Luego de la promulgación de la Ley de Extinción de Dominio, el gobernador chubutense Ignacio Torres anunció que todos los bienes que hayan sido utilizados en delitos, o que en su defecto hayan sido adquiridos con el dinero de la corrupción, serán puestos a la venta para terminar de equipar así al Hospital de Alta Complejidad de Trelew.

El anuncio salió tras una reunión en la Casa de Gobierno con el Procurador General de la provincia, Jorge Miquelarena; el secretario de Salud de Chubut, Sergio Wisky, y el fiscal Anticorrupción, Omar Rodríguez. Durante la reunión, los funcionarios judiciales le entregaron a Torres la documentación de un bien inmueble, ubicado en la villa balnearia Playa Unión, que se encuentra en condiciones de ser incluido dentro de la Ley de Extinción de Dominio. Dicha documentación será remitida a la Fiscalía de Estado, con el objetivo de dar inicio a las acciones legales correspondientes, de forma tal que la provincia pueda disponer del inmueble recuperado.

“Queremos sentar las bases de una provincia donde nunca más nadie pueda volver a robarse el futuro de los chubutenses”, aseguró Torres, quien asimismo señaló que la Ley de Extinción de Dominio apunta, por un lado, a que “en Chubut el crimen no rinda beneficios”, y, por el otro, a que el “Estado pueda recuperar los bienes ilegítimamente adquiridos, poniéndolos a disposición de todos los chubutenses”.

“Todo lo que haya sido comprado con el dinero de esa corrupción que se enquistó en Chubut durante los gobiernos pasados, va a ser ahora vendido para equipar y mejorar la estructura de la salud pública de nuestra provincia”, destacó el mandatario provincial.

Al respecto, cabe destacar que la Ley de Extinción de Dominio, aprobada recientemente por la Honorable Legislatura del Chubut a instancias del Poder Ejecutivo de la provincia, establece un sistema ágil para recuperar bienes inmuebles y muebles obtenidos de manera ilícita.

Según la normativa, el Ministerio Público Fiscal detectará la irregularidad de estos bienes y elevará las actuaciones correspondientes a la Fiscalía de Delitos Contra la Administración Pública, liderada por Omar Rodríguez. Posteriormente, se corroborarán los datos necesarios para verificar la veracidad de las sospechas y se entregará la documentación respaldatoria a la Fiscalía de Estado, encabezada por Andrés Giacomone, para iniciar las acciones civiles tendientes al recupero de estos bienes, los cuales luego serán vendidos y utilizados para beneficio de todos los habitantes de la provincia.