El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, reclamó en la Casa Rosada la actualización de la Ley de Glaciares, al considerar que la norma vigente frena proyectos estratégicos. Propuso que las provincias definan qué es glaciar y periglaciar, y destacó la minería como clave para el desarrollo energético y económico.
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, volvió a insistir en la necesidad de reformar la Ley de Glaciares, al advertir que la normativa actual “limita proyectos mineros estratégicos”.
En la reunión que mantuvo en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, Orrego planteó su posición sobre la minería, las obras públicas y la necesidad de una reforma estructural. “Les expresé mi postura sobre la Ley de Glaciares y sobre la minería en general”, señaló.
El mandatario sanjuanino sostuvo que el esquema vigente debe revisarse para “armonizar la preservación ambiental con el desarrollo productivo”. Propuso que sean las provincias las que determinen qué es glaciar y periglaciar. “Se debe reformar la ley”, subrayó.
Orrego recordó que San Juan concentra seis de los diez proyectos de cobre más importantes del país y afirmó que la minería “es clave para el futuro energético y económico de la Argentina”.
Durante el encuentro también se abordaron otros temas de la agenda productiva nacional, como el desarrollo de granos, Vaca Muerta y la minería, en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que el gobernador consideró “una herramienta fundamental para atraer capitales y generar empleo”.
El ministro de Minería sanjuanino, Juan Pablo Perea, reclamó una definición legislativa urgente para diferenciar entre glaciares activos y permafrost. Advirtió que sin esa precisión, iniciativas estratégicas como Vicuña y Pachón seguirán paralizadas. Empresarios y referentes del sector respaldan el pedido.
El Gobierno de San Juan elevó el tono de su reclamo al Ejecutivo nacional y exigió la reglamentación de la Ley de Glaciares, vigente desde 2010 pero aún sin definiciones técnicas clave. El pedido fue encabezado por el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, quien advirtió que sin una normativa clara, proyectos mineros de escala internacional como Vicuña y Pachón no podrán avanzar.
“Hasta tanto no exista una clarificación en la legislación que hace referencia a los glaciares, no va a poder pensarse en que arranquen proyectos como Vicuña, Pachón o algún otro. Son temas que se deben solucionar antes para que den a la luz esos proyectos, como también el RIGI”, afirmó Perea.
El planteo provincial apunta a diferenciar técnicamente entre los glaciares que constituyen reservas activas de agua —intocables por ley— y los glaciares de escombros o permafrost, que no aportan recursos hídricos. “El objetivo es proteger efectivamente lo que se debe proteger, y eso no se toca de ninguna manera. Pero no se puede frenar todo indiscriminadamente”, sostuvo el funcionario.
La Ley de Glaciares prohíbe actividades que puedan afectar cuerpos de hielo y permafrost, pero no establece categorías ni niveles de impacto. Según la visión sanjuanina, esa ambigüedad genera interpretaciones que paralizan inversiones millonarias.
Perea propuso que la reglamentación tome como referencia la clasificación de la Asociación Internacional del Permafrost, que distingue entre glaciares “blancos”, como el Perito Moreno, y glaciares de escombros. “Un glaciar no se mueve ni se rompe ni se extingue. Lo que hay que resguardar es la reserva activa de agua que aporta”, explicó.
La indefinición legal mantiene en pausa proyectos estratégicos como Vicuña —que integra Josemaría y Filo del Sol, en Iglesia—, ubicado cerca del glaciar G110, lo que exige una delimitación precisa de la zona de exclusión. En Calingasta, el proyecto Pachón enfrenta una situación similar. Los Azules, otro desarrollo clave, continúa en búsqueda de financiamiento, dificultado por el contexto de incertidumbre normativa.
“El agua no se negocia, no se toca”, remarcó Perea, pero insistió en que no se pueden perder oportunidades por indefiniciones políticas. La minería es la principal apuesta económica de San Juan.
El reclamo fue respaldado por el referente político y minero Mario Capello, quien recordó en la red social X que desde 2014 impulsa la necesidad de reglamentar una ley “única en el mundo”. “Dicha propuesta fue elaborada con fundamentos legales, técnicos y científicos irrefutables”, señaló.
También se sumó al debate el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, quien alertó en el Senado sobre las consecuencias de la falta de precisión legal. “El 75% de los proyectos de cobre necesitan que el tema glaciares se resuelva”, afirmó. Y agregó que la ley, aunque se denomina de glaciares, en realidad regula “crioformas”, un concepto más amplio que incluye formaciones sin función hídrica significativa.
“Todos estamos de acuerdo en proteger los glaciares”, concluyó Cacciola, “pero esta ley es lo suficientemente confusa como para impedir cualquier tipo de actividad productiva, además de la minería”.
El Gobierno nacional anunció que modificará por decreto la Ley de Glaciares para una reducción de las zonas protegidas para la instalación de industrias mineras o hidrocarburíferas. Ya se había intentado introducir estos cambios con la Ley Bases.
El Gobierno nacional continúa con su política alejada de la cuestión ambiental y anunció que modificará por decreto la Ley de Glaciares para para una reducción de las zonas protegidas para la instalación de industrias mineras o hidrocarburíferas, algo que ya había intentado introducir en la Ley Bases.
La legislación actual contempla multas de cien a cien mil sueldos básicos de la Administración Pública junto a la suspensión y el cese definitivo de la actividad de los infractores.
El oficialismo mantendrá el marco de restricciones para los glaciares cubiertos y descubiertos y asegura que continuará exigiendo informes de impacto ambiental para aprobar proyectos de inversión. Apunta también a darle mayores atribuciones a las provincias sobre los espacios donde se puedan establecer industrias.
Al trascender estas informaciones, diputados opositores dividieron las opiniones al respecto. En contra de ello, se expresó el diputado nacional y presidente de la CC Maximiliano Ferraro quien exigió: “LOS GLACIARES NO SE TOCAN”.
Ferraro explicó que la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639) es “lo que no pudo aprobar en el primer intento de la Ley Bases, ahora se intenta imponer por la fuerza de un decreto presidencial”, y alertó que “es un intento escandaloso de retroceso ambiental, sin debate democrático, y con un solo objetivo: facilitar la destrucción de ecosistemas frágiles para beneficio del negocio minero”.
“No se trata de una actualización técnica ni de una mejora legislativa. Se trata de desproteger glaciares y ambientes periglaciares que hoy están preservados, reescribiendo la definición misma de qué debe ser protegido. Se trata de permitir la explotación económica en zonas donde la ley vigente lo prohíbe, violando abiertamente el principio de no regresión ambiental consagrado en el Acuerdo de Escazú, ratificado por Argentina y en plena vigencia”, denunció el diputado de la CC.
Así, enumeró que el Gobierno busca: “Recortar la definición de glaciar, dejando afuera formaciones pequeñas pero esenciales, incluso si ya están relevadas por el Inventario Nacional. Condicionar la protección a criterios arbitrarios y discrecionales, como una supuesta “función hídrica efectiva y relevante”, desconociendo la integralidad ecosistémica. Habilitar la intervención sobre el ambiente periglacial, zona vital como reguladora hídrica, reserva de agua dulce y barrera climática”.
“Este decreto no solo contradice el derecho vigente y el artículo 41 de la Constitución Nacional, sino que responde a los intereses históricos que han buscado durante años remover los límites que impone la Ley de Glaciares. Hoy lo intenta por la ventana del decreto, sin pasar por el Congreso, sin escuchar a la ciudadanía, sin evaluar consecuencias socioambientales”, señaló Ferraro.
El presidente de la Coalición Cívica indicó que “en un contexto de crisis climática, sequías extremas, pérdida acelerada de ecosistemas y contaminación de nuestras fuentes de agua, no podemos tomarlo a la ligera. Advertimos que cualquier modificación regresiva a la Ley de Glaciares, y más aún por decreto, es inconstitucional”, e instó a rechazar en ambas Cámaras el DNU. “Un ejemplo más de por qué debe modificarse la ley 26.122, violatoria de la división de poderes, que permite al Poder Ejecutivo obtener, con el voto afirmativo de una sola Cámara, lo que el propio Congreso debería aprobar con el voto de ambas Cámaras”, planteó.
“No pudo el kirchnerismo cuando Cristina Kirchner vetó la ley en 2010, y tampoco podrán ahora. Los glaciares no se tocan. El agua no se negocia”, cerró.
En el mismo sentido se pronunció la exdiputada nacional Graciela Camaño: “Sin dudas la ignorancia los llevará a cometer otro acto legislativo inconstitucional. La modificación por decreto de la Ley de Glaciares responde a la voracidad de las empresas mineras que pretenden los ambientes periglaciares, empresas que han tenido durante 30 años régimen de subvenciones impositivas, y que ahora tienen RIGI por 40 años. Es interesante ver el deterioro económico, fiscal y social del país en el periodo”, denunció.
“Lo que quizá no sepa el gobierno es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación referencia decisiones importantes en 3 oportunidades en el Principio pro Aqua y el Principio pro Naturaleza, motivo por el cual y en virtud de la Constitución Nacional acudiremos a la justicia para su impugnación en caso que se emitan los decretos”, anticipó.
Desde el Pro respaldan al Gobierno
De la vereda de enfrente, una diputada del Pro salió a respaldar la decisión del oficialismo. Se trata de Florencia De Sensi, que responde a Cristian Ritondo, quien celebró la modificación de la reglamentación de los glaciares porque “la normativa actual frena inversiones incluso en zonas sin función hídrica relevante. Eso no protege el ambiente: bloquea proyectos clave y empleo formal en provincias con alto potencial productivo”.
“La nueva regulación va a definir con más claridad técnica qué áreas deben cuidarse, mantener los estudios de impacto ambiental y respetar el inventario nacional”, consideró y sumó: “Dicho simple: se corrige una regulación exagerada que venía frenando el desarrollo de proyectos estratégicos que el país necesita. Este es el camino a seguir”.
