A más de dos semanas de la sanción de la Ley de Presupuesto 2026, los diputados nacionales del Frente de Izquierda presentaron un proyecto de ley para restituir la vigencia de las normas derogadas respecto a educación técnica. Se trata del artículo 52 de la Ley de Educación Técnica Profesional; y el 5, 6 y 7 de la de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

La normativa fue encabezada por Romina del Plá y avalado por Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Néstor Pitrola. En contra de la “ley de leyes” sancionada -y promulgad por el Poder Ejecutivo de la Nación- señalaron que “contiene una gran cantidad de medidas que implican ajustes y recortes contra áreas fundamentales para la población trabajadora”.

“Abundan los artículos que plantean pasar ‘motosierra’ por la educación, la ciencia, la salud, los salarios, el ambiente y muchos otros puntos que contienen reivindicaciones populares. Mientras, otros tantos artículos benefician a grandes empresarios, y habilitan al gobierno a continuar y profundizar una política de endeudamiento y entrega colonial”, cuestionaron en los fundamentos del proyecto de ley.

Para los integrantes del FIT, la derogación del artículo 52 de la Ley 26.058, “elimina el principal fondo de financiamiento del INET (Instituto Nacional de Educación Técnica)”, pero aclararon que “los sucesivos gobiernos han incumplido los magros compromisos de financiamiento establecidos en la Ley, y que sólo parcialmente dotaron al INET de fondos para transferir a las escuelas técnicas”.

Sin embargo, reiteraron que la derogación de estos artículos -los cuales perdieron vigencia con la aprobación del Capítulo II de la Ley de Presupuesto 2026-, “la situación de desfinanciamiento se profundizará llevando al abismo a la educación técnica, siendo que distintos especialistas calculan que el presupuesto 2026 derivará en un recorte de 84,5% de los recursos del INET”.

Por otro lado, explicaron que la modificación del Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación “pone fin a la obligación del Estado de elevar progresivamente la inversión en Ciencia y Técnica para llevarla al equivalente del 1% del Producto Bruto Interno en 2032”. Acusaron, además, que el Poder Ejecutivo “se garantiza tener las ‘manos libres’ para profundizar el recorte en el sector sin mayores consecuencias”.

“Ya para el año 2026 se calcula que la caída en términos reales del presupuesto de Ciencia y Técnica será de un 48,8%, profundizando un ajuste muy marcado sobre un sector que ya se encuentra paralizado y golpeado por despidos masivos, rebajas salariales (pérdidas del orden del 40% del poder adquisitivo en el sector), censura de artículos de investigación, restricciones en el ingreso a la carrera científica y la no efectivización de cargos ya concursados”, incorporaron.

Diputados del Frente de Izquierda presentaron un proyecto de ley que propone restituir artículos de dos leyes que hacen al financiamiento de la educación técnica, por un lado, y de la ciencia y tecnología, por otro, derogados mediante el artículo 30 de la Ley de Presupuesto que se sancionó el pasado 26 de diciembre en el Senado.

Puntualmente, la iniciativa plantea reponer la vigencia del artículo 52 de la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional. Asimismo, prevé la conformación de "una comisión con representantes electos de docentes, padres y estudiantes a los efectos de verificar el cumplimiento del artículo".

También plantea la restitución de los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 27.614, de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. De similar forma a lo anterior, busca crear "una comisión con representantes electos del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, del sistema universitario nacional y de investigadores y becarios" que controle el cumplimiento de esta normativa.

Otro de los artículos del FIT establece la derogación de "toda norma que se oponga" a los mencionados artículos.

En los argumentos, los legisladores opositores subrayaron que el Presupuesto (el primero desde que asumió la gestión de Javier Milei), "contiene una gran cantidad de medidas que implican ajustes y recortes contra áreas fundamentales para la población trabajadora".

"Abundan los artículos que plantean pasar 'motosierra' por la educación, la ciencia, la salud, los salarios, el ambiente y muchos otros puntos que contienen reivindicaciones populares. Mientras, otros tantos artículos benefician a grandes empresarios, y habilitan al Gobierno a continuar y profundizar una política de endeudamiento y entrega colonial", cuestionaron.

En la iniciativa, que lleva las firmas de Romina Del Plá, Néstor Pitrola, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, resaltaron que "entre los derechos afectados por esta ley, se dispuso de forma completamente irregular la derogación lisa y llana de normas que garantizaban el financiamiento de la Educación Técnico Profesional y del Sistema Científico Nacional".

En el caso de la educación técnica, explicaron que "se elimina el principal fondo de financiamiento del INET (Instituto Nacional de Educación Técnica)". "Es cierto que los sucesivos gobiernos han incumplido los magros compromisos de financiamiento establecidos en la ley, y que sólo parcialmente dotaron al INET de fondos para transferir a las escuelas técnicas", expresaron, pero dijeron que "también es cierto que con la derogación de este artículo, la situación de desfinanciamiento se profundizará llevando al abismo a la educación técnica, siendo que distintos especialistas calculan que el Presupuesto 2026 derivará en un recorte de 84,5% de los recursos del INET".

En cuanto a la derogación de artículos de la Ley 27.614, "se pone fin a la obligación del Estado de elevar progresivamente la inversión en Ciencia y Técnica para llevarla al equivalente del 1% del Producto Bruto Interno en 2032", apuntaron.

"De esta forma -continuaron-, el Poder Ejecutivo se garantiza tener las 'manos libres' para profundizar el recorte en el sector sin mayores consecuencias. Ya para el año 2026 se calcula que la caída en términos reales del presupuesto de Ciencia y Técnica será de un 48,8%, profundizando un ajuste muy marcado sobre un sector que ya se encuentra paralizado y golpeado por despidos masivos, rebajas salariales (pérdidas del orden del 40% del poder adquisitivo en el sector), censura de artículos de investigación, restricciones en el ingreso a la carrera científica y la no efectivización de cargos ya concursados".

Además de reclamar por la restitución de estos artículos, los diputados del FIT añadieron que esto "se complementa con reclamos de fondo de ambos sectores, para que se destine un presupuesto que realmente atienda todas las necesidades, garantizando salarios igual a la canasta familiar para docentes e investigadores, y las herramientas y materiales necesarios para la tarea de educación técnica y para la investigación científica".

El 7 de septiembre de 2005 el Senado sancionó la Ley 26.058. Previamente, habíamos dado tratamiento y aprobación en la Cámara de Diputados. Y finalmente culminó promulgada por el presidente Néstor Kirchner.

Néstor puso a la educación como política de Estado y como prioridad dentro de un proyecto de país con inclusión y justicia social. Esa decisión la construyó desde el inicio de su gestión yendo a Paraná. Y después promoviendo leyes que definieron una arquitectura normativa clave: Ley de Fondo Nacional de Incentivo Docente, Ley de Garantía del Salario Docente, Ley de Financiamiento Educativo, Ley de Educación Nacional y Ley de Educación Sexual Integral.

La Ley de Educación Técnico Profesional fijó un piso de inversión y un Fondo obligatorio para la jerarquización de la formación técnica, para el desarrollo de la investigación y las tecnologías, y para la creación de trabajos en la industria. De esa inversión, entre el 2016 y el 19 apenas fue ejecutado el 0,2 %.

A 18 años compartimos memoria. Y tenemos el desafío de decidir en octubre si queremos profundizar estas políticas educativas, y ampliar derechos a las y los estudiantes y a la comunidad o clausurar esa posibilidad y liquidar el futuro. Está en nuestras manos.