El proyecto de ley denominado de emergencia económica, financiera y tarifaria para las empresas recuperadas dispone la asistencia para las cooperativas que se vieron afectadas por las crisis económicas, otorga facilidades financieras, y suspende la ejecución de sentencia de desalojos y los cortes de servicios públicos.

La iniciativa tiene aplicación efectiva en el territorio provincial y, en su versión original, busca una prórroga de cinco años más como posibilidad de extender los beneficios un año más si el Poder Ejecutivo así lo estime oportuno.

En las conversaciones entre el oficialismo y la oposición se abrió una negociación en torno a la extensión de la vigencia, y se puso en debate la idea original con otra que plantea una vigencia de un año, más la posibilidad de extenderla por un año más.

Ambas posturas estuvieron en disputa hasta que finalmente se encontró la siguiente redacción respecto de la vigencia de la Emergencia y será por “el término de dieciocho meses a contar a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, prorrogables por el Poder Ejecutivo por única vez y por un año, en caso de verificarse que las causales que justifican la emergencia no han cesado”.

Como se sabe, no es la primera vez que los legisladores bonaerenses se enfrenta a la cuestión, pues se trata de un proyecto de ley sancionado en 2022 pero se dictaminó su vigencia por el término de dos años.

Ahora, el proyecto de ley en tratamiento fue presentado por la diputada mandato cumplido del Movimiento Evita, Patricia “Colo” Cubría, que dejó su banca en 2023. Fue acompañado por prácticamente por la totalidad de los presentes, con la silvestre excepción del diputado libre, que integra el monobloque Libre.

La experiencia argentina de empresas recuperadas tiene epicentro en la provincia de Buenos Aires, donde surgió con mayor fuerza a partir del proceso de crisis económica y social que tuvo su mayor síntoma en el año 2001, en la cual se intentó dar una respuesta con la sanción de la Ley 13828, que no logró, sin embargo, resolver varios de los problemas planteados en su momento.

Sin perjuicio de ello, la experiencia desarrollada por las empresas recuperadas es tomada como ejemplo en todo el mundo, ya que no solo redunda en la defensa del trabajo y la producción, sino también en la generación de espacios de acceso a derechos allí donde el Estado llega con respuestas escasas.

La difícil situación actual pone en serio riesgo a estas empresas como fuentes productivas y de acceso a derechos para sus integrantes y para la comunidad en general.

Esta realidad impacta en casos de empresas recuperadas consolidadas en el tiempo, pero también en casos que se han sumado como consecuencia del esfuerzo de trabajadores y trabajadoras por sostener los puestos de trabajo genuino en este grave escenario.

“La crisis económica del país en los últimos años ha afectado con gravedad -y sigue haciéndolo- a los sectores productivos en general y a las empresas recuperadas en particular”, resulta la punta de la argumentación que le da viabilidad al proyecto de ley.

La iniciativa también declara de interés provincial el proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores y trabajadoras, como posible sujeto continuador de la explotación de la empresa en crisis o proceso de quiebra, privilegiando los bienes necesarios para tal fin, según las normativas complementarias.

Se encuentran alcanzadas por la emergencia solicitada en la iniciativa las empresas conformadas como cooperativa de trabajo, o con trámite de constitución, que se encuentren gestionadas por sus trabajadores provenientes de una empresa anterior que entró en cesación de actividades, quiebra, cierre del establecimiento, abandono de los titulares, desmantelamiento, vaciamiento por parte de los empleadores, trasvasamiento o cesión a favor de los trabajadores de maquinarias, inmuebles o activos, disolución de la sociedad con causal de liquidación o cierre por cualquier causa.

Se consigna que los sujetos previstos deberán estar inscriptos en el Registro Nacional de Empresas Recuperadas dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Además, según se estipula en el proyecto de ley en debate, la suspensión durante la vigencia de la emergencia declarada, de todas las acciones judiciales, trámites y diligencias, en el estado en que se encuentren, que tengan por finalidad ordenar y ejecutar el desalojo de Empresas Recuperadas.

Por último, en el articulado de la iniciativa, que dio su primer paso en la Cámara baja pero que deberá ser considera por los senadores para proseguir su trámite parlamentario, se consigna la suspensión, durante la emergencia declarada, los cortes en el suministro de los servicios públicos provinciales de distribución de energía eléctrica, de agua potable y desagües cloacales.

Se detalla que los prestadores de servicios de distribución de energía eléctrica y de agua potable y desagües cloacales deberán otorgar planes con facilidades de pago para cancelar las deudas que se generen durante el plazo de vigencia de las medidas dispuestas por la emergencia, conforme las pautas que establezcan el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires y la Autoridad del Agua, en su carácter de órganos de control de la prestación de los servicios.

A cuatro días del vencimiento de la Ley de Tierras Indígenas, el Poder Ejecutivo volvió a extenderla hasta 2025. Así lo dispuso el presidente de la Nación, Alberto Fernández, a través de un decreto de necesidad y urgencia que lleva el número 805/2021 y que fue publicado este jueves.

El DNU prorroga los plazos establecidos en los artículos 1° y 2° de la Ley 26.160, prorrogados por las leyes N° 26.554, 26.894 y 27.400 hasta el 23 de noviembre de 2025.

Por ese lapso se suspenden la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1° del decreto en cuestión. “La posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada”, señala el artículo 2° del DNU.

Precisamente un proyecto en el mismo sentido avanza en el Congreso de la Nación y seguirá hasta ser convertido en ley seguramente en la próxima sesión de la Cámara de Diputados. El Senado le dio media sanción el pasado 28 de octubre.

Por lo pronto, este miércoles había obtenido dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, cuyo presidente, Carlos Heller, aclaró durante el debate que más allá del tratamiento del tema el Poder Ejecutivo emitiría en breve un DNU para extender la norma, por cuanto faltan tan pocos días para que caiga la ley que no era prácticamente imposible que se aprobara antes la misma. Ese fue el motivo de las críticas de Juntos por el Cambio, que acusó al Gobierno de manejarse a puro decreto.

Incluso desde el oficialismo, la salteña Alcira Figueroa reclamó la aprobación de una ley para dar seguridad a los pueblos originarios interesados en el tema. “Es una ley urgente y necesaria”, dijo, mientras que desde la izquierda Juan Carlos Giordano se quejó de que la prórroga no hubiera sido votada antes.

“¡Se la han pasado gobernando por decreto!”, bramó indignado el radical chubutense Gustavo Menna, en tanto que Carlos Heller insistió en afirmar que “nadie está diciendo que vamos a reemplazar la ley con un decreto”.

Así las cosas y tal cual el propio Heller reiteró varias veces, el DNU correspondiente salió y tiene fortaleza de ley. Pero el proyecto que ya tiene media sanción será convertido en ley en cuanto la Cámara baja vuelva a reunirse.

La iniciativa, presentada en la Cámara baja bonaerense por la oposición pero donde el oficialismo logró introducir algunas cuestiones, declara por el plazo de ciento ochenta días la emergencia turística en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.

El objetivo que se persigue es “atenuar el impacto económico, social y productivo” en el turismo en todas sus actividades, generado por las medidas adoptadas en el marco de la declaración de emergencia sanitaria.

El proyecto insta al Poder Ejecutivo instrumentar regímenes especiales para el pago de las obligaciones impositivas que se encontraran vencidas al momento de entrada en vigencia de esta ley y que se hubieran devengado a partir del 1 de marzo de 2020.

También, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) podrá formular convenios de facilidades de pago para la oportuna cancelación de las obligaciones, en base a los regímenes especiales que se dispongan.

Por último, durante la vigencia de la Ley en cuestión, quedará suspendida la iniciación de todo tipo Juicios de Apremios por el cobro de impuestos provinciales de cualquier tipo y los procesos judiciales que estuvieren en trámite quedarán paralizados hasta la fecha en la que opere el vencimiento de la emergencia.

La diputada tandilense de JxC, Melisa Greco, señaló que presentó el proyecto en el mes de abril, y es trabajado en conjunto con la presidenta de la Comisión de Turismo de la Cámara baja de la provincia, la también legisladores opositora Laura Ricchini.

En ese sentido se destacó que se han mantenido encuentros con prestadores del sector de todas las secciones electorales y distintas regiones turistas de la provincia y el aporte de la bancada del oficialismo para lograr el necesario “consenso”.

“Buscamos poder paliar o mitigar del impacto de la crisis en el sector y apuntamos a la baja de impuestos, convenios con ARBA y a facultar al Poder Ejecutivo de las herramientas necesarias para destinar fondos o medidas económicas para el sector”, resumió la autora del proyecto, la diputada Greco.

“La importancia que el turismo representa en la economía local de muchos municipios de la provincia, nos interpela a pensar alternativas y soluciones legislativas que nos permitan, no solo garantizar la tutela de la salud los bonaerenses, sino generar herramientas para apoyar a los prestadores de servicios turísticos y empresarios turísticos locales para morigerar el impacto en su actividad entendiendo que la misma es de las más golpeadas por esta pandemia”, argumentó la joven legisladora.

Asimismo, señaló, “desde nuestros bloques hemos presentado distintas medidas y propuestas, creemos son complementarias para contribuir a disminuir el impacto de esta situación en el sector turístico, acompañando la política turística de la provincia de Buenos Aires, que tiene como objetivo principal el desarrollo socioeconómico, local y regional garantizando las condiciones de sustentabilidad y accesibilidad de la diversidad turística provincial”.

Para dar cuenta de la importancia de la normativa, la diputada afirmó que se estima que más de 200 mil trabajadores registrados en el sector privado se encuentran relacionados a las actividades de turismo en la provincia y representa el 18,3% del total del sector a nivel país, “la merma en la actividad tiene repercusión directa en los niveles de empleo, en especial, por ser una actividad muy dinámica que logra impactar de manera rápida sobre la economía en diferentes eslabonamientos y sectores”, concluyó la diputada Greco.

Cabe recordar que en la Cámara de Senadores de la provincia se encuentra con estado parlamentario otra iniciativa de similares características, y es trabajada por la legisladora de La Costa, Flavia Delmonte, con quien han compartido encuentros con prestadores turísticos y buscan, en sintonía, alcanzar una legislación que otorgue beneficios.

En otro orden, los diputados bonaerenses aprobaron por unanimidad de los presentes el proyecto de ley que crea el Colegio Profesional de Terapia Ocupacional de la provincia de Buenos Aires; la iniciativa que presentara la diputada mandato cumplido de UC-FpV-PJ Lucia Portos, ahora deberá ser considerada por el Senado para proseguir su tramite legislativo.   

Ahora, desde Juntos por el Cambio en la Cámara alta bonaerense se refirieron a la iniciativa de asociaciones civiles al sostener que “desde el primer día estamos trabajando junto a los centros de jubilados, sociedades de fomento, clubes de barrio y centros culturales, entre otros espacios, dada la importancia que representan”.

En ese sentido, manifestaron que “debemos contar con una Ley lo más abarcativa posible y que represente alivio para el sector. Ese debe ser el objetivo de nuestra Cámara y no el de tener un título en algún medio periodístico”.

“No es momento de mezquindades. Tenemos que trabajar juntos para fortalecer estas actividades. No se trata de un logro de un gobierno u otro, se trata de dotar de herramientas al sector y de ponerlo por encima de cualquier interés partidario”, manifestaron los legisladores.

“Nos parece importante avanzar en el acompañamiento de una iniciativa que lleve alivio a un sector muy afectado y por el que venimos reclamando desde que comenzó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, remarcaron los legisladores.

Y para concluir advirtieron que “hay que contemplar la ampliación de los plazos para que las asociaciones puedan regularizar su situación; la Creación de un Fondo Especial de Emergencia para que puedan, entre otras cosas, adecuar sus instalaciones; y fomentar el trabajo coordinado con los municipios”.