La resolución salió con la firma de los tres integrantes del máximo tribunal de justicia. Vigente, el fallo judicial obliga al gobierno de Milei a girar 2.5 billones de pesos a las casas de altos estudios.
La Corte Suprema de Justicia resolvió este jueves dejar firme la cautelar que obliga al Poder Ejecutivo de la Nación a aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795). El Gobierno había suspendido esa parte de la norma, la cual frenaba las actualizaciones salariales al personal docente y no docente, y la recomposición de las becas estudiantiles.
Según constató parlamentario.com, la resolución salió con la rúbrica de los tres ministros del máximo tribunal de justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La cautelar, nuveamente vigente, obliga al gobierno de Javier Milei a girar 2.5 billones de pesos a las 56 casas de altos estudios de jurisdicción nacional.
El recurso per saltum había sido presentado por Sebastián Amerio, quien elevó el pedido para suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El 29 de abril en la sesión informativa, Manuel Adorni, jefe de Gabinete, había defendido la postura del Poder Ejecutivo en no aplicar el Financiamiento Universitario.
Apenas asumió el cargo de presidente de la Nación, Javier decidió prorrogar el Presupuesto 2023 y uno de los tantos sectores que reclamaron por un incremento en las partidas presupuestarias fue el de las universidades nacionales. Entre advertencias de auditorías y medidas de fuerza, el Consejo Interuniversitario Nacional no logró acordar con el Gobierno y el 23 de abril del 2024 se llevó a cabo la primera marcha federal que movilizó a un millón de personas de la comunidad universitaria a Casa de Gobierno.
A partir de eso, los bloques de la oposición de la Cámara de Diputados impulsaron una primera versión de la Ley de Financiamiento Universitario que resultó sancionada el 12 de septiembre del 2024, pero terminó siendo vetada por Javier Milei y desechada en su insistencia ante el blindaje logrado el tercio compuesto por La Libertad Avanza, el Pro, Liga del Interior (radicales peluca hoy en el oficialismo) y monobloques de Tucumán, Tierra del Fuego y Santa Cruz.
Sin embargo, en el 2025, año de elecciones legislativas, la oposición representada en Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda logró emplazar una nueva Ley de Financiamiento Universitario que resultó sancionada el 21 de agosto del 2025 en el Senado.
Nuevamente Javier Milei vetó el proyecto de ley de recomposición salarial docente y actualización de becas estudiantiles, pero esta vez la oposición en ambas cámaras aprobó la insistencia de la ley: Diputados rompió la barrera de los dos tercios con 174 votos a favor; y el Senado dejó firma la iniciativa el 2 de octubre con 58 votos afirmativos.
El Gobierno promulgó la Ley de Financiamiento Universitario, pero suspendió la aplicación de los artículos 5 y 6 por medio del decreto 759/2025 firmado por el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Desde ese día, la ley comenzó otro camino en la Justicia.
El último intento legislativo por derogar la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional fue a través del Presupuesto 2026. En el Capítulo XI de la "ley de leyes" se disponía la derogación de esta iniciativa junto a la Emergencia en Discapacidad y Sanitaria en el Hospital Garrahan. La propuesta se cayó en el recinto de la Cámara de Diputados y las leyes quedaron vigentes.