El legislador cordobés busca establecer que los proveedores que ofrezcan canales de comunicación telefónica, a distancia o por medios telemáticos deben ofrecer atención humana en el primer menú de opciones para reclamos, gestiones y tramitaciones de los consumidores.
El diputado nacional Oscar Agost Carreño, del bloque Hacemos Coalición Federal, presentó un proyecto para modificar la Ley N°24.240 de Defensa del Consumidor en Argentina. Esta propuesta busca introducir importantes cambios para fortalecer la protección de los derechos de los consumidores en diversas situaciones.
Uno de los puntos clave del proyecto es establecer que los proveedores que ofrezcan canales de comunicación telefónica, a distancia o por medios telemáticos deben ofrecer atención humana en el primer menú de opciones para reclamos, gestiones y tramitaciones de los consumidores. Se permitiría la gestión automatizada si el consumidor lo elige, excepto para consultas que puedan ser respondidas automáticamente de forma unívoca.
Además, se propone establecer una multa para los proveedores que, luego de una sentencia judicial favorable al consumidor, no hayan brindado una respuesta eficaz y adecuada. La multa equivale a tres canastas básicas totales para el hogar tipo 3 según el INDEC, y se suma al capital de condena a favor del consumidor. Entre otras cuestiones, dicha sanción busca evitar cualquier especulación relacionada con la insignificancia del reclamo que pudiera desalentar al consumidor a acceder a la justicia en defensa de sus derechos.
Otro aspecto importante es que, en caso de apelación de una sentencia favorable al consumidor, la apelación se concederá previo depósito del capital, intereses y costas, excepto los honorarios de los profesionales que representan a la parte recurrente, que se abonarán al efecto devolutivo.
El proyecto también prohíbe a los proveedores de bienes y servicios incluir al consumidor en bases de datos de información comercial hasta que no obtengan una resolución administrativa o sentencia judicial favorable a su reclamo.
Acompañaron con su firma los diputados Alejandra Torres, Francisco Morchio, Mónica Fein y Margarita Stolbizer.
La discusión se inició en el marco de un plenario de comisiones de la Cámara alta del que tomaron parte varias figuras invitadas.
Tres especialistas expusieron en el plenario de las comisiones de Derechos y Garantías y de Justicia y Asuntos Penales, sobre el anteproyecto que modifica la ley sancionada en 1993.
Las comisiones presididas por los senadores Julio Martínez (JxC) Oscar Parrilli (FdT), escucharon las exposiciones de Federico Ossola, juez de Cámara de la provincia de Córdoba; Belén Japaze, relatora del Tribunal Superior de Justicia de Tucumán y de Roberto Vázquez Ferreyra, profesor titular de la Universidad Nacional de Rosario.
El primer orador fue el doctor Ossola. Basó su exposición en la respuesta a seis preguntas: por qué modificar la ley; por qué es necesario un código; cuáles son los temas principales del proyecto; cuáles son los lineamientos del proyecto; cómo fue recibido y por qué es necesaria su sanción en tiempo de pandemia.
Ossola destacó que “es necesario modificar la ley porque han pasado casi 30 años de su sanción ya que la realidad ha cambiado. No existía internet a nivel masivo, cambió la forma de producción y de consumo”. Dijo también que “la ley 24240 era buena para su tiempo pero que está desactualizada”.
Al responder por qué es necesario un código, dijo que “esto se encuentra fundamentado en la reforma del Código Civil y Comercial del 2015. Dijo que la tendencia mundial es tener una ley con principios generales que luego permitan las reformas que los tiempos demanden”. Destacó que “el Código de Defensa del Consumidor de Brasil lleva 30 años”.
Destacó que “el proyecto no es de ruptura con lo que existe sino que se agregan figuras nuevas”. Puntualizó que “se realizaron audiencias públicas” y que “no se pretendió aprobar nada a libro cerrado”.
Al definir los lineamientos señaló que “se amplía el concepto de usuario y de consumidor; se potencian los deberes de información y de seguridad. Se destacan los deberes de los Estados de informar, así como la educación para el consumo; se efectúan nuevas formas contractuales; se incorpora un capítulo de crédito para el consumo, se efectúa un nuevo diseño al resarcimiento de daños y se incorpora la protección al sobreendeudamiento de los consumidores”.
La doctora Japaze se refirió al “sobreendeudamiento del consumidor”, contemplado en el anteproyecto. Afirmó que “se trata de una problemática propia del mercado que fue asumida por países de economías estables”. En ese punto, dijo que “el modelo propuesto estará inspirado en el mandato garantista del artículo 42 de la Constitución de 1994” y que “el destinatario debe ser el consumidor persona humana”. Resaltó que “la renegociación va a estar determinada por la actuación de un funcionario que convoque a las partes a sentarse a negociar”.
En último término expuso el doctor Vázquez Ferreyra. Inició su presentación diciendo que “los derechos del consumidor junto con la protección del medio ambiente, son los temas que necesitan tutela en el siglo XXI”. Destacó que “el anteproyecto intenta darle modernidad a la ley ya que en la ley actual el tema de la compra por internet no está regulado”. Subrayó que “hay daños que no son tolerables y en los que la indemnización llega tarde o no sirve. Hay daños que tenemos que evitar que ocurran, si está ocurriendo, que cese, y si ya ocurrió, mitigar su efecto”.
El plenario de comisiones continuará analizando el anteproyecto de reforma de la Ley del Consumidor en próximas audiencias.
