La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por Alejandra Vigo (Unidad Federal-Provincias Unidas), se reunirá este martes a las 14 y tendrá como principal tema el proyecto de reforma de la Ley de DNU -la 26.122-, que fue devuelto por la Cámara de Diputados.

El tratamiento de la iniciativa se dará en un contexto completamente diferente al de dos meses atrás, cuando el texto se aprobó por más de dos tercios de los votos en la Cámara alta, en medio de una seguidilla de derrotas parlamentarias para La Libertad Avanza. Ahora, en cambio, el Gobierno está fortalecido tras las elecciones y en diciembre tendrá un Congreso más violeta.

Alertado por la intención de la oposición de limitar el uso del presidente Javier Milei de la herramienta de los decretos de necesidad y urgencia, el oficialismo no pudo frenar su debate y aprobación en Diputados, pero sí consiguió que se rechace un artículo clave y, además, que en la aprobación general los bloques opositores no lleguen a los dos tercios -necesarios para insistir con la ley en caso de eventual veto-.

El proyecto plantea incorporar y modificar artículos a la ley que regula el trámite parlamentario de los DNU, los decretos delegados y los de promulgación parcial de leyes; una norma sancionada en 2006 por impulso de la entonces senadora Cristina Kirchner.

Según la propuesta, los decretos deberán versar sobre una única materia y podrán ser tratados de inmediato por las cámaras aún en receso parlamentario.

Uno de los cambios centrales es que se considerarán aprobados con el voto de ambas cámaras, mientras que el rechazo de una bastará para que queden sin efecto (hoy es al revés, es decir, existe la sanción ficta para darlos por válidos).

Otro de los artículos clave es el que establece un plazo de 90 días para su tratamiento. Éste se cayó en la votación en particular en la Cámara baja y el Senado deberá definir si acepta ese cambio o ratifica su versión.

Por otra parte, el temario de la Comisión de Asuntos Constitucionales incluye una serie de proyectos de comunicación al Poder Ejecutivo, sobre pedidos de informes y reclamos para la reglamentación de distintas leyes de salud sancionadas en la gestión anterior.

El oficialismo respiró este miércoles en la Cámara de Diputados luego que un artículo clave del proyecto que modifica la Ley 26.122, que reglamenta los DNU, resultara rechazado, lo que provocó la vuelta del texto al Senado -que podrá insistir con la redacción original o no-.

En la votación en general, la iniciativa recibió 140 votos afirmativos. Estuvo a 18 de los dos tercios de los presentes.

Las voluntades a favor fueron 95 de Unión por la Patria, 12 de Encuentro Federal, 9 de Democracia para Siempre, 6 de la Coalición Cívica, 5 del Frente de Izquierda, 4 de Coherencia, 4 de la UCR (Karina Banfi, Julio Cobos, Fabio Quetglas y Roberto Sánchez), 3 del Pro (Héctor Baldassi, Sofía Brambilla y Álvaro González) y 2 del MID.

En tanto, los 80 negativos correspondieron 35 a La Libertad Avanza, 29 del Pro, 6 de Liga del Interior, 2 de Futuro y Libertad, 2 de Por Santa Cruz, 2 de Producción y Trabajo, los dos radicales mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay, la tucumana Paula Omodeo y el fueguino Ricardo Garramuño.

Las 17 abstenciones fueron de los radicales Atilio Benedetti, Gabriela Brouwer de Koning, Carla Carrizo, Gerardo Cipolini, Rodrigo De Loredo, Roxana Reyes, Natalia Sarapura y Martín Tetaz; de los 4 misioneros de Innovación Federal, Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik; de los chubutenses que responden al gobernador Ignacio “Nacho” Torres, Jorge “Loma” Ávila (EF) y Ana Clara Romero (Pro); y de la santafesina que responde a Maximiliano Pullaro, Melina Giorgi (DpS). También Mario Barletta (Unidos) y Ricardo López Murphy (RU).

Además, en la votación en general hubo una veintena de ausentes: 4 de IF, 3 UP, 3 DpS, 3 Independencia, 2 Pro, 2 EF -el entrerriano Francisco Morchio -bajo órdenes del gobernador Rogelio Frigerio- y la cordobesa Alejandra Torres- y 1 MPN. Por La Libertad Avanza no estuvieron María Celeste Ponce y José Luis Espert (licencia).

Los cambios a la hora de votar el artículo 3

El artículo 3 del dictamen, que establecía que los decretos “se considerarán aprobados cuando así lo dispongan expresamente ambas Cámaras por la mayoría absoluta de los presentes, en un plazo de 90 días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial”, resultó rechazado por 127 votos a favor, 90 en contra y 17 abstenciones.

De afirmativo en general a negativo en el artículo 3 pasaron Héctor Baldassi (Pro), Carlos D’Alessandro (Coherencia), Eduardo Falcone (MID), Álvaro González (Pro), Gerardo González (Coherencia) y Oscar Zago (MID).

De afirmativo a abstención lo hicieron Karina Banfi (UCR), Victoria Borrego (CC), Marcela Campagnoli (CC), Juan Manuel López (CC) y Fabio Quetglas (UCR).

De abstención en general a negativo el artículo 3 pasaron Jorge “Loma” Ávila (EF), Sofía Brambilla (Pro), Melina Giorgi (DpS) y Ana Clara Romero (Pro).

De abstención a afirmativo pasó Mario Barletta (Unidos). Mientras que afirmativo a ausentarse lo hicieron Tanya Bertoldi (UP) y Facundo Manes (DpS); de la abstención a la ausencia Ricardo López Murphy (RU); de negativo a ausente Gabriel Chumpitaz (FyL); y de ausente en general a negativo en el artículo 3 Silvia Lospennato (Pro).

Durante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, que fueron emplazadas en la última sesión, miembros de la oposición ratificaron su posición a favor del proyecto con media sanción del Senado que prevé la reforma de la Ley de DNU (N°26.122), con el fin de limitar su uso abusivo por parte del presidente Javier Milei.

En el encuentro que se llevó a cabo este martes -la firma de los despachos será dentro de una semana- aliados de La Libertad Avanza rechazaron una modificación de este tipo ante un Gobierno con significativas minorías parlamentarias. Por su parte, ningún integrante del oficialismo se refirió al tema, cuestión que pone en alerta al Poder Ejecutivo y buscará frenar con ayuda de los gobernadores. En el Senado, la media sanción salió con más de dos tercios de los votos.

En el arranque de la discusión, la diputada de Unión por la Patria Mónica Litza recordó que el año pasado se alcanzó en la Cámara baja un dictamen que finalmente no llegó al recinto y, por eso, "es muy bueno que el Senado lo haya podido hacer; es una media sanción que va absolutamente en línea con lo que habíamos dictaminado".

Sobre la norma, la massista señaló que "lo que debía ser un excepción y un control del presidencialismo se ha convertido lamentablemente en la regla, sobre todo para este Gobierno". "Hay una desproporcionalidad entre el procedimiento de creación de leyes y los DNU", dijo e insistió que "debemos hacer todo lo posible para lograr la modificación de este instrumento mal usado por el Gobierno".

Para la legisladora de UP, esta reforma hará "fortalecer la división de poderes y el sistema democrático". "Tomar decisiones en forma unipersonal, dejando de lado lo colectivo, a corto o mediano plazo trae más complicaciones", advirtió.

Mónica Litza

A continuación, el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo manifestó: "Nosotros cuestionamos fuertemente esos atributos de monarca sin corona que tiene hoy el Poder Ejecutivo". Sobre la gestión de Milei, sostuvo que "ha hecho no uso y abuso de un DNU, sino una suerte de reforma constitucional de hecho" con el DNU 70/23 "pero que, sin embargo, raramente está en vigencia". Sobre ese mega decreto que inauguró la administración libertaria y fue rechazo únicamente por el Senado, aseveró que "tiene que ser tratado inmediatamente".

Presidenta de la Comisión de Peticiones, la macrista Silvia Lospennato celebró que "el sector político que impulsó esta ley admita que es inconstitucional, porque nuestro espacio político, el Pro, viene sosteniendo que es inconstitucional desde el primer día". "Cuando algunos están en el gobierno promueven normas que los favorecen y cuando están en la oposición la quieren cambiar", cuestionó.

Remarcó que a lo largo de estos años, desde el bloque amarillo se presentaron una docena de proyectos -uno incluso de Patricia Bullrich-, y que todos ellos "consideran que no puede haber sanción ficta". En el cierre de una extensa intervención, la legisladora que protagonizó una fuerte pelea con Cristian Ritondo dentro del recinto en la última sesión expresó: "Sin comprarme el republicanismo repentino de los que usaron y abusaron de esta ley durante tantos años; sin comprarme la hipocresía de los que dicen una cosa y cambian de opinión cuando nos les conviene la norma, yo quiero ser coherente con lo que mi partido a lo largo de 20 años ha sostenido en este Congreso".

Además de un cruce que tuvo con Litza, la diputada de Democracia para Siempre Carla Carrizo salió a responderle a Lospennato: "Me parece grave decir que la ley es inconstitucional, hay sí un debate constitucional, pero no hay un fallo de la Corte Suprema que diga que es inconstitucional". Y recordó que "pasaron seis gobiernos y todos los presidentes la utilizaron". "No se puede dejar instalado eso porque no es correcto legalmente", agregó.

A su turno, el jefe del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, dijo que compartía "todos los argumentos críticos" hacia la ley y opinó que "es una insensatez que un decreto tenga una exigencia parlamentaria menor que una ley".

Según cifras aportadas por el cordobés, "(Carlos) Menem dictó aproximadamente 195 DNU, (Fernando) De la Rúa unos 70, (Eduardo) Duhalde unos 150, Néstor (Kirchner) fue el campeón con unos 250, Cristina (Fernández de Kirchner) a pesar de todos sus años (en la presidencia) fue una de las que menos lo usó, con 80; Mauricio Macri unos 70, Alberto Fernández unos 150 y Javier Milei lleva cerca de 70". Pero, al comparar las composiciones parlamentarias que cada gobierno tuvo, apuntó que el actual "no dispone de mayorías ni en la Cámara de Senadores ni de Diputados".

En su intervención, el radical aseguró: "Creo, desde el punto de vista jurídico, que aplicar un estándar de exigencia constitucional, o legal, o de rigurosidad legal, de una forma tan selectiva a un espacio político que carece de fortalezas políticas en Diputados y en Senadores, y que tiene una incoherencia, ya no con la trayectoria, sino con los contextos políticos e institucionales que tuvieron otros presidentes, es ante todo una postura antijurídica".

"En términos políticos, un accionar de estas características, con esta inequidad en su aplicación, es cuanto menos una acción que tiene por lo menos aspectos desestabilizadores, por un lado. Y por otro, paradójicamente, incluso a quienes son más opositores a este Gobierno, creo que sigue abonando al Gobierno la posibilidad de utilizar estos argumentos como excusa o chivo expiatorio para no hacerse cargo de los propios errores que va cometiendo", añadió.

Rodrigo de Loredo

Aliado de LLA, el catamarqueño de Liga del Interior Francisco Monti sostuvo que había habido durante la jornada “mucha argumentación de contexto político, y escasos planteos de orden constitucional”. Reconoció abrazar “una doctrina minoritaria” respecto de la constitucionalidad de los DNU y, en ese sentido, indicó que si bien los decretos de necesidad y urgencia no son leyes, tienen idénticos efectos que las leyes, “surten efectos similares a los de las leyes y mal puede interpretarse que el Congreso por inacción pueda producir efectos jurídicos derogatorios por el mero paso del tiempo”, en referencia a una de las modificaciones que se plantean.

Desde Democracia para Siempre, el diputado Fernando Carbajal afirmó que disentía con su compañera de bloque Carla Carrizo y sí coincidía con Lospennato en que la Ley 26.122 "es inconstitucional" porque "no hay dudas para el constitucionalismo que el procedimiento adoptado quiebra las bases y el espíritu" de la Constitución.

"El 80% o 90% de los DNU dictados por todos los presidentes no satisfacen el requisito de urgencia", resaltó y diferenció que sí estuvieron bien justificados los primeros dictados por Alberto Fernández al comienzo de la pandemia. No obstante, "todos los gobiernos han naufragado en la ilegalidad y el abuso", observó.

Nuevamente hablándole a Lospennato, el formoseño manifestó: "Yo tampoco me compro la vocación republicana de los compañeros del justicialismo, pero no importa, porque estoy convencido que estos límites son necesarios".

Desde el Pro, pero más precisamente bajo el ala de Patricia Bullrich, la diputada Silvana Giudici rechazó la reforma. "A los diputados que hablan de mantener la coherencia y alguno por ahí que hablaba del velo… hay que aclarar que aquí no hay que tener ninguna duda y hay que entender los contextos: si a un gobierno que tenía la suma del poder público se le otorgó la ley que reglamenta los DNU (por los Kirchner), no se modificó en su momento ni la aprobación ficta, ni las facultades delegadas, siguieron legislando con superpoderes y emergencia permanente, llega un gobierno distinto, sin estructura política, casi sin partido político, sostenido por un conjunto de diputados del presidente que hoy gobierna, y algunos que tenemos una alianza electoral en los principales distritos, y entonces sí se acuerdan de derogar los DNU, las facultades delegadas, quiero decirles que el rol del Congreso está perfectamente ejecutado en este período”.

Sobre eso, apuntó que “somos parte de una cámara que ya ha rechazado 5 DNU de este Gobierno y ha ratificado una insistencia, derogando y rechazando dos vetos del presidente en ejercicio”. “Vos no podes analizar una modificación en un contexto donde la mayoría abrumadora está haciendo cumplir el rol original de este Congreso, que es el de control de los actos de gobierno. ¿Dónde está la urgencia de modificar la Ley de DNU que se negó tantas veces? Desde el Pro sostenemos que para esto no nos cuenten”, sentenció.

En el cierre, el jefe de UP, Germán Martínez, mencionó a los senadores de la UCR y el Pro que votaron a favor del proyecto. "¿Todos estos son golpistas? Porque todos votaron esta media sanción. O no se comunican entre ustedes, o se arrepienten, o juegan a dos puntas...en el Senado de la Nación avanzan y acá quieren demorar", remarcó. Y pidió "no buscar excusas para no avanzar". "Cuando se analiza la historia nunca hubo un DNU como el DNU 70 y tantas materias afectadas por un decreto de necesidad y urgencia como por ese", completó.

La media sanción del Senado propone que los DNU deban versar sobre una única materia y que podrán ser tratados de inmediato aún en receso parlamentario. Uno de los cambios centrales es que serán aprobados con el voto de ambas cámaras, mientras que el rechazo de una bastará para que queden sin efecto (hoy es al revés). También podrán caer si no se tratan dentro de un plazo de 90 días.

En un nuevo revés para el oficialismo, la oposición aprobó -a mano alzada- en la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados el emplazamiento a comisiones para el debate y dictamen del proyecto con media sanción que busca reformar la Ley de DNU, con el objetivo de limitar el uso arbitrario de esta herramienta por parte del presidente Javier Milei.

La iniciativa que ya fue aprobada en el Senado comenzará a tratarse el próximo martes 23 a las 12 en un plenario de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, presididas por Nicolás Mayoraz (LLA) y Silvia Lospennato (Pro), respectivamente. En tanto, el martes 30 a las 14 las comisiones deberán emitir dictamen.

En una primera instancia se votó nominalmente para tratar sobre tablas el tema, lo que requería los dos tercios. Tras no lograrlo, pues resultó negativo con 142 votos a favor y 88 en contra, se votó a mano alzada el emplazamiento de comisiones.

Quien presentó el pedido de emplazamiento fue el diputado de Unión por la Patria Diego Giuliano, quien consideró que el mecanismo de validación de los decretos presidenciales “ha perdido toda sustentabilidad, yo diría teórica y hasta práctica; y ha perdido hasta la razonabilidad republicana, sucede algo muy parecido a lo del veto”.

“El mecanismo de la Ley 26.122 ha colapsado durante este mandato, sobre todo con el DNU 70/23, que fue una reforma constitucional encubierta, donde hubo más de 80 leyes derogadas y 150 normas que se modificaron”, agregó.

El massista resaltó que los DNU son una herramienta que “hoy se está usando abusivamente por parte del Ejecutivo”. “La justicia está llegando incluso antes que el Congreso, ya ha declarado inconstitucional muchos de los DNU”, apuntó.

El año pasado, también por emplazamiento de comisiones, la oposición en Diputados había intentado aprobar una reforma a la Ley de DNU, pero luego no llegó al recinto. En ese momento, el presidente Javier Milei dijo que la “vetaría” porque significaría un “golpe institucional”.

Semanas atrás, en el contexto de mayor debilidad del Gobierno desde su asunción, la oposición más dura y la llamada dialoguista se pusieron de acuerdo en el Senado y aprobaron por más de dos tercios un proyecto en este sentido.

La iniciativa con media sanción incorpora el artículo 1 bis a la Ley 26.122, de modo de establecer que los decretos de necesidad y urgencia, los delegados y los de promulgación parcial de leyes "deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente por el Congreso de la Nación".

"Si la situación invocada requiriera el dictado de normas en más de una materia, cada una de ellas deberá ser objeto de un decreto individual", agrega, con el fin de evitar los "mega" decretos, como fue el DNU 70/2023, con el cual Milei inauguró su gestión.

Otra de las reformas es la incorporación del artículo 21 bis, que indica que "ambas Cámaras podrán abocarse aún durante el período de receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de los decretos".

Una de las cuestiones centrales es la modificación del artículo 22, el cual se refiere al aval de los decretos por parte del Congreso. Los mismos se considerarán aprobados "cuando así lo dispongan expresamente ambas Cámaras por la mayoría absoluta de los presentes, en un plazo de noventa 90 días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial". Actualmente, con el voto a favor de una sola cámara basta para que un decreto se ratifique, mientras que para ser anulado debe ser rechazado en ambas.

El texto añade que una vez votado en una cámara, dentro de las 48 horas deberá comunicarse el pronunciamiento a la otra.

En cuanto al artículo 24, la nueva redacción indica que "el rechazo del decreto por una de las Cámaras del Congreso de la Nación, o el vencimiento del plazo previsto en el artículo 22°, implicará su derogación", esto "quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia".

Además, "rechazado un decreto de necesidad y urgencia, o de delegación legislativa, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario.

La reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado pasó un tanto desapercibida mientras en la Cámara de Diputados, el pasado miércoles 20 de agosto, se trataba un amplio temario. Pero lo resuelto después de ese encuentro genera otra propuesta que pone en alerta al Gobierno: la reforma de la Ley de DNU.

Distintos bloques de la oposición se pusieron de acuerdo y avanzaron con un proyecto unificado, cuya letra se conoció después de la sesión que hubo el jueves 21 en la Cámara alta, donde el oficialismo se anotó una nueva seguidilla de derrotas parlamentarias.

El tema intentó tratarse el año pasado en la Cámara de Diputados, cuando se emplazó a comisiones para dictaminar, pero nunca logró llevarse al recinto. Incluso por esos días, en octubre de 2024, el presidente Javier Milei salió a rechazar la idea y no dudó en decir que si fuera ley la vetaría, porque pese a no tratarse de una norma con costo fiscal, la considera "un golpe de Estado".

Ahora, la iniciativa por reformar la ley de la que fuera impulsora -cuando fue senadora- la expresidenta Cristina Kirchner viene con chances en el Senado y pronto podría debatirse en el recinto.

La transversalidad para avanzar en una modificación de la Ley 26.122, con el objetivo de limitar el uso que hace el Poder Ejecutivo de la herramienta de los decretos, se vio plasmada en las firmas que recogió el dictamen: Alejandra Vigo y Juan Carlos Romero, de Provincias Unidas; la larretista Guadalupe Tagliaferri; los radicales Eduardo Vischi, Flavio Fama y Pablo Blanco; la rionegrina Mónica Silva; y José Neder, Mariano Recalde, Florencia López, Silvia Sapag y Daniel Bensusán, todos de Unión por la Patria.

De acuerdo al despacho, uno de los cambios incorpora el artículo 1 bis a la Ley 26.122, de modo de establecer que los decretos de necesidad y urgencia, los delegados y los de promulgación parcial de leyes "deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente por el Congreso de la Nación".

"Si la situación invocada requiriera el dictado de normas en más de una materia, cada una de ellas deberá ser objeto de un decreto individual", agrega, con el fin de evitar los "mega" decretos, como fue el DNU 70/2023, con el cual Milei inauguró su gestión.

Otra de las reformas es la incorporación del artículo 21 bis, que indica que "ambas Cámaras podrán abocarse aun durante el período de receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de los decretos".

Una de las cuestiones centrales es la modificación del artículo 22, el cual se refiere al aval de los decretos por parte del Congreso. Los mismos se considerarán aprobados "cuando así lo dispongan expresamente ambas Cámaras por la mayoría absoluta de los presentes, en un plazo de noventa 90 días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial". Actualmente, con el voto a favor de una sola cámara basta para que un decreto se ratifique, mientras que para ser anulado debe ser rechazado en ambas.

El texto añade que una vez votado en una cámara, dentro de las 48 horas deberá comunicarse el pronunciamiento a la otra.

En cuanto al artículo 24, la nueva redacción indica que "el rechazo del decreto por una de las Cámaras del Congreso de la Nación, o el vencimiento del plazo previsto en el artículo 22°, implicará su derogación", esto "quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia".

Además, "rechazado un decreto de necesidad y urgencia, o de delegación legislativa, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario.

Diputados del bloque comandado por Miguel Pichetto, el radicalismo díscolo, Unión por la Patria y el santacruceño Sergio Acevedo incomodan al oficialismo con un pedido de sesión para el próximo martes a las 15, con el fin de tratar la reforma a la ley que regula el trámite de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso. Además, con la expectativa de rechazarlo, el temario incluye el DNU 846/24 sobre canje de deuda.

Días atrás estos bloques alcanzaron un dictamen consensuado en comisiones, a las que se emplazaron en la última sesión, para modificar la Ley 26.122 -diseñada por Cristina Kirchner senadora en 2006- y recortar así el poder del presidente Javier Milei y sus sucesores en el uso excesivo de DNU.

Sumando a todos los integrantes de los bloques que realizaron el pedido, más el santacruceño Acevedo (que se ha diferenciado en ocasiones de su compañero de bloque José Luis Garrido), los opositores reúnen 128, uno menos de los 129 que se requieren para el quórum. Será clave si bajan al recinto los miembros del Frente de Izquierda o la Coalición Cívica, que tiene su propio dictamen sobre el tema.

El oficialismo, de acentuada minoría en ambas cámaras, rechaza de plano una reforma de este tipo. Además, Milei ya anticipó que si la norma se aprueba la vetará, al considerar que tiene la intención de realizar "un golpe de Estado".

El Pro, aliado de La Libertad Avanza y clave con sus votos ante un eventual sostenimiento del veto -como lo fue en jubilaciones y universidades-, todavía no definió su posición. Con miradas divididas, pues hay miembros de esa bancada que en el pasado propusieron lo mismo, los legisladores integrantes de las comisiones optaron por no firmar ningún despacho.

Además del dictamen de la mayoría de UP, DpS y EF, hubo otros tres dictámenes de minoría: el de LLA, de rechazo, al que no adhirieron sus socios amarillos; el de la Coalición Cívica y el de la Unión Cívica Radical, encabezado por Karina Banfi.

Para la media sanción de la reforma de la Ley 26.122 se requieren 129 votos (mayoría absoluta), mientras que en el caso del rechazo del DNU de canje de deuda es por mayoría simple. Desde el entorno de los impulsores de la sesión se muestran confiados: "Creemos tener todo en orden".

El dictamen de mayoría sobre la modificación a la Ley de DNU consta de cinco artículos. Entre ellos establece que los decretos "perderán vigencia si no fueran aprobados mediante resolución de ambas Cámaras del Congreso en un plazo de 90 días corridos contados desde su publicación".

Además, cuando los decretos sean dictados durante el periodo de receso parlamentario "las Cámaras podrán abocarse a su expreso e inmediato tratamiento conforme al artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional".

Uno de los cambios centrales es que "el rechazo por alguna de las Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia". Actualmente, para ser rechazado un DNU necesita ser votado en ese sentido tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, tal como ocurrió con el decreto sobre los fondos millonarios para la SIDE, el primero en ser volteado por el Parlamento.

Finalmente, el proyecto indica que "rechazado un decreto, el Poder Ejecutivo no podrá dictar uno análogo en el mismo período parlamentario".

Por otra parte, mediante el DNU 846/24, incluido en el temario de la sesión, el Poder Ejecutivo habilitó el canje de títulos de deuda en cualquier moneda sin los requisitos estipulados por la Ley de Administración Financiaera (mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales) y sin que se requiera autorización del Congreso.

Tras el pedido de la oposición, el oficialismo podría convocar a otra sesión con temario propio, para el miércoles 13, un día después. El proyecto de "ficha limpia" para impedir que condenados por corrupción puedan ser candidatos en las elecciones sería uno de los principales temas. En esa fecha podría confirmarse la condena contra CFK en la causa Vialidad.

Al término de su intervención en el 60º Coloquio de IDEA, el presidente de la Nación, Javier Milei, fue consultado por el potencial avance del proyecto de ley que pretende reformar la Ley 26.122 sobre el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia -DNU- y anticipó que "obviamente" lo va a vetar.

Como con los textos de movilidad jubilatoria y el financiamiento universitario, el jefe de Estado volverá a hacer uso de la facultad constitucional establecida en el artículo 80 de la Carta Magna. En un video grabado por un cronista de C5N, Milei acusó a la oposición de que “en el fondo están queriendo hacer un golpe de Estado”, y cuestionó: “Esto es cambiar las reglas (modificar la ley) a mitad de camino ¿A vos te parece que es normal eso?”.

Pese a haber avisado que solo vetaría a los proyectos de ley que afectaran al equilibro fiscal, el presidente fue directo y confirmó que va a vetar totalmente la iniciativa impulsada por la oposición dialoguista que pretende modificar los plazos de vigencia de los decretos presidenciales, qué temas pueden ser modificados e invertir el tratamiento en las cámaras: Que se apruebe por el voto de las dos, pero se rechace del todo por la negativa de una.

Por otro lado, se refirió a la salida de Eduardo Rodríguez Chirillo de la Secretaría de Energía de la Nación, y la posterior designación de María Tettamanti: “Trabajamos regularmente con el presidente (Mauricio) Macri”. La aclaración se debió a que la nueva funcionaria es del riñón del titular del Pro.

Finalmente, el presidente respondió cuestiones sobre el conflicto que mantiene hace días con la comunidad universitaria y los planes de lucha realizados en diferentes edificios a lo largo del país: “No se dejen engañar por los delincuentes, no las vamos a arancelar ni cerrar”.