Eso expresó el legislador oficialista en relación al proyecto de ley de gestión de envases y destacó que “es una ley para dar batalla contra la basura”.
El diputado nacional Federico Fagioli (FdT – Buenos Aires) se refirió a los alcances del proyecto de ley de gestión de envases y remarcó los aspectos favorables del mismo, ya que aseguró que “buscamos desincentivar la introducción de materiales altamente contaminantes”. A su vez, en relación a la polémica por la tasa que estipula del 3% el texto y que generó el rechazo por parte de la oposición, aclaró que “no es un impuesto”.
“Es una ley fundamental para dar la batalla contra la basura. Esto nos atraviesa a todos. Esta ley nos permite llevar adelante políticas integrales”, señaló en una entrevista otorgada a IP Fagioli y agregó que “la ley busca regular los envases pos consumo, instalar la figura de Responsabilidad Extendida del Productor, y a través del fideicomiso se van a fomentar los sistemas locales de reciclado y se va a acompañar la tarea que vienen realizando hace muchísimo tiempo los cartoneros y cartoneras dotándolos de derechos”.
Respecto a los objetivos de la ley, el diputado señaló que “estamos planteando desincentivar la introducción de esos materiales altamente contaminantes, generando sistemas de envases retornables y a través de una tasa posibilitar que el Estado acompañe en la problemática de la basura”.
“Hay productores no quieren hacerse cargo de la basura que terminan generando”, cuestionó el legislador del FdT.
Sobre el cobro de una tasa, el referente oficialista remarcó que “es importante aclarar que no es un impuesto, es una tasa ambiental amparada en el derecho ambiental”, y agregó: “Esto no afecta la ganancia de la empresa. Esto lo que hace es pedir un aporte para que en la Argentina se pueda desarrollar el reciclado de manera seria, potenciando el trabajo de las y los cartoneros”.
Sobre el final, Fagioli marcó que “el productor se tiene que hacer cargo, es un error que se traslade el precio de la tasa a los productos. Y si así sucediera porque, como siempre, no se quieren hacer cargo, hablamos de un 0.06%, es decir, menos del 1%. Es mentira que van a aumentar los alimentos un 3% por la tasa”.
La legisladora oficialista apuntó contra la oposición porque “atacan con información falsa la ley de envases”. Por otro lado, destacó que dicha iniciativa “permitirá avanzar en una gestión de residuos responsable” y habló sobre la tasa que se aplica.
Tal como sucedió con la Ley de Etiquetado Frontal, el proyecto de gestión de envases se hizo eco por las voces a favor y en contra que se generó a su alrededor. Por ese motivo, la diputada nacional Daniela Vilar (FdT – Buenos Aires) respondió a las críticas de sectores empresarios y de la oposición a la iniciativa que obtuvo dictamen favorable días atrás.
“En los últimos días los mismos actores políticos, económicos y mediáticos que se opusieron a la Ley de Etiquetado Frontal atacan con información falsa la Ley de envases”, comenzó Vilar en un hilo publicado en sus redes sociales y destacó: “Hablamos de un proyecto que permitirá avanzar en una gestión de residuos responsable con el ambiente”.
En ese sentido, explicó: “La Responsabilidad Extendida del Productor no es nada nuevo: es un principio ampliamente aceptado, promovido por la OCDE y aplicado en muchísimos países. Establece que quienes introducen envases en el mercado asuman su responsabilidad en reducir su impacto ambiental”.
Respecto al rechazo por un supuesto nuevo impuesto, la legisladora oficialista expresó que “la Tasa Ambiental no es un ‘impuesto’. Es el pago por el servicio de reciclado de envases, imprescindible para la sostenibilidad ambiental. La ausencia de esta gestión implica un costo ambiental y monetario que pagamos todos, por un sistema de recolección oneroso e ineficiente”.
“Además, las empresas tienen una alternativa para no pagar la Tasa Ambiental: generar envases retornables y ocuparse del Depósito, Devolución y Retorno. En ese caso, no es necesario pagar la tasa”, agregó.
Sobre el destino de lo recaudado, la diputada señaló que “la recaudación irá a un fideicomiso al que podrán acceder los municipios si presentan un plan de abordaje integral de gestión de residuos y rinden cuentas de cómo administrarán esos fondos. Así se evitará todo tipo de discrecionalidad en el manejo y distribución de lo recaudado”.
En relación con la participación del sector privado en la gestión de envases, Vilar remarcó que “la Ley expresamente crea instancias para la participación activa del sector privado. Establece la creación de un Consejo Consultivo tripartito que incluye a representantes del sector industrial productor de envases y organizaciones de trabajadores de la industria del reciclado”, y continuó: “Este Consejo entre otras cosas, establecerá las metas de recupero de envases: las cuales serán progresivas y apuntan a la reconversión de los materiales de más difícil reciclaje y, por lo tanto, los que pagan mayor tasa”.
Sobre los fines del proyecto, la referente del FdT planteó que “de esta manera, se promueve el diseño y la producción de envases con materiales más fáciles de reciclar, más livianos e incluso fomenta el uso de retornables o la eliminación de empaquetado innecesario, al tiempo que se estimula la economía circular”.
En el final del posteo, Vilar brindó datos sobre las condiciones de los trabajadores y trabajadoras que realizan el trabajo de reciclado: “En Argentina ya tenemos una red de 200.000 cartoneras que actualmente hacen este trabajo en condiciones insalubres y denigrantes. La ley no hace más que reconocer este sistema que ya existe, generar aún más puestos de trabajo y dignificar las condiciones laborales”.
“Necesitamos avanzar, como ocurre en todo el mundo, en modelos de economía circular que disminuyan el impacto ambiental. Para eso, las industrias deben asumir la cuota de responsabilidad social empresarial en una transición hacia un sistema de producción sostenible”, concluyó.
Eso expresó el legislador Menna tras rechazar el dictamen de mayoría del proyecto de ley de gestión de envases, cuya crítica principal está puesto sobre la tasa ambiental que establece.
El diputado nacional Gustavo Menna (UCR – Chubut), quien forma parte de las comisiones de Presupuesto y de Recursos Naturales, rechazó el dictamen de mayoría que legisladores oficialistas firmaron este miércoles al tratar el proyecto de ley para regular la gestión de envases y que incluye la creación de un nuevo gravamen.
“El Gobierno no entendió el mensaje de las urnas y sigue creando impuestos que castigan al consumidor sin que le interese mejorar la gestión ambiental sino formar una caja para repartir prebendas entre organizaciones sociales políticamente afines”, criticó Menna.
Este nuevo tributo, explicó el radical, estará “destinado a formar un fondo fiduciario para distribuir dinero entre municipios, que a su vez deberían sostener a organizaciones sociales de reciclado”. Así, indicó, “se trata de un nuevo impuesto que tendrá un fuerte efecto inflacionario ya que será trasladado por las empresas a los consumidores, encareciendo el costo de los productos”.
En este sentido, el bloque de Juntos por el Cambio manifestó su oposición en un duro debate en el que se señaló que el sistema que predomina en todos los países de Latinoamérica y Europa es el de Responsabilidad Extendida del Productor (REP).
Esta REP, explicó el diputado chubutense, “implica que la empresa productora se responsabilice por el ciclo total de la vida útil de los envases post consumo, organizando, financiando y administrando en forma privada la gestión de esos materiales, para su recuperación y reciclaje”.
“El rol del Estado en la REP es definir metas de cumplimiento, aprobar los planes de gestión y fiscalizar posteriormente que se cumplan”, añadió.
Por ello, el bloque opositor acompañado por la diputada Graciela Camaño, del bloque Consenso Federal, firmaron un dictamen alternativo por el cual sostuvieron ese esquema y rechazaron la tasa que pretende imponer el kirchnerismo.
Esta iniciativa “abreva en proyectos anteriores consensuados, contando con el respaldo del sector empresarial, manifestado por la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (CADIBSA), la Unión Industrial Argentina (UIA) y el Círculo de Políticas Ambientales, que estuvieron en la Comisión de Ambiente”, finalizó Menna.
Se dio en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde la oposición la tasa que se establece porque “no es una tasa, sino un impuestazo”.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller, pasó a la firma el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de envases y reciclado inclusivo -tuvo dictamen en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano-, el cual contó con el aval de 27 legisladores oficialistas, mientras que la oposición presentó un dictamen de minoría y cuestionaron puntualmente “la tasa porque es un impuestazo”.
Itaí Hagman (FdT – CABA) fue el primer orador quien expresó: “Este proyecto es importante que da cuenta de un problema que tiene la Argentina y que también es un problema a nivel global que tiene que ver con la gestión de los residuos en una sociedad en donde los patrones de consumo se han modificada mucho”, y agregó: “Donde sobre todo las tendencias y formas de consumo que hay en el mundo generan un gran descarte, lo que trajo obviamente un problema ambiental que es hora que empecemos a trabajar y a tratar con un marco normativo que permita resolver”.
“Es un proyecto que incorpora conceptos e instituciones. El primero es el de responsabilidad extendida del productor, es decir establecer una responsabilidad por parte de aquellos que introducen envases en el mercado y crea un sistema integral de gestión de residuos asumiendo que es un problema que los sistemas de recolección tienen una competencia municipal, es un problema de orden nacional”, precisó.
“Argentina tiene hoy según el Ministerio de Ambiente 5.000 mil basurales a cielo abierto que expresan las tendencias que venimos teniendo como sociedad a la acumulación y al mal uso de residuos. Esta ley que incorpora y crea estas instituciones es una manera de complementar todos los trabajos y políticas medioambientales”, señaló Hagman.
En suma, destacó que “tiene un doble objetivo, por un lado, desincentivar el uso de envases sobre todos los más contaminantes, y por el otro lado, una forma de compensar el daño ambiental que produce la utilización de estos envases. Se hace a través de una tasa ambiental variable que puede ser cero si los productores establecen un sistema de depósito, devolución, retorno y reutilización de los residuos o puede llegar hasta un 3% como máximo de precio mayorista con un criterio de variabilidad que está definido con distintos criterios que establecen el tipo de material, el impacto ambiental, etc”.
“También establece la promoción de puestos de trabajos o la formalización de puestos de trabajos a través de un sistema integral de reciclados. Lo hace coordinando desde el Estado con las provincias y municipios. Es una ley desde el punto de vista ambiental y del trabajo es importante. Además, tiene componentes económicos porque ayuda a la sustitución de importaciones porque en argentina tenemos basura que se acumula en cielos abiertos y por el otro lado las industrias demandan insumos que el mercado no satisface y hoy se importa basura de otros países para la producción”, concluyó su argumentación el diputado oficialista.
Sin embargo, Luciano Laspina (Pro – Santa Fe) criticó fuertemente la iniciativa: “Tenemos algunas objeciones de fondo respecto al proyecto, primero porque lo consideramos un impuestazo encubierto con una alícuota que pude llegar hasta el 3% de precios mayoristas de los alimentos según el caso. Sumar una carga adicional que recaerá sobre los pobres consumidores cuando la canasta alimentaria está por las nubes”.
“Es un momento sumamente desacertado, no es chicana, pero legislamos aislados de la realidad, afrontamos temas con herramientas y soluciones alejados de la emergencia que estamos viviendo en la Argentina”, cuestionó.
En esa misma línea, continuó: “Este Parlamente por momentos se encierra en su propio microclima y vive en una realidad paralela. Subir el precio de las bebidas, alimentos, en medio de un país pauperizado con niveles de pobreza nunca vistos salvo en la hiperinflación, con inflación galopante, sumarle un sobre costo a los alimentos es una desproporción peligrosa”.
“Es un impuesto en una tasa porque se aplica con una fórmula sin establecer una contraprestación, sin una estimación de los costos de los servicios que va a prestar que generalmente se prevén. No hay plan de gestión, no hay costos, no hay contraprestación que va a pagar el productor y el servicio que va a recibir”, remarcó el diputado del Pro.
“Esto es un impuesto, no es una tasa. Es un impuesto de asignación específica que se hace para montar un sistema de supuesto reciclado a nivel nacional que va centralizar el Gobierno nacional a espaldas de las provincias casi sin participación que van a tener que ir mendigar recursos al Gobierno para que les apruebe el plan de gestión y que no sea en función del color político. Muy pocos países utilizan una tasa como quieren poner acá”, enfatizó Laspina y comunicó: “Vamos a presentar un dictamen de minoría onde establecemos en principio un marco regulatorio para el manejo de los residuos, reciclado y economía circular”.
“El Parlamento podría establecer un objetivo menos ambicioso y oneroso como por ejemplo establecer que las ciudades mayores en habitantes provean un sistema de separación de residuos al momento de desecharlos como tiene la Ciudad de Buenos Aires”, propuso el diputado santafecino y finalizó: “Es un muy mal proyecto que recaerá en los más humildes”.
En tanto, Eduardo Fernández (FdT – Córdoba) salió al cruce: “Sin ánimos de polemizar, hago un llamado para que lo lean porque no son envases de alimentos sino de todo tipo. El artículo 19 dice que las autoridades locales conforman sistemas locales de gestión integral de envases y ahí se van a canalizar los fondos”, y reiteró: “recomiendo que lean el proyecto, porque tiene en cuenta el ambiente y el aspecto humano”.
“Es una tasa porque va graduada según la empresa, no va a pagar ningún impuesto”, aclaró y reiteró: “El envase en general las empresas lo han tomado y han trasladado el costo de los envases a la ciudadanía y fue el Estado el encargado de sanear el ambiente. Es un sistema mixto, es un proyecto virtuoso y llamo a leerlo detalladamente y con espíritu amplio”.
Por último, Luis Mario Pastori (UCR – Misiones) hizo hincapié en la tasa porque “hay que tratarlo en su integralidad, pero hay una incongruencia porque el punto cinco hace referencia a una tabla del punto cuatro que no existe en el texto que estamos tratando”. Además, señaló que “hay una delegación impropia que no corresponde. ¿Por qué la tasa del 3%? Estamos en contra de seguir generando nuevos tributos, es un tributo porque es obligatorio”.
¿Qué dice el proyecto?
El mismo contempla la creación de una tasa ambiental a ser abonada por las y los productores responsables de los envases puestos en el mercado y la generación de un sistema propio de recolección y reutilización.
A partir de esa tasa se creará un fideicomiso, que será administrado por la banca pública, y servirá para fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promover la inclusión de las y los recicladores, impulsar la valorización de los envases y fomentar el desarrollo del ecodiseño, entre otros. Asimismo, los productores podrán desarrollar sus propios sistemas de recolección y reutilización, según informó en un comunicado el Ministerio de Ambiente.
El proyecto de ley regulará todos los envases introducidos en el mercado nacional, lo que permitirá desarrollar una política integral para la problemática de los residuos sólidos urbanos ya que promueve la reducción de la cantidad de envases generados, fomenta el reciclado y genera obligaciones a las y los productores para su tratamiento.
Con fuertes críticas de la oposición, el oficialismo convocó a expositores y luego pasó a la firma el dictamen del proyecto enviado por el Gobierno. Resta que este miércoles lo debata Presupuesto.
Tras un intenso debate, de casi tres horas, el oficialismo en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, presidida por el oficialista Leonardo Grosso, pasó a la firma el proyecto de ley de gestión integral de envases, enviado por el Gobierno.
Pese a las fuertes críticas de la oposición, por parte de Juntos por el Cambio y también de la diputada Graciela Camaño de Consenso Federal, el Frente de Todos avaló el texto original, que fue defendido por funcionarios.
Además de los representantes del Poder Ejecutivo, este martes expusieron especialistas, titulares de cámaras empresarias y una recicladora urbana.
Juntos por el Cambio presentó un dictamen de minoría, paradójicamente, teniendo como antecedente una propuesta impulsada años atrás por legisladoras del Frente para la Victoria.
Ahora resta que el proyecto sea debatido en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y eso será este miércoles a partir de las 13, ya que fue incluido en la agenda.
El punto más objetado fue la creación de una “Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida del Productor (TAREP)” que prevé la iniciativa, más allá de que el viceministro de Ambiente, Sergio Federvisky, defendió que se aplicará a aquellos productores que no implementen un sistema de depósito, devolución, retorno y reutilización debidamente aprobado el Ministerio.
Entre los objetivos, el proyecto busca aumentar la cantidad y variedad de materiales recuperados de los productos y minimizar el impacto ambiental de los residuos; al tiempo de alentar a los productores a asumir las responsabilidades extendidas de recolección, reciclaje y diseño de productos y envases con mayor nivel de reciclabilidad, mediante distintos incentivos.
El destino de la TAREP irá a crear un fideicomiso que será administrado por la banca pública y será destinado a fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promover la inclusión de las y los recicladores, impulsar la valorización de los envases y fomentar el desarrollo del ecodiseño, entre otros objetivos.
Asimismo, los productores podrán desarrollar sus propios sistemas de recolección y reutilización.
Al cierre de las exposiciones de los invitados, Federvisky valoró el “compromiso del Poder Ejecutivo” en esta materia, porque “habla de la intención de que haya una política de Estado en materia ambiental”, política que “no se configura apenas con una ley”.
En ese sentido, criticó a la gestión anterior: “Para combatir el flagelo de los 5.000 basurales a cielo abierto, flagelo cuya responsabilidad le cabe a todos los gobiernos de los últimos 20 años, este Gobierno tuvo que levantar desde el fondo del mar un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por 150 millones de dólares que la gestión del rabino Sergio Bergman había subejecutado a un 18% de su total”.
Para el viceministro de Ambiente, “el nudo de la discusión es cómo se financia una política pública de estas características, y creo yo que la palabra tasa ahuyenta a determinados sectores y provoca urticaria y también dificultades para la lectura”. Entonces, aclaró que esa tasa será “obligatoria para aquellos que no tengan un sistema de gestión”, por lo que “claramente la opción está dada”.
“Se dijo que la tasa funcionaría como algo que exime de responsabilidad. Yo interpreto que el productor que paga la tasa no se estaría sacando el problema de encima”, consideró, al tiempo que rechazó un sistema de gestión privada: “Nos parece que la condición de un sistema mixto es central para esto”.
Durante el encuentro, la diputada radical Brenda Austin cuestionó que el proyecto no haya sido girado a la Comisión de Industria y que “al llegar aquí nos anoticiamos con que había una lista de invitados”, teniendo que convocar en muy poco tiempo a expositores que tienen una opinión distinta sobre la iniciativa.
Sobre la tasa que prevé el texto, la vicepresidenta de la comisión advirtió que “hay sectores que prefieren pagar la tasa, este nuevo impuesto que está promoviendo este dictamen que someten a discusión, antes que realmente entablar un compromiso con gestión integral”. “Pareciera ser que con solamente pagar la tasa el productor está exento de responsabilidad”, agregó.
Austin anticipó que desde el interbloque opositor presentarían un dictamen de minoría que reúne “un trabajo muy extenso, muy profundo, en el que se escucharon todas las voces” y que comenzó años atrás, porque “consideramos que es importante que el Congreso avance en una legislación” y “tengamos un marco normativo”, pero no en los términos que propone el Ejecutivo.
Muy crítica, la diputada Graciela Camaño destrozó el proyecto y afirmó que “no pasa el test de constitucionalidad”. La diputada de Consenso Federal se expresó a favor de “una ley de responsabilidad extendida de los productores”, pero “con esto no lo estamos resolviendo”.
“Se va a crear una tasa que va a desincentivar la posibilidad de que tengamos un ambiente sano; pero además va a vulnerar a las provincias”, enfatizó. Sobre ese último punto, se refirió a que los recursos del fondo fiduciario que se crea los repartirá Nación a los municipios “pasando por arriba a las provincias”.
Al lamentar que no se arribe a un proyecto consensuado, la legisladora señaló además, sobre los recicladores urbanos, que “van a seguir siendo trabajadores en negro, porque no somos capaces ni siquiera de poner un párrafo que diga que van a tener ART o las posibilidades de tener un servicio médico cuando les pasa algo”.
“(El proyecto) tiene delegaciones en el Poder Ejecutivo como ningún otro proyecto. ¿Qué creen que van a ser Gobierno siempre?”, exclamó en otro tramo.
A favor de la iniciativa, el oficialista Federico Fagioli manifestó que “es una alegría estar tratando este proyecto” porque “integra a todos los sectores”. “Este proyecto contiene a las trabajadoras y trabajadores cartoneros. La inclusión social no tiene que ser un eslogan, tiene que ser real con inversiones en los sistemas locales de reciclado. Esta ley es fundamental y tiene un carácter integral”, afirmó, al tiempo que observó que “no podemos avanzar en ningún tipo de política que no contemple la agenda ambiental”.
Por su parte, el legislador radical Gustavo Menna denunció que “se ha obturado la consideración de los proyectos que estaban presentados hace mucho tiempo” y esta iniciativa en particular tuvo “un no tratamiento” en asesores. “Este proyecto va a contramano de lo que es la tendencia mundial, hay pocos países que sostienen esta metodología”, criticó el chubutense y enumeró los puntos en contra que tiene el texto.
En el cierre del extenso debate, el presidente de la comisión, Leonardo Grosso aclaró que “no estamos pasando por encima de ninguna provincia ni de la Constitución”, y “es necesario que empecemos a avanzar en esta discusión” porque “hay una cantidad importante de productores y productoras que están de acuerdo”.
Asimismo, la ley “tiene una experiencia enorme detrás, que es la de los cartoneros. No podemos pensar ninguna política ambiental si no tenemos en cuenta a quiénes son los sujetos sociales que llevan adelante una de las principales soluciones para esa política ambiental”.
La voz de los invitados
En primer lugar, Candela Nassi, jefa de Gabinete de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente de la Nación, destacó que el proyecto “incluye al reciclado inclusivo” y fue elaborado durante “un amplio proceso participativo” con “los diferentes actores en la cadena de recuperación”.
La funcionaria resaltó que la iniciativa incluye “el principio de responsabilidad extendida del productor”, de modo que sean “responsables por la gestión y el financiamiento” de los envases, “incluso en la etapa del posconsumo”. Y mencionó también los principios de gradualidad, de la cuna a la cuna, de proximidad, y de simplificación de procedimientos.
Al explicar el proyecto, Nassi se refirió a uno de los puntos más criticados, como es la “tasa ambiental”: “La tasa está de alguna manera trabajada en forma muy exigua en el proyecto, pero también contundente en cuanto se establece una fórmula que puede ser actualizada por la autoridad de aplicación juntamente con el Ministerio de Desarrollo Productivo”.
“Creemos que la tasa es realmente un diferencial de otros proyectos, porque la fórmula surge de un trabajo interdisciplinario y con diferentes actores que tienen que ver con el mercado de los envases”, sumó.
Luego fue el turno de Sergio Hernán Hilbrecht, gerente de la Cámara Argentina de la Industria Plástica, quien se manifestó a favor. “Debido a la falta de gestión y tratamiento, muchos de los plásticos posconsumo terminan en basurales a cielo abierto o en lugares clandestinos”, señaló.
Para el expositor, “no es muy difícil que esto funcione, es simplemente voluntad política y de parte de algunos sectores industriales hacer el aporte”. “Hay que erradicar los basurales a cielo abierto, esto genera un impacto más que negativo en el medioambiente, más que negativo en los vecinos que viven en lugares aledaños, y por supuesto para las condiciones de trabajo de las cooperativas”, aseveró.
En nombre de los recicladores urbanos, Jaqueline Flores, secretaria de la Federación Argentina de Cartoneros Carreros y Recicladores, habló de “muchos años de lucha, de siempre pensarnos siendo parte de la solución”. “Nadie se merece perder la vida en un basural a cielo abierto”, enfatizó, al destacar que se debata “una ley de envases con inclusión social”.
La trabajadora se manifestó a favor de “una ley que ordene la responsabilidad de todos los sectores” y apunte a “dignificar el trabajo” que diariamente realizan los recicladores en los 5.000 basurales a cielo abierto que hay en el país.
Flores subrayó que en la Ciudad de Buenos Aires hay “un sistema de reciclado que actualmente es premiado en el mundo”, pero “nuestra patria es mucho más grande”. En ese sentido, pidió que “nos permitan que esta ley sea una realidad, porque le van a cambiar la vida a más de 200 mil cartoneros y cartoneras de Argentina, quienes sin nada recuperamos diariamente 50 mil toneladas, evitando que Argentina colapse. Pero sobre todas las cosas lo que pretendemos a través de esta ley es que nos comiencen a ver como lo que siempre hemos sido: trabajadores y trabajadoras de la economía popular.
A favor del proyecto alternativo de Juntos por el Cambio, Consuelo Bilbao, directora del Círculo de Políticas Ambientales, recordó que esa iniciativa “se empezó a tratar en el 2014 en el ámbito de la Secretaría de Ambiente”, por entonces bajo la presidencia de Cristina Kirchner, e incluso fue presentado por una legisladora del Frente para la Victoria y dictaminado en comisiones en la gestión de Cambiemos.
“Es una buena oportunidad para que se traten de unificar proyectos o se considere lo que se viene trabajando hace siete años en el Congreso”, consideró y sobre el proyecto del Ejecutivo apuntó: “No lo vemos eficiente”. “No queda claro en el proyecto en función de qué se va a aplicar esa tasa, por qué el Estado se va a hacer cargo de esa tasa y después va a distribuir a los municipios”, enumeró, al tiempo que subrayó que “en el mundo funciona mucho mejor cuando son las propias industrias productoras de los envases las que se encargan de reciclar”.
En la misma línea, Florencia Canzonieri, de la Cámara de Industria de Bebidas sin Alcohol, coincidió en tener una ley de envases, pero que sea una “normativa que nos permita trabajar” y “un modelo que no implique solo el aporte financiero, sino el involucramiento de las empresas”. “Estamos de acuerdo con un esquema inclusivo, esto ya se viene haciendo. No estamos de acuerdo con crear un nuevo tributo, con que lo del sistema de tasa sea lo que funcione”, explicó y reclamó “una ley que sea a favor de todos”.
Desde la Unión Industrial Argentina, Claudio Terres, opinó que “sería una pena que el proyecto salga así como está, sobre todo cuando faltan algunos aspectos a considerar”. Al respecto de la tasa, pronosticó: “Esto va a encarecer los productos, va directamente al costo y, en definitiva, el que lo va a pagar es el consumidor final”.
Además, “no sabemos si nos va a asegurar un buen sistema de gestión, para poder justamente separar en origen, recolección diferenciada, punto verde, y volver a utilizarlo en la industria y que sea materia apta”, sostuvo el presidente del Departamento de Ambiente de la organización, que explicó que “el material recuperado se deteriora cada vez más, llega a las fábricas deteriorado, porque no hay capacitación al recolector urbano, no hay instrucción, no hay formas de mejorar las condiciones. Hoy se rechaza el 20% del material reciclable, años atrás era el 10%”.
Fuentes del bloque Frente de Todos confirmaron que la iniciativa se debatirá en el ámbito de las comisiones de Recursos Naturales y Presupuesto y Hacienda, ambas presididas por oficialistas.
El proyecto de ley de gestión de envases, impulsado por el Frente de Todos y presentado la semana pasada en el Congreso por el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, ya tiene giro a las comisiones de la Cámara de Diputados en las que será debatido.
Fuentes de la bancada oficialista confirmaron este miércoles que la iniciativa se tratará en el ámbito de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Presupuesto y Hacienda, que presiden los oficialistas Leonardo Grosso y Carlos Heller, respectivamente.
El proyecto apunta a prevenir y reducir el impacto de los envases sobre el ambiente y la salud de las personas, al tiempo de promover la responsabilidad de las y los productores en la gestión.
Sobre esto último, el texto contempla la creación de una tasa ambiental a ser abonada por los productores responsables de los envases puestos en el mercado y la generación de un sistema propio de recolección y reutilización.
A partir de esa tasa se creará un fideicomiso, que será administrado por la banca pública, y servirá para fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promover la inclusión de los recicladores, impulsar la valorización de los envases y fomentar el desarrollo del ecodiseño, entre otros.
La iniciativa de gestión de envases del Poder Ejecutivo se presentó este jueves en la Cámara baja, la cual tiene como objetivo prevenir y reducir el impacto sobre el ambiente y la salud.
Este jueves se llevó a cabo la presentación en el Salón de Perdidos del Congreso de la Nación el proyecto de ley de Gestión Integral de Envases, Responsabilidad Extendida del Productor e Inclusión de Trabajadoras y Trabajadores Recicladores del Poder Ejecutivo, elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para minimizar el impacto ambiental de los residuos y cuidar la salud del ciudadano. En el acto participó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, el titular del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, legisladores oficialistas, representantes de organizaciones cartoneras, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza y los de Berazategui, Juan José Mussi; y el de Ensenada, Mario Secco.
El exdiputado manifestó: “Es un paso importante que va a favorecer ambientalmente al país, municipios, provincias y va a impulsar el trabajo de cooperativas porque además es en beneficio de los municipios que necesitan la ayuda de Nación para sostener la tarea de reciclado, recolección y de higiene”
En este sentido, precisó que “cada municipio gasta entre 10 y 30 por ciento de su presupuesto en esto. La ley hace fijar una tasa que vamos a acordar para determinar un valor que no supere el 3 porciento por envase, que va a ir a un fidecomiso que va a AFIP y luego será transferido a los municipios si solo tienen un plan de abordaje de reciclado”.
“Los residuos reciclados sirven a la economía circular, es un ahorro para los municipios. También impulsa mucho trabajo. Argentina tiene un desafío para modificar gran parte de la gestión de residuos. Estamos trabajando haciendo 8 plantas de tratamiento de residuos”, destacó el ministro y agregó que “es una convocatoria a los vecinos para que desde el origen de la casa separen los residuos”.
Además, precisó que “esta ley fue consensuada porque estuvieron empresas como Quilmes, Pepsi, Coca-Cola, la industria petroquímica, las casas matrices de multinacionales les exigen y ven con buenos ojos esta ley. Es una manera de resolver muchas problemáticas como al ambiental”.
“Argentina va a ratificar su compromiso con lo ambiental y vamos a exigir medios de implementación, los recursos que los países ricos se comprometieron en financiar a países como el nuestro porque son los que más destruyeron el ambiente y nos perjudicaron a todos y próximas generaciones. No es un pedido alocado nuestro, sino que es una voluntad que manifestaron, pero nunca la llevaron a cabo”, concluyó el titular de la cartera ambiental.
El secretario de Control y Monitoreo Ambiental , Sergio Federovisky, sostuvo: “Necesitamos una política pública consistente para que los residuos en el país se recojan y reciclen de una determinada manera y evitar que haya basurales a cielo abierto que se reduzca la cantidad de residuos que van ahí. A partir de este momento los envases se van a recuperar y se van a reutilizar. También dejar de importar plástico de otros países, porque enterramos plástico, pero después importamos: es buscar cortar esa cadena”.
“Los números son espantosos, estimamos que se generan 40 mil toneladas de residuos por día y el 20 por ciento van a parar a un relleno sanitario o a basurales a cielo abierto que hay unos 5 mil en todo el país”, indicó Federovisky.
En suma, Kirchner expresó: “Esta ley tiene en el centro al ser humano. Muchas veces se desconoce la importancia del trabajo que hacen compañeras y compañeros en el tema del reciclado. Lo importante es empezar a discutir realmente esto de manera cierta y en los temas ambientales abordados de manera que no sea algo eventual, sino que sea estable, asimilable para la sociedad”.
“Tenemos que trabajar para que el compañero o la compañera que están buscando un plástico o un cartón se encuentre en una situación mucho mejor a partir de la conciencia también que cada uno en nuestro hogar puede tener. Es muy interesante todo lo que se desarrolla alrededor de la actividad que van todos los días por las calles, no sólo de la Ciudad de Buenos Aires que es donde más se visibiliza sino a lo largo y ancho de todo nuestro país y también en el conurbano de la provincia de Buenos Aires”, agregó.
Acompañaron la presentación diputados del FdT como Federico Fagioli, quien explicó que el proyecto “viene a acompañar el proceso de reciclado y el cuidado del medio ambiente, es una iniciativa importante. Va a permitir acompañar a los trabajadores cartoneros, permitirá seguir desarrollando experiencias importantes como los sistemas locales de reciclado y sobre todo trabajar con medidas ambientales que nos permitan cuidar el ambiente”
“El plástico produce un problema gigantesco sobre todo porque se introducen al mercado y luego las empresas no se hacen responsable de resolver la contaminación”, manifestó Fagioli y afirmó que “entonces tratamos de generar una tasa a todos los envases y a partir de eso un fideicomiso que se lleve adelante el reciclado, el objetivo es tratar de que las empresas dejen de introducir plástico y trabajen vidrio o plástico retornable”.
También, estuvo presente Leonardo Grosso aseguró que “este proyecto es un proceso de lucha” y que “tiene mucha viabilidad de encararse y viene a resolver dos problemas que son la falta de trabajo y la contaminación ambiental”.
Por último, la legisladora Daniela Vilar señaló que “el ambientalismo es con la gente de adentro. Solo se pueden aplicar políticas ambientales si repercuten en la inclusión social”. “Hay un sector de la población que no tiene la suerte de formar parte del sistema formal de la economía y que logran reconstruirse, reconstituirse en el marco de la economía popular. Nosotros tenemos la obligación de que ese trabajo sea digno” remarcó Vilar y concluyó que “la sanción de esta ley será con lucha porque no podemos seguir viviendo en un mundo y un país tan desigual. Esta ley va a aportar a la redistribución del ingreso”.
¿Qué establece el proyecto de ley de gestión de envases?
El proyecto de ley pretende regular todos los envases introducidos en el mercado nacional, lo que permitirá desarrollar una política integral para la problemática de los residuos sólidos urbanos, ya que promueve la reducción de la cantidad de envases generados, fomenta el reciclado y genera obligaciones a los productores para su tratamiento.
El objetivo es aumentar la cantidad y variedad de materiales recuperados de los productos y minimizar el impacto ambiental de los residuos, alentando a los productores a asumir las responsabilidades extendidas de recolección, reciclaje y diseño de productos y envases con mayor nivel de reciclabilidad, mediante distintos incentivos, De esta manera, se busca prevenir y reducir el impacto de los envases sobre el ambiente y la salud de las personas.
Esta ley de envases apunta a una gestión ambientalmente sostenible de los plásticos, desde su producción hasta su disposición final, a través de distintas iniciativas, ya aplicadas con éxito en diferentes países de América Latina y Europa.
Encabezará el acto el ministro de Ambiente, Juan Cabandié. Será este jueves, a partir de las 10, en el Salón Pasos Perdidos.
A efectos de promover la gestión de los envases en todo el territorio nacional, prevenir y reducir su impacto sobre el ambiente y la salud de las personas, y promover la responsabilidad de las y los productores en la gestión, este jueves a las 10 se presentará en el Salón Pasos Perdidos del Congreso el proyecto del Poder Ejecutivo -elaborado por el Ministerio de Ambiente- por el cual se integra prioritariamente en la cadena de gestión a las y los trabajadores recicladores.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, participará de la presentación del proyecto de “Ley de Gestión Integral de Envases, Responsabilidad Extendida del Productor e Inclusión de Trabajadoras y Trabajadores Recicladores”.
Al respecto, el funcionario afirmó que “la norma, sustentada sobre el principio de la responsabilidad extendida a las y los productores, va a servir sustancialmente a la tarea y la industria del reciclado, y a ayudar a los municipios en sus políticas de separación en origen”. Además, el titular de la cartera ambiental dijo que es una iniciativa que se “trabajó con las distintas cooperativas y asociaciones”.
En esta misma línea, el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, mencionó: “Este proyecto demuestra el compromiso del Ministerio de Ambiente para que la economía circular no sea simplemente un elemento enunciativo”. “Así como comprometimos una política pública en materia de erradicación de basurales a cielo abierto, la ley de envases no solo dignifica la tarea de las y los recolectores y reduce los volúmenes de envases, también es un hecho demostrativo de ese compromiso”, agregó.
El texto incorporó comentarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y contó con la participación de las cámaras y trabajadores del sector. El mismo contempla la creación de una tasa ambiental a ser abonada por las y los productores responsables de los envases puestos en el mercado y la generación de un sistema propio de recolección y reutilización.
A partir de esa tasa se creará un fideicomiso, que será administrado por la banca pública, y servirá para fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promover la inclusión de las y los recicladores, impulsar la valorización de los envases y fomentar el desarrollo del ecodiseño, entre otros. Asimismo, los productores podrán desarrollar sus propios sistemas de recolección y reutilización, según informó en un comunicado el Ministerio de Ambiente.
El proyecto de ley regulará todos los envases introducidos en el mercado nacional, lo que permitirá desarrollar una política integral para la problemática de los residuos sólidos urbanos ya que promueve la reducción de la cantidad de envases generados, fomenta el reciclado y genera obligaciones a las y los productores para su tratamiento.
