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comparte el mismo escalón con las provincias, de modo que pueda ser considerada como tal. “Una ciudad federada”, así la definió. Coincidió además con los dichos de Daniel Sabsay en cuanto a que desde la década del 30 se empezaron a dictar leyes que implicaron “la apropiación de recursos de las provincias en manos del Estado”. Y agregó que “esta apropiación de los recursos está muy bien descripta en un libro del senador Martín Lousteau”.
Luego abrió espacio a una polémica con el también constitucionalista Antonio María Hernández al cuestionar los mecanismos de aprobación que dispusieron los constitucionalistas que señalaron en 1994 que la Ley de Coparticipación definitiva debía estar sancionada antes del 96. “Es de imposible cumplimiento”, señaló en referencia a las dificultades y mayorías necesarias para su ratificación. “Esta imposibilidad de sincerar una ley convenio hace que sigamos discutiendo dentro de este campo”, señaló Gil Domínguez.
“Ese convenio viene a concretar una política de Estado en aras de consolidar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”, apuntó en otro pasaje.
A continuación, el constitucionalista Antonio María Hernández consideró que en la cuestión de la coparticipación “sabemos que se han centralizado los ingresos y nosotros sabemos que por los pactos fiscales y leyes inconstitucionales aquel avance de 1988 lo hemos transformado en que más del 80% de los ingresos están en manos del Gobierno federal”.
Luego habló como ex convencional constituyente que fue en 1994, y recordó que “en esta materia tan importante la reforma dice que solo por vía de concertación se puede avanzar: acuerdo entre el presidente y los gobernadores sobre la coparticipación; participación del Congreso, empezando por el Senado por una mayoría absoluta, y luego viene la aprobación de las legislaturas” provinciales. Un procedimiento que fue definido por Héctor Masnatta, recordó, como “una norma contractual de derecho intrafederal que se distingue de la generalidad de las leyes porque tiene alma de contrato y forma de ley”.
“Cuando uno avanza en el análisis, ve que toda transferencia de funciones requiere del acuerdo de las provincias o la Ciudad de Buenos Aires, y este federalismo de concertación está presente en el momento que se prohíbe que la ley de Coparticipación sea reglamentada o sea reconocida”.
Ahí fue que disintió públicamente de los dichos de Andrés Gil Domínguez respecto de la imposibilidad de cumplir con la manda constitucional de hacer una nueva ley de coparticipación, por la suma de complejidades que se le puso a su aprobación. “No comparto sus términos”, dijo, recordando que de esa convención constituyente participó una decena de gobernadores. “Rechazo la idea de que sería absolutamente imposible llegar a un acuerdo en esa materia”, apuntó.
Más adelante consideró que “el decreto 735 es abiertamente inconstitucional, porque el presidente no tiene competencia alguna en la materia de acuerdo con el artículo 99 de la Constitución Nacional; es violatorio del artículo 75 inciso 2, porque solo por medio de ley convenio se puede resolver esto. Viola la autonomía municipal, artículo 129, con lo cual me parece incomprensible lo que acaba de decir Gil Domínguez, que esta solución de este proyecto inconstitucional puede estar a favor de la autonomía municipal. Es todo lo contrario, lo que hace es ratificar ese decreto inconstitucional proudnizar su ilegalidad y avanzar cada vez más en un golpe muy grave a la autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires”.
Y concluyó advirtiendo que “para conocer bien esta cuestión hay que seguir el debate en la Convención Constituyente, así se interpreta la Constitución”.
Como Gil Domínguez había tenido problemas de conectividad sobre el final de su exposición, volvió a conectarse para terminar de contestar preguntas, pero aprovechó para contestarle a Hernández. Señaló en ese sentido que “el sistema de coparticipación estaba muy discutido, en términos de su afianzamiento en lo que es un modelo federal, porque lo que hacía era patentizar lo que había sido la apropiación del Estado de los recursos propios de las provincias. Y lo que hizo fue eso, un sistema que no fue muy exitoso en términos de ingeniería constitucional, porque estamos al día de la fecha sin ley convenio”.
Más adelante, ya para responder a una pregunta del senador Lousteau, reiteró que “no tenemos ley convenio, ni la vamos a tener, por cómo vamos, y se aplica en la Ciudad de Buenos Aires una ley que tampoco se ha discutido en todos estos años. Parece que no ha sido importante que la Ciudad deba salir de la esfera de esa ley y estar a la par de las provincias en la distribución de las provincias y los recursos coparticipables”.
