El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, también conocido como “Ley Malvinas”, continuó discutiéndose en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Todavía sin acuerdos cerrados, el oficialismo no alcanza el objetivo de firmar el dictamen y negocia con sus aliados cambios que concederá en el texto, algunos de los cuales este miércoles admitieron libertarios.

El encuentro de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores se desarrolló por alrededor de dos horas. Arrancó con la exposición de un solo invitado y el reclamo de la oposición por la convocatoria tardía -y hasta nula- a otros expositores.

El oficialista Carlos Zapata, presidente de la Comisión de Defensa, anunció que la semana que viene habrá otra reunión, solamente de los diputados, “para dar conclusión al debate”. Sin embargo, más tarde, Damián Arabia dijo: “Si tenemos que hacer otras reuniones las haremos”.

La iniciativa enviada por el Gobierno fue excluida de la sesión convocada por el oficialismo para el próximo 21 de octubre. Durante el plenario de este miércoles, el cuarto que se realiza, se repitieron algunos argumentos ya escuchados y Unión por la Patria insistió con su idea de dividir el proyecto. A la propuesta también se sumó la cordobesa Alejandra Torres, no obstante, es algo que LLA rechaza.

Luego de la exposición del invitado, la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade tomó la palabra y aseguró que el proyecto contiene un conjunto de “barbaridades e inconveniencias”, sin embargo, “seguramente la semana que viene van a querer dictaminar, como hacen con todo, rápido, no importa que los temas sean sustanciales”.

La opositora, que destrozó la propuesta, observó que “nunca se nombra al invasor” en las Islas Malvinas, mientras que “el corazón de este proyecto que tiene que ver con el control social y político que necesita tener Javier Milei para el próximo tiempo, donde los conflictos lógicamente se van a profundizar”.

Al enumerar algunos tramos, afirmó que los mismos se basan en la Ley 17.041 del gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. “Hay errores conceptuales en los primeros 40 artículos”, evaluó y cuestionó la “deriva totalitaria” y los “tipos penales abiertos” que se establecen.

“Lo que subyace en este invento es desalentar a la sociedad civil a participar activamente de la vida política y social”, opinó y advirtió: “No sé si el presidente no toma esto como un acto preparatorio de meter a este país en actos de beligerancia. Es más, no sé si no lo desea”.

Desde el oficialismo, la secretaria parlamentaria del bloque, Silvana Giudici, anticipó que se tomarán el tiempo necesario para dictaminar. En ese sentido, llamó a los bloques a que hagan sus aportes y se puedan “mejorar algunos puntos”. “No me gustaría que nos perdamos en la cuestión partidaria”, dijo e insistió: “No vamos a tomar una determinación de apurar el dictamen, porque estamos contemplando cada una de las observaciones que hicieron (los bloques aliados)”.

Así, abogó por “un dictamen sólido, consensuado” que cuente “con las mayorías lo más amplias posibles”. “Vamos a ser muy responsables a la hora de convocar a la firma de ese dictamen”, reiteró, después de referirse al polémico artículo 111, que establece penas de prisión de 5 a 12 años para quienes “alteren procesos electorales” y realicen “campañas de desinformación”. “El artículo 111 va dirigido a lo que tiene que ver con la injerencia extranjera. Se va a acotar y determinar a ese contexto”, señaló Giudici.

Finalmente, la oficialista pidió que “no agitemos más fantasmas, porque el nudo de este proyecto es dar institucionalidad, dentro del marco democrático y respetando las atribuciones del Congreso”.

Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman repudió la reivindicación de la dictadura que en la anteúltima reunión hizo el libertario Beltrán Benedit. Luego, alertó por una “injerencia feroz de Estados Unidos” en la región y, en esa línea, indicó que justamente “(Donald) Trump reconoce que intervino en el proceso electoral de octubre de 2025” en Argentina y denunció también una intromisión en las elecciones en Brasil, en favor de Flavio Bolsonaro.

“Lo que no puedo creer es que Giudici y su bloque estén preocupados por eso”, ironizó. También reclamó que “vengan las organizaciones de periodistas a exponer”, en relación al artículo 111 e insistió con que “estamos viendo una recolonización de América Latina que es feroz y esto tiene que ver con eso”.

Desde UP, Jimena López afirmó que el contenido del proyecto “no tiene nada que ver con el título” y “lo único relacionado con Malvinas es el título I” sobre la defensa de los recursos naturales. “El amigo de ustedes (en alusión a Donald Trump) apoyó abiertamente a Inglaterra en una conferencia de prensa, espero que puedan verla”, lanzó y cuestionó que “no digan de verdad cuál es el objetivo de esta ley”.

Vicepresidenta de la Comisión de Defensa, Agustina Propato subrayó: “Tengo el temor de que la desintegración de este debate y la expectativa de que hoy se iba a dictaminar y no se dictaminó, tenga que ver con aspectos que intenten de alguna manera poner parches a cuestiones muy graves para la democracia”.

“Nosotros vamos encaminados a una propuesta de dictamen”, confirmó la legisladora de UP, que instó a LLA a entender “la importancia y sensatez que tendría separar el título I de los siete restantes”.

En el cierre, el oficialista Damián Arabia aseguró: “Hemos incorporado muchas de las cuestiones sugeridas”. Y recordó que en la reunión pasada ya se dijo que la redacción del artículo 111 “no va a quedar así”. Luego, enumeró otros artículos en los que habrá cambios: “El artículo 39 sobre la definición de la autoridad de aplicación; los artículos 46, 48 y 49, con la participación de provincias y municipios; y muy específicamente los artículos 20, 21 y 22, sobre las sanciones penales tal como están establecidas, que sugieren algún conflicto”.

“Si tenemos que hacer otras reuniones las haremos”, afirmó y agregó que están “trabajando para tratar de tener la mejor ley. Además, nosotros no tenemos mayoría. No está en nuestro espíritu imponerle a nadie un texto”.

“El proyecto mezcla peligrosamente la defensa nacional con la seguridad y la inteligencia”

Único expositor que se presentó en la reunión, Marcelo Javier de los Reyes, licenciado en Historia y doctor en Relaciones Internacionales, expuso su mirada sobre la iniciativa. “Luego de casi tres años sin usar las herramientas legales que disponía, incluso despreciar el poder blando de que disponía, y me refiero específicamente a la Selección Nacional de fútbol, el Gobierno ha tenido un brote de patriotismo con este proyecto”, consideró.

“Ya disponemos de las leyes de defensa nacional, de seguridad interior, de hidrocarburos y las leyes relativas a la pesca, las cuales no se tuvieron en cuenta en el proyecto. Todas las leyes podrían ser mejorables, pero no es necesaria una nueva ley que, bajo el pretexto de la defensa de la soberanía nacional, parece esconder otros objetivos”, sostuvo.

También, enfatizó que “el proyecto mezcla peligrosamente la defensa nacional con la seguridad y la inteligencia”. “El proyecto responde claramente a Estados Unidos y favorece a sus socios, el Reino Unido e Israel, lo que pone a la Argentina en un estado colonial y no de defensa de la soberanía”, aseveró e insistió: “No precisamos nuevas leyes, sino que se cumplan”.

Después de recibir la exposición de la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, fue convocado el cuarto plenario entre las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto para seguir debatiendo el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. El encuentro fue citado el próximo miércoles 14 de octubre a las 15.00 en el Anexo C.

Será la cuarta reunión destinada a debatir este proyecto que, por ahora, parece no tener los consensos compactados para la firma de un dictamen que le permita al oficialismo llegar al recinto con tranquilidad. De todos modos, fuentes confirmaron a parlamentario.com que La Libertad Avanza buscaría rubricar el despacho este mismo miércoles para llevar el texto al recinto el 21 de octubre.

La composición de las tres comisiones que forman parte de este debate (Defensa Nacional, a cargo del salteño Carlos Zapata; Legislación Penal que preside Laura Rodríguez Machado; y Relaciones Exteriores, presidida por Juliana Santillán) le permitiría al oficialismo hacerse del dictamen de mayoría con el aval de los aliados del Pro, la Unión Cívica Radical y Adelante Buenos Aires.

Antes de la funcionaria que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, vinieron a la Cámara de Diputados Paula Tadei, también de la Secretaría Legal y Técnica, y Juan Ignacio Strampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía. Ese primer encuentro se vio desbordado por las constantes interrupciones entre Juan Grabois y algunos integrantes de La Libertad Avanza.

El segundo encuentro tuvo predominancia de invitaciones de la oposición, entre las que se destacaron la de Daniel Filmus y Guillermo Carmona, exsecretarios de Malvinas durante el gobierno del Frente de Todos; la de Jerónimo Guerrero Iraóla, abogado que representa al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM); y la del intendente de Punta Indio, David Angueira.

Por su parte, los integrantes de Argentina Federal y Provincias Unidas -bloques de la oposición dialoguista- le dejaron en claro al oficialismo que desean que el proyecto de ley se divida y se trate, por un lado, el régime especial en la zona de Malvinas; y por otro, la reforma integral al sistema de Defensa, Seguridad e Inteligencia.

Los ítems del texto que fueron señalados en Diputados

Presentado por el presidente Javier Milei en cadena nacional, el proyecto tiene como eje central el endurecimiento de las sanciones contra la exploración ilegal de hidrocarburos. Según explicó la secretaria Legal y Técnica, la idea predominante no es la prohibición total, si no la multa seguida de un régimen para que esas inversiones accedan a otros recursos dentro del territorio nacional. Unión por la Patria denunció que “el Gobierno quiere abrirles las puertas de Vaca Muerta a esas empresas”.

El otro punto discrepante es la creación del Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo específico bajo la órbita directa del presidente de la Nación. Este nuevo esquema centraliza las decisiones de Defensa, Inteligencia y Cancillería, otorgando un fuerte control al Poder Ejecutivo. El Gobierno dejó abierta la posibilidad de dar lugar a la creación de una comisión bicameral para el seguimiento de este nuevo organismo -si es que la ley avanza-.

El proyecto Sea Lion es el primer gran yacimiento de petróleo en fase de explotación comercial en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas.

Asimismo, propone modificar la Ley de Defensa Nacional para permitir que las Fuerzas Armadas actúen ante nuevas amenazas externas, tanto estatales como no estatales; e introduce profundas reformas en el Código Penal y el sistema electoral para neutralizar la interferencia extranjera en asuntos internos.

La oposición puso énfasis en rechazar el Título que busca establecer la penalización con hasta 12 años de cárcel a quienes, según la visión del gobierno de Javier Milei, “financien o coordinen campañas de desinformación masiva destinadas a manipular la opinión pública”. En sintonía con esto, se prohíbe de forma estricta el financiamiento y el asesoramiento de origen extranjero dentro de las campañas políticas.

Después del final escandaloso de la semana pasada, el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Legislación Penal retomó el debate de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional con la presencia de invitados de la oposición. La contienda se llevó a cabo en un escenario atravesado por la tensión, pese a que no se dieron episodios como los de la semana pasada.

El tratamiento del proyecto de ley va a continuar este miércoles desde las 11.00 cuando se lleve a cabo el tercer plenario. Será María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica, quien asistirá a la Cámara baja. La funcionaria responde al asesor presidencial Santiago Caputo.

Según supo parlamentario.com, La Libertad Avanza buscará alzarse con el dictamen de este texto el próximo miércoles 14 de octubre para ir al recinto una semana después. La idea es confeccionar un temario junto al proyecto de Ley de Fortalecimiento Permanente de Discapacidad, el Sobreendeudamiento Familiar y la elevación de penas por vandalismo rural.

Zapata fue el moderador del plenario porque Defensa Nacional es la comisión cabecera.

Las exposiciones de los invitados del peronismo 

El primero en tomar la palabra fue Jerónimo Guerrero Iraóla, abogado que representa al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), quienes presentaron el amparo contra el artículo 154 del DNU 70/23 que fue puesto en vigencia por el fallo de la Corte Suprema de Justicia. El letrado calificó al gobierno de Javier Milei de atravesar un proceso de “galtierización” con este proyecto de ley.

Señaló, además, que varios puntos de la iniciativa son “riesgosos para la vida democrática y el Estado de Derecho”, y catalogó a la actividad británica en el Atlántico su como “un saqueo en nuestro archipiélago”. Del mismo modo, añadió que este proyecto “intenta reditar una doctrina de seguridad nacional de los hermanos Milei”.

Por último, Guerrero Iraóla sentenció: “Desde el CECIM pedimos el rechazo de este proyecto de ley por la malversación de la cuestión Malvinas”; sumó que “este Gobierno ha regalado la iniciativa a los británicos en el Atlántico sur”; y concluyó: “Javier Milei es el presidente de la extranjerización de la tierra y la entrega del Atlántico sur”.

En una breve intervención, la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, apuntó contra La Libertad Avanza debido a que Nicolás Mayoraz acusó a través de X que el CELS es “la ONG mercenaria que más fondos ha recibido de Gran Bretaña y los países de la OTAN”. “Mañana escucharemos atentamente al vocero de la rubia Albión”, añadió el santafesino que integra el bloque oficialista.

El kirchnerismo boquea patriotismo pero invita al @CELS_Argentina al Congreso a exponer sobre la ley que defiende nuestros derechos soberanos sobre las Malvinas. Justamente al CELS! La ONG mercenaria que más fondos ha recibido de Gran Bretaña y los países de la OTAN. Que opinará… pic.twitter.com/lehWXos5Ba

— Nicolás Mayoraz (@NicolasMayoraz) October 6, 2026

Entre las intervenciones destacadas estuvo Daniel Filmus, quien entre otros cargos fue secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur entre el 2019 y el 2021. En primera instancia, el exdiputado del Frente para la Victoria afirmó que “no hay urgencia para aprobar esta ley porque vale la pena dedicarle más tiempo para que el debate sea una política de Estado”. Reivindicó a la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental -creada en 1997 por la Ley 24.815- y pidió trabajar “en la posibilidad de tener una política a mediano y largo plazo”.

Al igual que otros expositores, puso el foco la existencia en el acuerdo firmado el 24 de septiembre de 2024 en Nueva York entre la excanciller argentina Diana Mondino y su par del Reino Unido, David Lammy. En tal sentido, remarcó: “No podemos discutir este tema y firmar un tratado conjunto que habilita al Reino Unido ha llevarse a conservación de pesquerías en el Atlántico Sur”.

El tercer ítem cuestionado por el exfuncionario estuvo dirigido a la seguridad interna, en donde señaló que “este proyecto parece redactado por el Reino Unido”. Filmus se mostró muy crítico de que el gobierno de Javier Milei ponga énfasis en la cuestión bélica y consideró que eso “tira abajo todo lo que hemos venido haciendo desde 1994”. Además, añadió que “altera sustancialmente el marco de negociación, para convertirse en un tema de seguridad”.

🇦🇷 HECHOS, NO PALABRAS: el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional va a proteger nuestros recursos, nuestro mar y nuestro territorio.

Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. pic.twitter.com/8CKdETV40T

— Bloque Diputados LLA (@LLA_Diputados) October 6, 2026

En el final de su intervención, el exsecretario de Malvinas durante los primeros dos años del gobierno de Alberto Fernández sostuvo que “de la mano del derecho internacional es que vamos a recuperar la soberanía”. Y concluyó: “la segunda parte de la ley es una ayuda para que el Reino Unido se perpetúe en las Islas Malvinas”.

Al igual que Filmus, Guillermo Carmona fue secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en el período 2021 – 2023. También puso particular atención en la postura del Gobierno: “Se plantea endurecer la relación con el Reino Unido, cuando está el pacto de cooperación Mondino – Lammy”. Asimismo, cargó que “la actual administración durante tres años no hizo nada por Malvinas”.

Sobre otros aspectos, el exfuncionario del Frente de Todos fue contra el RIGI -impulsado por el Gobierno nacional-, y aseveró: “Se han habilitado empresas a operar ilegalmente en la Argentina”. En ese sentido, mencionó a Harbour Energy, Nobel Energy y Trafigura -empresa señalada por Carmona como firma con inversiones en las refinerías de Bahía Blanca-.

Guillermo Carmona fue secretario de Malvinas del 2021 al 2023.

Antes de culminar, manifestó que “hace más de dos años que no funciona el Consejo Malvinas y este Congreso es parte integrante de ese Consejo”. También sostuvo que “el gobierno quiere hacer creer que con este proyecto vamos a recuperar las Malvinas y tiene a (Carlos) Foradori en los organismos internacionales de Ginebra -fue vicecanciller en el gobierno de Cambiemos que le firmó a Gran Bretaña permisos de explotación comercial e hidrocarburífera en presunto estado de ebriedad-”.

Para terminar, Guillermo Carmona señaló que “este proyecto desplaza la cuestión Malvinas porque no menciona ninguno de los elementos del corpus de las organizaciones internacionales”. Y cerró: “Están planteando la posibilidad de utilizar la causa nacional y sagrada para perseguir a los argentinos, y este es un nuevo instrumento que permite la extranjerización de tierras”.

Acaba de ingresar al Congreso de la Nación un proyecto del PEN (Poder Ejecutivo Nacional) denominado Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que pretende impulsar un Sistema de Seguridad Nacional orientado al objetivo constitucional permanente e irrenunciable del pueblo argentino de recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur con los espacios marítimos correspondientes.

Paralelamente, con una reciente licitación internacional para la adquisición de un buque polar promovida por el Ministerio de Defensa, la Argentina se encuentra nuevamente frente a una decisión estratégica. Aunque la necesidad logística es concreta, la cuestión es si esa incorporación se limita a comprar un buque construido en el exterior o si se aprovecha para recuperar capacidad de construcción naval propia.

El 16 de septiembre de 2026, Tandanor informó que recuperó, después de décadas de funcionamiento limitado, la capacidad operativa de su sistema Syncrolift, infraestructura estratégica de 184 metros de largo y 32,90 metros de ancho, con capacidad para levantar hasta 15.000 toneladas. En paralelo, la licitación prevé la adquisición de una unidad polar nueva o usada, con ofertas abiertas entre septiembre y octubre de 2026. La Argentina ya había desarrollado un proyecto de buque polar con ingeniería nacional y participación de firmas especializadas.

Esa licitación se impulsaría ignorando el artículo 15 de la Ley de Industria Naval Nacional, que reserva para los astilleros nacionales las construcciones destinadas a los organismos del Estado. Sobre este buque polar existió un extenso debate en 2018, donde se sostuvo que el país tenía capacidad para construirlo.

Existen capacidades concretas en Tandanor y en Astillero Río Santiago que permiten pensar una construcción nacional, articulando industria, tecnología, empleo y defensa.

Finalmente, en 2019 se aprobó la alternativa de adquirir un proyecto básico de ingeniería en el exterior y construir el buque en la Argentina.

La urgencia operativa es real, pero no necesariamente obliga a resignar una estrategia de largo plazo para recuperar capacidad industrial propia.

El proyecto de ley, bajo el título Consejo de Seguridad Nacional, dedica varios apartados a la coordinación de las distintas áreas de la defensa. A su vez, en el Título III regula la protección de los espacios aeroespaciales, marítimos, fluviales y lacustres, e incorpora un régimen específico para la identificación, planificación y protección de las infraestructuras críticas.

Entonces cabe una pregunta inevitable: ¿los astilleros que construyen buques y plataformas flotantes para la defensa nacional no forman parte de esa infraestructura crítica?

La licitación todavía permite abrir esta discusión. La pregunta de fondo es si la inversión debe servir solo para incorporar un buque o para construirlo aquí y, al mismo tiempo, recuperar capacidad de construir los buques que necesitaremos mañana. Porque cuando ese buque termine su vida útil Argentina habrá cumplido su misión en la Antártida, generado trabajo, ahorrado divisas, desarrollado capacidades autónomas y, muy especialmente, poder nacional.

Más precisamente, construir un buque es, en esencia, construir industria. Cada etapa forma, desarrolla proveedores y recupera conocimientos que después pueden aplicarse a otros buques.

La Antártida necesita capacidad logística, y un nuevo buque polar permitiría complementar el sistema actual. Pero lo más importante es lo que queda en el país después de construirlo: profesionales formados, trabajadores especializados, proveedores y tecnología nacional, en vez de perder capacidades que luego son costosas de reconstruir.

Argentina tiene antecedentes, infraestructura, profesionales y trabajadores capaces de participar en un proyecto de esta magnitud. Por eso, el objetivo debería ser claro: el buque polar que necesita la Argentina debe construirse en la República Argentina, como parte de una política destinada a recuperar capacidades nacionales y poder nacional.

Los buques destinados a defender nuestras Islas Malvinas, el Mar Argentino y nuestra Antártida se deben construir en Argentina.

Construir nuestro propio buque no es solo fabricar acero y tecnología: es construir la capacidad de decidir nuestro propio futuro argentino y marítimo.

La Antártida necesita capacidad logística, pero la Argentina necesita algo más profundo que un buque: necesita volver a creer que puede construirlo.

Un rompehielos comprado afuera cruza el hielo. Un rompehielos construido acá rompe la dependencia.

Cada chapa soldada en Tandanor y en Río Santiago es soberanía que no se importa.

No hay defensa de Malvinas y de la Antártida sin industria que la haga posible. Declarar a los astilleros como infraestructura crítica no es un detalle técnico de esta Ley de Soberanía: es su condición de existencia.

Por eso la disyuntiva es clara: o importamos un buque y exportamos trabajo, o construimos en Argentina y recuperamos poder nacional.

El rompehielos que necesita la Antártida, debe construirse en la Argentina.

Traboulsi es abogado, diplomado en relaciones internacionales, miembro del Instituto de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional; Fundador y Presidente de la Fundación Argentina Azul.

En un debate caldeado, que terminó de manera abrupta, se realizó este miércoles en la Cámara de Diputados la primera reunión informativa de comisiones sobre el proyecto de “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”, enviado por el Gobierno. El clima arrancó tenso desde temprano, no solo por las duras críticas de la oposición hacia la iniciativa, sino por el impacto que tuvo el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras, y la vinculación de ambas cuestiones con la Causa Malvinas.

Precisamente sobre la decisión del máximo tribunal en torno al artículo del DNU 70/23 que dispuso la derogación de la Ley de Tierras, desde Unión por la Patria anunciaron en el arranque del encuentro que pedirán una sesión para derogar definitivamente ese decreto.

Luego de un inicio que anticipaba una jornada intensa, se pasó a la exposición de los funcionarios enviados por el Gobierno: no fueron ni ministros de las áreas involucradas, ni sus segundos. A continuación, arrancaron entonces las intervenciones de diputados, para las que se habían anotado 35 oradores.

Mientras la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman realizaba su intervención, el diputado de UP Juan Grabois fue a increpar al libertario Jairo Guzmán, que interrumpía a la legisladora. La reunión se desmadró y casi se da por levantada por parte del presidente de la Comisión de Defensa, Carlos Zapata. A su lado estaban también Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, presidentas de las otras comisiones competentes: Legislación Penal y Relaciones Exteriores, respectivamente.

Rencauzada la situación, la reunión continuó con una extensa lista de opositores para preguntar y, sobre todo, cuestionar en duros términos el proyecto de ley enviado por el Gobierno.

Pero, tras respuestas de los funcionarios a las consultas, cuando arrancó la segunda tanda de preguntas y fue el turno de hablar de Grabois, la reunión terminó de explotar. En medio de nuevos insultos del líder del Frente Patria Grande, Zapata le pidió “respeto”. Pero, ante los reiterados dardos del opositor, el salteño le apagó el micrófono. “No me apagues el micrófono facho de mierda”, lanzó el diputado de UP y Zapata dio por terminada la reunión, que ya llevaba a esa altura más de cuatro horas.

Carlos Zapata

Más allá del fallo de la Corte, que complicó la agenda parlamentaria del oficialismo, la aspiración de un trámite exprés para este tema se diluyó. Días atrás, la intención de LLA era tener una reunión informativa este miércoles y dictaminar en un plenario siguiente, el 6 de octubre. Sin embargo, el oficialismo recalculó y habrá dos reuniones informativas más, para recién a fines de octubre firmar el dictamen y eventualmente llevarlo al recinto.

No obstante, el debate arrancó con la defensa de los funcionarios, una gran cantidad de críticas de los opositores y un silencio de los aliados del Pro, UCR y otros bloques provinciales, que no hicieron preguntas ni sentaron todavía su posición.

La exposición de funcionarios

Paula Tadei, de la Secretaría Legal y Técnica, aseguró que el proyecto “procura dotar a la República Argentina de un marco normativo integral, permanente, coordinado y eficiente para la defensa de la soberanía, la protección de los intereses vitales, los recursos estratégicos y el fortalecimiento de las capacidades institucionales frente a amenazas a nuestra soberanía”.

“El proyecto de ley es una materialización concreta del mandato constitucional” en su cláusula primera, resaltó, y señaló: “Como lo ha dicho nuestro Presidente, Malvinas no es la causa de un gobierno, es una causa nacional y se necesita de herramientas permanentes”.

En cuanto a la iniciativa, la funcionaria explicó que “se estructura en tres pilares; primero, castigar a quienes explotan nuestros recursos naturales de forma ilegítima; segundo, generar los incentivos necesarios para que los involucrados cesen en esas conductas; y tercero, dotar al Estado nacional de herramientas indispensables para protegerse ante amenazas externas”. Además, sostuvo que “es superador” de la actual Ley 26.659.

A su turno, Juan Ignacio Strampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, ponderó que “se pasa de un régimen que estaba centrado específicamente en los hidrocarburos, mientras que este proyecto amplía su ámbito de aplicación material”, incluyendo la pesca o minería no autorizada, por ejemplo. También se amplía el universo de sujetos alcanzados y se reemplaza la inhabilitación administrativa por un régimen de varias sanciones, indicó.

Centradas ambas intervenciones en el capítulo referido al endurecimiento de las sanciones a empresas que realicen actividades ilegales en la Plataforma Continental Argentina, el funcionario subrayó que “la ley busca proteger los recursos y que las empresas que pretendan explotar estos recursos sin autorización del gobierno argentino, como lo están haciendo algunas en este momento, tengan presente que no solo no van a poder desarrollar ningún tipo de actividad en Argentina, sino que estarán sujetos a multas en algunos montos muy gravosos”.

“Nuestro país lo que pretende es estar en línea con lo que son las sanciones de este tipo a nivel internacional”, añadió e insistió que “la empresa, una vez inhabilitada, va a tener que cesar sus actividades” y además esto “va a implicar la prohibición de contratar no solo con el Estado nacional, las provincias, los municipios, sino con cualquier persona física o jurídica que desarrolle actividades en nuestro territorio”.

Invitado por el oficialismo, también expuso el General Jorge Puebla, secretario de Estrategia y Asuntos Militares, del Ministerio de Defensa.

La intervención de los diputados

En una intervención que se vio interrumpida por una fuerte pelea entre Juan Grabois y diputados libertarios, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman afirmó: “El proyecto me parecía grave, pero con todo lo que han dicho acá y cómo lo han justificado, mi preocupación crece”.

“El fallo de la Corte Suprema les cae totalmente desubicado, como alfajor de pollo”, ironizó y observó que “el Gobierno planeaba, bajo un paraguas de un discurso soberanista sobre las Malvinas, meternos a todos a discutir cuestiones bastantes graves”, pero “nadie puede creer que les importa Malvinas si estás entregando el continente”, en referencia a la derogación de la Ley de Tierras, dispuesta en el DNU 70/23 y repuesta por el reciente fallo del máximo tribunal.

La legisladora también cuestionó que “en 133 artículos no se menciona la palabra Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra” cuando “estamos hablando de una ocupación colonial concreta”. Además, denunció que esto se trata de “un pedido fundamental de Marco Rubio (secretario de Estado de Estados Unidos) o ‘Narco’ Rubio, como yo le digo, para eliminar las barreras entre defensa y seguridad”.

“Este proyecto nada tiene que ver con Malvinas. Se borran las diferencias entre seguridad y defensa, porque lo que no quieren es defender la soberanía, lo que intentan es reforzar un Estado autoritario. Le dan supra poderes al Consejo de Seguridad, que pasa a estar por encima de los tres poderes del Estado”, advirtió.

Después, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro enfatizó que “estamos frente a una farsa, frente a una simulación. ¿Con qué cara vienen a decir que el objetivo es defender nuestra soberanía y nuestros recursos cuando ha quedado totalmente derogada la Ley de Tierras? Porque la soberanía, por supuesto es Malvinas como política de Estado, pero también la soberanía es más amplia, y no un nacionalismo tonto, peligroso y de mecha corta”.

Sobre la iniciativa, el porteño se preguntó: “¿A qué se debe la solicitud de facultades delegadas y excepcionales que están encubiertas dentro del texto en cuestiones sensibles de defensa, soberanía y seguridad nacional?”. “Se le quita al Parlamento la intervención de autorizaciones militares para las fuerzas armadas argentinas, y se pretende otorgar esta facultad solamente al Poder Ejecutivo de una manera totalmente discrecional y peligrosa”, denunció.

Al igual que otros diputados, Ferraro cuestionó la ausencia de los ministros. “¿A dónde está (Pablo) Quirno? ¿A dónde está el General (Carlos) Presti? ¿A dónde están los funcionarios responsables directos de la redacción de este proyecto?”.

Exministro de Defensa, Jorge Taiana expresó que “luego de casi tres años el presidente decidió descubrir que hay un tema en Argentina que se llama Malvinas”. Al igual que otros que observaron que el proyecto no menciona al Reino Unido, el diputado de UP remarcó la ausencia de las resoluciones de la ONU y del Comité de Descolonización en torno al tema.

En ese sentido, consideró que esto se debe al objetivo de “ir alejando el caso de Naciones Unidas y quizás apostar a esa mediación irrisoria que muchos creen que puede realizar el presidente (Donald) Trump, que tiene muchas similitudes con el presidente Milei, sobre todo en la estabilidad emocional y psíquica”.

El también excanciller señaló que la ley parece ser “muy dura” pero “es una farsa”; y apuntó que un solo capítulo está vinculado a Malvinas, mientras que el resto “se refiere a cumplir con lo solicitado por los Estados Unidos en la creación del Escudo de las Américas, eso es el sentido de todos los otros artículos; no tiene nada que ver con Malvinas” sino “la dilución de las diferencias entre defensa, seguridad e inteligencia”. “Es un proyecto que no debiéramos aceptar”, dijo.

Otro extitular de la cartera de Defensa, como Agustín Rossi, aseguró que la iniciativa tiene la “correcta calificación de ‘caballo de Troya’, porque detrás, debajo, dentro de la cuestión de Malvinas, aparecen una cantidad de modificaciones… Hasta modifican la Ley de Partidos Políticos. ¿Qué tendrá que ver la Ley de Partidos Políticos con Malvinas?”. “También es notable que hayan puesto como cabecera a la Comisión de Defensa, porque si queremos recuperar Malvinas será por la vía diplomática. La cabecera tenía que ser la Comisión de Relaciones Exteriores”, opinó.

“Es notable que todavía siga vigente el Acuerdo Mondino-Lammy, que todavía no lo derogaron, que retoma aspectos del Acuerdo Foradori-Duncan, que fue denunciado -más que derogado, denunciado- por nuestro país cuando nuestro compañero de bloque Santiago Cafiero era ministro de Relaciones Exteriores. Pero sigue absolutamente vigente, como siguen vigentes otras cosas”, cuestionó.

Sobre la creación del Consejo de Seguridad Nacional, el santafesino afirmó que “está tomado como referencia del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos”, pero “a diferencia de este, el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos es un consejo asesor del Presidente. Este tiene funciones ejecutivas”. “Aquellos que venían a ‘achicar el Estado’ están generando una estructura burocrática que no sabemos bien cómo va a funcionar”, expresó Rossi.

Especialista en materia de defensa nacional dentro del bloque UP, Agustina Propato consideró que detrás de este proyecto de ley “hay una ley ómnibus”. En el plano legislativo exigió que el texto también tenga giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales y reaccionó a la exposición de Stampalija: “Fue muy pobre”.

“Estamos claramente en algo que contradice de plano a lo que el presidente anunció en cadena nacional, porque esta ley no está orientada a aseverar penas a petroleras que saquean Malvinas, este régimen echa por tierra todo lo dicho, es un señuelo para traer inversiones y es una estrategia para convocar a las petroleras”, cargó. También puso el foco en el Capítulo V que, según su análisis, “trae una amnistía a las petroleras que explotan la Cuenca Malvinas”.

La oposición en la Cámara de Diputados confirmó este miércoles que pedirá una sesión especial para avanzar con la derogación del mega DNU 70/23, tras el polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia que repuso el artículo 154 de dicho decreto, que deroga en su totalidad la Ley de Tierras Rurales.

Así lo anunció el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, en el arranque de un plenario de comisiones que comenzó con el debate del proyecto de "Ley de Defensa de la Soberanía Nacional", relacionado a la Causa Malvinas y enviado por el Gobierno.

Previsiblemente, la reunión se inició con un clima muy caliente por el reciente fallo de la Corte, que consideró que el CECIM La Plata -organización de excombatientes de Malvinas- carecía de legitimación procesal para cuestionar judicialmente la derogación de la Ley 26.737.

Se trata de la misma norma que el Gobierno intentó modificar dentro del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, pero debido a la fuerte presión social y movilización, más la falta de votos, tuvo que dar marcha atrás en el Senado a principios de agosto pasado.

Mientras la oposición más dura se muestra a favor de derogar definitivamente el DNU 70/23, del inicio de la gestión de Javier Milei y que el Senado ya rechazó en marzo de 2024 (pero en Diputados nunca estuvieron los votos), el oficialismo ya evalúa la posibilidad de reinstaurar una legislación para regular la compra de tierras por parte de extranjeros, con el objetivo de salvar el DNU 70/23. Según supo este medio, podría ser “reinstituir un capítulo con restricción mínima” en el proyecto de inviolabilidad que está en la Cámara baja, pero no se puso en debate desde su media sanción. 

Las fechas que se barajan

Según pudo saber este medio, la oposición piensa en realizar una sesión el 15 de octubre con la intención de derogar el DNU 70/23, “porque la gente en la calle ya se expresó y el freno ahora lo tiene que poner el Congreso”, según expresó la diputada Sabrina Selva, coincidiendo con Germán Martínez, que este miércoles por la noche también mencionó esa fecha por C5N. La estrategia opositora sería incluir en esa misma sesión el proyecto sobre Discapacidad, para traccionar el quórum, mientras que La Libertad Avanza pediría el miércoles 14 para debatir los dos temas emplazados el 9 de septiembre: Discapacidad y Endeudamiento. Con la clara y obvia intención de desactivar la sesión opositora para derribar el mega DNU.

El jueves 15 de octubre es la fecha elegida por la comunidad universitaria, otra de las razones por las que la oposición elegiría esa fecha, a fin de aprovechar la movida.

Al pedir la palabra, antes de la exposición de funcionarios, Martínez recordó que la presentación del proyecto de defensa de la soberanía nacional se daba 27 días después de la cadena nacional de Milei, pero aclaró que “venimos en un contexto de muchísima preocupación por el escandaloso fallo de la Corte Suprema de quitarle legitimidad al CECIM La Plata”, con cuyos representantes el bloque opositor se había reunido en sus oficinas esa misma mañana.

En ese marco, el santafesino pidió conocer “en qué contexto y con qué cronograma vamos a estar trabajando”, y tras aclarar que más allá de los funcionarios que venían, advirtió que “hubiera sido importante que estuvieran los ministros abriendo el debate”. Y, de paso, anunció que estarían pidiendo una sesión especial para rechazar el DNU 70/2023.

A continuación, su compañera de bloque Agustina Propato definió el proyecto a debatir como “ley de entrega de la soberanía”, y tras agradecer la presencia de los funcionarios presentes, consideró que eso era “empezar a calentar motores”, ya que estaban “ansiosos” para escuchar a los ministros Pablo Quirno y Carlos Presti, de Relaciones Exteriores y de Defensa, respectivamente, al tiempo que reiteró el pedido de Martínez para que se anunciara el cronograma puntualizando cuándo concurrirían “funcionarios de primer nivel”, como así también expertos convocados por el resto de los bloques opositores.

En ese marco, resaltó el “viraje bien interesante y que celebramos” del presidente de la Nación respecto de la Causa Malvinas, y dijo esperar que demostraran que “esto no es retórica, sino hechos”, pero también cargó a continuación contra la derogación de la Ley de Tierras implícita en el fallo de la Corte Suprema. “Aquellos que somos malvineros de verdad advertimos que con esto, por ejemplo, le estaríamos abriendo las puertas a los ingleses para que vengan a comprar el resto del territorio argentino”, alertó.

Finalmente el titular de la Comisión de Defensa, el oficialista Carlos Zapata, aclaró que escucharían este miércoles a los expositores convocados, y la semana que viene habría dos reuniones informativas con invitados de todos los bloques, para lo cual pidió acotar el número a uno razonable para cada día.

La Cámara de Diputados convocó a debatir el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional el próximo miércoles 30 de septiembre a las 12. Será el plenario que encabeza la Comisión de Defensa Nacional junto a Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.

El texto fue enviado al Congreso el pasado 17 de septiembre tras el anuncio del presidente Javier Milei en la cadena nacional dedicada a la cuestión Malvinas. El espíritu del proyecto de ley apunta a endurecer significativamente las sanciones contra empresas y personas que desarrollen actividades económicas en las islas o en los espacios marítimos e insulares reclamados por la Argentina sin autorización nacional.

Fuentes del oficialismo adelantaron a Parlamentario.com que la primera reunión será informativa, pero la del martes 6 de octubre buscará rubricar el despacho que habilite tratar el proyecto de ley en el recinto el miércoles 7 de octubre junto a Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad y Sobreendeudamiento.

Qué dice el texto

La propuesta deroga la Ley 26.659 y amplía considerablemente su alcance. Mientras la norma vigente estaba centrada principalmente en actividades hidrocarburíferas, el nuevo régimen alcanza a cualquier aprovechamiento de recursos naturales, renovables o no renovables, realizado sin habilitación argentina.

Uno de los aspectos más fuertes del texto es el endurecimiento del esquema sancionatorio. Las multas administrativas para quienes violen la ley irán desde el equivalente a 4.000 hasta 500.000 barriles de petróleo, además de la suspensión o cancelación de habilitaciones y la inhabilitación para operar por un plazo de entre cinco y veinte años.

Asimismo, la inhabilitación tendrá efectos mucho más amplios que en la normativa actual. Los sancionados no podrán desarrollar actividades económicas en el país, perderán exenciones impositivas o previsionales, verán revocadas sus habilitaciones y deberán rescindir contratos que se ejecuten total o parcialmente en la Argentina. También quedarán impedidos de contratar con el Estado nacional, las provincias, los municipios y cualquier persona o empresa radicada en el país.

El proyecto también incrementa las sanciones penales. Quienes realicen tareas de prospección o exploración de hidrocarburos sin autorización en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur o la plataforma continental argentina podrán recibir penas de entre 12 y 15 años de prisión. Para los casos de exploración o explotación de recursos naturales no renovables, las penas subirán a entre 12 y 20 años, mientras que la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos podrá castigarse con entre 15 y 20 años de cárcel.

Otra novedad es que el proyecto habilita la realización de juicios en ausencia para los delitos previstos en el régimen, una herramienta que el Gobierno considera necesaria para superar las dificultades que históricamente tuvo la aplicación efectiva de la legislación vigente frente a empresas y operadores extranjeros.

A la vez, la iniciativa contempla un Régimen de Desistimiento y Regularización destinado a quienes abandonen las actividades prohibidas. El Ejecutivo justifica este mecanismo señalando que el objetivo “no es únicamente sancionar”, sino también desalentar la explotación de recursos naturales bajo permisos otorgados por otro Estado.

Pero el proyecto va mucho más allá de la cuestión Malvinas. En sus restantes títulos crea un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Presidente de la Nación e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Economía, Defensa y Relaciones Exteriores, el titular de la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. Ese organismo tendrá facultades para coordinar políticas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas y de inteligencia vinculadas con la seguridad nacional.

Además, incorpora un régimen de protección de infraestructuras críticas, regula la actuación estatal en los ámbitos aeroespacial, marítimo, fluvial y lacustre, establece nuevas infracciones vinculadas a amenazas a la seguridad nacional y modifica la Ley de Defensa Nacional para ampliar la definición de riesgos y amenazas externas.

El Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), partido que cuenta con dos diputados nacionales, reclamó que "el alcance real" del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional -enviado por el Poder Ejecutivo- "debe ser explicado con claridad".

Mediante un documento, referentes del espacio le pidieron al oficialismo que convoque "a los partidos con representación parlamentaria a una instancia formal de información y diálogo sobre los objetivos, alcances y escenarios contemplados por el proyecto".

A su vez, que se precise en la iniciativa "la intervención del Congreso Nacional en los supuestos en los que la Constitución exige su autorización o aprobación" y se presente "una evaluación integral de los efectos económicos y sociales potenciales de las sanciones previstas, incluyendo posibles represalias comerciales, financieras o diplomáticas".

También, el MID consideró que el Ejecutivo debe exponer ante el Congreso una "evaluación oficial de la relación de fuerzas internacionales y de la posición probable de los principales actores involucrados, diferenciando señales coyunturales de compromisos estratégicos".

Y recomendaron "integrar la política de soberanía con una estrategia sostenida de desarrollo productivo, energético, industrial, científico, tecnológico, logístico y militar, con especial atención al Atlántico Sur y a la Patagonia".

Finalmente, en el documento consideran que hay que "garantizar mecanismos de control institucional y rendición de cuentas que permitan sostener la política de Estado más allá de las administraciones circunstanciales".

"La posición del Movimiento de Integración y Desarrollo parte de una convicción inequívoca: la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas es una causa nacional permanente. Precisamente por ello, su conducción exige prudencia, seriedad institucional y una lectura realista del escenario internacional", sostuvieron en el documento el presidente del Comité Nacional, Juan Pablo Carrique; el secretario General, Edgardo Alifraco; y los diputados nacionales Oscar Zago y Eduardo Falcone.

Desde el partido aliado del oficialismo, remarcaron que es "necesario fijar una posición pública que combine firmeza en la defensa de los derechos argentinos con responsabilidad institucional, realismo estratégico y una perspectiva de desarrollo nacional".

"La causa Malvinas, precisamente por su trascendencia, debe permanecer por encima de las disputas partidarias coyunturales. La unidad nacional que exige esta cuestión, sin embargo, no supone silencio ni renuncia al debate. Por el contrario, una política de Estado duradera requiere información, deliberación democrática y consensos capaces de sobrevivir a los gobiernos de turno", agregaron.

Los dirigentes observaron que "la cadena nacional del 3 de septiembre presentó la respuesta del Gobierno frente a la situación de Malvinas principalmente en términos diplomáticos, económicos, judiciales y legales. El proyecto remitido al Congreso, sin embargo, contiene además un marco amplio de protección aeroespacial y marítima y procedimientos que contemplan el empleo de la fuerza en situaciones determinadas".

Sobre el proyecto, apuntaron que el artículo 62 "regula un procedimiento secuencial y progresivo frente a aeronaves o vectores incursores y contempla, como último recurso, medidas coercitivas que requieren una orden expresa", mientras que el artículo 74 prevé, bajo determinadas condiciones, "la inutilización y, excepcionalmente, el hundimiento de buques, con niveles específicos de autorización". "El proyecto también contempla la organización de un 'Teatro de Operaciones' en escenarios de crisis o guerra", añadieron.

"El MID no cuestiona que una ley destinada a la defensa de la soberanía contemple hipótesis de amenaza y protocolos de actuación. Lo que señalamos es la necesidad de que el alcance integral de la iniciativa sea explicado de manera transparente. La sociedad debe conocer que el proyecto no se limita al régimen de sanciones económicas ni a los instrumentos diplomáticos, sino que establece también mecanismos vinculados a la defensa militar del espacio aéreo y marítimo", sostuvieron.

Además, resaltaron que "cualquier régimen legal que contemple hipótesis de crisis o guerra debe mantener una articulación inequívoca con esas competencias constitucionales. La existencia de procedimientos operativos para responder a amenazas concretas no debería confundirse con una habilitación general para desplazar las atribuciones que la Constitución reserva al Congreso" en su artículo 75.

Por otra parte, expresaron que "en su discurso, el Presidente sostuvo que existen condiciones internacionales más favorables para el reclamo argentino y mencionó expresamente una eventual revisión de la posición histórica de los Estados Unidos. El MID considera prudente distinguir entre señales diplomáticas coyunturales y compromisos estratégicos duraderos. La relación especial entre los Estados Unidos y el Reino Unido tiene una profundidad histórica e institucional que obliga a evaluar con cautela cualquier cambio aparente en ese vínculo".

El diputado nacional Jorge Taiana (Unión por la Patria) consideró que el Gobierno nacional es "contradictorio" en cuanto a la Causa Malvinas, al referirse al discurso que dio el Presidente Javier Milei en la ONU.

"Está bien que haya hecho el reclamo, pero no logra convencer y pierde efectividad", expresó, al señalar que "es contradictorio, porque finalmente luego de tres años toma la posición histórica de Argentina, y habla de Malvinas y de la necesidad de negociación con Reino Unido, pero mientras tanto en dos años y pico no ha hecho nada".

En tal sentido, el excanciller apuntó: "Además, lo combina con una serie de insultos a Naciones Unidas, que es un poco escupir para arriba... Estás pidiendo que lo que planteó en su momento la Asamblea y el Comité de Descolonización tenga un valor, pero después dice que es un organismo que no sirve para nada. Eso resulta en una baja credibilidad".

También, el legislador observó que "mientras él exige a Naciones Unidas una actitud firme con el Reino Unido, la verdad es que Argentina mantiene vigente el acuerdo Mondino-Lammy", el cual dice que "Argentina debe remover todos los obstáculos que impidan el desarrollo de las islas". "Es difícil que nos tomen en serio de esa manera", sostuvo.

Por otra parte, Taiana habló sobre el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que se debatirá en la Cámara baja, y resaltó que las sanciones que se endurecen para empresas que realicen actividades inhabilitadas en Malvinas "en principio son severas o enérgicas, pero todas tienen una puerta trasera o una vía de escape. Si pedís arrepentimiento, decís que no lo vas a hacer más, se te anulan todas las medidas punitivas".

Asimismo, en declaraciones a Radio 10, el exministro de Defensa observó que "han hecho una ensalada" en el proyecto, al afirmar que "logran mezclar lo que Argentina en 40 años de democracia decidió no mezclar, que es defensa, seguridad e inteligencia; esas tres cosas que tienen que estar separadas. Al tiempo que permiten que aumente la inteligencia".

El proyecto de "Ley de Defensa de la Soberanía Nacional", enviado por el Gobierno en el marco de un sorpresivo impulso de la Causa Malvinas, fue girado en la Cámara de Diputados a las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, presididas por los oficialistas Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente.

La iniciativa consta de 133 artículos y, además de la derogación de la actual Ley 26.659 -sobre sanciones en la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina- y cambios al Código Penal, también introduce modificaciones en la Ley de Defensa Nacional (23.554), la Ley de Inteligencia (25.520) y hasta la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos (26.215).

En los días posteriores a su presentación, desde la oposición aparecieron las primeras advertencias sobre el extenso proyecto, referidas a delegación de facultades para el Poder Ejecutivo, atribuciones para las Fuerzas Armadas y una especial atención sobre la creación de un tipo penal referido a la "desinformación", sobre el que ya también han salido a alertar abogados constitucionalistas.

"¿Y esto qué tiene que ver con Malvinas? El proyecto incorpora restricciones a la participación de extranjeros en procesos electorales argentinos", observó el diputado de Unión por la Patria Agustín Rossi, quien puso la lupa sobre distintas definiciones que se incorporan en el texto. "Malvinas no puede ser el caballo de Troya para cambiar todo el sistema de seguridad, defensa e inteligencia", agregó el exministro de Defensa.

Por su parte, desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro puso un manto de sospecha sobre una "amnistía" encubierta a empresas que ya han sido sancionadas e inhabilitadas por operaciones vinculadas a Malvinas, al proponer la derogación de la ley por la cual fueron castigadas.

Entre los artículos que generaron "ruido" desde que se conoció el proyecto -anunciado por cadena nacional por el Presidente Javier Milei el pasado 3 de septiembre- se encuentran dos que forman parte del Título VI, sobre "fortalecimiento ante la influencia extranjera y otras modificaciones".

El artículo 106 incorpora a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos que "las personas humanas extranjeras que no cuenten con residencia permanente en el país y las personas jurídicas extranjeras no podrán realizar actos de financiamiento, organización, dirección o ejecución de actividades de campaña electoral o propaganda electoral".

Por otra parte, el artículo 111 incorpora el artículo 225 bis al Código Penal, con el objeto de establecer penas de prisión de 5 a 12 años para quien "actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, organización o agente extranjero, realizare actividades que procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva; y/o promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes".

"La pena será de 8 a 15 años si la conducta se cometiere mediante amenazas, sobornos, coerción o uso de estructuras criminales", agrega el texto.

Entre sus principales puntos, la iniciativa apunta a endurecer significativamente las sanciones contra empresas y personas que desarrollen actividades económicas en las islas o en los espacios marítimos e insulares reclamados por la Argentina sin autorización nacional.

La propuesta deroga la Ley 26.659 y amplía considerablemente su alcance. Mientras la norma vigente estaba centrada principalmente en actividades hidrocarburíferas, el nuevo régimen alcanza a cualquier aprovechamiento de recursos naturales, renovables o no renovables, realizado sin habilitación argentina.

Otra novedad es que el proyecto habilita la realización de juicios en ausencia para los delitos previstos en el régimen.

Además, se crea un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Presidente de la Nación e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Economía, Defensa y Relaciones Exteriores, el titular de la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. Ese organismo tendrá facultades para coordinar políticas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas y de inteligencia vinculadas con la seguridad nacional.

La diputada nacional Agustina Propato salió al cruce del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por el Gobierno y denunció que la iniciativa contiene lo que definió como una “amnistía para los saqueadores de Malvinas”.

A través de una serie de publicaciones en la red social X, la legisladora cuestionó especialmente el denominado “Régimen de Desistimiento y Regularización” incluido en el texto enviado por el Poder Ejecutivo. Según afirmó, ese capítulo permitiría a empresas que realizaron actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en torno a las Islas Malvinas regularizar su situación a cambio del pago de multas o compromisos de reconversión de inversiones.

“‘Ley Elsztain’ o ‘Ley de amnistía para los saqueadores de Malvinas’. Así debe llamarse la ley de Milei. Es otra ley de blanqueo, dirigida esta vez a las petroleras que explotan nuestros recursos y riquezas en Malvinas”, sostuvo la diputada.

Propato afirmó que, pese a que el Gobierno presentó la iniciativa como un endurecimiento de las sanciones para quienes desarrollen actividades económicas en las islas sin autorización argentina, el proyecto incorpora una vía de escape que permitiría eludir las penalidades. “No hay penas más duras ni multas más caras porque hay un capítulo que es una puerta giratoria para eludir las sanciones”, aseguró.

La legisladora identificó como el punto más controvertido al Capítulo 5 del proyecto, denominado “Régimen de Desistimiento y Regularización”, que permite a los sujetos alcanzados solicitar su incorporación al régimen incluso una vez iniciado el procedimiento sancionatorio o después de impuesta la sanción. Según indicó, allí radica “la treta” que favorecería a las empresas involucradas. El texto fue señalado por la propia diputada en una imagen difundida en redes sociales.

En esa publicación, Propato sostuvo que las compañías podrían “lavarse la cara con una multita de barriles de petróleo” y describió el mecanismo como una suerte de autoinculpación a cambio de extinguir acciones penales e inhabilitaciones. También vinculó esa posibilidad con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al señalar que las empresas podrían luego reorientar sus inversiones hacia el territorio continental argentino.

La diputada comparó la propuesta oficial con la Ley 26.659, sancionada en 2011 para proteger los recursos hidrocarburíferos argentinos en la plataforma continental y las áreas vinculadas a Malvinas. Según remarcó, la norma vigente no contempla mecanismos de arrepentimiento o regularización para quienes desarrollen actividades ilegales.

“Esto es un retroceso absoluto respecto de la ley vigente. En la Ley 26.659 no hay arrepentimiento que borre el delito de saquear nuestros recursos aliados con el usurpador británico”, expresó quien es además vicepresidenta de la Comisión de Defensa, que será cabecera en el plenario que vaya a conformarse para debatir esta norma.

Asimismo, recordó que la legislación actual prohíbe la realización de actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina, prevé penas de prisión de entre cinco y diez años, contempla períodos de inhabilitación para las empresas involucradas y habilita el decomiso de equipos, materiales e hidrocarburos extraídos.

Las críticas de Propato se suman al debate que comenzó a generarse en torno al proyecto oficial, que el Gobierno presentó como una herramienta destinada a reforzar los instrumentos legales para la defensa de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas y los recursos naturales existentes en los espacios marítimos bajo disputa.

1. Deroga la ley vigente sobre explotación de recursos en Malvinas

La iniciativa reemplaza la Ley 26.659 y amplía su alcance más allá de la actividad hidrocarburífera para abarcar cualquier aprovechamiento de recursos naturales sin autorización argentina.

2. Multas mucho más severas

Las sanciones administrativas podrán ir desde 4.000 hasta 500.000 barriles de petróleo equivalentes.

3. Inhabilitación para operar en la Argentina

Los infractores podrán ser inhabilitados entre cinco y veinte años, perder habilitaciones, beneficios fiscales y contratos.

4. Prohibición de contratar con empresas argentinas

No sólo el Estado tendrá vedado contratar con sancionados: tampoco podrán hacerlo personas o empresas radicadas en el país.

5. Penas de hasta 20 años de prisión

La explotación de recursos naturales no renovables y la extracción de hidrocarburos sin autorización podrán castigarse con penas de entre 12 y 20 años de cárcel.

6. Castigo a proveedores y socios

Se incorpora una figura penal para quienes suministren bienes o servicios esenciales a empresas que operen ilegalmente en la zona en disputa.

7. Juicios en ausencia

El proyecto habilita procesos penales aun cuando los acusados no se encuentren a disposición de la Justicia argentina.

8. Régimen de regularización

Las empresas o personas que abandonen las actividades prohibidas podrán acogerse a un esquema de desistimiento y regularización para extinguir sanciones y acciones penales bajo determinadas condiciones.

9. Creación del Consejo de Seguridad Nacional

El organismo será presidido por el Presidente de la Nación e integrado por el jefe de Gabinete, ministros clave, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.

10. Reforma la Ley de Defensa Nacional

La propuesta redefine el concepto de Defensa Nacional e incorpora riesgos y amenazas externas estatales y no estatales, además de la protección de infraestructuras críticas.

El Gobierno nacional formalizó este jueves el envío al Congreso de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa de 133 artículos que el presidente Javier Milei había anticipado durante su cadena nacional dedicada a la cuestión Malvinas y que apunta a endurecer significativamente las sanciones contra empresas y personas que desarrollen actividades económicas en las islas o en los espacios marítimos e insulares reclamados por la Argentina sin autorización nacional.

En el mensaje de elevación, el Poder Ejecutivo define el proyecto como “un hito en la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y un avance legal sin precedentes en la historia de nuestro país”, y sostiene que busca “castigar a quienes explotan nuestros recursos naturales de forma ilegítima; generar los incentivos necesarios para que los involucrados cesen en dicha conducta; y dotar al Estado Nacional de las herramientas indispensables para protegerse frente a amenazas externas”.

La propuesta deroga la Ley 26.659 y amplía considerablemente su alcance. Mientras la norma vigente estaba centrada principalmente en actividades hidrocarburíferas, el nuevo régimen alcanza a cualquier aprovechamiento de recursos naturales, renovables o no renovables, realizado sin habilitación argentina.

Uno de los aspectos más fuertes del texto es el endurecimiento del esquema sancionatorio. Las multas administrativas para quienes violen la ley irán desde el equivalente a 4.000 hasta 500.000 barriles de petróleo, además de la suspensión o cancelación de habilitaciones y la inhabilitación para operar por un plazo de entre cinco y veinte años.

Asimismo, la inhabilitación tendrá efectos mucho más amplios que en la normativa actual. Los sancionados no podrán desarrollar actividades económicas en el país, perderán exenciones impositivas o previsionales, verán revocadas sus habilitaciones y deberán rescindir contratos que se ejecuten total o parcialmente en la Argentina. También quedarán impedidos de contratar con el Estado nacional, las provincias, los municipios y cualquier persona o empresa radicada en el país.

El proyecto también incrementa las sanciones penales. Quienes realicen tareas de prospección o exploración de hidrocarburos sin autorización en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur o la plataforma continental argentina podrán recibir penas de entre 12 y 15 años de prisión. Para los casos de exploración o explotación de recursos naturales no renovables, las penas subirán a entre 12 y 20 años, mientras que la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos podrá castigarse con entre 15 y 20 años de cárcel.

Las multas penales también fueron reforzadas. En los casos más graves podrán alcanzar el equivalente a tres millones de barriles de petróleo. Además, se incorpora una nueva figura para castigar a quienes suministren bienes o servicios esenciales a empresas que desarrollen esas actividades ilegales, con penas de cinco a siete años de prisión.

Otra novedad es que el proyecto habilita la realización de juicios en ausencia para los delitos previstos en el régimen, una herramienta que el Gobierno considera necesaria para superar las dificultades que históricamente tuvo la aplicación efectiva de la legislación vigente frente a empresas y operadores extranjeros.

A la vez, la iniciativa contempla un Régimen de Desistimiento y Regularización destinado a quienes abandonen las actividades prohibidas. El Ejecutivo justifica este mecanismo señalando que el objetivo “no es únicamente sancionar”, sino también desalentar la explotación de recursos naturales bajo permisos otorgados por otro Estado.

Pero el proyecto va mucho más allá de la cuestión Malvinas. En sus restantes títulos crea un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Presidente de la Nación e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Economía, Defensa y Relaciones Exteriores, el titular de la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. Ese organismo tendrá facultades para coordinar políticas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas y de inteligencia vinculadas con la seguridad nacional.

Además, incorpora un régimen de protección de infraestructuras críticas, regula la actuación estatal en los ámbitos aeroespacial, marítimo, fluvial y lacustre, establece nuevas infracciones vinculadas a amenazas a la seguridad nacional y modifica la Ley de Defensa Nacional para ampliar la definición de riesgos y amenazas externas.

El mensaje presidencial enfatiza que la iniciativa busca dar cumplimiento al mandato constitucional sobre la recuperación de las islas y reivindica que “la cuestión de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur constituye una causa nacional y permanente”. En ese sentido, concluye que “las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son y serán argentinas” y define al proyecto como “un paso más, firme y concreto, en ese camino irrenunciable”.

El texto lleva las firmas de los ministros Pablo Quirno, Luis Caputo y Carlos Presti, del jefe de Gabinete Diego Santilli y del presidente Javier Milei.