A la espera de lo que suceda con la reforma laboral en la Cámara alta, fueron citadas las comisiones constitutivas de Asuntos Constitucionales y Legislación del Trabajo. También citaron a las reuniones que trabajarán en el plenario que pase a la firma la Ley Penal Juvenil el miércoles.
Foto: HCDN
La Cámara de Diputados comienza oficialmente la labor en este segundo período de sesiones extraordinarias. Fueron convocadas las reuniones constitutivas de las comisiones de Justicia; Asuntos Constitucionales; de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; y de Relaciones Exteriores y Culto, todas para el próximo martes 10 de febrero.
Tal como adelantó parlamentario.com, la primera actividad oficial de la Cámara baja en el 2026 será la reunión constitutiva de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes a las 10.00, seguida por la de Justicia a las 11.00. Ambas definirán autoridades para formar parte del plenario que trate la Ley Penal Juvenil al día siguiente junto a Presupuesto y Hacienda; y Legislación Penal.
A la espera de las reuniones constitutivas, el oficialismo tiene decidido ir al recinto el jueves 12 con un único tema: el Régimen Penal Juvenil. Sin la experiencia de otros años, La Libertad Avanza entiende que ceder con la baja en la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, y no en 13 como estipulaba el proyecto original del Poder Ejecutivo, le da mayor celeridad a la cuestión.
El despacho será similar al aprobado el 6 de mayo del 2025, pero con la incorporación de una nueva redacción en el artículo de asignación presupuestaria. Ese incremento estará dirigido a la adecuación de los centros de detención que con el avance de la norma, quedarán habilitados para albergar adolescentes.
Luego, la Comisión de Asuntos Constitucionales se reúne a las 12 en la Sala 2 del segundo piso del Anexo del Palacio Legislativo. El diputado santafesino Nicolás Mayoraz será ratificado en el cargo, el cual ocupa desde su llegada al Congreso en diciembre del 2023 (fue elegido en enero 2024 para el primer debate de la Ley de Bases).
Con los ojos puestos en la Modernización Laboral, la Comisión de Legislación del Trabajo quedará constituida el martes a las 13.00. El proyecto de ley pasará por el recinto del Senado el próximo miércoles y en caso de prosperar, llegará a la Cámara de Diputados después de los feriados de carnaval.
Una hora después, a las 14, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano se reunirá para definir a su nuevo titular. El nombre no está confirmado aún, pero en el oficialismo dejaron trascender que podría haber chances de que el cargo sea concedido a un integrante de la oposición dialoguista. Esta comisión se abocará al tratamiento de la modificación de la Ley de Glaciares, en caso de que el Senado gire la media sanción.
Respecto al freno en la modificación de la Ley de Glaciares -no fue sumado al temario de la sesión especial pedida por el oficialismo para el miércoles 11 a las 11-, una alta fuente legislativo explicó que el espíritu del proyecto tiene contradicciones con los protocolos que tiene la Unión Europea respecto al cuidado del agua.
Esto surge tras el ingreso del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la UE, suscripto por el presidente Javier Milei en Asunción que será abordado por la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, convocada a constituirse a las 15.00; y la de Mercosur a las 16.00.
La nota firmada por la titular del Senado, Victoria Villarruel, convoca a sesionar el próximo 11 de febrero a las 11. No se incluyó en el temario la reforma a la Ley de Glaciares ni el pliego para embajador de Fernando Iglesias.
La presidente de la Cámara alta, Victoria Villarruel, firmó la nota oficializando la convocatoria a una sesión especial para el próximo miércoles 11 de febrero con un único tema en la agenda del debate: el proyecto de ley de Modernización Laboral incluido en el temario de extraordinarias elaborado oportunamente por el Poder Ejecutivo.
De esta manera, las puertas del recinto de la Cámara de Senadores se abrirán por primera vez en lo que va del año desde las 11 de la mañana. La convocatoria surge luego de una nota a la que accedió parlamentario.com este miércoles, que había sido suscripta por Patricia Bullrich, Eduardo Vischi, Martín Göerling, Luis Juez, Julieta Corroza, Carlos “Camau” Espínola, Edith Terenzi, Carlos Arce y Beatriz Ávila, representantes de 44 senadores nacionales con los que el oficialismo se ilusiona con que podrá aprobar el proyecto que más ambiciona en este período el Gobierno nacional.
El dato saliente de esta convocatoria es la ausencia de un tema que se daba por sentado sería abordado en esta ocasión: la reforma de la Ley de Glaciares. La primera razón que justificaría esa exclusión es la de que ya de por sí el debate de la reforma laboral exigirá un tiempo bastante extenso como el que amerita semejante tema, pero además teniendo en cuenta las modificaciones que se esperan sean incluidas en el texto definitivo.
Sumarle un debate de un tema como el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, extendería de manera desmedida esa sesión. Tampoco figura la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica. Sin embargo, ambos temas podrían incorporarse en Labor Parlamentaria.
Sobre las modificaciones previstas en el proyecto de Modernización Laboral, hubo gran hermetismo tras la reunión del martes. “Se van a conocer el día que la estemos tratando”, aclaró la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, que en esa oportunidad aseguró que cuentan con los votos para aprobar el proyecto. “Sino no convocaríamos”, confesó.
DPP-126_260205_121813Así se desprende del documento suscripto por todos los participantes de la reunión de este martes con Patricia Bullrich. A priori, no figura la discusión de la reforma de la Ley de Glaciares.
Conforme lo acordado el martes en la reunión de más de dos horas celebrada en la Cámara alta, los referentes legislativos de 44 senadores nacionales solicitaron una sesión especial para el próximo miércoles 11 de febrero, a los efectos de tratar el proyecto de ley de Modernización Laboral incluido en el temario de extraordinarias elaborado oportunamente por el Poder Ejecutivo. Si bien todavía no ha sido formalizada la convocatoria, se supo que será a partir de las 11.
La nota a la que accedió parlamentario.com este miércoles, tiene las firmas de Patricia Bullrich, Eduardo Vischi, Martín Göerling, Luis Juez, Julieta Corroza, Carlos “Camau” Espínola, Edith Terenzi, Carlos Arce y Beatriz Ávila, representantes de 44 senadores nacionales con los que el oficialismo se ilusiona con que podrá aprobar el proyecto que más ambiciona en este período el Gobierno nacional.
El dato saliente de esta convocatoria es la ausencia de un tema que se daba por sentado sería abordado en esta ocasión: la reforma de la Ley de Glaciares. La primera razón que justificaría esa exclusión es la de que ya de por sí el debate de la reforma laboral exigirá un tiempo bastante extenso como el que amerita semejante tema, pero además teniendo en cuenta las modificaciones que se esperan sean incluidas en el texto definitivo. Sumarle un debate de un tema como el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, extendería de manera desmedida esa sesión.
Tampoco figura en principio la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica, que podría ser sumada cuando se haga la convocatoria definitiva por parte de las autoridades del Senado. Cosa que, dicho sea de paso, también podría suceder con el proyecto sobre glaciares.
Sobre las modificaciones previstas en el proyecto de Modernización Laboral, hubo gran hermetismo tras la reunión del martes. “Se van a conocer el día que la estemos tratando”, aclaró la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, que en esa oportunidad aseguró que cuentan con los votos para aprobar el proyecto. “Sino no convocaríamos”, confesó.
El bloque oficialista en la Cámara de Diputados se despide del Salón Blanco del Palacio Legislativo para pasar a ocupar el quinto piso del Anexo del Congreso, lugar que históricamente tuvo la Unión Cívica Radical.
Mientras corre el reloj de las sesiones extraordinarias, el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados recibe este martes a las 18 al secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, para adentrar a los legisladores en el proyecto de modificación a la Ley de Glaciares que va a tratar el Senado en la sesión del próximo miécoles 11 de febrero.
La convocatoria será en el Salón Blanco ubicado en uno de los pulmones del Palacio Legislativo y será la última vez que el bloque oficialista se reúna allí. A partir de la próxima semana, La Libertad Avanza tendrá a todos los despachos en el quinto piso del Anexo del Congreso, lugar que históricamente fue del radicalismo.
De todos modos, el oficialismo, también, buscará reunir a la tropa para definir quiénes quedarán en las presidencias de las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes, y de Justicia, las cuales formarán parte del plenario que discutirá la Ley Penal Juvenil, único tema que empezará en la Cámara baja. Según revelaron a parlamentario.com, Justicia podría quedar a cargo del mendocino Luis Petri o del bonaerense Sebastián Pareja; mientras que la comisión que trata temas de menores de edad, podría quedar para una diputada aliada.
Respecto a la visita de Lucero, el funcionario profundizará el contenido del proyecto ambientalista que redefine al objeto de protección como "los glaciares y geoformas del ambiente periglacial 'que cumplan funciones hídricas', ya sea como reservas estratégicas o como proveedores de agua para la recarga de cuencas". Además, incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la ley al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales.
Otra modificación central es la creación del artículo 3° bis, que introduce el principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas. Esa verificación dependerá exclusivamente de cada provincia, cuya información deberá ser transmitida al IANIGLA para actualizar el inventario.
De todos modos, este proyecto de ley primero debe pasar por el recinto del Senado y si prospera la media sanción en la sesión extraordinaria estipulada para el 11 de febrero, tendrá su debate en Diputados a partir de la tercera semana. La iniciativa tiene giro a Presupuesto y Hacienda, a cargo de Bertie Benegas Lynch, y a Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, la cual deberá ser conformada.
El Instituto Argentino de Derecho para la Minería sostiene que la adecuación de la Ley de Glaciares no implica un retroceso ambiental, sino una oportunidad para dotar al régimen de mayor precisión jurídica, mejorar su aplicación y consolidar un federalismo ambiental más eficaz, con participación activa de las provincias.
El Instituto Argentino de Derecho para la Minería (IADEM) salió a respaldar el proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares (26.639), en debate en el Congreso, y remarcó que la iniciativa no debe interpretarse como un retroceso ambiental. Por el contrario, afirman que la actualización representa una oportunidad para reforzar la protección de los glaciares y de las geoformas periglaciares sobre bases jurídicas más claras y compatibles con el federalismo que establece la Constitución.
Desde la entidad explican que, tras más de una década de vigencia, la ley exhibe definiciones imprecisas que derivaron en interpretaciones contradictorias, conflictos de competencias y un marco de incertidumbre jurídica que afecta tanto a las inversiones productivas como a las autoridades provinciales encargadas de aplicar la norma. En ese contexto, sostienen que un derecho ambiental efectivo requiere reglas precisas, operativas y previsibles. “La claridad normativa no disminuye la protección, la fortalece”, remarcan.
El IADEM subraya que la Constitución ofrece un encuadre claro para el debate: mientras el artículo 41 faculta al Congreso a dictar presupuestos mínimos de protección ambiental, el artículo 124 reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. Esa combinación —señalan— obliga a articular las competencias de manera armónica, evitando tanto excesos centralistas como interpretaciones provinciales que desconozcan la normativa nacional.
En esa línea, valoran que el proyecto en discusión incorpore un rol más activo de las provincias en la gestión y protección de los glaciares. Lejos de debilitar los presupuestos mínimos, aseguran que esta participación los potencia, porque permite integrar conocimiento técnico y territorial indispensable para aplicar la ley con mayor eficacia. Al mismo tiempo, aclaran que esa presencia provincial no implica discrecionalidad ni margen para decisiones al margen del ordenamiento federal.
Para el instituto, la adecuación legislativa es indispensable para superar las ambigüedades del régimen vigente, brindar certidumbre jurídica y fortalecer la tutela efectiva de los glaciares como reservas estratégicas de agua. El objetivo —afirman— no es contraponer ambiente y desarrollo ni Nación y provincias, sino lograr una regulación coherente con el reparto constitucional de competencias y con los principios del derecho ambiental argentino.
El IADEM recuerda además que la propia Corte Suprema ha destacado la necesidad de avanzar en un federalismo de concertación para abordar este tipo de regulaciones. “La protección ambiental no se debilita con normas claras y consensuadas: se fortalece”, sintetizan.
Sectores ambientalistas presionan por el rechazo de la iniciativa que es impulsada por el Gobierno nacional y reclamada por gobernadores de provincias mineras.
Mientras toda la atención y expectativa en el arranque de las extraordinarias de febrero están puestas en el debate por el proyecto de Modernización Laboral previsto para la semana que viene, otro tema de suma importancia que tendrá tratamiento en la misma sesión de la Cámara alta -que a priori sería el 11 de febrero- será la reforma a la Ley de Glaciares que impulsa el Gobierno nacional.
La iniciativa, que fue presentada a instancias de gobernadores aliados a Casa Rosada y que administran provincias con interés en la industria minera, es fuertemente rechazada por sectores ambientalistas que ejercen presión para que la ley no prospere, motivo por el cual vienen protestando desde hace tiempo frente al Congreso de la Nación.
Con el reinicio de la actividad legislativa, ese reclamo volvió a hacerse presente este martes por la mañana, donde activistas se congregaron en las puertas del Senado, que será el escenario en el que la semana próxima tendrá tratamiento la modificación de la Ley de Glaciares. Es un tema que se va a tratar en paralelo a la reforma laboral y al acuerdo para designar embajador extraordinario y plenipotenciario a Fernando Iglesias en Bélgica, pero seguramente se llevará buena parte de la atención de lo que se prevé será una extensa jornada.
La iniciativa obtuvo dictamen el 18 de diciembre de 2025 durante un plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y Combustibles del Senado, y propone una serie de modificaciones orientadas —según argumenta el Gobierno— a despejar “controversias interpretativas” acumuladas desde la sanción de la norma hace quince años, y a fortalecer las facultades de las provincias como titulares del dominio originario de los recursos naturales.
El proyecto enviado al Congreso redefine el artículo 1° para precisar el objeto de protección: los glaciares y geoformas del ambiente periglacial “que cumplan funciones hídricas”, ya sea como reservas estratégicas o como proveedores de agua para la recarga de cuencas. También incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la ley al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales consagrado en el artículo 41.
Otra modificación central es la creación del artículo 3° bis, que introduce el principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas. Esa verificación dependerá exclusivamente de cada provincia, cuya información deberá ser transmitida al IANIGLA para actualizar el inventario.
El texto también cambia el régimen de prohibiciones del artículo 6°, que se aplicarán únicamente sobre los glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por la autoridad ambiental local. Entre las actividades no permitidas se mantienen la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y el desarrollo de obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica. Serán las provincias las que determinen, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto implica una alteración relevante y, por lo tanto, no puede autorizarse.
En la misma dirección, el artículo 7° reformulado exige evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial, y habilita evaluaciones estratégicas cuando la escala lo amerite. Se exceptúan únicamente actividades de rescate, científicas no invasivas y deportivas no motorizadas.
El proyecto también redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero sujeto a un flujo permanente de información desde las provincias. El Gobierno señala que, a quince años de vigencia de la ley, solo se completó el Nivel 1 del inventario y que aún resta determinar la función hídrica efectiva de las geoformas relevadas.
A partir de este lunes y hasta el último día hábil de febrero se extenderá el período para el cual el Poder Ejecutivo ha pedido tratar cinco temas.
Se inicia este lunes 2 de febrero el período de sesiones extraordinarias en el que, hasta el próximo día 27, podrá tratarse un temario que incluye el proyecto de ley de Modernización Laboral, la reforma de la Ley de Glaciares y la modificación del Régimen Penal Juvenil, entre otros temas.
Se trata del segundo llamado a extraordinarias hecho por el presidente Javier Milei en este inicio de la segunda mitad de su mandato, luego de que en el mes de diciembre pasado el oficialismo consiguiera la aprobación del Presupuesto Nacional 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. En ese primer llamado a sesiones extraordinarias el Gobierno también consiguió que la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares tuvieran sendos dictámenes en el Senado, con lo que ambos temas están habilitados para ser tratados en el recinto. La fecha tentativa para esa sesión sería el 11 de febrero.
Este segundo llamado a extraordinarias se hizo a través del decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial el 19 de enero pasado, y que incluía la reforma de la Ley de Glaciares; el proyecto de Modernización Laboral; el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y el acuerdo para designar embajador extraordinario y plenipotenciario a Fernando Iglesias en Bélgica.
El 27 de enero el presidente Javier Milei firmó otro decreto, el 53/26, por el cual se amplió el temario de sesiones extraordinarias, incluyendo los proyectos de ley vinculados al Régimen Penal Juvenil. Esta decisión estuvo motivada en el aberrante asesinato del joven Jeremías Monzón, a manos de tres menores de edad.
Este tema será debatido inicialmente por la Cámara baja, donde el año pasado un proyecto del Poder Ejecutivo llegó a tener dictamen en el mes de mayo, pese a lo cual no llegó al recinto. El proyecto será tratado en comisión la próxima semana, según confió a parlamentario.com una fuente de La Libertad Avanza, que aclaró que esta semana no habrá trabajo en las comisiones de Diputados, aunque sí deberían conformarse las comisiones que se necesiten para el tratamiento de los temas pedidos por el Ejecutivo.
En el caso de la Ley Penal Juvenil, el debate tendrá como cabecera a la Comisión de Legislación Penal, que ya fue conformada en diciembre pasado y sigue presidiendo la cordobesa Laura Rodríguez Machado. Y es el único de los temas que le corresponde tratar a la Cámara baja por ahora.
El tema que no fue incluido en extraordinarias fue la emergencia ígnea para atender la situación de desastre en provincias patagónicas como consecuencia de los incendios forestales que se desarrollan desde fines del año pasado. Recordemos que la semana pasada el Gobierno decidió declarar la emergencia por DNU, a los efectos de agilizar la implementación de ese pedido formulado por los gobernadores de las provincias afectadas.
Hablando de temas que quedaron fuera de extraordinarias, es el caso del proyecto de ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, también conocido como “regla fiscal”, que había sido sumado en el anterior llamado a extraordinarias, e incluso consiguió dictamen, pero no fue tratado en el recinto. Tampoco figura la reforma del Código Penal, que había sido anunciado en diciembre.
El gobernador Marcelo Orrego respaldó el tratamiento legislativo que el Congreso daría en febrero a la aclaratoria de la Ley de Glaciares. Sostuvo que la propuesta no modifica el espíritu ambiental de la norma, sino que busca dar precisión jurídica para evitar litigios y destrabar inversiones clave para San Juan y otras provincias cordilleranas.
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, destacó la relevancia que tendrá para la provincia el tratamiento de la aclaratoria de la Ley de Glaciares, iniciativa que el Gobierno nacional anticipó que buscará debatir en el Congreso a partir de febrero. El mandatario afirmó que el proyecto no altera el espíritu ambiental de la legislación vigente, sino que apunta a resolver imprecisiones jurídicas que hoy generan conflictos administrativos y judiciales.
“La Ley de Glaciares es muy importante para los sanjuaninos. Esperamos que en febrero pueda tratarse y aprobarse esta aclaratoria”, señaló Orrego. Según explicó, la iniciativa busca “ordenar” el objeto de la ley sin modificar sus principios centrales. “No cambia el objeto. Lo que hace es aclararlo”, remarcó.
En el entorno del gobernador sostienen que una definición técnica más precisa permitiría evitar trámites complejos, superposiciones de competencias y judicialización, problemas que afectan especialmente a las provincias cordilleranas con matriz minera y actividades productivas asociadas.
Orrego también subrayó la importancia de reafirmar el dominio provincial sobre los recursos naturales, tal como establece la Constitución. “La norma no delega facultades, simplemente reconoce que los recursos naturales pertenecen a cada provincia. En el caso de San Juan, no a la Nación”, afirmó. El mandatario comparó este esquema con el modelo chileno, donde el control de los recursos está en manos del gobierno central. “En Argentina la realidad es distinta: los recursos son provinciales”, enfatizó.
El avance del debate genera expectativas tanto en las provincias cordilleranas como en el sector minero, que ven en la aclaratoria una herramienta para dar mayor previsibilidad normativa. Una definición más clara podría destrabar inversiones por hasta 14.000 millones de dólares en proyectos de cobre y litio que hoy están frenados por interpretaciones contrapuestas sobre glaciares y ambientes periglaciares.
Desde el Ministerio de Minería de San Juan, funcionarios ya habían advertido que sin una normativa más precisa los proyectos estratégicos “seguirán como están”, en referencia a la imposibilidad de avanzar con estudios, permisos y evaluaciones clave.
El Gobierno nacional confirmó que impulsará el tratamiento en febrero, con foco en delimitar con mayor exactitud qué se considera glaciar y periglaciar desde el punto de vista jurídico y administrativo. La industria sigue de cerca ese proceso, ya que la falta de definiciones uniformes provoca hoy superposición de criterios ambientales, trabas en los permisos y un aumento de la judicialización.
Será entre el 2 y el 27 febrero y la publicación en el Boletín Oficial incluye la designación de un embajador. Qué temas quedaron afuera de la convocatoria original.
El Poder Ejecutivo cumplió este lunes en publicar en el Boletín Oficial el llamado a extraordinarias para el mes de febrero. Es la segunda convocatoria, luego de la hecha en diciembre para tratar seis temas (de los cuales fueron abordados cuatro) y ahora se incluyen cuatro cuestiones: tres proyectos de ley y una designación diplomática.
La convocatoria que apareció este lunes en el BO tiene fecha del viernes pasado y comprende la realización de extraordinarias entre el lunes 2 de febrero y el 27 de ese mismo mes, tal cual había sido adelantado oportunamente por parlamentario.com. Ingresó este mismo lunes a ambas cámaras.
Los temas a tratar son la reforma de la Ley de Glaciares; el proyecto de Modernización Laboral; el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y el acuerdo para designar embajador extraordinario y plenipotenciario a Fernando Iglesias.
Recordemos que el proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial ya cuenta con dictamen de comisiones en el Senado y quedó listo el año pasado para su tratamiento en el recinto. Lo mismo que el proyecto de ley de Modernización Laboral, que será el tema central de estas sesiones extraordinarias.
En el caso del acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, este sábado en Asunción el presidente Javier Milei adelantó que enviaría “en los próximos días” el proyecto de ley para su aprobación legislativa en extraordinarias. Al respecto, el mandatario abogó por cuidar que los parlamentos no introduzcan mecanismos que distorsionen lo negociado. Tanto el Parlamento Europeo como los de los países miembros del Mercosur deben dar curso al acuerdo establecido entre ambos mercados regionales.
En el caso del exdiputado Fernando Iglesias, el pasado 8 de enero había sido oficializada su designación como embajador en Bélgica. Por decreto se publicó en el Boletín Oficial su designación “en comisión” como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República ante el Reino de Bélgica”, nombramiento que ahora deberá pasar por el Senado de la Nación.
El pliego del exdiputado del Pro deberá ser considerado en la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que hasta el año pasado conducía la ahora exsenadora Guadalupe Tagliaferri.
Recordemos que el anterior llamado a extraordinarias, que abarcó del 10 al 30 de diciembre, incluía el Presupuesto Nacional 2026 y el proyecto de ley de Inocencia Fiscal, ambos convertidos en ley. También la reforma laboral y Glaciares, que consiguieron dictámenes en el Senado. De los temas incluidos esa vez y que ahora no figuran están la reforma del Código Penal, y el proyecto de ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, también conocido como “regla fiscal”.
Tampoco figura en el temario de extraordinarias el tratamiento del DNU 941/25 que establece una profunda reforma del sistema de inteligencia, pero el tema puede ser abordado en cualquier momento a instancias de la propia oposición, si así lo impulsa y logra quórum.
Convocatoria extraordinarias FebreroEl diputado nacional señaló que la iniciativa del Gobierno “implica retrocesos ambientales y riesgos en la provisión de agua”.
El diputado nacional Maximiliano Ferraro (CC-ARI) alertó por el proyecto de modificación a la Ley de Glaciares, que tiene dictamen firmado y espera llegar al recinto en febrero, y planteó: “Pone en riesgo la seguridad hídrica de millones de argentinos”.
“Lo que está en juego es grave: la propuesta del gobierno (que ya tiene dictamen en el Senado) busca que la protección de glaciares y del ambiente peri glacial deje de ser automática y pase a depender de evaluaciones discrecionales de cada provincia, pudiendo habilitar actividades extractivas en ellos”, argumentó Ferraro.
Al respecto, indicó: “Esto no es una ‘aclaración’ de la norma, como nos quieren hacer creer, sino un cambio peligroso que pone en riesgo la seguridad hídrica de millones de argentinos”, y explicó que “los glaciares y el ambiente periglacial son reservas estratégicas de agua dulce. Sostienen ciudades, economías regionales, producción y vida. Cuando se dañan, el impacto es irreversible”.
“La Ley de Glaciares no se opone al desarrollo: garantiza las condiciones básicas para que cualquier actividad productiva pueda sostenerse en el tiempo. Sin agua, no hay minería, no hay agricultura, no hay industria ni futuro posible”, respaldó.
“Como diputado nacional, acompaño esta petición y reafirmo mi compromiso de defender la plena vigencia de la Ley de Glaciares y rechazar cualquier intento de modificación que implique retrocesos ambientales y riesgos en la provisión de agua para el consumo y la producción”, adelantó.
ES URGENTE: VIENEN POR EL AGUA 💧
Más de 17.000 personas ya firmaron una petición en https://t.co/e4JKrXXve8 (@ChangeorgAR) para que el Congreso no avance con cambios regresivos en la Ley de Glaciares.
Lo que está en juego es grave: la propuesta del gobierno (que ya tiene… pic.twitter.com/hMu791l5Bj
— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) January 15, 2026
Fue durante un plenario de comisiones del Senado que se extendió a lo largo de toda la jornada y que además de especialistas contó con la presencia de dos gobernadores. El texto tuvo dictamen y quedó listo para llegar al recinto, pero eso será recién en febrero.
Durante un plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y Combustibles del Senado, continuó este jueves el debate sobre el proyecto de ley impulsado por el Gobierno para modificar la Ley de Glaciares. El texto tuvo dictamen y quedó listo para llegar al recinto.
La iniciativa, presentada a pedido de gobernadores aliados a Casa Rosada y que administran provincias con interés en la industria minera, forma parte del temario de sesiones extraordinarias y si bien se le dio un tratamiento exprés en comisiones, recién será tratado en el recinto en febrero.
Tras escuchar a funcionarios del Poder Ejecutivo, este jueves expusieron un conjunto de especialistas en ambiente y también representantes de la industria minera, quienes dejaron plasmadas sus diferencias en torno a la cuestión. Varios legisladores les hicieron preguntas.
El debate continuó por la tarde con la participación de dos mandatarios provinciales detrás del proyecto: el sanjuanino Marcelo Orrego, de la "Mesa del cobre", y el catamarqueño Raúl Jalil, de la "Mesa del litio". Fue tras un breve cuarto intermedio, y en ese marco Orrego destacó la voluntad de proteger los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial “en tanto constituyan reservas de agua relevantes y estratégicas”, y defendió la necesidad de una ley de “protección mínima” que permita una correcta aplicación.
Jalil, por su parte, pidió evaluar integralmente el impacto ambiental, social y económico de la minería, y resaltó que en Catamarca el sector genera cerca de 3.000 empleos directos y unos 5.000 indirectos, lo que impulsa la economía provincial y diversifica su matriz productiva.
Los gobernadores Orrego y Jalil expusieron en horas de la tarde. (Foto: Comunicación Senado)
Finalmente, las comisiones firmaron dictamen y el proyecto quedó listo para su tratamiento en el recinto, previsto para el próximo 10 de febrero en el marco de un nuevo llamado a sesiones extraordinarias.
El debate arrancó por la mañana
Primer orador de la jornada, Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, recordó que la Ley de Glaciares tiene 15 años y "lo que no ha desaparecido en estos 15 años, muy por el contrario se han agravado, son las causas que promovieron la ley, fundamentalmente la cuestión del cambio climático".
"El proyecto propone una modificación por vía de la interpretación" pero "altera el espíritu de la ley", observó y señaló que propone achicar la zona de protección, "porque avanza sobre los glaciares de escombro"; además de que "da vuelta el sistema de los presupuestos mínimos que establece la Constitución" y "no hay aclaración alguna de las definiciones".
El expositor cuestionó que se plantee que "los glaciares tienen como única función la recarga de los acuíferos o las fuentes de agua, cuando tienen muchas otras funciones: ecosistémicas, climáticas, de preservación de la biodiversidad".
Respecto del fundamento del proyecto oficialista de que las provincias tienen el "dominio originario" de los recursos naturales, Nápoli dijo que eso "no implica que las provincias puedan hacer cualquier cosa con los recursos naturales", ya que de acuerdo al artículo 41 de la Constitución Nacional le corresponde a la Nación "dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales", reza el texto de la Carta Magna.
Andrés Nápoli advirtió por una discusión constitucional (Foto: Comunicación Senado)
En ese sentido, el representante de FARN criticó que "se quiere dejar la clasificación en manos de las provincias", cuando "el constituyente quiso evitar el feudalismo ambiental". "Esto es un tema para un debate constitucional, estamos hablando de mellar las bases del artículo 41 de la Constitución", enfatizó.
Finalmente, advirtió que "es un proyecto regresivo" y la modificación de la ley "no se puede hacer a los golpes, es un tema muy serio". "La Ley de Glaciares no necesita reformarse, necesita cumplirse", afirmó.
A su turno, José Esaín, de Aves Argentinas, explicó que la iniciativa propone "transformar el inventario, haciendo una suerte de clasificación de los componentes del inventario" con el objetivo de "legitimar la intervención de las autoridades locales".
"Pasaría a ser un inventario de concertación federal, ya no sería nacional", apuntó y dijo que la participación de las provincias en este punto "es un debate oscuro, que no estaba resuelto en la ley original y no se termina de resolver en esta ley".
Pedro Villagra, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales destacó el trabajo realizado por este instituto del Conicet, que es el "encargado de la realización del inventario y del monitoreo del Estado de los glaciares y el ambiente periglacial". "La metodología de elaboración del inventario fue elogiado en distintos niveles internacionalmente", destacó.
Explicó luego que "el ambiente periglacial, definido por la presencia de congelamiento y descongelamiento del suelo, representa la reserva de hielo subterránea conservada por largos períodos". "Los glaciares de escombro, que son parte del ambiente periglacial, contienen entre un 35% y 75% de hielo en su interior, y por lo tanto constituyen reservas hídricas", agregó.
"No encuentro en la iniciativa ninguna mención al criterio o la metodología que debería utilizarse para decir cuándo un glaciar pudiera no cumplir con la función inherente", subrayó Villagra.
Hernán Casañas, de Aves Argentinas, arrancó aclarando: "No somos una organización anti-minera ni mucho menos. Pareciera que siempre de nuestro lado viniera el palo contra la actividad industrial y no es así".
Sobre la iniciativa, aseguró que "en líneas generales la modificación es jurídicamente débil". "Los glaciares son ecosistemas extremadamente complejos. Un glaciar no es solamente una masa de hielo que alimenta un río que le va a dar agua a una población. Son redes muy complejas que, por ejemplo, alimentan pastizales, humedales", ponderó.
Casañas advirtió que "pretender flexibilizar esta ley no va a atraer inversión. Vean lo que la OCDE pretende a nivel ambiental. Las empresas serias no invierten donde las condiciones pueden cambiar mañana".
Foto: Comunicación Senado
Otra de las oradoras, que al cerrar su intervención posó con un cartel, fue Agostina Rossi, de la organización Greenpeace, quien remarcó que "todos los glaciares y ambiente periglacial tienen una función hídrica estratégica; no nos dejemos convencer con que hay cosas que sirven y cosas que no sirven". "Cuando no hay nieve, cuando no llueve, cuando los glaciares retroceden, el ambiente periglacial se convierte estratégico".
"Una vez que se destruye un glaciar o periglacial, eso no vuelve", señaló la activista, quien sostuvo que la discusión no es por "minería sí o minería no", sino que dicen "minería no sobre nuestras reservas estratégicas". De hecho, indicó que la minería "se está desarrollando y trayendo mucho rédito".
Desde la industria minera defendieron la actividad y la propuesta del Gobierno
De la docena de expositores que asistieron, solo dos lo hicieron en representación de la industria minera. Alfredo Vitaller, de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, defendió que "la minería viene de la época de las cavernas, es una actividad milenaria". "Hoy hay no solo un compromiso de las empresas, sino que las comunidades están hoy participando de lo que es la actividad y con un fuerte deseo de que se desarrolle", observó.
"Desde nuestro sector estamos completamente comprometidos con el objetivo de proteger los glaciares y los ámbitos periglaciares, en tanto y en cuanto se constituyan como una reserva estratégica de agua", aclaró y dijo que "la ley actual tiene una serie de indefiniciones y esta adecuación que se está proponiendo viene a perfeccionar, a mejorar".
Vitaller resaltó que "el inventario tenía tres etapas" y solo se cumplió la primera; "faltan dos, que son el relevamiento más propio de campo". Por otra parte, respecto de la intervención de las provincias, manifestó: "¿Quién mejor que ellos para cuidar sus recursos? Esta ley les está devolviendo la potestad que les da la Constitución".
Alfredo Vitaller sostuvo que la ley actual debe adecuarse (Foto: Comunicación Senado)
"La ley como está actualmente ha producido que no vengan inversiones", aseveró y destacó: "Nosotros traemos inversión genuina, traemos dólares, con eso generamos trabajo, generamos desarrollo de proveedores". "Tenemos alrededor de 6 mil millones de dólares aprobados por el RIGI, hay comprometidos 15 mil más y la semana pasada se sumó otro proyecto de 10 mil. Es decir que la industria se está comprometiendo a traer 30 mil millones de dólares", agregó.
Finalmente, opinó que "la ley (actual) tiene zonas que deberían mejorarse, por eso apoyamos la adecuación. Esto va a eliminar la incertidumbre y va a permitir el desarrollo".
En tanto, Manuel Benítez, de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros, señaló que "no cabe ninguna duda que nosotros somos obsesivos de lo que son los glaciares argentinos y su zona periglacial, y así debe ser", pero "la ley tiene cuestiones necesariamente a aclarar, como la definición de periglaciares".
"Es cierto que el cambio climático no es un relato", admitió, pero dijo que "el inventario ha quedado en el tiempo por la variabilidad del ambiente en el mundo, no solo en Argentina". "En la zona de periglaciares no hay industria y a pesar de eso bajó un 23%, ahí no tuvimos nada que ver los industriales", completó.
Serán seis reuniones desde las 9 de este miércoles. Las primeras cuatro serán para definir autoridades. Cómo quedaron conformadas las comisiones.
Luego de haber planteado los tiempos que el oficialismo pretende en el Senado para avanzar con la Modernización Laboral y la modificación a la Ley de Glaciares, fueron convocadas cuatro reuniones constitutivas y dos plenarias para este miércoles.
A las 9, Patricia Bullrich -jefa de bloque de La Libertad Avanza- será designada presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Media hora después, la Cámara alta conformará la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Si bien Ezequiel Atauche tenía los números puestos para seguir en el cargo, trascendió que el oficialismo podría designar a Agustín Monteverde.
Luego seguirá la conformación de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles; y después se hará lo mismo con la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Con las reuniones constitutivas consumadas, las comisiones de Trabajo y Previsión Social, junto a Presupuesto y Hacienda darán comienzo a las 11 al debate del proyecto de ley de Modernización Laboral. En paralelo, las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y la de Ambiente y Desarrollo Sustentable van a dar inicio al tratamiento del proyecto de ley de modificación a la Ley de Glaciares.
Para este miércoles está prevista la presencia de invitados para exponer sobre la reforma laboral, y abrirá el juego un viejo conocido del Congreso, el secretario de Trabajo Julio Cordero. Concurrirán también otros invitados, y lo mismo sucederá el jueves. Habrá alrededor de quince expositores y el viernes está prevista la emisión del dictamen, de modo tal que una semana más tarde se pueda realizar la sesión en la que el oficialismo espera aprobar tanto la ley laboral, como la reforma de la Ley de Glaciares.
Sin los cinco integrantes de Unión por la Patria, fueron confirmados en Trabajo y Previsión Social Patricia Bullrich, Carmen Álvarez Rivero, Joaquín Benegas Lynch, Juan Cruz Godoy y Bruno Olivera Lucero por La Libertad Avanza; Eduardo Vischi, Rodolfo Suárez y Silvana Schneider por la Unión Cívica Radical; Martín Goërling Lara por el Pro; Sonia Rojas Decut por el Frente de la Concordia; Carlos “Camau” Espínola de Unidad Federal; y Flavia Royón de Primero los Salteños.
En Presupuesto y Hacienda, el esquema es similar: el interbloque que preside José Mayans tiene cinco vocalías, pero no presentó los nombres aún. Luego, están Ezequiel Atauche, Agustín Monteverde, Patricia Bullrich, Bruno Olivera Lucero y Bartolomé Abdala por el oficialismo; Flavio Fama, Mariana Juri y Silvana Schneider por la UCR; Andrea Cristina por el Pro; Alejandro Vigo por Unidad Federal; Edith Terenzi por Despierta Chubut; y Beatriz Ávila por Independencia.
Respecto a la conformación de Minería, Energía y Combustibles, La Libertad Avanza designó a Pablo Cervi -con chances de ser el presidente-, Bruno Olivera Lucero, Juan Cruz Godoy, Gonzalo Guzmán Coraita, Agustín Coto y Patricia Bullrich; el radicalismo, a Flavio Fama, Mariana Juri y Eduardo Galaretto; el Pro a Andrea Cristina; y también la salteña Royón, el santacruceño José María Carambia y la neuquina Julieta Corroza. Los seis vocales de UP siguen vacantes.
Otra que fue conformada, pero no convocada es la Comisión de Justicia y Asuntos Penales: Por La Libertad Avanza fueron nominados a integrarla Juan Carlos Pagotto, Belén Montes de Oca, Gonzalo Guzmán Coraita, Patricia Bullrich y Luis Juez; por el radicalismo Carolina Losada, Maximiliano Abad y Eduardo Vischi; Victoria Huala del Pro; la tucumana Beatriz Ávila; el misionero Carlos Arce; y Carlos “Camau” Espínola. Unión por la Patria tampoco envío los nombres.
Por último, la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable tendrá a los oficialistas Ezequiel Atauche, Carmen Álvarez Rivero, Vilma Bedia, Romina Almeida y Bartolomé Abdala; a los radicales Eduardo Vischi, Mercedes Valenzuela y Daniel Kroneberger; la chubutense Edith Terenzi; la santacruceña Natalia Gadano; y la misionera Sonia Rojas Decut. Al igual que en las otras tres comisiones, el peronismo no presentó sus cinco vocales.
La Casa Rosada remitió a la Cámara alta la iniciativa que busca “clarificar” el alcance de la Ley 26.639 y reforzar el rol de las provincias en la gestión ambiental. El proyecto redefine el objeto de protección, introduce cambios en las prohibiciones y otorga mayor centralidad a las autoridades locales en la evaluación de impacto ambiental.
El Poder Ejecutivo envió al Senado, en el marco de las sesiones extraordinarias, el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares (26.639), acompañado por el Mensaje Nº 36/2025. El texto, firmado por el presidente Javier Milei y su gabinete, propone una serie de modificaciones orientadas —según argumenta el Gobierno— a despejar “controversias interpretativas” acumuladas desde la sanción de la norma hace quince años, y a fortalecer las facultades de las provincias como titulares del dominio originario de los recursos naturales.
El mensaje del Ejecutivo sostiene que la ley vigente generó incertidumbre en torno al alcance de su objeto y a las prohibiciones que rigen sobre los glaciares y el ambiente periglacial, lo que —afirma— afectó el ejercicio de las competencias provinciales, especialmente en el desarrollo de actividades productivas. En esa línea, recuerda que los gobernadores de la llamada Mesa del Litio y de la Mesa del Cobre manifestaron recientemente su preocupación y reclamaron una adecuación normativa.
El proyecto enviado al Congreso redefine el artículo 1° para precisar el objeto de protección: los glaciares y geoformas del ambiente periglacial “que cumplan funciones hídricas”, ya sea como reservas estratégicas o como proveedores de agua para la recarga de cuencas. También incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la ley al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales consagrado en el artículo 41.
Otra modificación central es la creación del artículo 3° bis, que introduce el principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas. Esa verificación dependerá exclusivamente de cada provincia, cuya información deberá ser transmitida al IANIGLA para actualizar el inventario.
El texto también cambia el régimen de prohibiciones del artículo 6°, que se aplicarán únicamente sobre los glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por la autoridad ambiental local. Entre las actividades no permitidas se mantienen la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y el desarrollo de obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica. Serán las provincias las que determinen, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto implica una alteración relevante y, por lo tanto, no puede autorizarse.
En la misma dirección, el artículo 7° reformulado exige evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial, y habilita evaluaciones estratégicas cuando la escala lo amerite. Se exceptúan únicamente actividades de rescate, científicas no invasivas y deportivas no motorizadas.
El proyecto también redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero sujeto a un flujo permanente de información desde las provincias. El Gobierno señala que, a quince años de vigencia de la ley, solo se completó el Nivel 1 del inventario y que aún resta determinar la función hídrica efectiva de las geoformas relevadas.
El Ejecutivo enmarca los cambios en los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo de 2024, particularmente el impulso a la explotación de recursos naturales bajo criterios de sustentabilidad y federalismo. La propuesta, afirma el mensaje oficial, no implica una regresión en la protección ambiental, sino un ordenamiento más claro y acorde con las competencias locales.
La iniciativa ya se encuentra en manos de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y será tratada en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo.
El decreto 865/2025 fija el período entre el 10 y el 30 de diciembre e incluye iniciativas como el Presupuesto 2026, la Inocencia Fiscal, el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, la modernización laboral, la reforma del Código Penal y cambios en la Ley de Glaciares.
Tal cual había adelantado el viernes pasado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Poder Ejecutivo publicó este martes en el Boletín Oficial la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación. Lo hizo a través del decreto 865/2025, que establece como período de sesiones extraordinarios el comprendido entre los días 10 al 30 de diciembre del presente año.
El decreto consta de tres artículos y lleva las firmas del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Se remite allí a asuntos comprendidos en un anexo en el que se detallan los temas a tratar en extraordinarias, a saber:
De todos estos proyectos, el Presupuesto 2026 ya se encuentra en el Congreso de la Nación, donde alcanzó dictamen, pero ese trámite deberá volver a empezar, ya que la composición de la Cámara ha variado.
También el proyecto de Inocencia Fiscal fue remitido el 5 de junio al Congreso, donde nunca fue tratado ni siquiera en comisiones. La iniciativa propone actualizar los montos previstos para las multas y reformula el régimen de prescripción, al establecer la posibilidad de reducir el plazo de prescripción tributaria a tres años en aquellos casos en que la declaración jurada haya sido presentada en término y no se verifiquen diferencias significativas.
En un segundo capítulo, establece modificaciones al Código Civil y Comercial con el objetivo de armonizar el régimen de prescripción en materia tributaria y de la seguridad social. Además, se incorpora la posibilidad de prever plazos reducidos en las leyes de previsión social, en condiciones análogas a las contempladas en materia impositiva.
En cuanto al Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, se trata de una norma que establece que el Presupuesto Nacional deberá ser siempre equilibrado o superavitario. No se autorizarán presupuestos con déficit, incluso en prórrogas presupuestarias. Así las cosas, cualquier nuevo gasto o ley que implique erogaciones, debe contar con financiamiento explícito y sustentable; de lo contrario, será nula de nulidad absoluta.
La norma establece la prohibición de emisión para gasto: se veta la emisión monetaria para financiar el déficit o gasto público, cerrando el acceso a fondos del Banco Central con ese fin.
En cuanto a la modernización laboral y la reforma del Código Penal, son proyectos que deben ser todavía enviados al Congreso, lo mismo que la modificación de la Ley de Glaciares.
Extraordinarias y modernización laboral figuran en una agenda que se esclarecerá este martes con la publicación en el Boletín Oficial. Las prioridades de diciembre y las de febrero.
Será este mismo viernes, o pasará a lo largo de este último fin de semana largo del año, pero lo cierto es que el presidente Javier Milei firmará en estas horas el decreto que, tras su publicación en el Boletín Oficial del martes 9, convocará al Congreso a sesiones extraordinarias. La fecha tentativa es la que siempre se mencionó: miércoles 10 de diciembre, primer día en el que los mandatos de los diputados y senadores nacionales elegidos el 26 de octubre y que ya prestaron el juramento correspondiente, comienzan a regir formalmente. Y todo indica que sería hasta fin de mes (30 de diciembre), aunque algunos no descartan la posibilidad de que la convocatoria se haga “de un tirón” hasta el último día de hábil de febrero (viernes 27), cuestión de tener todo listo y sin necesidad de emitir decretos complementarios a lo largo del verano.
Como sea, no hay mayor misterio en torno a los temas a tratar: Presupuesto 2026 e inocencia fiscal, son las prioridades del mes de diciembre; en tanto que la modernización laboral, las reformas al Código Penal, la tributaria y la Ley de Glaciares figurarán también en el temario.
De estas últimas, la que podría ser incluida dentro del texto del decreto que se conocerá la medianoche del martes es la reforma laboral, cuyos detalles circularon intensamente por algunos medios en las últimas horas. En caso de ser incluido el tema en el mismo -como todo indica-, comenzaría a ser debatido en la Cámara alta, mientras Diputados hace lo suyo con la ley de leyes. Al respecto, el dictamen alcanzado en noviembre pasado por el Presupuesto -en realidad fueron cuatro- perdió vigencia al cambiar la conformación de las cámaras.
Así las cosas, dicho dictamen debería ser debatido en comisiones a lo largo de la semana que viene y, a más tardar, tener dictamen el martes 16, para su tratamiento en el recinto el día posterior. Tal cual suele suceder con los tratamientos de los presupuestos en el Senado, allí el tema debería tener un trámite exprés, posiblemente entre las fiestas.
En cuanto a la modernización laboral, algunos optimistas especulan con una media sanción antes de fin de año. Se verá. El proyecto está “terminado pero en revisión”, señalan algunas fuentes oficiales, y podría llegar a conocerse oficialmente este martes. El mismo incluiría flexibilización de jornadas, bancos de horas, indemnizaciones escalonadas y restricciones a la huelga.
En cuanto al proyecto de inocencia fiscal, el mismo ingresó al Congreso el 6 de junio pasado, pero nunca fue tratado en comisión. Propone instaurar un cambio en la filosofía y la práctica del régimen tributario argentino. Según palabras del Gobierno, la propuesta prevé dejar de lado un régimen que definen como “persecutorio” aplicado por el fisco, donde se partía de una presunción de culpabilidad del contribuyente.
El texto propone actualizar los montos previstos para las multas y reformula el régimen de prescripción, al establecer la posibilidad de reducir el plazo de prescripción tributaria a tres años en aquellos casos en que la declaración jurada haya sido presentada en término y no se verifiquen diferencias significativas. En un segundo capítulo, establece modificaciones al Código Civil y Comercial con el objetivo de armonizar el régimen de prescripción en materia tributaria y de la seguridad social. Además, se incorpora la posibilidad de prever plazos reducidos en las leyes de previsión social, en condiciones análogas a las contempladas en materia impositiva.
Por otro lado, impulsa la creación de un régimen especial y simplificado aplicable a la recién implementada declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias, que alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que cumplan ciertos requisitos patrimoniales y de ingresos.
Lo que tiene que ver con glaciares y la reforma del Código, se conocerá más a fondo en las próximas semanas y quedará para su debate en el mes de febrero. No se descarta que alguno de estos temas, sobre todo las modificaciones penales, queden para llegar al recinto a lo largo del período ordinario.
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, reclamó en la Casa Rosada la actualización de la Ley de Glaciares, al considerar que la norma vigente frena proyectos estratégicos. Propuso que las provincias definan qué es glaciar y periglaciar, y destacó la minería como clave para el desarrollo energético y económico.
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, volvió a insistir en la necesidad de reformar la Ley de Glaciares, al advertir que la normativa actual “limita proyectos mineros estratégicos”.
En la reunión que mantuvo en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, Orrego planteó su posición sobre la minería, las obras públicas y la necesidad de una reforma estructural. “Les expresé mi postura sobre la Ley de Glaciares y sobre la minería en general”, señaló.
El mandatario sanjuanino sostuvo que el esquema vigente debe revisarse para “armonizar la preservación ambiental con el desarrollo productivo”. Propuso que sean las provincias las que determinen qué es glaciar y periglaciar. “Se debe reformar la ley”, subrayó.
Orrego recordó que San Juan concentra seis de los diez proyectos de cobre más importantes del país y afirmó que la minería “es clave para el futuro energético y económico de la Argentina”.
Durante el encuentro también se abordaron otros temas de la agenda productiva nacional, como el desarrollo de granos, Vaca Muerta y la minería, en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que el gobernador consideró “una herramienta fundamental para atraer capitales y generar empleo”.
El ministro de Minería sanjuanino, Juan Pablo Perea, reclamó una definición legislativa urgente para diferenciar entre glaciares activos y permafrost. Advirtió que sin esa precisión, iniciativas estratégicas como Vicuña y Pachón seguirán paralizadas. Empresarios y referentes del sector respaldan el pedido.
El Gobierno de San Juan elevó el tono de su reclamo al Ejecutivo nacional y exigió la reglamentación de la Ley de Glaciares, vigente desde 2010 pero aún sin definiciones técnicas clave. El pedido fue encabezado por el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, quien advirtió que sin una normativa clara, proyectos mineros de escala internacional como Vicuña y Pachón no podrán avanzar.
“Hasta tanto no exista una clarificación en la legislación que hace referencia a los glaciares, no va a poder pensarse en que arranquen proyectos como Vicuña, Pachón o algún otro. Son temas que se deben solucionar antes para que den a la luz esos proyectos, como también el RIGI”, afirmó Perea.
El planteo provincial apunta a diferenciar técnicamente entre los glaciares que constituyen reservas activas de agua —intocables por ley— y los glaciares de escombros o permafrost, que no aportan recursos hídricos. “El objetivo es proteger efectivamente lo que se debe proteger, y eso no se toca de ninguna manera. Pero no se puede frenar todo indiscriminadamente”, sostuvo el funcionario.
La Ley de Glaciares prohíbe actividades que puedan afectar cuerpos de hielo y permafrost, pero no establece categorías ni niveles de impacto. Según la visión sanjuanina, esa ambigüedad genera interpretaciones que paralizan inversiones millonarias.
Perea propuso que la reglamentación tome como referencia la clasificación de la Asociación Internacional del Permafrost, que distingue entre glaciares “blancos”, como el Perito Moreno, y glaciares de escombros. “Un glaciar no se mueve ni se rompe ni se extingue. Lo que hay que resguardar es la reserva activa de agua que aporta”, explicó.
La indefinición legal mantiene en pausa proyectos estratégicos como Vicuña —que integra Josemaría y Filo del Sol, en Iglesia—, ubicado cerca del glaciar G110, lo que exige una delimitación precisa de la zona de exclusión. En Calingasta, el proyecto Pachón enfrenta una situación similar. Los Azules, otro desarrollo clave, continúa en búsqueda de financiamiento, dificultado por el contexto de incertidumbre normativa.
“El agua no se negocia, no se toca”, remarcó Perea, pero insistió en que no se pueden perder oportunidades por indefiniciones políticas. La minería es la principal apuesta económica de San Juan.
El reclamo fue respaldado por el referente político y minero Mario Capello, quien recordó en la red social X que desde 2014 impulsa la necesidad de reglamentar una ley “única en el mundo”. “Dicha propuesta fue elaborada con fundamentos legales, técnicos y científicos irrefutables”, señaló.
También se sumó al debate el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, quien alertó en el Senado sobre las consecuencias de la falta de precisión legal. “El 75% de los proyectos de cobre necesitan que el tema glaciares se resuelva”, afirmó. Y agregó que la ley, aunque se denomina de glaciares, en realidad regula “crioformas”, un concepto más amplio que incluye formaciones sin función hídrica significativa.
“Todos estamos de acuerdo en proteger los glaciares”, concluyó Cacciola, “pero esta ley es lo suficientemente confusa como para impedir cualquier tipo de actividad productiva, además de la minería”.
El Gobierno nacional anunció que modificará por decreto la Ley de Glaciares para una reducción de las zonas protegidas para la instalación de industrias mineras o hidrocarburíferas. Ya se había intentado introducir estos cambios con la Ley Bases.
El Gobierno nacional continúa con su política alejada de la cuestión ambiental y anunció que modificará por decreto la Ley de Glaciares para para una reducción de las zonas protegidas para la instalación de industrias mineras o hidrocarburíferas, algo que ya había intentado introducir en la Ley Bases.
La legislación actual contempla multas de cien a cien mil sueldos básicos de la Administración Pública junto a la suspensión y el cese definitivo de la actividad de los infractores.
El oficialismo mantendrá el marco de restricciones para los glaciares cubiertos y descubiertos y asegura que continuará exigiendo informes de impacto ambiental para aprobar proyectos de inversión. Apunta también a darle mayores atribuciones a las provincias sobre los espacios donde se puedan establecer industrias.
Al trascender estas informaciones, diputados opositores dividieron las opiniones al respecto. En contra de ello, se expresó el diputado nacional y presidente de la CC Maximiliano Ferraro quien exigió: “LOS GLACIARES NO SE TOCAN”.
Ferraro explicó que la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639) es “lo que no pudo aprobar en el primer intento de la Ley Bases, ahora se intenta imponer por la fuerza de un decreto presidencial”, y alertó que “es un intento escandaloso de retroceso ambiental, sin debate democrático, y con un solo objetivo: facilitar la destrucción de ecosistemas frágiles para beneficio del negocio minero”.
“No se trata de una actualización técnica ni de una mejora legislativa. Se trata de desproteger glaciares y ambientes periglaciares que hoy están preservados, reescribiendo la definición misma de qué debe ser protegido. Se trata de permitir la explotación económica en zonas donde la ley vigente lo prohíbe, violando abiertamente el principio de no regresión ambiental consagrado en el Acuerdo de Escazú, ratificado por Argentina y en plena vigencia”, denunció el diputado de la CC.
Así, enumeró que el Gobierno busca: “Recortar la definición de glaciar, dejando afuera formaciones pequeñas pero esenciales, incluso si ya están relevadas por el Inventario Nacional. Condicionar la protección a criterios arbitrarios y discrecionales, como una supuesta “función hídrica efectiva y relevante”, desconociendo la integralidad ecosistémica. Habilitar la intervención sobre el ambiente periglacial, zona vital como reguladora hídrica, reserva de agua dulce y barrera climática”.
“Este decreto no solo contradice el derecho vigente y el artículo 41 de la Constitución Nacional, sino que responde a los intereses históricos que han buscado durante años remover los límites que impone la Ley de Glaciares. Hoy lo intenta por la ventana del decreto, sin pasar por el Congreso, sin escuchar a la ciudadanía, sin evaluar consecuencias socioambientales”, señaló Ferraro.
El presidente de la Coalición Cívica indicó que “en un contexto de crisis climática, sequías extremas, pérdida acelerada de ecosistemas y contaminación de nuestras fuentes de agua, no podemos tomarlo a la ligera. Advertimos que cualquier modificación regresiva a la Ley de Glaciares, y más aún por decreto, es inconstitucional”, e instó a rechazar en ambas Cámaras el DNU. “Un ejemplo más de por qué debe modificarse la ley 26.122, violatoria de la división de poderes, que permite al Poder Ejecutivo obtener, con el voto afirmativo de una sola Cámara, lo que el propio Congreso debería aprobar con el voto de ambas Cámaras”, planteó.
“No pudo el kirchnerismo cuando Cristina Kirchner vetó la ley en 2010, y tampoco podrán ahora. Los glaciares no se tocan. El agua no se negocia”, cerró.
En el mismo sentido se pronunció la exdiputada nacional Graciela Camaño: “Sin dudas la ignorancia los llevará a cometer otro acto legislativo inconstitucional. La modificación por decreto de la Ley de Glaciares responde a la voracidad de las empresas mineras que pretenden los ambientes periglaciares, empresas que han tenido durante 30 años régimen de subvenciones impositivas, y que ahora tienen RIGI por 40 años. Es interesante ver el deterioro económico, fiscal y social del país en el periodo”, denunció.
“Lo que quizá no sepa el gobierno es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación referencia decisiones importantes en 3 oportunidades en el Principio pro Aqua y el Principio pro Naturaleza, motivo por el cual y en virtud de la Constitución Nacional acudiremos a la justicia para su impugnación en caso que se emitan los decretos”, anticipó.
Desde el Pro respaldan al Gobierno
De la vereda de enfrente, una diputada del Pro salió a respaldar la decisión del oficialismo. Se trata de Florencia De Sensi, que responde a Cristian Ritondo, quien celebró la modificación de la reglamentación de los glaciares porque “la normativa actual frena inversiones incluso en zonas sin función hídrica relevante. Eso no protege el ambiente: bloquea proyectos clave y empleo formal en provincias con alto potencial productivo”.
“La nueva regulación va a definir con más claridad técnica qué áreas deben cuidarse, mantener los estudios de impacto ambiental y respetar el inventario nacional”, consideró y sumó: “Dicho simple: se corrige una regulación exagerada que venía frenando el desarrollo de proyectos estratégicos que el país necesita. Este es el camino a seguir”.