Mientras el Congreso entra en el último letargo previo al recambio parlamentario del 4 de diciembre, la diputada nacional Blanca Osuna rechazó de lleno un presunto reemplazo a la Ley de Educación Nacional. Según trascendió en las últimas horas, el Gobierno nacional tendría planeado enviar al Poder Legislativo un texto que implementaría modificaciones que habilitarían la intervención del sector privado en el sistema educativo.

Para la vicepresidenta de la Comisión de Educación, esta nueva iniciativa conocida “a través de canales extraoficiales”, tiene como propósito “la intención de eliminar una normativa que ha sido producto de intensos debates, materia de múltiples aportes y resultado de un intenso proceso participativo”. Le atribuye la responsabilidad al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell.

En diálogo con este medio, la legisladora de Unión por la Patria mencionó que este boceto de proyecto de ley que estaría siendo pulido en Balcarce 50 habría contado con la influencia de del empresario Paolo Rocca, CEO de Techint. En un primer momento, Osuna acusa al Ejecutivo Nacional de buscar reemplazar por completo a la Ley 26.206 - Ley de Educación Nacional-.

De todos modos, la diputada entrerriana le exige al Gobierno nacional que aclare la situación y pide que sea el propio Torrendell quien brinde las aclaraciones pertinentes sobre la autenticidad, el origen y el alcance de este documento, el cual “circula de manera desordenada y sin transparencia”, agregó.

Versiones periodísticas habían adelantado que además de las reformas laboral, tributaria y penal era factible que haya más proyectos de ley para el trabajo en sesiones extraordinarias. Luego, el presidente Javier Milei lo confirmó en un foro empresario. Desde la Cámara de Diputados, Osuna reaccionó: “La envergadura y trascendencia del tema nos exige ratificar una firme posición de defensa de la educación pública y de las responsabilidades del Estado en su garantía”.

Según lo que la diputada nacional de Unión por la Patria recibió como adelanto, el texto que propone el gobierno libertario “define un retroceso histórico en materia educativa”, y enumeró que “reduce a la mínima expresión el rol del Estado, fragmenta el sistema, habilita modalidades de desescolarización, debilita la formación y el trabajo docente, y vuelve a colocar a la educación bajo lógicas privadas, confesionales y de mercado”.

“Se desarma el sentido de un Sistema Educativo Nacional y se abandona la responsabilidad absoluta del Estado de garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad”, enfatizó Blanca Osuna, quien agregó que “como diputada nacional y educadora, considero que la pretensión de una reforma de esta magnitud presagia una grave amenaza y trastoca conquistas, profundizando aún más la miseria educativa”.

De confirmarse la confección de este proyecto, llegará a integren al Congreso de la Nación en el temario de sesiones extraordinarias junto al Presupuesto 2026 y las reformas laboral, tributaria y penal que el Gobierno nacional presentará después del recambio legislativo en las dos cámaras.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal – Córdoba) presentó un proyecto de ley para declarar obligatoria la educación financiera en los establecimientos educativos de gestión estatal y privada a partir del nivel secundario del sistema educativo nacional, al que cuestionó: “Sigue repitiendo esquemas, modalidades y planes de estudios que remiten a comienzos del siglo XX”.

En segunda instancia, explicó que educación financiera es “el proceso de aprendizaje y comprensión de los conceptos y productos financieros para tomar decisiones informadas sobre el manejo del dinero y el bienestar financiero, a través de la adquisición de conocimientos sobre presupuestos, ahorros, inversiones, administración de deudas, activos digitales y otros aspectos relacionados a las finanzas”.

Para ello propone incorporar una modificación a la a Ley de Educación Nacional (26.206). “Creo que es de vital importancia que los jóvenes que terminan el colegio secundario cuenten con algunas herramientas básicas en términos de formación financiera, que les permitan partir de una mejor posición de cara al mercado laboral del futuro o, simplemente, poder tomar decisiones con mayor sustento respecto de cómo desenvolverse con relación a su realidad económico-financiera”, consideró el cordobés.

El proyecto presentado por Agost Carreño propone un tiempo de aplicación gradual de seis a 24 meses.

Luego, explicó que los cuatro preceptos básicos de esa nueva asignatura serán el conocimiento y comprensión; los riesgos y beneficios; la responsabilidad y la administración; y los activos digitales que operan en el mundo tales como, criptomonedas, stable coins, meme coins, nfts y las variantes de activos tokenizados.

Así las cosas, definió que cada jurisdicción deberá arbitrar los medios necesarios para la realización, a lo largo del ciclo lectivo de los educandos de nivel secundario en adelante, de acciones educativas sistemáticas en los establecimientos escolares, para el efectivo cumplimiento de las previsiones de esta iniciativa.

En el último artículo, propuso una aplicación gradual y progresiva, acorde al desarrollo de las acciones preparatorias en aspectos curriculares y de capacitación docente. Sugirió que la autoridad de aplicación establezca un plazo de 180 días hasta dos años para el cumplimiento, en caso de que se apruebe.

“Veo como la falta de conocimientos financieros básicos deja a la ciudadanía expuesta y vulnerable a los distintos modelos de estafas disfrazadas de oportunidad de inversión, teniendo en cuenta que en los últimos tiempos ha ido en aumento el número de víctimas estas estafas, sin ir más lejos el año pasado la ciudad de Pergamino sufrió una “mega estafa” que afectó a gran parte de su población”, manifestó en los fundamentos.

En el final, Oscar Agost Carreño señaló que “el proyecto prevé que cada comunidad educativa pueda incluir en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, así como a su desarrollo económico, financiero, industrial y tecnológico”.