Aislado preventivamente en su casa por haber mantenido contacto estrecho con un positivo de Covid-19, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, expuso virtualmente este lunes ante la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, en el marco de una nueva reunión informativa sobre los 30 años de la Ley de Estupefacientes.

El funcionario destacó que desde el comienzo de la gestión se viene "trabajando de manera coordinada con la SEDRONAR, porque todos reconocemos a la escuela como una de las principales instituciones de protección y cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes".

"Nos preocupa en profundidad una de las principales problemáticas de nuestros adolescentes" como es "el consumo de alcohol", señaló y aseguró que "la escuela es el espacio donde tenemos que transmitir esa cultura de cuidado, de proteger, de dar las herramientas" necesarias en prevención.

En ese sentido, Trotta dijo que la escuela es "la puerta de entrada para el abordaje" de consumos problemáticos, y un "espacio de ayuda, escucha y canalización de estas problemáticas". "Son los docentes los que muchas veces detectan estas situaciones de adicciones, abusos y violencia intrafamiliar", agregó.

El ministro afirmó que con la SEDRONAR trabajan conjuntamente en "garantizar la implementación de los contenidos curriculares para la prevención de adicciones", aprobados por el Consejo Federal de Educación en 2015, pero que durante la gestión anterior "se desarticuló" y "no se desarrollaron estrategias de difusión y abordaje de estos lineamientos", resaltó.

Por otra parte, el titular de la cartera de Educación ponderó que "el presupuesto educativo presentado por nuestro Gobierno es un paso importantísimo para recuperar los procesos de inversión; es federal, y está vinculado a infraestructura y al programa de conectividad", triplicando las partidas para esas áreas y duplicando las becas Progresar.

"Todos sabemos que el desafío que tenemos es la continuidad educativa, sobre todo en un contexto social y económico tan complejo como ha implicado la pandemia", sostuvo y precisó que "todos los años ha crecido lo que es la terminalidad secundaria en tiempo y forma, más allá de algunos baches vinculados a las crisis".

Trotta remarcó que "hay que repensar la escuela secundaria, su vínculo con el mundo del trabajo, cómo logramos interpelar a los chicos para que se sientan convocados y acompañados en la escuela". "Hay un desgranamiento muy importante que sabemos que, a partir de la crisis que generada por la pandemia, se va a profundizar", indicó.

Y advirtió que este no será un problema "exclusivamente de la Argentina, sino que se va a reflejar en todos los países del mundo; no solo por la profundización de la desigualdad, sino por lo que ha implicado la ruptura de la rutina de ir a la escuela, y eso tiene un impacto en nuestros adolescentes".

Sobre esto, el ministro recordó que en el Presupuesto habrá una inversión de "4 mil millones de pesos" destinados al programa "Acompañar", acordado con las provincias con el objetivo de abordar el regreso al ciclo lectivo en 2021.

Otra de las invitadas de la jornada fue Gabriela Torres, titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), quien repasó cómo a lo largo del tiempo se fue "cambiando" la concepción de este organismo. "Nosotros estamos trabajando mucho desde el comienzo de la gestión con el Ministerio de Seguridad para que quede claro que una cosa es narcotráfico y otra es una persona que consume", expresó.

"Los problemas de consumo son problemas de personas que se relacionan problemáticamente con sustancias, no importa la sustancia, si es dura o blanda", apuntó la funcionaria, que explicó que "primero hay un uso, después un abuso, y después un consumo problemático o adicción".

Torres aseveró que "hay que hacerse cargo del consumo de alcohol que tenemos, hay que trabajar y hablar un montón". Y cuestionó la idea de "culpar a los jóvenes de sectores populares como si fueran los únicos que tienen un problema de consumo problemático; eso está recontra instalado y la verdad que no es cierto".

"Todas las encuestas que tiene SEDRONAR dicen que eso nos interpela a todos, el consumo problemático es un tema de todas las clases sociales, aunque por supuesto que hay diferentes modalidades de consumo", continuó.

La titular del organismo consideró que "nos debemos algunas discusiones como sociedad de blanquear qué nos pasa, en principio, con las drogas legales". En tanto, "lo que nos pasa con la Ley de Drogas tiene que ver con que, en esta estereotipación, se meten presos a pibes jóvenes y de sectores populares", subrayó.

"Es muy importante que todos sepamos que si alguien tiene problemas de consumo, ir preso no es un tratamiento", enfatizó y opinó: "Yo creo que nosotros no tenemos que discutir marihuana sí o marihuana no, sino hablar del consumo y de cómo nosotros queremos vivir mejor, y para qué es el consumo. La sociedad no debería tener tanto miedo para hablar de consumos problemáticos y adicciones".

También asistió a la reunión Marcelo Bergman, director el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la UNTREF (Universidad Nacional de Tres de Febrero), quien recordó que "el objetivo de la ley fue reducir la disponibilidad de la droga para que la gente no consuma", pero a 30 años de su sanción "no ha tenido un impacto en la reducción de la disponibilidad de la droga".

El especialista apuntó que los precios de las drogas ilegales "están bajos". "No es muy cara la droga en Argentina. Y, al no estar creciendo ese precio, eso nos da un indicio de que la droga está disponible. Los estudios focales también han demostrado que la gente no tiene grandes dificultades de acceder a las drogas", añadió.

Bergman resumió así que "la disponibilidad que buscaba originalmente la Ley 23.737, con la estrategia prohibicionista, no está alcanzando un gran nivel de reducción de la oferta de drogas".

Además, resaltó que "no estamos encarcelando a los grandes narcotraficantes. Las cárceles están llenas de vendedores o transportistas de poca monta".

"Mirando los efectos en la disponibilidad en el mercado de las drogas y en las personas castigadas, la Ley 23.737 no parece obtener muchos buenos resultados que se propuso en su momento. Es un buen momento para repensar estrategias distintas", completó.

La Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico que preside el catamarqueño Dalmacio Mera continuó este martes el análisis de la Ley de Estupefacientes, con la presencia de cuatro invitados.

El punto exclusivo del encuentro fue el vinculado “al aspecto sanitario”. Entre los participantes se destacó la presencia del director nacional de Salud Mental y Adicciones de la Nación, Hugo Barrionuevo.

Además expusieron los máximos responsables en la materia a nivel estatal de las provincias de Córdoba, Río Negro y Salta.

Barrionuevo aclaró que “la principal dificultad que encontramos en las personas que consumen, es el acceso a los servicios de salud” y precisó que “la Ley 26.657 de salud mental y adicciones es muy clara cuando dice que los problemas de consumo deben ser tratados a través del sistema de salud”.

Sostuvo que “la tenencia de ninguna manera debe ser involucrada en el ámbito penal” y dijo que “debe ser muy clara la diferenciación entre lo que es un delito y lo que es una problemática de salud”.

“La persona que tiene un problema de consumo tiene que ser parte del sistema. No se debe sentir perseguida, sino que por el contrario debe sentir que se la quiere ayudar”, sintetizó Barrionuevo antes de lamentar que “la ciudadanía en general mira este problema de manera simplificado”, al sostener que “todo aquel que tiene un problema de consumo es visto como delincuente, cuando de alguna manera es víctima del tráfico de venta ilegal”.

De inmediato, Darío Gigena Parker, secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la provincia de Córdoba, contó que el gobernador Juan Schiaretti “en el 2015 creó el área y la colocó en salud” y consignó que en el territorio cordobés “hay 101 centros y se agregaran otros 16 más próximamente”.

Gigena Parker dijo que “el sistema de salud de adicciones está desafortunadamente enfocado en que es un problema agudo y no hay tratamiento precoz” y por otra parte alertó sobre “una droga que es legal, que es el alcohol, por el que aumentó el consumo y la edad de inicio es cada vez más baja”.

A su turno, la directora de la Agencia para la Prevención, Asistencia del Abuso de Sustancias y Adicciones de la provincia de Río Negro, Mabel Dellorfano, destacó el hecho de que “hace 4 años se creó esta Agencia que depende del gobernador y fue creada por el actual senador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro)”.

La funcionaria rionegrina indicó que “hay un aumento en el consumo de drogas, fundamentalmente de marihuana” y brindó detalles de una encuesta realizada en una facultad en la que “la mayoría considera que fumar marihuana es poco o nada grave”.

“La adicción es una enfermedad del cerebro, pero es una enfermedad prevenible y tratable. El problema no es solo la adicción sino también todo lo que deviene de ella. Consideramos que no se puede penalizar la tenencia para uso personal”, agregó.

En tanto, Irma Silva, secretaria de Salud Mental y Adicciones de la provincia de Salta, puntualizó que “el problema de consumo es un tema de derechos humanos”, y lamentó que “todavía no está desterrado el concepto de adicto”.

Silva afirmó que “las personas con problemáticas de consumo están muy asociadas a los prejuicios que lamentablemente tienen las minorías, que por lo general son muy mal tratadas por las mayorías” y comentó que “durante la cuarentena aumentó el consumo” de drogas y alcohol.

Del encuentro tomaron parte los senadores oficialistas Dalmacio Mera, José Mayans (Formosa), Alberto Weretilneck (Río Negro) y los de Juntos por el Cambio Silvia Elías de Pérez (Tucumán), Víctor Zimmermann (Chaco), Pedro Braillard Poccard (Corrientes) y Mario Fiad (Jujuy).

El padre Pepe y miembros de varias Organizaciones No Gubernamentales, expusieron ante la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico sobre la ley de drogas, sancionada hace 30 años.

El presidente de la comisión, el senador catarmarqueño Dalmacio Mera (Frente de Todos), informó que el encuentro por videoconferencia estaba destinado a “escuchar a organizaciones no gubernamentales, que son actores que se han involucrado en este tema desde hace muchos años y tienen experiencia de campo”.

Durante la reunión, los expositores hablaron de la “necesidad” de modificar la Ley 23.737 porque en estas tres décadas “resultó un fracaso”, consideraron que se debe prestar debida atención a “los niños, niñas y adolescentes de barrios populares y sectores más vulnerables” y también se tiene que tener en cuenta “la salud de los que consumen” sustancias.

José María Di Paola, conocido popularmente como padre Pepe, afirmó que “la droga esclaviza”, recordó que “los curas nos hemos opuesto a la penalización de los jóvenes que consumen” y remarcó que “el problema existe y en los barrios populares los chicos y chicas no tienen las oportunidades que en otros lados si tienen”.

El padre Pepe se pronunció en favor de elaborar “una ley que muestre con claridad lo que le hace mal a una persona”, consideró que “bajar la imputabilidad es un atajo” y abogó para que en la elaboración de una nueva norma en la materia “tenga participación de los sectores más empobrecidos”.

Fabián Chioso, presidente de la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas y representante por Argentina en la Red Iberoamericana de Organizaciones que trabajan en Drogodependencia, hizo hincapié en la necesidad de que se observe con detenimiento el tema de salud de quienes son consumidores.

Chioso dijo que “los niños y adolescentes de barrios populares son los más perjudicados” con la actual normativa y juzgó que “debe haber una actualización adecuada que dé seriamente una respuesta al combate al narcotráfico y tratar el tema de salud de los consumidores por separado”

En tanto, Fabián Tonda, director general de la Fundación Aylén y presidente de la Federación de Organizaciones no gubernamentales de la Argentina para la prevención y el tratamiento del abuso de drogas, indicó que la actual ley “es punitiva y carece de un enfoque social y de salud”.

Tonda puntualizó que en la actualidad “hay leyes de escritorio que están lejos de la gente”, destacó que “unir el narcotráfico con el tema de la salud no es bueno, ya que van por dos carriles diferentes” y pidió “sacar el consumo de la penalidad”.

La presidenta de la Fundación Convivir y del Foro del Sector Social, Mercedes Aranguren, informó que en el último tiempo “bajó la edad de inicio de consumo” de drogas, se pronunció en favor de “no criminalizar y no desproteger a las personas que consumen”.

Asimismo, Aranguren, que también ocupa el cargo de vicepresidenta de la Confederación de la Sociedad Civil, reclamó que la nueva norma que se elabore “contemple un presupuesto para poder actuar y no solo sea algo de buenas intenciones”.

A tu turno, Erika Garrido, psiquiatra forense en el servicio penitenciario de Corrientes, alertó que “el uso de estupefacientes hace estragos en la población penal” ya que “provoca violencia” entre los internos que consumen y advirtió que existe “una alta relación entre la marihuana y los delitos violentos”.

Rosana Triay, médica psiquiatra del cuerpo forense del Poder Judicial de Corrientes, dio detalles de “los efectos que causan las drogas en el cerebro, especialmente en los de los adolescentes”. “Comparándolo con una computadora, el cerebro es la CPU de una persona, ya que es el órgano más complejo del organismo y regula la actividad del cuerpo”, graficó.

En tanto, la presidenta de Intercambios Asociación Civil para el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas, Graciela Touzé, fue contundente al enfatizar que “la ley de drogas 23.737 debe ser modificada y es una deuda de la democracia, porque criminaliza a los usuarios de sustancias psicoactivas y somete a proceso policial y penal por un delito que no debería ser tal, además de despilfarrar recursos del estado”.

Touzé se inclinó por “eliminar toda forma de criminalización de las personas que utilizan drogas” dado que a su entender “en ningún caso deben ser objetos de sanciones” y pidió “avanzar a la regulación legal del autocultivo para consumo personal”.

Mariana Souto, coordinadora del área de políticas de drogas del Instituto Latinoamericano de Seguridad Democrática, opinó que lo que se está debatiendo “es una discusión que nos debemos. Es una deuda de la democracia” por juzgar que la ley 23.737 “es un fracaso, es ineficaz y por ende es urgente reformarla porque no está funcionando”.

Por otra parte, Eleonora Jalile, miembro de la Asociación Civil Demos, en defensa de la infancia en la provincia de Catamarca, subrayó que actualmente “se criminaliza el consumo. Se identifica a los adictos como los marginales que ponen en riesgo la seguridad social” y dijo que “los consumidores de grupos con buen nivel de vida quedan excluidos de las políticas de drogas, que apuntan sólo a los de bajos recursos”.

Sobre el final de la reunión, el senador por Jujuy Mario Fiad (Juntos por el Cambio), presidente de la comisión de Salud, dejó abierta la posibilidad de “separar lo punitivo y lo sanitario” a la hora de la confección del nuevo marco legal para lo relacionado al tema en debate, posición con la que coincidió su par de bancada por Corrientes, Pedro Braillard Poccard.

Una segunda jornada de debate sobre los 30 años de la Ley de Estupefacientes (23.737) se realizó este lunes en la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, presidida por Dalmacio Mera (Frente de Todos). Durante la reunión virtual, defensores y funcionarios del Poder Ejecutivo coincidieron en la necesidad de una reforma de la norma.

La primera oradora de la jornada fue la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, quien enfatizó que "hay algunas reformas (a la ley) que están esperando desde hace largo rato". Al recordar el fallo Arriolla de 2009, por el cual la Corte Suprema declaró inconstitucional el artículo referido a la tenencia de droga para consumo personal, la funcionaria señaló que "como no hubo reacción legislativa inmediata" para corregir la norma, se generó "un problema".

"La policía sigue deteniendo gente", indicó, bajo el argumento que el delito "sigue estando en la ley y que ellos en la primera etapa no pueden distinguir si es para consumo personal" o no. Esto demanda "recursos económicos, materiales, humanos" que están "mal dirigidos" hacia "los consumidores, cuando deberían estar dirigido a los narcotraficantes".

Para Martínez, la tenencia para consumo personal "no debe figurar en la ley ni constituir un tipo penal" y, además, "hay que discutir mucho más ampliamente qué pasa con la tenencia simple", de modo que "solo pueda ser alcanzada por la norma cuando claramente se puede insertar en un proceso de narcotráfico".

"Todo esto ha provocado mucha jurisprudencia, que resulta contradictoria" y "en nada ayuda porque no da ninguna certeza", remarcó la defensora, al tiempo que dijo que la Ley 23.737 "no ha demostrado ser suficientemente eficiente en la lucha contra el narcotráfico".

Por otro lado, advirtió que, salvo la Ciudad de Buenos Aires, "no hay lugares adecuados para atender los tratamientos (de personas adictas) en las provincias"; y "otro tema muy grave" es "el tema de las mulas" porque esta ley "genera un impacto diferencial enorme sobre las mujeres".

En su alocución, la funcionaria consideró que "es urgente que haya un tratamiento muy racional sobre el tema del cultivo por la utilización medicinal de cannabis" y analizar "hasta qué punto hay que utilizar represión o hasta qué punto es preferible liberalizar el consumo de ciertas drogas".

"Reconozco que todavía la sociedad argentina no parece estar preparada para esto, sí para dar la discusión, pero no para avanzar con una ley", opinó y agregó que "no" cree que "podamos adoptar el modelo uruguayo", pero sí abogó por avanzar en adoptar ese modelo "en lo que se refiere al cannabis medicinal". "Creo que ya a esta altura es imprescindible que se reforme la ley", completó.

A su turno, Ana Galán Muñoz, coordinadora general de Defensa de la Jurisdicción Federal de Salta, resaltó la necesidad de que "se visibilicen cuestiones de género" en una eventual modificación de la norma. Según datos del Servicio Penitenciario Nacional, la expositora precisó que "del total de presos federales, el 5,54% son mujeres, pero en el NOA, la meca del narco, ese porcentaje supera el 34%".

La funcionaria detalló que de los casos que se atendieron entre 2016 y 2019 "más del 25% fueron mujeres" y "el 90% vinculadas al proceso penal por causas de drogas", de ese número "el 50% tuvieron una participación en el delito de tipo mula" y "el el 30% fueron amenazadas, involucradas por sus parejas hombres" para ello. "Merecemos un análisis de la lucha contra el narcotráfico con perspectiva de género, recolectando datos precisos para poder diseñar políticas públicas", añadió.

Por su parte, Gabriel Anitua, defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, sostuvo que "esta ley más que un fracaso fue un error" y "provoca injusticias y costos". Asimismo, advirtió que "todo el andamiaje legislativo" construido en base a esta norma "provoca vulneraciones de derechos". "Esta legislación no es útil", insistió y propuso "una ley que regule el mercado de las drogas, y sea por tanto eficaz".

Con énfasis en el tema del autocultivo de cannabis, Pablo Ordoñez, defensor público oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia N°1 de La Plata, manifestó que se necesita "una ley que sea clara" sobre cannabis medicinal, y que se piense en relación a "la realidad y dejando de transformar en delincuentes a aquellas personas que lo único que quieren es hacer que su dolor no espere". "Necesitamos que se aggiorne la ley a lo que estamos viviendo día a día", agregó.

La exposición de los funcionarios del Ministerio de Seguridad

Durante la reunión se presentaron también funcionarios del Ministerio de Seguridad. Abrió la ronda Eduardo Villalba, secretario de Seguridad, quien expresó que una modificación de la Ley de Estupefacientes debe hacerse teniendo en cuenta "el termómetro de la sociedad civil respecto a esta temática" y junto a "las áreas del Estado, las ONG's especializadas, la voz de los que trabajan en territorio y la voz de la justicia".

Además, el funcionario opinó que una nueva normativa debe contemplar "un claro mensaje hacia nuestras fuerzas de seguridad", "los efectores y gestores de salud" y "todos los recursos de abordaje de los consumos problemáticos". En resumen, se requiere de "un ámbito integral que pudiera trabajar la ley de una manera seria", subrayó.

En su discurso, durante el que repasó la labor que lleva adelante la cartera, Villalba apostó por una nueva ley en la que "las soluciones no sean meramente transitorias o queden con moras hacia la sociedad, la justicia, las fuerzas de seguridad", sino que avance hacia "lo que queremos en la lucha contra la narcocriminalidad".

A continuación, Ángela Oyhandy, directora nacional de Estadística Criminal, habló de "la ausencia de indicadores objetivos que permitan dar cuenta de la eficacia de las políticas de la lucha contra el narcotráfico que encontramos al inicio de nuestra gestión".

No obstante, informó que en base a "datos sobre incautaciones de sustancias" se arribó a "conclusiones preliminares que hablaban de una baja eficacia y de una gran concentración de la actividad de las fuerzas federales en incautaciones de pequeñas cantidades de drogas, fundamentalmente de marihuana".

La funcionaria señaló que entre los años 2001-2009 se duplicaron las denuncias por este tipo de hechos, "luego hubo un amesetamiento" y "un nuevo gran salto entre los años 2017 y 2019". "El gran incremento en estos años -de un 84%- se produjo en la categoría tenencia simple atenuada para uso personal de estupefacientes".

"Un 66% de la actividad de las fuerzas federales en estos ultimos años estuvo orientada a la focalización en tenencias de distintos tipos", aseguró y remarcó que "la infracción a la Ley 23.737 es la sexta categoría en cantidad de denuncias que se concentran en todo el país", alcanzando el año pasado un número de 98.037.

También expusieron Silvia La Ruffa, subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa; y Valentina Novik, subsecretaria de Investigación Criminal y Cooperación Judicial.

Un grupo de fiscales coincidieron este lunes en que es necesario avanzar con la despenalización de la tenencia de droga para consumo personal, al participar de un debate por los 30 años de la Ley de Estupefacientes (23.737), en el marco de una reunión de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, presidida por el catamarqueño Dalmacio Mera (FdT).

En primer lugar expuso Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), quien recordó que en 2009 la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad del inciso 2 del artículo 14 de la ley. "Sin embargo, a más de 10 años del fallo Arriola, el 40% de las investigaciones de las causas iniciadas en el fuero federal se vinculan con ese tipo penal".

Apoyado en gráficos que compartió en pantalla, el funcionario resaltó además que "el 40% de los recursos de la justicia federal siguen orientados a la judicialización de conductas menores como puede ser la tenencia con fines de consumo". Tras lo cual opinó que "estos recursos deberían destinados a lo que es el abordaje de las drogas desde el sistema de la salud y educación; reasignarse esos recursos a la prevención y al abordaje de investigaciones sobre el crimen organizado".

"A esta altura, luego de 30 años de vigencia de la ley, y más de 10 años del precedente Arriola, nos debemos la discusión en torno a aggiornar la norma a los preceptos constitucionales", continuó.

En otro tramo, Iglesias expresó que se necesita "profundizar el trabajo de colaboración y cooperación entre los ministerios públicos provinciales y federales", y ahondó que la coordinación entre "los dos niveles de investigación" ayudan a "mejorar la persecución penal".

A su turno, Eduardo Villalba, fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, remarcó que las provincias de Salta y Jujuy "son distintas a todo el resto del país", por tener frontera con Bolivia y ser "la puerta de entrada de la droga, fundamentalmente de la cocaína". Por lo cual, dijo que "se necesita focalizar esfuerzos" en esta región.

El funcionario destacó que "a partir de 2015 a la fecha tenemos verdaderos narcotráficantes que están privados de su libertad, incluido un exjuez federal que era parte del problema". Asimismo, valoró la aplicación del sistema acusatorio como "un antes y un después" y enfatizó que es necesario "el trabajo coordinado" desde el Ministerio Público, para el avance de estas causas.

Villalba advirtió que la ley tiene "mínimos muy altos" y es errónea al sancionar con "la misma escala penal" a "alguien que emprende un transporte sofisticado para ingresar droga en avión" y "una persona que ingiere 25 capsulas con cocaína". "Esto provoca cárceles abarrotadas de mulas", señaló y apuntó que se trata en muchos casos de "personas extremadamente vulnerables" que actúan por desesperación.

Además, observó que la norma establece que "la importación de hoja de coca está prohibida, pero a su vez toda hoja de coca viene de Bolivia". "Ahí hay una esquizofrenia legislativa", opinó y consideró que "se debería regular en el Código Aduanero".

Por su parte, la presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Liliana Navarro, afirmó que "la tenencia con fines de consumo, que sigue penalizada en la ley, es una deuda pendiente que tenemos". En ese sentido, haciendo referencia a los fallos Bazterrica (1986) y Arriola (2009), la expositora analizó que cuando se discutió la Ley 23.737 "predominó una fuerte concepción moral sobre la concepción legal".

Por eso, explicó la paradoja entre "leyes que obligan a las obras sociales a cubrir los tratamientos de adicción" y "una ley en la que sigue vigente la sanción penal para el adicto, para el enfermo". Esto es porque se entendía que "el último eslabón en el tráfico de drogas era en definitiva el consumidor", pero "la sociedad toda ha entendido que el adicto es la víctima de este flagelo", subrayó.

Navarro llamó a "dar un paso adelante" y "desde el Estado concentrar esfuerzos en la salud pública, el deporte y el trabajo" para avanzar con "la despenalización de la tenencia con fines de consumo", porque en las causas "se sigue criminalizando al enfermo".

"Estoy convencido que una política de drogas debe centrarse en reducir las consecuencias nocivas del consumo, reducir riesgos, controlar daños, pero todo esto en el marco de políticas sanitarias y no desde el derecho penal", aseguró Flavio Ferrini, fiscal federal de la provincia de Corrientes.

Además, planteó que "debe haber una política general que fomente la integración social de marginados y personas vulnerables" y "tenemos que centrar los esfuerzos desde el Estado en la persecución de las grandes manifestaciones de crimen organizado que tienen que ver con el tráfico de estupefacientes".

"Esta ley, que se inscribe en una normativa de tipo prohibicionista, fue similar para toda América Latina. Fue casi una bajada de línea de Estados Unidos", recordó.

No obstante, el fiscal consideró que "la ineficacia en la persecución penal" no se debe solamente a la letra de la ley, sino a "un abordaje individual, sesgado de la materia" en "la forma en que se realizan las investigaciones" y "el sistema inquisitivo".

"Está claro que tenemos que adecuar esta ley a los preceptos constitucionales. Hay que despenalizar la tenencia para consumo personal", coincidió Ferrini con los expositores anteriores.

Avanzado el debate, Hugo Greca, juez federal de primera instancia de General Roca, ponderó que en Río Negro se implementó "un 0800 para denuncias anónimas sobre narcotráfico, que ha sido muy beneficioso, porque el mejor policía termina siendo el vecino. Tendrían que tenerlo todas las jurisdicciones".

También se mostró a favor de avanzar con la derogación del artículo 14 de la ley -referido a la tenencia para consumo personal-; y evaluó que habría que incorporar el verbo típico "comprar droga con fines de comercio", porque "cuando una persona comete este tipo de delitos no está queriendo afectar la salud pública, sino que se quiere enriquecer ilícitamente".

Y resaltó la necesidad de "generar decomisos anticipados, donde los bienes (incautados) sean entregados al uso de las policías o de la salubridad pública".

Finalmente, Mario Juliano, director ejecutivo de la Asociación de Pensamiento Penal, detalló que según un reciente informe del Ministerio de Seguridad "en los últimos años, el 88% de las causas abiertas por infracción a la ley de drogas ha sido por tenencia para consumo personal y por tenencia simple o neutra".

Sobre esto, precisó que un estudio realizado desde su organización sobre "el costo que representa la sustanciación de estas causas hasta que normalmente llegan al archivo" arribó a la conclusión de que "el Estado argentino y las provincias invierten de sus escasos recursos entre 10 y 15 mil pesos para tener abiertas o sustanciar" este tipo de causas. "Adhiero decididamente a la propuesta de que el Estado argentino debe despenalizar la tenencia para consumo personal", manifestó.