El senador nacional Daniel Bensusán (Justicialista-La Pampa) y representantes de organizaciones ambientalistas convocaron este miércoles a una conferencia de prensa sobre la demanda colectiva presentada en la Justicia para declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la reforma de la Ley de Glaciares.

La conferencia se llevará a cabo en la Casa de la Provincia de La Pampa, ubicada en Suipacha 346 (Ciudad de Buenos Aires), a partir de las 16.

Semanas atrás el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, junto con la Universidad Nacional de La Pampa, la Asociación Chadileuvu y la Asamblea por los Ríos Pampeanos, presentaron la acción de amparo mediante la cual solicitaron que se declare inconstitucional, inconvencional y nula la Ley 27.804 por introducir reformas regresivas al régimen de presupuestos mínimos contenidos en la Ley de Glaciares.

Ahora, con una demanda autónoma que se encuentra apoyada por más de un millón de firmas de ciudadanos de todo el país, se sumaron Greenpeace, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), a través de la presentación de su demanda en el Juzgado Federal de la provincia de La Pampa.

El Poder Ejecutivo promulgó este viernes la nueva Ley de Glaciares (27.804), a través del decreto 271/2026, publicado en el Boletín Oficial junto al texto de la norma, que se sancionó durante la sesión del pasado 8 de abril en la Cámara de Diputados.

Dicho decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El proyecto, que había sido parte del temario de las sesiones extraordinarias, fue impulsado con fuerza por los gobernadores de provincias cordilleranas, interesados en facilitar las inversiones mineras.

En el Senado, la ley obtuvo 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención; mientras que en Diputados la votación resultó con 137 votos positivos, 111 negativos y 3 abstenciones.

Durante el tratamiento en la Cámara baja se realizaron dos jornadas de audiencia pública, para las que se habían anotado más de 100 mil personas, pero solo participaron menos de 400.

Desde distintas ONG's ambientalistas, asociaciones y particulares anticiparon que irán a la Justicia, y entre los argumentos para objetar la norma (la cual consideran inconstitucional) harán referencia a la modalidad que tuvo la audiencia, la cual rechazaron como tal.

A partir de la nueva ley -que modificó la 26.639 vigente desde 2010- se redefine el objeto de protección de los glaciares y el ambiente periglacial, al tiempo de otorgarles a las jurisdicciones (basándose en que constitucionalmente les corresponde el dominio originario de los recursos naturales) el poder de definir qué es un glaciar o periglacial dentro de sus territorios, pudiendo ordenarle al IANIGLA el retiro del Inventario Nacional de alguno de ellos si -mediante estudios técnicos-científicos- consideran que no cumplen con las funciones hídricas previstas.

El nuevo artículo 1 de la Ley de Presupuestos Mínimos establece que la protección de los glaciares y periglaciares "deberá interpretarse de un modo compatible con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que dispone la utilización racional de los recursos naturales existentes en las provincias, titulares del dominio originario de los mismos según el artículo 124 de la Constitución Nacional, de un modo que atienda a las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras".

En tanto, la flamante norma reza que "el Inventario será de ineludible consulta y consideración por parte de las autoridades competentes".

Asimismo, prevé la incorporación del principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas. Esa verificación dependerá exclusivamente de cada provincia, cuya información deberá ser transmitida al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para actualizar el Inventario.

También hay cambios en el régimen de prohibiciones que se aplicarán únicamente sobre los glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por la autoridad ambiental local. Entre las actividades no permitidas se mantienen la liberación de productos químicos o residuos contaminantes, la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y el desarrollo de obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica.

El texto faculta a las provincias a que determinen, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto implica una alteración relevante y, por lo tanto, si no puede autorizarse. Otras de las modificaciones es la exigencia de evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial, y habilita evaluaciones estratégicas cuando la escala lo amerite. Se exceptúan únicamente actividades de rescate, científicas no invasivas y deportivas no motorizadas, como actualmente regía.

Por último, redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero sujeto a un flujo permanente de información desde las provincias.

Tras la presentación de un amparo colectivo para frenar la implementación de la nueva Ley de Glaciares, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, advirtió que "esta ley pone en riesgo el único río que nos han dejado" y "claramente afecta muchísimo a la provincia".

"Desde lo jurídico queda establecido que es una reforma violatoria de la Constitución Nacional, de los tratados internacionales, que lesiona derechos, garantías sobre el acceso a un ambiente sano, al agua, a la salud", consideró el mandatario, quien sumó que "la Constitución establece el federalismo de concertación, pero esto va a generar más conflicto entre las provincias".

En contra de la reciente norma sancionada por el Congreso, Ziliotto recordó que en La Pampa hay "tres ríos cuya naciente está en los glaciares, somos una provincia aguas abajo. Nosotros hemos perdido el río Salado y el río Atuel". "Entonces no podemos permitir que la administración de los glaciares quede en manos de provincias que han hecho del autoritarismo hídrico una política de Estado", enfatizó.

En declaraciones a Radio 10, el gobernador recordó que "desde 1947, la provincia de Mendoza, en una decisión propia, cortó el río Atuel y dejó de llegar a la provincia de La Pampa, transformó el noroeste de La Pampa en un desierto".

En este sentido, habló de que La Pampa "tiene una histórica lucha en defensa de sus ríos" y "esa lucha no tiene grieta".

"La Corte Suprema falló a favor de la provincia de La Pampa en 2020, pero hace seis años que la Corte no logra que Mendoza cumpla con un fallo que obliga a reestablecer el ambiente en el noroeste de La Pampa", agregó.

El gobierno pampeano judicializó la ley de glaciares al presentar un amparo colectivo ante el juzgado federal de Santa Rosa, acompañado por la Universidad Nacional de La Pampa y las organizaciones Fundación Chadileuvú y Asamblea por los Ríos Pampeanos. La acción buscaba suspender la aplicación de la norma hasta que se resolviera su constitucionalidad.

Durante el anuncio, el gobernador Sergio Ziliotto advirtió que la provincia no tenía glaciares, pero sí dependía del único río que aún corría por su territorio y cuyo origen era glacial. Señaló además que los otros dos ríos pampeanos, también de origen cordillerano, ya no fluían, y sostuvo que la nueva ley implicaría una reducción adicional del caudal.

La presentación contó con el patrocinio de la fiscal de Estado, Romina Schmidt, y del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Ambos plantearon que la medida buscaba evitar daños irreversibles mientras se analizaba la validez de la legislación.

La cuestión hídrica era central para La Pampa, que acumulaba más de medio siglo de litigios con Mendoza por el río Atuel. La provincia también llevaba años reclamando que se cumpliera un fallo que obligaba a garantizar un flujo mínimo hacia su territorio.

En ese contexto, el gobierno provincial sostuvo que cualquier modificación en los cursos de agua aguas arriba afectaba de manera directa a las comunidades aguas abajo. Recordó que los ríos eran esenciales para el riego, la agricultura y la vida cotidiana en vastas zonas del territorio pampeano.

Las organizaciones que acompañaron el amparo remarcaron que la protección de los ríos debía ser prioritaria y que la ley cuestionada podía agravar un escenario ya crítico. Subrayaron que la provincia dependía de decisiones tomadas fuera de su jurisdicción y que eso hacía necesario un resguardo judicial.

El planteo quedó ahora en manos del juzgado federal de Santa Rosa, que debía evaluar si correspondía suspender la aplicación de la ley mientras avanzaba el análisis de fondo. El gobierno provincial expresó que confiaba en que la Justicia atendiera la situación de vulnerabilidad hídrica que atravesaba La Pampa.

A pocas horas de la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares, las principales entidades que representan al sector minero expresaron un fuerte respaldo a la iniciativa, a la que calificaron como un avance histórico en materia de seguridad jurídica, previsibilidad normativa y fortalecimiento del federalismo. Entre los pronunciamientos se destacaron los de la Cámara Minera de San Juan, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA).

Desde la Cámara Minera de San Juan subrayaron que la actualización normativa permite avanzar en la remoción de ambigüedades que durante años generaron incertidumbre en la aplicación de la ley. En un comunicado, la entidad destacó que el proceso fue fruto de un esquema de “federalismo concertado”, impulsado a partir del diálogo entre el Gobierno provincial y la Nación.

La institución sanjuanina remarcó que la previsibilidad es una condición indispensable para el desarrollo de proyectos de largo plazo y sostuvo que contar con reglas claras en materia de protección ambiental, basadas en evidencia científica y estudios de impacto ambiental, genera un marco adecuado para la inversión. En ese sentido, reafirmó que la minería puede convivir de manera armónica con otras actividades productivas, aportando empleo y desarrollo a las comunidades locales.

“La consolidación de reglas claras es clave para promover un desarrollo responsable, que combine la protección del ambiente con criterios técnicos y la generación de oportunidades de crecimiento para San Juan y el país”, señalaron desde la Cámara Minera provincial.

En la misma línea, la CAEM calificó la aprobación de la reforma como una decisión de “gran relevancia institucional, productiva y ambiental” para la Argentina. La entidad consideró que las modificaciones introducidas resultan fundamentales para incrementar la previsibilidad normativa, un factor que definió como indispensable para el desarrollo de una industria estratégica, capaz de generar empleo de calidad, atraer inversiones de largo plazo y dinamizar las economías regionales.

Según la cámara empresaria, la actualización de la ley permitirá establecer criterios más precisos para la identificación y protección efectiva de los glaciares, al tiempo que clarifica las áreas donde es posible desarrollar actividades productivas bajo estrictos controles ambientales, despejando interpretaciones ambiguas que se arrastraban desde hace años.

Por su parte, GEMERA sostuvo que la reforma no implica un retroceso en materia ambiental, sino una profesionalización del marco regulatorio. En su comunicado, la entidad destacó la importancia de contar con una norma que otorgue certeza en su interpretación y aplicación, con definiciones técnicas más rigurosas y procesos de evaluación fortalecidos, basados en evidencia científica y estudios específicos.

Otro de los ejes centrales destacados por las tres entidades fue el fortalecimiento del federalismo. Las cámaras coincidieron en que la reforma reafirma el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. Desde la CAEM señalaron que la modificación consolida el rol indelegable de las provincias como titulares y protectoras de esos recursos, mientras que GEMERA subrayó que el equilibrio entre las competencias nacionales y provinciales es una condición indispensable para una gestión ambiental eficaz y legítima.

En este nuevo escenario, el sector minero sanjuanino observa una oportunidad para destrabar proyectos de gran envergadura que permanecían latentes ante la falta de definiciones técnicas claras. Para las empresas exploradoras, la mayor previsibilidad normativa contribuirá a mejorar la calidad de las decisiones, fortalecer la institucionalidad y generar condiciones propicias para impulsar inversiones, empleo y desarrollo en las regiones cordilleranas.

Obtenida la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares, el Poder Ejecutivo celebró la aprobación, que "impulsa la precisión de la norma vigente a fin de garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias para la utilización de sus recursos".

"Esta reforma histórica aclara con precisión científica que se debe continuar protegiendo los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas, permitiendo, en función de evaluaciones técnico-científicas provinciales, la explotación de los minerales en los terrenos que estaban mal catalogados como glaciares y no formaban parte del objeto protegido de la ley", se expresó mediante un comunicado de la Oficina del Presidente.

Según el Gobierno, "la redacción original era confusa y generaba interpretaciones absurdas que prohibían actividades mineras en general, incluso donde no había nada que proteger. Eso llevaba a conclusiones contrarias al artículo 41 de la Constitución (utilización racional de los recursos naturales) y al dominio originario de las provincias (artículo 124)".

"Estos cambios comprenden un reclamo histórico de las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (las mencionadas, Mendoza y San Juan). La reforma aprobada les devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos, permitiéndoles identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas de manera eficiente, técnica y realista", se destacó.

Para el PEN, "al eliminar las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impedían el progreso", el nuevo marco normativo "reafirma que el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos, sino motores complementarios de una Nación libre y próspera".

"Los intentos de interferencia de organizaciones extranjeras fracasaron y los ecologistas empeñados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder. Las agendas que buscan impedir el progreso de los argentinos encontraron en este Gobierno su mayor enemigo", se subrayó en el comunicado en contra de quienes alzaron la voz contra la reforma.

Además, el presidente Javier Milei le envió un especial reconocimiento a un grupo de funcionarios y a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza) por su labor en la redacción de la norma.

Finalmente, se aseguró que el nuevo marco normativo es "claro, federal y técnicamente sólido". "A partir de ahora, nuestro país vuelve a tener un verdadero federalismo ambiental y una política inteligente y soberana para la explotación de sus recursos", concluye.

✅ VOTARON AFIRMATIVO (137)

La Libertad Avanza

Sabrina Ajmechet; Carlos Alberto Almena; Lisandro Almirón; Bárbara Andreussi; Pablo Ansaloni; Damián Arabia; Belén Avico; Atilio Basualdo; Mónica Becerra; Beltrán Beneditt; Bertie Benegas Lynch; Alejandro Bongiovanni; Gabriel Bornoroni; Adrián Brizuela; Eliana Bruno; Mariano Campero; Alejandro Carrancio; Giselle Castelnuovo; Abel Chiconi; Facundo Correa Llano; Romina Diez; Nicolás Emma; Alejandro Fargosi; Alida Ferreyra; Sergio Figliuolo; María Gabriela Flores; Maira Frías; María Virginia Gallardo; Álvaro García; Carlos García; Silvana Giudici; Rosario Goitia; Alfredo Gonzales; María Luisa González Estevarena; Maura Gruber; Jairo Guzmán; Diego Hartfield; Patricia Holzman; Gerardo Huesen; Gladys Humenuk; María Cecilia Ibáñez; Andrés Laumann; Lilia Lemoine; Andrés Leone; Mercedes Llano; Enrique Lluch; Johanna Sabrina Longo; Lorena Macyszyn; Álvaro Martínez; Nicolás Mayoraz; Julieta Metral Asensio; Soledad Molinuevo; Soledad Mondaca; Guillermo Montenegro; Juan Pablo Montenegro; Francisco Morchio; Julio Moreno Ovalle; Gabriela Luciana Muñoz; Miriam Niveyro; Joaquín Ojeda; Sebastián Pareja; Marcos Patiño Brizuela; Santiago Pauli; Agustín Pellegrini; Federico Agustín Pelli; José Peluc; Luis Petri; María Lorena Petrovich; Luis Albino Picat; María Celeste Ponce; Manuel Quintar; Valentina Ravera; Adrián Ravier; Verónica Razzini; Karen Reichardt; Gastón Riesco; Gonzalo Roca; Miguel Rodríguez; Laura Elena Rodríguez Machado; Juliana Santillán Juárez Brahim; Santiago Santurio; Laura Soldano; Yamile Tomassoni; Rubén Darío Torres; Aníbal Tortoriello; José Federico Tournier; César Treffinger; Hernán Urien; Patricia Vásquez; Andrea Fernanda Vera; Lorena Villaverde; Gino Visconti; Carlos Raúl Zapata.

Pro

Martín Ardohain; Emmanuel Bianchetti; Fernando de Andreis; María Florencia De Sensi; Daiana Fernández Molero; Alicia Fregonese; Antonela Giampieri; Cristian Ritondo; Javier Sánchez Wrba; Martín Yeza; Álvaro González.

UCR

Guillermo César Agüero; Gerardo Cipolini; Diógenes Ignacio González; Lisandro Nieri; Darío Schneider; Pamela Fernanda Verasay.

Unión por la Patria

Cristian Andino; Jorge Chica.

Provincias Unidas

Jorge Antonio Ávila; Sergio Eduardo Capozzi; José Núñez; Jorge Rizzotti; Gisela Scaglia; Alejandra Torres.

Innovación Federal

Claudio Álvarez; Alberto Arrúa; Bernardo Biella; Oscar Herrera; Pablo Outes; Yolanda Vega; Daniel Vancsik; Yamila Ruiz.

Producción y Trabajo

Carlos Gustavo Jaime Quiroga; Nancy Viviana Picón Martínez.

Elijo Catamarca

Fernanda Ávila; Fernando Monguillot; Sebastián Noblega.

Independencia

Elia Marina Fernández; Gladys Medina; Javier Noguera.

Adelante Buenos Aires

Karina Banfi.

Por Santa Cruz

José Luis Garrido.

Encuentro Federal

Nicolás Massot.

❌ VOTARON NEGATIVO (111)

Unión por la Patria

Hilda Aguirre; Ernesto “Pipi” Ali; Javier Andrade; Jorge Neri Araujo Hernández; Martín Aveiro; Marcelo Barbur; Luis Eugenio Basterra; Gustavo Bordet; Alejandrina Borgatta; Santiago Cafiero; Celia Campitelli; Julieta Marisol Campo; Lucía Campora; Florencia Carignano; Sergio Casas; Carlos Castagneto; Carlos Cisneros; Ricardo Daives; María Graciela De la Rosa; Fernanda Díaz; Sergio Dolce; Gabriela Estévez; Emir Félix; Abelardo Ferrán; Andrea Freites; Sebastián Galmarini; María Teresa García; Diego Giuliano; José Glinski; José Gómez; Juan Grabois; Ramiro Gutiérrez; Raúl Hadad; Itai Hagman; Ana María Ianni; Máximo Carlos Kirchner; Moira Lanesan Sancho; Aldo Leiva; Jimena López; Cecilia López Pasquali; Juan Pablo Luque; Marcelo Mango; Mario Manrique; Marianela Marclay; Varinia Lis Marín; Juan Marino; Germán Pedro Martínez; Guillermo Michel; Fernanda Miño; Juan Carlos Molina; Matías Molle; Roxana Monzón; Cecilia Moreau; Hugo Antonio Moyano; Jorge Mukdise; Estela Mary Neder; Kelly Olmos; Blanca Inés Osuna; Sergio Omar Palazzo; Claudia María Palladino; María Graciela Parola; Gabriela Pedrali; Paula Andrea Penacca; Horacio Pietragalla Corti; Lorena Pokoik; Luciana Potenza; Agustina Propato; Ariel Rauschenberger; Santiago Luis Roberto; Agustín Oscar Rossi; Marina Dorotea Salzmann; Nancy Sand; Sabrina Selva; Adriana Cristina Serquis; Vanesa Raquel Siley; Guillermo Snopek; Julia Strada; Jorge Taiana; Rodolfo Tailhade; Caren Tepp; Paulo Agustín Tita; Pablo Todero; Victoria Tolosa Paz; Nicolás Alfredo Trotta; Eduardo Félix Valdés; María Elena Velázquez; Luana Volnovich; Hugo Yasky; Natalia Zaracho; Christian Alejandro Zulli.

Provincias Unidas

Lourdes Micaela Arrieta; Carolina Basualdo; Juan Fernando Brugge; Mariela Coletta; Pablo Farías; Carlos Gutiérrez; Pablo Juliano; Martín Lousteau; Esteban Paulón; Juan Schiaretti; María Inés Zigarán.

Frente de Izquierda / FIT-U

Myriam Bregman; Nicolás del Caño; Romina del Plá; Néstor Pitrola.

Coalición Cívica

Maximiliano Ferraro; Mónica Frade.

Defendamos Córdoba

Natalia de la Sota.

Encuentro Federal

Miguel Ángel Pichetto.

Coherencia

Marcela Marina Pagano.

Primero San Luis

Jorge Fernández.

⚪ ABSTENCIONES (3)

La Neuquinidad

Karina Maureira.

MID – Movimiento de Integración y Desarrollo

Eduardo Falcone; Oscar Zago.

🚫 AUSENTES (5)

La Libertad Avanza

Rocío Bonacci.

Pro

Alejandro Finocchiaro.

Provincias Unidas

Ignacio García Aresca.

Innovación Federal

Gerardo Gustavo González.

Unión por la Patria

Pablo Raúl Yedlin.

El oficialismo y sus aliados en la Cámara de Diputados se alzaron en la madrugada de este jueves con la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares, impulsada por el Gobierno a pedido de mandatarios de provincias cordilleranas con ambiciosos proyectos mineros. A las 2.30, la votación en general resultó con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, asistió una vez más al Congreso para ver ese momento clave desde uno de los palcos del recinto.

Junto al bloque de La Libertad Avanza votaron positivamente el interbloque Fuerza del Cambio, integrado por el Pro, la UCR, Karina Banfi y José Luis Garrido (con la excepción del MID); los bloques provinciales de Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo e Independencia, que responden a los gobernadores de Salta (Gustavo Sáenz), Misiones (Hugo Passalacqua), Catamarca (Raúl Jalil), San Juan (Marcelo Orrego) y Tucumán (Osvaldo Jaldo); un puñado del interbloque Unidos, y dos integrantes de Unión por la Patria.

En tanto, el rechazo fue del grueso de UP, la mayoría del interbloque Unidos, el Frente de Izquierda y los monobloques Defendamos Córdoba (Natalia de la Sota), Coherencia (Marcela Pagano) y el puntano Jorge "Gato" Fernández de Primero San Luis.

Hubo una sola votación al final del debate, ya que previamente se había aprobado una moción del diputado Nicolás Mayoraz para que se procediera a realizar en un único acto la votación en general y en particular. El titular del bloque UP, Germán Martínez, había objetado esa moción, sugiriendo que se votara artículo por artículo, pero la moción del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales se impuso por 134 votos a favor y 117 en contra.

Empero, la decisión de hacer una única votación llevó a que los diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, se abstuvieran. Lo explicó este último, que dijo que tenían previsto votar a favor en general y pedir modificar el artículo 3°; como eso no era posible, se abstuvieron entonces. También lo hizo la neuquina Karina Maureira.

El debate se extendió por más de 11 horas, con discursos -en general- en contra de la ley, con cortes para cuestiones de privilegio y homenajes. Aunque había una docena de diputados de LLA anotados en la lista de oradores, luego se bajaron, y hablaron oficialistas solo al principio y al final.

La jornada había comenzado el día anterior, a las 15.13, cuando el tablero marcó 129 presentes, con aliados aportando al quórum en lo que fue la primera sesión de la Cámara baja desde que arrancó el periodo ordinario.

Durante la tarde hubo una serie de apartamientos del reglamento que resultaron todos rechazados, ya que fueron propuestos por la oposición, que quiso incorporar temas ásperos para el Gobierno: caso Adorni, caso $LIBRA, suspensión de acreditaciones a periodistas y la postura de la Argentina ante la guerra en Medio Oriente, entre otros.

Por su parte, en las afueras del Congreso la jornada estuvo marcada por una protesta de organizaciones ambientalistas y agrupaciones políticas (entre ellas, La Cámpora), en rechazo a la ley. Como escena repetida, la movilización no estuvo exenta del accionar de las fuerzas de seguridad, que en un momento corrieron a manifestantes por un trayecto de Avenida de Mayo. También hubo marchas en otros puntos del país, como Mendoza.

Desde distintas ONG's, asociaciones y particulares anticiparon que irán a la Justicia, y entre los argumentos para objetar la norma harán referencia a la modalidad que tuvo la audiencia pública, la cual rechazaron como tal. En las exposiciones realizadas el 25 y 26 de marzo pasado, solo habló una ínfima parte de los más de 100 mil anotados para participar.

Aunque en el Senado se había obviado este paso, en Diputados el oficialismo accedió al pedido de la oposición, pero tras la masiva inscripción y la decisión de LLA de destinar solo dos días, alertaron que esa instancia finalmente no cumplía con lo establecido en la Ley de Ambiente y el Acuerdo de Escazú.

La modificación de la Ley de Glaciares llegó al recinto un día después de haber conseguido dictamen en las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, donde solo se escuchó a funcionarios nacionales y provinciales del área minera que estaban a favor del proyecto y pujaban por su aprobación.

La oposición reclamó que no se recibió a abogados constitucionalistas, al asegurar que la flamante norma es "inconstitucional" porque representa una regresión en derecho ambiental, algo que el oficialismo dice lo contrario.

A partir de la nueva ley se redefine el objeto de protección de los glaciares y el ambiente periglacial, al tiempo de otorgarles a las jurisdicciones (basándose en que constitucionalmente les corresponde el dominio originario de los recursos naturales) el poder de definir qué es un glaciar o periglacial dentro de sus territorios, pudiendo ordenarle al IANIGLA el retiro del Inventario Nacional de alguno de ellos si -mediante estudios técnicos-científicos- consideran que no cumplen con las funciones hídricas previstas.

También incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la ley al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Diputados de UP en la movilización realizada en las afueras del Congreso

La reforma, que fue redactada por el Consejo de Mayo, prevé la incorporación del principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas. Esa verificación dependerá exclusivamente de cada provincia, cuya información deberá ser transmitida al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para actualizar el Inventario.

También hay cambios en el régimen de prohibiciones que se aplicarán únicamente sobre los glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por la autoridad ambiental local. Entre las actividades no permitidas se mantienen la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y el desarrollo de obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica.

El texto faculta a las provincias a que determinen, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto implica una alteración relevante y, por lo tanto, si no puede autorizarse. Otras de las modificaciones es la exigencia de evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial, y habilita evaluaciones estratégicas cuando la escala lo amerite. Se exceptúan únicamente actividades de rescate, científicas no invasivas y deportivas no motorizadas.

Por último, redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero sujeto a un flujo permanente de información desde las provincias. El Gobierno señaló en sus fundamentos que, a 15 años de vigencia de la ley, solo se completó el nivel 1 del Inventario y que aún resta determinar la función hídrica efectiva de las geoformas relevadas.

Acá están los que no dejaron hablar. pic.twitter.com/RbubQcIKaS

— Adriana Cristina Serquis (@aserquis) April 8, 2026

El debate en el recinto

En el arranque del debate hablaron los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, los libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente, en defensa del dictamen de mayoría. A sabiendas de las críticas de la oposición a la audiencia pública, Peluc la defendió y dijo que “el 70%” de las presentaciones fueron a favor de la reforma. “Fueron 106.467 personas inscriptas, 2.999 hicieron presentación escrita, 90 subieron video, 113 participaron presencialmente y 98 de manera virtual”, detalló. Y lanzó: “Tratan de desdibujar el concepto de la Ley de Glaciares, diciendo que no los vamos a cuidar, pero decir eso es no haber leído el proyecto”.

En tanto, Mayoraz afirmó que “no se afecta el paradigma de protección de los glaciares” con esta modificación, sino que “esta ley viene a dar el rigor técnico que varios científicos venían criticando”. “Queda desmentido que esta reforma afecta el principio de no regresión y le damos la posibilidad a las provincias de hacer estudios de segundo y tercer nivel que el IANIGLA hoy no tiene”, agregó.

Nicolás Mayoraz (Foto: HCDN)

Al momento de defender el dictamen de minoría de su bloque, la diputada de Unión por la Patria Adriana Serquis cuestionó que “se están basando para defender esta ley en datos que no son científicos”. “El rechazo no tiene que ver con no querer un desarrollo productivo. Simplemente estamos tratando de que esa regresión que existe en esta ley no se haga efectiva”, sostuvo la extitular de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

En tanto, el jefe de la principal bancada opositora, Germán Martínez, advirtió que gran parte de los desarrollos mineros que se están llevando adelante “ya cuentan con una seguridad jurídica” por la Ley de Glaciares “que van a poner en riesgo con este cambio”.

Maximiliano Ferraro

Uno de los diputados que encabezó un fuerte rechazo al proyecto en las últimas semanas, el cívico Maximiliano Ferraro remarcó: “Estamos frente, quizás, a una de las peores leyes que hayan traído a este Congreso de la Nación, porque no dimensionamos el retroceso sin precedentes, con graves consecuencias, que va a traer esta ley totalmente inconstitucional. Es una ley inconstitucional, que viola el artículo 41 (de la Constitución), por el cual este Congreso está obligado a establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental”.

“Las mineras redactaron esta ley, hicieron la conducción del proceso deliberativo. Estamos acostumbrados a la historia de la Argentina corporativa”, denunció y se preguntó: “¿Vamos a mirar para otro lado en relación a lo que es la agenda corporativa y la presión corporativa de las mineras en lo que es un escandaloso y displicente lobby y conflicto de intereses que se llevan adelante en muchísimos de estos proyectos, y que hasta tienen que ver muchas veces con el financiamiento de la política?”.

Además, en su discurso el diputado de la Coalición Cívica criticó que “estamos convirtiendo, de a poco, a este Congreso en un templo de mercaderes, que se tiran miles de millones para  acá, miles de millones para allá”.

En el final de la presentación de los dictámenes, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman habló cuando Luis Petri presidía la sesión y no se guardó nada: “Qué ironía del destino que a usted le toque presidir esta sesión porque antes de ser abducido por las ideas libertarias, cuentan en Mendoza, que usted estaba en contra del proyecto minero San Jorge cuando el PJ de Mendoza lo impulsaba”.

El antecedente que la legisladora del PTS invocó fue el debate que se dio en septiembre del 2011 en la Legislatura mendocina, cuando Petri integraba el bloque radical que votó en contra de la explotación de oro y cobre a cielo abierto en Uspallata. El proyecto fue rechazado por unanimidad y el gobernador, en aquel entonces, era Celso Jaque.

“Quieren doblegar a los manifestantes de afuera a fuerza de represión, a los gobernadores los cooptan a fuerza de ATN y otros, como usted, pasan de ser defensores del ambiente a presidir una sesión donde se destruye algo tan valioso como los glaciares y los periglaciares”, lanzó y denunció que “estamos ante una nueva ofensiva colonial, reprimarizadora de la economía y un verdadero proyecto de saqueo”.

Myriam Bregman

Más adelante, Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, adelantó su voto en contra y remarcó que “esta ley es un retroceso, es un hecho negativo y abre camino a la (reforma de la) Ley de Bosques”. “No existe ningún argumento técnico, económico ni político que avale este cambio”, aseveró.

Con su característico perfil, el diputado de UP Juan Grabois enumeró una serie de adjetivos que, a su parecer, sintetizan la esencia de la reforma a Glaciares: “El único sentido de la ley es habilitar la minería de glaciares porque es terraplanista, envenenada, corruptora e inconstitucional”. También sostuvo que “los argumentos científicos son más truchos que las hipotecas de Adorni y la criptomoneda de Milei”.

“Quieren sustituir una política de Estado gestionada por los mejores científicos del mundo que son los argentinos”, se quejó y, acto seguido, pidió un aplauso para los investigadores del Conicet. “Esta ley viola tratados internacionales y la Constitución Nacional, cumplamos con el deber que nos impone el artículo 41 de proteger el ambiente”, añadió.

Para otro diputado de UP, el bonaerense Jorge Taiana, en este siglo XXI “el agua es el recurso más importante y vale más que el oro”. Y, en ese contexto, sostuvo que “no podemos aceptar que se modifique esta ley porque esta reforma destruye el federalismo argentino y reemplaza el federalismo de concertación por un federalismo de fragmentación y eso sí que es un golpe a la democracia y al futuro de los argentinos”.

Al contrario de su compañero de bloque (Pichetto), el diputado Nicolás Massot habló del espíritu original de la ley, señalando que “el criterio de protección siempre fue hídrico, y no el criterio meramente geológico. Ese fue siempre el espíritu de esta discusión, razón por la cual inclusive había una biblioteca dividida según la cual era suficiente un decreto reglamentario. Y yo creo que lo era”, reconoció, aclarando que hubiera tenido un vicio de legitimidad en ese caso.

Nicolás Massot (Foto: HCDN)

“Todas las industrias tienen afectaciones más o menos preservantes sobre distintos ecosistemas. Todos los ecosistemas están protegidos dentro de la Ley de Ambiente. Y en todos los casos se estipula un criterio de si la afectación de esa industria en particular es suficientemente relevante para un ecosistema o si no lo es. Y es exactamente el mismo criterio que bajo la tutela de la Ley de Glaciares va a tener que cumplir la autoridad de aplicación provincial. Las provincias no hacen más que completar las bases de estudio que el IANIGLA no pudo completar durante su larga vida, que trascendió tres gobiernos de signos diferentes”, argumentó.

A su turno, el legislador de UP Agustín Rossi aseguró que “esta es una ley tan mala que no la defendió nadie en su cuestión de fondo”, y enumeró porqué la consideraba mala, cerrando su intervención: “Es una ley tan mala porque promulga un federalismo falso, cuando en realidad está defendiendo el federalismo ambiental”.

A la hora de los cierres de bloques, la sanjuanina Nancy Picón Martínez aclaró que “nadie discute la protección de los glaciares. Esta ley no baja los estándares de cuidado de los glaciares. Sí en el tema de lo que tiene que ver con las geoformas de ambiente de periglaciares, donde ahí con rigor y estudios científicos  hay que comenzar a estudiarlos, para darles más protección y no menos”.

“Esto debe convivir y debe ser sustentable y desde un ambiente sano”, dijo la diputada de Producción y Trabajo y lanzó contra quienes se oponen: “Y sino, díganme ustedes, que tanto se quejan de la minería, ¿qué hacen con celulares en las manos? ¿O creen que viene del Espíritu Santo? ¿Cómo van a hacer cuando alguien necesite un desfibrilador? Ah, también lo va a generar el Espíritu Santo… Pobre Espíritu Santo, todas las tareas que le estamos dando”.

Por su parte, la diputada Fernanda Ávila, flamante presidenta de la Comisión de Minería, señaló ya a medianoche que “lo que vengo viendo a lo largo de la discusión de esta ley, en estos cinco meses, es que estamos fundamentalmente ante un problema de percepción. Hay un reflejo automático de que cualquier modificación de la norma estamos retrocediendo”.

Fernanda Ávila

“Se ha dicho que el objeto de la ley cambia. Eso no es real -aclaró la diputada catamarqueña-. El objeto fue siempre el mismo: proteger las reservas estratégicas de agua. Lo dijo (Marta) Maffei en 2007; lo dijo el senador Daniel Filmus en 2008; lo repitió (Miguel) Bonasso en 2010, y lo dijo el IANIGLIA en el informe técnico que hizo en 2019”. Y leyó: “El principal objetivo del inventario nacional de glaciares consiste en identificar, caracterizar y monitorear los glaciares y geoformas que actúan como reserva hídrica estratégica en la República Argentina”. Pidió entonces leer el artículo 1°, porque “el objeto no cambia”.

A continuación, el salteño Pablo Outes (Innovación Federal) habló también en defensa de la minería. Con ironía, arrancó quejándose de que “durante esta sesión hemos hablado de temas tan amplios, que nos han hecho responsables de la guerra de Irán y Estados Unidos; de la conducta de Trump; del saqueo que Argentina estaría recibiendo; de quitarle el futuro a las generaciones futuras”.

“Esta ley lo único que está haciendo es devolverle la facultad a las provincias mineras de poder opinar en cuestiones mineras en la medida que tengan informes técnicos razonables efectivos y que justifiquen sus políticas -aseguró-. No es que deliberadamente se da la facultad para que las provincias actúen y exploten sus recursos. Lo único que buscábamos es devolverles a las provincias sus facultades para opinar de sus recursos”.

Sobre el final del debate, el diputado Máximo Kirchner sostuvo que “el aumento de la explotación de litio se hizo con esta ley. No hay una justificación para que podamos decir ‘no hemos podido producir’”, lo cual consideró “un argumento infantil”. “Como si el que estuviera en contra de esto estuviera en contra de la producción”, señaló.

Advirtió también que “este gobierno tiene todas las leyes que quiere; antes decían que era una escribanía el Congreso. Acá salen todas las leyes, no hay excusas para los resultados que están teniendo”. Consideró además “una mentira” que “defender cuestiones ambientales nos coloca en la posición de ser enemigos de la producción”.

Al final puso el ejemplo de Chile, que exporta 10 veces en relación a la Argentina: tiene un tercio de la población que tiene Argentina, sin embargo yo no veo que eso haya servido ni en la microeconomía ni en la macro del país”.

Por el oficialismo, la diputada Silvana Giudici recordó que esta era la tercera vez que venía al recinto a votar “en favor de los glaciares y sus reservas hídricas. Voté la ley vetada por Cristina Kirchner; en el veto de ese momento, la presidenta expresaba que los gobernadores cordilleranos se oponían a esa ley y la vetó”.

“La segunda vez, cuando votamos esa ley, el zafarrancho jurídico que hicieron puso en riesgo todo el sistema de protección ambiental argentina: terminó judicializado”, evocó, atribuyendo eso a “la interna del kirchnerismo”, que obligó a su juicio a interrumpir varias veces el debate. “Volvieron en agosto, un mes después, con una modificación que se incluyó acá”, según la cual el IANIGLIA tenía que poner especial dedicación y prioridad donde ya había solicitud de explotación. Quince años pasaron, no se hizo nunca”, aseguró, antes de desandar a continuación “muchas falacias que se dijeron acá”.

El cierre del debate le correspondió al jefe del bloque LLA, Gabriel Bornoroni, quien bajo la mirada atenta de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sentada junto a Diego Santilli en uno de los palcos, expresó un encendido discurso en el que remarcó que “en la Argentina de Milei exportamos petróleo; con el kirchnerismo lo importábamos”. “A la Argentina la estamos poniendo de pie de la mano del presidente Milei”, remarcó.

“Hace falta una aclaratoria de esta ley 26.639 que vino a este recinto después de haber pasado por el Senado y que nos da la posibilidad de devolverle lo que nosotros llamamos federalismo. Que es lo que está faltando y lo que las provincias le pedimos a la Nación y le pedimos a Buenos Aires que se establezca y funcione el federalismo”, señaló el presidente del bloque oficialista.

Bornoroni agregó: “Ahora vino alguien como el presidente Milei, y nos trae de vuelta la posibilidad de que nosotros seamos los dueños de nuestra tierra”.

“El artículo 124 de la Constitución Nacional nos da la potestad de las tierras a cada una de las provincias, así que orgulloso de que el presidente Milei haya enviado esta ley al recinto. Todos los diputados de las distintas provincias tendrían que votar con las dos manos esta ley”, clamó el legislador cordobés.

Gabriel Bornoroni

A más de cuatro horas del inicio de la sesión, Miguel Pichetto fue el primer orador del debate de la modificación a la Ley de Glaciares y anticipó que su postura en contra de la reforma. Sobreviviente de la sanción de la Ley 26.639, consideró que “no hay ningún elemento nuevo, ni condición técnica, economía o política de los cambios que se incorporan”.

Representante de Encuentro Federal, advirtió a La Libertad Avanza que “la norma -que se está debatiendo- se podría convertir en una norma inconstitucional que terminará en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. En ese sentido, lanzó una apreciación sutil en contra del proyecto de reforma presupuestaria a los glaciares y zonas periglaciares: “El sistema constitucional que rige las cuestiones ambientales es un sistema mixto que se complementa con este Congreso para fijar los presupuestos mínimos y el argumento del oficialismo es falaz”.

Parafraseó la intervención de Maximiliano Ferraro y agregó que “durante los últimos diez de años de vigencia de la ley, las inversiones en minería han crecido favorablemente”. Esto fue en respuesta al argumento esgrimido por los diputados del oficialismo que presentaron el dictamen en el recinto respecto a la posibilidad de atraer inversiones y desarrollar la producción minera en las provincias.

En contra de la postura de las provincias cordilleranas, Pichetto fue más allá y cargó que “el argumento de aumentar la producción minera de ninguna manera es válido ni sólido”. También consideró que la puesta en vigencia de esta reforma “trae dificultades en materias de coparticipación”, y señaló que “la Nación pierde capacidad de control, cede y se pierde sentido de arbitrariedad nacional”.

De todos modos, volvió a dejar en claro que va a votar en contra de la reforma de la Ley de Glaciares y planteó que “están regulando sobre cuestiones interjurisdiccionales” porque, a su parecer, “puede haber más de una provincia implicada”. “¿quién va a decidir ahí?”, cuestionó el jefe de bloque de Encuentro Federal, que hoy es parte del interbloque Unidos.

Mientras Federico Sturzengger exponía del otro lado del Congreso, Miguel Pichetto opinó que “esta ley es un retroceso, es un hecho negativo y abre camino a la Ley de Bosques”. “Sé que él está trabajando en esto y se abre un camino muy peligroso para el medio ambiente argentino”, agregó.

Para el cierre de su exposición, habló del cambio climático y remarcó que “la masa de glaciares ha perdido 8% por el aumento de la temperatura y esto está impactando en la zona de glaciares”. Y cerró: “La ley que se ha votado en 2010 es autosuficiente y permitía conciliar los intereses de un Gobierno nacional que, como el de este presidente, tiene una vocación minera conciliando con las provincias y acordando con un organismo técnico (IANIGLA) que pasa a ser liquidado con esta decisión”. “No existe ningún argumento técnico, económico ni político que avale este cambio”, concluyó.

Diputados de Unión por la Patria rechazaron este miércoles la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el oficialismo, y la rionegrina Adriana Serquis cuestionó que “se están basando para defender esta ley en datos que no son científicos”.

“El rechazo no tiene que ver con no querer un desarrollo productivo. Simplemente estamos tratando de que esa regresión que existe en esta ley no se haga efectiva”, sostuvo la extitular de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Al cuestionar las palabras precedentes de diputados del oficialismo, la legisladora aseguró que “el rigor científico no parece ser tal” en la iniciativa.

Con una maqueta que la ayudó a sostener su par Juan Grabois, Serquis se refirió a los periglaciares y geoformas ubicadas en la cordillera. “No se ven los glaciares y sin embargo están, esos son los tipos de glaciares que están tratando de demostrar que no tienen una función hídrica, cuando la ley actual protege absolutamente a todos los que están en el Inventario”.

“Un 1% de la cordillera representa la superficie que ocupan los glaciares. Y solo ese puntito alimenta las cuencas que dan beber a 7 millones de habitantes”, resaltó.

Además, agregó que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) “si no puede hacer las cosas es porque ustedes lo están desfinanciado, como a todos los organismos de ciencia y tecnología”.

Luego fue el turno del jefe del bloque UP, Germán Martínez, quien comparó que el dictamen de mayoría -del oficialismo- “tenía apenas una carilla y media de fundamentación”, frente a 55 páginas del de su bloque.

“Este bloque está a favor de la protección de los glaciares y el ambiente periglacial. A favor de potenciar los organismos técnicos especializados. A favor del encuentro entre el desarrollo productivo y la protección ambiental”, afirmó.

Además, el santafesino advirtió que gran parte de los desarrollos mineros que se están llevando adelante “ya cuentan con una seguridad jurídica” por la Ley de Glaciares “que van a poner en riesgo con este cambio”.

Martínez manifestó la posición “a favor de un federalismo y un ambientalismo de concertación, lejos de ese federalismo de desintegración nacional que muchos quieren plantear”. “No nos puede faltar una mirada nacional de estos acontecimientos”, agregó, en relación a la potestad que se les da a las provincias sobre la definición de los glaciares.

En el rol de miembro informante, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, José Peluc, optó por compartir el tiempo de intervención con Nicolás Mayoraz y utilizó sus minutos para criticar la postura de la oposición. “A los que dicen que están 80 a 20, si leen las 2.999 presentaciones escritas, hay 70 a favor de la Ley y 30 en contra, pero ustedes leen y entienden hasta donde quieren”.

La intervención comenzó con un pedido de aplausos para “todo el personal legislativo” que participó de “la audiencia pública histórica”. En ese momento, desde el flanco opositor, comenzaron a gritarle al sanjuanino. Cabe recordar que Unión por la Patria, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda pidieron la nulidad de las audiencias realizadas por considerar que no dieron lugar a la participación de todos los inscriptos.

En tal sentido, José Peluc presentó las cifras finales de las audiencias públicas: “Fueron 106.467 personas inscriptas, 2.999 hicieron presentación escrita, 90 subieron video, 113 participaron presencialmente y 98 de manera virtual”. En ese punto, volvió a criticar a los integrantes de la oposición y lanzó: “Tratan de desdibujar el concepto de la Ley de Glaciares, diciendo que no los vamos a cuidar, pero decir eso es no haber leído el proyecto”.

Activo en este debate desde el comienzo del período ordinario, el sanjuanino de La Libertad Avanza le endilgó a la oposición haber “tratado de zorros a los gobernadores”, concepto referido a presuntas negociaciones tras bambalinas en virtud del avance de esta reforma ambiental. Dicho esto, añadió que “San Juan pasa un momento de sequía muy grande”.

Antes de darle la palabra a su par de bancada, José Peluc volvió a señalar al bloque opositor: “Ustedes no entienden el sistema del agua y (la modificación a la Ley de Glaciares) va más allá de lo que ustedes quieren interpretar”. “Estamos totalmente a favor porque tenemos experiencia minera y (experiencia en San Juan) de falta de agua”, cerró.

Mayoraz explicó el dictamen 

Haciendo uso del tiempo del miembro informante, Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, también cargó contra la oposición y las organizaciones ambientales que se manifestaron en contra de la reforma: “Los malintencionados e ignorantes cuestionaron el procedimiento por pretender algo ilusorio que 100 mil personas fueran escuchadas en forma sincrónica, lo que era materialmente imposible”.

Abocado a la desarrollar los puntos del despacho, el diputado santafesino consideró que la modificación a la Ley de Glaciares “viene con claridad meridiana del Senado” porque, a su parecer, “busca aclarar conceptos y no se altera el paradigma”. A su vez, cuestionó la redacción vigente y señaló que “lleva 15 años la ley sancionada y solo se han hecho estudios de primer nivel”, que en palabras del libertario “solo se hizo el relevamiento de fotografía satelital”.

Mayoraz, en su intervención, reiteró que “no se afecta el paradigma de protección de los glaciares”.

Antes de pasar a leer el dictamen, reiteró que “no se afecta el paradigma de protección de los glaciares”, y alegó que “esta ley viene a dar el rigor técnico que varios científicos venían criticando”. También, agregó que “queda desmentido que esta reforma afecta el principio de no regresión y le damos la posibilidad a las provincias de hacer estudios de segundo y tercer nivel a las provincias que el IANIGLA hoy no tiene”.

En el final, Mayoraz redundó en el eje de su intervención: “Con la modificación a la Ley de Glaciares estamos logrando la armonización porque el IANIGLA no se debilita y el principio es que todos los cuerpos inventariados no se tocan salvo prueba en contrario”.

Concluyó que “la regla es que ‘no se toca’ y les toca a las provincias, como principales garantes de la tutela ambiental en sus provincias, hacer el relevamiento de segundo y tercer nivel para encontrar que esa geoforma, si así resultase, está bien o mal catalogada”.

En lo que se anticipaba no sería un problema para el oficialismo, el quórum para la sesión en la Cámara de Diputados en la que se debatirá la reforma de la Ley de Glaciares se alcanzó prontamente este miércoles.

A los 95 presentes de La Libertad Avanza en su plenitud, se sumaron otros 34 legisladores que permitieron abrir la reunión con 129 legisladores sentados en sus bancas a las 15.13.

Entre ellos estuvieron 16 del interbloque Fuerza del Cambio: Daiana Fernández Molero, Florencia de Sensi, Antonela Giamperi, Fernando de Andreis, Javier Sánchez Wrba, Martín Yeza Alicia Fregonese y Martín Ardohain, del Pro; Pamela Verasay, Lisandro Nieri, Gerardo Cipolini, Darío Schneider, Diógenes González y Guillermo Agüero, de la UCR; José Luis Garrido, de Por Santa Cruz; y Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires.

Además, bajaron al recinto 6 del bloque Provincias Unidas: Gisela Scaglia, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, José Núñez, Alejandra Torres e Ignacio García Aresca.

También aportaron los sanjuaninos de Producción y Trabajo, Nancy Picón Martínez y Carlos Jaime Quiroga; los catamarqueños de Elijo Catamarca, Sebastián Nóblega, Fernanda Ávila y Fernando Monguillot; y los tucumanos de Independencia, Gladys Medina, Elia Fernández y Javier Noguera.

Por Innovación Federal, dieron quórum solo 3 de 9 que componen ese bloque: el misionero Daniel Vancsik y los salteños Pablo Outes y Yolanda Vega.

Finalmente, aportó al número también el puntano del monobloque Primero San Luis Jorge “Gato” Fernández.

Por el contrario, no dieron quórum Unión por la Patria, el grueso del interbloque Unidos, el Frente de Izquierda, el MID y los monobloques de Coherencia, Defendamos Córdoba y La Neuquinidad.

Ley de Glaciares: a mirar el quórum. Ahí está la clave.

No sirve anunciar el "voto en contra" y al mismo tiempo sentarse a dar quórum para garantizarle la ley al gobierno.

Hay que mirar el "pack quórum" que permite votar en contra o abstenerse a cambio de arrancar la sesión.

— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) April 8, 2026

El mensaje en la previa de la sesión del jefe de UP

La Cámara de Diputados avanza con la sesión en la que el oficialismo buscará alzarse con la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares, impulsada por el Gobierno a pedido de mandatarios de provincias cordilleranas. El quórum se alcanzó con 129 presentes a las 15.13 de este miércoles.

Según acordaron en Labor Parlamentaria los jefes de bloques, se espera una jornada de entre 11 y 12 horas. Para el principal tema hay más de 60 oradores y la votación se prevé para la madrugada. Además, habrá tres tandas de cuestiones de privilegio, homenajes y apartamientos de reglamento.

En el arranque, hubo una serie de apartamientos que resultaron todos rechazados, ya que fueron propuestos por la oposición. Aunque en algunos casos hubo más votos a favor que en contra, para esto se necesitaban las tres cuartas partes del Cuerpo. Por un desacuerdo reglamentario, no se votaron emplazamientos de comisiones -que sí se aprueban por mayoría simple-, dado que no formaban parte del temario.

Entre los expedientes que no se pudieron incorporar, la oposición planteó la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el tema de la suspensión de acreditaciones a periodistas en la Casa Rosada y la Cámara de Diputados; interpelaciones a Adorni y Karina Milei por el caso $LIBRA; y la postura de la Argentina ante la guerra en Medio Oriente, entre otros.

Glaciares: el oficialismo busca sancionar la ley

El proyecto busca redefinir el objeto de protección de los glaciares y el ambiente periglacial, al tiempo de otorgarles a las jurisdicciones (basándose en que constitucionalmente les corresponde el dominio originario de los recursos naturales) el poder de definir qué es un glaciar o periglacial dentro de sus territorios, pudiendo ordenarle al IANIGLA el retiro del Inventario Nacional de alguno de ellos si -mediante estudios técnicos-científicos- consideran que no cumplen con las funciones hídricas previstas.

Tras la audiencia pública en la que expuso una ínfima parte de los más de 100 mil inscriptos para participar, organizaciones ambientalistas y agrupaciones políticas que rechazan la reforma de la Ley de Glaciares (entre ellas, La Cámpora) convocaron a una marcha en las afueras del Congreso, que estuvo marcada en un principio por la tensión con los efectivos de seguridad que corrieron a manifestantes.

Desde distintas ONG's y particulares anticiparon que, de sancionarse la ley, irán a la Justicia, y entre los fundamentos para objetar la norma estará la modalidad que tuvo la audiencia pública, la cual rechazaron como tal.

Diputados de Unión por la Patria en la marcha afuera del Congreso.

La modificación de la Ley de Glaciares llega al recinto un día después de haber conseguido dictamen en las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, donde solo se escuchó este martes a funcionarios nacionales y provinciales del área minera que están a favor del proyecto.

El despacho de mayoría obtuvo 37 firmas (de LLA, Pro, UCR y bloques provinciales), mientras que los otros tres dictámenes correspondieron uno a Unión por la Patria, otro a Provincias Unidas y otro a Maximiliano Ferraro, de la CC.

El proyecto con media sanción que modifica la Ley 26.639 redefine el artículo 1° para precisar el objeto de protección: los glaciares y geoformas del ambiente periglacial “que cumplan funciones hídricas”, ya sea como reservas estratégicas o como proveedores de agua para la recarga de cuencas. También incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la ley al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales consagrado en el artículo 41 de la Constitución.

La Libertad Avanza, con 95 miembros, está confiado en alcanzar la aprobación con una base de entre 130 y 135 votos, que incluso algunos estiman podrían ser 140. Para ello espera contar con la ayuda de sus aliados del Pro, la UCR, el MID y distintos bloques provinciales, entre los que están -por ejemplo- Elijo Catamarca y Producción y Trabajo, integrados por legisladores que responden a dos mandatarios muy interesados en la reforma: el catamarqueño Raúl Jalil y el sanjuanino Marcelo Orrego. Además, a favor de la iniciativa se sumaría un puñado de votos desde Provincias Unidas y el propio bloque Unión por la Patria, como sucedió en el Senado.

La reforma de la Ley de Glaciares fue redactada por el Consejo de Mayo y propone, además, la incorporación del principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas. Esa verificación dependerá exclusivamente de cada provincia, cuya información deberá ser transmitida al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para actualizar el inventario.

También hay cambios en el régimen de prohibiciones que se aplicarán únicamente sobre los glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por la autoridad ambiental local. Entre las actividades no permitidas se mantienen la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y el desarrollo de obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica.

El texto faculta a las provincias a que determinen, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto implica una alteración relevante y, por lo tanto, si no puede autorizarse. Otras de las modificaciones es la exigencia de evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial, y habilita evaluaciones estratégicas cuando la escala lo amerite. Se exceptúan únicamente actividades de rescate, científicas no invasivas y deportivas no motorizadas.

Por último, redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero sujeto a un flujo permanente de información desde las provincias. El Gobierno señala que, a quince años de vigencia de la ley, solo se completó el nivel 1 del Inventario y que aún resta determinar la función hídrica efectiva de las geoformas relevadas.

El debate en el recinto

En el arranque del debate hablaron los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, los libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente, en defensa del dictamen de mayoría. A sabiendas de las críticas de la oposición a la audiencia pública, Peluc la defendió y dijo que “el 70%” de las presentaciones fueron a favor de la reforma. “Fueron 106.467 personas inscriptas, 2.999 hicieron presentación escrita, 90 subieron video, 113 participaron presencialmente y 98 de manera virtual”, detalló. Y lanzó: “Tratan de desdibujar el concepto de la Ley de Glaciares, diciendo que no los vamos a cuidar, pero decir eso es no haber leído el proyecto”.

En tanto, Mayoraz afirmó que “no se afecta el paradigma de protección de los glaciares” con esta modificación, sino que “esta ley viene a dar el rigor técnico que varios científicos venían criticando”. “Queda desmentido que esta reforma afecta el principio de no regresión y le damos la posibilidad a las provincias de hacer estudios de segundo y tercer nivel que el IANIGLA hoy no tiene”, agregó.

Al momento de defender el dictamen de minoría de su bloque, la diputada de Unión por la Patria Adriana Serquis cuestionó que “se están basando para defender esta ley en datos que no son científicos”. “El rechazo no tiene que ver con no querer un desarrollo productivo. Simplemente estamos tratando de que esa regresión que existe en esta ley no se haga efectiva”, sostuvo la extitular de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

En tanto, el jefe de la principal bancada opositora, Germán Martínez, advirtió que gran parte de los desarrollos mineros que se están llevando adelante “ya cuentan con una seguridad jurídica” por la Ley de Glaciares “que van a poner en riesgo con este cambio”.

Uno de los diputados que encabezó un fuerte rechazo al proyecto en las últimas semanas, el cívico Maximiliano Ferraro remarcó: “Estamos frente, quizás, a una de las peores leyes que hayan traído a este Congreso de la Nación, porque no dimensionamos el retroceso sin precedentes, con graves consecuencias, que va a traer esta ley totalmente inconstitucional. Es una ley inconstitucional, que viola el artículo 41 (de la Constitución), por el cual este Congreso está obligado a establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental”.

“Las mineras redactaron esta ley, hicieron la conducción del proceso deliberativo. Estamos acostumbrados a la historia de la Argentina corporativa”, denunció y se preguntó: “¿Vamos a mirar para otro lado en relación a lo que es la agenda corporativa y la presión corporativa de las mineras en lo que es un escandaloso y displicente lobby y conflicto de intereses que se llevan adelante en muchísimos de estos proyectos, y que hasta tienen que ver muchas veces con el financiamiento de la política?”.

Además, en su discurso el diputado de la Coalición Cívica criticó que “estamos convirtiendo, de a poco, a este Congreso en un templo de mercaderes, que se tiran miles de millones para  acá, miles de millones para allá”.

En el final de la presentación de los dictámenes, la diputada nacional Myriam Bregman habló cuando Luis Petri presidía la sesión especial y no se guardó nada: “Qué ironía del destino que a usted le toque presidir esta sesión porque antes de ser abducido por las ideas libertarias, cuentan en Mendoza, que usted estaba en contra del proyecto minero San Jorge cuando el PJ de Mendoza lo impulsaba”.

El antecedente que la legisladora del PTS invocó fue el debate que se dio en septiembre del 2011 en la Legislatura mendocina cuando Luis Petri integraba el bloque radical que votó en contra de la explotación de oro y cobre a cielo abierto en Uspallata. El proyecto fue rechazado por unanimidad y el gobernador, en aquel entonces, era Celso Jaque.

Luego, siguió: “Quieren doblegar a los manifestantes de afuera a fuerza de represión, a los gobernadores los cooptan a fuerza de ATN y otros, como usted, pasan de ser defensores del ambiente a presidir una sesión donde se destruye algo tan valioso como los glaciares y los periglaciares”. “Lo podríamos titular ‘cinco siglos igual’”, sintetizó Bregman, quien concluyó “estamos ante una nueva ofensiva colonial, re primarizadora de la economía y un verdadero proyecto de saqueo”.

Miguel Pichetto, miembro del interbloque Unidos, adelantó su voto en contra de la reforma ambiental y remarcó que “esta ley es un retroceso, es un hecho negativo y abre camino a la Ley de Bosques”. “No existe ningún argumento técnico, económico ni político que avale este cambio”, concluyó.

Con su característico perfil, Juan Grabois enumeró una serie de adjetivos que, a su parecer, sintetizan la esencia de la reforma a Glaciares: “El único sentido de la ley es habilitar la minería de glaciares porque es ‘terraplanista’, envenenada, ‘corruptora’ e inconstitucional”. También sostuvo que “los argumentos científicos son más truchos que las hipotecas de Adorni y la criptomoneda de Milei”.

“Quieren sustituir una política de Estado gestionada por los mejores científicos del mundo que son los argentinos”, deslizó el referente de, Frente Patria Grande, que acto seguido pidió un aplauso para los investigadores del Conicet. “Esta ley viola tratados internacionales y la Constitución Nacional, cumplamos con el deber que nos impone el artículo 41 de proteger el ambiente”, añadió.

Para Jorge Taiana, en este siglo XXI “el agua es el recurso más importante y vale más que el oro”. Y en ese contexto, sostuvo que “no podemos aceptar que se modifique esta Ley porque esta reforma destruye el federalismo argentino y reemplaza el federalismo de concertación por un federalismo de fragmentación y eso si que es un golpe a la democracia y al futuro de los argentinos”.

En su intervención, el diputado Nicolás Massot habló del espíritu original de la ley, señalando que “el criterio de protección siempre fue hídrico, y no el criterio meramente geológico. Ese fue siempre el espíritu de esta discusión, razón por la cual inclusive había una biblioteca dividida según la cual era suficiente un decreto reglamentario. Y yo creo que lo era”, reconoció, aclarando que hubiera tenido un vicio de legitimidad en ese caso.

El diputado de Encuentro Federal señaló que “es exactamente el mismo criterio de desarrollo sustentable el que se aplica a todas nuestras industrias: a la agricultura, que también consume recursos hídricos; a las pasteras, a la extracción de petróleo y de gas, convencional y no convencional… Todas las industrias tienen afectaciones más o menos preservantes sobre distintos ecosistemas. Todos los ecosistemas están protegidos dentro de la Ley de Medio Ambiente. Y en todos los casos se estipula un criterio de si la afectación de esa industria en particular es suficientemente relevante para un ecosistema o si no lo es. Y es exactamente el mismo criterio que bajo la tutela de la Ley de Glaciares va a tener que cumplir la autoridad de aplicación provincial. Las provincias no hacen más que completar las bases de estudio que el IANIGLIA. que no pudo completar durante su larga vida que trascendió tres gobiernos de signos diferentes”.

“Esto es pan para hoy y sed para siempre… y ustedes lo saben muy, pero muy, pero muy bien”, aseguró la diputada de UP Moira Lanesan Sancho, que sobre el final de su intervención dijo que “ahora vienen por el agua, y el agua es el límite: y el nombre de todos ustedes va a quedar en la historia”.

A su turno, Agustín Rossi sostuvo que “esta es una ley tan mala que no la defendió nadie en su cuestión de fondo”, y enumeró porqué la consideraba mala, cerrando su intervención asegurando que “es una ley tan mala porque promulga un federalismo falso, cuando en realidad está defendiendo el federalismo ambiental”.

NOTICIA EN DESARROLLO

Con el fin de conseguir una victoria legislativa que lo devuelvan al estado de gracia que lo acompañó durante el verano en su andar en el Congreso de la Nación, el oficialismo se abocará este miércoles al debate de la reforma de la Ley de Glaciares.

Será un día después de haber conseguido el dictamen que habilita el tratamiento en el recinto, donde será el único tema a tratar, aunque ya se sabe que la oposición tratará de hacerle sentir al Gobierno el rigor, durante una primera parte que dedicará a las cuestiones de privilegio y apartamientos de reglamento.

Cuatro son los dictámenes que hubo este martes, al cabo de un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales al que asistieron casi una veintena de expositores, todos a favor de la reforma de la Ley de Glaciares. Esos visitantes eran dos gobernadores de provincias mineras, como así también ministros, secretarios y subsecretarios nacionales y provinciales de Minería. El dictamen de mayoría tuvo 37 firmas y los otros tres dictámenes correspondieron uno a Unión por la Patria, otro a Provincias Unidas y un cuarto de Maximiliano Ferraro.

El proyecto que modifica la Ley 26.639 redefine el artículo 1° para precisar el objeto de protección: los glaciares y geoformas del ambiente periglacial “que cumplan funciones hídricas”, ya sea como reservas estratégicas o como proveedores de agua para la recarga de cuencas. También incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la ley al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales consagrado en el artículo 41.

Como dijimos, la oposición buscará hacer su juego en esta sesión. Convencida de que el oficialismo conseguirá la victoria que está buscando -por una base de 135 votos y un techo de 140-, la oposición sacará a la palestra el caso Adorni y hasta es probable que pida su interpelación.

Asimismo intentará aprobar sobre tablas un proyecto de un grupo de diputados de Unión por la Patria para reafirmar la neutralidad de la Argentina frente al conflicto armado entre Estados Unidos e Israel con la República Islámica de Irán. La iniciativa cuestiona declaraciones y acciones del Poder Ejecutivo que, según advierten, comprometen la política exterior histórica del país y avanzan sobre facultades exclusivas del Congreso.

El proyecto es del diputado Juan Marino, y sostiene que la Argentina no reconoce enemigos en ninguna de las partes en disputa y reivindica una posición de prescindencia activa, alineada con la tradición diplomática nacional y con los principios establecidos por la Constitución Nacional y la Carta de las Naciones Unidas. En ese sentido, el texto remarca el compromiso del país con la resolución pacífica de las controversias internacionales y el respeto al derecho internacional.

Más poder a las provincias

La reforma de la Ley de Glaciares fue redactada por el Consejo de Mayo y propone, además, la incorporación del principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas. Esa verificación dependerá exclusivamente de cada provincia, cuya información deberá ser transmitida al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para actualizar el inventario.

También hay cambios en el régimen de prohibiciones que se aplicarán únicamente sobre los glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por la autoridad ambiental local. Entre las actividades no permitidas se mantienen la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y el desarrollo de obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica.

El texto faculta a las provincias a que determinen, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto implica una alteración relevante y, por lo tanto, si no puede autorizarse. Otras de las modificaciones es la exigencia de evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial, y habilita evaluaciones estratégicas cuando la escala lo amerite. Se exceptúan únicamente actividades de rescate, científicas no invasivas y deportivas no motorizadas.

Por último, redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero sujeto a un flujo permanente de información desde las provincias. El Gobierno señala que, a quince años de vigencia de la ley, solo se completó el nivel 1 del Inventario y que aún resta determinar la función hídrica efectiva de las geoformas relevadas.

Un comentario del diputado nacional Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) en el inicio del plenario generó ruido este martes durante un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, cuando se debatían modificaciones a la Ley de Glaciares. Sin advertir que tenía el micrófono encendido, el legislador santafesino lanzó una frase sobre las mujeres que rápidamente se viralizó.

Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, justificaba la aceptación excepcional de una propuesta vinculada a la conformación de autoridades cuando se le escuchó decir: “Vamos a hacer una excepción. Las mujeres son mi debilidad”, en diálogo con el titular de la Comisión de Recursos Naturales, José Peluc, y ante el pedido de diputadas para avanzar con ese punto del temario.

El episodio desató respuestas inmediatas dentro y fuera del recinto. Legisladoras de la oposición reclamaron una explicación y, en redes sociales, la diputada Florencia Carignano calificó el comentario como “repugnante y desagradable”, al remarcar que provenía de una autoridad parlamentaria y fue escuchado durante una reunión oficial. Por su parte, la diputada Gabriela Estévez rechazó los dichos de su colega, en su calidad de presidenta de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad, señalando que las mujeres no somos “debilidades” ni “excepciones”. Y agregó: “Somos representantes de pueblo y exigimos respeto. Ese tipo de expresiones atrasan, reproducen una mirada que nos reduce y nos corre del lugar que nos corresponde, y no lo vamos a permitir”.

El plenario continuó luego con el esquema previsto para el tratamiento del proyecto, aunque la frase ya había abierto un nuevo foco de controversia política.

Como presidenta de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad, rechazo los dichos de Nicolás Mayoraz, las mujeres no somos “debilidades” ni "excepciones".
Somos representantes de pueblo y exijimos respeto.
Ese tipo de expresiones atrasan, reproducen una mirada que nos reduce y… pic.twitter.com/p66c8rPId1

— Gabriela Estévez (@gabiestevezok) April 7, 2026

El episodio remite a la sesión de diciembre pasado cuando juraron los 127 legisladores electos, en la que el diputado radical Gerardo Cipolini, presidente circunstancial del acto por ser el de mayor edad (82 años), fue captado por los micrófonos realizando comentarios inapropiados sobre colegas mujeres. “Qué buena que está la peruca. Tremendo”, fue la frase que se filtró en la transmisión oficial y rápidamente se viralizó en redes sociales. Según trascendió, los dichos habrían estado dirigidos a la diputada formoseña María Graciela de la Rosa y a otras legisladoras, entre ellas las libertarias Mónica Becerra (San Luis) y Rosario Goitía (Chaco).

Después del episodio, el diputado radical intentó desactivar la polémica alegando que se trató de una “operación en redes” y que su voz habría sido manipulada mediante inteligencia artificial, aunque su argumento no logró frenar la ola de críticas.

Con un fuerte rechazo de la oposición por la invitación de representantes de provincias con proyectos mineros, las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, y de Asuntos Constitucionales pasaron a la firma la modificación de la Ley de Glaciares. La iniciativa llega este miércoles al recinto en búsqueda de la sanción definitiva.

El despacho alcanzó 37 firmas que fueron 27 de La Libertad Avanza; Javier Sánchez Wrba, Florencia de Sensi, Emmanuel Bianchetti y Alicia Fregonese del Pro; Diógenes González y Pamela Verasay de la Unión Cívica Radical; los misioneros Yamila Ruiz y Alberto Arrúa de Innovación Federal; el sanjuanino Carlos Jaime Quiroga de Producción y Trabajo; y Fernanda Ávila de Elijo Catamarca.

A su vez, hubo 3 dictámenes de rechazo: el de Unión por la Patria con firma de los 23 vocales; el de Provincias Unidas que rubricaron María Inés Zigarán, Pablo Juliano, Carolina Basualdo, Juan Brügge y Pablo Farías; y el de Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica.

Apenas comenzó el plenario, el diputado nacional Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica cuestionó la presencia de Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación, y acusó a las autoridades del oficialismo por “tomar la decisión de traer solamente a los representantes de provincias cordilleranas de futuros proyectos mineros o exploración”. Esto fue adherido por Sabrina Selva y Romina Del Plá.

Luego de un comienzo agitado del plenario, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente culminó el proceso de designación de autoridades: Sabrina Selva de Unión por la Patria quedó en la vicepresidencia 1°; Soledad Molinuevo de La Libertad Avanza en la vicepresidencia 2°; y la radical Pamela Verasay en el cargo de secretaria 1°.

En el mismo sentido, la Comisión de Asuntos Constitucionales -presidida por el santafesino Nicolás Mayoraz- fijó a Diego Giuliano en la vicepresidencia 1°; y a Diógenes González como vicepresidente 2°.

El dictamen del proyecto de modificación a la Ley de Glaciares quedó listo para ser llevado este miércoles desde las 15 al recinto de la Cámara de Diputados.

Funcionarios y gobernadores defendieron la reforma

En primera instancia, el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego reiteró su postura a favor de la iniciativa y afirmó que “sin minería no va a haber futuro”. También sostuvo que “ningún gobernador de la Mesa del Cobre y del Litio planteó cambiar el objeto ni los estándares de calidad”.

Además, señaló que su provincia es “avanzada en esto para determinar en un ambiente periglacial cuál tiene función hídrica y cuál no” porque, relató, que “tenemos un consejo provincial del agua”. “La minería y el ambiente van de la mano, es el mundo que viene y sin minería no va a haber futuro”, concluyó.

Luego, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, cuestionó a la oposición y manifestó que “el agua dulce no es un verdadero problema, tenemos que distribuirla mejor y no es algo que querramos atacar”. Del mismo modo, agregó que que “los ataques al proyecto han implicado un menosprecio ofensivo a las capacidades provinciales”.

“Las autoridades competentes son las autoridades provinciales: esto es federalismo en acción, no declamado”, remarcó el funcionario, quien concluyó: “No puedo creer que haya gente que se raje las vestiduras que se reconozca a las provincias para estudios de impacto ambiental”.

Aunque se preveía que se conectaría virtualmente el gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, eso no sucedió. Pero sí vino en representación de esa provincia Teresita Regalado, ministra de Minería. “Estimamos fundamental fortalecer las competencias provinciales en lo referido al perfeccionamiento y actualización del Inventario”, sostuvo y se refirió, en una exposición apoyada por proyecciones, a la aprobación y seguimiento de los distintos proyectos mineros.

Teresita Regalado, ministra de Minería catamarqueña.

En ese sentido, habló de “la experiencia en la evaluación del impacto ambiental de los proyectos” y la escucha a ONG’s ambientalistas, con un proceso de participación ciudadana. Además, la administración local realiza “monitoreos ambientales en las cuencas hídricas para tener datos propios” que se comparan “con los que presentan los concesionarios mineros”.

Regalado contó que en Catamarca existen “seis centros de control, sub-sedes del Ministerio de Minería” donde se da “la efectiva participación ciudadana continua”. “Es factible desarrollar actividades vinculadas con ambientes glaciares y periglaciares bajo estándares adecuados de control, fiscalización y gestión ambiental”, defendió.

Exintegrante de la Cámara de Diputados, Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, pidió “honrar este trabajo para tener un debate serio y de calidad”, y deslizó que “nos molesta mucho a los provincianos que digan qué provincias tienen competencia para ejecutar políticas de gestión en el cuidado de los recursos”.

Más breve que sus antecesores, la mendocina afirmó que “la arbitrariedad técnica es más peligrosa que la arbitrariedad política”. Pidió “ser maduros y responsables para armonizar intereses”. Y concluyó: “El peor de los pecados que cometimos en Argentina fue dejar de explorar”.

En defensa de la propuesta del Poder Ejecutivo para reformar a la Ley de Glaciares, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, cuestionó a la oposición y criticó la utilización de imágenes del Glaciar Perito Moreno al manifestar que “los argentinos se van a quedar sin agua”. “El agua dulce no es un verdadero problema, tenemos que distribuirla mejor y no es algo que querramos atacar”, consignó.

En segundo término, señaló que “los ataques al proyecto han implicado un menosprecio ofensivo a las capacidades provinciales”, y planteó: “¿Cómo se puede decir que vamos a dejar que las provincias manejen su agua? esto no es un ataque al IANIGLA”. Consideró que la oposición buscó “instalar miedo”, y aclaró que “por diversas razones, la búsqueda de este proyecto cooperativo es el intercambio de información”.

En otro aspecto, el funcionario aseveró que “la minería no elige donde se hace, se hace donde la geología distribuyó los recursos”, y sumó que “muchos mineros quisieran elegir donde hacerla y no pueden”. También afirmó que “una de las cosas que la ley hace es un mejor conocimiento del territorio argentino que hoy no tenemos”.

En el final de su intervención, repasó los puntos centrales del proyecto de modificación y reiteró que “hemos tenido la precaución en la redacción de que no sea regresivo”. A su vez, destacó que “hoy queremos que la ciencia permita afirmar o negar qué es una reserva hídrica y si tiene valor estratégico”.

Por último, Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación, remarcó que “las autoridades competentes son las autoridades provinciales: esto es federalismo en acción, no declamado”. Y concluyó: “No puedo creer que haya gente que se raje las vestiduras que se reconozca a las provincias para estudios de impacto ambiental”.

En el arranque del plenario de las comisiones de la Cámara baja que debaten sobre la Ley de Glaciares, que será llevada al recinto este miércoles, diputados de la oposición apuntaron contra el secretario de Minería, Luis Lucero, por conflicto de intereses, al haber representado a distintas empresas mineras.

El cívico Maximiliano Ferraro arrancó cuestionando que “tomaron una decisión de traer solamente a gobernadores y representantes de provincias cordilleranas, con proyectos actuales de desarrollo minero o futuros proyectos de exploración, como si el dominio originario establecido en el artículo 124 de la Constitución –sobre los recursos naturales- solamente fuera el de las provincias cordilleranas”.

“Estamos viendo la representación de un sector particular, en donde el sujeto regulado dicta, redacta y decide el proceso deliberativo en lo que es la formación y sanción de las leyes”, observó y agregó que “las autoridades no podían desconocer que en su momento hemos solicitado la participación de constitucionalistas que, ustedes, bajo un criterio en lo que fue la simulación de la audiencia pública, los mandaron a hacer un video por YouTube o una ponencia por escrito”.

El porteño reclamó que las autoridades de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, “se hicieron los distraídos durante todos estos días en no contestar las notas que les mandamos para que se inviten a los gobernadores no solamente de las provincias cordilleranas con proyectos o desarrollos mineros, sino a los gobernadores donde también está en discusión el dominio originario de recursos estratégicos” como, por ejemplo, La Pampa, Chubut, Río Negro y provincia de Buenos Aires.

“No se puede pretender la hegemonía desde el punto de vista de un recurso estratégico como el agua solamente a las provincias que van a venir”, dijo sobre la lista de invitados este martes, y resaltó que recién se enteraron horas antes de los nombres. “Están convocando a quienes claramente están influenciados por el sujeto regulado que persigue esta ley”, insistió.

Luego, Ferraro pidió que “lo hagan retirar y se excuse de participar de esta reunión” al secretario de Minería, “como lo ha hecho en su momento él mismo y por resolución del Ministerio de Economía en 2025 sobre las decisiones administrativas con respecto a proyectos mineros”. Sin embargo, minutos después Lucero expuso ante el plenario.

El diputado apuntó que el funcionario “acaba de ser denunciado por la Asociación de Abogados Ambientalistas” a raíz de sus vinculaciones anteriores con Glencore Pachón S.A., Minera Alumbrera Limited, Minera Agua Rica y M I M Argentina S.A.”. “El señor secretario de Minería no está participando como un mero actor del Poder Ejecutivo, asesoró a una más de decenas de empresas mineras”, sumó.

GLACIARES: Piedra libre, que canten sus conflictos de interés.

Con la lista de invitados decidida hoy por las Comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales para dictaminar la reforma de la Ley de Glaciares quedó claro que acá no hay buena fe.

Convirtieron el… pic.twitter.com/rBchGZWq6a

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) April 7, 2026

Por su parte, la diputada del Frente de Izquierda Romina Del Plá denunció que “las mineras y los funcionarios a sueldo de las mineras son los que han tomado por asalto este plenario de comisiones. Es un plenario de comisiones al servicio de lobby minero y, por lo tanto, en contra de la mayoría de la población de este país; porque el lobby minero se quiere apropiar de los recursos y bienes comunes, quiere destruir los glaciares y el área periglacial para beneficiar a unos pocos y dejar el pasivo ambiental”.

“Los gobernadores que vamos a escuchar defender a la minería no pueden demostrar con ningún indicador social que el desastre que ha dejado la minería ha modificado para bien algún indicador social en sus provincias”, añadió.

También se quejó de la selectiva lista de oradores la diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva, quien señaló que la reforma de la Ley de Glaciares no tuvo el consenso de todas las provincias en el Consejo Federal de Medio Ambiente, y “casualmente ninguna de las que se opuso fue invitada”.

“Tenemos hoy un funcionario del Gobierno nacional que se tuvo que abstener de participar de procedimientos en el Poder Ejecutivo y viene a hablar con el resto de los funcionarios que vienen a hacer lobby minero”, cuestionó y consideró que “esto es un paso más irregular en todo este procedimiento”.

En un marco de alta tensión en el plenario que debate la modificación a la Ley de Glaciares, el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego reiteró su postura a favor de la iniciativa y afirmó que “sin minería no va a haber futuro”. El mandatario se expresó de forma virtual y su intervención se dio en medio de gritos e interrupciones de los miembros de la oposición que exigían la palabra.

Titular de la Mesa del Cobre, Orrego comenzó su participación al “manifestar taxativamente mi compromiso con la Ley de Glaciares y con la geoforma del ambiente periglacial”. Los primeros minutos estuvieron opacados por los gritos de la oposición que alzaban la voz para pedir la palabra antes que el mandatario. Minutos después se supo que la radical María Inés Zigarán debía intervenir previo al sanjuanino, pero lo hizo al término de la exposición.

En contraste a la postura de la oposición, consideró que “es falso querer atribuir que la minería va en contra”, y agregó que “puede ser sustentable y amigable con el medio ambiente”. En ese sentido, destacó los casos de países como Estados Unidos, Chile, Perú y Australia y cargó: “En definitiva recae en la coparticipación de cada provincia, la minería genera actividad enorme con creación de empleo directo e indirecto con cadena de proveedores reales”.

Luego, aclaró que “ningún gobernador de la Mesa del Cobre y del Litio planteó cambiar el objeto ni los estándares de calidad”. También sostuvo que “es una demanda del mundo que requiere dos minerales: el litio, táctico, que por ahí se puede reemplazar por otra sal; y el cobre, estratégico”. “Para llevar adelante un proceso de electro-movilidad se necesita un 40% más de litio y cobre”, explicó.

“Inclusive para hacer un celular o un desfibrilador, se precisa cobre porque es fundamental contar con esos insumos y queremos tener la oportunidad de trabajar en distintas artefactos como es lo que viene la economía del conocimiento y la Inteligencia Artificial”, manifestó el gobernador de la provincia de San Juan, Marcelo Orrego.

En virtud de los avances que, a su parecer, llegarán con la modificación a la Ley de Glaciares, el gobernador reiteró que “lo que viene es la transición energética”. Y sumó que “es una actividad que precisa de la industria de la metal mecánica”. “Estamos acá para proteger el objeto de la ley como corresponde”, añadió.

La minería y el agua en San  Juan

En relación a su provincia, Orrego relató que “el verdadero problema del agua, los sanjuaninos, no lo tenemos porque vaya la minería”, y amplió: “Del 100 por ciento, el 94 va a la demanda de la agricultura; el 4 va al consumo humano; el 1,2 estimativamente a todo tipo de industria; y todo lo demás a llenado de piletas”.

También, prometió “trabajar en la tecnificación de los riegos”, y explicó que “tenemos más de 3.000 kilómetros de canales, primarios y secundarios, para poder regar, y muchos de esos canales se rompieron o hay que impermeabilizarlos”. “Lamentablemente es un problema que trae micha historia atrás, pero estamos trabajando en un plan integral del cuidado del agua”, aclaró.

En el final, Orrego destacó que “llevamos adelante obras de acueductos y tenemos el plan de manejo del agua, incluso, las empresas deben firmar los sellos de aguas para poder contar con las observaciones”. Y reiteró: “Si hay algo que los sanjuaninos cuidamos, es el agua”.

Para cerrar, el gobernador de San Juan señaló que su provincia es “avanzada en esto para determinar en un ambiente periglacial cuál tiene función hídrica y cuál no” porque, relató, que “tenemos un consejo provincial del agua”. “La minería y el ambiente van de la mano, es el mundo que viene y sin minería no va a haber futuro”, concluyó.

Con la certeza de que la reunión plenaria de este martes lograra el dictamen del proyecto de modificación a la Ley de Glaciares, el oficialismo elevó el pedido formal para ir al recinto el próximo miércoles 8 de abril a las 15.

La iniciativa, la cual cuenta con media sanción del Senado desde el 26 de febrero pasado, debió ser puesta a consideración de la ciudadanía por medio de dos audiencias públicas solicitadas por la oposición que se llevaron a cabo el 25 y 26 de marzo pasado. Desde la Coalición Cívica, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda cuestionaron los métodos de selección de participantes y pidieron la nulidad de las mismas.

De todas maneras, a más de un mes del inicio del período ordinario, La Libertad Avanza ha podido recolectar los consensos mayoritarios para ir en búsqueda de la sanción definitiva este miércoles. El petitorio presentado contempla el aval del Pro, la Unión Cívica Radical, Santa Cruz, Producción y Trabajo,  Innovación Federal e Independencia.

Cabe destacar que si se contabilizan los bloques que adhirieron al pedido de sesión especial para tratar la modificación a la Ley de Glaciares, la Cámara baja parte de una base de 127 legisladores, a un diputado del quórum. Fuentes del Pro confirmaron a parlamentario.com que Alejandro Finocchiaro no estará en el Congreso el miércoles por el cuadro de salud que atraviesa desde hace semanas.

La nota presentada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, llevas las firmas del jefe de bloque oficialista Gabriel Bornoroni; de las autoridades del plenario que pasar el texto a la firma, José Peluc (Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente) y Nicolás Mayoraz (Asuntos Constitucionales); de la secretaria parlamentaria Silvana Giudici y de Giselle Castelnuovo.

También están las firmas de tres integrantes del interbloque Fuerza del Cambio: Javier Sánchez Wrba del Pro; de Pamela Verasay del bloque radical; y José Luis Garrido de Santa Cruz. Y completan el pedido el misionero Alberto Arrúa de Innovación Federal, la sanjuanina Nancy Picón Martínez y la tucumana Gladys Medina de Independencia.

Así las cosas, en el oficialismo son optimistas de poder contar con adhesiones de Provincias Unidas, Adelante Buenos Aires, el MID, La Neuquinidad, Elijo Catamarca y Encuentro Federal en la conformación del quórum; y a su vez, de los representantes peronistas de San Juan y Catamarca para la votación, tal como ocurrió en el recinto de la Cámara alta el pasado 26 de febrero.

Los puntos del proyecto

Este proyecto que modifica a la Ley 26.639 redefine el artículo 1° para precisar el objeto de protección: los glaciares y geoformas del ambiente periglacial “que cumplan funciones hídricas”, ya sea como reservas estratégicas o como proveedores de agua para la recarga de cuencas. También incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la ley al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales consagrado en el artículo 41.

La norma fue redactada por el Consejo de Mayo y propone, además, la incorporación del principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas. Esa verificación dependerá exclusivamente de cada provincia, cuya información deberá ser transmitida al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para actualizar el inventario.

También hay cambios en el régimen de prohibiciones que se aplicarán únicamente sobre los glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por la autoridad ambiental local. Entre las actividades no permitidas se mantienen la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y el desarrollo de obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica.

El texto faculta a las provincias a que determinen, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto implica una alteración relevante y, por lo tanto, si no puede autorizarse. Otras de las modificaciones es la exigencia de evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial, y habilita evaluaciones estratégicas cuando la escala lo amerite. Se exceptúan únicamente actividades de rescate, científicas no invasivas y deportivas no motorizadas.

Por último, redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero sujeto a un flujo permanente de información desde las provincias. El Gobierno señala que, a quince años de vigencia de la ley, solo se completó el nivel 1 del Inventario y que aún resta determinar la función hídrica efectiva de las geoformas relevadas.

El diputado nacional Jorge Taiana (Unión por la Patria) manifestó este lunes su posición en contra de la reforma de la Ley de Glaciares y sostuvo que "Argentina tiene un gran destino minero, pero no destruyendo el medioambiente".

"La mayoría del bloque (de UP) nos oponemos a la modificación de la Ley de Glaciares: primero, porque desprotege los periglaciares, lo que cual no es muy sensato; y segundo, es una ley que beneficia a las provincias cordilleranas, pero no tiene en cuenta que los ríos y aguas que surgen de esos glaciares son interjurisdiccionales".

En ese sentido, el legislador observó que con este proyecto "el Estado nacional deja de ser el que orienta un federalismo concertado y deja a algunas provincias hacer lo quieran".

"Esta es una ley que quieren las mineras. Ya hay una Ley de Minería que es muy amplia y ahora con el RIGI (este sector) tiene una serie de facilidades extraordinaria", resaltó y puso como ejemplo: "En San Juan hay una mina a 5.200 metros que está al lado de la frontera con Chile, y como pueden traer los abastecimientos de cualquier lado, lo más probable es que entren y salgan por Chile y nosotros no veamos nada de eso. No es una buena idea esta ley así como está".

Por otra parte, en declaraciones a Radio 10, el excanciller se refirió a la guerra en Medio Oriente, la cual calificó como "muy irresponsable por Estados Unidos e Israel contra Irán, argumentando lo mismo que han argumentado hace un año y que decían que habían destruido: que es que Irán estaba muy cerca de tener un arma nuclear, lo que no estaba; y segundo, que Irán estaba muy cerca de tener misiles intercontinentales. Ninguna de las dos cosas eran ciertas".

Para el diputado, "Estados Unidos e Israel vieron que hubo conflictos internos muy multitudinarios y muy reprimidos en Irán y vieron que estaban en debilidad". Sin embargo, enfatizó que "la guerra se ha centrado en la población civil", algo que "el derecho internacional humanitario lo prohíbe".

"Ahora (Donald) Trump está aparentemente a horas de lanzar una ofensiva brutal y total, que complicará más", dijo, mientras que Irán "está ante el ejército más poderoso del mundo, uno de los mejores ejércitos en calidad (por Israel) y contestan golpeando a los aliados blandos, a los países del Golfo que tienen base norteamericana, y les pega en infraestructura".

Finalmente, Taiana señaló que "desde hace días el argumento del presidente Trump es que hay que abrir el estrecho de Ormuz, es verdad, es importantísimo, pero el pequeño detalle es que, antes del ataque, el estrecho de Ormuz estaba abierto. Lo único que hay que hacer para abrirlo es para la guerra, no continuarla".

Pasada la Semana Santa, el oficialismo retomará la agenda legislativa y pisará el acelerador en la Cámara baja para avanzar con la aprobación del único tema pendiente que le quedó de las sesiones extraordinarias: la reforma de la Ley de Glaciares, que buscará convertir en ley este miércoles en el recinto de Diputados.

Será luego de la maratónica audiencia pública realizada los días 25 y 26 de marzo, para la cual se anotaron más de 102 mil expositores, de los cuales algo menos de 400 pudieron exponer en las dos jornadas -presencial y virtual- habilitadas en el edificio Anexo de Diputados. Parte de los que quedaron sin esa posibilidad, pudieron enviar por escrito o mediante un video sus ponencias.

En la audiencia abundaron los argumentos en contra de la reforma de la Ley 26.639, sancionada en 2010. Aunque en el Senado no se cumplió con esta instancia, La Libertad Avanza accedió a la escucha de la ciudadanía en la cámara revisora por temor a la judicialización, atento a lo dispuesto por la Ley de Ambiente o el Acuerdo de Escazú.

Sin embargo, representantes de organizaciones ambientales y particulares anticiparon que igualmente objetarán ante la Justicia -tras la eventual sanción del proyecto-, por no haber considerado la audiencia pública como tal, ni que ésta haya cumplido con lo establecido en la legislación correspondiente.

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo, a pedido de gobernadores de provincias cordilleranas interesados en atraer mayores inversiones mineras, tuvo media sanción de la Cámara alta el pasado 26 de febrero por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención.

El proyecto busca redefinir el objeto de protección de los glaciares y el ambiente periglacial, al tiempo de otorgarles a las jurisdicciones (basándose en que constitucionalmente les corresponde el dominio originario de los recursos naturales) el poder de definir qué es un glaciar o periglacial dentro de sus territorios, pudiendo ordenarle al IANIGLA el retiro del Inventario Nacional de alguno de ellos si -mediante estudios técnicos-científicos- consideran que no cumplen con las funciones hídricas previstas.

Si bien la sesión todavía no fue pedida ni oficializada, es la intención del oficialismo sesionar un día después del plenario que fue citado para este martes a las 14. En el segundo piso del Anexo "C" de la Cámara baja, las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales recibirán a especialistas en calidad de expositores, entre los que se espera a enviados de algunos gobernadores a defender la iniciativa.

En la citación se aclaró que "finalizadas las exposiciones, las comisiones se abocarán al dictamen del expediente".

El bloque de La Libertad Avanza, con 95 miembros, está confiado en contar con los votos para llegar a 129 y sancionar la ley, con la ayuda de sus aliados del Pro, la UCR y distintos bloques provinciales, entre los que están -por ejemplo- Elijo Catamarca y Producción y Trabajo, integrados por legisladores que responden a dos mandatarios muy interesados en la reforma de la Ley de Glaciares: el catamarqueño Raúl Jalil y el sanjuanino Marcelo Orrego. Además, a favor de la iniciativa podrían sumarse votos desde Provincias Unidas y el propio bloque Unión por la Patria, como sucedió en el Senado.

En la antesala de lo que se espera será este miércoles la apertura del recinto de la Cámara baja para tratar la reforma de la Ley de Glaciares, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman cuestionó que tal debate se dé en medio de casos escandalosos que involucran al Gobierno y criticó a los gobernadores dispuestos a garantizar quórum y el voto de los legisladores que le responden. "Huele a podrido, y mucho", definió.

En un posteo a través de sus redes sociales, la porteña observó que "es muy grave lo que va a ocurrir esta semana en Diputados: casi una tomada de pelo a quienes miran con indignación, bronca y hasta desencanto los escándalos de corrupción que se suceden en el Gobierno. A $LIBRA se le suman las coimas en ANDIS, el '3%', el escándalo de (Manuel) Adorni, a eso se agrega el escándalo de créditos del Banco Nación… y la lista podría seguir".

"Pero el presidente -continuó- y sus funcionarios no vendrán al Congreso a dar explicaciones sobre estos hechos. Por el contrario, se atreven a enviar un proyecto para destruir la Ley de Glaciares, que desde sus orígenes -con el 'Proyecto Maffei' defendido por Miguel Bonasso y otros en el Congreso- arrastra la sombra de Barrick Gold y del dinero sucio con el que se intentan doblegar voluntades".

Para la legisladora de la izquierda, "es una provocación que se pretenda avanzar como si nada, como si se pudiese fingir normalidad cuando ha estallado un nuevo escándalo de corrupción. Más aún con una iniciativa que destruye el ambiente, nuestros territorios, el agua y las comunidades, y con la cual muchos -intuimos- verán incrementado su patrimonio". "El espectro de (Edgardo) Kueider sigue ahí", denunció.

Bregman resaltó que "las provincias donde avanzó la megaminería en las últimas décadas tienen poco para mostrar. Por el contrario, la experiencia empírica demuestra que la pobreza creció en estos años, a contramano del siempre vigente fundamento del 'progreso' que supuestamente traen esos proyectos. Las ganancias se van por la canaleta de las empresas; el daño ambiental y la contaminación quedan en los territorios".

"¿Esos gobernadores, verdaderos señores feudales a los que se maquilla en cada elección y que luego vuelven a mostrar su verdadera cara, ordenarán dar quórum a diputados y diputadas que, violando las más elementales normas democráticas, les responden como empleados?", se preguntó.

Y agregó: "¿Se organizarán para rotar entre quienes den quórum y quienes voten la ley? ¿Los gobernadores y los diputados del peronismo que se hicieron elegir como opositores que 'le cortarían la peluca a Milei', qué harán? ¿Lo mismo que con la reforma laboral?".

Pasado el feriado de Semana Santa, el oficialismo retomará la agenda legislativa y pisará el acelerador en la Cámara baja para avanzar con la aprobación del único tema pendiente que le quedó de las sesiones extraordinarias: la reforma de la Ley de Glaciares, que buscará convertir en ley este miércoles en Diputados.

Será luego de la maratónica audiencia pública realizada después del fin de semana XL del mes de marzo, para la cual se anotaron más de 102 mil expositores, de los cuales algo menos de 400 pudieron exponer en las dos jornadas habilitadas en el edificio Anexo de Diputados.

La idea del oficialismo es sesionar el próximo miércoles 8 de abril, para debatir la reforma de la Ley 26.639, sancionada en 2010. La media sanción de esa reforma se consiguió en el Senado el pasado 26 de febrero, durante una sesión en la que obtuvo 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención.

La iniciativa, promovida por el Poder Ejecutivo a pedido de gobernadores de provincias cordilleranas, propone redefinir qué se considera glaciar y ambiente periglacial, y otorgar a las jurisdicciones el poder de determinar, mediante estudios técnicos, qué áreas deben ser incluidas o retiradas del Inventario Nacional elaborado por el IANIGLA.

La sesión no ha sido todavía oficializada, aunque ya a los diputados del oficialismo y aliados se les anticipó la posibilidad de sesionar. Lo que sí se oficializó ya fue un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, que convocaron a sus miembros a una reunión conjunta a llevarse a cabo el próximo martes 7 de abril, a las 14, en la sala del segundo piso del Anexo C de la Cámara de Diputados.

A esa reunión asistirán invitados especiales en calidad de expositores. Una vez finalizadas las exposiciones, ambas comisiones se abocarán al dictamen del expediente, según pudo saber parlamentario.com a partir de la nota enviada a cada legislador. Los nombres de los invitados serán difundidos oportunamente.

De tal manera se cumplirá con el objetivo de hacer una reunión informativa antes de la firma del dictamen, del mismo modo que el oficialismo buscará evitar dilatar más el tema, que espera convertir en ley al día siguiente.

La diputada nacional Lucía Cámpora (Unión por la Patria) consideró que la reforma de la Ley de Glaciares que impulsa el oficialismo "forma parte del modelo que este Gobierno quiere para el país, un modelo de fragmentación. Quieren un peronismo por provincia, quieren que cada provincia compita entre sí, en lugar de construir criterios nacionales. Nosotros entendemos que no hay modelo local sin un modelo nacional".

La opositora resaltó que la actual Ley 26.639 "funciona" y "permite la actividad minera, que además está creciendo. Es una de las pocas actividades que hoy le mejora los indicadores económicos a este Gobierno. Pero ya conocemos sus problemas: no genera puestos de trabajo, no hay un planteo de redistribución y el RIGI permite que se lleven todo afuera sin que quede nada en el país".

Además, cuestionó el formato de las audiencias públicas que se realizaron en la Cámara de Diputados "para blindar la ley vigente, a pedido de las mineras, y así evitar posibles judicializaciones". "Nunca les interesó llevar adelante una verdadera audiencia pública. Montaron una fachada de escucha para fingir que cumplen con el Acuerdo de Escazú, porque escuchar, este Gobierno ya escuchó a quienes les interesaba: la embajada de Estados Unidos, el FMI y las grandes mineras, que vienen a plantear la necesidad de modificar esta ley", lanzó.

La camporista defendió que "con la ley vigente, en nuestro país, el techo de la actividad minera está creciendo" pero "lo que no crece son los puestos de trabajo". "No es una discusión sobre minería sí o minería no -continuó-; el peronismo está de acuerdo con realizar actividades productivas que puedan requerir de este tipo de actividades extractivas. Hoy la minería se puede hacer. Lo que se discute acá es la preservación de un porcentaje muy específico, menos del 0,3% del territorio, de reservas hídricas. Estamos hablando del agua. Hay un ínfimo porcentaje de glaciar y tierra periglacial que queda protegida, porque es una reserva hídrica”.

“Esta no es una discusión solo de las provincias con glaciares, es una discusión de todo el país, porque de esos glaciares proviene el agua del 70% de nuestro territorio: el agua que consumimos y que se utiliza para producir alimentos. Se trata de proteger un porcentaje chico, pero muy importante para preservar la vida”, destacó.

Además, la legisladora sostuvo que esta reforma plantea "una falsa dicotomía en términos de federalismo, relegando una facultad que hoy está en un instituto nacional -con participación de las provincias- para poner a las provincias mineras a competir entre sí. Esto es muy grave, ver cuál flexibiliza más implica una desprotección absoluta para esas provincias".

En estos días vuelve a resurgir el concepto de soberanía a partir de situaciones que vivimos los argentinos. Defender la Ley de Glaciares contra el avance de intereses que, de forma arrasadora, intentan modificarla con un fin meramente económico —sin considerar el desarrollo de las comunidades ni el cuidado del medio ambiente— es defender esa soberanía.

Con la mentira, una más de las tantas a las que nos tiene acostumbrados este gobierno, se pretende alterar una ley que protege uno de los recursos más preciados del mundo: el agua potable.

También se nos intentó convencer de que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se equivocó al expropiar YPF. Se dijo que recuperarla para los argentinos —cuando estaba en manos de una empresa que la había vaciado— fue un error que comprometió al país con una deuda millonaria. Este presidente se “salía de la vaina” por pagarles, mientras los estudios jurídicos contratados por la gestión anterior sostenían lo contrario: que el acto de expropiación, votado por amplias mayorías en el Congreso, cumplía estrictamente con las leyes de la Constitución Nacional.

Nacionalizar YPF fue un acto de soberanía. Pararse frente a los “buitres” y ante los tribunales norteamericanos para explicar que la Constitución Nacional está por encima del estatuto de una empresa privada, también lo es.

Este 2 de abril volveremos a ratificar nuestra soberanía sobre las Islas del Atlántico Sur y los espacios marítimos circundantes. Sin embargo, aunque proclamemos a los cuatro vientos que las Malvinas son argentinas, hay que actuar en consecuencia. Este gobierno cambió una estrategia de alianzas que nos había permitido sumar adhesiones en organismos internacionales, destruyendo años de solidaridad y aliándose con países que históricamente han votado en nuestra contra, como Estados Unidos e Israel.

Hace pocos días, en el seno de las Naciones Unidas, la Argentina acompañó el voto de aquellos que no condenan la esclavitud, poniendo en riesgo el apoyo que la Unión Africana ha brindado durante años al reclamo por Malvinas. Toda esa política de alianzas parece desvanecerse ante la errática diplomacia de nuestro país, que se limita a acompañar las decisiones de potencias extranjeras, incluso involucrando a la Argentina en conflictos ajenos.

Discutir el rumbo de esta política es intentar recuperar nuestra autonomía y no estar atados a los vaivenes de líderes externos cuestionados internacionalmente. La soberanía no se declama: se ejerce y se ejecuta. Si perdemos el apoyo de quienes nos han acompañado por décadas, estaremos cada vez más lejos de nuestras islas.

Por eso decimos que la soberanía no puede ser solo una consigna para estampar en remeras o banderas de estadios. La soberanía consiste en tomar decisiones que cuiden a los ciudadanos y permitan el desarrollo de un país con justicia social, pese a algunos estúpidos.

En la reunión constitutiva de la Comisión de Minería de Diputados de este martes, la ungida presidenta Fernanda Ávila (Elijo Catamarca), trajo a la mesa de debate el tema de la modificación de la Ley de Glaciares y, desde el bloque Unión por la Patria, pidieron ampliar los giros de las comisiones.

Al hacer un repaso de los proyectos en comisión, Ávila propuso sobre los cinco proyectos presentados respecto de la derogación del DNU 396/25, que establece la transformación del Instituto Nacional del Agua y la Fusión del Instituto Nacional de Prevención sísmica en el servicio geológico minero, que “es un proyecto que está en condiciones de ser tratado en el recinto, propongo que se convoquen a las autoridades nacionales a que nos expliquen el sentido del proyecto. Deberíamos llamar al secretario de Minería de la Nación porque hace a la información que tenemos que tener para poder dar el debate”.

En esa línea, comentó: “También se puede proponer en medio del debate de la Ley de Glaciares, que es un tema que nos interpela y preocupa a todos, hay que llamar a las empresas y provincias a que nos cuenten cómo llevan adelante el trabajo dentro de los controles ambientales, los cuadros técnicos cuando hay cercanías con un glaciar, que expliquen los controles, los estudios que se llevan adelante. Tenemos que tener la información sobre la mesa”.

De forma inmediata, pidió la palabra el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, quien le aclaró que la comisión “no fue parte de los giros del tema Glaciares. No es casual. Quisieron que el tema no quede pegado al tema de la minería, pero lo están reconociendo que indudablemente tiene que ver”.

“O los giros estuvieron mal dados y no se incluyó esta comisión adrede para que no quede como de vínculo del tema minero con glaciares, o puede ser que no tiene nada que ver. Pero yo creo que sí está relacionado”, dudó el santafecino.

En tanto, cuestionó: “Las autoridades deberían haber participado de las comisiones que elaboraron la audiencia pública. ¿Por qué no dan los debates ahí? Porque en los pasillos del Congreso circula la información que el martes quieren dictaminar y el miércoles quieren tratarlo en el recinto. Después de la sesión se quieren ir a Estados Unidos a llevarle la aprobación a determinados sectores corporativos”.

“¿Tiene o no tiene que ver el tema con el debate en Ley de Glaciares? ¿Van a dictaminar rápido? Yo creo que es un tema importante el desarrollo minero y la preservación del ambiente y el debate debe ser lo menos hipócrita”, manifestó.

Ávila explicó que “históricamente no tuvo giro a la comisión el proyecto. Pero yo sí creo que hay que debatir con toda la información y como provincias el debate gira alrededor de la potestad que tienen las provincias sobre sus recursos, control y cuidado del medio ambiente. Hoy en día es claro que uno de los ejes es la minería”.

En el uso de la palabra, Nicolás Massot (Encuentro Federal) respaldó la postura de Martínez, pero le recordó que en el 2008 cuando se trató la ley el presidente de la Cámara de ese entonces “tomó ese criterio de no darle giro a esta comisión. No es algo achacable a la presidenta. Hay que buscar los antecedentes”.

“Esto se trata de armonizar derechos y obligaciones que tenemos todos de proteger a rajatabla los recursos como el agua dulce depositadas en glaciares y peri glaciares con el derecho al desarrollo regional y explotación que tienen las provincias”, remató Massot.

De la vereda de enfrente, Martínez le retrucó: “La Ley 26.639 nace en el expediente 78-S-2009 y en la Cámara de Diputados tuvo giro a Medio Ambiente y de Minería.  Están equivocados, en el Senado no tuvo tratamiento en minería. Si existiera el deseo se pueden ampliar los giros”.

La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) presentó una denuncia penal contra la senadora nacional por Salta Flavia Royón, a quien acusa de la presunta comisión de delitos contra la administración pública en el marco de su desempeño como funcionaria y legisladora nacional. La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público Fiscal y solicita la apertura de una investigación federal.

Según el escrito, firmado por el presidente de la entidad, Enrique Viale, y patrocinado por varios abogados de la organización, Royón habría incurrido en conductas tipificadas en los artículos 256, 256 bis y 265 del Código Penal, referidas a negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y cohecho. La imputación, aclaran los denunciantes, no se dirige contra sus opiniones legislativas —protegidas por el artículo 68 de la Constitución Nacional— sino contra su actuación vinculada a intereses privados del sector minero.

La denuncia reconstruye la trayectoria de Royón en los últimos años, destacando que ocupó cargos clave en el área energética y minera tanto a nivel provincial como nacional. Fue secretaria de Minería y Energía de Salta, luego secretaria de Energía de la Nación durante la gestión de Alberto Fernández, más tarde secretaria de Minería bajo la presidencia de Javier Milei y, posteriormente, secretaria ejecutiva de la Mesa del Litio. Desde diciembre de 2025, se desempeña como senadora nacional.

De acuerdo con el planteo, en paralelo a esa carrera pública, Royón habría mantenido —o desarrollado— vínculos societarios y profesionales con empresas privadas del sector minero, en particular con la firma Zelandez, dedicada a la prestación de servicios tecnológicos e hidrogeológicos para proyectos de litio y otros minerales, y con la consultora Minenco SAS. La denuncia sostiene que integró el directorio de Zelandez y tuvo un rol relevante en Minenco, empresas que asesoran a compañías mineras con proyectos en zonas alcanzadas por la legislación ambiental.

El núcleo de la acusación se concentra en la actuación de la senadora durante el tratamiento y la votación del proyecto que modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial. Según los denunciantes, Royón impulsó activamente la reforma y votó a favor de la iniciativa sin excusarse, a pesar de que la modificación beneficiaría de manera directa o indirecta a empresas que son clientas de las firmas con las que ella estaría vinculada.

Entre los proyectos mencionados se encuentran emprendimientos de litio y cobre en Salta, Jujuy, Catamarca y San Juan, impulsados por grandes compañías internacionales. La presentación subraya que varios de estos desarrollos se ven actualmente limitados por la ley de glaciares vigente y que la reforma permitiría flexibilizar las restricciones en ambientes periglaciares, habilitando nuevas etapas de explotación.

La denuncia hace especial hincapié en un aspecto técnico del proyecto aprobado por el Congreso, que habilita la exclusión de determinadas geoformas del régimen de protección cuando estudios “técnico-científicos” concluyan que no cumplen funciones hídricas relevantes. Según los denunciantes, ese tipo de estudios coincidiría exactamente con los servicios que presta Zelandez, lo que configuraría un interés económico directo en el nuevo marco normativo.

Además, se plantea que Royón habría incumplido la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (Ley 25.188), que prohíbe a los funcionarios intervenir en asuntos en los que tengan intereses personales o vínculos recientes, y exige períodos de abstención o carencia. En ese sentido, la presentación remarca que la legisladora no se excusó del debate ni de la votación, pese a su cercanía temporal con cargos en el sector privado.

La Asociación también cuestiona una presunta omisión o irregularidad en la presentación de la declaración jurada patrimonial integral, obligación legal de los senadores nacionales. Según la denuncia, no surge de los registros públicos que Royón haya cumplido con todas las instancias formales exigidas por la normativa vigente, lo que refuerza —a criterio de los denunciantes— la sospecha de vínculos económicos no transparentados.

En el tramo final, el escrito solicita una serie de medidas de prueba, entre ellas pedidos de información a organismos públicos, requerimientos a registros societarios, informes a la AFIP y al Senado, y allanamientos en sedes de las empresas mencionadas. La entidad reclama que se instruya el sumario correspondiente y se investigue la eventual existencia de un concurso de delitos contra la administración pública.

La presentación quedó ahora en manos del Ministerio Público Fiscal, que deberá analizar la admisibilidad de la denuncia y resolver si corresponde avanzar con la investigación.

La Cámara de Diputados dio por finalizado este jueves un proceso de participación ciudadana que, según destacó su presidente, Martín Menem, no tuvo antecedentes por su escala y alcance federal. La instancia se desarrolló en el marco del debate legislativo de la iniciativa que propone cambios a la ley de protección de glaciares y del ambiente periglacial, y se llevó adelante conforme a los lineamientos del Acuerdo de Escazú y su normativa complementaria.

De acuerdo con lo informado, se registraron más de cien mil solicitudes de inscripción, lo que obligó a implementar un esquema de participación diversificado. Para canalizar las presentaciones, se habilitaron cuatro modalidades: exposiciones presenciales, intervenciones virtuales, presentaciones por escrito enviadas por correo electrónico y la carga de videos a través del canal de YouTube de la Cámara, con transmisión en vivo por la señal oficial.

Ante la imposibilidad material de dar lugar de manera presencial a la totalidad de los inscriptos, se aplicaron criterios “objetivos, verificables y por orden cronológico”, señaló Menem, con el objetivo de asegurar una representación equitativa de todas las provincias. En esa modalidad se priorizó la participación de comunidades, asociaciones y organizaciones no gubernamentales, con la intención de concentrar y visibilizar la mayor cantidad posible de voces.

Menem subrayó que, tal como lo expresaron los diputados que presidieron las audiencias, todas las intervenciones serán consideradas en igualdad de condiciones y formarán parte tanto del dictamen como del trámite legislativo posterior. En ese sentido, remarcó que ninguna solicitud fue rechazada y que se ofrecieron alternativas suficientes para garantizar la pluralidad de opiniones.

El proceso se extendió a lo largo de más de 23 horas de exposiciones, con representación de todas las provincias del país. Según los datos oficiales, se incorporaron además más de 80 videos y alrededor de 2.600 ponencias escritas, que quedarán integradas al análisis parlamentario del proyecto.

Con la finalización de esta etapa, Diputados dio por cumplido el requisito de participación ciudadana previsto por los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, mientras la iniciativa sobre glaciares continúa su camino legislativo en un contexto de fuerte interés y debate público.

Transcurridas más de siete horas del inicio de la jornada virtual de audiencia pública por la modificación de la Ley de Glaciares, llegó el turno de la exdiputada nacional Graciela Camaño no se guardó nada y apuntó contra el sistema implementado en estos dos días. “Se obvió proporcionar al público de la información necesaria en forma efectiva y los plazos no son en absoluto razonables”, señaló a través de una videollamada.

Lejos de avalar el contenido del proyecto de ley que envío el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación en diciembre pasado, Camaño desplegó sus conocimientos jurídicos y le envío un mensaje al bloque oficialista, los aliados y a los gobernadores: “Retroceder en materia ambiental no es gobernar, es renunciar al futuro”. La intervención se estiró por más de diez minutos y cuando terminó recibió el aplauso de los diputados opositores presentes en la Sala 2 del Anexo C.

En primera instancia, cargó contra las dos jornadas de debate y señaló: “Vengo a impugnar, como paso administrativo previo a los juicios que se iniciaran de prosperar el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, esta ‘no audiencia pública’”. En ese punto, invocó al Acuerdo de Escazú, a la Ley General de Ambiente y a fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a “la relevancia de la audiencia pública como una instancia de participación ciudadana que favorece la democratización de las decisiones, la formación de consensos, la transparencia y la publicidad de los actos y procedimientos que, en definitiva, fomentan el control social”.

Luego, cargó que “esa instancia ha estado ausente es este trámite”, y agregó que “se trata de evidente déficit que esta pretendida audiencia pública no lo supera”. Dirigida a los legisladores del oficialismo, quienes oían atentamente, Camaño reiteró que “el Acuerdo de Escazú tiene jerarquía superior a las leyes”.

Desde esa postura, mencionó que el tratado ambiental internacional, vigente desde el 2021, “consagra parámetros de participación pública que, lejos de haber sido observados, han sido soslayados o contravenidos plenamente porque no se verificó participación del público en las etapas iniciales”. También aseveró que “se obvió proporcionar al público la información necesaria en forma efectiva. Los plazos no son en absoluto razonables”.

El discurso de Camaño estuvo marcado por los términos técnicos y jurídicos. Y cuando estaba hablando de la presunta violación al artículo 7 del Acuerdo de Escazú, la videollamada quedó en silencio. La exlegisladora llevaba seis minutos ininterrumpidos de exposición y cuando la comunicación virtual se cortó del todo, los opositores presentes gritaron que “la están censurando”. José Peluc negó rotundamente que eso haya sido así.

Pasados más de 60 segundos, Camaño recuperó la comunicación y lejos de creer que pudo haber sido un problema técnico de conexión virtual, alzó la voz en vivo y acusó: “Exijo que se me devuelva el tiempo desde que me mutearon el teléfono”. De todas maneras, volvió al tema y agregó que “se vulneró el artículo 7 que establece que la audiencia pública debe atravesar todos y cada uno de los procesos de la decisión ambiental y verificarse previamente a su adopción”.

“Claramente la no realización de la audiencia obligatoria conforme a las pautas constitucionales determina la nulidad absoluta del acto que se emita en estas condiciones por configurar una violación en el elemento formal del acto al no haberse cumplido con los procedimientos esenciales previstos para la emisión del mismo”, explicó desde el punto de vista jurídico.

Su postura ante la propuesta del Gobierno

Sobre el avance del proyecto de ley con media sanción del Senado, sumó que “no puede perfeccionarse un procedimiento inválido”, aseveró que “el procedimiento que está viciado” y le endilgó una tarea a los diputados nacionales que tiene previsto avalar el texto en el recinto: “Tienen la obligación de hacer el examen político de constitucionalidad de los proyectos que votan”.

En el final, fue contra el espíritu de la modificación: “Este proyecto cuyo objeto no es la minería, sino el ambiente, claramente viola el artículo 41 de la Constitución Nacional”, y enfatizó que “pretende transformar una ley que tiene características científicas de protección mínima uniforme para todo el territorio de los reservorios de agua dulce, en una ley de carácter político donde cada provincia va a definir qué ambiente periglacial va a proteger o no, conforme a su explotación minera”.

Para concluir la exposición en la segunda jornada de audiencias públicas por la modificación de la Ley 26.639, Graciela Camaño reiteró que el texto “transgrede los principios de la Ley General de Ambiente”; invocó nuevamente el Acuerdo de Escazú junto a una serie de fallos del máximo tribunal de justicia; y cerró: “La Ley de Glaciares es el piso mínimo, no puede reducirse y tiene progresividad consolidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“Este proyecto cuyo objeto no es la minería, sino el ambiente, claramente viola el artículo 41 de la Constitución Nacional”

Recorrido legislativo

Graciela Camaño cumplió diferentes mandatos entre 1989 y 2023. En relación a la Ley 26.639, votó a favor de la creación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial en la Cámara de Diputados el 15 de julio del 2010. Del mismo modo, en 2014, 2016 y 2017 exigió informes por la suspensión de la presentación del estado de avance del Inventario Nacional de Glaciares (ING) que se debía no se realizó el 22 de mayo del 2014.

“Dicha presentación, tenía por objetivo dar a conocer los aspectos más relevantes y el grado de avance obtenido. A tales efectos, se contaba con la participación de diversos profesionales técnicos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) del CONICET, quienes serían los encargados de brindar detalles sobre los avances obtenidos”, había fundamentado.

En el marco de la audiencia pública en la Cámara de Diputados por la modificación a la Ley e Glaciares, el Círculo de Políticas Ambientales cuestionó el rol del sector minero como “hacedor de la ley de Glaciares”, la falta de debate amplio, transparencia y participación efectiva.

En representación de la organización estuvo su directora ejecutiva, María Eugenia Testa, quien manifestó el rechazo a la modificación de la ley de preservación de glaciares y del ambiente periglacial. Además,  planteó objeciones tanto al contenido de la iniciativa como al procedimiento legislativo adoptado, señalando la ausencia de un debate amplio, informado y transparente, así como la limitada participación de actores técnicos y científicos especializados.

“Nos encontramos ante un hecho inédito: el gobierno nacional, en alianza con algunos gobiernos provinciales —principalmente Mendoza, San Juan y Salta—, y con la anuencia de legisladores oficialistas y aliados, está impulsando una regulación ambiental de alcance federal diseñada por el propio sujeto regulado. Tal como surgió durante el tratamiento exprés de la iniciativa en el Senado, el único sector escuchado e involucrado en el diseño de esta reforma ha sido el sector minero”, cuestionó.

En ese sentido, Testa sostuvo que “la modificación de la Ley de Glaciares resulta objetable no solo por su contenido, sino también por su origen y procedimiento”, y remarcó la importancia de garantizar instancias de deliberación pública genuinas.

A su vez, se advirtió que el proceso presenta aspectos que generan preocupación institucional, como el tratamiento acelerado del proyecto, la escasa discusión en comisiones y la falta de instancias participativas sustantivas en etapas previas.

En relación con la audiencia pública, se señalaron irregularidades que afectan el ejercicio del derecho a la participación ciudadana, entre ellas cambios en los criterios de participación, falta de acceso a la información sobre inscriptos y oradores y la exclusión de un número significativo de personas interesadas en exponer.

En este contexto, Testa agregó: “no puede garantizarse una participación real si se restringen las condiciones de acceso y se limita la pluralidad de voces en una instancia clave del proceso legislativo”.

Finalmente, se destacó que el debate sobre la protección de los glaciares y el ambiente periglacial reviste una importancia estratégica, dado su rol como reservas de agua dulce y soporte de múltiples actividades productivas y sociales.

A las 10.03 de este jueves arrancó la segunda jornada de audiencia pública en la Cámara de Diputados en torno al proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, que cuenta con media sanción del Senado. Una audiencia que se extendió doce horas, con testimonios mayoritariamente en contra del proyecto impulsado por el oficialismo. A diferencia de este miércoles, en la nueva reunión se escuchó a los expositores de manera remota, uno tras otro, sin sobresaltos.

La primera jornada estuvo marcada por un clima de tensión, a partir de los constantes cuestionamientos de la oposición hacia el oficialismo por la mínima cantidad de oradores que podrán participar, a pesar de haberse inscripto más de 100 mil personas. De hecho, un grupo de legisladores planteó una impugnación.

Además, al final del día la oposición denunció que La Libertad Avanza hizo ingresar a personas que no figuraban anotadas y vinieron a manifestarse a favor de la ley. Cabe señalar que, del total, una abrumadora mayoría se opuso a la reforma.

Otro hecho que provocó enojo fue que el oficialismo redujo deliberadamente el tiempo de alocución de 4 a 5 minutos, noticia que recibieron ayer antes de comenzar. Igualmente, en ambas jornadas, algunos superaron su tiempo al hablar.

Mientras en la sala del segundo piso del Anexo C se desarrollaba la audiencia presencial, donde diputados oficialistas se cruzaron con algunos expositores, en las afueras militantes ambientalistas desarrollaron una audiencia popular sobre las calles Riobamba y Bartolomé Mitre que el fuerte operativo de seguridad no pudo impedir.

La reunión es conducida por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, los libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente.

Todo marchaba sin interrupciones hasta que, a las 13.44, la exposición de un orador se silenció. "¿Santiago, te muteaste en la última parte?", preguntó Peluc, y pasó la palabra a la siguiente oradora, pero tampoco se la escuchaba. "Estamos con un problema de sonido nosotros", informó el diputado y se pasó a un cuarto intermedio que duró exactamente 15 minutos; durante ese tiempo las diputadas de la izquierda Myriam Bregman y Romina del Plá chicaneaban a los libertarios entre risas.

A los 40 minutos, el incidente volvió a repetirse. "Lamentablemente vamos a tener que hacer de nuevo un receso de 10, 15 minutos. Van a tener que cambiar las computadoras, porque está fallando una de ellas", dijo Peluc y aclaró: "Para tranquilidad de todos vamos a extender el tiempo lo que haga falta". A los 14 minutos volvió a reanudarse la audiencia.

Al igual que en la primera jornada, los oradores -entre los que hablaron varios representantes de comunidades originarias- rechazaron que se trate efectivamente de una audiencia pública, debido a los miles que quedaron sin chance de hablar; al tiempo que otros anticiparon futuras acciones legales.

Ante la presencia de un grupo de diputados en la sala, uno de los primeros en hablar fue Pablo Villagra, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, a cargo del Inventario Nacional.

"La ley aprobada en el Senado no representa una mejora respecto a la ley vigente, porque deja áreas con hielo sin proteger, no elimina las ambigüedades planteadas, sino que por el contrario genera nuevas ambigüedades, desdibuja el rol científico y tecnológico y lo subordina a las autoridades políticas competentes de cada provincia", definió.

Villagra defendió que "el Inventario está funcionando, está en proceso de revisión" y "es una obra magnífica que brinda herramientas para el ordenamiento territorial de nuestra cordillera". Del total de 16.078 glaciares identificados, y casi 17 mil incluyendo las Islas Malvinas, "solamente el 0,8% abarcan la superficie de la cordillera", señaló.

Para el director del IANIGLA, la modificación introduce conceptos que "generan incertidumbre" y no aclara cuáles serán los mecanismos "por los cuales se determinará la importancia hídrica" de un glaciar o periglacial. "Además, sigue sin incluir un presupuesto para completar el inventario, lo cual deja a nuestro instituto en una incertidumbre en cuanto a su realización", añadió.

A su turno, Muriel Douton, especialista en sustentabilidad, expresó que "los glaciares son una fuente fundamental de agua dulce para nuestro planeta, representan el 70% del agua dulce en el mundo". "No solo protegen la biodiversidad, y tienen que ver con cuestiones climáticas para conservar nuestro clima, sino que también tienen que ver con algo tan fundamental como la vida. El agua, elemento fundamental para la supervivencia humana, está en riesgo con la modificación de esta ley. La minería pone en riesgo este recurso", afirmó.

Silvia María Pía, del Colectivo Defensoras del Agua de Famatina, sostuvo que las modificaciones propuestas "son inconstitucionales, violan el artículo 41 de la Constitución y el principio de no regresividad". Tras cuestionar "irregularidades" de la audiencia pública, donde solo hablarán el 0,3% de los inscriptos, denunció que "la adecuación de las normas jurídicas a las exigencias del sector cooperativo transnacional no es un hecho nuevo" y dijo que esta ley "responde a la urgencia y presión de las empresas mineras transnacionales".

Más adelante, María Laura Colazo, legisladora provincial y presidenta del Partido Verde de Tierra del Fuego, manifestó: "Esta isla del fin del mundo está bendecida con cientos de glaciares, son nuestra fuente de vida y bienes comunes que los fueguinos sabemos custodiar. Los glaciares nos brindan el agua que bebemos, la que usamos para vivir, no queremos que se ponga en peligro con la aprobación de esta ley".

Tras resaltar que en la provincia están "dando la batalla porque hay un intento de adhesión al RIGI", Colazo observó que esta reforma "es el escenario que necesitan muchas industrias extractivistas". Por otra parte, aseguró que la ley no apunta al federalismo, porque, por el contrario, "va a poner a las provincias unas contra otras".

Néstor Lastiri, de la Asamblea por los Ríos Pampeanos, apuntó que "en La Pampa no tenemos glaciares, por ello dependemos del agua que nace en la cordillera" y "cualquier decisión que se tome sobre los glaciares o periglaciares no es una decisión local, sino una que impacta sobre todo el sistema hídrico".

"Nuestro río Atuel es un ejemplo de lo que pasa cuando las decisiones se toman aguas arriba, sin considerar a quienes estamos viviendo aguas abajo", aseveró e insistió que "el agua es un bien público que no reconoce límites políticos, demarcaciones geográficas; lo que se decide en la montaña impacta en toda la cuenca, porque se trata de un bien interjurisdiccional que constituye una unidad ambiental, hecho que lo hace transversal. Si se debilita la protección de las nacientes, las provincias agua abajo quedamos en una situación de mucha vulnerabilidad".

Por su parte, María Aguilar, de Eco House, se quejó de que "el mecanismo de participación, lejos está de ser una audiencia pública". "La Ley de Glaciares no es una ley más, es una ley que protege las principales reservas de agua dulce del país. Más de 7 millones de personas dependen de cuencas hídricas alimentadas por glaciares y periglaciares", defendió.

"En un contexto de crisis climática científicamente comprobada, con retrocesos glaciares apabullantes, en un país donde el 70% del territorio es árido o semiárido, debilitar la protección de los glaciares no es una mejora normativa", enfatizó y aclaró que "la ley actual no prohíbe la minería, sino que establece límites en menos de 1% del territorio".

A favor de la propuesta de modificación a la Ley 26.639, Néstor Rigamonti, presidente del Instituto Argentino de Derecho para la Minería, consideró que este nuevo marco regulatorio propone una “mayor precisión normativa; mejor integración de la información científica; respeto al federalismo constitucional; y fortalecimiento de la cooperación entre Nación y provincia”. Y agregó que busca “lograr una protección ambiental más efectiva, más operativa y sostenible en el tiempo”.

Antes, había señalado que este proyecto de modificación “parte de la premisa central de que la protección a los glaciares debe mantenerse y fortalecerse”. No obstante, reiteró que es “una oportunidad única para mejorar la eficacia del régimen vigente” porque “la política ambiental eficaz requiere reglas claras”.

Con énfasis en avalar la propuesta del Gobierno nacional, añadió que la iniciativa original tiene por objetivo “la protección de los glaciares en tanto tengan reservas estratégicas hídricas”, pero advirtió que “no todos cumplen esa función y el proyecto busca corregir esa distorsión”. Concluyó, además, que “la iniciativa no implica regresión ambiental porque continúan siendo protegidos”.

A favor del nuevo marco regulatorio que impulsó el gobierno de Javier Milei, Fernando Godoy Carrizo, presidente de Caprimsa, le pidió a la Cámara de Diputados que “no debemos dejar pasar esta oportunidad única”. Defendió, también, la actividad dentro de la provincia de San Juan: “Les pido que hagan compresión de lo que significa la inversión para una provincia que necesita ser autosuficiente”.

Godoy Carrizo es el presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamental Minero de San Juan, una comunidad de firmas mineras que nuclea a más 300 empresas del sector. Una vez que finalizó la presentación, el expositor señaló que “la Ley de Glaciares es fundamental para que haya responsabilidad institucional, pero la premisa nuestra es que los glaciares no están en discusión”.

Luego, agregó que “las reservas estratégicas de agua dulce no se deben tocar, pero creemos que sí podemos mejorar la ley y podemos darles seguridad a las inversiones”. Pese a los abucheos de los demás expositores, Godoy Carrizo sostuvo que “somos simples sanjuaninos que elegimos la minería para poder desarrollarnos”, y cargó que “hace más de 20 años que logramos trabajar en un proyecto”.

Mientras era abucheado por los expositores que se oponen a la modificación impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional, el titular de Caprimsa afirmó que “queremos hacer política minera”, y destacó que “tenemos convenios con Cámaras más importantes de Chile, Canadá y Australia”. “No hablo para pelear si no con una dicotomía de control”, aclaró.

Antes del cierre, sumó que “mis hijos viven de la minería y espero que mis nietos vivan de la minería” porque “creemos que la construcción del orden político debe ser con equilibrio, evidencia y visión a largo plazo”, reiteró.

En el cierre, Fernado Godoy Carrizo cerró que “los diputados tienen un rol importante: no debemos dejar pasar esta oportunidad única”. “Los recursos geológicos están ahí, pero necesitan un desarrollo genuino y, como en el rugby, hagamos scrum”, concluyó el presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamental Minero de San Juan.

Uno de los picos de tensión que se produjeron durante la audiencia pública de este miércoles por la modificación a la Ley de Glaciares tuvo como protagonista a la diputada de La Libertad Avanza Karen Reichardt que se cruzó con una expositora ambientalista a quien le pidió en tono chicanero: “¿Por qué no te tomas una pastillita?”

“¿Por qué no te tomás una pastillita?”, chicaneó en varias ocasiones la libertaria a la chubutense Flavia Broffoni, quien al final de su disertación expuso a la oficialista delante de todos y, tras salir de la sala, se lo confirmó a los medios presentes.

“¿Corresponde que la diputada que está sentada acá adelante nos esté agrediendo a todos? Es una irresponsabilidad de un grado superior. ¡Es asqueroso!”, protestó la activista ambiental. En defensa salió otra expositora, Sol Basurto Muñoz, representante de brigadistas autoconvocados por los incendios en la comarca de Chubut, confirmó la acusación contra Reichardt: “A mí me acaba de violentar recién mientras hablaba la compañera”.

Mientras el repudio a Reichardt se extendía, desde el fondo de la sala en el anexo se escuchó un grito de indignación. “¡¿Ustedes nos pidieron que viajáramos miles de kilómetros desde nuestras provincias y se burlan así de nosotros?!”, reprochó.

Broffoni, durante su disertación, advirtió que en el debate sobre la ley de Glaciares “se juegan las últimas reservas de agua, que son irreemplazables, insustituibles”. “El daño de esta reforma es irreversible. Reventar las fuentes de agua está mal”, subrayó. “Déjense conmover por este movimiento ciudadano que es un récord mundial. Nunca a una audiencia pública se anotó tanta gente y esa gente no está acá ahora”, suplicó la activista.

Para Broffoni, “este proceso es absolutamente inconstitucional”, y se dirigió directamente a las “aseguradoras de las mineras” para avisar que “va a viciar cualquier inversión que se atrevan a hacer en este país”. “Me parece extremo haber viajado 2000 kilómetros desde la Patagonia incendiada hasta acá para decir lo obvio que es que sin agua nos morimos. Sin glaciares no hay agua”, explicó.

Horas más tarde, Reichardt salió a defenderse a través de las redes sociales: “Hoy, en la audiencia de glaciares, tuve que lidiar con agravios infundados. Los mismos que hablan de ‘el amor vence al odio’, de cuidar las formas, insultan y amenazan. Cuando no tienen argumentos, recurren a lo único que saben: la violencia”.

Hoy, en la audiencia de glaciares, tuve que lidiar con agravios infundados.

Los mismos que hablan de “el amor vence al odio”, de cuidar las formas, insultan y amenazan.

Cuando no tienen argumentos, recurren a lo único que saben: la violencia. https://t.co/HNvB2Rj7kw

— Karen Reichardt1 (@KarenReichardt1) March 25, 2026

A más de siete horas del inicio de la primera jornada de audiencias públicas por la modificación a la Ley de Glaciares, el caos y el desorden se hicieron presentes una y otra vez en la Sala 2 del Anexo C de la Cámara de Diputados. Gritos, interrupciones y desbordes en los accesos fueron algunos de los sucesos que se repitieron durante este miércoles.

Pasadas las 16.30 varios de los expositores confirmados salieron de la sala para buscar algo alimento, pero al regresar al salón se encontraron con la negativa de ingreso por parte de los agentes de seguridad de la Casa. Según constató parlamentario.com, uno de los que quedó sin posibilidad de reingreso fue Enrique Viale, abogado ambientalista que intervino cerca de las 13.30.

Los diputados del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño y Romina Del Plá se dirigieron rápidamente al acceso mientras las personas se acumulaban en el acceso central del Anexo C. Ante la acalorada situación, los agentes de seguridad comenzaron a cerrar las puertas y el clima se vio totalmente desbordado.

Asesores y periodistas también quedaron atrapados en el tumulto de personas que intentaba ingresar a la audiencia pública al grito de "queremos entrar". Finalmente, la razón y el orden permitieron que quienes portaban la pulsera de ingreso, en fila y de a uno, pudiesen pasar de nuevo a la Sala 2 del Anexo C.

Las autoridades del plenario, José Peluc y Nicolás Mayoraz, habían informado que quienes ya habían expuesto debían retirarse para ceder el espacio a otra persona. Después de este suceso, cada vez que un expositor se retiraba, la pulsera era devuelta con el fin de mantener el orden y el aforo correspondiente.

La oposición denunció "colados" en la lista de expositores

Minutos antes de las 19, cuando la audiencia pública entraba en su novena hora de discursos, los diputados de la oposición acusaron a La Libertad Avanza de "proveer" acceso a expositores que no se habrían inscripto con el fin de defender la nueva legislación. El clima, nuevamente, se tornó caótico y nos dejó la imagen de Lucía Cámpora (Unión por la Patria) ocupando el asiento de una de las autoridades en el estrado central.

Acompañaron a los expositores durante la jornada de este jueves, Sabrina Selva, Paula Penacca, Gabriela Estévez, Florencia Carignano, Agustín Rossi, Ana María Ianni, Juan Grabois y Germán Martínez de Unión por la Patria; Romina Del Plá y Nicolás Del Caño del Frente de Izquierda; y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, entre varios más.

Ya temprano, los exlegisladores Leonardo Grosso y María José Lubertino fueron señalados por participar de la audiencia pública por la modificación de la Ley de Glaciares sin estar en una grilla original que fue revelada pasado el mediodía.

De todas maneras, el caos se apoderó del debate cuando pasó el turno de Leandro Bazán, abogado y funcionario del Ministerio de Minería de la provincia de San Juan, quien se expresó  a favor de la nueva legislación. Según señalaron a este medio, el nombre de esa persona no estaba originalmente incorporado a la lista de 102.116 inscriptos.

La situación generó el enojo de los diputados de la oposición, quienes además revelaron una nueva lista que tenía como expositores a Mario Hernández del Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GENERA); y a Pablo Fernández del Ministerio de Minería, ambos de San Juan.

Después de venir cuestionando públicamente el método de inscripción a la audiencia pública, el abogado ambientalista Enrique Viale acusó a la senadora nacional Flavia Royón de “tener una consultora que asesora a Río Tinto”. Luego, anunció que este jueves 26 irá a denunciarla penalmente bajo la acusación de “incompatibilidad en la función pública para que se investigue el cohecho”.

El letrado es el titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y hace unos días participó del Observatorio junto a legisladores de la oposición. Desde hace varios días viene cuestionando el mecanismo de intervención en las audiencias públicas por la modificación a la Ley de Glaciares: “En esta farsa de audiencia pública tuve siete controles para llegar hasta acá y solo participa el 0,3% de los inscriptos”.

Reiteró que se trata de “la audiencia pública más loca del mundo” y trajo a colación una serie de argumentos que según Viale fueron explicados en varios obras literarias redactadas por ambientalistas: “Esto erosiona la democracia, pero el extractivismo es así porque a más extractivismo, menos democracia”. Luego, volvió a repetir que “101 mil personas quedaron afuera”.

En medio de cruces fuera de micrófono con la bancada libertaria, Viale ironizó: “No les pedimos que se ‘deslomen’, pero estírenla quince días porque podrían haber ido a las provincias a escuchar a la gente”. Luego, agregó que “lo peor de todo es que nos plantean que esta ley viene a impulsar la minería… pero la Ley de Glaciares tiene un inventario hecho por la ciencia que es lo que quieren destruir”.

Para Viale, el marco normativo que lanzó el Consejo de Mayo y avaló el Gobierno nacional , establece que las decisiones respecto a los glaciares y las zonas periglaciares las define “un funcionario de tercer nivel para poder ser destruido”. “El IANIGLA cubre el 0,21% del territorio continental argentino y esta reforma esta hecha a medida de grandes trasnacionales mineras”, acusó.

Enumeró también que -señalando a los diputados de La Libertad Avanza- que “ustedes están trabajando para Vicuña quien se reunió dos veces con el presidente (Javier Milei) y que es de BHP, la que hizo el desastre en Brasil donde se rompió el dique y arrasó un pueblo entero”. Mientras continuaba su exposición en el Anexo C de la Cámara baja, reiteró que “Vicuña consume dos litros por segundo durante 30 años”.

Enumeró también que -señalando a los diputados de La Libertad Avanza- que “ustedes están trabajando para Vicuña quien se reunió dos veces con el presidente (Javier Milei) y que es de BHP, la que hizo el desastre en Brasil donde se rompió el dique y arrasó un pueblo entero”. Mientras continuaba su exposición en el Anexo C de la Cámara baja, reiteró que “Vicuña consume dos litros por segundo durante 30 años”.

También mencionó a Glencore, BlackRock (Estados Unidos), el Proyecto Mara y Río Tinto. A partir de esto, lanzó las acusaciones contra la legisladora que responde a la Gobernación de Salta: “Ustedes saben que hay una senadora de Salta que representa a las mineras, Flavia Royón”. Y cargó: “Tiene una consultora que asesora a Río Tinto que es una de las principales beneficiadas por esto”. Agregó por ello que “mañana la estamos denunciado penalmente por  incompatibilidad en la función pública y que se investigue el cohecho”.

En el final, señaló a José Peluc, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y le consultó: “¿Usted tiene relación con proveedores mineros?”. Agregó que “esto tiene nombre y apellido”; reiteró que irá a la justicia; y cerró: “la Ley de Glaciares no se toca”.

Las explicaciones de Royón

Generado el revuelo por las acusaciones, parlamentario.com se puso en contacto con fuentes del Senado, desde donde dejaron trascender que la consultora en cuestión es Zelandez. Una alta fuente reveló a este medio que Royón prestó servicios, efectivamente, pero renunció el 9 de diciembre del 2025, antes de ocupar la banca en la Cámara alta.

Zelandez se presenta como “una empresa autosuficiente, rentable y con infinito potencial”. Además, está el boletín informativo en la web que presentó a la actual senadora en julio del 2024 luego de pasar por la Secretaría de Energía -durante el gobierno del Frente de Todos- y de Minería en el primer año de Milei. En el portal la presentaban como una funcionaria con “ conocimiento del sector minero de litio argentino  conocimiento del sector minero de litio argentino”.

Como funcionaria de los últimos dos gobiernos, Royón fue varias veces a Diputados.

La senadora salteña responde al gobernador Gustavo Sáenz y ha conformado el monobloque "Primero los Salteños". Es vocal de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles; y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, entre varias más.

Minutos después, la senadora nacional hizo referencias al anticipo de Enrique Viale y deslizó: "Las afirmaciones respecto a una supuesta asesoría a Río Tinto carecen de sustento probatorio. La senadora no posee vínculo alguno con dicha empresa". Y concluyó: "Si el doctor Viale cuenta con pruebas, que las presente".

Impulsora de la original Ley de Glaciares, la exdiputada Marta Maffei encabezó este miércoles un enfático y fuerte rechazo a la modificación de la norma que impulsa el oficialismo, con apoyo de gobernadores de provincias cordilleranas.

"Soy la autora de la Ley 26.639. Es una ley que protege los glaciares y periglaciares, que concitó el consenso científico, estuvimos un año trabajando la ley, consultando con académicos, instituciones, entes especializados y también las comunidades, que siempre se quedan afuera", arrancó.

La exposición de la exlegisladora comenzó luego de reclamos de diputados opositores a los presidentes de las comisiones a cargo del debate, a propósito de la reducción del tiempo otorgado a los oradores. Sin embargo, a Maffei, que se cruzó con libertarios al ser interrumpida, se la escuchó más de cuatro minutos.

"El Senado ha votado favorablemente un proyecto que deroga las claves de la ley, so pretexto de modernización, omite rigurosamente todos los recaudos legales y constitucionales establecidos en la legislación vigente. Una profunda ilegitimidad que un puñado de diputados pretende sanear convocando a esta farsa con pretensiones de audiencia pública", lanzó.

Tras señalar que más del 99% de los inscriptos "se quedaron afuera sin posibilidad de hablar", el diputado oficialista Alejandro Fargosi le respondió: "Mentira, es mentira lo que está diciendo". "Lea, instrúyase porque va a votar cualquier cosa, porque no sabe lo que dice", le devolvió Maffei, que luego anunció: "Mi participación acá no convalida esta aberración disfrazada de audiencia pública y me reservo el derecho de iniciar las acciones legales en el tiempo que corresponda".

La exdiputada rechazó que en esta reforma "no existen los presupuestos mínimos" que prevé el artículo 41 de la Constitución Nacional y también "se viola el Convenio 169 de la OIT" porque "no se realizó consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas".

"Es un proyecto regresivo absolutamente en los términos de las leyes y tratados ambientales. Tiene una fachada de federalismo, pero lo que logra es discrecionalidad para que cada provincia haga lo que quiera con nuestro agua y nuestros glaciares, so pretexto de RIGI, de inversiones, se dispone que nuestro agua la utilicen como se les da la real gana", observó.

Al cuestionar que las autoridades provinciales podrán determinar qué área glaciar o periglacial es considerada estratégica o relevante, la dirigente preguntó: "¿Qué quiere decir que no es relevante? ¿Para quién? ¿Para la preservación del agua, para la vida de los pueblos, para los ecosistemas, para la producción agrícola-ganadera o para el futuro de nuestro país?".

"No hay federalismo cierto si el agua que es interjurisdiccional la administra solamente la provincia que está cerca del glaciar y deja río abajo a todo el mundo en la seca", enfatizó y apuntó que "esta ley favorece el avance de la minería en función del retroceso del derecho ambiental de nuestro pueblo y el derecho al agua".

La docente aseguró que la reforma "es regresiva en materia ambiental, es regresiva en materia jurídica y en materia democrática", al tiempo que "pretende romper la autonomía científico-técnica".

"Argentina tiene en este momento 53 emprendimientos contaminantes arriba de los glaciares, lo han venido haciendo reiteradamente" a pesar de la ley, remarcó. "No tienen la menor idea de lo que es la minería a cielo abierto, no lo saben, no lo conocen. La minería a cielo abierta deja contaminado el agua de forma irreversible, el acido sulfúrico que se forma no lo sacan más", subrayó.

En el final, Maffei dijo: "El 75% de la población mundial vive en espacios donde escasea el agua, es insuficiente o está contaminada. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el colapso que van a generar para nuestro pueblo y nuestras vidas? Por favor, reflexionen, les pido que reflexionen. El pueblo tiene memoria, lo que hoy van a hacer no se lo van a olvidar más. El agua de los glaciares no se toca, los glaciares son la vida de nuestro pueblo".

Diputados de la oposición presentaron este miércoles por la mañana una impugnación formal contra la audiencia pública convocada en la Cámara de Diputados de la Nación para debatir la modificación de la Ley de Glaciares (Ley 26.639), al considerar que no cumple con los requisitos básicos de participación ciudadana. La presentación fue encabezada por Maximiliano Ferraro y cuenta con las firmas de Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Adriana Serquis, Gabriela Estévez, Juan Brügge, Abelardo Ferrán, Lucía Cámpora y Pablo Farías.

Según el escrito, la audiencia resulta inválida por las “graves irregularidades” en la metodología adoptada, que restringen de manera ilegítima la participación ciudadana y vulneran el Reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, en particular el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566).

Ferraro advirtió que el esquema implementado limita la intervención oral directa, introduce criterios discrecionales para la selección de participantes y excluye a la gran mayoría de las personas inscriptas. También señaló que las condiciones de participación fueron modificadas una vez iniciado el proceso, alterando las reglas originalmente establecidas.

“Estamos frente a una audiencia pública que se transformó en una farsa. Hay más de 100.000 personas inscriptas para opinar sobre un tema de enorme relevancia en todo el país y para muchas provincias, comunidades y actividades productivas afectadas directamente por el agua de los glaciares. En lugar de garantizar la escucha, la Libertad Avanza eligió limitar la participación al 0,3% y silenciar las voces. No se puede avanzar con cambios de esta magnitud de manera exprés, sin debate real y sin la licencia social necesaria”, afirmó el diputado.

En el mismo sentido, la diputada Sabrina Selva sostuvo que “se cercenó la participación de manera arbitraria, sin transparentar el proceso de selección de los participantes” y cuestionó que miles de personas que pretendían expresarse oralmente hayan sido obligadas a reformular sus intervenciones. Además, señaló que se utilizó un fallo de la Ciudad de Buenos Aires para restringir la participación de ciudadanos de todo el país. “De esta manera, lo que se pretende es simular una audiencia pública, no cumplir con una instancia real de participación”, dijo.

Los legisladores también remarcaron que el formato adoptado vulnera estándares básicos de participación pública, como la transparencia, la igualdad en el acceso a la palabra y la necesidad de garantizar instancias sustantivas de debate previo a la toma de decisiones. “El procedimiento implementado desnaturaliza la finalidad de la audiencia pública, transformándola en una instancia meramente formal, sin deliberación real ni posibilidad efectiva de incidencia por parte de la ciudadanía”, sostuvo Ferraro.

Por estos motivos, solicitaron que se declare la invalidez de la audiencia pública, la nulidad de los actos realizados en su marco y la convocatoria a una nueva instancia que garantice condiciones reales, abiertas e inclusivas de participación. Finalmente, dejaron planteada la reserva de acudir a la vía judicial si persiste la afectación del derecho a la participación ciudadana en materia ambiental.

Durante el primer tramo de la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, funcionarios de distintas provincias dejaron plasmadas ambas posturas en torno al proyecto.

Segunda expositora en hablar en la jornada presencial de este miércoles, Vanina Basso, secretaria de Ambiente y Cambio Climático de La Pampa, aseguró que en su provincia existe "una memoria hídrica dolorosa" y, por eso, "el agua no es un concepto abstracto, es una condición de existencia. Nosotros somos una provincia aguas abajo, eso quiere decir que nuestro presente y, sobre todo, futuro, depende de decisiones que se toman lejos de nuestro territorio. Y por eso este debate no es ajeno, es central".

"Todos los ambientes glaciares y periglaciares son reservas estratégicas de agua dulce y ocupan tan solo el 0,3% del territorio nacional, sabemos que están retrocediendo, que la nieve disminuye, que los deshielos se adelantan y eso ya está afectando a los caudales de nuestros ríos. En este contexto, flexibilizar la protección de estos sistemas no es una decisión neutra, es una decisión que aumenta el riesgo", advirtió.

La funcionaria mencionó que en su provincia el 70% de la población depende del río Colorado, "alimentado por ambientes glaciares y periglaciares en la cordillera de Mendoza". En ese sentido, mencionó que "un punto clave es la interjurisdiccionalidad" ya que "los ríos no reconocen límites políticos".

Al recordar el caso del río Atuel, Basso señaló que fue "una historia de decisiones unilaterales aguas arriba, que generaron desertificación, pérdida de biodiversidad, deterioro productivo y desplazamiento de poblaciones. Una herida hídrica que sigue abierta siete décadas después".

"Por eso hoy no podemos mirar esta reforma con ingenuidad, porque sabemos que cuando se debilitan los controles, cuando se fragmentan las reglas y cuando se priorizan los intereses de corto plazo las consecuencias las pagan siempre los territorios más vulnerables", aseveró.

La secretaria de Ambiente afirmó que "en este contexto no es constitucional, ético ni responsable flexibilizar la protección de nuestros glaciares, representando un avasallamiento del federalismo ambiental". "La Pampa rechaza la modificación de la Ley de Glaciares, porque sin agua no hay presente ni futuro, y defenderla es nuestra responsabilidad", cerró.

Desde la postura a favor de la modificación de la ley habló Gustavo Emilio Fernández, ministro de Producción de San Juan, quien expresó el apoyo a esta reforma por parte del gobernador Marcelo Orrego, lo que despertó abucheos.

El funcionario apuntó "la falsa dicotomía que existe entre actividades nobles y lícitas, como la minería, en relación con el eficiente y sostenible uso del agua o el desarrollo de una matriz productiva diversa". "San Juan es una provincia montañosa y desértica, solo el 3% de su territorio pertenece a oasis donde conviven la población y agricultura. Nadie mejor que nosotros, estamos comprometidos con la defensa del agua y los glaciares, pero la geografía nos define y la minería resulta ineludible para nuestras posibilidades", manifestó.

Tras describir la matriz productiva sanjuanina, Fernández dijo: "En mi provincia mayoritariamente los empleos mineros son locales y tiene capacidad de desarrollar al resto de las actividades", como por ejemplo, con infraestructura.

El ministro detalló que el 81% del agua que se consume es en actividades agrícolas, el 16% en consumo humano "y solo el 3% corresponden a las concesiones para el uso del agua a la minería", actividad que podría "ayudar a los productores agrícolas a utilizar más eficientemente el agua", expresó.

"La ineficiencia de los canales de distribución primaria han sufrido 20 años de abandono por parte del gobierno kirchnerista, que los abandonó y los dejó sin mantenimiento", lanzó y fue aplaudido por el oficialismo. "La minería está ayudando con inversiones y recursos para nuevos sistemas de distribución de riego" y también con inversiones al gobierno local "para la implementación de programas de reconversión agrícola", destacó.

También desde San Juan, Roberto Moreno, secretario de Gestión Ambiental y Control Minero aclaró una serie de conceptos técnicos vinculados al objeto de protección de la ley vigente. “Las formas de hielo del ambiente glaciar, que son 100% agua, ese tipo de formas no está en discusión su protección, que tienen una función hídrica totalmente comprobada y son susceptibles a los cambios climáticos estacionales y de temperatura. Esos glaciares no están en la discusión sobre si se tienen que proteger o no: se tienen que proteger”, enfatizó.

Y agregó que “las formas con o sin hielo del ambiente periglacial son las que tienen que demostrarse la significancia hídrica mediante estudios de tercer nivel, que están reglamentados en la Ley 26.639, y que pueden indicarnos claramente la significancia o insignificancia hídrica de una geoforma que esté en el inventario nacional de glaciares”.

A continuación, el geógrafo planteó que “estos estudios son metodologías aceptadas mundialmente”, y recordó: “Provengo de San Juan y ahí se han realizado los dos primeros estudios de tercer nivel en glaciares de escombros”. Gracias a los mismos, “podemos asegurar que no están interviniendo en el funcionamiento de las cuencas hídricas. La calidad del agua del hielo que se ha podido analizar en estos estudios indica que superan ampliamente los niveles guía para uso y consumo de la humanidad: hombre, vegetales y animales”, precisó.

Moreno reiteró que “el ambiente glaciar no está en discusión su protección; el ambiente periglacial se debe comprobar su significancia hídrica”. Y cerró: “No se trata de proteger menos, sino de proteger mejor”.

A partir de la tercera hora de la audiencia pública, la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, tuvo una confrontativa intervención contra las autoridades del plenario y los referentes de La Libertad Avanza. Primero, se acercó a la mesa principal portando una pila de inscripciones impresas (atadas) que dejó delante de Mayoraz y Peluc; luego cargó: “Es el colmo que entreguen los glaciares y hablen de las impresiones”.

El arranque caliente de la funcionaria camporista no quedó ahí: rápidamente se refirió al titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales y lo acusó de “caradurez”. Irónica, siguió con los señalamientos: “En cada hoja hay 60 nombres y si cada persona enviara una hoja de argumentos van a tener 60 pilones como ese para ver si se leen, pero evidentemente no los van a leer”.

Daniela Vilar mantuvo una postura áspera contra Nicolás Mayoraz.

Lejos de apaciguar la intervención, Vilar relató sentir “escozor y angustia” por la actitud del oficialismo en virtud del avance de la modificación de la Ley de Glaciares; explicó que la Cuenca del Salado atraviesa cinco provincias y la zona sur de la PBA tiene 80.000 hectáreas productivas; y concluyó: “Les pedimos por una razón humana que no avancen con esto porque esto es irreversible”.

Exlegislador nacional y funcionario del área de Ciencia y Tecnología en el gobierno del Frente de Todos, Daniel Filmus, se hizo presente en el Anexo C de la Cámara baja y señaló que “no vamos a permitir que la minería arrase con las reservas estratégicas de agua y afecten el futuro de las generaciones”. También afirmó que “defendemos el agua y el ambiente como un derecho y porque hubo una ley votada y aprobada por unanimidad”.

Con la misma impronta, consideró que “el agua no es de las provincias, son temas federales” y remarcó que “reabrir esta discusión, está perjudicando el agua y la posibilidad de la minería en el país”. Cabe recordar que Filmus era senador oficialista cuando se sancionó la Ley de Glaciares en 2010. “Espero que escuchen, lean los debates porque fueron dos años de debate y la Corte Suprema la avaló”, concluyó.

Con gran puntualidad, la Cámara de Diputados dio inicio este miércoles a las 10 de la mañana a la primera jornada de audiencias públicas por el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada por el oficialismo que ya cuenta con media sanción del Senado. La actividad se desarrolló en la Sala 2 del Anexo C y fue transmitida por los canales oficiales del cuerpo, con acceso para la prensa acreditada.

La convocatoria fue realizada de manera conjunta por las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, en el marco del expediente 0072–S–2025. El cronograma prevé también una segunda jornada este jueves, bajo una modalidad mixta que combina exposiciones presenciales, intervenciones remotas y presentaciones incorporadas al expediente en formato digital.

Estaba previsto que expusieran 196 de los más de 102 mil inscriptos, lo cual llevó a un reproche permanente de los críticos con que no pudieran hablar todos en la audiencia pública. Por eso, cuando a las 20.51 se anunciara el final de la jornada, no podía esperarse otra cosa que el estallido de los presentes. El titular de la Comisión de Recursos Naturales, José Peluc, dio por concluida la jornada y le pasó la posta a su colega Nicolás Mayoraz, presidente de Asuntos Constitucionales, que, ante las reacciones adversas, pidió paciencia y luego pidió por seis personas inscriptas para exponer. Aclaró que los nombrados -no estaban presentes todos- podrían hablar… pero ya no ante la audiencia, sino que grabarían un video con lo que quisieran decir y serían subidos los mismos a la plataforma correspondiente.

“La audiencia pública ha terminado -aclaró Mayoraz, entre gritos-. Graben en esta cámara el video que les vamos a subir. Al resto les ofrecemos fijarnos si estaban en el listado”.

La diputada de UP Sabrina Selva aclaró que quienes querían exponer tenían pulseras y habían sido agregados a un listado. “Usted dio su palabra de que iban a participar de la audiencia… Entiendo que no quiera que hablen, pero…”.

La diputada Lucía Cámpora también se puso al frente de las protestas y Mayoraz insistió en que la asamblea había terminado. “No lo decide usted”, le advirtió, aclarando que las personas tenían derecho a participar, pero insistió en que solo lo harían a través del video que se grabaría. Y dijo que las cintas solo los habilitaba a pasar, no a tomar parte de la audiencia pública. Esas personas ya estaban instaladas en sus lugares, y quien iba a hablar preguntó si tenían transmisión. En rigor, la misma había concluido, pero el canal Diputados TV seguía transmitiendo. Aunque eso duró breves instantes y finalmente esa transmisión también se cortó.

Bien temprano, en el inicio de la sesión, el propio Nicolás Mayoraz, había sido el encargado de dar detalles de cómo sería la audiencia, aclarando que la modalidad de participación se circunscribía a lo que establece el Acuerdo de Escazú, que exige que en los procedimientos legislativos que involucran cuestiones ambientales, se les dé participación a la ciudadanía.

En ese marco, advirtió una particularidad de Escazú: a diferencia de otros mecanismos de participación ciudadana, no se exige un interés relevante en la participación. Esto es: “Dice la ciudadanía –explicó-, con lo cual, cualquier ciudadano puede participar. Eso llevó a que nosotros no estableciéramos una restricción en la participación, y de hecho se anotaron ciudadanos comunes, que no representan a organizaciones de la sociedad civil, ni a organizaciones ambientales, ni algunos que pudieran acreditar un interés directo o específico sobre el tema”.

Mayoraz precisó que se había establecido la realización de dos jornadas públicas, una presencial y otra virtual, como así también la participación por escrito de quienes quieren llevar su voz a través de un video, o expresando por escrito la posición a través de un documento de no más de 10 páginas de extensión.

“Todo eso va a formar parte del expediente y van a tener igual tratamiento y consideración de los diputados”, añadió el presidente de Asuntos Constitucionales, que puntualizó que “aquellos que creen que la audiencia pública es la única manera que tienen para que los diputados los escuchen, están en un error. Todos pueden ver después todo el material. Todas las exposiciones van a formar parte del expediente”.

Luego Mayoraz se refirió a la impugnación presentada por diputados, la cual dijo que estaba dándosele curso y “será resuelta por los canales administrativos que correspondan”. En cuanto a las presentaciones judiciales, aclaró que “han sido todas rechazadas”.

Sobre el final anunció que la duración no tendría ya el límite de las 19 horas, como se había previsto, sino que se extendería lo necesario para que las casi 200 personas previstas para exponer este miércoles, y anunció que cada exposición se extendería 4 minutos, no 5 como se había previsto primero, lo cual generó el estallido de protestas. “El tiempo es finito -argumentó Mayoraz-. El reglamento nos permite extender el tiempo… Igualmente pueden, si se quedaron sin tiempo, mandar por escrito la ponencia o subir un video al canal oficial de YouTube.

El primer desbande

No llevaba una hora la audiencia cuando la misma se desmadró. Acababa de hablar César Rolando Flores, artesano orfebre, en representación de la organización Resistencia Diaguita, quien concluyó su enfático discurso advirtiendo que “podrán dictar todas las leyes que quieran, pero por Andalgalá no van a pasar”. Con ese clima encendido, un grupo de diputadas de Unión por la Patria se acercó al estrado donde estaban las autoridades para plantearles que había un grupo de personas que no podían ingresar. Encabezadas por Paula Penacca, llegaron Lucía Cámpora, Gabriela Estévez y Sabrina Selva. “Podemos hablar, pero le dejamos el uso de la palabra a la próxima expositora”, aclaró José Peluc.

“No pueden cortar la audiencia, la llamo al orden”, insistió el presidente de Recursos Naturales ante los planteos de Penacca, quien se dio vuelta y comenzó a explicarle a los presentes lo que sucedía, lo que fue reprendido por Peluc: “Estamos en la audiencia pública, usted no la va a ordenar, el presidente de la comisión soy yo”.

Llegó Mario Manrique, ya se habían agregado a los conciliábulos, por parte del oficialismo, Silvana Giudici y Alvaro Martínez. Finalmente llegaron a un acuerdo y se decidió que Mayoraz fuera con las diputadas a arreglar la situación. “Pero váyanse con Mayoraz, no se queden acá”, reclamó Peluc, que tras largos intentos pudo lograr que se reanudara la audiencia: “después de esta falta de respeto, le pido por favor, Marta Maffei, hacer su intervención”.

Las exposiciones

El primer orador de la audiencia de este miércoles fue Marcelo Arteaga, petrolero de Chubut, quien reclamó: "Esto no es una audiencia pública como corresponde, somos más de 100 mil los que queremos hablar". "Soy de Comodoro Rivadavia, donde buscando agua encontraron petróleo, se llevaron todo el petróleo, nos dejaron el pasivo ambiental. Hoy hay deslizamiento de tierras", resaltó y agregó que "los únicos dos arroyos están contaminados".

"El pueblo los va a recordar y los va a juzgar", apuntó contra los legisladores y advirtió que "hoy el litro de agua cuesta más que el combustible; en mi pueblo, de 7 días, 4 tenemos agua. Y que no se nos rompa el acueducto...". "¡El agua es vida, el agua es vida, el agua es vida!", cerró.

Luego fue el turno de algunos funcionarios provinciales, como la secretaria de Ambiente de La Pampa, Vanina Basso, quien manifestó la postura en contra de su provincia a la reforma la ley. En contraposición, el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Emilio Fernández, que alentó la modificación.

En medio de una mayoría en contra del proyecto, se escuchó entre los primeros expositores al ingeniero y glaciólogo Gabriel Cabrera, exintegrante del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. "La ley es defectuosa, no coincide con lo asesorado por el IANIGLA", aseguró y dijo que "el ambiente periglacial está mal definido en la ley, directamente no está definido, es abstracto jurídicamente".

"El IANIGLA viene inventariando glaciares en el ambiente glaciar y glaciares de escombro en el ambiente periglacial, no otra cosa que no tiene función hídrica", precisó y recordó que desde la sanción de la ley, en 2010, "solo se llevó a cabo el nivel I del Inventario, que en realidad es el único necesario". Sobre el inventario, señaló que "está muy bien hecho, con una altísima honestidad intelectual, pero es preliminar. Y debe ser revisado por los habitantes, por los que están en las provincias".

Rolando Flores, de Resistencia Diaguita, oriundo de Andalgalá (Catamarca), comenzó: "400 años de saqueo en nuestro territorio para que nos den cuatro minutos. O sea, un minuto por 100 años". "Nosotros conocíamos la minería y realizábamos nuestro trabajo como ofrenda para nuestros dioses. En cambio, ustedes, buscan los minerales para entregarlos al único dios que reconocen ustedes, que es el capitalismo", manifestó.

Y continuó: "Nosotros venimos a decirles que ustedes, que representan el Estado nacional, que elaboran leyes que no respetan ni cumplen. Así fue con la Ley de Glaciares". "Hay elementos técnicos y científicos de sobra para cuestionar la modificación de la ley", aseveró y finalizó alertando que "pueden dictar las leyes que quieran, pero por Andalgalá no van a pasar".

Autora de la ley original, la exdiputada Marta Maffei tuvo una fuerte exposición en contra del proyecto, el cual definió como "absolutamente regresivo". Pocos minutos después habló Adolfo Pérez Esquivel, referente de derechos humanos y Premio Nobel de la Paz, quien dijo que él visitó países "que no tienen agua" y donde "el agua vale más que el oro".

"El agua no es una mercancía, es un derecho y este derecho se le quiere quitar al pueblo", advirtió y recordó que en nuestro país ya "hay zonas donde el agua está restringida". Tras quejarse de la participación limitada ante la gran cantidad de inscriptos, subrayó que "esta convocatoria viola lo dispuesto por el Acuerdo de Escazú" y la legislación que garantiza la voz de los pueblos indígenas.

Pérez Esquivel insistió que "lo que está en juego es que los pueblos indígenas puedan preservar su cultura", al tiempo que denunció una "presión del gobierno de los Estados Unidos de imponer esta ley". "Hay una violación sistemática del derecho del pueblo, por favor piensen cuando voten qué votan", finalizó.

A su turno, Juan Nápoli, director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, sostuvo que este formato de audiencia pública "no respeta" los principios de "participación abierta, inclusiva, no discriminatoria y transparente" el Acuerdo de Escazú. "Es una audiencia un poco fraudulenta", añadió.

Sobre el proyecto, argumentó que "es claramente inconstitucional, regresivo y hasta diría yo un poco engañoso". "Cuando esto se ponga en marcha ya no va a haber presupuestos mínimos y mucho menos uniformidad, porque las provincias van a poder establecer lo que les parezca", manifestó y señaló que "el federalismo bien entendido comienza por respetar la Constitución Nacional, no por violarla flagrantemente".

Para Nápoli, "este proyecto busca seguridad jurídica para los inversores, no para la población". "La única seguridad que van a tener es que va a haber cientos de demandas, un litigio abierto por mucho tiempo, y que por cada glaciar que quieran sacar se van a presentar los cientos de miles que quedaron afuera", enfatizó y concluyó: "La Ley de Glaciares no necesita ni modificarse, ni interpretarse, necesita ser cumplida".

En su intervención el director de Greenpeace Argentina, Diego Salas, alertó que “lo que está en juego acá es el agua”, y cuestionó los argumentos que el oficialismo “se agarra” para defender la modificación de la Ley de Glaciares. En ese sentido, indicó que el Gobierno “se agarra del federalismo, pero la Ley es el claro ejemplo y producto del federalismo que nació en este recinto que fue elaborada tras un año de debate. Es un ejemplo de protección en el país”.

“Las provincias puede ser dueñas y pueden tener potestad de los cuerpos de hielo, pero el recurso del agua es del país porque atraviesa muchas provincias los ríos de las cuales viven más de 7 millones de personas. Economías regionales y ecosistemas únicos necesitan del agua del ambiente glaciar y del periglaciar. No hay federalismo más grande que respetar la Ley de Glaciares que asegura las reservas de agua dulce estratégicas”, planteó y apuntó: “Quieren pasar un criterio científico a un criterio político”.

Salas también hizo referencia a la relevancia hídrica: “Todo ambiente periglaciar es igual de importante que cualquier otro ambiente periglaciar que está en juego. No darle la importancia a cada uno de los ambientes es no entender que esto funciona como un sistema integrado, no podemos permitir que esta modificación sea de un criterio político porque es retroceso ambiental, eso es inconstitucional”.

La exsenadora nacional Eugenia Catalfamo indicó que el Estado “no puede bajo ningún aspecto tomar decisiones estratégicas si no tiene formación, ni conocimiento, ni responsabilidad intergeneracional”, y señaló que “no hay bandera política cuando se trata de algo que es transversal a cada uno y va más allá como poder preservar el ambiente”.

Como autora de la Ley Yolanda comentó que habla de la capacitación y formación en materia ambiental, en cambio climático y desarrollo sostenible para todos los agentes de la administración pública nacional y preguntó: “¿Cuántos de ustedes han sido formados en el marco de la Ley Yolanda desde el 2023? ¿De qué manera pretenden poder legislar en materia ambiental si no están formados ni capacitados?”. Por último, bregó para que en Diputados no suceda lo mismo que en el Senado: "Espero que le digan no a la modificación de la Ley de Glaciares porque nos va a perjudicar. Por favor piensen hacia adelante, esto no tiene nada que ver con el desarrollo si no hay preservación ambiental".

La Cámara de Diputados pondrá en marcha este miércoles 25 de marzo, a partir de las 10, la primera jornada de audiencias públicas para el tratamiento del proyecto de modificación de la Ley de Glaciares, impulsado por el oficialismo y con media sanción del Senado. La actividad se desarrollará en la Sala 2 del Anexo C, será transmitida por los medios oficiales de la Cámara y contará con la cobertura de la prensa acreditada.

La audiencia es convocada de manera conjunta por las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, en el marco del expediente 0072–S–2025, y se extenderá también al jueves 26, con una modalidad mixta que combina exposiciones presenciales, intervenciones remotas y presentaciones registradas en formato digital.

Según la organización definida por las autoridades parlamentarias, las exposiciones presenciales del miércoles estarán a cargo exclusivamente de aquellas personas que fueron notificadas previamente por correo electrónico. El ingreso a la Cámara de Diputados se habilitará a las 9 y se realizará por la intersección de las calles Mitre y Riobamba. Solo podrán acceder a la sala quienes hayan sido fehacientemente notificados, mientras que el resto de los inscriptos fue informado sobre las modalidades alternativas de participación disponibles.

Tal como establece el reglamento, todos los diputados nacionales podrán ingresar a la sala donde se desarrollará la audiencia, independientemente de si integran o no las comisiones convocantes. Esta aclaración vale, por cuanto una información falsa había indicado que solo estarían autorizados a participar los miembros de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, por “razones de aforo”, cosa que se da de bruces con el reglamento de la Cámara. No obstante, para garantizar la comodidad de los expositores y de los legisladores, y debido a las limitaciones de espacio, se solicitó a los bloques políticos restringir la presencia de asesores al número que les fue comunicado oportunamente por la Secretaría Parlamentaria.

La primera jornada contará con unas 180 exposiciones presenciales, mientras que otras 180 intervenciones se realizarán de manera virtual el jueves 26. Ante la magnitud del interés ciudadano, el horario originalmente previsto, de 10 a 19, fue ampliado para permitir cerca de 200 exposiciones diarias, lo que llevará a que el proceso completo insuma más de 28 horas de audiencia.

Suspensión rechazada

El inicio de las audiencias se produce luego de que la Justicia rechazara un pedido de suspensión presentado por organizaciones ambientalistas. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, consideró que no se acreditó la verosimilitud del derecho invocado para frenar un acto parlamentario y dejó firme el cronograma definido por Diputados.

El registro cerró con un total de 102.116 personas inscriptas, una cifra inédita para una audiencia pública en el Congreso. Además de las exposiciones en vivo, todos los anotados tuvieron la posibilidad de presentar ponencias por escrito o a través de videos de hasta cinco minutos, material que quedó incorporado de manera permanente al expediente legislativo como antecedente del debate.

Las autoridades de la Cámara explicaron que las exposiciones presenciales y virtuales fueron asignadas a los primeros inscriptos de cada jurisdicción, con el objetivo de asegurar la representación de las 24 provincias. Ese criterio fue cuestionado por sectores de la oposición y por organizaciones ambientales, planteos que derivaron en las acciones judiciales finalmente rechazadas.

Concluidas las audiencias públicas, el oficialismo prevé avanzar con la firma del dictamen durante la primera semana de abril y llevar el proyecto al recinto en forma inmediata, en un debate que promete ser uno de los más sensibles del año en materia ambiental y constitucional.

Con el cierre definitivo de las inscripciones y más de cien mil personas anotadas, la Cámara de Diputados avanzará esta semana con las audiencias públicas por la modificación de la Ley de Glaciares, luego de que la Justicia rechazara un pedido para suspenderlas. El proceso, impulsado por el oficialismo, se desarrollará los días 25 y 26 de marzo bajo un esquema mixto de exposiciones presenciales, virtuales y presentaciones registradas por escrito o en video.

Consumado el plazo de inscripción, el total definitivo de anotados ascendió a 102.116 personas, una cifra inédita para una audiencia pública en el Congreso. En ese marco, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, rechazó la medida cautelar solicitada por organizaciones ambientales que pretendían frenar el proceso por considerar restrictiva la modalidad de participación.

De esta manera, quedó firme la realización de las audiencias convocadas por las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, presidida por el sanjuanino José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, encabezada por el santafesino Nicolás Mayoraz. El magistrado sostuvo en su fallo que la parte actora no logró demostrar “la verosimilitud del derecho invocado con el grado de evidencia requerido” como para suspender un acto parlamentario, y avaló así la continuidad del cronograma previsto.

Según pudo corroborar parlamentario.com, el esquema definido contempla un total de 360 expositores, distribuidos equitativamente entre ambas jornadas: 180 participarán de manera presencial el miércoles 25 y otros 180 lo harán en forma remota el jueves 26. Ante la magnitud del interés generado, el horario originalmente previsto, de 10 a 19, será extendido para garantizar cerca de 200 intervenciones diarias, lo que demandará más de 28 horas de audiencia en total.

Para ordenar la participación de los más de cien mil inscriptos, las autoridades de la Cámara baja implementaron un sistema que combina exposiciones en vivo con la posibilidad de presentar ponencias a través de una plataforma digital. Todos los anotados pudieron cargar un video de hasta 5 minutos o un escrito que quedará incorporado de manera permanente al expediente legislativo como antecedente del debate. Ese material fue canalizado a través del canal oficial de YouTube de Diputados, donde los participantes debieron consignar sus datos personales, provincia de origen y el enlace a su intervención.

Las exposiciones presenciales y virtuales quedaron reservadas para los primeros inscriptos de cada jurisdicción, con el objetivo de garantizar representación de las 24 provincias. Este criterio fue uno de los principales cuestionamientos de sectores de la oposición y de organizaciones ambientalistas, que denunciaron una supuesta “exclusión” en la audiencia y promovieron acciones judiciales que finalmente no prosperaron. 

“Se cumple el marco legal al pie de la letra”

Tras conocerse el fallo judicial, desde el oficialismo remarcaron que todas las provincias tendrán representación asegurada tanto en las instancias presenciales como virtuales. Mayoraz defendió la modalidad adoptada y sostuvo que “el marco legal es claro y se cumple al pie de la letra”, al tiempo que consideró que los plazos establecidos fueron razonables y que toda la información necesaria para participar fue puesta a disposición de la ciudadanía de manera clara y oportuna, en línea con lo previsto por el Acuerdo de Escazú.

“Los que hablan de exclusión deberían explicar qué entienden ellos por participación, porque esto es lo más federal e inclusivo que se haya visto en el Congreso”, enfatizó el titular de Asuntos Constitucionales, quien también aseguró que las maniobras para boicotear el proceso “fracasaron” frente al nivel de involucramiento ciudadano. Según anticipó, todos los aportes recibidos serán analizados e integrados al debate legislativo.

🧵1/9 🏔️ "¡¡LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS POR LA LEY DE GLACIARES SON ILEGÍTIMAS!!". Eso es lo que te hacen creer un grupo minúsculo de ONGs y CHARLATANES DE FERIA que intentaron BOICOTEAR este proceso trascendental de participación ciudadana. Pero NO LO LOGRARON: la justicia federal… pic.twitter.com/b98O0q5BH5

— Nicolás Mayoraz (@NicolasMayoraz) March 20, 2026

Criterios de presencialidad

La organización de las audiencias también incluyó restricciones de acceso para garantizar el funcionamiento del encuentro. Las sesiones se realizarán en la Sala del Anexo C de la Cámara de Diputados y solo podrán ingresar los diputados integrantes de las comisiones convocadas. Cada bloque contará con un máximo de dos asesores designados por su Secretaría Parlamentaria, en función del aforo disponible.

El proyecto de modificación de la Ley de Glaciares llegó al Congreso durante el primer tramo de sesiones extraordinarias de diciembre pasado, impulsado a partir de los lineamientos del Consejo de Mayo. Aunque quedó relegado inicialmente por el tratamiento del Presupuesto 2026, obtuvo media sanción en el Senado el 18 de diciembre y fue retomado en Diputados tras el avance de la Ley de Modernización Laboral, logrando media sanción en la Cámara baja el pasado 26 de febrero.

Durante el debate en Diputados, la oposición reclamó la aplicación de normas ambientales y constitucionales vinculadas al derecho a un ambiente sano y a la participación ciudadana, planteos que no habían sido invocados en el tratamiento previo en el Senado. Concluidas las audiencias públicas, el oficialismo prevé avanzar con la firma del dictamen durante la primera semana de abril y llevar el proyecto al recinto de manera inmediata.

Consumado el cierre de las inscripciones, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5 rechazó el pedido de suspensión de las audiencias públicas presentado por organizaciones ambientales. De esta manera, Nicolás Mayoraz, en su rol de presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dejó firme la realización de las jornadas de debate público para este 25 y 26 de marzo.

Según corroboró parlamentario.com, las jornadas de audiencias públicas tendrán un total de 360 expositores: serán 180 en el formato presencial y otros 180 de manera virtual. Cabe destacar que el total de inscriptos alcanzó una cifra superior a las 100.000 personas. El horario de 10 a 19 establecido originalmente se extenderá con el fin de garantizar las casi 200 intervenciones de cada jornada.

La modificación a la Ley de Glaciares tiene giro a las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente (cabecera), presidida por el sanjuanino José Peluc, y a Asuntos Constitucionales, a cargo del santafesino, quien a través de X comunicó que “el marco legal es claro y se cumple al pie de la letra”.

Además, defendió la postura de La Libertad Avanza y consideró que "el plazo es más que razonable"; que "toda la información necesaria para participar fue puesta a disposición de la ciudadanía en forma clara y oportuna, tal como lo dispone el art. 7.4 del Acuerdo de Escazú"; y que "no se dispuso ningún criterio restrictivo de participación".

2/9 ⚖️ EL MARCO LEGAL ES CLARO Y SE CUMPLE AL PIE DE LA LETRA. El proceso se rige por el ACUERDO DE ESCAZÚ (el marco internacional específico en participación ambiental) y por el art. 114 bis del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se cumplen TODOS los recaudos exigidos. El…

— Nicolás Mayoraz (@NicolasMayoraz) March 20, 2026

El juez federal Enrique Alonso Regueira rechazó la medida cautelar solicitada por Jonatan Baldiviezo, quien se pronunció en representación de la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad. En el fallo, el magistrado señaló que "la parte actora no alcanza a demostrar la verosimilitud del derecho que invoca -al menos con el grado de evidencia que se requiere- para suspender los efectos de un acto parlamentario".

Luego de que se conociera el rechazo del juez Alonso Regueira, el oficialismo remarcó que "todas las provincias tienen representación garantizada en las instancias en vivo, de forma presencial y virtual". Además, Mayoraz anticipó que serán "más de 28 horas de audiencia y más de 100.000 participantes".

"Los que hablan de 'exclusión' deberían explicar qué entienden ellos por participación, porque esto es lo más federal e inclusivo que se haya visto en el Congreso", enfatizó en referencia a la postura de la oposición y de las organizaciones ambientales que no ocultaron su malestar por la modalidad.

Finalmente, el titular de Asuntos Constitucionales en la Cámara baja sumó: "Los que quisieron boicotear este proceso fracasaron. Y fracasaron porque la ciudadanía fue más fuerte que cualquier maniobra". "Escucharemos a cada uno de los que participen, integraremos sus aportes al proceso legislativo y trabajaremos para lograr la mejor ley posible del 'Congreso más reformista de la historia'".

El camino de la modificación

La modificación a la Ley de Glaciares llegó al Congreso para el primer tramo de sesiones extraordinarias en diciembre pasado impulsada por el aporte del Consejo de Mayo. Sin embargo, quedó relegada por el debate de la Ley de Presupuesto 2026, aunque quedó despachada en la Cámara alta el 18 de diciembre.

Para el segundo tramo de extraordinarias convocado por Javier Milei, la reforma ambiental quedó en segundo plano por la Ley de Modernización Laboral. De todos modos, el texto fue modificado y logró la media sanción el jueves 26 de febrero.

Durante el tratamiento en el Senado, la oposición -que optó por no participar del tratamiento en desacuerdo por la conformación de comisiones- no invocó al artículo 41 de la Constitución Nacional, a la Ley General del Ambiente (arts. 2, 19, 20 y 21) ni al Acuerdo de Escazú (Ley 27.566) que si solicitaron en la Cámara baja Maximiliano Ferraro, Provincias Unidas, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.

Con más de 100.000 inscripciones, las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente y Asuntos Constitucionales ratificaron la posibilidad de cargar la exposición de forma virtual y dieron lugar a 360 expositores que se dividirán en ambas jornadas.

A razón de la presencia multitudinaria de expositores, el oficialismo resolvió que las audiencias públicas se lleven a cabo en la Sala del Anexo C de la Cámara de Diputados. Cada bloque podrá contar con la presencia de un máximo de dos asesores presentes. Finalmente, La Libertad Avanza tiene un boceto para pasar a la firma el despacho la primera semana de abril e ir al recinto de inmediato.

Un grupo de fundaciones ambientalistas presentaron ante la Justicia una medida cautelar para que se le ordene al Congreso "garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos" para las audiencias públicas sobre la reforma de la Ley de Glaciares. Al mediodía de este viernes, último día para anotarse, la lista ascendía a casi 100 mil.

Tal como adelantó parlamentario.com, las organizaciones realizaron la presentación este jueves, la cual recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7, a cargo de Enrique Lavié Pico.

El escrito fue impulsado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Red Universitaria por la Crisis Climática (RUCC), el Centro de Estudios de Políticas Ambientales (CEPA), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la Fundación Greenpeace Argentina.

En la presentación, las fundaciones solicitan "la readecuación del cronograma de audiencias previsto para el 25 y 26 de marzo, mediante su ampliación y/o realización de jornadas adicionales, así como la adopción de todas las medidas organizativas necesarias para permitir la participación oral y efectiva de las personas inscriptas".

"En particular, se requiere que el Congreso se abstenga de implementar mecanismos que sustituyan o restrinjan la participación oral -como su reemplazo por presentaciones en formato audiovisual y/o el envío de un video a YouTube- por resultar incompatible con los estándares más elementales de participación pública", reclamaron en relación al formato diseñado desde las autoridades de las comisiones competentes de la Cámara de Diputados.

Asimismo, solicitaron la designación de veedores judiciales que supervisen el desarrollo de la audiencia, tanto presencial como virtual, "a fin de garantizar su adecuada realización conforme a los estándares establecidos en el Acuerdo de Escazú".

Anticipando que, de no garantizarse la readecuación del cronograma, plantearán la nulidad del formato adoptado y "de toda irregularidad o vicio que acontezca durante la audiencia pública", en el escrito apuntaron que "para el caso de no poder garantizarse de modo inmediato el derecho de participación en condiciones adecuadas, se solicita el dictado de una medida cautelar de no innovar que disponga la suspensión del trámite parlamentario y del debate en el recinto del mencionado proyecto de ley, hasta tanto se respete el principio de oralidad y la participación social integral".

Además, reclamaron darle celeridad al tratamiento de la medida cautelar ante "el peligro inminente que acecha sobre la participación social y la libertad de expresión de la ciudadanía, la cual podría verse censurada por una ilegal conducta estatal".

"De permitir que esto suceda, las audiencias públicas se verán convertidas la semana próxima en un mero simulacro de participación, atentando contra la democracia ambiental y violando nuestro derecho vigente", agregaron y remarcaron que "resulta sumamente extraño que se apresure tanto el procedimiento cuando no existe ninguna explicación en los fundamentos del proyecto de ley de por qué motivo se busca debatir a las apuradas sobre una cuestión tan elemental como lo es el derecho humano al agua".

En otro párrafo, indicaron que "si bien la extraordinaria cantidad de personas inscriptas configura sin duda un desafío organizativo para el desarrollo de la audiencia pública, tal circunstancia no puede erigirse en fundamento válido para restringir el derecho de participación previamente reconocido a la ciudadanía".

El diputado nacional Máximo Kirchner (Unión por la Patria) encabezó un encuentro en la sede del PJ Nacional, bajo la consigna "Soberanía sobre las aguas: Ley de Glaciares", respecto de la reforma sobre esta norma que se encuentra en debate en el Congreso.

El evento fue organizado por las secretarías de Ambiente y de Juventud del Partido Justicialista. En la mesa también estuvieron los exdiputados Florencia Lampreabe, Daniela Vilar y Leonardo Grosso. Y participaron los legisladores Eduardo Valdés, Teresa García, Sabrina Selva y Lucía Cámpora, entre otros.

"¿Por qué flexibilizar la Ley de Glaciares? ¿Por tipos que no van a colaborar porque el RIGI les permite a los cuatro años llevarse los dólares sin dejar nada en Argentina?", se preguntó el hijo de la expresidenta y agregó: "¿Vamos a prender fuego todo por nada? ¿Vamos a romper los glaciares, nuestros ríos, nuestros lagos, por nada? ¿Por qué sí? ¿Para tener más desocupación como pasa ahora incluso?".

En ese sentido, el legislador apuntó que "este modelo económico no va a funcionar ni con la desnutrición de cientos de miles de pibes en Argentina. Esto es lo que tiene que entender la sociedad argentina. No va a funcionar. No nos oponemos porque quien formula las ideas se llama Javier Milei. Nos oponemos a estas ideas, la formule Milei o Magoya. Esto hay que entender. Esto es una discusión de una profundidad que nuestro país necesita tener. Porque si no, no vas a tener país".

"Una de las cuestiones primarias para dudar de lo que quieren hacer con los glaciares es precisamente el fracaso del RIGI y la Ley Bases. Ellos dijeron 'esto va a generar trabajo'. Bueno, todo eso es mentira. Y no porque lo diga yo es mentira, sino por los números de las estadísticas oficiales de nuestro país, que empiezan a demostrar todas las falencias de estas leyes y a quienes favorecían y para quienes estaban hechas", observó.

Para Kirchner, avanzar con la reforma de la Ley de Glaciares "es jugar con cosas que no tienen repuesto". "No es que se destruye -continuó- un área periglacial o parte de los glaciares, cambia el gobierno y porque volvemos a tener esta ley, el glaciar vuelve a aparecer. Hay daños que son irreversibles a lo largo y ancho de nuestro país, hay procesos de desertificación o provincias que tienen graves y profundos y grandes problemas como desertificación".

"Puede ser que al Presidente no le guste contemplar un glaciar y a nosotros sí. No desconozco la actividad minera ni las inversiones. Ahora, tampoco quiero que desconozcan los glaciares, las áreas periglaciares y los modos de vida, y cómo colabora eso también con lugares hermosos. Son lugares realmente hermosos", valoró.

Al referirse a cómo la actividad minera funciona en Argentina sin la modificación de la Ley de Glaciares, detalló: “En el año 2015 Santa Cruz exportaba por 1.520 millones de dólares, y en el 2025, 2.124 millones aproximadamente. Sin Ley de Glaciares: 700 millones de dólares más. San Juan, de 948 millones en el 2015, baja a 748 en 2019, sube a 901 en el 2023, y ahora está en 1.475, oro, crece. Jujuy 95 millones de dólares exportaba en el 2015, hoy son 945 sin que se modificara la Ley de Glaciares. No entendería por qué algún diputado o diputada jujeña debería votar a favor de la modificación de la Ley de Glaciares si vemos cómo con esta ley ha crecido la inversión y la extracción en su provincia, litio y plata. Salta de 143 a 797 millones".

En cuanto al empleo, el diputado repasó las cifras vinculadas a la minería: "Desde 2015 promedio anual de trabajadores registrados en 2015 tenemos 87.459; en 2019 tenemos 85.213; en 2023 llegamos a 92.624 y para 2025 estamos en 89.511. O sea, desde 2015 a 2025, diez años y unos 2.000 empleos más. Y eso que el 2025 viene con RIGI y todo. ¿Ustedes vieron cómo creció la cantidad de dinero que generaron las exportaciones? Sin embargo, el empleo no crece, crece muy poquito. Crece muy poquito. Vuelvo con lo mismo, esto para aquellos que dicen que ustedes al no apoyar la modificación de la Ley de Glaciares están en contra del trabajo y de generar empleo para ese interior pujante".

En su alocución, el líder de La Cámpora consideró que "buscan separarnos, balcanizarnos bajo una falsa figura de federalismo que no es más que provincialismo, es parte de la tarea que hacen para dividir a países como los nuestros. Hay que ser francos y honestos en esta discusión, no solo para defender los glaciares, no solo para defender los trabajadores y las trabajadoras, no solo para defender a los pibes y pibas, sino para defender aquello que nos une: nuestro territorio, nuestra tierra, nuestros mares, nuestros lugares, por donde andamos, donde nacemos, donde seguramente transitemos toda nuestra vida hasta que el Creador nos cita la entrega, como decía el cantante. Defender un concepto de compartir de idiosincrasia, de cultura, de sociedad, de manera de entendernos. ¿Qué es lo que nos une? Porque nos quieren desarmar. Porque nos quieren dividir".

Organizaciones ambientalistas nos dicen que la reforma de la Ley de Glaciares pone en riesgo las fuentes de agua de millones de argentinos. Greenpeace les pide a los legisladores que “no se caguen en el agua”.  El debate suele ser ilustrado con imágenes del imponente glaciar Perito Moreno. Falsedades que, por apelar a nuestros sentimientos y general desconocimiento, desvían el foco de la urgente necesidad de aclarar los alcances de la ley.

Ni el Perito Moreno está en peligro (al menos no por la minería), ni las comunidades dependen del agua contenida en las formas criogénicas (glaciares de escombros, manchones de nieve, o el mal llamado ambiente periglacial) cuyas definiciones y alcances sí están en discusión.

Para empezar, falsas creencias basadas en mensajes alarmistas sobre la disponibilidad de agua dulce en general han difundido temores en la opinión pública.  A los eslóganes tales como "el agua vale más que el oro" y “Malbec o cianuro” que se usan para atacar a la minería, se suman otros, más generales, como "las próximas guerras serán por el agua".  Sobre este último tema se han publicado libros enteros que afirman, entre otras cosas, que nuestros acuíferos son codiciados por potencias extranjeras.

Un simple análisis sirve para refutar esto: el Río de la Plata descarga al mar una cantidad de agua dulce equivalente al uso doméstico de los mil millones de personas que habitan las Américas, desde Tierra del Fuego hasta Alaska. Si alguna nación quisiera apropiarse de agua dulce, sólo tendría que visitar la desembocadura de éste u otros ríos con buques cisterna y llevarse el agua que vemos pasar.

Además del Río de la Plata, Argentina cuenta con ríos y acuíferos subterráneos más que suficientes para desarrollar nuestros recursos (agropecuarios, minerales, energéticos, etc.) sin desatender las necesidades de la población ni de su crecimiento en las generaciones futuras.  Tenemos un país donde no hay escasez de agua.  En los lugares donde el agua no alcanza, lo que falta es planificación e inversión.

Según la Academia Nacional de Ingeniería (informe de 2021), en las provincias mineras argentinas, el uso de aguas del sector minero equivale al 1% del total. Este 1% es menor que el margen de error en la medición del uso agropecuario (80%) y de sus pérdidas por ineficiencia (40% del total), especialmente en las provincias de Cuyo y NOA donde se practica el riego por manto.  Por otro lado, la minería recicla la mayor parte del agua que consume y tiene la posibilidad de usar aguas salobres o saladas, no aptas para riego ni consumo humano.

La mina más grande de la historia argentina, (Bajo de la Alumbrera, en Catamarca) fue blanco de críticas por su consumo de agua.  Sin embargo, nunca afectó a terceros ni secó ríos como se intentó difundir. Cálculos independientes indican que la mina de cobre consumía el mismo volumen de agua que una plantación de olivos de 800 hectáreas regadas por goteo (o una finca pequeña regada por manto), en una zona donde existen decenas de miles de hectáreas de olivos en producción.

Nuestras minas más grandes de oro y de litio consumen una cantidad de agua equivalente a fincas agrícolas de 50-100 hectáreas. El desarrollo de una nueva mina, de las más grandes de Argentina, en la cordillera, no sería detectable midiendo los caudales de los ríos aguas abajo.

Es la política y no la disponibilidad de aguas la que limita el desarrollo de la minería argentina. Por ejemplo, Chile, Perú o los estados norteamericanos de California, Nevada y Arizona, con clima y geografías similares a nuestras zonas potencialmente mineras, tienen minería a gran escala desde hace más de 100 años. Sin leyes de glaciares ni las catástrofes que predicen (cabe recordar las predicciones fallidas sobre las pasteras del río Uruguay) quienes defienden el statu quo de la actual ley.

Hay quienes presentan el debate sobre la reforma de la ley de glaciares como un dilema moral, una elección entre desarrollo y medio ambiente, agua o minería. Simplemente, no lo es.  Más allá de los interesantes debates legal y jurisdiccional (más o menos federalismo), el tema específico de las fuentes de agua no necesita de más polarización ni falsas alarmas.  Es necesario legislar en base a datos y sentido común.

Luego de días en los que el Gobierno estuvo en el centro de la polémica por los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las nuevas revelaciones en el caso $LIBRA, la Mesa Política se reunió este martes en Casa Rosada para delinear la agenda parlamentaria que impulsará el oficialismo.

El ritmo "a todo trapo" de las extraordinarias en el Congreso no fue el mismo que hasta ahora exhibió el mes de marzo, a pesar de que en la apertura de sesiones ordinarias el presidente Javier Milei habló de un conjunto de reformas que pondría a trabajar full time al Parlamento.

Tras la reunión encabezada por Adorni, el propio jefe de Gabinete anunció públicamente cuáles son los temas que se priorizarán y enviarán. Entre ellos figura en primer lugar la reforma del Código Penal de la Nación, un tema que había sido incluido en las extraordinarias, pero todavía no ingresó. Entraría por el Senado.

Luego se encuentran modificaciones relacionadas a la Ley de Expropiaciones, la Ley de Tierras, la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Integración Socio-Urbana. Se trata de un conjunto de temas que fueron parte de las propuestas elaboradas por el Consejo de Mayo.

También se encuentra la reforma de la Ley de Glaciares, que cuenta con media sanción del Senado, y la Cámara de Diputados se prepara para las audiencias públicas que se llevarán adelante el 25 y 26 de marzo. La convocatoria desbordó y solo se escuchará a una porción de los miles de inscriptos. Según dispuso La Libertad Avanza, todos los anotados podrán enviar sus exposiciones por escrito o por video.

El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido la conformación del nuevo paquete de leyes que enviará al Congreso Nacional:

- Modificación del código penal, poniendo foco en el endurecimiento de las penas

- Leyes sobre propiedad privada: la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley…

— Manuel Adorni (@madorni) March 17, 2026

Además, el jefe de Gabinete dijo que se avanzará con modificaciones a la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario "para compatibilizarlas con el equilibrio fiscal". Se trata de dos normas que en su momento el Presidente Javier Milei vetó y el Congreso insistió, pero que todavía no se aplican y están judicializadas.

En el caso de Financiamiento Universitario, reclamo por el cual esta semana hay paro en las universidades, el proyecto de modificación fue enviado por el Poder Ejecutivo en febrero pasado y se incorporó a extraordinarias, pero todavía no se debatió.

La reunión de la Mesa Política se llevó a cabo en la mañana de este martes en la planta baja de Casa Rosada. Además de Adorni participaron los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el número dos de Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem; la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

También fue de la partida la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien tras ese encuentro mantuvo otro con los Menem, Santilli y el presidente del bloque oficialista en Diputados, Gabriel Bornoroni, con el foco puesto sobre el debate de la reforma de la Ley de Glaciares.

Diputados de la oposición denunciaron que las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados resolvieron limitar la participación en la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares, prevista para el 25 y 26 de marzo. Según afirmaron, los presidentes de ambas comisiones, José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente, enviaron una nota en la que anticipan que reemplazarán exposiciones presenciales o virtuales por ponencias escritas o videos, una decisión que para la oposición “vulnera” el procedimiento y transforma la audiencia en una reunión meramente informativa.

La diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva sostuvo que esa resolución no se condice con el Reglamento de audiencias públicas ni con el Acuerdo de Escazú, que obliga a garantizar participación amplia, efectiva y no restrictiva. “La enorme participación lo requiere”, afirmó, y advirtió que en ningún punto de la convocatoria se establece la posibilidad de modificar la modalidad de intervención de las personas inscriptas de forma discrecional.

La controversia surge en un contexto inédito: a una semana de abierta la inscripción ya se han registrado más de 40 mil anotaciones, tanto presenciales como virtuales. El número supera cualquier antecedente cercano: en 2018, cuando se realizaron audiencias sobre la legalización del aborto, participaron alrededor de mil expositores entre ambas cámaras a lo largo de varios meses.

Las jornadas están previstas para el miércoles 25 de marzo, en modalidad presencial, y el jueves 26, de manera remota. Ante el volumen de inscriptos, la oposición exigió este martes al presidente de la Cámara, Martín Menem, y a las autoridades de ambas comisiones que amplíen los días destinados a las exposiciones. Desde el oficialismo, en cambio, evitaron confirmar si habrá modificaciones y solo señalaron que intentarán “no ser restrictivos”.

La disputa se agravó luego de que diputados opositores denunciaran que el registro de inscriptos no se encontraba disponible públicamente. Menem terminó publicando el listado el miércoles por la tarde en la página oficial de Diputados.

La reforma a la Ley de Glaciares ya cuenta con media sanción del Senado, que la aprobó a fines de febrero por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. A diferencia de otros proyectos impulsados por el oficialismo con trámite acelerado, como la Modernización Laboral o el Régimen Penal Juvenil, La Libertad Avanza decidió demorar el avance hacia el recinto en este caso, en medio de advertencias sobre una posible judicialización si no se cumple con las audiencias obligatorias previstas tanto en la Ley de Ambiente 25.675 como en el Acuerdo de Escazú.

La iniciativa, promovida por el Poder Ejecutivo a pedido de gobernadores de provincias cordilleranas, propone redefinir qué se considera glaciar y ambiente periglacial, y otorgar a las jurisdicciones el poder de determinar, mediante estudios técnicos, qué áreas deben ser incluidas o retiradas del Inventario Nacional elaborado por el IANIGLA. Para Selva y otros legisladores opositores, la magnitud de la participación ciudadana evidencia la necesidad de ampliar las jornadas y garantizar un proceso sin arbitrariedades.

A una semana de que las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados resolvieran convocar a audiencias públicas en torno al proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, ya se anotaron más de 27 mil personas.

La inscripción, que se puede hacer tanto de manera personal como virtual, continuará hasta el próximo 20 de marzo. En tanto, las jornadas están previstas para el miércoles 25, de manera presencial, y el jueves 26, vía remota.

Ante la enorme cantidad de interesados en participar, la oposición solicitó este martes a Martín Menem, presidente de Diputados, y autoridades de las comisiones que se amplíen los días de audiencias.

Desde el oficialismo, por su parte, no confirman que vayan a extenderse los días, aunque dicen que buscarán “no ser restrictivos”. Pero lo cierto es que el volumen de inscriptos supera cualquier cronograma que se pueda pensar. Como ejemplo de ello, durante 2018 hubo audiencias en torno a la legalización del aborto: participaron aproximadamente 1.000 expositores entre ambas cámaras y duró meses.

Diputados de la oposición también habían reclamado a Menem “esconder” el registro de inscriptos. Finalmente, en la tarde de este miércoles se publicó el listado en la página web de Diputados.

HISTÓRICO

27.837 inscriptos en la Audiencia Pública por la Ley de Glaciares.

Dato: en el debate por la IVE hubo 15 días de audiencias y 738 inscriptos. pic.twitter.com/AQjmdjXifZ

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) March 11, 2026

Pese al ritmo exprés que tuvo la Modernización Laboral o el Régimen Penal Juvenil, La Libertad Avanza aplazó los tiempos en el caso de la reforma a la Ley de Glaciares, que tuvo media sanción a fines de febrero en el Senado por 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención.

La inquietud a una eventual judicialización por no cumplir con el paso de las audiencias públicas previsto tanto en la Ley de Ambiente (25.675), como en el Acuerdo de Escazú, al que Argentina adhirió en 2020, hicieron al oficialismo recular en la intención de llevar el proyecto al recinto prontamente.

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo a instancias de gobernadores de provincias cordilleranas, busca redefinir el objeto de protección de los glaciares y el ambiente periglacial, al tiempo de otorgarles a las jurisdicciones (basándose en que constitucionalmente les corresponde el dominio originario de los recursos naturales) el poder de definir qué es un glaciar o periglacial dentro de sus territorios, pudiendo ordenarle al IANIGLA el retiro del Inventario Nacional de alguno de ellos si -mediante estudios técnicos-científicos- consideran que no cumplen con las funciones hídricas previstas.

La oposición sigue muy de cerca la convocatoria a audiencia pública sobre la reforma de la Ley de Glaciares, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de marzo, y, pese a que no se conoce públicamente el listado de los anotados, aseguran que ya hay 18 mil inscriptos y reclaman a al oficialismo que se amplíen las jornadas de participación.

A menos de una semana que se lance formalmente el llamado, la cantidad de interesados en participar se fue incrementando de a miles. Tanto, que el diputado Maximiliano Ferraro comparó: "Llenamos un Movistar Arena... y un poquito más".

Ferraro, de la Coalición Cívica, junto a sus pares Sabrina Selva (Unión por la Patria) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas), enviaron este martes una nota al presidente de la Cámara baja, Martín Menem; al secretario Parlamentario, Adrián Pagán; y a los titulares de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente.

En la misiva, los legisladores solicitaron que "se disponga la ampliación de la audiencia pública" convocada para el tratamiento del proyecto que ya cuenta con media sanción, "a fin de garantizar una participación ciudadana amplia, efectiva y acorde a los estándares establecidos por el Acuerdo de Escazú (aprobado por Ley N° 27.566)".

AUDIENCIA PÚBLICA – LEY DE GLACIARES

Llenamos un Movistar Arena… y un poquito más.
Ya somos 18.000 en la audiencia pública.

Vamos por más pic.twitter.com/OJizjZtvFk

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) March 9, 2026

Al fundamentar la legislación que garantiza la participación y escucha ciudadana en la toma de decisiones ambientales, los integrantes de la Comisión de Recursos Naturales remarcaron que "al momento se han registrado más de 15.000 personas para participar. Sin embargo, el formato previsto (dos jornadas de nueve horas cada una, con exposiciones limitadas a cinco minutos por participante) permitiría, en el mejor de los casos, la intervención de aproximadamente 216 expositores, lo que representa una fracción mínima de los inscriptos".

"La obligación asumida por el Estado no se agota en la mera convocatoria formal de una audiencia pública, sino que exige adoptar las medidas necesarias para garantizar que la participación pueda ejercerse de manera real y sustantiva, especialmente cuando existe un interés público masivo en intervenir en el proceso", enfatizaron.

A su vez, recordaron que en las audiencias públicas por el debate de la legalización del aborto durante 2018, "la Cámara de Diputados realizó 15 audiencias públicas a lo largo de casi dos meses, con más de 106 horas de debate y 738 expositores, a lo que se sumaron 5 audiencias adicionales en el Senado con cerca de un centenar de oradores".

"Debe considerarse que la masiva inscripción de participantes refleja la diversidad de sectores sociales, académicos, científicos, productivos, empresarios y territoriales interesados en intervenir en el debate", señalaron Ferraro, Selva y Zigarán.

NO VALE UN “COMO SI” 🤷🏻‍♀️

Ya con 18.000 inscriptos es evidente que los días previstos para la audiencia pública por la reforma a la Ley de Glaciares tendrán que extenderse si el gobierno quiere cumplir con el Acuerdo de Escazú tal cual lo manifestaron en el plenario de comisiones… https://t.co/92w6C5YcDv

— Sabrina Selva (@SabriSelva) March 10, 2026

En ese sentido, consideraron que "limitar materialmente el acceso a la palabra a un número reducido de expositores no solo restringe el ejercicio del derecho a la participación, sino que también empobrece la deliberación democrática".

"Un proceso legislativo en el cual las instancias de participación pública resulten meramente formales o simbólicas incrementa significativamente el riesgo de judicialización, en tanto podría alegarse que no se han respetado de manera adecuada los estándares de participación establecidos por la Ley General del Ambiente y por el Acuerdo de Escazú, así como los criterios fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del carácter sustantivo de las audiencias públicas en decisiones que afectan derechos colectivos", advirtieron.

El diputado nacional Máximo Kirchner habló del proyecto de modificación a la Ley de Glaciares próxima a debatirse en la Cámara baja y consideró que “todavía aun quedas vastas extensiones sin explorar sin hacer lo cateos necesarios donde puede haber oro, plata, litio, cobre o diferentes minerales, bueno, ahí es donde uno empieza a ver que se quiere rifar todo ahora”.

En declaraciones radiales a Futurock, el líder de La Cámpora recordó debates sobre el litio y llamó a este proyecto como “flexibilización ambiental”. También señaló que este texto se da en el marco de un beneficio para “empresas internacionales con un gobierno absolutamente desinteresado en cuidar el interés nacional”.

“Te puede suceder un fenómeno que en Argentina pasó hace muchos años como pasó con Loma La Lata en Neuquén que era como una especie de vaca Muerta de época, y se la estranguló con una sobreexplotación , se la hizo papa y gran parte de aquel milagro chileno fue el gas barato argentino que iba para el otro lado de la Cordillera”, remarcó Kirchner.

Luego, cargó que “este tipo de cosas donde la experiencia nos obliga a tener mayor creatividad porque no quiere decir que se puede hacer todo lo que uno quiere o todo lo que uno piensa”, y añadió que “lo que estamos viendo con la modificación de la Ley de Glaciares y áreas periglaciares que es el 0,4% del territorio criollo, y todavía aun quedas vastas extensiones sin explorar y sin hacer lo cateos necesarios”.

“Cuando eso pase y aplicas el RIGI, y después los contratos que se firmaron van a jurisdicción extranjera y en jurisdicción vamos a perder siempre”, explicó, y concluyó: “Es grave lo que está sucediendo, no solo es un presente oprobioso, sino que es un futuro poco venturoso”.

Mientas sigue abierta la inscripción para participar las audiencias públicas, diputados de la oposición encabezaron un conservatorio en rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares. El evento se realizó en el anexo del Palacio Legislativo y contó con la presencia de abogados, actrices y referentes ambientales que pronunciaron su oposición a la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Participaron el conservatorio los diputados nacionales Nicolás Del Caño, Myriam Bregman, Romina Del Plá y Néstor Pitrola del Frente de Izquierda; Carlos Castagneto y Adriana Serquis de Unión por la Patria; y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica. También adhirieron simbólicamente Esteban Paulón y Pablo Farías de Provincias Unidas.

Entre los invitados estuvo Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, quien cuestionó el lobby de las mineras detrás de la iniciativa: “Están modificando la ley a medida de un proyecto minero y no al revés porque los proyectos deberían adaptarse a las leyes”.

Durante su intervención en la sala del Anexo C de la Cámara de Diputados, el letrado mencionó a la mega minera BHP como potencial beneficiaria de la sanción de este proyecto de ley y recordó la catástrofe de la represa de Fundão en Brasil en el 2015. El colapso causó el vertido de más de 40 millones de metros cúbicos de desechos mineros, destruyó comunidades enteras, causó 19 muertos y más de 600 desalojados, y contaminó la cuenca del río Doce hasta el océano Atlántico.

En noviembre del 2025, diez años después de la catástrofe, la jueza Finola O’Farrell a cargo del Tribunal Superior de Londres dictó un fallo por el que responsabilizó a BHP por el colapso de la represa de Fundão. Sin embargo, la sentencia solamente estableció responsabilidad, pero se espera que las indemnizaciones a más de 600.000 se definan en una etapa posterior.

Por su parte, Nicolás del Caño, el primero en tomar la palabra, señaló que “es muy importante poder reunirnos con todos los que vienen peleando, se vienen pronunciando y alzando su voz frente a esta media sanción de la modificación de la ley de Glaciares que intenta seguir avanzando con el esquema de extractivismo y saqueo por parte de Milei y sus aliados”. También sostuvo que “las empresas nos dejan el daño ambiental y es mentira que se generan puestos de trabajo como dijo falsamente Milei en la apertura de sesiones el pasado domingo”.

Luego, se refirió al mismo punto que trató Enrique Viale: “El lobby de la megaminería viene siendo resistido desde los territorios, desde las asambleas y desde los especialistas, queremos escucharnos y también queremos pensar iniciativas para frenar la ley, como lo demostraron los pueblos de Chubut, de Mendoza, de Jujuy y otras provincias. Es la lucha la que puede frenar esta ley”.

En segunda instancia, la diputada nacional Myriam Bregman remarcó que “los cambios retrógrados que se pretenden hacer en la ley de Glaciares responden a un pedido de la Cámara Minera, y eso ya no es algo oculto”. Añadió, además, que “es lo mismo que pasó con la Ley de Humedales: pidieron enterrarla”

Por último, afirmó que “el proyecto de modificación no surge de ningún estudio científico ni nada por el estilo”. “Según dice expresamente el mensaje del Poder Ejecutivo en la remisión del proyecto, responde a un pedido formal de las provincias integrantes de las Mesas del Litio y del Cobre, solicitando cambios al texto vigente para facilitar el desarrollo de proyectos extractivos en sus territorios”, concluyó.

Acompañaron el conservatorio en rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares los refrentes ambientales Maristela Svampa y Guillermo Folguera; las actrices Julieta Diaz, Laura Azcurra y Celina Font; los músicos Guillermo Bonetto (vocalista de Los Cafres), Malena D´Alessio y Valen Cook; y los escritores Guillermo Martínez, Claudia Aboaf, Paula Pérez Alonso y Enzo Maqueira.

Conforme lo acordado este miércoles en el plenario de comisiones reunido para comenzar a analizar la media sanción proveniente del Senado, la Cámara de Diputados de la Nación llevará adelante una audiencia pública para debatir el proyecto de ley que propone modificaciones a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, según lo dispusieron las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales.

La convocatoria se realiza en los términos del artículo 114 bis del Reglamento de la Cámara, tras el acuerdo alcanzado en la reunión conjunta de este 4 de marzo. El debate se centrará en el Expediente 0072-S-2026, que contiene la iniciativa en revisión.

La audiencia se celebrará en dos jornadas: el 25 de marzo, con exposiciones presenciales en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C del Congreso (Av. Rivadavia 1841, CABA), y el 26 de marzo, con las intervenciones virtuales. En ambos casos, el horario será de 10 a 19.

La actividad se desarrollará conforme al Plan de Trabajo de Audiencia Pública sobre la Ley de Glaciares y su reglamento anexo, al artículo 114 bis del Reglamento de Diputados y al Acuerdo de Escazú. Supletoriamente regirá el reglamento general de la Cámara.

Según se establece en la convocatoria, la inscripción al Registro de Participantes podrá hacerse de manera personal —acreditando identidad o personería jurídica, según corresponda— en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales, ubicada en el primer piso del Anexo C, oficina 149, de lunes a viernes entre las 10 y las 16. También será posible anotarse a través del formulario que se publicará en la web institucional (www.hcdn.gob.ar).

El plazo para inscribirse vencerá el 20 de marzo a las 16 para quienes lo hagan presencialmente y a las 20 para quienes opten por la modalidad virtual. Las presentaciones por escrito podrán enviarse por correo electrónico a [email protected] o entregarse personalmente hasta ese mismo día y horario. Las ponencias no deberán superar las diez carillas en formato PDF, con letra Times New Roman tamaño 12.

Cada exposición durante la audiencia contará con un máximo de cinco minutos. Posteriormente, todas las intervenciones y ponencias serán publicadas en el sitio web oficial de la Cámara de Diputados.

La convocatoria lleva las firma del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz; del titular de Recursos Naturales, José Peluc; y del secretario parlamentario de la Cámara, Adrián Pagán.

Luego de que el Senado de la Nación otorgara media sanción al proyecto que modifica la Ley de Protección de Glaciares (Ley N.º 26.639), el Círculo de Políticas Ambientales relevó cómo se posicionaron los gobernadores provinciales frente a la iniciativa a través del voto de sus senadores.

Desde la organización, señalaron que la reforma aprobada en la Cámara alta “reduce el nivel de protección vigente para los glaciares y el ambiente periglacial, ecosistemas estratégicos que constituyen reservas fundamentales de agua dulce y cumplen un rol clave en la regulación hídrica y climática de distintas regiones del país y altera las competencias ambientales que establece la Constitución Nacional bajo la lógica del federalismo de concertación”.

En el marco de la discusión legislativa, a través de sus senadores, algunos gobernadores se alinearon tras el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, mientras que otros se posicionaron en contra de modificar la normativa vigente.

Entre quienes rechazaron la reforma y buscan sostener la protección establecida por la Ley de Glaciares sancionada en 2010 se encuentran Martín Llaryora (Córdoba), Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Axel Kicillof (Buenos Aires), Carlos Sadir (Jujuy), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

En contraste, otros mandatarios provinciales acompañaron la modificación, entre ellos Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Hugo Passalacqua (Misiones), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Claudio Poggi (San Luis).

La organización busca “aportar mayor transparencia al debate público y facilitar el acceso a información sobre las posiciones adoptadas por los mandatarios provinciales en relación con la reforma”.

Tras su aprobación en el Senado, el proyecto comenzó su tratamiento en la Cámara de Diputados, donde “aún existe la posibilidad de rechazar la iniciativa y mantener el nivel de protección establecido por la legislación vigente”. Por ello, organizaciones de la sociedad civil han advertido que “cualquier modificación que reduzca los estándares de protección podría afectar ecosistemas estratégicos para la seguridad hídrica del país y comprometer la disponibilidad de agua para millones de personas”.

“Ley de Glaciares. Lo logramos, habrá audiencia pública”, destacó este miércoles el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, tras el plenario de las comisiones de Recursos Humanos y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales.

Luego de los pedidos de la oposición para que se escuche a la ciudadanía respecto del proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado, el legislador señaló que “el oficialismo en Diputados pretendía avanzar con un tratamiento exprés de la media sanción que modifica la Ley de Glaciares. Frente a eso, solicitamos formalmente la convocatoria a audiencia pública y hoy, en el plenario de las comisiones, logramos que se acepte ese pedido”.

“La audiencia se realizará el 25 y 26 de marzo, ampliando el tiempo para que todas las voces puedan ser escuchadas. Es, además, una aplicación concreta y operativa del Acuerdo de Escazú en materia de participación pública en asuntos ambientales”, destacó el integrante del interbloque Unidos.

Para el porteño, “resulta cuanto menos llamativo (por venir de quienes sistemáticamente relativizan la institucionalidad ambiental) que hoy deban cumplir con un estándar que tantas veces cuestionaron”.

Sobre esa instancia, aseguró que “debe garantizarse una participación verdaderamente federal, abierta y plural, en razón de la interjurisdiccionalidad de las cuencas hídricas potencialmente afectadas. Que sean oídas las provincias, la comunidad científica, los especialistas en recursos hídricos, los productores y todos los sectores involucrados”.

“Estamos discutiendo reservas estratégicas de agua y un régimen de presupuestos mínimos ambientales. Están en juego los niveles de protección vigentes, competencias interjurisdiccionales entre provincias y la previsibilidad y seguridad jurídica necesarias para futuras inversiones”, sostuvo el diputado que se opone a la reforma que promueve el Gobierno, a pedido de gobernadores de provincias mineras.

El “lilito” sumó que “cualquier modificación que implique una posible regresión en los estándares de protección exige un debate técnico serio, evidencia científica y respeto por el principio de no regresión”.

“Vamos a seguir trabajando para que este debate se dé con responsabilidad institucional y para que se comprenda que una reforma regresiva no solo afecta el ambiente; también compromete el desarrollo sostenible de la Argentina”, finalizó.

El Congreso abrió formalmente el trabajo durante el período de sesiones ordinarias este miércoles en la Cámara de Diputados, en el marco del debate del proyecto de modificación de la Ley de Glaciares. Fue en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humando; y de Asuntos Constitucionales que resolvieron convocar a una audiencia pública previo al dictamen.

La reunión se llevó a cabo en la Sala 1 del Anexo “A” luego de que el oficialismo puso a consideración el reclamo que elevó el interbloque Unidos para que haya una audiencia pública basándose en el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (arts. 2, 19, 20 y 21) y el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566). Esto llevó a un reordenamiento en el cronograma del tratamiento.

En esa línea, el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, informó que se incorporaron las propuestas de cambio de la diputada Sabrina Selva (UP), de Maximiliano Ferraro (CC-ARI) que consideró “atinadas”, y precisó:

• ● La convocatoria será pública, abierta, inclusiva y federal.
• ● Se acordó desdoblar la jornada por lo que se realizará el miércoles 25 de marzo de forma presencial y el jueves 26 vía remota para “garantizar el federalismo y evitar el traslado, a fin de dar plazo suficiente para la difusión a la ciudadanía y de la convocatoria”.
• ● El horario de ambas jornadas será de 10 a 19 horas con la “flexibilidad de extender el horario, pero se evaluará”.
• ● Se realizará en la Sala A del Anexo “C” porque “es un salón más grande con más capacidad”.
• ●  La duración de cada exposición sería de 5 minutos, pero el tiempo se irá distribuyendo en cantidad de los oradores quienes, además, deberán traer la presentación por escrito para incorporarlas como antecedentes.
• ● Se podrán hacer presentaciones por escrito hasta el mismo día de la audiencia.
• ● Publicidad y difusión en medios gráficos, aunque “es un tema que ya tiene mucha instalación en los medios y en la sociedad. No es una temática ajena al conocimiento de la sociedad”.
• ● El plazo de inscripción está abierto hasta 24 horas antes de la audiencia inclusive. Para inscribirse deben hacerlo por mail a la Comisión de Recursos Naturales o de forma presencial en Diputados de 10 a 16 horas.
• ● Se pondrán a disposición de la ciudadanía todos los antecedentes como la ley vigente, el proyecto con media sanción y la versión taquigráfica del tratamiento.
• ● La reunión de la audiencia comenzará con la presencia de 4 diputados por cada comisión y se llevará una versión taquigráfica y un acta de lo que suceda.
• ● Se transmitirá en vivo por los canales de comunicación de la Cámara de Diputados y DTV.
• ● Luego se hará el debate entre diputados. Habrá un plazo entre la audiencia y el dictamen.
• ● A los fines de facilitar la participación federal y garantizar que en el tiempo de la reunión puedan expresarse todos los intereses y opiniones, las autoridades de la comisión podrán limitar el tiempo o el listado de oradores, invitado que se efectúen por escrito las presentaciones correspondientes y se considere conveniente. Para resguardar el criterio de pluralidad.

Mayoraz afirmó: “Queremos respetar Escazú y queremos que se cumpla. No vamos a dejar a nadie sin participación”.

FOTO: HCDN

Las propuestas y planteos de los diputados

En su intervención, el diputado nacional Maximiliano Ferraro ratificó el pedido de una audiencia pública que “no solo es en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional y el Acuerdo de Escazú, sino también a la Ley General de Ambiente en lo que respecta a preservar principios que están establecidos como el de no regresión y el precautorio”.

“Al estar, no solo comprometida una cuestión jurisdiccional de provincias que pueden tener desarrollo minero en particular, sino comprometidas otras jurisdicciones provinciales como lo marca el 36% de la superficie continental argentina que se encuentran dentro de cuencas alimentadas por el deshielo glaciar abarcando 20 provincias y más de 7 millones de habitantes”, planteó.

Ferraro había propuesto que la audiencia “tiene que realizarse distintos días, tiene que tener un claro criterio federal de participación de las provincias y en el cual puedan ser escuchadas las provincias donde hay comprometida la cuestión de cuencas hídricas. La audiencia pública no puede ser solo un día en la Cámara. Queremos un debate interjurisdiccional”. Así, pidió que sea desarrollada en una cierta cantidad de días en Buenos Aires y, en virtud del artículo 106, la realización de audiencias o plenario de comisiones se hagan en alguna de las provincias que están comprometidas con esta cuestión.

A su turno, la diputada Sabrina Selva (UP) coincidió en llevar a cabo una audiencia pública, pero marcó diferencias en la forma de llevarla a cabo y plantearon una propuesta alternativa porque “no alcanza con que la audiencia sea pública, tiene que ser federal tal como comentó Ferraro. Nuestra propuesta es que sea una audiencia pública, transparente y federal en virtud de la interjurisdiccionalidad de las cuencas hídricas que están en juego con esta Ley de Glaciares. Que la participación sea totalmente abierta para que puedan participar, no se puede cercenar la participación. Si tienen que ser hasta 10 días de audiencias, debe darse”.

Selva ponderó la “buena predisposición política para que la discusión se lleve como marca la Constitución Nacional y el Acuerdo de Escazú”, y pidió poner a consideración ambas propuestas con la participación federal en virtud del 114 bis del Reglamento para “garantizar que todos los ciudadanos puedan tener voz en el debate”.

FOTO: HCDN

Al pedir la palabra, la diputada Silvana Giudici explicó que corresponde, por el artículo 114 del Reglamento, que se debe considerar la propuesta de la comisión, si tiene asentimiento, se girará a la presidencia de la Cámara para formalizarla y, en base a ello, pueda tener la publicidad suficiente por todos los medios para que la audiencia sea federal y pidió que se ponga a consideración la propuesta de la comisión.

De forma breve, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, le solicitó al oficialismo que, además del plazo fijado para la audiencia del 25, le den un desarrollo federal para “estar cerca de los lugares y comunidades donde este tema tiene un debate más intenso”.

Mayoraz aclaró que “el plan de trabajo propuesto no es menos federal. El federalismo se garantiza escuchando a todas las voces desde cualquier punto, no es necesario trasladarse. Va a ser mucho más amplio y federal si lo hacemos con el mecanismo de la tecnología”.

“La situación ideal es que no haya audiencia pública”, manifestó la diputada de izquierda Romina Del Plá cuyas palabras llamaron la atención de los presentes, pero aclaró: “Entiendo que no se tendría que debatir esto. Esta media sanción no tendría que entrar en debate, y que lo haya hecho el Senado… es ironía lo que dije. El Senado no tiene la menor idea de lo que han votado porque hemos escuchado senadores que dijeron que los glaciares son rocas congeladas allá arriba lejos. Quiere decir que no tienen ni idea de lo que han votado”.

“Es una tarea fundamental de Diputados impedir que se haga semejante desastre avanzando en permitir la destrucción de los glaciares y que se pongan en peligro las cuencas. La Cámara de Diputados lo que debería hacer es no avanzar con este tratamiento porque lo que hizo el Senado fue una catástrofe. Los Glaciares no se tocan”, apuntó y compartió que la audiencia sea federal.

En tanto, la jujeña María Inés Zigarán (Provincias Unidas) planteó que “con la complejidad técnica, jurisdiccional, jurídica, ambiental y constitucional de la ley, no alcanzan 5 minutos para exponer, mínimo deben ser 10 minutos. Si se quiere realmente garantizar la participación, no importa si son 6 días que dure la audiencia, pero se tiene que garantizar con la mayor participación”.

Muy activo en todo lo que tiene que ver con la modificación de la ley vigente, que cuestiona vivamente, Ferraro pidió incorporar al tratamiento un tema que, dijo, “durante el debate en el Senado escondieron bajo siete llaves”, en referencia a la asamblea extraordinaria del COFEMA, realizada el pasado 23 de febrero, donde se trató el tema de glaciares y que concluyó “empatada”. “No solo el espíritu federal tiene que ver con la participación de las comunidades; tiene que garantizarse la participación federal de todas las jurisdicciones y que se incorpore (lo hablado en) la reunión del COFEMA”.

FOTO: HCDN

Así, el diputado de la Coalición Cívica propuso entonces un cuarto intermedio para tratar de terminar de ver el borrador que había preparado el diputado Mayoraz, quien por su parte rechazó pasar a un cuarto intermedio, pero sí podían conversar después de la reunión las propuestas, pues la resolución final no debía ser resuelta en este encuentro. “Hemos incorporado todo lo que se habló y enriquecido la propuesta”, aclaró.

A su turno, la diputada Lucía Cámpora (UP) cuestionó la extensión de la audiencia pública, señalando que, si se acotaba con el horario propuesto, con 5 minutos cada uno, habría espacio para 107 expositores, a razón de “cuatro o cinco por provincia”, lo cual le pareció exiguo. Y recordó entonces su experiencia en la Ciudad de Buenos Aires -en la que ella fue legisladora-, donde por la venta de un predio se realizó una audiencia pública “sin límite de tiempo” que se extendió tres meses.

Juan Grabois, por su parte, propuso garantizar la participación de las comunidades originarias afectadas directamente por esa situación, que no tienen acceso a internet y que forman parte del 7% que Nicolás Mayoraz mencionó anteriormente al decir que la gran mayoría de los argentinos sí tienen internet.

El diputado Eduardo Valdés (UP) expresó: “Tenemos que debatir si vamos a preservar el acceso al agua dulce. La ley vigente protege a los glaciares como a los peri glaciares. Glaciar es agua y agua es vida”, y advirtió que “las empresas estadounidenses quieren la entrada preferencial a la minería de litio, cobre y tierras raras, y para eso necesitan las empresas la modificación de la ley de Glaciares”.

En ese sentido, precisó que “cada glaciar tiene una formación de por lo menos cien años, no es una roca perdida en la montaña como dijo algún senador. Hay 17 mil glaciares en todo el país. Solo San Juan tiene 4572, Santa Cruz 2420, Jujuy 255 y Tucumán 122, para citar algunas provincias al azar”.

La cordobesa Gabriela Estévez (UP) reclamó la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo para que expliquen para qué quieren este proyecto: “No hablaron en el plan del cronograma de la participación de representantes del Ejecutivo y qué intereses buscan con esta ley. Pongan sobre la mesa cuándo va a venir el ministro a hablar”.

La modificación a la Ley de Glaciares

El texto impulsado por el Ejecutivo Nacional, que fue aprobado por la Cámara alta el último jueves 26 de febrero por 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención, define el objeto de glaciar y ambiente periglacial y delega “la utilización racional de los recursos naturales existentes en las provincias”, es decir los gobernadores pasarán a tener el control y monitoreo.

También, establece que sobre la base de estudios técnico-científicos, las provincias registren cada zona en el Inventario Nacional de Glaciares, donde quedará definido como ambiente glaciar o periglacial. Pero si la zona analizada no cumple con funciones hídricas, el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) lo podrá quitar del Inventario.

El principal argumento en contra de los opositores y organizaciones ambientales es que cuando esa zona queda fuera del Inventario, queda habilitada la posibilidad de exploración y explotación minera e hidrocarburífera que, como establece este proyecto, queda a consideración de cada provincia.

Después de que el interbloque Unidos haya exigido una audiencia pública antes del pase a la firma, el oficialismo dio lugar al reclamo y se reordenó el cronograma del tratamiento del proyecto de modificación de la Ley de Glaciares. De todas maneras, será puesto a consideración por la reunión plenaria de Asuntos Constitucionales, y Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente que se llevará a cabo este martes de las 10.

El pedido de audiencia pública fue elevado por el diputado nacional Maximilano Ferraro de la Coalición Cívica, acompañado por diferentes integrantes de Encuentro Federal y Provincias Unidas. En relación al petitorio, invocaron al artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (arts. 2, 19, 20 y 21) y el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566).

“La modificación de un régimen de presupuestos mínimos ambientales (más aún cuando involucra reservas estratégicas de agua) no puede avanzar sin debate técnico, transparencia institucional y respeto por el principio de no regresión ambiental”, había señalado el integrante de Unidos. En el encuentro plenario se avalará la realización de la audiencia pública para el próximo martes 10 desde las 10 hasta las 19.

La nota encabezada por Ferraro fue acompañada con la firma de Nicolás Massot, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Pablo Farías y Juan Brügge.

La Libertad Avanza concedió la posibilidad de la audiencia pública, pero dejará establecido en el plan de trabajo que se avalará este martes que el dictamen se pasará a la firma el miércoles 11 a las 12 en un nuevo plenario entre Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, presidida por el sanjuanino José Peluc, y Asuntos Constitucionales que preside Nicolás Mayoraz.

La semana pasada, la comisión que preside Peluc convocó a una reunión informativa para este martes 3 a primera hora con el fin de debatir la problemática que atravesó la Patagonia durante enero y febrero en materia de incendios forestales. Sin embargo, el encuentro fue suspendido.

La modificación a la Ley de Glaciares

El texto impulsado por el Ejecutivo Nacional, que fue aprobado por la Cámara alta el último jueves 26 de febrero por 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención, define el objeto de glaciar y ambiente periglacial y delega “la utilización racional de los recursos naturales existentes en las provincias”, es decir los gobernadores pasarán a tener el control y monitoreo.

También, establece que sobre la base de estudios técnico-científicos, las provincias registren cada zona en el Inventario Nacional de Glaciares, donde quedará definido como ambiente glaciar o periglacial. Pero si la zona analizada no cumple con funciones hídricas, el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) lo podrá quitar del Inventario.

El principal argumento en contra de los opositores y organizaciones ambientales es que cuando esa zona queda fuera del Inventario, queda habilitada la posibilidad de exploración y explotación minera e hidrocarburífera que, como establece este proyecto, queda a consideración de cada provincia.

Inaugurado el 144° período de sesiones ordinarias, la Cámara de Diputados convocó a la reunión plenaria entre la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y la de Asuntos Constitucionales para buscar el dictamen de la modificación a la Ley de Glaciares, la cual obtuvo media sanción en el Senado.

La convocatoria fue fijada para este miércoles a las 10 con los diputados libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz como titulares de sendas comisiones. El texto impulsado por el Ejecutivo Nacional fue aprobado por la Cámara alta el último jueves con 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención.

El texto define el objeto de glaciar y ambiente periglacial y delega “la utilización racional de los recursos naturales existentes en las provincias”, es decir los gobernadores pasarán a tener el control y monitoreo.

También, establece que sobre la base de estudios técnico-científicos, las provincias registren cada zona en el Inventario Nacional de Glaciares, donde quedará definido como ambiente glaciar o periglacial. Pero si la zona analizada no cumple con funciones hídricas, el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) lo podrá quitar del Inventario.

El principal argumento en contra de los opositores y organizaciones ambientales es que cuando esa zona queda fuera del Inventario, queda habilitada la posibilidad de exploración y explotación minera e hidrocarburífera que, como establece este proyecto, queda a consideración de cada provincia.

Unidos pide audiencia pública

Minutos después de publicarse la convocatoria a plenario, un grupo de diputados nacionales del interbloque Unidos le pidió a los presidentes de ambas comisiones que se convoque a una audiencia pública-invocando al artículo 41 de la Constitución Nacional- por tratarse de "una reforma que podría implicar una reducción en los niveles de protección ambiental actualmente vigentes".

"Entendemos imprescindible garantizar una instancia de participación pública amplia, plural y efectiva porque la modificación de un régimen de presupuestos mínimos ambientales (más aún cuando involucra reservas estratégicas de agua) no puede avanzar sin debate técnico, transparencia institucional y respeto por el principio de no regresión ambiental", señalaron.

La nota lleva las firmas de Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica; Nicolás Massot de Encuentro Federal; y María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Pablo Farías y Juan Brügge de Provincias Unidas.

Después de cuatro horas de debate, el Senado dio media sanción a la modificación en general a la Ley de Glaciares (26.639) por 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención. El texto pasó a la Cámara de Diputados, donde será analizado en el período ordinario.

La Libertad Avanza contó con el apoyo de los aliados radicales, del Pro, los provinciales y también integrantes del peronismo que responden a provincias mineras. El tramo final del debate fue presenciado en uno de los palcos por Karina Milei, quien concurrió acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Los 40 votos a favor correspondieron a La Libertad Avanza (21); los radicales Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Carolina Losada, Silvia Schneider, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi; Martín Göerling del Pro; los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador de la Concordia; la salteña Flavia Royón; la tucumana Beatriz Avila; Carlos “Camau” Espínola de Provincias Unidas; y los 3 de Convicción Federal. A su vez, la catamarqueña Lucía Corpacci y el sanjuanino Sergio Uñac también votaron a favor, luego de que el bloque peronista diera libertad de acción a sus miembros.

Cómo votó cada senador en la general. (Foto Comunicación Senado)

Por la negativa, votaron 23 del interbloque Popular; los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger; Andrea Cristina y Victoria Huala, del Pro; la chubutense Edith Terenzi; la cordobesa Alejandra Vigo, de Provincias Unidas; y José María Carambia y Natalia Gadano, de Movere por Santa Cruz.

La neuquina Julieta Corroza anunció antes de la votación su abstención en general y particular.

El resultado de la general se repitió en las siete votaciones en particular, luego de que el principal interbloque opositor reclamara por la lectura del dictamen con cambios que se conoció pocos antes del cierre de los discursos.

Una vez aprobada la norma, se inició el debate en particular, que incluiría las múltiples modificaciones acordadas a puertas cerradas, y que desataron una fuerte polémica en el recinto cuando pasadas las 15.30 desde el bloque de José Mayans salieron a alertar sobre esos cambios de los que recién se estaban anoticiando a través de un papel que habían recibido todos los legisladores durante la exposición de los miembros informantes que, dicho sea de paso, no habían aludido a dichas modificaciones.

La jornada comenzó temprano con la detención de 12 activistas de Greenpeace, quienes saltaron las rejas e irrumpieron en las escalinatas del Congreso de la Nación en protesta contra la norma impulsada por el Gobierno. Los activistas realizaron una puesta en escena simbólica en detrimento de la modificación a la Ley de Glaciares.

El oficialismo impuso su postura por amplia mayoría. (Foto: Comunicación Senado)

El debate en el recinto

Como miembro informante, la senadora chubutense Edith Terenzi en su calidad de presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, hizo un repaso de cómo fue el tratamiento del proyecto en el Senado. Así, recordó que el 5 de diciembre pasado el Ejecutivo convocó a extraordinarias, pero el proyecto de Glaciares recién ingresó diez días después. El día 16 de diciembre se hizo la convocatoria a comisiones para tratar el proyecto el día 17 de diciembre en un plenario para iniciar el tratamiento, a través de una nota suscripta por presidentes de bloques dirigida a la presidencia del Senado.

“En forma conjunta con el senador Flavio Fama nos sentamos con todos los equipos de trabajo para cumplir con una convocatoria lo más amplia posible a fin de tener en tan poco tiempo todas las voces que pudiéramos tener desde funcionarios del Ejecutivo a ambientalistas y representantes de organizaciones, gobernadores, abogados, cámaras mineras”, explicó y precisó que entre los fundamentos del proyecto señala que los mandatarios provinciales son quienes solicitaron la modificación de la ley vigente.

A continuación, fue el turno del oficialista Agustín Coto quien sostuvo que la actual “está diseñada en favor de intereses de un país vecino y no de las provincias dueñas de los recursos”, por lo que el proyecto “armoniza la norma con lo que nos manda la Constitución Nacional y la Corte Suprema. Estamos respondiendo a una necesidad".

Por el lado de la oposición fue el pampeano Daniel Bensusán quien dejó en evidencia su enojo con la situación que ocurría mientras el miembro informante iniciaba el debate: "Acercaron a las bancas la copia del dictamen con las nuevas modificaciones incorporadas tras bambalinas". Para el legislador peronista, esta situación le recordó el tratamiento de la Reforma Laboral: “Me da vergüenza porque la ciudadanía argentina nos está mirando y no sabemos que vamos a tratar”.

Sobre el espíritu del proyecto de ley impulsado por Javier Milei, explicó que se da “en un marco de crisis climática ambiental y el Gobierno hace esta ley regresiva”. También consideró que el propósito de esta reforma ambiental trae como objetivo brindar “seguridad jurídica para las mineras”. Remarcó, además, que el marco vigente prohíbe las explotaciones mineras.

En el final de su intervención, pidió permiso para leer el Fallo Barrick de la Corte Suprema de Justicia del 4 de junio de 2019 y cargó que “acá hay una decisión política de modificar la Ley de Glaciares para beneficio de unos pocos”. Afirmó que “esto es feudalismo ambiental”, y sintetizó al proyecto de ley como “absurdo, anticientífico y un delirio de cómo viene haciendo Milei”.

Como de costumbre en los tratamientos de estas leyes tan importantes para el Gobierno, Karina Milei asistió a la parte final del debate. (Foto: Comunicación Senado)

El senador sanjuanino Bruno Olivera Lucero de La Libertad Avanza defendió la propuesta que redactó el Consejo de Mayo y auguró: “El agua y la minería no son enemigos”. En primera instancia, se mostró crítico del marco normativo vigente y sumó que “estamos convencidos de que no existe un control ambiental eficaz cuando la base no puede medirse científicamente”. Y advirtió: “Si la ciencia demuestra que la geoforma da un recurso hídrico es intocable, pero si es una roca petrificada ¿por qué no vamos a realizar una actividad ahí?”.

“Este proyecto devuelve a las autoridades locales la elección de si se puede o no ejercer una actividad porque este es el verdadero federalismo”, remarcó el sanjuanino. También añadió que esta “es la verdadera protección ambiental, la que podemos medir, la moderna…”. Para terminar su breve intervención, cargó que “estamos votando una protección ambiental que se basa en argumentos científicos porque sin seguridad jurídica, no tenemos desarrollo y producción”.

A su turno, el rionegrino Martín Soria (UP) apuntó contra el oficialismo y los acusó de “reconocer” que la modificación de la ley vigente tiene que ver con la minería y la mega minería y la extracción de recursos. “No muchos miembros lo habían reconocido explícitamente. Celebro la honestidad intelectual. Este no es un proyecto técnico ni con fines ambientales, es una reforma ideológica y servil”, disparó.

El senador opositor recordó que ya se encontraba en la Ley Bases y del Pacto de Mayo y planteó: “Hay desesperación detrás de esto y el oficialismo pretende una Argentina reducida en la exportación de recursos naturales en bruto. El modelo de país que pretende Milei con esto es un país primarizado donde se exportan recursos naturales totalmente subordinado a los intereses del mercado global”.

“Vienen de afuera los socios que pusieron a este presidente de afuera, destruyen los glaciares, la Cordillera y se lleven los recursos de la manera más barata”, denunció Soria y sumó: “Es una avanzada del oficialismo bajo el disfraz de que quieren mejorar la ley. No hay nada que bridarle seguridad jurídica más que a negocios turbios para destruir y desguazar glaciares que son recursos naturales. Para abrirle las puertas a la producción minera”.

“La intención es restringir la protección de los glaciares solo cuando tengan dimensiones considerables. Eso decía el dictamen, a menos que hayan cambiado a último momento la redacción”, chicaneó y remarcó que los glaciares y peri glaciares representan entre el 25 y el 50% del recurso hídrico.

A su vez, denunció que buscan el desfinanciamiento del IANIGLA y apuntó: “No pueden ser tan caraduras, ¿ustedes federales? Ahora quieren que las provincias decidan dónde se puede hacer minería… y el otro papanatas hablaba de que proteger los glaciares es de una ley de chetos”. En esa línea le pidió a La Libertad Avanza que “¡Dejen de mentir!” porque “esta ley no va a permitir ni generar el desarrollo del país. No va a generar salir de esta crisis. No mientan más. Esta ley es para un grupo de empresas privilegiadas amigos de Milei, Caputo y Sturzenegger”.

La senadora cordobesa Alejandra Vigo adelantó su rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares por considerar que “todos sabemos que esta modificación va a tener efectos negativos en los próximos años porque nace un interés estrictamente comercial”. Defendió los tratados internacionales que suscribe la República Argentina, y cargó: “Estos compromisos internacionales respaldan la protección de los glaciares como recursos estratégicos de agua dulce”.

Luego, aprovechó los minutos de exposición para deslizar una serie de críticas a las intenciones del Poder Ejecutivo de la Nación: “Sabemos que el Gobierno nacional no tiene un interés específico o estratégico sobre este aspecto de la agenda internacional porque el proyecto simplifica la realidad a un aspecto administrativo y está signado por una gran improvisación”. Y cerró que “la provisión de agua no es de las provincias, es de toda la Nación y no se puede arriesgar el capital natural por cuestiones meramente coyunturales”.

En su intervención, el senador cordobés Luis Juez (LLA) apuntó contra la oposición y les recordó que en el 2010 cuando se sancionó la norma “los que hoy defienden los glaciares, en esa ocasión votaron en contra. Esto parece un campeonato de hipocresía y cinismo”, y respaldó el proyecto: “Esta ley no vulnera ningún estrato consagrado, simplemente permite esta ley articular la posibilidad de que las provincias pueden hacer uso de sus facultades".

"La ley no vulnera ninguna garantía que en aquel momento se consagró, no destruye ningún parámetro para aquellos que están haciendo terrorismo ecológico, establece la posibilidad de que las provincias puedan ejercer su derecho natural. Le devuelve a las provincias su autonomía que le corresponde sobre sus recursos naturales”, cerró.

“Se trata de instalar un terrorismo ambiental, o que con este proyectos se entrega el agua o los glaciares”, advirtió a su turno la senadora Flavia Royón, exsecretaria de Energía de la Nación, que analizó en su discurso el proyecto que se estaba debatiendo: “Cuando repaso el dictamen, en el objeto se refuerza la protección”, advirtió.

Señaló que en el texto “se habla de las reservas de agua, la provisión de agua para agricultura, biodiversidad, fuente de información científica, como atractivo turístico, y reafirma que los glaciares son bienes de carácter público. El articulo 1 reivindica el federalismo ambiental”.

Royón dejó claro que “acá no se está entregando el agua; al contrario, se refuerza la protección de los recursos”. Luego indicó que “nadie discute que el ambiente glaciar tiene que estar protegido, que el ambiente periglacial donde haya una función hídrica, y donde haya una reserva estratégica tiene que estar protegido”.

Agregó que “la ley de 2010 mandó a hacer un inventario”, el cual fue realizado por el instituto correspondiente, y puntualizó que para el ambiente periglacial “tenemos que bajar al nivel 2 o el nivel 3. Estos estudios de campo o laboratorio toman muestras que hay que hacer en territorio. Ahí es donde las provincias tienen que intervenir, porque tenemos que proteger el agua. Tenemos que pasar de la lógica de la forma, a la lógica de la función. No es prohibir por prohibir, sino proteger lo que hay que proteger”.

Señaló que “estos estudios de campo implican un involucramiento en el territorio y los que tienen precisamente involucramiento en los territorios son las provincias. Y la Constitución dice que son las provincias las que tienen el dominio originario de sus recursos”.

Promediando el tema, retomó la palabra la senadora Terenzi, que preguntó: “¿Cómo puede ser que una ley ‘aclaratoria’ permitiera actividades que la ley original prohibió? Nadie me contestó eso”, y citando a la exdiputada Graciela Camaño, sostuvo que es un debate “constitucional” y remarcó que el eje central es el artículo 41, por lo que indicó que la Ley 26.639 “es el ejercicio legítimo de la competencia del Congreso para dictar leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental como es esta Ley de Glaciares, que asegura un piso uniforme de tutela para glaciares y peri glaciares y los define como bienes ambientales estratégicos”.

El otro eje importante, resaltó que es “el federalismo ambiental que es esta conjunción entre el artículo 41 y el 124 de la Constitución Nacional. Fue la Corte Suprema la que equilibró ambos artículos con este federalismo de concertación ambiental donde la Nación se preserva, a través del Congreso, el dictado de los estándares mínimos y las provincias gestionan y complementan. SI lo analizamos desde ese lugar, la ley original no vacía las competencias provinciales, al contrario, evita asimetrías que tienen que ver con lo regulatorio, evita que en distintas jurisdicciones se trate a los mismos bienes en forma diferente, protege la relevancia de un recurso estratégico en casos de interjurisdiccionalidad y porque son transgeneracionales”.

Terenzi remarcó que el proyecto cuenta con objeciones estructurales y ambientales, al tiempo que reclamó la falta de participación ciudadana que opine al respecto: “Se desnaturaliza el concepto de presupuesto mínimo volviéndolo flexible y negociable; fragmenta la tutela ambiental uniforme que exige el artículo 41 de la CN; se aparta del equilibrio que ha logrado la Corte porque se aparta del federalismo ambiental de concertación; introduce riesgo de regresión normativa contrariando los principios de progresividad y no regresividad”.

“En esta ley no estamos haciendo ajustes técnicos, estamos introduciendo cambios fundamentales y estructurales”, planteó la chubutense y cerró: “Creo que impulsar una reforma regresiva con estos vicios de inconstitucionalidad no va a generar seguridad jurídica, sino todo lo contrario, va a generar más incertidumbre. La Ley debe preservarse y aplicarse íntegramente. El proyecto presenta vicios constitucionales importantes, desconoce la doctrina de la Corte Suprema, compromisos internacionales y resulta incompatible incluso con la legislación ambiental vigente. Por todas las razones no voy a acompañar este proyecto y quiero aclarar que el dictamen lo firmé en disidencia”.

En representación del cierre del bloque radical, el senador catamarqueño Flavio Fama avaló la iniciativa de modificación a la Ley 26.639 y sintetizó: “Debemos ser cuidadosos con el ambiente, pero no podemos bloquear el desarrollo”. En esa línea, propuso que esto es un “desafío para los gobernadores para unificar criterios para que sean aplicados con homogeneidad”, en virtud del Inventario Nacional de Glaciares.

Lejos de oponerse, criticó al marco vigente y añadió que “no puede haber prohibiciones absolutas o por las dudas”, y destacó: “No creo que la minería tenga mala fama, tiene mala comunicación”. Sobre su provincia, consideró que “la minería puede ser una solución para Catamarca”, y concluyó: “La Argentina necesita inversiones y la minoría, cuando cumple con los estándares estrictos, puede convivir con el desarrollo”.

Sobre el final de la discusión de la ley, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti habló de un “debate irreversible para el futuro de los argentinos”, razón por la cual le hubiese gustado discutirla un poco más. “Es una ley que según acuerdos internacionales necesita de más participación ciudadana, y eso no pudo ocurrir”, advirtió, lamentando que “en menos de 24 horas se firmó un dictamen”, y se quejó de lo que interpretó como la nueva modalidad del oficialismo: traer las modificaciones directamente a la hora del debate.

“No estamos discutiendo solamente una ley de Presupuestos Mínimos Ambientales, o una ley ambiental, sino cómo se gobierna la Argentina en un contexto de profundo endeudamiento que produce incertidumbre en la Argentina -apuntó-. Cómo vamos a afrontar el endeudamiento, sino cómo nos vamos a hacer de los dólares para poder producir y trabajar en la Argentina”.

Para la senadora camporista, este “no es un debate técnico, sino de qué país queremos construir y cómo afrontamos y debatimos las decisiones irreversibles que vamos a tomar hoy. Son irreversibles, porque si hoy habilitamos que se pueda explotar un glaciar, ese glaciar desaparece. Y son formaciones que tardan cientos de años en crearse”.

En otro pasaje, la legisladora observó que “para sorpresa de muchos, nos tenemos que enterar que el 70% del territorio es árido. El 70% de la población vive, trabaja y produce porque nieva en la cordillera, hay deshielo y hay agua. Son la reserva hídrica de los argentinos y son estabilidad económica. Por eso digo que no es un debate técnico. Estamos hablando de trabajo, la producción y el arraigo de los argentinos. Y si hablamos de arraigo, hablamos de familia, comunidad y futuro. Todo eso encierra esta ley que trabajamos solamente 24 horas”.

Fernández Sagasti recordó en otro pasaje que la Argentina fue vanguardia: “la Ley de Glaciares fue la primera en el mundo que protegía los glaciares; hoy para atrás”.

Cerró el debate Patricia Bullrich, quien resaltó la potestad de las provincias de explotar sus recursos estratégicos, para rechazar lo que definió como una “concepción retrógrada de no lograr que la Argentina pueda explotar sus recursos naturales. Porque siempre hay un pero que impide que el país pueda crecer. Porque es más fácil un país dominado con lógicas feudales. Es más fácil un país en el que la lógica corporativa feudalista le gana al capitalismo desarrollado”.

Patricia Bullrich al cerrar el debate. (Foto: Comunicación Senado)

“Acá parece que la Argentina tiene la obligación casi de ser un país pobre. Por eso estamos cambiando la historia, porque no queremos más discutir esta lógica ridícula, retrógrada, entre ambiente y economía, como lo han dicho tantos senadores en esta sesión. Porque esta dicotomía hace pobres a los argentinas. Es una dicotomía que piensa en una sola dimensión; no puede pensar que se puede compatibilizar total y absolutamente la capacidad de un pueblo de pensar en sus recursos estratégicos hídricos, mineros, o de cualquier otro tipo”, enfatizó.

En ese marco, y ya con la presencia en los palcos de la Mesa Política de la Casa Rosada, encabezada por Karina Milei, Bullrich llamó a terminar “con la falsa elección: no es agua o trabajo; es un país que cuida su agua y que cuida su trabajo y su producción y su capacidad de desarrollarse”.

“Estamos ordenando lo que no estaba ordenado”, señaló en referencia a la ley vigente que se piensa modificar. “Cuidar no es prohibir; proteger no es paralizar”, sentenció, y afirmó que “no se toca la columna vertebral de la ley; se deja intacto el artículo 1°”, apuntando que lo que se pretende es establecer que hay áreas periglaciares que no tienen reservas hídricas y que se pueden utilizar entonces. En ese sentido aclaró que “hay una evaluación de impacto ambiental” que se tendrá en cuenta entonces. “Existe una evaluación del impacto ambiental también estratégica, cuando la escala lo plantea”, afirmó.

Sobre el final, Patricia Bullrich dio cifras sobre los ingresos que pueden llegar al país: en exportaciones mineras, 2025, más de 6.000 millones de dólares; hacia 2029, 14.000 millones de dólares. “¿Les parece poco? Imagínense lo que va a cambiar si nos apoyan”, señaló, para apuntar luego que “tenemos la reserva más importante de plata en el país; sin embargo eso todavía se está discutiendo. Ojalá podamos avanzar”.

Los puntos del proyecto

Este proyecto que modifica a la Ley 26.639 redefine el artículo 1° para precisar el objeto de protección: los glaciares y geoformas del ambiente periglacial “que cumplan funciones hídricas”, ya sea como reservas estratégicas o como proveedores de agua para la recarga de cuencas. También incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la ley al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales consagrado en el artículo 41.

La norma fue redactada por el Consejo de Mayo y propone, además, la incorporación del principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas. Esa verificación dependerá exclusivamente de cada provincia, cuya información deberá ser transmitida al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para actualizar el inventario.

También hay cambios en el régimen de prohibiciones que se aplicarán únicamente sobre los glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por la autoridad ambiental local. Entre las actividades no permitidas se mantienen la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y el desarrollo de obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica.

El texto faculta a las provincias a que determinen, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto implica una alteración relevante y, por lo tanto, si no puede autorizarse. Otras de las modificaciones es la exigencia de evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial, y habilita evaluaciones estratégicas cuando la escala lo amerite. Se exceptúan únicamente actividades de rescate, científicas no invasivas y deportivas no motorizadas.

Por último, redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero sujeto a un flujo permanente de información desde las provincias. El Gobierno señala que, a quince años de vigencia de la ley, solo se completó el nivel 1 del Inventario y que aún resta determinar la función hídrica efectiva de las geoformas relevadas.

El intento del Gobierno nacional por sumar avales antes del debate legislativo de la reforma de la Ley de Glaciares encontró un freno en el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), donde la iniciativa no obtuvo respaldo. Representantes de las provincias analizaron el proyecto que debatió el Senado este jueves y expusieron diferencias profundas sobre su alcance y sus implicancias para la protección de los ecosistemas de alta montaña.

La provincia de Buenos Aires fue una de las voces más críticas. Su subsecretaria de Política Ambiental, Tamara Basteiro, cuestionó la propuesta al señalar que es “incompatible con el principio de no regresividad ambiental” y que entra en conflicto con compromisos asumidos por el país a través del Acuerdo de Escazú. Además, advirtió que el proyecto vulnera el espíritu del artículo 41 de la Constitución Nacional, que fija estándares mínimos de protección ambiental y garantiza el derecho al acceso al agua y a un ambiente sano. También remarcó que el debate se da en un escenario mundial de retroceso acelerado de glaciares, alertado por organismos científicos internacionales.

A su vez, la ministra de Ambiente bonaerense reforzó la postura provincial al afirmar que los glaciares constituyen una “política estratégica” para preservar bienes comunes naturales y garantizar fuentes de agua. Consideró que cualquier reforma debe elevar los niveles de protección, no reducirlos, y planteó que la flexibilización planteada podría favorecer intereses extractivos en detrimento del patrimonio ambiental del país. “Argentina tiene la segunda reserva de agua dulce más grande de Latinoamérica —enfatizó—. No podemos permitir una modificación que habilite su degradación”.

El debate dentro del COFEMA reflejó un mapa fragmentado: entre votos en contra, abstenciones y provincias ausentes, el Gobierno nacional no logró construir una mayoría que respaldara su proyecto. La falta de consenso dejó expuesta la resistencia de varias jurisdicciones a avanzar con una reforma que consideran regresiva y riesgosa para los recursos hídricos estratégicos del país.

Buenos Aires fue una de las principales impulsoras de la oposición y promovió la participación de organizaciones ambientales y especialistas del IANIGLA, el organismo responsable del Inventario Nacional de Glaciares, para enriquecer la discusión técnica.

Sin el aval del COFEMA y con posiciones provinciales abiertamente divergentes, la reforma llegó al Senado en un clima de creciente tensión ambiental y política, donde la disputa por la protección del agua y del ambiente periglaciar se ubica en el centro del debate.

Al inicio del debate por la reforma a la Ley de Glaciares en la sesión de este jueves en el Senado de la Nación, desde el oficialismo cuestionaron que la normativa actual “está diseñada en favor de intereses de un país vecino y no de las provincias dueñas de los recursos”, por lo que el proyecto “armoniza la norma con lo que nos manda la Constitución Nacional y la Corte Suprema”.

Como miembro informante, la senadora chubutense Edith Terenzi en su calidad de presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, hizo un repaso de cómo fue el tratamiento del proyecto en el Senado. Así, recordó que el 5 de diciembre pasado el Ejecutivo convocó a extraordinarias, pero el proyecto de Glaciares recién ingresó diez días después. El día 16 de diciembre se hizo la convocatoria a comisiones para tratar el proyecto el día 17 de diciembre en un plenario para iniciar el tratamiento, a través de una nota suscripta por presidentes de bloques dirigida a la presidencia del Senado.

“En forma conjunta con el senador Flavio Fama nos sentamos con todos los equipos de trabajo para cumplir con una convocatoria lo más amplia posible a fin de tener en tan poco tiempo todas las voces que pudiéramos tener desde funcionarios del Ejecutivo a ambientalistas y representantes de organizaciones, gobernadores, abogados, cámaras mineras”, explicó y precisó que entre los fundamentos del proyecto señala que los mandatarios provinciales son quienes solicitaron la modificación de la ley vigente. Terenzi resaltó que el dictamen tuvo 19 firmas en total, dos de ellas en disidencia. “Tenía que explicar este procedimiento que llevamos adelante entre ambas comisiones para que se entienda”, cerró.

A continuación, fue el senador libertario Agustín Coto señaló que “luego de 15 años estamos resolviendo dudas que muchos senadores se planteaban en esta Casa y esto responde a una necesidad, no a una voluntad porque tenemos ganas”, y ratificó: “Estamos respondiendo a una necesidad”.

Respecto del artículo 1ero del dictamen, aclaró que “es igual al de la ley vigente lo que quiere decir que se preserva la protección de las reservas hídricas estratégicas porque es el objeto de la norma. Es valioso decir que el primer párrafo está para mantener lo que se está protegiendo”. Al respecto, indicó que se agregó una “armonización de la norma con el artículo 41 y 124 de la Constitución Nacional”, y recordó que el exsenador José Luis Gioja se preguntó por qué el dictamen de Diputados había omitido la referencia al artículo 124: “Estamos respondiendo con 15 años de distancia y estamos viendo si lo podemos enmendar”.

Coto explicó que “es materia de discusión armonizar la norma con lo que nos manda la Constitución y la Corte Suprema. Solo estamos cumpliendo con la manda que nos pide la CN y eso responde al agregado en el artículo 1. Estamos armonizando la normativa vigente”.

Sobre el artículo 2 que discute el inventario, Coto planteó que “se discutió en comisión y muchas de las modificaciones que se introdujeron ahora están basadas en ese diálogo. El inventario sigue estando, otro de los problemas que se plantearon en el 2010, tardó 8 años en producirse. El inventario tiene 17 mil entradas e incorporamos un principio precautorio para hacerlo valer y para que ese esfuerzo tenga valor. Se constituyó por la reserva hídrica. Es un inventario científico, que vale la pena valorar y le damos un rol importante”.

“El núcleo de esta discusión es el artículo 124 de la CN los recursos a las provincias. El inventario naturalmente se conformará según lo que las provincias soliciten retirar e incorporar. Lo que planteamos es que la autoridad jurisdiccional sea la que se encargue de la actualización eventual del inventario en materia técnica. El IANIGLA va a seguir siendo un organismo técnico como lo era desde que se creó con una perspectiva federal”, planteó.

El libertario recordó que el director del organismo estuvo procesado y citó las palabras del Dr. Villalba: “El inventario tenía que tener la función hídrica como función central. ‘Un suelo que se congela de forma temporaria, no es importante desde el punto de vista de reserva hidrológica no hay que protegerlo, hay que proteger los que son permanentes’”, y manifestó: “Acá estamos convirtiendo en ley lo que el científico más calificado del país en su momento recomendaba. Si acá hay una concesión es la ciencia”.

Al referirse al artículo 3 del principio precautorio, destacó: “Estamos consagrando este inventario, todo eso sigue estando allí y protegido. No está en discusión. No deja de ser un patrimonio del Estado y de las provincias. Nos permite administrar los recursos. Es una incorporación valiosa lo del inventario y es un reconocimiento al trabajo que se hizo en la norma original”.

Coto aclaró que el IANIGLA conservará la titularidad del inventario, no se lo desmantelará ni desfinanciará. “No se lo toca y se le da el valor científico. Las provincias podrán retirar o incorporar del inventario según criterios técnicos y científicos. Me parece valioso que se reconozca que las provincias no son somos salvajes y es una reivindicación histórica para quienes se quejaban de la ley original y unitaria”, explicó el fueguino.

“Hemos incluido este principio central del 124 que se había omitido en Diputados y, en lo que respecta al inventario, la participación de las provincias que va a ser determinante y, además, va a elevar el nivel de las provincias porque van a tener que estar a la altura de lo que pide la ley. Si no cuentan con la capacidad técnica van a tener que ir por él y cumplir con los requisitos”, planteó.

Sobre las actividades prohibidas, el senador libertario precisó: “Se mantienen todas las prohibiciones. En el artículo 6 se incorpora un criterio extra que es más restrictivo que el anterior. Estamos cuidando el agua. A su vez, incorporamos un criterio extra en materia de impacto ambiental de forma estratégica por parte de las empresas. Se subsana una falla del texto original que no lo tenía”.

“Se habló de distritos donde no tenemos controversia sobre este tema como Tierra del Fuego o Santa Cruz, pero para ser gráficos las autoridades competentes ahí son Parques Nacionales.  Es lo que hace a la intervención que tenga que hacer el Estado Nacional para lograr que IANIGLA incorpore una entrada a su inventario está más que claro en el texto”, aclaró.

Por último, Coto contó que en su provincia el glaciar Alvear se redujo en un 80% y hay “muchos peri glaciares. Son reservas hídricas que estamos protegiendo en esta ley. Estamos resolviendo un asunto que nos mandó la Corte y que este Senado planteó en todos los escenarios políticos entendiendo que, la ley que estamos modificando, iba a generar problemas en retroceso en materia federal que significaba, en el inventario”.

“En una normativa que parecía diseñada en favor de intereses en un país vecino y no en los intereses de los 24 distritos del país y, más aún, de las provincias que tienen esos recursos a la mano y pueden ser la posibilidad de desarrollo que tanto necesitan, y los beneficios indirectos que trae. Esa ley tan controvertida en este Senado de la Nación, quizás porque trató ese dictamen tan poco federal, hoy está siendo modificada en el recinto y es una deuda que teníamos”, expresó y cerró: “No estamos leyes porque tenemos ganas, estamos resolviendo un cuerpo normativo que se da de bruces con la Constitución Nacional”.

Se sabía desde diciembre pasado, luego de que velozmente se firmara el dictamen de la reforma a la Ley de Glaciares, que el mismo tendría modificaciones que se conocerían en el recinto el día del debate. Tal vez antes, como sucedió con la reforma laboral, pero como poco se habló de esta cuestión durante todo este tiempo, todo hacía de prever que los eventuales cambios se conocieran sobre la marcha. Y así sucedió.

Fue a las 15.32, según detalló en su intervención en el recinto el puntano Fernando Salino. Pero previamente a su intervención, fue el pampeano Daniel Bensusan el que estalló por ese tema. Lo hizo cuando le tocaba intervenir, inmediatamente después de las palabras de los miembros informantes, Edith Terenzi y Agustín Coto. “Nos dejaron un papel impreso en cada una de las bancas. ¿Qué sería esto?”, le preguntó a este último, muy enojado, mientras hacía flamear un papel en su mano derecha.

“Lo que distribuyó Parlamentaria, del dictamen, del orden del día original, vamos a introducir modificaciones… Son las propuestas de modificación, cuando se tenga que hacer en la votación en particular”, explicó el fueguino libertario, ante lo que su colega pampeano estalló: “¿Y qué vamos a hablar entonces? Porque no sabemos cuáles son las modificaciones. Otra vez lo mismo que con la ley laboral... ¿De dónde corno salió esto? ¿De la comisión? ¿Para qué corno están las comisiones? ¡Esto es un papel impreso que nos trajeron hace 5 minutos!”, lanzó.

“Otra vez lo mismo”, continuó. “Ya les pasó con el artículo 44 de la ley laboral… Y después a los que acompañan les dicen: ‘Los estuvimos entreteniendo con una cosa para aprobar otra’”, señaló.

Bensusan continuó, visiblemente indignado: “Una vergüenza, de vuelta... ¿De qué vamos a discutir, si no sabemos? Para eso están los miembros informantes, que nos expliquen las modificaciones que introdujeron, si es que hay, porque no las sabemos. Estamos tratando un dictamen que se firmó en comisión, no un papelito que nos dejaron impreso en las bancas. ¡Esto es joda!”.

El legislador del bloque Justicialista deslizó que “podemos llegar a decir cosas que después digan: ‘No, la verdad que modificamos los artículos’. Se hizo muy el gracioso el miembro informante y no explicó nada de las modificaciones que quieren introducir. ¿Y van a votar nuevamente un texto sin leerlo? O por lo menos sin discutirlo delante de la sociedad. ¿Dónde los discutieron, en una oficina? ¿Qué les dieron a los que lo discutieron? Estamos cambiando una de las leyes más importantes que cuidan el ambiente en la República Argentina entre gallos y medianoche. Díganme por lo menos cuáles son los articulos que cambiaron, y los podemos discutir…”.

“Me da vergüenza que la ciudadanía argentina nos esté viendo y más vergüenza me va a dar cuando voten algo que no saben lo que están votando”, concluyó.

Habló a continuación el senador Salino, que mandó al oficialismo a leer el reglamento, por cuanto “el dictamen es el final” del recorrido de un proyecto que llega al recinto, y les pidió tenerlo en cuenta al menos “a futuro”. Agregó que “todo esto que hicieron después, lo tienen que hacer antes del dictamen. Dijo la senadora (Terenzi) ‘teníamos poco tiempo’. ¿Por qué tenían poco tiempo? Lo recibieron el 15 de diciembre y el 18 tenían dictamen… Y después vienen acá, a las 15 y 32 y entregan una modificación que nadie sabe quién es el autor, qué dice y nadie explica nada…”.

“Entonces todo lo que hablamos nosotros no significa nada, porque refiere a algo que solo conocen ustedes -interpretó-. Y después la presidenta del bloque (oficialista) es la reina de la transparencia en la información. Pone las 7 llaves, pero dice que todo el mundo conoce todo...”, continuó.

Salino enfatizó que el papel con las modificaciones les llegó 15.32, “y tiene que quedar claro que son modificaciones a los artículos que estamos tratando. Porque eso desmerece absolutamente el debate legislativo, lo que desmerece la calidad de la ley. Lo dice el reglamento, se lo explicamos en la ley laboral y lo vuelven a hacer”. Y concluyó: “Quieren cambiar el reglamento, adelante; pero mientras tanto cúmplanlo”.

Con mucha confianza respecto de contar con los votos para aprobar al menos en general la reforma de la Ley de Glaciares, el debate de este jueves en el Senado se aproxima a su etapa final. En el transcurso de esta jornada ya se aprobó la designación de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea, y después el Acuerdo Comercial Mercosur – Unión Europea.

El nombramiento de Fernando Adolfo Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario como primer tema a debatir se alcanzó con 38 votos a favor, 31 en contra y una abstención. En tanto que el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur , Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y la Unión Europea, se votó por amplia mayoría con 69 votos a favor y 3 en contra.

Ahora se avanza con el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preervación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. A través del mismo se modifica el artículo 1.º de la Ley 26.639 de glaciares, que define el objeto de la misma. Añade un segundo párrafo, que establece que la protección de los glaciares y del ambiente periglacial deberá interpretarse de un modo compatible con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que dispone la utilización racional de los recursos naturales existentes en las provincias, dueñas originarias de los mismos según el artículo 124 de la Constitución Nacional, de un modo que atienda a las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.

Si bien se espera que el dictamen alcanzado en diciembre pasado pueda tener más modificaciones que serán anunciadas durante esta jornada, el texto modifica el artículo 3º de creación del Inventario Nacional de Glaciares. El debate se inició cerca de las 15.30 y se estaría votando en general poco después de las 21.

El texto establece que, para que se agreguen a él los glaciares y geoformas periglaciales, estos deberán cumplir con las funciones de reserva estratégica de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográfi cas a las que refi ere el art. 1º. Por último, establece que el inventario deberá ser consultado y considerado por las autoridades competentes, sin desmedro de las atribuciones contempladas por los arts. 6º, 7.º y 8.º de la ley.

Por otra parte establece el principio precautorio: todos los glaciares y geoformas periglaciales incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares serán considerados como parte del objeto de protección de esta ley, hasta tanto la autoridad ambiental competente verifi que la inexistencia de algunas de las funciones mencionadas en el primer párrafo del art. 3.º (reserva estratégica de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de las cuencas hidrográfi cas).

También dispone el texto que, a partir del momento en que la autoridad competente constate que un glaciar o geoforma periglacial incluido en el Inventario no cumple con algunas de las funciones mencionadas en el punto anterior, se considerará que no está alcanzado por las previsiones de esta ley, sin perjuicio de la protección general que le corresponda por la ley general del ambiente 25.675 y otras normas aplicables.

NOTICIA EN DESARROLLO

El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, reclamó este jueves públicamente que el Senado difunda el acta completa de la 55ª Asamblea Extraordinaria del COFEMA, así como los anexos que varias provincias pidieron incorporar durante la discusión sobre la reforma de la Ley de Glaciares. Según advirtió, hubo jurisdicciones que “facilitaron el empate” mediante abstenciones, lo que impidió que el organismo adoptara una postura vinculante antes del debate legislativo.

La reunión extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente —que reúne a las máximas autoridades ambientales de todas las provincias y de la Nación— expuso un mapa político fracturado. Participaron 21 jurisdicciones, y el resultado terminó completamente dividido: 8 provincias votaron a favor de la reforma y 8 en contra, mientras que 5 se abstuvieron y 3 directamente no estuvieron presentes. Esa paridad, combinada con las abstenciones, dejó sin posibilidad al COFEMA de emitir una resolución con efecto vinculante.

El empate no fue un dato menor. Para Ferraro, que exige la publicación del acta, el bloqueo fue deliberado: esas abstenciones permitieron que el organismo no fijara una posición oficial justo cuando el Senado se dispone a tratar un proyecto que redefine el alcance del ambiente periglaciar y, por lo tanto, el nivel de protección de las reservas estratégicas de agua. Su pedido apunta a esclarecer cuáles fueron los aportes técnicos que algunas provincias pidieron sumar como anexos y cómo quedó registrado el intercambio, especialmente teniendo en cuenta que el debate incluyó objeciones al “aporte hídrico relevante”, el nuevo criterio que el oficialismo propone para recortar el área protegida.

🚨 Señores senadores, no se hagan los distraídos y pongan sobre la mesa el acta de la reunión extraordinaria del COFEMA sobre la Ley de Glaciares y los anexos que muchas provincias solicitaron agregar, al no haberse alcanzado la mayoría necesaria para una resolución vinculante.…

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) February 26, 2026

Durante la asamblea, varias provincias plantearon reparos constitucionales y ambientales a la reforma. Entre ellas, La Pampa advirtió que la iniciativa podría debilitar los presupuestos mínimos establecidos por la ley vigente, al trasladar a las jurisdicciones provinciales definiciones que hoy se sostienen en un marco nacional. En contraste, Mendoza, San Juan y otras provincias cordilleranas respaldaron el proyecto, alineándose con el argumento de que la reforma permitiría destrabar inversiones mineras. La paridad exacta —ocho a ocho— y la cantidad de abstenciones reflejaron la falta de acuerdo en un tema que, para la mayoría de las jurisdicciones, toca el corazón de su política hídrica.

El reclamo de Ferraro se produce en medio de un clima político tenso. Con el Senado dispuesto a votar una reforma que redefine el ambiente periglaciar y habilita mayor intervención sobre zonas hoy protegidas, el diputado apunta a que la discusión se base en documentación completa y transparente. El acta y los anexos que solicita —afirman en su entorno— permitirían conocer no solo cómo votó cada provincia, sino también qué objeciones, advertencias y propuestas técnicas quedaron asentadas.

Mientras tanto, la pelea por la Ley de Glaciares avanza en paralelo dentro y fuera del Congreso. Y la reunión del COFEMA, lejos de ordenar la discusión, terminó confirmando que el país no solo está dividido en el recinto, sino también en el órgano que reúne a quienes deben velar por la política ambiental federal.

La sesión en la que el oficialismo buscará avanzar con la reforma de la Ley de Glaciares tuvo prolegómonos de tensión. Horas antes del inicio del debate, un grupo de activistas de Greenpeace irrumpió en la escalinata del Congreso y, tras saltar una de las rejas perimetrales, llevó adelante una intervención simbólica para advertir sobre lo que consideran un retroceso ambiental.

La acción terminó con 12 manifestantes detenidos —nueve de ellos mujeres— y con el arresto de un camarógrafo que estaba registrando el operativo policial.

Los activistas se presentaron vestidos como legisladores y se sentaron sobre inodoros donde habían escrito “Ley de Glaciares”. Luego extendieron un cartel dirigido a los senadores con la leyenda “no se caguen en el agua”, con el que buscaban denunciar que la reforma impulsada por el Gobierno pone en riesgo las reservas estratégicas de agua dulce del país. La intervención, que fue definida por la organización como “directa, pacífica y simbólica”, duró apenas unos minutos antes de que efectivos de la Policía Federal ingresaran al espacio y procedieran a las detenciones.

En medio del forcejeo, los uniformados arrojaron gas pimienta contra Facundo Tedeschini, camarógrafo de A24, quien terminó en el piso y esposado. Testigos captaron imágenes del momento en que los agentes lo empujan. La cronista del mismo canal también resultó afectada por el aerosol irritante.

Desde Greenpeace calificaron el operativo como “preocupante desde el punto de vista democrático”, al considerar que se trataba de una protesta pacífica en el contexto de una discusión legislativa sobre el acceso al agua. “Lo que los senadores decidirán hoy es si protegen las fuentes de agua de Argentina o habilitan intervenciones en zonas que la ley vigente resguarda. La reforma es regresiva e inconstitucional”, sostuvo Diego Salas, director de Programas de la ONG, quien advirtió que millones de personas dependen de los ecosistemas que actualmente están bajo protección.

La controversia se centra en la redefinición de los espacios periglaciares. La norma vigente desde 2010 prohíbe actividades industriales, incluida la minería, tanto en glaciares como en su ambiente periglaciar, dado su rol en la regulación hídrica. El proyecto del oficialismo introduce el criterio de “aporte hídrico relevante y comprobable”, lo que, según organizaciones ambientalistas, dejaría grandes áreas sin protección. También plantea que sean las provincias las que determinen qué zonas deben ser consideradas reservas de agua, amparándose en el artículo 124 de la Constitución, que reconoce su dominio sobre los recursos naturales.

El Gobierno argumenta que la reforma permitirá destrabar inversiones, sobre todo en proyectos mineros de cobre, y que el inventario de glaciares seguirá bajo la órbita del Ianigla. Sin embargo, ONG ambientalistas y parte de la comunidad científica afirman que los cambios vaciarían de contenido una ley considerada ejemplar a nivel internacional y generarían un escenario de inestabilidad jurídica.

Con el Senado listo para discutir la iniciativa y el oficialismo dependiendo de un puñado de votos del peronismo cordillerano, la jornada comenzó con un clima de fuerte tensión política y social. La detención de los activistas —y del camarógrafo que cubría la protesta— agregó un capítulo inesperado a un debate que promete extenderse más allá del recinto.

El Congreso de la Nación se despide del período extraordinario con dos sesiones en el Senado: la primera de este jueves va a tratar el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea; el pliego para embajador en Bélgica de Fernando Iglesias, y la modificación d la Ley de Glaciares.  Mientras que el viernes se avalarán los cambios al proyecto de Modernización Laboral y se buscará convertir en ley también el Régimen Penal Juvenil.

Transcurrida la sesión preparatoria en la Cámara alta, La Libertad Avanza retoma el debate por la modificación a la Ley de Glaciares, proyecto que fue dictaminado el 18 de diciembre pasado, pero pospuesto por la prioridad que tuvieron el Presupuesto 2026 y la Ley de Modernización Laboral. El oficialismo busca estirar la racha positiva en el recinto, aunque no estaría contando con la adhesión total de los aliados.

Con Patricia Bullrich a la cabeza, el oficialismo ha logrado compactar a un espectro de bloques aliados y dialoguistas que alcanzan los 44 senadores nacionales, 47 si contamos a los tres integrantes de Convicción Federal que ejecutaron su salida del interbloque peronista. De todas maneras, hay representantes del radicalismo y del interbloque Impulso País (Pro y Provincias Unidas) que dejaron trascender que no apoyarían el texto por no comulgar con la perforación de los presupuestos mínimos ambientales; incluso hasta lo consideran “inconstitucional”.

En una previa idéntica a la discusión por la Reforma Laboral, los cambios al despacho firmado en diciembre se conocerán directamente en el recinto. La salvedad en esta ocasión es que no será el oficialismo la voz informante, si no la senadora chubutense Edith Terenzi, presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

A partir de este escenario, se comenzó a especular con que dos integrantes del bloque Justicialista que pertenecen a provincias mineras puedan acompañar al oficialismo en la modificación a la Ley de Glaciares: se trata de la catamarqueña Lucía Corpacci y el sanjuanino Sergio Uñac, ambos exgobernadores de sus provincias. Así las cosas, una alta fuente libertaria reveló a parlamentario.com, en referencia a la posibilidad de aprobación de la ley: “No tenemos a todos (los aliados), pero tenemos los números”.

Vale destacar que la posibilidad de que estos integrantes de la oposición voten a favor de la modificación a la Ley de Glaciares fue consensuada puertas adentro del bloque Justicialista, donde deliberaron dar libertad de acción a los representantes de provincias mineras.

El debate arrancará con el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea aprobado por la Cámara de Diputados el pasado jueves 12 de febrero. La República Argentina busca ser el primer país en avalar el convenio, puesto que el Parlamento de Uruguay está tratándolo en la Cámara de Senadores este miércoles y buscará la aprobación definitiva este jueves en la Cámara de Representantes. Por eso el cambio de fecha de tratamiento, dado que se había previsto originalmente el debate de este tema el viernes con Modernización Laboral.

La sesión extraordinaria citada para este jueves 26 de febrero a las 11 comenzará con el tratamiento del pliego para embajador en Bélgica del exdiputado nacional Fernando Iglesias. Según confiaron a este medio, solamente se leerá el despacho y se procederá a la votación.

Tras participar de un encuentro con especialistas del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), el diputado nacional Esteban Paulón anticipó que, en caso que el proyecto que busca modificar la Ley de Glaciares se apruebe en el Senado y pase a la Cámara baja, van a "exigir una audiencia pública obligatoria para garantizar la más amplia participación ciudadana en la defensa de nuestros glaciares".

En tal sentido, el santafesino señaló que la normativa vigente "es una política de Estado estratégica que asegura la sostenibilidad de todas las actividades productivas a largo plazo, así como la reserva de agua en las zonas periglaciares, los ecosistemas, las economías regionales y el desarrollo del país".

Además, el legislador cuestionó que "la reforma pretende que autoridades provinciales -sin la capacidad técnica del IANIGLA- decidan qué cuerpos de hielo tienen relevancia hídrica, permitiendo actividades extractivas incluso si afectan a otras provincias".

"Esto desnaturaliza el objetivo de conservación de las áreas glaciares y periglaciares. Nosotros no vamos a avalar la desprotección del medioambiente ni los planes extractivistas de este Gobierno", enfatizó.

Por otra parte, Paulón denunció el desfinanciamiento del organismo a cargo del Inventario Nacional de Glaciares y apuntó: "Con esta reforma legal buscan destruir un inventario de más de 10.000 áreas protegidas, transfiriendo facultades técnicas a las provincias y facilitar la exploración minera".

La diputada nacional Adriana Serquis (Unión por la Patria) se refirió este martes a la reforma de la Ley de Glaciares que impulsa el Gobierno y advirtió que "es bastante grave porque se está poniendo en juego un recurso que no se reemplaza, que es la fuente de agua potable, las fuentes de agua dulce. Es un bien en disputa, un bien común, que deberíamos estar cuidando entre todos".

"Con esta modificación se ponen en riesgo estos lugares y de manera innecesaria", consideró la legisladora, que mantuvo un encuentro -junto a otros de sus pares como Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón- con integrantes del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), a cargo del Inventario Nacional de Glaciares.

La rionegrina señaló que esta modificación se busca hacer "por presiones de diferentes empresas mineras hacia las provincias y los gobernadores, que intentan decir de que la ley no es clara, que necesita modificaciones". "Al ver todo lo que se hizo hasta ahora, eso no sería cierto", agregó.

"La ley protege a glaciares, nieves perennes y glaciares de escombro, que son los más difíciles de detectar", detalló la extitular de la Comisión Nacional de Energía Atómica y defendió que "la forma en que está hecho el inventario es objeto de reconocimiento internacional".

Al referirse a que la iniciativa introduce el concepto de "función hídrica relevante" para los glaciares, Serquis apuntó que "no está claro el criterio", además de que esto "lo van a definir las autoridades provinciales y ya no va a haber un criterio uniforme y homogéneo para todo el país, cuando son bienes comunes".

"Las provincias van a decir qué zonas o qué glaciares se deben sacar del inventario", alertó en declaraciones radiales. En tal sentido, explicó que "cuando hay menos nevadas, cuando hay sequía, la función hídrica empieza a ser más relevante y eso es lo que no se está teniendo en cuenta".

Diputados nacionales de la oposición se encuentran este lunes en la provincia de Mendoza, con el objetivo de desarrollar una agenda vinculada a la nueva legislación sobre glaciares que el oficialismo busca impulsar en el Congreso.

El proyecto para modificar la Ley de Glaciares forma parte del temario de sesiones extraordinarias y podría ser tratado esta semana en una de las dos sesiones que se prevén en la Cámara alta.

Como parte de estas actividades, participarán Adriana Serquis, Martín Aveiro, Moira Lanesán (Unión por la Patria), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Esteban Paulón (Provincias Unidas).

Además, se espera que de manera virtual también sean parte de las reuniones con especialistas del IANIGLA los legisladores Gabriela Estévez, Andrea Freites, Ana María Ianni, Sabrina Selva, Pablo Todero (UP), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y María Inés Zigarán (PU), entre otros.

El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) es el organismo de referencia nacional en el estudio y monitoreo de glaciares. También participarán de los encuentros investigadores del Centro Científico Tecnológico de Mendoza.

El propósito de la visita es interiorizarse en los aspectos técnicos y científicos relacionados con la ley actual, difundir información y generar conciencia sobre las modificaciones que se intentan introducir, además de destacar el valor estratégico de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas naturales de agua esenciales para la vida, los ecosistemas, las economías regionales y el desarrollo del país.

El objetivo, a su vez, es ampliar información precisa del rol del organismo en el registro de la evolución de los glaciares. Los convocantes ya anticiparon su postura crítica al proyecto que impulsa el Gobierno (por pedido de gobernadores de provincias mineras), por considerar que implica retrocesos ambientales.

Poco activo el año pasado, cuando realizó poco más de una decena de sesiones, el Senado de la Nación muestra un perfil mucho más activo ahora, con un oficialismo que ha triplicado su dotación, y esta semana se apresta a realizar nada menos que tres sesiones. Convengamos que una de ellas es la sesión preparatoria, pero después se realizarán dos sesiones de extraordinarias, para tratar el resto del temario pendiente enviado por el Poder Ejecutivo.

Más allá de que -reiteramos- una de las reuniones es la tradicional de todos los 24 de febrero, lo cierto es que para encontrar tres sesiones en una misma semana en el Senado hay que remontarse casi una década atrás. En abril de 2017, el Senado tuvo dos sesiones el martes 25 de abril: una breve, en la que aprobaron una declaración de emergencia para zonas inundadas, y otra a continuación, informativa, para recibir el informe del entonces jefe de Gabinete Marcos Peña. Y al día siguiente volvió a sesionar el Senado para convertir en ley el proyecto de tarifas gratuitas para electrodependientes, aprobar un límite a las excarcelaciones y sancionar una ley que equiparaba la penetración oral forzada con una violación.

Esta semana la actividad en el recinto de la Cámara alta se iniciará el martes, a las 12, con la sesión preparatoria que establece el artículo 1° del reglamento del Cuerpo, para elegir autoridades. Según ha trascendido, los cargos quedarían como están hoy, con la salvedad de la vicepresidencia 1°, que le corresponde al bloque Justicialista, que como viene sucediendo con las comisiones, haría reserva del lugar y designaría a su representante más adelante. Hasta el 10 de diciembre pasado ocupaba ese lugar la neuquina Silvia Sapag, quien ya no es senadora.

El presidente provisional del Senado continuaría siendo el puntano Bartolomé Abdala (LLA); la vice primera la radical Carolina Losada, y la vicepresidenta segunda la cordobesa Alejandra Vigo.

Victoria Villarruel presidirá la sesión preparatoria de este martes. (Fotos Comunicación Senado)

También se elegirá a los secretarios administrativos y parlamentarios, siendo actualmente el primero Alejandro Fitzgerald, elegido en la sesión de noviembre del año pasado en la que asumieron los nuevos senadores. Agustín Giustinian es secretario Parlamentario; en tanto que Lucas Clark y Dolores Martínez ocupan las prosecretarías Administrativa y Parlamentaria, respectivamente. Manuel Ignacio Chavarría es el prosecretario de Coordinación Operativa.

De las dos sesiones extraordinarias siguientes, la que ya ha sido pedida es la del viernes. Con las firmas de Patricia Bullrich, Carmen Álvarez Rivero, Agustín Coto, Martín Göerling. Flavia Royón y Edith Terenzi, solicitaron para el 27 de febrero a partir de las 11 el tratamiento del proyecto de Modernización Laboral y el Acuerdo Comercial Unión Europea – Mercosur. El primer tema vuelve con modificaciones que le introdujo la Cámara baja, y se espera sea convertido en ley en esa jornada. El acuerdo comercial ya pasó también por Diputados y en caso de aprobarse, el Parlamento argentino será el primero de la región en darle el aval legislativo al mismo.

Según anticipó la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, la otra sesión pedida sería para el jueves 26, a fin de tratar nada menos que el nuevo Régimen Penal Juvenil, ya aprobado en Diputados, con lo que si consigue los votos, la norma que baja la edad de imputabilidad a los 14 años, será ley.

No está confirmado, pero se espera que el otro tema que puedan incluir para ese día sería la modificación de la Ley de Glaciares, que tiene dictamen desde diciembre pasado y podría sufrir algunos cambios que serían anunciados en el propio recinto. De ser aprobado, deberá pasar luego por la Cámara baja, ya en el período ordinario.

Fernando Iglesias se presentó ante la Comisión de Acuerdos el jueves pasado.

Por último, sería votado el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea. El exdiputado nacional se presentó el jueves pasado en la Comisión de Acuerdos del Senado, que ahora preside el riojano Juan Carlos Pagotto, por lo que se espera que esta semana complete el recorrido legislativo para transformarse oficialmente en embajador, cargo que ostenta desde el mes de enero.

No hay ninguna actividad prevista para la Cámara baja, habida cuenta de que ese Cuerpo ya dio curso a los temas que le fueron asignados.

Con vistas al tratamiento de la modificación de la Ley de Glaciares frenada en el Senado, el diputado nacional José Peluc de La Libertad Avanza fue designado como presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Al igual que en las otras cuatro reuniones, Unión por la Patria hizo reserva del cargo de vicepresidente.

Una vez que pasó a ocupar el lugar, el diputado libertario manifestó que “San Juan es una provincia muy desértica y lo poco que tenemos es por la mano del hombre”. “Espero estar a la altura de las circunstancias”, agregó. Luego, el bloque oficialista hizo reserva del nombre para la Vicepresidencia segunda.

La Secretaría 1° quedó para el diputado entrerriano Darío Schneider de la Unión Cívica Radical; la Secretaría 2° fue reservada para el interbloque Unidos.

Además de las autoridades, integran la Comisión de Recursos Naturales, Pablo Ansaloni, Facundo Correa Llano, Patricia Holzman, Andrés Laumann, Soledad Molinuevo, Guillermo Montenegro, Francisco Morchio, Gabriela Muñoz, Karen Reichardt y Lorena Villaverde. También, Luis Basterra, Gabriela Estévez, Abelardo Ferrán, Cecilia López Pasquali, Juan Pablo Luque, Marcelo Mango, Cecilia Moreau, Adriana Serquis, Caren Tepp y Pablo Todero por Unión por la Patria.

Además, están Fernanda Ávila de Elijo Catamarca; Carolina Basualdo y María Inés Zigarán de Provincias Unidas; Florencia De Sensi y Alicia Fregonese del Pro; Maximiliano Ferraro por la Coalición Cívica; Carlos Jaime por Producción y Trabajo; y Javier Noguera de Independencia.

En medio de la designación de secretarios, el diputado nacional Nicolás del Caño que de “forma arbitraria” el Frente de Izquierda se quedó sin vocalías dentro de la Comisión de Recursos Naturales. Ferraro, por su parte, reclamó por la proporcionalidad de integración; y Zigarán cuestionó la designación de Peluc en relación al tratamiento de la Ley de Glaciares. “Que tenga la valentía y el coraje que garantice la pluralidad”, cargó la jujeña.

Por último, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, José Peluc, propuso como día y horario de reunión cada martes a las 14.00. la moción fue aprobada y se dio por terminado el encuentro.

A una semana del inicio del segundo tramo de sesiones extraordinarias, la Cámara de Diputados retorna a la actividad oficial con la constitución de siete comisiones. Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; Asuntos Constitucionales; Legislación del Trabajo; Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; Relaciones Exteriores y Culto; y Mercosur quedarán conformadas a partir de las 10 de este martes.

Tal como adelantó parlamentario.com, el oficialismo trazó la hoja de ruta de esta semana para llegar con chances de aprobar el Régimen Penal Juvenil el jueves 12 en el recinto. El texto fue enviado nuevamente por el Poder Ejecutivo Nacional con la insistencia de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. También se incorporó el artículo de asignación presupuestaria estimado en más de 23 mil millones de pesos.

La Libertad Avanza elevará la propuesta, a las 10 de este martes, para designar a quién ocupará la presidencia de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes; luego, a las 11, hará lo mismo en la reunión constitutiva de Justicia. Pese a que se barajan una decenas de nombres, desde el bloque son cautos y darán a conocer los nombres directamente en las reuniones convocadas.

Una vez que estas dos comisiones fijen presidente, vice y secretarios, será convocado el plenario entre estas dos junto a Legislación Penal; y Presupuesto y Hacienda para el miércoles 11. La semana pasada, La Libertad Avanza recibió a todos los jefes de bloques en el despacho de Martín Menem, presidente de la Cámara baja, para trazar el cronograma y trascendió que el acuerdo con los dialoguistas fija la edad punible en 14 años.

Sin embargo, el gobierno de Javier Milei volvió a enviar el proyecto de ley, esta vez con la rúbrica de la nueva ministra de Seguridad, Alejandro Monteoliva, en donde insiste con la baja en la edad de imputabilidad en 13 años. De todas maneras, refrentes de los bloques aliados revelaron ante este medio que su apoyo está condicionado en fijar la edad en 14 años porque “bajar más se contrapone con los tratados internacionales” suscriptos por la República Argentina.

En virtud del tratamiento de la modificación a la Ley de Glaciares, Diputados va a ratificar al santafesino Nicolás Mayoraz en la Comisión de Asuntos Constitucionales a las 12. El proyecto fue dictaminado en el Senado el 18 de diciembre pasado, pero no está en el temario de la sesión pedida para este miércoles 11 cuando se trata la Ley de Modernización Laboral en la Cámara alta. Así las cosas, la Cámara baja va a constituir la Comisión de Legislación del Trabajo a las 13 a la espera de la media sanción de la Reforma Laboral.

Una hora después, a las 14, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano fijará presidencia y el resto de las autoridades. Según supo este medio, hay muchas chances de que la titularidad de esta comisión, que está abocada al debate de la Ley de Glaciares, podría quedar en manos de un bloque de la oposición dialoguista.

Finalmente, a las 15 y a las 16, serán constituidas las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto; y de Mercosur, respectivamente. Ambas estarán ligadas al tratamiento del Acuerdo de Libre Comercio entre la Región y la Unión Europea, suscripto por el presidente de la Nación el 17 de enero pasado en Asunción. El texto supera las 4.400 páginas y podría comenzar a debatirse la próxima semana.

La Cámara de Diputados comienza oficialmente la labor en esta segunda etapa de sesiones extraordinarias. Fueron convocadas las reuniones constitutivas de las comisiones de Justicia; Asuntos Constitucionales; de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; y de Relaciones Exteriores y Culto, todas para el próximo martes 10 de febrero.

Tal como adelantó parlamentario.com, la primera actividad oficial de la Cámara baja en el 2026 será la reunión constitutiva de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes a las 10.00, seguida por la de Justicia a las 11.00. Ambas definirán autoridades para formar parte del plenario que trate la Ley Penal Juvenil al día siguiente junto a Presupuesto y Hacienda; y Legislación Penal.

A la espera de las reuniones constitutivas, el oficialismo tiene decidido ir al recinto el jueves 12 con un único tema: el Régimen Penal Juvenil. Con la experiencia de lo debatido los últimos dos años, La Libertad Avanza entiende que ceder con la baja en la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, y no en 13 como estipulaba el proyecto original del Poder Ejecutivo, le da mayor celeridad a la cuestión.

El despacho será similar al aprobado el 6 de mayo del 2025, pero con la incorporación de una nueva redacción en el artículo de asignación presupuestaria. Ese incremento estará dirigido a la adecuación de los centros de detención que, con el avance de la norma, quedarán habilitados para albergar adolescentes.

Luego, la Comisión de Asuntos Constitucionales se reúne a las 12.00 en la Sala 2 del segundo piso del Anexo del Palacio Legislativo. El diputado santafesino Nicolás Mayoraz será ratificado en el cargo, el cual ocupa desde su llegada al Congreso en diciembre del 2023 (fue elegido en enero 2024 para el primer debate de la Ley de Bases).

Con los ojos puestos en la Modernización Laboral, la Comisión de Legislación del Trabajo quedará constituida el martes a las 13.00. El proyecto de ley pasará por el recinto del Senado el próximo miércoles y en caso de prosperar, llegará a la Cámara de Diputados después de los feriados de carnaval.

Una hora después, a las 14, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano se reunirá para definir a su nuevo titular. El nombre no está confirmado aún, pero en el oficialismo dejaron trascender que podría haber chances de que el cargo sea concedido a un integrante de la oposición dialoguista. Esta comisión se abocará al tratamiento de la modificación de la Ley de Glaciares, en caso de que el Senado gire la media sanción.

Respecto al freno en la modificación de la Ley de Glaciares -no fue sumado al temario de la sesión especial pedida por el oficialismo para el miércoles 11 a las 11-, una alta fuente legislativo explicó que el espíritu del proyecto tiene contradicciones con los protocolos que tiene la Unión Europea respecto al cuidado del agua.

Esto surge tras el ingreso del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la UE, suscripto por el presidente Javier Milei en Asunción que será abordado por la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, convocada a constituirse a las 15.00; y la de Mercosur a las 16.00.

La presidente de la Cámara alta, Victoria Villarruel, firmó la nota oficializando la convocatoria a una sesión especial para el próximo miércoles 11 de febrero con un único tema en la agenda del debate: el proyecto de ley de Modernización Laboral incluido en el temario de extraordinarias elaborado oportunamente por el Poder Ejecutivo.

De esta manera, las puertas del recinto de la Cámara de Senadores se abrirán por primera vez en lo que va del año desde las 11 de la mañana. La convocatoria surge luego de una nota a la que accedió parlamentario.com este miércoles, que había sido suscripta por Patricia Bullrich, Eduardo Vischi, Martín Göerling, Luis Juez, Julieta Corroza, Carlos “Camau” Espínola, Edith Terenzi, Carlos Arce y Beatriz Ávila, representantes de 44 senadores nacionales con los que el oficialismo se ilusiona con que podrá aprobar el proyecto que más ambiciona en este período el Gobierno nacional.

El dato saliente de esta convocatoria es la ausencia de un tema que se daba por sentado sería abordado en esta ocasión: la reforma de la Ley de Glaciares. La primera razón que justificaría esa exclusión es la de que ya de por sí el debate de la reforma laboral exigirá un tiempo bastante extenso como el que amerita semejante tema, pero además teniendo en cuenta las modificaciones que se esperan sean incluidas en el texto definitivo.

Sumarle un debate de un tema como el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, extendería de manera desmedida esa sesión. Tampoco figura la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica. Sin embargo, ambos temas podrían incorporarse en Labor Parlamentaria.

Sobre las modificaciones previstas en el proyecto de Modernización Laboral, hubo gran hermetismo tras la reunión del martes. “Se van a conocer el día que la estemos tratando”, aclaró la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, que en esa oportunidad aseguró que cuentan con los votos para aprobar el proyecto. “Sino no convocaríamos”, confesó.

Conforme lo acordado el martes en la reunión de más de dos horas celebrada en la Cámara alta, los referentes legislativos de 44 senadores nacionales solicitaron una sesión especial para el próximo miércoles 11 de febrero, a los efectos de tratar el proyecto de ley de Modernización Laboral incluido en el temario de extraordinarias elaborado oportunamente por el Poder Ejecutivo. Si bien todavía no ha sido formalizada la convocatoria, se supo que será a partir de las 11.

La nota a la que accedió parlamentario.com este miércoles, tiene las firmas de Patricia Bullrich, Eduardo Vischi, Martín Göerling, Luis Juez, Julieta Corroza, Carlos “Camau” Espínola, Edith Terenzi, Carlos Arce y Beatriz Ávila, representantes de 44 senadores nacionales con los que el oficialismo se ilusiona con que podrá aprobar el proyecto que más ambiciona en este período el Gobierno nacional.

El dato saliente de esta convocatoria es la ausencia de un tema que se daba por sentado sería abordado en esta ocasión: la reforma de la Ley de Glaciares. La primera razón que justificaría esa exclusión es la de que ya de por sí el debate de la reforma laboral exigirá un tiempo bastante extenso como el que amerita semejante tema, pero además teniendo en cuenta las modificaciones que se esperan sean incluidas en el texto definitivo. Sumarle un debate de un tema como el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, extendería de manera desmedida esa sesión.

Tampoco figura en principio la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica, que podría ser sumada cuando se haga la convocatoria definitiva por parte de las autoridades del Senado. Cosa que, dicho sea de paso, también podría suceder con el proyecto sobre glaciares.

Sobre las modificaciones previstas en el proyecto de Modernización Laboral, hubo gran hermetismo tras la reunión del martes. “Se van a conocer el día que la estemos tratando”, aclaró la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, que en esa oportunidad aseguró que cuentan con los votos para aprobar el proyecto. “Sino no convocaríamos”, confesó.

Mientras corre el reloj de las sesiones extraordinarias, el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados recibe este martes a las 18 al secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, para adentrar a los legisladores en el proyecto de modificación a la Ley de Glaciares que va a tratar el Senado en la sesión del próximo miécoles 11 de febrero.

La convocatoria será en el Salón Blanco ubicado en uno de los pulmones del Palacio Legislativo y será la última vez que el bloque oficialista se reúna allí. A partir de la próxima semana, La Libertad Avanza tendrá a todos los despachos en el quinto piso del Anexo del Congreso, lugar que históricamente fue del radicalismo.

De todos modos, el oficialismo, también, buscará reunir a la tropa para definir quiénes quedarán en las presidencias de las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes, y de Justicia, las cuales formarán parte del plenario que discutirá la Ley Penal Juvenil, único tema que empezará en la Cámara baja. Según revelaron a parlamentario.com, Justicia podría quedar a cargo del mendocino Luis Petri o del bonaerense Sebastián Pareja; mientras que la comisión que trata temas de menores de edad, podría quedar para una diputada aliada.

Respecto a la visita de Lucero, el funcionario profundizará el contenido del proyecto ambientalista que redefine al objeto de protección como "los glaciares y geoformas del ambiente periglacial 'que cumplan funciones hídricas', ya sea como reservas estratégicas o como proveedores de agua para la recarga de cuencas". Además, incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la ley al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales.

Otra modificación central es la creación del artículo 3° bis, que introduce el principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas. Esa verificación dependerá exclusivamente de cada provincia, cuya información deberá ser transmitida al IANIGLA para actualizar el inventario.

De todos modos, este proyecto de ley primero debe pasar por el recinto del Senado y si prospera la media sanción en la sesión extraordinaria estipulada para el 11 de febrero, tendrá su debate en Diputados a partir de la tercera semana. La iniciativa tiene giro a Presupuesto y Hacienda, a cargo de Bertie Benegas Lynch, y a Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, la cual deberá ser conformada.

El Instituto Argentino de Derecho para la Minería (IADEM) salió a respaldar el proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares (26.639), en debate en el Congreso, y remarcó que la iniciativa no debe interpretarse como un retroceso ambiental. Por el contrario, afirman que la actualización representa una oportunidad para reforzar la protección de los glaciares y de las geoformas periglaciares sobre bases jurídicas más claras y compatibles con el federalismo que establece la Constitución.

Desde la entidad explican que, tras más de una década de vigencia, la ley exhibe definiciones imprecisas que derivaron en interpretaciones contradictorias, conflictos de competencias y un marco de incertidumbre jurídica que afecta tanto a las inversiones productivas como a las autoridades provinciales encargadas de aplicar la norma. En ese contexto, sostienen que un derecho ambiental efectivo requiere reglas precisas, operativas y previsibles. “La claridad normativa no disminuye la protección, la fortalece”, remarcan.

El IADEM subraya que la Constitución ofrece un encuadre claro para el debate: mientras el artículo 41 faculta al Congreso a dictar presupuestos mínimos de protección ambiental, el artículo 124 reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. Esa combinación —señalan— obliga a articular las competencias de manera armónica, evitando tanto excesos centralistas como interpretaciones provinciales que desconozcan la normativa nacional.

En esa línea, valoran que el proyecto en discusión incorpore un rol más activo de las provincias en la gestión y protección de los glaciares. Lejos de debilitar los presupuestos mínimos, aseguran que esta participación los potencia, porque permite integrar conocimiento técnico y territorial indispensable para aplicar la ley con mayor eficacia. Al mismo tiempo, aclaran que esa presencia provincial no implica discrecionalidad ni margen para decisiones al margen del ordenamiento federal.

Para el instituto, la adecuación legislativa es indispensable para superar las ambigüedades del régimen vigente, brindar certidumbre jurídica y fortalecer la tutela efectiva de los glaciares como reservas estratégicas de agua. El objetivo —afirman— no es contraponer ambiente y desarrollo ni Nación y provincias, sino lograr una regulación coherente con el reparto constitucional de competencias y con los principios del derecho ambiental argentino.

El IADEM recuerda además que la propia Corte Suprema ha destacado la necesidad de avanzar en un federalismo de concertación para abordar este tipo de regulaciones. “La protección ambiental no se debilita con normas claras y consensuadas: se fortalece”, sintetizan.

Mientras toda la atención y expectativa en el arranque de las extraordinarias de febrero están puestas en el debate por el proyecto de Modernización Laboral previsto para la semana que viene, otro tema de suma importancia que tendrá tratamiento en la misma sesión de la Cámara alta -que a priori sería el 11 de febrero- será la reforma a la Ley de Glaciares que impulsa el Gobierno nacional.

La iniciativa, que fue presentada a instancias de gobernadores aliados a Casa Rosada y que administran provincias con interés en la industria minera, es fuertemente rechazada por sectores ambientalistas que ejercen presión para que la ley no prospere, motivo por el cual vienen protestando desde hace tiempo frente al Congreso de la Nación.

Con el reinicio de la actividad legislativa, ese reclamo volvió a hacerse presente este martes por la mañana, donde activistas se congregaron en las puertas del Senado, que será el escenario en el que la semana próxima tendrá tratamiento la modificación de la Ley de Glaciares. Es un tema que se va a tratar en paralelo a la reforma laboral y al acuerdo para designar embajador extraordinario y plenipotenciario a Fernando Iglesias en Bélgica, pero seguramente se llevará buena parte de la atención de lo que se prevé será una extensa jornada.

La iniciativa obtuvo dictamen el 18 de diciembre de 2025 durante un plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y Combustibles del Senado,  y propone una serie de modificaciones orientadas —según argumenta el Gobierno— a despejar “controversias interpretativas” acumuladas desde la sanción de la norma hace quince años, y a fortalecer las facultades de las provincias como titulares del dominio originario de los recursos naturales.

El proyecto enviado al Congreso redefine el artículo 1° para precisar el objeto de protección: los glaciares y geoformas del ambiente periglacial “que cumplan funciones hídricas”, ya sea como reservas estratégicas o como proveedores de agua para la recarga de cuencas. También incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la ley al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales consagrado en el artículo 41.

Otra modificación central es la creación del artículo 3° bis, que introduce el principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas. Esa verificación dependerá exclusivamente de cada provincia, cuya información deberá ser transmitida al IANIGLA para actualizar el inventario.

El texto también cambia el régimen de prohibiciones del artículo 6°, que se aplicarán únicamente sobre los glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por la autoridad ambiental local. Entre las actividades no permitidas se mantienen la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y el desarrollo de obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica. Serán las provincias las que determinen, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto implica una alteración relevante y, por lo tanto, no puede autorizarse.

En la misma dirección, el artículo 7° reformulado exige evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial, y habilita evaluaciones estratégicas cuando la escala lo amerite. Se exceptúan únicamente actividades de rescate, científicas no invasivas y deportivas no motorizadas.

El proyecto también redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero sujeto a un flujo permanente de información desde las provincias. El Gobierno señala que, a quince años de vigencia de la ley, solo se completó el Nivel 1 del inventario y que aún resta determinar la función hídrica efectiva de las geoformas relevadas.

Se inicia este lunes 2 de febrero el período de sesiones extraordinarias en el que, hasta el próximo día 27, podrá tratarse un temario que incluye el proyecto de ley de Modernización Laboral, la reforma de la Ley de Glaciares y la modificación del Régimen Penal Juvenil, entre otros temas.

Se trata del segundo llamado a extraordinarias hecho por el presidente Javier Milei en este inicio de la segunda mitad de su mandato, luego de que en el mes de diciembre pasado el oficialismo consiguiera la aprobación del Presupuesto Nacional 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. En ese primer llamado a sesiones extraordinarias el Gobierno también consiguió que la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares tuvieran sendos dictámenes en el Senado, con lo que ambos temas están habilitados para ser tratados en el recinto. La fecha tentativa para esa sesión sería el 11 de febrero.

Este segundo llamado a extraordinarias se hizo a través del decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial el 19 de enero pasado, y que incluía la reforma de la Ley de Glaciares; el proyecto de Modernización Laboral; el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y el acuerdo para designar embajador extraordinario y plenipotenciario a Fernando Iglesias en Bélgica.

El 27 de enero el presidente Javier Milei firmó otro decreto, el 53/26, por el cual se amplió el temario de sesiones extraordinarias, incluyendo los proyectos de ley vinculados al Régimen Penal Juvenil. Esta decisión estuvo motivada en el aberrante asesinato del joven Jeremías Monzón, a manos de tres menores de edad.

Este tema será debatido inicialmente por la Cámara baja, donde el año pasado un proyecto del Poder Ejecutivo llegó a tener dictamen en el mes de mayo, pese a lo cual no llegó al recinto. El proyecto será tratado en comisión la próxima semana, según confió a parlamentario.com una fuente de La Libertad Avanza, que aclaró que esta semana no habrá trabajo en las comisiones de Diputados, aunque sí deberían conformarse las comisiones que se necesiten para el tratamiento de los temas pedidos por el Ejecutivo.

En el caso de la Ley Penal Juvenil, el debate tendrá como cabecera a la Comisión de Legislación Penal, que ya fue conformada en diciembre pasado y sigue presidiendo la cordobesa Laura Rodríguez Machado. Y es el único de los temas que le corresponde tratar a la Cámara baja por ahora.

El tema que no fue incluido en extraordinarias fue la emergencia ígnea para atender la situación de desastre en provincias patagónicas como consecuencia de los incendios forestales que se desarrollan desde fines del año pasado. Recordemos que la semana pasada el Gobierno decidió declarar la emergencia por DNU, a los efectos de agilizar la implementación de ese pedido formulado por los gobernadores de las provincias afectadas.

Hablando de temas que quedaron fuera de extraordinarias, es el caso del proyecto de ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, también conocido como “regla fiscal”, que había sido sumado en el anterior llamado a extraordinarias, e incluso consiguió dictamen, pero no fue tratado en el recinto. Tampoco figura la reforma del Código Penal, que había sido anunciado en diciembre.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, destacó la relevancia que tendrá para la provincia el tratamiento de la aclaratoria de la Ley de Glaciares, iniciativa que el Gobierno nacional anticipó que buscará debatir en el Congreso a partir de febrero. El mandatario afirmó que el proyecto no altera el espíritu ambiental de la legislación vigente, sino que apunta a resolver imprecisiones jurídicas que hoy generan conflictos administrativos y judiciales.

“La Ley de Glaciares es muy importante para los sanjuaninos. Esperamos que en febrero pueda tratarse y aprobarse esta aclaratoria”, señaló Orrego. Según explicó, la iniciativa busca “ordenar” el objeto de la ley sin modificar sus principios centrales. “No cambia el objeto. Lo que hace es aclararlo”, remarcó.

En el entorno del gobernador sostienen que una definición técnica más precisa permitiría evitar trámites complejos, superposiciones de competencias y judicialización, problemas que afectan especialmente a las provincias cordilleranas con matriz minera y actividades productivas asociadas.

Orrego también subrayó la importancia de reafirmar el dominio provincial sobre los recursos naturales, tal como establece la Constitución. “La norma no delega facultades, simplemente reconoce que los recursos naturales pertenecen a cada provincia. En el caso de San Juan, no a la Nación”, afirmó. El mandatario comparó este esquema con el modelo chileno, donde el control de los recursos está en manos del gobierno central. “En Argentina la realidad es distinta: los recursos son provinciales”, enfatizó.

El avance del debate genera expectativas tanto en las provincias cordilleranas como en el sector minero, que ven en la aclaratoria una herramienta para dar mayor previsibilidad normativa. Una definición más clara podría destrabar inversiones por hasta 14.000 millones de dólares en proyectos de cobre y litio que hoy están frenados por interpretaciones contrapuestas sobre glaciares y ambientes periglaciares.

Desde el Ministerio de Minería de San Juan, funcionarios ya habían advertido que sin una normativa más precisa los proyectos estratégicos “seguirán como están”, en referencia a la imposibilidad de avanzar con estudios, permisos y evaluaciones clave.

El Gobierno nacional confirmó que impulsará el tratamiento en febrero, con foco en delimitar con mayor exactitud qué se considera glaciar y periglaciar desde el punto de vista jurídico y administrativo. La industria sigue de cerca ese proceso, ya que la falta de definiciones uniformes provoca hoy superposición de criterios ambientales, trabas en los permisos y un aumento de la judicialización.