Los diputados nacionales Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron un proyecto de ley que establece la obligatoriedad para que los consejeros presidenciales presenten declaración jurada patrimonial. En los fundamentos mencionan a Santiago Caputo, el asesor estrella de Javier Milei.

La iniciativa plantea incorporar al artículo 1ro. de la Ley 25.188 de Ética Pública dos párrafos. “Se entiende por Alta Dirección Pública a las funciones expresamente establecidas en la Constitución Nacional en el artículo 99 y que delegue el presidente, secretarios presidenciales, jefe de Gabinete y ministros del Poder Ejecutivo Nacional en otros funcionarios de menor rango, asesores o consultores contratados".

En tanto, "cuando la asesoría se realice sobre facultades que la Constitución Nacional confiere expresamente al presidente de la Nación, el/los asesor/es deberán cumplimentar con todas las obligaciones que posee el presidente en cuanto a la gestión de intereses, información pública, publicidad de los actos de gobierno y controles por parte del Congreso de la Nación de los actos presidenciales delegados”.

Además, se busca sumar un inciso al artículo 5 de dicha ley, para que "todos los funcionarios independientemente de su forma de contratación con cargos de Alta Dirección Pública y/o con remuneraciones iguales o mayores a 1.500 Unidades Retributivas de Servicios del Sistema Nacional de Empleo Público” queden obligados a presentar una declaración jurada patrimonial.

Los diputados consideraron que "es fundamental que estos asesores presenten una declaración jurada obligatoria, independientemente de si su cargo es remunerado o no". "No podemos aceptar que personas con semejante responsabilidad no rindan cuentas de su patrimonio antes, durante y después de su función pública", agregaron.

En los fundamentos, los legisladores del Partido Socialista apuntaron "un caso de resonancia institucional enorme" cuando en el Senado se recibió la declaración del postulante a la Corte Suprema de Justicia Manuel García-Mansilla. "Fue él mismo quien refirió que su cargo le fue ofrecido por una persona en ejercicio de la función pública pero sin designación específica para los roles que desarrolla y sin haber presentado, previamente, su declaración jurada por no ser requerible según interpretación de la propia Oficina Anticorrupción", señalaron.

"Sumado a ello, en fecha 21 de octubre del corriente año, en la entrevista al expresidente Mauricio Macri y transmitida por La Nación +, refirió que 'Javier Milei le cedió casi el manejo absoluto del gobierno' a Santiago Caputo -consultor nivel II-", resaltaron Paulón y Fein.

Para los impulsores de la iniciativas, estas "modificaciones y aclaraciones que promovemos son con el objeto del fortalecimiento del sistema democrático, del control de los actos de gobierno y de los funcionarios públicos que desempeñan tareas de alta dirección en su ámbito de actuación y con la necesidad de escrutinio público permanente".

"Las modificaciones normativas planteadas aquí confluyen hacia la idea de fortalecer e independizar la Oficina Anticorrupción. Al establecerse de manera expresa quiénes son los funcionarios que deben cumplimentar con los requisitos inherentes a su función en el ingreso y, luego, a su salida, permiten a la OA el control patrimonial de quienes asumen responsabilidades manifiestas en el ejercicio funcional del Estado dentro del esquema normativo actual, con la OA dentro del Poder Ejecutivo", completaron.

El candidato a presidente de la Nación por Unión por la Patria, Sergio Massa, anticipó este martes que, en caso de obtener el triunfo en el balotaje del próximo domingo 19 de noviembre ante el libertario Javier Milei, impulsará una nueva ley de ética.

Durante su participación en una reunión con referentes de universidades nacionales, ONG e instituciones de la sociedad civil, el candidato del oficialismo señaló que “lo público debe ser más cuidado que lo propio, porque lo propio es de cada uno y lo público es de todos”.

En el encuentro estuvieron Ana Castellani, secretaria de Gestión y Empleo Público; de la Sigen, su titular, Carlos Montero, y la síndica General, Irma Miranda Luciana Carpinacci, directora Nacional de Evaluación de Políticas de Transparencia; Carla Pitiot, referente de la Asociación de Personal de los Organismos de Control (APOC); de la Asociación Civil Doncel, su directora Dana Borzese, y la fundadora, Mariana Incanato, entre otros.

"Queremos encarar una nueva etapa en transparencia y ética política”, afirmó el ministro de Economía, quien además sostuvo que se mostró a favor de que la Oficina Anticorrupción “la lidere alguien propuesto y aprobado por el Congreso desde el principal bloque opositor”.

Del mismo modo, planteó que “queremos tener un Estado eficiente, controlado y transparente, pero sobre todas las cosas que rinda cuentas”. A su vez, agregó: “Me parece central definir un primer concepto, que es que lo público debe ser más cuidado que lo propio, porque lo propio es de cada uno y lo público es de todos”.

También, Sergio Massa expresó que “tenemos que construir esta etapa en la cual ética, integridad, lucha contra la corrupción, el control del gasto y la transparencia, sean parte de nuestra agenda de trabajo en el marco de un gobierno de unidad nacional”.

Con relación a su postura de gobernar, anunció que “la convocatoria a la unidad nacional tiene que construir la participación de los diversos sectores que tienen como agenda principal desde la sociedad civil, desde el sistema universitario”. Así también, afirmó que “desde la política, el tema de integridad, eliminación de privilegios, ética y transparencia como temas centrales”.

Respecto a la nueva ley de ética que impulsará si gana el domingo, Massa definió que “es muy importante porque fija un piso de condiciones mínimas y de requisitos mínimos respecto no solo del conflicto de intereses, sino también del cuidado en materia de transparencia y en materia de eficiencia y control de la cosa pública”.

También, destacó que “el tema transparencia nos obliga a nosotros más que a otras fuerzas políticas porque es uno de los grandes temas que aparece como un pendiente permanente frente a la sociedad”, y añadió que “por eso quiero que la sociedad civil y que la oposición puedan integrarse a controlarnos si tenemos la responsabilidad de gobernar”.

"Muchas veces falta de planificación, falta de acumulación de políticas domésticas y de políticas internacionales por parte del país también es corrupción. Y creo que eso también tiene que ser parte de nuestra agenda del trabajo”, advirtió.

Para terminar, el candidato Sergio Massa señaló: “Quiero encarar una nueva etapa de control, de éxito y transparencia de la política, pero también queremos tener sobre la base de la tecnología disponible un Estado eficiente, transparente, pero sobre todas las cosas que rinda cuentas”.

La Oficina Anticorrupción (OA), comandada por Félix Crous, estableció que la presentación de aportes al borrador del proyecto de "Ley de Integridad y Ética Pública" será hasta el próximo 12 de marzo.

Tal decisión se enmarca en el proceso de elaboración participativa del proyecto de reforma de la Ley 25.188, impulsado por la OA en octubre del 2021.

La propuesta se realizó formalmente a través de una resolución firmada por el titular del organismo, quien explicó que considerando que la ley fue sancionada hace 20 años resulta necesario trabajar sobre sus disposiciones, adaptándolas a los nuevos tiempos, fenómenos y a las modernas tecnologías, procurando generar herramientas eficientes para regular la interacción entre el sector público y el sector privado, prevenir violaciones éticas que puedan derivar en hechos de corrupción y transparentar el ejercicio de la función pública.

En ese marco, la OA ya realizó distintos encuentros e instancias de intercambio "con una mirada plural y federal", se indicó en un comunicado oficial.

Asimismo se recordó que la elaboración participativa de normas "ya fue utilizada con éxito para debatir otros proyectos de ley elaborados por la OA", y tiene la finalidad de permitir y promover una efectiva participación ciudadana en el proceso de elaboración de reglas administrativas y proyectos de ley para ser presentados por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación.