Este martes el Boletín Oficial anunció que el Gobierno nacional derogó el DNU 805/2021 por el que la gestión anterior extendía la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas originarias del país. La senadora salteña Nora del Valle Giménez manifestó su preocupación por lo ocurrido.

Asimismo, acusó que “esto va a contramano de lo expresado hace apenas dos semanas por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el recinto del Senado, cuando le consulté acerca de cuál era la propuesta del gobierno ante el próximo vencimiento de la ley 26.160 y me respondió que ‘era un tema pendiente y que nos debíamos un debate acerca de cómo resolver el problema de las tierras de comunidades originarias’”.

Del mismo modo, cargó que “el decreto publicado va en la dirección contraria porque clausura cualquier posibilidad de debate y excluye de la discusión al ámbito natural del debate político que es el congreso”. “La decisión desconoce el enorme trabajo de relevamiento territorial de poblaciones originarias realizado a lo largo de los últimos 18 años, en el que se identificaron y mensuraron las tierras de más de 900 comunidades en todo el país, más de 70% del total de las existentes”, aseveró la senadora salteña.

“Lo más grave es que retrotrae la situación al año 2006, cuando decenas de esas comunidades estaban al borde del desalojo judicial, sin ofrecer ninguna propuesta ni alternativa superadora”, cuestionó Giménez.

El Senado aprobó este jueves por 43 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones el proyecto de ley que prorroga por cuatro años la emergencia territorial indígena y evita los desalojos, al cabo de un debate que se extendió alrededor de dos horas. Antes de votar, la senadora salteña Nora Giménez (Frente de Todos) leyó las modificaciones aplicadas en el texto y se reabrió por unos minutos la discusión que concluyó en buenos términos.

Pasadas las 17 había arrancado el tratamiento del proyecto, en el marco de un contexto cordial y sin chicanas políticas ni cruces por lo que la segunda sesión ordinaria en forma presencial avanzaba con tranquilidad.

Juntos por el Cambio propuso poner en el artículo 2 una fecha límite para tomar en el censo de población comunitaria originaria y ese punto máximo era el año de sanción de la ley: 2006.

La justificación de la bancada opositora fue que "así se evitaría que nuevas comunidades reclamen tierras".

A este planteo, Giménez sostuvo que "el decreto reglamentario es bien claro sobre qué comunidad abarca y cómo es el procedimiento para que sean considerado como pueblo originario con una personería jurídica".

Para avalar esta postura desde el derecho constitucional, el senador chubutense Juan Mario País explicó que "no se puede poner una fecha límite porque desde la Constitución nacional se los protege como un derecho ancestral preexistente y, por más que uno le ponga un límite para manifestarse como población originaria, cuando estos lo hagan están en su derecho siempre y cuando cumplan con todos los requisitos para serlo".

Ante esta negativa de no incorporar una fecha límite, varios senadores de la oposición votaron en contra y otros se abstuvieron.

Tras el informe brindado por la salteña Giménez, que propone una nueva prórroga de la ley 26.160 aprobada en 2006, y la intervención del senador chaqueño Víctor Zimmermann (Juntos por el Cambio) que propuso cambios que fueron recibidos por el oficialismo con la promesa de analizar los cambios propuestos, llegó el turno del cordobés Ernesto Martínez (JxC), quien incendió el debate.

En su discurso, Martínez aseguró: “No puedo continuar con prórrogas porque no solo se trata de cuestiones administraciones que se demoran desde el 2006. Esto no puede ser así porque ante el desafío de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), votar esta prórroga es un suicidio institucional para nuestro país”.

“Hay que excluir a Río Negro, Neuquén y Chubut y capaz que lo podría votar favorablemente, pero así voto negativamente porque ya la voté en 2013 y 2017 y siempre escuché el mismo argumento: esta vez es la última y se terminará de censar para saber quienes son los pueblos originarios y que tierras ocupan y no sigan apareciendo nuevas organizaciones que se proclaman como originaria como pasa en la Patagonia que pretenden poseer tierras”.

“No hay que seguir dando excusas a la organización RAM para que prosiga con su accionar terrorista”, agregó.

En esa línea, dijo que el Senado se agacha frente al jefe de la RAM -Jonas Huala-. El Senado se asusta para terminar de una buena vez la prórroga de la ley 26.160”.

“La RAM dice que no es ni miedosa ni tibia y la institución de la república actúa de un modo miedoso y parecería que la favorece”.

En ese momento, el jefe de bloque del oficialismo, José Mayans, lo interrumpió diciendo que “no tiene nada que ver”.

Y Martínez respondió: “Cómo que no tiene nada que ver. Con esta ley, la RAM dirá que no puede ser desalojado de todos los terrenos que ha tomado en los últimos tiempos. Tiene que ver porque con el artículo 2 los jueces no van a poder actuar respecto a las acciones que vienen haciendo los terroristas”, agregó.

“Entonces -continúo- el Estado nacional retrocede en la defensa del territorio asustado por un grupo de disfrazados”.

En una de sus propuestas, el senador cordobés planteó la posibilidad de “excluir a esa región de esta prórroga”.

Por último, Martínez consideró que “La RAM humilla al Senado llamándonos ‘Senado de la Nación colonial huinca’ y, a pesar de eso, el Senado vota normas que favorecen a los que siembran el terror en la Patagonia. Voy a votar negativamente”.

Al cruce de Martínez salió el oficialista chubutense Alfredo Luenzo, siguiente orador en el debate, quien acusó al cordobés de hablar "desde el desconocimiento". "Podemos invitarlo a que nos visite en la comunidad andina", le dijo, y mencionó que Orlando Carriqueo, referente Indígena del Pueblo Mapuche en Río Negro, "ha condenado y repudiado todos estos hechos". 

"Pero además del desconocimiento es más grave aún, en este recinto, emplear la palabra terrorismo, subversivo, conceptos muy caros para la historia argentina. Y se vuelven a reeditar en una necesidad que tiene la derecha de encontrar un enemigo interno, como ya lo encontró el gobierno anterior" con los casos de "Santiago Maldonado y Rafael Nahuel", enfatizó.

En ese sentido, el chubutense rechazó que "permanentemente agitan la invasión del indio en la Patagonia, la apropiación de extensos territorios que le pertenecen al pueblo argentino. El problema no pasa por las comunidades aborígenes, que están organizadas, perfectamente integradas. Hay un grupo muy reducido que comete delitos, que son delincuentes, y la respuesta no la tendría que dar el poder político, sino la Justicia, investigando y metiendo presos a quienes son responsables".

"Bajo ningún punto de vista esta prórroga implica darle consentimiento a grupos minúsculos, que no sabemos su origen, que no representan a las comunidades", remarcó el senador del Frente de Todos, que afirmó conocer a "las comunidades, cómo se comportan y cómo están integradas, familias de pueblos originarios que se han constituido a partir de distintas corrientes inmigratorias, como la familia de Jones Huala".

Visiblemente molesto por el discurso de Martínez, Luenzo repudió los "discursos que en un marco electoral vienen muy bien" y consideró que es "curioso, raro, extraño" que "ni una sola cámara" haya podido registrar al responsable del incendio en el Club Andino. "Parece que algunos les viene muy bien el discurso de la RAM, les calza muy bien", insistió.

En referencia a las palabras de Juan Carlos Romero -al comienzo de la sesión- expresó: "Sendero Luminoso está terminado hace décadas". Desde su banca, el salteño le respondió a los gritos, y el oficialista le reclamó: "¡Traiga una prueba, traiga una prueba de que hay una organización terrorista internacional alimentando al RAM en Argentina!".

"Esta ley es una reparación histórica", sostuvo el chubutense y lamentó que "al meter este debate" lo único que se hace es "demonizar al pueblo mapuche".

En tanto, la senadora cordobesa Laura Rodríguez Machado manifestó: "Los argentinos están sufriendo un ultraje de bienes en el sur de la Patagonia debido a una falsa y mala aplicación que nació conun buen sentido que es proteger derechos ancestrales pero hace 2 años que esta norma se convirtió en un escudo de protección para comert ultrajes y que la justicia no pueda actuar".

En un mensaje directo a la bancada del FdT, fustigó: “Al menos voten los cambios por lo votos del 14 de noviembre porque sino van a tener muchos votos en contra porque ustedes al no acotar esta prórroga estar permitiendo que se produzcan usurpaciones, desalojos y tomas de las propiedades privadas en el sur y a raíz de esto la justicia no puede actuar".

La mirada del FdT

El jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, respaldó la iniciativa y afirmó que la norma implica “un reconocimiento y una reparación a los comunidades originarias”.

También, indicó que “con la implementación de esta ley, ya tenemos reconocidas treinta y dos  pueblos indígenas, divididos en 1600 comunidades y hubo un reconocimiento de casi seis millones de hectáreas”, al reseñar los efectos positivos de la normativa en cuanto al relevamiento de las comunidades originarias existentes y las tierras que ocupan.

Al mismo tiempo, repudió los episodios de violencia y quema de instalaciones que se vienen registrando en la Patagonia. Y aclaró: “No compartimos para nada la acción violenta. Pero no podemos echarle la culpa a todas las comunidades aborígenes de esos hechos aislados”.

De esa manera, salió al cruce de los intentos de algunos senadores de oposición de infiltrar en el debate parlamentario los sucesos referidos, cuyos autores todavía no fueron identificados por las respectivas policías provinciales.  

“Esta ley es una reparación, como se dijo en el recinto. Todos sabemos lo que hizo el colonialismo. Desde la llegada de Colón, en cien años, hicieron desaparecer el 80 por ciento de las comunidades originarias, fue un verdadero genocidio”, remarcó el formoseño y cuestionó la vieja mirada que instala la idea de civilización o barbarie y sus consecuencias históricas.

Al hacer un recuento histórico, recordó que “en la Constitución del 49, Perón reconoce a las comunidades como parte de la Argentina, que hasta ese momento eran invisibles”. Por eso defendió la ratificación de la prórroga porque entendió que se trata de una decisión “plena justicia” y tiene que ver “con  darle a cada uno lo que corresponde”, señaló.