La Comisión de Discapacidad de la Cámara baja se reunió este martes por primera vez desde que el Congreso rechazara el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, y previsiblemente en el inicio de la reunión se hizo referencia a eso, aplausos de los presentes incluidos.

El titular de la comisión, Daniel Arroyo, arrancó enfatizando que “la Ley de Discapacidad es ley y ya hay que ponerla en marcha”, y acotó que el Senado ya envió la comunicación correspondiente al Poder Ejecutivo, por lo que enumeró los pasos a seguir para poner en marcha la normativa. Primero, el jefe de Gabinete debe compensar las partidas presupuestarias, como siempre hace todos los días al no haber presupuesto. En este caso, “tiene que hacer lo que se hace siempre con la obligación de volcar el presupuesto en la Agencia de Discapacidad, para poner en marcha la ley y que la ANDIS ejecute la Ley de Emergencia en Discapacidad, que es muy sencillo -explicó-: Ir para atrás a diciembre de 2023, con el nomenclador, antes de tener 120% de inflación, venir hasta hoy por inflación, descontar en cada prestación lo que sí se ha aumentado y a partir de allí construir un nuevo nomenclador”.

Dijo que se resolverán las auditorías de las pensiones, ya que la ley manda a hacer una auditoría donde están los problemas, y luego se debe respetar tomar como lenguaje la resolución de Naciones Unidas de derechos de las personas con discapacidad para que ningún gobierno puedan maltratar a las personas con discapacidad y sus familias. “Lo que debe imperar es el respeto”, remarcó Arroyo.

Señaló a continuación que “vamos a hacer un seguimiento desde esta comisión para que exista la compensación presupuestaria a la ANDIS y que se ponga en marcha la ley”.

El presidente de la Comisión de Discapacidad abogó por la aplicación de la ley aprobada. (Fotos HCDN)

En primer lugar, pasó a la firma el proyecto de ley que tiene como objeto la creación del “Programa Banco Azul”, destinado a visibilizar y concientizar acerca de los Trastornos del Espectro Autista (TEA), por el cual se promueve la instalación de bancos azules en espacios públicos de paseo y recreación, y medidas específicas inclusivas para personas con TEA. Como autora de la iniciativa, la diputada Eugenia Alianiello (UP) explicó que “no venimos a incluirlos, sino que nosotros debemos incluirnos en su mundo, en su forma de ver la vida, de interpretar los sonidos, ruidos y colores de una forma totalmente distinta a la que estamos acostumbrados”. “Es un proyecto muy sencillo, de poco impacto económico y con un amplio superávit en empatía y amor”, subrayó.

Uno de los proyectos que figuraban en el temario para expresar preocupación por el actual funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad fue retirado a pedido de sus autoras, las diputadas de la CC Victoria Borrego y Paula Oliveto, para que fuera primero a la Comisión de Derechos Humanos.

Otro de los proyectos de ley que avanzó en la reunión apunta a establecer la estructura de gobierno de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), establecida por el Decreto N° 698/2017, con el fin de democratizar su conducción, garantizar la transparencia en la gestión de sus políticas y presupuesto, y asegurar la participación vinculante de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en la toma de decisiones.

Sobre ese tema hubo controversia con quienes desde el oficialismo y sectores aliados sugirieron pasar el proyecto a asesores en lugar de pasar a la firma. Finalmente la iniciativa no prosperó, pero el proyecto tiene cabecera en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que será emplazada a tal efecto. Uno de los autores del texto, el legislador Juan Marino (UP), informó que aceptaron algunos cambios sobre el texto original. Al respecto, señaló que “elaboramos este proyecto en consulta con distintas organizaciones de y para personas con discapacidad y queremos avanzar en el dictamen hoy para luego poder emplazar a la comisión de Asuntos Constitucionales y poder avanzar en el recinto para que la ANDIS funcione como tiene que funcionar”.

A su turno, la diputada peronista Blanca Osuna habló de las auditorías señalando que “no estamos acá cuestionando el sentido del rol del Estado en tanto capacidad y atribución de auditar sus propias políticas. Los planteos son el tenor de las consecuencias que han traído aparejadas esas auditorías”. Y citó como los principales problemas detectados el uso de terminología discriminatoria; problemas de coordinación, la no ubicación de los beneficiarios; citaciones a cientos de kilómetros; y débil participación institucional de las ONG que no fueron incluidas en la planificación y el diseño de esas auditorías. “Hechos gravosos para los intereses y derechos de las personas con discapacidad que fueron afectadas y en algunos casos despojadas de un derecho instituido por el Estado previamente”, señaló.

Victoria Tolosa Paz reclamó que en la próxima sesión se rechace el decreto 843/24, donde dijo que “se metió de fondo la mano de (Federico) Sturzenegger”, e insistió en “voltear en la próxima sesión el decreto infame que permitió este descalabro con las personas con discapacidad”.

En su intervención, Valdés celebró la conjunción de la sociedad civil con la política que se dio durante el debate de la Ley de Discapacidad y planteó invitar a las autoridades provinciales del sector, de manera presencial o vía zoom, para que en la próxima sesión pudieran evaluar cómo es la realidad en cada provincia.

“Estamos planteando, junto a Victoria Tolosa Paz, dejar de lado la suspensiones de las pensiones. ¿Qué pasa con los funcionarios que premiaban empleados para dar de baja pensiones? ¿Van a seguir ahí? Por eso es importante también el proyecto de Juan Marino para reformar la estructura de la ANDIS. Esa gente sigue ahí y tiene que atender a quienes fueron damnificados por su acción criminal. Spagnuolo dijo en los audios que le ordenaban dar de baja las pensiones sin auditorías médica”, señaló, reclamando que “tienen que reincorporar a los que echaron y hay que evaluar la conducta de quienes dieron de baja las pensiones. Para que todos puedan vivir con dignidad”.

Por otra parte felicitó al presidente de la comisión “por el trabajo realizado con la ley de emergencia en discapacidad. Pocas veces ví al colectivo de personas con discapacidad tan cerca del parlamento. Vi el afecto con el cual fue saludado por esas personas y sus familias. Eso emociona”.

A su turno, la diputada de izquierda Vilma Ripoll dijo que “lo que hay que hacer es retomar a los trabajadores que echaron, porque no es lo mismo tomar a uno nuevo, porque después se demoran en resolver las cuestiones porque son nuevos”.

Y cerró preguntándole al Gobierno “cuándo lo van a echar al ministro de Salud. (Mario) Lugones está en todas, y estaba arriba del escenario (el domingo) al lado de Milei, listo para arreglar nuevos choreos… Falta que se lo eche a Lugones”.

Luego, también se firmó el proyecto de resolución de la diputada radical Natalia Sarapura para expresar repudio por las resoluciones de la Agencia Nacional de Discapacidad, que dispusieron la baja de pensiones no contributivas fundadas en auditorías con vicios de procedimiento.

Su correligionario Roberto Sánchez se refirió a su proyecto de resolución sobre un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con presuntas irregularidades en contrataciones realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad.

El único diputado libertario que intervino en el debate fue el tucumano Gerardo Huesen, quien desafiante señaló: “Me da lástima en la comisión que quieran sacar rédito político”. Dirigiéndose a los diputados de UP, advirtió: “Son responsables del peor gobierno de la historia, tienen a su líder política con la tobillera saltando en el balcón… Los ciudadanos están viendo la vergüenza que están haciendo acá, quieren modificar la estructura de la ANDIS, generando desmanes, pero la verdad que dan lástima”.

Otros proyectos tratados

Asimismo, los legisladores avalaron el proyecto de la diputada Ana Carla Carrizo (Democracia para Siempre) para declarar de interés de la Cámara de Diputados de la Nación el XI Congreso Internacional Biomédico sobre autismo y desafíos del neurodesarrollo – Bioactitud 2025, a realizarse del 19 al 21 de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la continuidad, Jorge Chica (UP) explicó el proyecto de ley de su autoría acerca de los automotores para discapacitados - Ley 19279 – que apunta a modificar el artículo 12 sobre identificación con el Símbolo Internacional de Accesibilidad Universal. La norma también logró el acompañamiento de sus pares. “Representa la igualdad de condiciones, siendo un símbolo que nos ayuda a educar, pero sobre todo a concientizar a nuestra sociedad”, afirmó y, en el mismo sentido agregó: “La accesibilidad no es un privilegio, es un derecho”.

Además, los diputados acompañaron el proyecto de declaración, de Victoria Tolosa Paz y Eduardo Valdés, ambos de Unión por la Patria, que expresa que vería con agrado que el Poder Ejecutivo disponga la suspensión temporal de cualquier trámite de baja o restricción de las pensiones no contributivas por invalidez cuando el beneficiario posea un Certificado Único de Discapacidad y/o un certificado médico oficial.

Por último, se avanzó con el proyecto de resolución del diputado Eduardo Valdés de pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con la redirección de los recursos obtenidos por las bajas de las pensiones por invalidez laboral.

Al comienzo de la reunión, se completó la vacante en la vicepresidencia primera de la Comisión siendo designado para el cargo el diputado nacional Alejandro Vilca (PTS-Frente de Izquierda Unidad) tras la renuncia de su par Nicolás Del Caño.

La Cámara de Senadores sesiona desde las 11.11 con un panorama nuevamente adverso para el bloque libertario, que -a priori- poco podrá hacer para defender el veto presidencial contra la Ley de Emergencia en Discapacidad. En caso de que, como todo indica, sea rechazado el veto presidencial, sucederá algo que no se da desde hace 22 años. La sesión arrancó bajo la presidencia de Bartolomé Abdala, ya que la vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel está a cargo del Ejecutivo, por el viaje de Javier Milei a Estados Unidos.

La Ley de Emergencia en Discapacidad ya fue rechazada por la Cámara de Diputados el pasado 20 de agosto con los dos tercios necesarios para tal fin: hubo 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones ese día. El antecedente que el proyecto tiene en la Cámara alta no es nada halagüeño para el oficialismo, ya que allí se convirtió en ley el 10 de julio pasado con 56 votos a favor y ninguno en contra. Unanimidad.

Según se acordó este miércoles en la reunión de Labor Parlamentaria, la insistencia del veto sobre Emergencia en Discapacidad será el primer tema a abordar este jueves. Y el segundo representa otro dolor de cabeza para el Gobierno, pues se trata de una modificación del Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia.

El tema tuvo dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado cuando distintos bloques de la oposición se pusieron de acuerdo y avanzaron con un proyecto unificado. De acuerdo con el despacho, uno de los cambios incorpora el artículo 1 bis a la Ley 26.122, de modo de establecer que los decretos de necesidad y urgencia, los delegados y los de promulgación parcial de leyes “deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente por el Congreso de la Nación”.

"Si la situación invocada requiriera el dictado de normas en más de una materia, cada una de ellas deberá ser objeto de un decreto individual", agrega, con el fin de evitar los "mega" decretos, como fue el DNU 70/2023, con el cual Milei inauguró su gestión.

Otra de las reformas es la incorporación del artículo 21 bis, que indica que “ambas Cámaras podrán abocarse aun durante el período de receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de los decretos”.

Pasados esos dos temas, se tratará una modificación del Régimen de Retiro Anticipado previo a la Jubilación. El tema está dedicado a la planta temporaria afectada a cualquiera de las áreas del Senado, con una antigüedad superior a los 6 años ininterrumpidos.

Quedan para el final dos convenios internacionales. Uno es un protocolo de enmienda al convenio con el Gobierno de la República Francesa, a fin de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal; el otro es un convenio similar, con Austria, para eliminar la doble imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal.

No fue incluida en el temario la interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como pretendía Unión por la Patria.

NOTICIA EN DESARROLLO

La legisladora nacional Victoria Tolosa Paz destacó la “altísima participación ciudadana” en el diseño de una nueva ley de discapacidad, una iniciativa que en caso de obtener luz verde en el Congreso remplazaría a una norma sancionada hace más de tres décadas: “Estamos aquí para escuchar a los protagonistas y tomar nota de cada una de las propuestas y necesidades”, dijo la diputada del Frente de Todos desde Mar del Plata, donde este viernes se realizó un foro de debate sobre la iniciativa legislativa.

El encuentro se desarrolló en la facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar Plata y contó con la presencia, también, de autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que dirige Fernando Galarraga, de la vicedecana de esa unidad académica, Julieta Filippi Villar, y de referentes de entidades y asociaciones civiles y deportivas vinculadas a la discapacidad.

“Estamos recorriendo un camino inédito que tiene que ver con escuchar a los y las protagonistas a lo largo y ancho de todo el país”, sostuvo Tolosa Paz al término del “Foro de participación ciudadana hacia una nueva Ley de Discapacidad”, que tuvo como epicentro al partido de General Pueyrredón, uno de los 8 escenarios de la provincia de Buenos Aires en los que desde hace más de 30 días se debate el armado de un proyecto de ley de manera colectiva y federal.

“Una sociedad se construye debatiendo leyes, pero fundamentalmente con una amplia participación de las familias, de personas con discapacidad, de las instituciones, y de todos aquellos que trabajan todos los días desde los distintos sectores por un Estado que garantice y haga cumplir sus derechos”, se explayó Tolosa Paz, que durante los primeros años en la función pública se desempeñó en la CONADIS -actual Agencia Nacional de Discapacidad-.

“Por todo eso, hoy más que a decir, venimos a escuchar”, completó Tolosa Paz, que semanas atrás también participó de un foro que se realizó en el Instituto Malvinas de la ciudad de La Plata, que marcó el inicio de la puesta en marcha de un esquema de ochos foros regionales simultáneos en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.

La propuesta de construir una nueva Ley de Discapacidad en remplazo de la norma vigente, sancionada hace más de 30 años como ley marco en discapacidad, fue anunciada por el presidente Alberto Fernández durante la apertura de sesiones ordinarias.

Con esa premisa, este año se pusieron en marcha foros de participación ciudadana y audiencias públicas, tanto presenciales como en forma remota, en diferentes regiones del país. En ese marco, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en un trabajo conjunto con la ANDIS, activó ese mismo esquema mediante ocho foros que dieron cobertura regional a los 135 distritos bonaerenses.

“Cambió el paradigma”, resumió Tolosa Paz sobre la demanda social a la que busca dar respuesta la nueva ley: “Cuando éramos chicos, cuando éramos jóvenes, las personas con discapacidad estaban aisladas del contexto de la comunidad y de la sociedad. Hoy la realidad es otra, con plazas que se piensan con perspectiva de accesibilidad, con escuelas que son espacios de inclusión, y eso justamente es lo que queremos construir”.

Frente a ese desfasaje entre la norma escrita hace casi 40 años y una nueva realidad social, cada vez más dinámica, el proyecto busca efectivizar el cambio de paradigma desde el cual se aborda la discapacidad en nuestro país, y consolidar -desde esa perspectiva- un marco normativo que interpele a la sociedad en su conjunto para lograr la inclusión plena.

“Ese paradigma se fue construyendo sin ley, pero con un apoyo enorme de toda la comunidad, que salió a pelear por esos derechos y que luego llevó a la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad”, explicó la legisladora. “Y si bien ese es un paraguas normativo de derecho internacional al que la Argentina adhiere, hoy no contamos con una normativa nacional integral que permita la adhesión de las provincias”, completó.

Del encuentro participaron también la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Marisol Merquel, y la directora de Proyectos de Cuidado y Desarrollo Infantil Temprano de ese organismo, Gloria Naser.