La Cámara de Diputados volverá a discutir este martes en comisiones el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por el Gobierno, en un contexto marcado por cuestionamientos opositores y crecientes pedidos de modificaciones que también alcanzan a sectores aliados del oficialismo. La falta de consensos hace improbable que la iniciativa logre avanzar hacia la firma de dictámenes en esta nueva instancia.

El plenario conjunto de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto fue convocado para las 15 y dará continuidad a una discusión que comenzó a fines de septiembre. Aquel primer encuentro estuvo atravesado por fuertes cruces políticos y culminó en medio de acusaciones y enfrentamientos verbales entre legisladores de Unión por la Patria y La Libertad Avanza.

La semana pasada, en cambio, el debate transcurrió en un clima más ordenado y contó con la participación de representantes de organizaciones de la sociedad civil, que expusieron objeciones al proyecto oficial. Durante esa jornada, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, defendió la propuesta del Poder Ejecutivo y sostuvo que el objetivo es adecuar el sistema de defensa y seguridad frente a nuevas amenazas externas.

Mientras continúan las discusiones, el oficialismo decidió quitar el proyecto del temario de la sesión prevista para el 21 de octubre. La decisión, impulsada por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, fue interpretada como una señal de que el Gobierno busca ganar tiempo para negociar cambios y acercar posiciones antes de llevar la iniciativa al recinto.

En paralelo, bloques opositores y organismos de derechos humanos mantienen sus críticas al texto. Consideran que varios de sus artículos exceden el objetivo declarado de reforzar la defensa de la soberanía y avanzan sobre áreas sensibles vinculadas a la seguridad interior, la inteligencia y las libertades públicas.

Se lleva la mayoría de las críticas el artículo 111, que prevé penas de prisión para quienes, bajo financiamiento o instrucciones de actores extranjeros, intervengan en procesos destinados a alterar el funcionamiento institucional, influir en elecciones o promover campañas de desinformación. Distintos bloques, incluidos algunos sectores dialoguistas y legisladores cercanos al Gobierno, reclaman directamente su eliminación.

Los detractores de la iniciativa sostienen que la redacción es demasiado amplia y podría generar interpretaciones que afecten la libertad de expresión, la actividad periodística o la crítica política. Desde el oficialismo, en cambio, señalan que la norma busca prevenir acciones de injerencia extranjera y proteger el funcionamiento democrático.

Las observaciones también apuntan a la creación del Consejo de Seguridad Nacional, al alcance de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo, a los protocolos para el derribo de aeronaves y hundimiento de embarcaciones, y a la definición de conceptos como “amenaza externa” o “actividad terrorista”, considerados por la oposición como demasiado ambiguos.

Conforme lo acordado en la reunión del miércoles pasado, fue convocada para este martes una nueva reunión plenaria de las comisiones de Defensa Nacional, de Legislación Penal y de Relaciones Exteriores y Culto para seguir abordando el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

La reunión será con invitados que expondrán sobre la temática y está convocada para las 15.30 de este martes 6 de octubre.

De acuerdo con lo establecido el miércoles, los invitados que podrán exponer serán propuestos por los propios bloques que deberán enviar por mail a la Comisión de Defensa Nacional que preside el diputado oficialista Carlos Zapata (cabecera del plenario) los nombres sugeridos. En el correo enviado a [email protected] deberán detallar el nombre y apellido del expositor, DNI e institución a la que representa. Hay tiempo para hacerlo hasta este lunes 5 de octubre a las 12.

Según se había establecido en la primera reunión, serán dos las reuniones informativas que se convocarán esta semana, esperando que la siguiente sea convocada para el miércoles. Será según la cantidad de inscriptos a exponer que surja de los mensajes que se envíen hasta el lunes.

Qué dice el proyecto de Defensa de la Soberanía

La propuesta deroga la Ley 26.659 y amplía considerablemente su alcance. Mientras la norma vigente estaba centrada principalmente en actividades hidrocarburíferas, el nuevo régimen alcanza a cualquier aprovechamiento de recursos naturales, renovables o no renovables, realizado sin habilitación argentina.

Uno de los aspectos más fuertes del texto es el endurecimiento del esquema sancionatorio. Las multas administrativas para quienes violen la ley irán desde el equivalente a 4.000 hasta 500.000 barriles de petróleo, además de la suspensión o cancelación de habilitaciones y la inhabilitación para operar por un plazo de entre cinco y veinte años.

Asimismo, la inhabilitación tendrá efectos mucho más amplios que en la normativa actual. Los sancionados no podrán desarrollar actividades económicas en el país, perderán exenciones impositivas o previsionales, verán revocadas sus habilitaciones y deberán rescindir contratos que se ejecuten total o parcialmente en la Argentina. También quedarán impedidos de contratar con el Estado nacional, las provincias, los municipios y cualquier persona o empresa radicada en el país.

El proyecto también incrementa las sanciones penales. Quienes realicen tareas de prospección o exploración de hidrocarburos sin autorización en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur o la plataforma continental argentina podrán recibir penas de entre 12 y 15 años de prisión. Para los casos de exploración o explotación de recursos naturales no renovables, las penas subirán a entre 12 y 20 años, mientras que la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos podrá castigarse con entre 15 y 20 años de cárcel.

Las multas penales también fueron reforzadas. En los casos más graves podrán alcanzar el equivalente a tres millones de barriles de petróleo. Además, se incorpora una nueva figura para castigar a quienes suministren bienes o servicios esenciales a empresas que desarrollen esas actividades ilegales, con penas de cinco a siete años de prisión.

Otra novedad es que el proyecto habilita la realización de juicios en ausencia para los delitos previstos en el régimen, una herramienta que el Gobierno considera necesaria para superar las dificultades que históricamente tuvo la aplicación efectiva de la legislación vigente frente a empresas y operadores extranjeros.

A la vez, la iniciativa contempla un Régimen de Desistimiento y Regularización destinado a quienes abandonen las actividades prohibidas. El Ejecutivo justifica este mecanismo señalando que el objetivo “no es únicamente sancionar”, sino también desalentar la explotación de recursos naturales bajo permisos otorgados por otro Estado.

Pero el proyecto va mucho más allá de la cuestión Malvinas. En sus restantes títulos crea un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Presidente de la Nación e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Economía, Defensa y Relaciones Exteriores, el titular de la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. Ese organismo tendrá facultades para coordinar políticas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas y de inteligencia vinculadas con la seguridad nacional.

Además, incorpora un régimen de protección de infraestructuras críticas, regula la actuación estatal en los ámbitos aeroespacial, marítimo, fluvial y lacustre, establece nuevas infracciones vinculadas a amenazas a la seguridad nacional y modifica la Ley de Defensa Nacional para ampliar la definición de riesgos y amenazas externas.

En medio de la polémica generada por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de rechazar la presentación realizada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata contra la derogación de la Ley de Tierras, diputados de Unión por la Patria mantendrán este miércoles una reunión con representantes de esa organización.

El encuentro está previsto para las 11 de la mañana y tendrá lugar minutos antes de que comience en la Cámara baja el debate del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por el Poder Ejecutivo.

Desde la bancada de UP calificaron como “escandaloso” el fallo del máximo tribunal, que consideró que el CECIM La Plata carecía de legitimación procesal para cuestionar judicialmente la derogación de la Ley 26.737, que había sido dispuesta a través del artículo 154 del DNU 70/23.

La reunión buscará expresar respaldo a la entidad de excombatientes, que promovió el amparo contra la eliminación de la denominada Ley de Tierras, una norma que establecía límites a la titularidad y posesión de tierras rurales por parte de extranjeros.

El encuentro cobra especial relevancia por producirse en la antesala del tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, iniciativa que abrió un intenso debate político por sus implicancias en materia de seguridad nacional, protección de recursos estratégicos y política exterior.

A través de la convocatoria, los legisladores de Unión por la Patria reafirmaron su postura en defensa de la propiedad nacional de la tierra y sostuvieron que “la tierra de los argentinos debe permanecer en manos de los argentinos”, vinculando esa consigna con la discusión más amplia sobre soberanía y control de los recursos estratégicos del país.

En un esquema inusual de actividad continua, la Cámara alta celebró sesiones las últimas dos semanas, en las que dio curso a varios de los proyectos que el Gobierno de Javier Milei considera clave, como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal II, entre otros reclamados desde el Ejecutivo.

Allí, como es público y notorio, todavía resta dar cuenta de la que es en realidad la iniciativa que más desvela en Casa Rosada: la eliminación de las PASO. A priori, el proyecto sigue generando resistencias en aliados clave, lo que torna complicado llevarlo al recinto, y además, a juzgar por las advertencias que ha hecho la Cámara Nacional Electoral, se achican los tiempos. Recordemos que la CNE ha advertido sobre la necesidad de que los temas electorales se resuelvan en los años pares. Claro que puede haber excepciones, no siempre esas prerrogativas son atendidas. El caso más reciente fue la suspensión de las últimas PASO, que se votó en el Senado el 20 de febrero de 2025. En extraordinarias, sí, pero en año electoral al fin.

En Diputados el panorama de aquí al final del período ordinario tiene un organigrama que contempla fundamentalmente la ley de leyes, prevista con el tiempo suficiente, cuestión de que pueda aprobarse en el Senado dentro del actual período ordinario. Con viento a favor.

Para las próximas semanas, las autoridades de la Cámara baja diagramaron con los bloques aliados y dialoguistas un esquema que contempla por ejemplo algo que ya está en agenda para esta semana: una reunión informativa sobre el proyecto de ley de defensa de la soberanía. La iniciativa, que llegó al Congreso el 17 de septiembre pasado será analizada en comisiones el miércoles próximo, 30 de septiembre. Será a partir del mediodía, en una reunión informativa de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, presididas por los oficialistas Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente.

La idea es que esa iniciativa tenga dictamen el martes venidero, 6 de octubre, cuestión de poder llevarla al recinto al día siguiente. A priori, cuando el presidente Javier Milei la anunció por cadena nacional, el 3 de septiembre pasado, dio por sentado que esperaba contar con un acuerdo amplio con la oposición para la aprobación de esa ley: “Podemos discutir sobre cualquier otra cosa, pero este tema demanda una pausa, demanda que hagamos nuestras armas a un lado y mostremos un frente unido ante el mundo”, expresó. Y concluyó: “Malvinas es una de esas causas que están por encima de cualquier diferencia política”.

El tema es que si bien no se esperan mayores reparos para lo que son sanciones más severas de las que tenía la ley original sancionada en 2011 -cuestionarán el término “derogación” de la Ley 26.659, en lugar de modificación, pues eso podría hacer caer las sanciones oportunamente dispuestas-, los agregados de ese proyecto son los que albergarán seguramente objeciones. Sucede que el proyecto va más allá del tema Malvinas, pues incorpora un artículo al Código Penal de la Nación que reprime con prisión de 5 a 12 años a quien “actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, organización o agente realizare actividades que alteren procesos electorales o manipulen a la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.

Ya muchos alertaron que estas medidas pueden ser utilizadas como herramientas de persecución contra la prensa. Incluso contra la sociedad civil, con el argumento de la existencia de “agentes extranjeros”. Para el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, el artículo 111 “crea un nuevo tipo penal inspirado en Putin, Orbán, Erdogan, Maduro y Bukele. El objetivo de Milei es tener una herramienta de persecución política penal, bajo la excusa de proteger a la Nación de campañas de desinformación promovidas o financiadas por actores extranjeros”.

Varios juristas y representantes de ONG han advertido sobre la ilegalidad de la medida, lo que hace presumir una discusión intensa en el Congreso que echa dudas sobre la celeridad de su aprobación.

La intención oficial es, como dijimos, llevar el texto a la sesión del 7 de octubre. Y ese mismo día tratarían el nuevo régimen para Discapacidad, que consiguió un trabajoso dictamen para la semana pasada. Deberán estar para entonces las garantías de que lo acordado vaya a figurar en el Presupuesto 2027, eso sí.

Depende de lo que suceda esta semana con los proyectos sobre endeudamiento, el tema podría sumarse a esa sesión. Y no habría que descartar un rápido tratamiento ese mismo día para el proyecto que vuelve del Senado sobre el Banco Central. A priori, eso no está en el organigrama original y debe recibir también dictamen.

Los tiempos del Presupuesto

Como sea, lo más importante a tratarse de aquí hasta fin de año es la ley de leyes, claro está.

Según pudo saber parlamentario.com, las fechas de reuniones informativas sobre el tema son las siguientes: los días martes 13, miércoles 14, martes 20, miércoles 21 y martes 27 de octubre. La fecha del dictamen debería ser el 28 de octubre, reservándose el miércoles 4 de noviembre para la sesión en la que debería tener media sanción.

De cumplirse ese cronograma, les quedarían tres semanas a los senadores para dar cuenta del tema.