Por Lourdes López

Cerca estuvo el oficialismo de llegar al recinto con el proyecto de ley de envases. Allá por noviembre de 2021, luego de un amplio debate se estuvo a punto de debatir en el recinto de la Cámara baja la iniciativa, pero esa sesión terminó suspendiéndose y el proyecto perdió estado parlamentario.

En el camino quedaron expuestas posiciones muy encontradas en determinados puntos y denuncias de parte del oficialismo referidas a la presión de lobbies interesados en frenar la norma. En un seminario organizado por el diputado Luciano Laspina (Pro-Santa Fe) en diciembre de ese mismo año, integrantes de varias cámaras empresarias del sector reiteraron sus críticas al proyecto de gestión de envases que acababa de recibir dictamen y rechazaron la inclusión de una tasa ambiental en el texto del Poder Ejecutivo, advirtiendo que de sancionarse habría aumento de precios, y que el fin de la iniciativa era “recaudatorio”.

En ese encuentro, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio Mario Negri adelantó el rechazo de ese espacio a la creación de una tasa ambiental, al afirmar que “no” van a “acompañar un impuesto más”, y enfatizó: “Que quede claro que no vamos a meter impuestos disfrazados de tasas cuando no es tasa ni se presta servicio de ninguna naturaleza”.

Especialista en temas ambientales, la entonces diputada radical cordobesa Brenda Austin advertía que “el camino más fácil es pagar la tasa, trasladar al consumidor y seguir obrando como hasta acá. En este entramado, la protección del ambiente y el fomento de la economía circular son los grandes perdedores”.

Por esos días, el entonces diputado radical Gustavo Menna impulsaba un sistema de responsabilidad extendida del productor que promueva la articulación público-privada y habilite la posibilidad de proponer alternativas para contribuir al principio preventivo y generar incentivos reales de transformar las prácticas, lo que alienta la concientización sobre la producción y el consumo sostenibles.

Este año desde el oficialismo volvieron a impulsar el proyecto. Fue a través de la oficialista Natalia Zaracho, que el 14 de junio recordó que en la materia se presentaron más de 48  proyectos en los últimos años, sin que ningún lograra avanzar.

La propuesta de Juntos por el Cambio

Ahora es desde la principal oposición que agitan el tema. La diputada de Evolución Radical por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Dolores Martínez acaba de presentar un plan legislativo que registra la importancia de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), uno de los puntos en común con el proyecto que fue impulsado por el oficialismo en materia de envases con inclusión social.

Entre los puntos principales está promover el compromiso de todos los actores involucrados en la gestión de los envases y de los envases post consumo; también la formalización laboral de los trabajadores recicladores que participen en la cadena de valor de recuperación y reciclado de envases post consumo. Entre otros de los ítems, la separación en origen y la disposición inicial selectiva por parte de los usuarios y consumidores de envases, como así también la recolección diferenciada de los envases post consumo, según el sistema de gestión aprobado.

En el proyecto, su autora define en los primeros artículos el rol de productor responsable como aquel que inserta por primera vez en el mercado local un producto envasado, aun cuando la venta fuere a realizarse a uno o varios intermediarios previos al consumidor final; lo que es la gestión ambiental de envases y envases post consumo, actividades interdependientes y complementarias entre sí, que conforman un proceso de acciones para el manejo de envases y de envases post consumo, con el objeto de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población, atendiendo a los objetivos, metas y jerarquía de opciones de la presente ley.

Este proyecto de Dolores Martínez lleva también las firmas de los diputados Martín Berhongaray, Maximiliano Ferraro, Ximena García, Camila Crescimbeni, Mariana Zuvic, Emiliano Yacobitti, Soledad Carrizo, Marilú Quiroz, Lisandro Nieri, Jimena Latorre, Ana Clara Romero, Margarita Stolbizer, Pablo Torello y Martín Maquieyra, lo que muestra el amplio abanico de apoyo con que cuenta la iniciativa en JxC.

Comprende las etapas de producción, generación, almacenamiento transitorio, transporte, tratamiento, disposición final o utilización como insumo de otro proceso productivo.

También describe el concepto de Mejor Práctica Gestión Disponible (MPGD): es la alternativa más eficaz y avanzada de gestión ambiental de envases y de envases post consumo frente a determinado contexto, que incluya las particularidades de la jurisdicción correspondiente, el tipo de envase y su composición, entre otros. La misma, deberá demostrar la capacidad práctica económica, social y ambiental de sus técnicas de gestión para cumplir con los objetivos y la jerarquía de opciones establecida en este proyecto legislativo.

El deber de todo productor responsable será establecer y organizar a su costo uno o varios sistemas de gestión ambiental de envases y envases post consumo a los fines de dar cumplimiento a los objetivos y metas de esta ley y en el marco del Principio de responsabilidad extendida del productor (REP), debiendo justificar la opción elegida bajo la jerarquía de opciones establecida en el artículo 4 del plan impulsado por Juntos por el Cambio.

Los Productores Responsables implementarán y/o integrarán uno o varios de los sistemas de gestión siguientes: Sistema Integrado de Gestión Ambiental de Envases, que podrá ser público, privado o mixto, individual o colectivo. También deberán suscribir acuerdos con las autoridades competentes a fin de especificar las obligaciones de cada una de las partes; Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (DDR) a fin de recuperar los envases post consumo puestos por ellos en el mercado.

En el primer sistema, cada Productor Responsable deberá realizar un aporte dinerario por cada envase sujeto al SIG puesto por primera vez en el mercado nacional. El SIG establecerá montos diferenciales en función de la aptitud y diseño del envase para ser reciclado y del contenido de material reciclado, de acuerdo a las normas reglamentarias. Por lo que el monto de dicho aporte dinerario será determinado por el propio SIG, debiendo acreditar a las Autoridades Competentes ser suficiente para cubrir la gestión del envase y envase post consumo.

Esta cantidad no tendrá la consideración de precio ni estará sujeta, por tanto, a tributación; así es como una vez realizado dicho aporte dinerario, se entenderá delegada la gestión del envase o envase post consumo al SIG. Éste deberá devolverlos a sus Productores Responsables miembros o, en su defecto, el valor de comercialización, a prorrata.

Tanto en el Sistema Público de Gestión Ambiental de Envases como en el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno, los Productores Responsables deberán determinar y percibir un valor monetario en carácter de depósito por cada envase comprendido en la transacción, el que será devuelto al momento del retorno del mismo. Dicho monto debe ser fehacientemente comunicado y resultar suficiente para estimular su devolución. Esta cantidad tampoco tendrá la consideración de precio ni estará sujeta, por tanto, a tributación alguna.

Los distribuidores estarán obligados a recibir gratuitamente del consumidor una cantidad de envases post consumo al menos equivalente a aquella que hayan introducido en el mercado local. En ese sentido se tendrá en cuenta la factibilidad física y económica de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs).

Quien habló al respecto fue uno de los firmantes del proyecto, Martín Maquieyra del Pro: “Nosotros no estamos de acuerdo con crear otro impuesto, sino por supuesto incentivar a que las empresas puedan reducir la cantidad de plásticos, dándoles un beneficio fiscal, que sea un beneficio no un castigo, y esto entendiendo la situación económica de todas las PyMEs y empresas del país que como todos los ciudadanos están con la soga al cuello por la gran emisión impositiva que hay”, afirmó el diputado pampeano.

Por último, la autoridad de aplicación debe ocuparse de formular la política en materia de gestión de envases y envases post consumo, consensuada en el seno del COFEMA; también el Plan Nacional de Gestión Ambiental de Envases y Envases Post Consumo, en cumplimiento con los presupuestos mínimos establecidos en la presente. Deberá además, colaborar con las jurisdicciones en la realización de campañas de difusión y concientización de los consumidores, a fin de impulsar la separación en origen  y con respecto al funcionamiento de la gestión ambiental de envases y envases post consumo promover la regulación de incentivos fiscales que contribuyan al desarrollo de los sistemas de gestión de envases.

Queda pendiente el debate y tratamiento en la comisión de primera competencia, Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; luego enriquecer el proyecto de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de Envases y Envases Post Consumo en la comisión de Presupuesto y Hacienda.

2936-D-2023

Este miércoles en el Congreso de la Nación la diputada nacional Natalia Zaracho (FdT) volvió a presentar el proyecto de ley de envases con inclusión social con algunas modificaciones, debido a que la iniciativa que había sido impulsada por el Ejecutivo en 2021 perdió estado parlamentario.

Acompañaron la presentación el jefe del bloque del FdT, Germán Martínez, el vice ministro de Ambiente, Sergio Federovisky, la directora nacional de Reciclado María Castillo y los diputados Florencia Lampreabe, Federico Fagioli, Paula Penacca, Natalia Souto, Hernán Pérez Araujo. Además de representantes empresariales, ambientales y sindicales.

“Este debate no empieza hoy. Desde 1999 que en Argentina se discuten proyectos de gestión de envases, se presentaron más de 48 proyectos en los últimos 20 años y ni uno solo se aprobó. A los que estaban, nosotros le agregamos la cuestión del trabajo, de la inclusión social para recuperadores y cartoneros, porque no solo tenemos una crisis ambiental sino también una crisis social”, sostuvo Zaracho autora del proyecto.

Por su parte, Federovisky uno de los oradores de la jornada y mayores defensores de la ley afirmó que “si hay vocación de tener política pública en materia ambiental en argentina, esta ley tiene que ser aprobada”, y que “es importante explicar que la tasa no es un impuesto, no debería trasladarse a precios porque es un costo que debería absorber el productor”.

Por su parte German Martínez expresó su apoyo al proyecto de ley y asumió el compromiso de impulsarla para que el proyecto pueda ser tratado en el recinto.

También expusieron durante la jornada Mercedes Pombo, referente Jóvenes por el Clima; Marcelo Vargas, referente de CONARCOOP; y Matías Capoblanco, referente de FACCyR.

En el país se producen 50 mil toneladas de residuos plásticos por día, de ese total solo se recupera 20% y el resto va a parar a rellenos sanitarios o basurales a cielo abierto. El proyecto busca implementar incentivos financieros para alentar a los fabricantes a diseñar productos respetuosos con el ambiente y responsabilizar a los productores de los envases contaminantes al final de su vida útil. A su vez, busca instrumentar mecanismos que permitan financiar políticas públicas de gestión de residuos con inclusión social esperando generar hasta 80.000 nuevos puestos de trabajo.

Hace más de 20 años que en Argentina se discuten proyectos de ley para reducir la contaminación del plástico en nuestro país que nunca llegan a votarse en el recinto. Con el fin de revertir esa situación, volverán a presentar un proyecto en ese sentido y la encargada esta vez será la diputada nacional del Frente de Todos Natalia Zaracho, la primera cartonera en llegar al recinto.

Este es un tema que ya fue tratado en comisión en los últimos dos períodos ordinarios, mas nunca pudo avanzar. La última reunión se llevó adelante el 15 de noviembre del año pasado, en el  ámbito de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara baja.

Cincuenta toneladas diarias de residuos plásticos se producen por día; de ese total solo se recupera el 26% y el resto va a parar a rellenos sanitarios o basurales a cielo abierto. El proyecto busca implementar incentivos financieros para alentar a los fabricantes a diseñar productos respetuosos con el ambiente y responsabilizar a los productores de los envases contaminantes al final de su vida útil.

A su vez, busca instrumentar mecanismos que permitan financiar políticas públicas de gestión de residuos con inclusión social esperando generar hasta 80.00 nuevos puestos de trabajo.

Participarán de la presentación del proyecto Sergio Federovisky, vicemimisto de Ambiente de la Nación, Daniela Vilar, ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, y los diputados Germán Martínez, Leonardo Grosso y Paula Penacca, además de referentes organizaciones ambientales, sociales, sindicales y empresarias.

La diputada nacional oficialista Natalia Zaracho abogó este fin de semana por reflotar la ley de envases, que estuvo cerca de llegar al recinto el año pasado y finalmente fue frenada. “La ley de envases tiene que ver justamente con la responsabilidad extendida al productor. La idea es volver a impulsarla y que tengamos una reunión informativa la semana que viene”, señaló esta referente de los trabajadores de la economía popular.

En diálogo con Radio con Vos, Zaracho señaló sobre el tema que “la tasa del 3% queremos que vaya exclusivamente para generar conciencia ambiental y fortalecer los espacios que viene teniendo la tarea del reciclado”.

“Queremos que las empresas formen parte de esta iniciativa y pensar en conjunto para que se deje de exportar basura porque en algún momento los bienes comunes que tenemos se van a acabar”, agregó en diálogo con Gisela Busaniche.

Zaracho planteó que “la promoción ambiental también forma parte de la ley. Eso es clave porque tenemos que generar conciencia en qué mundo queremos vivir”, y agregó que “cuando hablamos de crisis ambiental, los sectores populares son los más afectados. Los basurales a cielo abierto los tenés en la periferia”.

“La economía popular llegó para quedarse. En el mundo hay un 30% de excluidos en el mercado formal”, destazó la diputada del Frente de Todos.

Al hablar de sí misma, Zaracho contó que “cuando era chica me daba vergüenza salir a cartonear. Nunca en mi vida imaginé estar donde estoy. Me llena de orgullo venir a trabajar todos los días con la ropa del movimiento que me formó”.

“Voy a hacer lo que tenga que hacer para buscar un mejor consenso para sacar leyes que tengan que ver con el sector que represento”, aseguró. En ese marco, advirtió que “si hay más de la mitad de población pobre, tiene que  haber más pobres en el Congreso y en las distintas áreas. Las transformaciones vienen de abajo para arriba”.

“Si vos tenés mucha conciencia de la crisis social que está viviendo el país, pero lo hablás desde un lugar en donde tenés la heladera llena y tenés todo garantizado, la verdad es que no entendés la urgencia”, agregó la diputada.

En la Unión Obreros y Empleados Plásticos tenemos un sueño, que la economía circular y el reciclado se extienda culturalmente a toda la Nación. Y dentro de ese sueño está el tratamiento y disposición de  los ENVASES. Para ello, hace falta una ley que asegure que cada envase plástico tenga una suerte de “trazabilidad“, que asegure su reciclado  evitando la contaminación actual que implica el enterrado o quema. Para ello, hacemos un humilde y muy robusto aporte, en base a la larguísima y extensa experiencia que tenemos como trabajadores plásticos. 

Los residuos generados por el ser humano y abandonados en la naturaleza están provocando una suerte de Armagedón ambiental, conforme lo advertido por la Agencia Medioambiental de las Naciones Unidas. Precisamente, la vicesecretaria General de la ONU, Amina Mohamed, que intervino en la Cumbre One Planet y en la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el Medio Ambiente, donde se encontraban distintos jefes de Estado y de Gobierno, expuso la gravedad de la situación que afronta La Tierra debido a las actividades antrópicas. Recordó, por ejemplo, que 2018, el cuarto año más cálido registrado, fue uno en el que se batieron lamentables marcas: “Ni una sola región del mundo se salvó de los efectos de la alteración del clima, desde los súper tifones en Filipinas y el sur de China hasta las sequías extremas en Argentina y Ciudad del Cabo, en Sudáfrica”. “Estamos ante un punto de inflexión para nuestro planeta”, declaró antes de indicar que el foco de la Asamblea General sobre el Medio Ambiente.

Nuestra idea y consecuente y probable proyecto de ley se centra en buscar soluciones innovadoras para los tres retos ambientales más acuciantes: el consumo insostenible, la pérdida de biodiversidad y el impacto del cambio climático. Hace falta una ley para contribuir en la preservación y cuidado del medio ambiente y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención, la generación, la valorización, la fiscalización y la gestión integral de los envases, embalajes y sus residuos, pues el impacto que estos productos tienen en el medio ambiente es verdaderamente peligroso y provocan incertidumbre en la calidad de vida de la tierra, el agua y el aire. La norma deberá  precisar de manera puntual el manejo adecuado de envases, embalajes y residuos.

En la última década el uso de envases y embalajes en las diversas presentaciones se ha incrementado exponencialmente, lo que es particularmente notorio en el consumo de agua y diversas bebidas que se comercializan en botellas o envases de plástico, tetrapack, vidrio y cartón, siendo los dos últimos más fáciles de reciclar y aún si se eliminan inapropiadamente son mucho menos dañinos para el medio ambiente. Este incremento está ocasionando un serio problema en términos ecológicos por acumulación de basura. La falta de previsión de las autoridades, de los productores, envasadores, comerciantes y usuarios, así como el uso y descarte sin control de estos envases, ha provocado la saturación en nuestras calles, ríos, cuencas, presas, vertederos de basura, basureros públicos y privados de ciudades, de pueblos enteros y comunidades. La mayor problemática y desafío es la generada por el plástico, por ser un material resistente a la de gradación. Por esta razón se centra el mayor interés en su gestión de manejo, ya que durante el proceso de descomposición libera sustancias tóxicas que pueden recorrer largas distancias a través del subsuelo, llegando a alterar la calidad del agua en toda su travesía. Al aire libre las botellas y residuos de plástico al degradarse pierden su tonicidad, se fragmentan y dispersan. La mayoría de los envases está hecha de tereftalato de polietileno, conocido como PET, un material bastante resistente. Los micro organismos no tienen mecanismos para atacarlos, y como consecuencia se estima que estos materiales tardan de 100 a 1.000 años en degradarse. Esas características de los plásticos hacen que su presencia masiva en los más diversos ambientes produzcan graves efectos nocivos que tienen, por ejemplo, una incidencia negativa en la vida marina ya que algunos animales los ingiere por error, como las tortugas marinas que confunden los plásticos con las medusas, componente fundamental de su dieta. Efectivamente, el plástico no solo se hunde hasta las profundidades de los océanos, sino que impacta directamente en la fauna marina que las habita. Según recientes investigaciones, más de 100.000 mamíferos marinos mueren cada año por ingerir plástico. Científicos que han estudiado las fosas más profundas en Japón, las Hébridas y Chile, han encontrado muestras de plástico en todas ellas. Y aún resulta más preocupante el resultado de una revisión de la fauna autóctona: el 100% de la fauna del lugar tenía res tos de plástico en el intestino.

“Armagedón oceánico” si no acabamos con nuestra dependencia en los productos de un solo uso, como bolsas, botellas, sorbetes y platos, vasos y cubiertos de un solo uso.  Lamentablemente aún estamos, como civilización, muy lejos de conseguir una economía circular en la que reutilicemos y reciclemos la mayoría de objetos, en lugar de tirarlos directamente al vertedero. Cada argentino consume un promedio de 42 kilos por año y hay poca conciencia sobre su impacto como pasivo ambiental acumulado que contamina hasta los más remotos ecosistemas del país y afectan principalmente el paisaje y la infraestructura hidráulica de ciudades y campos, además de implicar un grave riesgo para la salud. Esta cifra es alarmante: si no hay un cambio profundo, para 2050 habrá más plásticos que peces en los océanos, tal como lo reveló un estudio del Foro Económico Mundial y la Fundación Ellen MacArthur. De hecho, más de 8 millones de toneladas de este material se arrojan a los mares cada año. A pesar de ser un producto reciclable que, a través de determinados procesos puede adquirir una nueva forma y aplicarse a otros usos, la tasa en la Argentina es baja.   En este país, la producción de los RSU es de aproximadamente 1,1 kg por habitante por día, es decir, aproximadamente 14.000.000 de toneladas (t) anuales. La disposición final de los RSU, según información del CEAMSE, es del 43 % en basurales a cielo abierto, lo que representa un impacto ambiental importante desde el punto de vista sanitario por la generación de lixiviados que contaminan las napas de agua, cursos de agua y  residuos que vuelan por acción del viento. Así mismo, la mayoría de los rellenos sanitarios fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no tienen recolección de metano, que va a la atmósfera y posee 23 veces más grave efecto invernadero que el CO2 (dióxido de carbono).

Los plásticos post consumo no son un residuo, sino un recurso, porque se trata de materias primas para la industria del recicla do y tienen importantes ventajas ambienta las emisiones de CO2 (gases con efecto invernadero) y el consumo de les. Reducen energía. En 2020 se recuperaron 282.000 toneladas de plástico, desde el 2003 se reciclan casi 5 veces más plásticos. La economía circular es una oportunidad para revalorizar los plásticos y aumentar su reciclado, promover el consumo responsable y la educación ambiental, generar empleo, innovar y aprender y separar los residuos contribuye a disminuir la huella de carbono. En la Provincia de Buenos Aires 74 Municipios tienen vertederos a cielo abierto en l os cuales en 7 de cada 10 se producen quemas, el 40% de los residuos que se generan a diario terminan en estos basurales sin ningún tipo de tratamiento. Se estima que cada persona consume por año 43,2 Kg de plástico y que 24% de los residuos plásticos domésticos post consumo se reciclan. La industria recicladora genera aproximadamente 52mil puestos de trabajo y se encuentra al 50% de su capacidad ociosa por la baja separación de los residuos en origen. Los trabajadores plásticos reafirmamos nuestro compromiso en la formación profesional para el reciclado y en la difusión y generación de conciencia ambiental  y adecuado tratamiento para el residuo plástico.

Alberto Murúa y Juan Carlos Murúa son secretario general y secretario gremial de la Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP), respectivamente.

Las negociaciones con el Fondo Monetario para llegar a un acuerdo trajeron una marea de opiniones, uno de ellos fue el diputado nacional Itaí Hagman (FdT – Ciudad de Buenos Aires) que sostuvo: “Nosotros no consideramos que exista un buen acuerdo, porque la situación de deberle al FMI 45.000 millones de dólares en sí mismo es una calamidad que hace que todas las soluciones sean malas”. Además, anunció que están trabajando en modificaciones para impulsar, nuevamente, la ley de envases y defendió la idea de un salario universal. A su vez, apuntó contra la oposición por rechazar el Presupuesto 2022.

En una entrevista con diario El Cronista, al ser consultado por el acuerdo con el FMI el diputado manifestó: “Para que haya un acuerdo hacen falta dos, como para bailar el tango. Esto es una obviedad, pero puede no haber acuerdo por falta de voluntad o intransigencia del FMI. No depende solo de la voluntad del Gobierno argentino. Entonces, de ninguna manera se puede descartar ese escenario. Alguien puede decir que es preferible firmar cualquier cosa. Si uno tiene principios para negociar, hay barreras que no está dispuestas a cruzar. Entonces, puede no haber acuerdo”

“El Gobierno no está dispuesto a hacer un acuerdo que suponga ajuste de gastos”, resaltó y agregó: “Está dispuesto a reducir el déficit fiscal, por vía del crecimiento económico, que mejore la recaudación; no vía ajuste. Si el FMI pone como condición ineludible para que haya acuerdo una política de ajuste, como hizo en el acuerdo stand by que firmó (Mauricio) Macri, la Argentina no va a aceptar eso. Y no lo va a aceptar porque dinamitaría la posibilidad de recuperar la economía argentina y la posibilidad de pagarle al Fondo. Si la Argentina no se recupera, tampoco va a pagar la deuda”.

En ese sentido, aclaró: “Tampoco diría que haya ‘un buen acuerdo’, porque nosotros no consideramos que exista un buen acuerdo, porque la situación de deberle al FMI 45.000 millones de dólares en sí mismo es una calamidad que hace que todas las soluciones sean malas”, y apuntó: “Reivindicamos la negociación, pero no festejamos reestructurar una deuda de más de 100.000 dólares que tomó el gobierno anterior de manera irresponsable. Y lo digo en relación a los debates de estos días sobre la responsabilidad de endeudamiento, quién tiene la culpa. Primero la discusión era quién había endeudado más y ahora dicen que la culpa de la deuda con el FMI la tiene Cristina (Kirchner). Hay un nivel de delirio. Aparte, el propio macrismo, cuando asumió, dijo que no iba a volver al Fondo, porque era una de las acusaciones por parte de la oposición al gobierno de Macri”.

Respecto del Plan Plurianual que había anunciado el presidente Alberto Fernández para el 6 de diciembre pasado y de su tratamiento junto con el acuerdo con el Fondo afirmó: “Lo hizo en base a una expectativa de que para esa fecha iba a haber un entendimiento con el Fondo. Evidentemente no la hay. El propio ministro de Economía ha salido a plantear en los últimos días, con mayor claridad, cuáles son las desavenencias que existen. Eso es lógico. No vamos a discutir un plan plurianual que no tiene acuerdo con el FMI. La demora tiene que ver con que las negociaciones están en un momento más complicado y el Gobierno está negociando con mucha firmeza, lo que para mí es una buena noticia. Me preocuparía que la negociación sea fácil. Si la negociación es fácil, seguramente es porque estás haciendo una negociación que es bastante ventajosa para la otra parte”.

“Sería bueno que haya un acuerdo lo antes posible. Pero habla de que el Gobierno no está dispuesto a aceptar cualquier condicionamiento”, remarcó.

En relación a las críticas que el Gobierno recibe por parte de la oposición que le exige un programa económico, el legislador respaldó: “Es un Gobierno que tiene una apuesta muy fuerte a la industria, no casualmente es el sector que más se ha recuperado. Incluso, hoy está niveles superiores a la época del Gobierno de Macri”.

“Es un Gobierno que, si bien alienta las exportaciones, a la vez tiene una política de protección del mercado interno; no cree en la apertura de la economía de manera descontrolada y sin regulaciones para atraer inversiones. Es un Gobierno que cree que el Estado tiene un rol importante para alentar el proceso de desarrollo. Es un Gobierno consciente del problema de abusar del endeudamiento de moneda extranjera; que se puso como meta una recuperación de los ingresos reales”, enumeró y cuestionó: “Sería bueno conocer qué opina la oposición, qué propuesta tiene la oposición sobre política económica, sobre el acuerdo con el Fondo, sobre cómo hay que manejar el problema de la deuda… Es muy fácil decir ‘acá no hay un plan’ y no ofrecer ninguna alternativa”.

En ese contexto, recordó el rechazo al Presupuesto 2022 y advirtió que “es grave que no se haya sancionado” porque “deja un precedente muy negativo”. “En nombre de no darle discrecionalidad al Poder Ejecutivo, dejar sin presupuesto, le otorga más discrecionalidad, no menos. Por eso es raro lo que hizo la oposición. Nosotros no pretendíamos que voten a favor. Pero una cosa es no votar un presupuesto y otra es dejar al Gobierno sin presupuesto. No tenemos muchos antecedentes, salvo el de 2010. Me preocupa que se construya ese escenario, que es que la oposición asuma un rol de obstruir”, criticó Hagman.

Por otro lado, el economista adelantó que se están incorporando modificaciones a la ley de envases y que se volverá a impulsar el proyecto y precisó que las mismas se deben a “algunos planteos para darle un mayor rol a las provincias, y para darle mayor claridad la forma en que se calcula la tasa ambiental. Hay algunas modificaciones, pero el espíritu de la ley es el mismo. Es generar un desincentivo para el uso de los envases más contaminantes y un mecanismo de financiamiento para un sistema de reciclado, con inclusión social”.

Por último, manifestó que dentro del bloque del Frente de Todos “hay distintas posturas sobre un montón de temas. Entre ellos, el del Fondo. Somos un gobierno de coalición, con una diversidad de opiniones. Es natural que haya matices. Los matices tienen que ver con preocupaciones genuinas”.

En materia de labor legislativa opinó que “la prioridad tiene que ver con las leyes que permitan el proceso de recuperación económica. El objetivo de recuperar el ingreso se logró en algunos sectores de madera bastante modesta. Lo que necesitamos es que el proceso de recuperación se sostenga. Hay un montón de leyes que plantea el Ejecutivo, vinculadas al fomento de sectores productivos, a incentivo para inversiones y demás. Creo que a eso hay que sumarle algunas políticas más agresivas en materia de ingresos”.

Por ese motivo, avizoró que “tenemos la idea de un salario universal. En la Argentina tenemos un universo muy grande de población que en edad laborable que no tiene ingresos fijos asegurados, porque no tiene ni empleo formal o una actividad por cuenta propia que sea lo suficientemente estable”. “Planteamos que el sistema de seguridad social nacional, que logró que toda la población de niñez y adulto mayor tenga algún tipo de cobertura casi universal, llegue también a la población de entre 18 y 65 años, y que no tiene ingresos fijos asegurados. A eso le llamamos salario universal, que en su versión máxima puede cubrir hasta 10 millones de personas”, precisó Hagman.

En vísperas del recambio legislativo y ante la certeza de que la Cámara de Diputados ya no volverá a reunirse al menos con la actual conformación, organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), se movilizaron este jueves al Congreso para reclamar el tratamiento de una serie de iniciativas que ellos apoyan.

Se destacan entre ellas el proyecto de ley de envase y la ley de acceso a la tierra.

El oficialismo le dio su respaldo a la movilización con la presencia de numerosas figuras del bloque Frente de Todos, como las diputadas Paula Penacca, Daniela Vilar, Alcira Figueroa, Cecilia Moreau y María Rosa Martínez.

“Nos movilizamos por una #LeydeEnvases con Inclusión Social. Esta ley viene a saldar una deuda con el ambiente, con los miles de trabajadorxs cartoneros y cartoneras, a generar puestos de trabajo y a impulsar la reconversión de la industria”, tuiteó la diputada camporista Daniela Vilar, que agregó: “Esta ley viene a saldar una deuda con el ambiente, con los miles de trabajadorxs cartoneros y cartoneras, a generar puestos de trabajo y a impulsar la reconversión de la industria”.

En tanto que su par Paula Penacca, secretaria Parlamentaria del bloque que conduce Máximo Kirchner, expresó: “La Justicia Ambiental y la Justicia Social no pueden pensarse por separado. La Ley de Envases es una iniciativa que propone abordar el problema de los residuos urbanos que tenemos en el país apostando a la generación de empleo y cuidando tanto la salud como el ambiente”.

♻️ • La Justicia Ambiental y la Justicia Social no pueden pensarse por separado. La Ley de Envases es una iniciativa que propone abordar el problema de los residuos urbanos que tenemos en el país apostando a la generación de empleo y cuidando tanto la salud como el ambiente. pic.twitter.com/B1PYEWzq2T

— Paula Penacca (@PaulaPenacca) December 2, 2021

A su vez, la vicepresidenta del bloque, Cecilia Moreau, resaltó el acompañamiento a las distintas organizaciones “en su movilización para pedir la sanción de la #LeydeAccesoAlaTierraYa, entre otras leyes importantes que esperamos poder tratar este año”.

Entre las leyes que esperan sanción del Congreso figuran también la que está dirigida a personas en situación de calle; la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena; y la ley conocida como Bety Quispe, que propone crear la figura de promotoras y promotores territoriales de género y diversidad en los Centros Integrales de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires.

El diputado nacional Leonardo Grosso (FdT) acusó a sus pares de Juntos por el Cambio de estar “mintiendo y engañando a la población” respecto de la ley de envases, un proyecto impulsado por Máximo Kirchner, jefe de la bancada oficialista, y el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, que todavía no reunió el consenso necesario para poder tratarse en el recinto, dado que se oponen no solo desde la principal bancada opositora, sino también desde otros bloques federales.

El titular de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano aseguró que se trata de “una ley ambiental muy importante”, que busca “promover prácticas distintas en los productores”.

Sobre la tasa ambiental que la propuesta prevé implementar, explicó: “Es una pequeña tasa que se aplica en función a lo dañino que es ese envase al ambiente y a la salud humana”. Y agregó que si las empresas cambian su producción “no pagan tasas o pagan menos” si el envase es más o menos ecológico.

“Con eso se financia un sistema de reciclado a través de cooperativas”, señaló el legislador y defendió que “lo que estamos buscando con esta ley es reducir la basura para disposición final”.

Para el oficialista, “hay un interés muy fuerte de las empresas por no hacerse cargo del daño ambiental que hacen. La empresa de la gaseosa más famosa del mundo no se hace cargo de las millones y millones de botellas de plástico que terminan en nuestros mares, ríos o rellenos sanitarios”.

En declaraciones a FM La Patriada, Grosso apuntó que a la tasa “se resisten furibundamente la Cámara de Comercio yanqui (AmCham), que la escuchamos la semana pasada decir que era un impuestazo junto el coro de diputados y diputadas de Juntos por el Cambio, porque cuando esa cámara dice algo, ellos tienen que hacer eco a los cinco segundos y salir a defender los intereses de sus patrones”.

Y criticó los números aportados por el diputado del Pro Luciano Laspina “mintiendo y engañando a la población” al sostener que representaría “un aumento del 3% a todos los productos” con “cuentas ridículas”.

“Esto no impacta en la canasta básica. Es menos de un punto lo que puede impactar en algunos productos, si es que damos por sentado que los empresarios van a trasladar el costo ambiental que ellos generan al consumidor final”, defendió.

También, el diputado mencionó que “el otro sector que se resiste son los productores de alimentos de Argentina, la Copal a la cabeza, que tiene más una posición política que objetiva”. “Tanto AmCham como la Copal en otros países de Europa o del mundo pagan esta tasa, pero acá no la quieren pagar”, completó.

Ley de Alquileres

Consultado sobre la Ley de Alquileres, puesta en debate en los últimos días, Grosso reconoció que “funcionó mal”, porque “ganamos tres años de contrato, pero las inmobiliarias te cobran tres años de comisiones, y así se hace más difícil acceder a la casa”.

Para el legislador, “hay que discutir una política de alquileres en Argentina” y una “política de vivienda integral”, que contemple también “la construcción de viviendas y la regulación de los precios de los alquileres”.

El bonaerense recordó que cuando se dio el debate de la Ley de Alquileres había “un discurso muy fuerte por parte del Pro de que ‘no era negocio para los dueños de los departamentos alquilar’. La verdad es no sé si quiero que sea negocio alquilar departamentos en Argentina con el déficit habitacional que hay en el país”.

“La Ciudad de Buenos Aires tiene algo así como la mitad de los departamentos vacíos, que son parte de la especulación de algunos sectores y de la inversión financiera de otros”, observó.

Y cerró: “Hoy es imposible acceder a una vivienda en Argentina para cualquier laburante y para cualquier sector de la clase media; tenés que tener mucha guita para comprarte tu propia casa”.

Brenda Austin (UCR – Córdoba) participó de una audiencia organizada por referentes de su bloque donde advirtió que el proyecto de ley de envases “carece de dimensión ambiental” e hizo hincapié en la necesidad de avanzar en el debate de una iniciativa integral que promueva la prevención en la generación de residuos mediante el principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP).

Durante su intervención, la vicepresidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano denunció que el impuesto que el oficialismo busca establecer en la mencionada ley es ineficaz y no persigue fines ambientales. “El camino más fácil es pagar la tasa, trasladar al consumidor y seguir obrando como hasta acá. En este entramado, la protección del ambiente y el fomento de la economía circular son los grandes perdedores”, acusó Austin.

En este sentido, Austin defendió una propuesta de su par de bloque Gustavo Menna, quien busca impulsar un sistema de responsabilidad extendida del productor que promueva la articulación público-privada y habilite la posibilidad de proponer alternativas para contribuir al principio preventivo y generar incentivos reales de transformar las prácticas, lo que alienta la concientización sobre la producción y el consumo sostenibles.

La diputada ya había presentado, a mediados de año, un proyecto de ley de presupuestos mínimos ambientales para la gestión integral de residuos especiales de generación universal (REGU) mediante el principio REP, el cual se está implementando en diversos países para poner en funcionamiento a la economía circular y disminuir la generación de residuos. Dicho sistema establece la responsabilidad de los productores por todo el ciclo de vida de los productos que ponen en el mercado, lo que significaría ampliar la etapa del postconsumo.

Para finalizar, lamentó que la reunión no se diera en un marco de debate en comisión con todos los grupos presentas para dictaminar su iniciativa. “Este es un tema que se viene discutiendo desde hace muchos años en la Argentina. “Hay un proceso de construcción de consensos que no ha sido sencillo pero que nos ha permitido llegar a niveles de acuerdo muy importantes. El dictamen que hemos firmado recupera esos consensos y esa construcción colectiva”, sostuvo la legisladora para luego manifestar su preocupación por la inexistente estrategia medioambiental del proyecto y por el nuevo impuesto que se crearía de aprobarse la ley.

En un seminario organizado por el diputado y economista Luciano Laspina (Pro – Santa Fe), legisladores del interbloque de Juntos por el Cambio se reunieron con integrantes de varias cámaras empresarias del sector en la cual reiteraron sus críticas al proyecto de gestión de envases, que la semana pasada recibió dictamen de comisión, y rechazaron la inclusión de una tasa ambiental en el texto del Poder Ejecutivo y advirtieron que de sancionarse “habrá aumento de precios”, y que el fin de la iniciativa es “recaudatorio”.

Al abrir el encuentro, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio Mario Negri adelantó el rechazo de ese espacio a la creación de una tasa ambiental, al afirmar que “no” van a “acompañar un impuesto más”, y enfatizó: “Que quede claro que no vamos a meter impuestos disfrazados de tasas cuando no es tasa ni se presta servicio de ninguna naturaleza”.

En tanto, el diputado nacional Gustavo Menna (UCR – Chubut) consideró como un “atropello” el apuro del oficialismo en debatir el texto en comisión y sostuvo que el dictamen de mayoría tiene inconsistencias intrínsecas y “avanza sobre el federalismo”.

Por su parte, Laspina afirmó: “Según el economista Spotorno la recaudación por el nuevo ‘impuesto a los envases’ podría superar los $426.000 millones, equivalente a subir la el IVA de 21% a 24%. Los productos alcanzados aumentaran en promedio un 4,6%. La locura es total”.

Y agregó: “El impuesto a los envases aplica sobre los medicamentos. Y opera sobre los envases de los insumos. Es decir, aplica impuesto sobre impuestos. La locura es total”.

Desde la UIA, en tanto, manifestaron algunos puntos que deberían ser contemplados en el proyecto al precisar que “si bien coinciden en la necesidad de tener una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental, destacaron la importancia de tener una ley que sea viable de cumplir”.

Claudio Terrés, de la UIA, planteó desde esa organización la necesidad de que se limite “a envases domiciliarios” el texto y no se incluya a envases medicinales o residuos patógenos y se expresó a favor de cultivar la cultura de la separación en origen”, a la vez que consideró “demasiado importante” el régimen sancionatorio incluido en la iniciativa.

Además, Florencia Canzonieri de la Cámara Argentina de Bebidas Sin Alcohol (Cadibsa) precisó que “todos los materiales que se emplean actualmente en el mercado son reciclables” y dijo que el sector “no está de acuerdo con crear un nuevo impuesto”, al afirmar que “es muy preocupante para el sector porque implica una mayor carga tributaria, contradictorio con el esquema de precios congelados”.

Desde la industria laboratorios, se advirtió que “no se soporta un impuesto nuevo más” así como que la tasa ambiental incluida en el proyecto “tendrá impacto en la suba directa de los precios de los medicamentos”, al afirmar que se le pidió a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, que se deje afuera de esta iniciativa al sector de los medicamentos.

Asimismo, desde el Estudio LIsicki, Litvin y Asociados, señalaron que el proyecto una vez aprobado en el Congreso “va a terminar en la justicia”, al sostener que “obliga a una doble erogación”.

El proyecto del Poder Ejecutivo fue defendido en los últimos días por funcionarios del Gobierno nacional y diputados del Frente de Todos que rechazaron las críticas de la oposición y aclararon que la iniciativa no crea “un nuevo gravamen”, sino que se trata de una tasa ambiental que tendrán que pagar aquellas industrias que elaboren envases que no se puedan reciclar.

El proyecto apunta, entre otras cuestiones, a promover la gestión de los envases en todo el territorio nacional, prevenir y reducir su impacto sobre el ambiente y en la salud de las personas y promover la responsabilidad de las y los productores en la gestión.

Entre las entidades convocadas estuvieron la Unión Industrial Argentina (UIA); la Coordinadora de las Industrias de productos Alimenticios (Copal); el Círculo de Políticas Ambientales; la Cámara de Comercio de Estados Unidos (Amcham); la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME); Estudio LIsicki, Litvin y Asociados, Estudio Ferreres y Asociados y la Asociación Argentina de Contribuyentes, entre otras

El proyecto de ley de gestión de envases abrió una nueva grieta entre el oficialismo, que lo defiende con uñas y dientes, y la oposición que lo rechazó desde el primer momento por la tasa del 3% que establece. En ese sentido, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, Leonardo Grosso, afirmó que hay “unanimidad” en el Frente de Todos para votar el proyecto que promueve una gestión ecológica de los envases en todo el país para reducir su impacto sobre el medio ambiente y apuntó contra la oposición.

En declaraciones por Futurock, el legislador aseguró: “En principio hay unanimidad en el Frente de Todos con este proyecto. Es un proyecto que envió Alberto Fernández y es un tema central para todo nuestro espacio político”.

A su vez, apuntó contra la oposición: “Yo entiendo que la Cámara de empresas estadounidenses defienda sus intereses, pero no voy a entender a los diputados argentinos que defienden más los intereses de la Cámara yankee que de los propios argentinos y del medio ambiente”.

“La ley de envases pretende promover prácticas ambientales en la industria porque es el único sector que no se hace responsable de la trazabilidad del producto”, explicó Grosso y agregó que “al aplicar una tasa que promueva que los que producen los envases los hagan con material reciclado o los haga retornables, para que no terminen en ríos, mares y basurales a cielo abierto”.

En ese contexto aclaró que “la tasa que propone el proyecto es de hasta el 3% y se aplica gradualmente en la medida que esos envases sean muy contaminantes y no se puedan reciclar” a fin de “modificar las acciones contaminantes”. Por el contrario, añadió que “la tasa sería del 0% si uno tiene un sistema de retornabilidad de los envases o utiliza diseños ecológicos”.

Asimismo, el diputado nacional calificó como “mito” que la ley genere un aumento en la canasta de alimentos, y desmintió que sea “un impuesto a todos los envases“. “Es una tasa que implica que las empresas se hagan cargo de la responsabilidad que es la trazabilidad del producto”, ratificó.

El legislador oficialista remarcó que la ley “pretende aportar a la resolución de uno de los principales problemas ambientales que tiene la Argentina, que es la basura”, y subrayó que en Argentina “producimos 50 mil toneladas de basura diaria y el 20 por ciento de esa basura son envases post consumo, los que descartamos después de consumir algún alimento”.

Grosso destacó que “todos los espacios” del Frente de Todos se “han hecho eco de la discusión para pensar la sustentabilidad del sistema de producción en la Argentina”.

En la misma línea remarcó que “es algo que asumimos como parte de un compromiso que tiene que ver con empezar a incorporar la perspectiva ecológica en las políticas de Gobierno”, pero sentenció que si bien “la militancia ambiental puede hacer un aporte, el que tiene que tomar el toro por las astas es el Estado”. “La crisis ecológica es un problema y necesitamos tener respuestas concretas”, concluyó.

El diputado nacional Itai Hagman (FdT – CABA) defendió el proyecto de ley de envases ante las críticas de la oposición y aseveró que el objetivo del mismo es puramente ambiental.

El legislador del Frente de Todos señaló que la ley no busca recaudar, sino impactar en la gestión de residuos. “Una manera de resolver el problema es desincentivando el uso de estos envases”, declaró por Radio Del Plata, para luego condenar el hecho de que Argentina importe basura reciclada de otros países cuando cuenta con la capacidad de abastecer la industria propia.

Con respecto al cobro de un gravamen, el diputado aseguró que en realidad se trata de una tasa que varía según el tipo de material, es decir, que aumenta de acuerdo al tipo de envase. “La tasa va a ser mucho más baja que el 3%. Eso se planteó en la ley como un techo”, explicó Hagman, y culminó: “Ojalá no recaudemos nada, porque eso quiere decir que la industria va a usar envases reciclables”.

De esta forma, el diputado hizo hincapié en que el proyecto de ley de envases persigue una finalidad totalmente ambiental ya que busca reducir la utilización de elementos no reciclables. En este sentido, cuestionó a la oposición dado que considera que lo plantearon desde una perspectiva equivocada: “se instaló un discurso que distorsiona los debates”, finalizó.

La diputada Daniela Vilar (Frente de Todos – Buenos Aires) especificó este lunes los alcances de la ley de envases y respondió a las críticas que le propinaron sectores empresarios y opositores al proyecto. “El proyecto de Envase inclusivo ya tuvo todo el rebote del lobby empresarial y mediático”, marcó la diputada Vilar.

“En nuestro país se producen 50.000 toneladas de basura por día y más de la mitad terminan en un basural o relleno sanitario” señaló Vilar en una entrevista con El Destape Radio para luego agregar que “el 25% de toda la basura que producimos son envases”.

Vilar especificó que “la ley incorpora el principio de responsabilidad extendida de los productores. En todo el mundo las empresas se hacen responsables del impacto ambiental que generan sus envases”.

Respecto a las críticas de la oposición por el supuesto cobro obligatorio de una tasa, la diputada nacional aclaró que “lo que dicen de la tasa es mentira, se va a acordar. No va a superar el 3% por envase, no por producto”.

“Si las empresas no quieren pagar la tasa tienen que generar envases retornables o reciclables”, agregó Vilar.

Respecto a la postura de la Cámara que nuclea a empresarios norteamericanos, Vilar señaló que “la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) es la que hace lobby contra el Envase con Inclusión Social. Las empresas quieren que la disposición final de los envases quede entre privados y que no haya regulación desde el Estado”. Sobre el final, Vilar señaló que “espero que una parte de la oposición que son militantes del ambientalismo sean coherentes y acompañen este proyecto”.

La diputada Florencia Lampreabe se refirió este lunes al proyecto de ley de envases que se está debatiendo en el Congreso de la Nación, señalando que “el tema de los envases es una problemática que tiene varias aristas: ambiental, pero también social y de recursos. A nivel nacional hay una tasa de recuperación muy baja”.

En una entrevista otorgada a la radio AM 530, la diputada bonaerense del Frente de Todos remarcó que “el objetivo de la ley es tratar de dignificar un trabajo que vienen haciendo los recuperadores urbanos, darles más herramientas, por eso la ley se llama ley de envases con inclusión social. Para nosotros, los recuperadores urbanos o cartoneros son un actor central”, agregó Lampreabe.

Más adelante, la diputada nacional del Frente de Todos señaló que “hoy se producen 45 mil toneladas de basura por día de las cuales solo se recupera el 20% y además está importando residuos y basura de otros países para reciclar. Además, un tercio de los presupuestos de los municipios se destinan al reciclado de residuos y la situación es que los rellenos sanitarios están saturados, y hay más de 5000 basurales a cielo abierto que afectan a vecinos y vecinas”.

“La ley establece la responsabilidad extendida al productor. Porque hoy no hay compromiso del empresariado respecto a lo que va a pasar con el envase en el pos consumo. Y esto es lo que más genera tensión o resistencia”, remarcó Lampreabe.

Respecto al cobro de una tasa, Lampreabe señaló que “la ley establece el cobro de una tasa, que no es un impuesto, sino precisamente una tasa por un servicio que hoy se realiza o los municipios o los recuperadores urbanos en condiciones indignas. Ese servicio tiene un costo que tenemos que revisar quien lo debería afrontar”.

Sobre el final de la entrevista, Lampreabe agregó que “la lógica liberal es responsabilizar al consumidor sobre los envases, separando la basura, etc. Pero es una contribución individual que no resuelve el problema”.

El diputado radical Gustavo Menna, quien forma parte de las comisiones de Presupuesto y de Recursos Naturales, rechazó el dictamen de mayoría que diputados oficialistas firmaron el miércoles, al tratar el proyecto de ley para regular la gestión de envases y que incluye la creación de un nuevo gravamen.

“El Gobierno no entendió el mensaje de las urnas y sigue creando impuestos que castigan al consumidor sin que le interese mejorar la gestión ambiental sino formar una caja para repartir prebendas entre organizaciones sociales políticamente afines”, dijo Menna.

Este nuevo tributo, explicó Menna, estará “destinado a formar un fondo fiduciario para distribuir dinero entre municipios, que a su vez deberían sostener a organizaciones sociales de reciclado”. Así, indicó, “se trata de un nuevo impuesto que tendrá un fuerte efecto inflacionario ya que será trasladado por las empresas a los consumidores, encareciendo el costo de los productos”.

En este sentido, el bloque de Juntos por el Cambio manifestó su oposición en un duro debate en el que se señaló que el sistema que predomina en todos los países de Latinoamérica y Europa es el de Responsabilidad Extendida del Productor (REP).

Esta REP, explicó el legislador, “implica que la empresa productora se responsabilice por el ciclo total de la vida útil de los envases post consumo, organizando, financiando y administrando en forma privada la gestión de esos materiales, para su recuperación y reciclaje”.

“El rol del Estado en la REP es definir metas de cumplimiento, aprobar los planes de gestión y fiscalizar posteriormente que se cumplan”, añadió.

Por ello, el bloque de Juntos por el Cambio, acompañado por la diputada Graciela Camaño, del bloque Consenso Federal, firmaron un dictamen alternativo por el cual sostuvieron ese esquema y rechazaron la tasa que pretende imponer el kirchnerismo.

Esta iniciativa “abreva en proyectos anteriores consensuados, contando con el respaldo del sector empresarial, manifestado por la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (CADIBSA), la Unión Industrial Argentina (UIA) y el Círculo de Políticas Ambientales, que estuvieron en la Comisión de Ambiente”, agregó.

El diputado nacional Alberto Asseff del bloque Juntos por el Cambio y presidente del Partido UNIR, se refirió a la llamada “Ley de Envases y Reciclado Inclusivo” que impulsan el diputado nacional Máximo Kirchner y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié. Para el titular del Partido UNIR, aunque el Gobierno “tiene una buena intención con la medida, en la práctica está creando un impuesto, ya que no se verifica un vínculo entre el obligado pago del mismo y alguna clase de contraprestación”.

Asseff agregó que “la medida busca poner en la agenda política el cuidado del medio ambiente, pero sólo está planteado para generar una caja multimillonaria que será manejada por el Ministerio de Ambiente que hoy dirige Juan Cabandié. Asseff agregó que “lo mismo podría lograrse por el camino de incentivos económicos y reducción de impuestos para aquellos que inviertan en tecnologías menos contaminantes; camino que el mismo Gobierno aplica con otras medidas de interés social, como por ejemplo el denominado ‘cupo trans’. Sin embargo, en este caso, el Ejecutivo prefiere hacer caja con el sector productivo y poner a sus amigos a manejar esa caja, de forma discrecional”.

“Nosotros estamos a favor de la economía circular”, aclaró el legislador, afirmando que él mismo ha presentado un proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección del ambiente para la prohibición de los plásticos de un solo uso y fomento de la economía circular, “que por supuesto duerme el sueño de los justos, dado que no incluye un negocio para los amigos del poder y no sirve para hacer caja para la política”.

Al respecto Asseff explicó que el proyecto de plásticos de un solo uso fue vuelto a presentarse en marzo de este año.