El oficialismo realiza una sesión que se presume polémica, con una oposición que no se dará por vencida con su pedido de sesión especial para tratar temas propios. Será uno de los tramos polémicos de esta sesión con un temario acotado.
Foto: HCDN
El oficialismo consiguió con los bloques dialoguistas reunir este miércoles 129 diputados con los cuales arrancó la sesión pedida para tratar los proyectos de ley de Hojarasca y cambios al Régimen de Zona Fría, como temas centrales, y una decena de acuerdos y tratados internacionales de vieja data y un ascenso militar.
El quórum se consiguió, no sin esfuerzo, a las 10.22 y se da esta sesión en el marco de una polémica en ciernes por el pedido de sesión especial que había solicitado la oposición para las 11 de la mañana.
Dieron quórum, además del bloque que conduce Gabriel Bornoroni, el Pro, la UCR, el MID, Karina Banfi; la mayoría de Innovación Federal; losa sanjuaninos de Producción y Trabajo y La Neuquinidad. Los tres tucumanos de Independencia fueron los últimos en entrar, pero antes, dos diputadas de Provincias Unidas -bloque que había decidido no bajar- ya se habían sentado: la mendocina Lourdes Arrieta y la radical jujeña María Inés Zigarán.
A Arrieta le reclamaron algunos de sus pares, sin embargo permaneció sentada hasta que Martín Menem anunció que había quórum.
Tal cual se anticipó en la reunión de Labor Parlamentaria, la oposición pidió a las 11 de la mañana un cuarto intermedio para imponer la sesión pedida por Esteban Paulón. Sin embargo, la moción no prosperó con una votación que resultó con 131 votos en contra y 111 a favor.
Después de una debate breve y muchos cuestionamientos de la oposición, la Cámara de Diputados aprobó la media sanción del proyecto de Ley Hojarasca con 138 votos positivos, 96 negativos y 9 abstenciones. La iniciativa fue redactada por el ministro Federico Sturzenegger, que con las modificaciones que se le hicieron pasó de 63 a 59 las leyes que se propone derogar en su totalidad. A su vez, plantea derogar varios artículos de otras tres y dos decretos.
La Libertad Avanza festejó la media sanción de la Ley Hojarasca.
Entre los cambios, se quitó de la lista a la Ley 20.959, que es la que garantiza el libre estacionamiento para diputados y senadores nacionales. También, a pedido de representantes del cooperativismo, se retiró la Ley 11.380, sobre fomento crediticio para el sector.
Dentro de la clasificación de leyes a derogar aparecían artículos de dos normas relacionadas con "organismos para integrantes del sector público financiados con fondos públicos nacionales".
Entre algunas cuestiones de privilegio y homenajes, la Cámara de Diputados aprobó, casi por unanimidad, diez tratados internacionales, entre los que se destacaron los Acuerdos de Extradición con Polonia, Costa Rica y Chile y el Acuerdo Marco sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación sobre el Centro Regional del Convenio de Basilea para la Capacitación y la Transferencia de Tecnología.
Todas las votaciones se realizaron individualmente y las diez superaron los 220 votos a favor. Solamente el tratado con Chile tuvo 14 votos en contra y los únicos en abstenerse, en casi todas las votaciones, fueron los 4 integrantes del Frente de Izquierda.
Antes de pasar al Régimen de Zona Fría, se aprobó el reconocimiento al brigadier (R) “VGM” Jorge Francisco Martínez en la “Guerra del Atlántico Sur” y la concesión de la medalla “La Nación Argentina al Valor en Combate”. El tablero resultó con 193 votos afirmativos.
Por último, se está debatiendo el cambio de régimen de Zona Fría. Para garantizarse los votos, el Gobierno negoció a través del ministro Diego Santilli con gobernadores de provincias cálidas, a los que prometieron subsidios al consumo de energía eléctrica durante los meses de verano. Acotado esto a una cantidad determinada de kilovatios.
El proyecto reforma el esquema implementado en 2021, a través de una ley impulsada por Máximo Kirchner (N° 27.637), que había ampliado el alcance del beneficio a más provincias. Tradicionalmente, la Patagonia, Malargüe -en Mendoza- y la Puna contaban con la reducción en la tarifa de gas, pero esa norma incluyó a departamentos y localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.
En caso de ser aprobado el texto, las áreas originarias mantendrán los subsidios al consumo residencial de gas natural y gas propano por redes. En cambio, para las zonas incorporadas por la ampliación de 2021, el beneficio quedará limitado a los hogares de menores ingresos incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.
El texto establece que los hogares de las zonas ampliadas solo recibirán una bonificación adicional por zona fría si están inscriptos en el SEF, que abarca a familias con ingresos netos menores o iguales a tres canastas básicas totales, y a beneficiarios de programas específicos como el ReNaBaP o la pensión a veteranos de Malvinas.
Otra modificación clave es que el subsidio se calculará exclusivamente sobre el precio del gas, y no sobre el total de la tarifa (que incluye costos de transporte y distribución), con lo cual se estima que habrá modificaciones en lo que los usuarios beneficiados finalmente deban pagar.
El Régimen de Zona Fría seguirá financiado por el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, constituido con un recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas natural. Sin embargo, se faculta al PEN a aumentar o disminuir el nivel del recargo en hasta un 50%.
Miembro informante como presidente de la Comisión de Energía, el libertario Facundo Correa Llano sostuvo que “durante años la política argentina se construyó sobre subsidios indiscriminados, sobre distorsiones, sobre privilegios. Eso nos llevó a confundir lo que es la sensibilidad social con desorden, subsidios con privilegios, y política energética con populismo tarifario. Los resultados están a la vista: desinversión, atraso, subsidios mal asignados y millones de argentinos pagando un sistema injusto. Ese modelo fracasó, eso es lo que hoy venimos a corregir”.
El mendocino destacó que el Gobierno encara “un camino basado en el equilibrio fiscal, en la inversión privada, en reglas claras, en un sistema energético sostenible y en subsidios focalizados”. Al referirse a los gobiernos kirchneristas, cuestionó que años atrás “las tarifas no reflejaban los costos reales” y “los subsidios eran pagados por todos los argentinos, con el peor impuesto, el inflacionario”.
El mendocino Correa Llano fue el miembro informante del proyecto del Ejecutivo.
“Cuando el subsidio deja de estar focalizado deja de ser una herramienta social y pasa a ser transformarse en una distorsión”, insistió el legislador oficialista y defendió que “focalizar no es ajustar, es garantizar a que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan”.
En su discurso, resaltó que el Régimen de Zona Fría no se elimina, sino lo que se hace es “corregir la expansión irresponsable que se dio en 2021”. Además, valoró que con esta gestión hay “una Argentina que vuelve a tener superávit energético”.
Acto seguido, Laura Rodríguez Machado sintetizó que esta reforma está “desarmando una bomba que dejó el kirchnerismo”. Desenfundó muchas críticas contra el gobierno provincial su provincia, el Frente de Izquierda -a quienes llamó zurdos en reiteradas oportunidades- y al kirchnerismo. Luego, cuestionó que el Régimen sancionado en el 2021 “hizo una línea imaginaria y dejó afuera a los sectores más pobres de Córdoba, pero como tiene pocos habitantes no rendía electoralmente”
Respecto a esta nueva iniciativa, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal apeló a la narrativa oficialista y relató que busca “darle el subsidio al que realmente lo necesita”. En tal sentido, agregó que “estamos en contra de darle subsidios a quienes no lo necesitan porque piensan que así los votaban a ustedes”, y cerró: “Nosotros cuidamos la plata de los argentinos asignándola a los recursos de quiénes realmente la necesitan, ustedes la usan política”.
La diputada fueguina Andrea Freites no se guardó nada y cargó contra La Libertad Avanza: “En un contexto de fragilidad e incertidumbre, el Gobierno recarga las facturas del gas y hace perder un beneficio de más de 25 años”. Defendió, a su vez, el Régimen vigente: “Esta Ley de Zona Fría es soberanía y federalismo real, y es conocer la temperatura real desde La Quiaca hasta el ‘Fin del Mundo -en alusión a su provincia-’”.
Contra las palabras de los miembros informantes, respondió que “no hay derecho a exigir un certificado de pobreza para vivir con algo que es necesario y es vital en donde tenemos temperaturas bajo cero y ráfagas de viento de más de 120 kilómetros”. Para terminar, expresó: “No condenen a las familias argentinas como están condenando a la clase trabajadora y a la clase media porque el pueblo argentino no puede más”.
El diputado de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto recordó que “allá por el 2000, el gobierno de Fernando De La Rúa tomó una medida igual con el subsidio del combustible”, y agregó que “la Patagonia es merecedora de este beneficio porque vivir ahí es de alto sacrificio con climas duros en el invierno y que tienen que tener subsidios plenos”. También, señaló que “las provincias patagónicas son generadoras del gas y el combustible de todo el país y merecen un beneficio diferenciado”.
NOTICIA EN DESARROLLO
El oficialismo buscará este miércoles abrir la sesión desde las 10 con un temario acotado que incluye la derogación de leyes y cambios en el régimen de Zona Fría, mientras la oposición convocó a otra para las 11 que quedaría sin efecto si hay quórum en la primera.
A partir de las 10 de la mañana de este miércoles se realizará la que será la segunda sesión especial de este período ordinario en la Cámara baja, en una jornada que tiene la particularidad de haber sesiones por partida doble, separadas por espacio de una hora.
Es que paralelamente a la sesión pedida por el oficialismo, la oposición solicitó otra programada para las 11 de la mañana que, en caso de haber quórum para la primera, quedará postergada, como sucediera la semana anterior, cuando también un sector de la oposición había pedido sesionar, en este caso el jueves.
Ahora el oficialismo va por una sesión con un temario acotado: los proyectos de ley de Hojarasca y cambios al Régimen de Zona Fría, como temas centrales, y una decena de acuerdos y tratados internacionales de vieja data y un ascenso militar.
La expectativa está puesta en la obtención del quórum, que los legisladores oficialistas consultados por este medio dieron por descontada, aunque varios aclararon que no estaban para nada holgados. Con una dosis marcada de sinceridad, otro de los consultados garantizó que tendrán quórum, pasadas las 10 de la mañana, pero abrió un margen de duda respecto de sostenerlo a lo largo de la jornada.
Como sea, se especula con una sesión de entre 8 y 10 horas, con unas cuantas cuestiones de privilegio y una oposición que más allá del pedido de sesión que quedará virtualmente sin efecto si arranca la sesión de las 10, buscando alternativas para forzar con los emplazamientos que este año no logra concretar.
Para la sesión pedida por Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz y Giselle Castelnuovo, finalmente el oficialismo planea avanzar con la derogación de 60 normas de distinta índole, un proyecto por el ministro Federico Sturzenegger, que con las modificaciones que se le hicieron pasó de 63 a 59 las leyes que se propone derogar en su totalidad. A su vez, plantea derogar varios artículos de otras tres y dos decretos.
Entre los cambios, se quitó de la lista a la Ley 20.959, que es la que garantiza el libre estacionamiento para diputados y senadores nacionales. También, a pedido de representantes del cooperativismo, se retiró la Ley 11.380, sobre fomento crediticio para el sector.
Dentro de la clasificación de leyes a derogar aparecían artículos de dos normas relacionadas con "organismos para integrantes del sector público financiados con fondos públicos nacionales".
Luego será el turno de los tratados y convenios internacionales, sobre los siguientes temas: Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia; Extradición con Polonia, Costa Rica y Chile; Traslado de Personas Condenadas o Sujetas a Medidas de Seguridad con Italia; Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal con Serbia y Cuba; el Convenio Internacional de Nairobi sobre la Remoción de Restos de Naufragio; el Tratado de Medellín; y el Acuerdo Marco sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación sobre el Centro Regional del Convenio de Basilea para la Capacitación y la Transferencia de Tecnología.
También contempla el temario el reconocimiento al brigadier (R) “VGM” Jorge Francisco Martínez en la “Guerra del Atlántico Sur” y la concesión de la medalla “La Nación Argentina al Valor en Combate”.
Por último, está el tema del cambio de régimen de Zona Fría. Para garantizarse los votos, el Gobierno negoció a través del ministro Diego Santilli con gobernadores de provincias cálidas, a los que prometieron subsidios al consumo de energía eléctrica durante los meses de verano. Acotado esto a una cantidad determinada de kilovatios.
El proyecto reforma el esquema implementado en 2021, a través de una ley impulsada por Máximo Kirchner (N° 27.637), que había ampliado el alcance del beneficio a más provincias. Tradicionalmente, la Patagonia, Malargüe -en Mendoza- y la Puna contaban con la reducción en la tarifa de gas, pero esa norma incluyó a departamentos y localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.
En caso de ser aprobado el texto, las áreas originarias mantendrán los subsidios al consumo residencial de gas natural y gas propano por redes. En cambio, para las zonas incorporadas por la ampliación de 2021, el beneficio quedará limitado a los hogares de menores ingresos incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.
El texto establece que los hogares de las zonas ampliadas solo recibirán una bonificación adicional por zona fría si están inscriptos en el SEF, que abarca a familias con ingresos netos menores o iguales a tres canastas básicas totales, y a beneficiarios de programas específicos como el ReNaBaP o la pensión a veteranos de Malvinas.
Otra modificación clave es que el subsidio se calculará exclusivamente sobre el precio del gas, y no sobre el total de la tarifa (que incluye costos de transporte y distribución), con lo cual se estima que habrá modificaciones en lo que los usuarios beneficiados finalmente deban pagar.
El Régimen de Zona Fría seguirá financiado por el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, constituido con un recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas natural. Sin embargo, se faculta al PEN a aumentar o disminuir el nivel del recargo en hasta un 50%.
Los funcionarios del Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado irán a explicar los alcances de Ley de Derogación de Legislación Obsoleta. Cuándo será llevada al recinto. La lista con los marcos regulatorios del proyecto.
Foto: HCDN
Tal como adelantó parlamentario.com, fue convocado para el próximo martes 21 de abril a las 15.00 el plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General para avanzar con la Ley de Derogación de Legislación Obsoleta, más conocida como "Hojarasca". El plan de La Libertad Avanza es terminar la semana con la media sanción aprobada.
La convocatoria contará con la presencia del secretario de de Transformación del Estado y Función Pública, Matías Fariña; y el secretario de Desregulación y exdiputado nacional, Alejandro Cacace. Una vez que concluya la exposición de ambos funcionarios, las autoridades del plenario, Santiago Santurio y Nicolás Mayoraz, pasarán el despacho a la firma.
Como adelantó, también, este medio, la sesión especial será solicitada por el bloque oficialista para el miércoles 22 de abril. Al igual que con la sanción de la modificación a la Ley de Glaciares, la cita en el recinto será monotemática aunque se prevé un trámite extenso en las votaciones particulares.
De esta manera, La Libertad Avanza planifica un tratamiento expeditivo en la Cámara de Diputados al proyecto redactado por Federico Sturzenegger, ministro de Transformación y Desregulación del Estado. Cabe recordar que el texto se presentó dos veces: la primera fue el 11 de octubre del 2024 con giro, también, a Presupuesto y Hacienda. Sin embargo, nunca comenzó a debatirse.
Las leyes que se proponen derogar, divididas en seis grupos
Dentro de la clasificación que estableció el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, el primer conjunto de leyes a derogar son aquellas que han sido “superadas por normas posteriores”.
Ley N° 94 (1864). Inhabilita por 10 años a cualquier autoridad que haga azotar a una persona. La pena de azotes fue prohibida por la Constitución Nacional en su artículo 18, con lo cual se considera “absurdo mantener” esta ley que “ha perdido vigencia”.
Ley N° 3.863 (1899). Otorga a las compañías de seguro sobre riesgos agrícolas beneficios impositivos por 10 años y está en línea con artículos del antiguo Código Civil y Comercial. “Actualmente carece de sustento normativo”, afirmaron desde el PEN.
Ley N° 16.789 (1965). Es la que establece que los poderes, reparticiones, organismos y entidades del Estado Nacional deberán adquirir automóviles destinados a su servicio que sean de industria nacional.
Ley N° 17.557 (1967). Rige la provisión, instalación y utilización de equipos destinados a la generación de rayos X, que fue superada por la Ley 26.906.
Ley N° 20.400 (1973). Establece que no se podrá realizar ninguna operación con el objeto de conseguir para sí o de proporcionar a un tercero mano de obra de personas que no ofrezcan voluntaria y espontáneamente sus servicios. Fue superada por la Ley 26.364, sobre trata de personas.
Ley N° 20.843 (1974). Es la Ley de “Padrinazgo Presidencial”. El proyecto prevé, en su artículo 2, que las personas que ya sean beneficiarias podrán optar por seguir manteniendo sus beneficios.
Ley N° 21.778 (1977). Faculta a las empresas estatales a convocar licitaciones y celebrar contratos destinados a la exploración y explotación de hidrocarburos. “Esta ley devino obsoleta por las normas dictadas ulteriormente, en particular las modificatorias de la Ley N° 17.319 de Hidrocarburos”, señaló el PEN.
Ley N° 22.109 (1979). Sobre aislamiento de enfermos o sospechosos de viruela y sus contactos, así como la vacunación y revacunación. Esta norma ha sido superada por la Ley N° 27.491.
Ley N° 23.678 (1989). Determina fórmulas para liquidar las regalías petroleras. Esta norma dejó de aplicarse, ya que fue perfeccionada por legislación posterior.
Ley N° 24.675 (1996). Refiere a la actuación de los auxiliares de la Justicia ante la Justicia Nacional. Fue declarada inválida por la Corte Suprema, mediante la Acordada N° 60/96.
Dentro del segundo paquete de leyes diseñado por el Poder Ejecutivo se encuentran aquellas que se volvieron “obsoletas o sin efecto por el avance de la tecnología, economía o paso del tiempo”.
Ley N° 448 (1870). Otorga un premio en metálico a quien descubra una mina de carbón. “El carbón mineral es una de las fuentes de energía más contaminantes que existen; por lo tanto, su uso debe ser desalentado, no premiado”, afirma el Gobierno.
Ley N° 3.235 (1895). Es una ley sobre adquisición de armamento de fines del siglo XIX. Los montos están desactualizados y en moneda desactualizada.
Ley N° 16.879 (1965). Concede una exención de impuestos a las ventas, de recargos de importación y reintegros impositivos a la industria nacional adjudicataria de licitaciones internacionales para ciertos proyectos eléctricos. “Es un esquema tributario que no ha tenido aplicabilidad práctica”, consideró el PEN.
Ley N° 18.569 (1970). Implanta el uso del procedimiento de microfilmación para todo tipo de documentación en el Comando en Jefe del Ejército. “Hoy día, se ha convertido en algo totalmente arcaico que ha sido reemplazado por medios digitales más eficientes”, apuntaron desde la cartera de Sturzenneger.
Ley N° 19.648 (1972). Declara de interés nacional, entre otros, a la prospección, exploración, el desarrollo minero y la explotación de carbón mineral. “Hoy, lejos de ser de interés nacional, lo que se busca es ‘descarbonizar’ la economía”, se indicó en los argumentos.
Ley N° 20.114 (1973). Autoriza al Comando en Jefe de la Armada a utilizar procedimientos de microfilmación.
Ley N° 20.577 (1973). Considera de interés nacional toda innovación que pueda efectuarse en materia de sistemas de transmisión de imágenes televisivas.
Ley N° 21.895 (1978). Autoriza las emisiones de televisión en color. “Ya existe un marco normativo moderno en materia de comunicaciones que la torna innecesaria”.
Ley N° 23.756 (1989). Autoriza al Poder Ejecutivo a habilitar a todos sus organismos a utilizar la microfilmación.
El tercer conjunto de leyes son aquellas que considera desde el Gobierno “afectan libertades individuales”.
Ley N° 14.034 (1951). Impone pena de prisión para los argentinos que propicien la aplicación de sanciones políticas o económicas contra el Estado.
Ley N° 18.312 (1969). Crea el “Fondo para el desarrollo de la producción de papel prensa y de celulosa”. “Esta ley del gobierno de facto de 1966-1970 busca restringir la libertad de expresión”, remarcó el PEN.
Ley N° 19.787 (1972). Esta ley del gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse declara de interés nacional la difusión de la “música argentina”.
Ley N° 20.120 (1973). Esta ley, también durante el gobierno de facto de Lanusse, regula el derecho de reunión, incluso en lugares cerrados.
Ley N° 20.802 (1974). Crea un carnet de mochilero. Fue puesta en marcha en el contexto de subversión. Sigue vigente, sin aplicación, y va en contra de la libertad constitucional de transitar.
Ley N° 20.959 (1975). Derecho de libre circulación y libre estacionamiento para senadores y diputados de la Nación y los secretarios y prosecretarios de ambas cámaras del Congreso. “Hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática, y contraria al principio de igualdad ante la ley”, se enfatizó desde la cartera de Desregulación y Transformación del Estado.
Ley N° 20.983 (1975). Los medios de difusión radial y televisiva quedaban obligados a destinar espacios diarios para desarrollar temas de interés turístico nacional. “Esta norma no se aplica desde hace años y la temática está regulada a través de la Ley N° 26.522”.
Ley N° 22.875 (1983). Implementa medidas de defensa nacional, originadas por la vulnerabilidad del potencial productivo nacional, cuyo funcionamiento entiende puede ser perjudicado en caso de ataque exterior.
Ley N° 22.964 (1983). Se propone la derogación de los artículos 6, 7 y 8. Disposiciones aplicables en todo el país con el fin de controlar la endemia de lepra. “Esta norma, de corte netamente medieval, no solo estigmatiza una enfermedad, sino que viola en forma flagrante los derechos reconocidos por la Constitucional Nacional”, por eso “deben derogarse los artículos que permiten la internación forzosa, siendo incomprensible que hoy en día continúen vigentes”, fundamentó el PEN.
En la cuarta categoría de normas aparecen aquellas “cuya derogación implica un avance en el proceso de desburocratización”.
Ley N° 14.041 (1951). Autoriza al Poder Ejecutivo a proceder a la formación de un acopio permanente de artículos, materiales y elementos para atender las necesidades y aprovisionamientos de la Marina de Guerra. Esta ley ha dejado de tener operatividad, máxime cuando el acopio de material bélico es una potestad propia de la Administración.
Ley N° 14.800 (1959). Obliga a quien demuela una propiedad con salas de teatro a construir un teatro con características similares a la propiedad demolida.
Ley N° 17.752 (1968). Declara promovida la construcción, equipamiento y explotación de hoteles nuevos para turismo internacional. “Es una ley que desde 1978 no tiene aplicación”, dijo el PEN.
Ley N° 19.340 (1971). Esta ley obliga a los propietarios que interrumpen una construcción a reportar dicha interrupción.
Ley N° 19.363 (1971). Establece que el Poder Ejecutivo puede sortear premios entre los compradores de boletos de cine.
Ley N° 20.308 (1973). Esta ley crea el Fondo Naval Fomento Actividades Náuticas. El PEN aseguró que “su uso se ha discontinuado hace años”.
Ley N° 20.496 (1973). Declara de interés nacional la promoción del uso de fertilizantes, autorizando al organismo de aplicación para proceder a la importación de los distintos fertilizantes elaborados en cualquiera de sus formas.
Ley N° 20.876 (1974). Declara de interés nacional a la apicultura y prohíbe la introducción de capital extranjero para la producción apícola. Dicha prohibición quedó derogada de hecho cuando se derogó la Ley N° 20.557 de radicaciones extranjeras.
Ley N° 21.056 (1975). Fuerza a las compañías de medios de transporte de media y larga distancia a exhibir fotos, láminas y afiches para promover el turismo nacional e internacional.
Ley N° 21.145 (1975). Otorga un privilegio a los artistas de compañías teatrales para viajar y alojarse a un precio reducido en los servicios que presten empresas estatales.
Ley N° 21.159 (1975). Crea un curso de formación turística destinado al personal de la Administración Pública Nacional.
Ley N° 22.426 (1981). Regula los contratos de transferencia de tecnología y marcas extranjeras.
Ley N° 22.963 (1983). Se propone la derogación de sus artículos 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29; y la modificación del 1 y 17. Conocida como Ley de Carta (cartografía oficial). Esta ley sancionada por el presidente de facto Reynaldo Bignone regula el funcionamiento del actualmente denominado Instituto Geográfico Nacional, órgano encargado de la confección de mapas oficiales.
Ley N° 23.419 (1986). Establece un régimen legal sobre el uso de subsuelo-exploraciones para empresas y sociedades del Estado.
Ley N° 23.634 (1988). Declara de interés nacional y prioritario la promoción, fomento y desarrollo de la cunicultura -cría de conejos- y crea la Comisión Nacional de Cunicultura.
Ley N° 24.057 (1992). Impulsa al Poder Ejecutivo a la creación de “asociaciones civiles para problemas de hábitat”. Afirman que “nunca fue reglamentada”.
Ley N° 24.127 (1992). Instituye un “Premio Nacional a la Calidad” en el sector privado y en la Administración Pública.
Ley N° 24.298 (1994). Crea el Programa Nacional para la Vinculación con la Comunidad Argentina en el Exterior.
Ley N° 24.960 (1998). Instituye el premio “Prevención de las Adicciones”, el que tiene como finalidad incentivar la participación en la prevención de la drogadependencia.
Ley N° 25.750 (2003). Esta ley -de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales- “restringe el derecho de ejercer industria en algunas actividades particulares”, señaló el PEN.
Ley N° 26.227 (2007). Crea el Consejo Federal de la Juventud con la misión de colaborar con el diseño y coordinación interjurisdiccional de las políticas de juventud.
Ley N° 26.688 (2011). Declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, entendiendo a los mismos como bienes sociales. “Es una ley primordialmente declamativa”, consideró el ministerio que conduce Sturzenegger.
Ley N° 27.171 (2015). Establece que la Federación Colombófila Argentina debe constatar el año de nacimiento y la matrícula de las palomas mensajeras de carrera que determine su pertenencia al Registro Nacional de Desarrollo y Potencial Colombófilo. “Constituye una sobrerregulación de una actividad tan inocua como las competencias de palomas”.
En el quinto listado de leyes se encuentran aquellas que remiten a procesos inexistentes o a organismos disueltos.
Ley N° 11.245 (1923). Fija las tarifas a percibir por la Oficina Química del Departamento Nacional de Higiene, organismo que en la actualidad no existe.
Ley N° 11.380 (1926). Autoriza al Banco de la Nación Argentina a ampliar los plazos de préstamos a las sociedades cooperativas, sobre la base de una ley derogada hace 50 años.
Ley N° 12.307 (1936). Establece premios a la pintura y literatura, que tienen que otorgarse sobre la base de la elección de institutos que no existen en la actualidad.
Ley N° 13.521 (1949). Exceptúa del pago del impuesto de sellos y de todo otro impuesto, tasa o contribución a las gestiones administrativas y judiciales necesarias para obtener el reconocimiento de excepciones al servicio militar.
Ley N° 14.578 (1958). Crea el Fondo Especial de Obras y Servicios Públicos, que en la actualidad es un Fondo sin recursos.
Ley N° 17.584 (1967). Crea el Fondo Nacional Permanente para Estudios de Preinversión, el que hace años dejó de existir.
Ley N° 20.085 (1973). Instituye el sistema “Complejo Portuario de Ultramar en Aguas Profundas”. “El proyecto nunca superó la etapa de los estudios de pre-factibilidad, a pesar del tiempo transcurrido desde la sanción de la norma”, apuntó el PEN.
Ley N° 20.299 (1973). Tenía por finalidad que el Estado garantizara las exportaciones de los particulares, en un esquema de comercio exterior de profunda intervención pública.
Ley N° 20.327 (1973). Establece a “Ediciones Culturales Argentinas” como un organismo de carácter descentralizado dependiente del área de Cultura.
Ley N° 20.543 (1973). Esta ley establece que los arrendatarios y aparceros que adquieran un predio que estaban locando, de entre una y dos unidades económicas, obtendrían créditos y otros beneficios. Hace tiempo que estos beneficios no están disponibles, ni siquiera en el sector financiero público.
Ley N° 20.956 (1975). Determina que por intermedio de la Empresa del Estado Agua y Energía Eléctrica se procedería a iniciar estudios e investigaciones para establecer un plan de aprovechamiento energético de las mareas en el litoral marítimo del país. La empresa ya no existe.
Ley N° 23.671 (1989). Crea el Comité de Análisis y Seguimiento de la asignación de los recursos crediticios previstos en el “Tratado General de Cooperación y Amistad entre la República Argentina y el Reino de España”.
Ley N° 24.731 (1996). Establece que el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos elaboraría y publicaría un informe anual de tecnología industrial. La norma ha dejado de ser operativa.
Decreto Ley N° 12.795/44. Determina que la inexistente Comisión Nacional de Granos y Elevadores no inscribiría en el Registro de Comerciantes en Granos y excluiría del mismo a ciertas sociedades.
Decreto N° 1.262/03. Crea la Unidad de Reestructuración del Sistema Financiero. Este organismo, creado luego de la crisis del año 2002, ha dejado de existir.
Finalmente, en el sexto lugar hay dos leyes que se proponen modificar, más no derogar en su totalidad, y son las que tienen que ver con “organismos para integrantes del sector público financiados con fondos públicos nacionales”.
Ley N° 20.984 (1975). Crea el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina. Se busca derogar los artículos 3 y 11 y sustituir el 8, para eliminar el financiamiento estatal. “Los legisladores que quieran participar y aportar para dicho Círculo podrán seguir haciéndolo, con sus propios fondos”.
Ley N° 24.807 (1997). Esta ley crea la Federación Argentina de Municipios. Se propone sustituir el artículo 11 para que el financiamiento de dicha Federación no provenga de las arcas del Estado Nacional.
No se trata sólo de la derogación de leyes que devinieron en "obsoletas", como dijo Sturzenegger, sino también de avanzar en normas que consideran "trabas" para el comercio y la importación.
En reiteradas ocasiones, a propósito de las discusiones sobre el DNU 70/23 y la Ley de Bases, la oposición reclamó en el Congreso por la presencia de Federico Sturzenegger, hasta ese momento sin cargo formal dentro del Gobierno, pero a quien se le adjudicaba la autoría de ambas normativas. Asumido ahora sí como ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y tras haber anunciado con bombos y platillos una nueva ley con nombre marketinero, se verá si asiste a defender el proyecto en comisiones una vez que sea enviado. Afirman que listo, ya está.
"Cosa que resulta inútil o innecesaria dentro de un conjunto", es una de las definiciones de la Real Academia Española (RAE) para el término "hojarasca", que Sturzenegger eligió para bautizar a una norma que buscará terminar -o reformar- un centenar de otras. Incluso, antes de jurar en Casa Rosada, el funcionario tuvo contactos con algunos diputados de bloques dialoguistas para revelar unos pocos detalles al respecto.
Si bien en declaraciones públicas el ministro habló de leyes "obsoletas", que en la actualidad no se aplican o se han vuelto insólitas, como la que se refiere a las carreras de palomas o el carnet del mochilero, el proyecto que se espera para debatir en el segundo semestre contendría desregulaciones que quedaron en el camino de la primera versión de la Ley de Bases.
Según supo parlamentario.com, el texto podría contemplar la derogación de la Ley 25.542 de precio uniforme de venta al público de libros o de la 25.715, conocida como Ley de Azúcar -sobre aranceles para la importación-. Se trata, por ejemplo, de dos artículos que contenía la famosa "ley ómnibus" de más de 600 artículos.
En el primer texto de la Ley de Bases, enviado en diciembre pasado, había un capítulo con nueve artículos, bajo el título "desregulación económica". Además de los dos mencionados, allí se proponía habilitar la reventa de entradas de eventos deportivos, se establecían cambios en el DNU 2753/91 sobre régimen de importación de consumo, y se buscaba la derogación de la Ley 23.727, sobre autorización de la instalación y uso de sistemas para la recepción de señales de radiodifusión provenientes de satélites artificiales.
También estaba allí planteada la derogación de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia, sancionada en 2018, y se proponía aprobar una nueva que venía en un anexo.
Uno de los asistentes a la reunión que Sturzenegger mantuvo con diputados dialoguistas, aquellos que ayudaron al Gobierno con la sanción de la Ley Bases y el Paquete Fiscal, señaló a este medio que la nueva "ley hojarasca" se dividirá entre proponer la derogación de "las leyes obsoletas, que son para generar discurso, porque por obsoletas que son no tienen hoy ningún impacto" y "detrás de eso vienen desregulaciones en sectores".
Sobre esto último, esta fuente aseguró que "varias serán bienvenidas, en particular si traen precios más bajos para los consumidores, como en los medicamentos". No obstante, pidieron esperar a la presentación del proyecto para "hacer un análisis en concreto".
Así lo dio a entrever el jefe de Gabinete, que justificó la demora en designarlo por la modificación que hay que hacer en la estructura del Estado.
El Gobierno de la Libertad Avanza -según declaró el viernes pasado el propio presidente Javier Milei- entró en “fase 2”, pero ese anuncio, que seguramente tuvo la intención de proponer una agenda positiva, generó turbulencias económicas y políticas ni bien empezó la semana.
Tan es así que está frenado el ingreso al Gabinete del asesor presidencial y economista Federico Sturzenegger, de quien se había dicho que iba a empezar su gestión con el envío de la “ley de hojarasca” (dar de baja unas 100 leyes a las que considera vetustas) al Congreso.
“Estamos trabajando porque tenemos que hacer alguna modificación de la estructura del Estado. Aspiro a que pueda ser este viernes que el Presidente pueda tomarle juramento a Federico Sturzenegger”, dijo este miércoles por la mañana el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Al respecto, amplió: “Si no es el viernes, va a ser los primeros días de la semana próxima. Depende mucho de si terminamos con la redacción de los decretos que tiene que firmar el presidente. Es un DNU”.
Como publicó esta semana parlamentario.com, el ingreso de Sturzenegger al staff del presidente Milei se había anunciado con “bombos y platillos” ya desde diciembre pasado, e incluso el economista -autor del DNU 70/23, que desreguló parte de la actividad económica-.
Si bien nunca se reconoció oficialmente en la Casa Rosada, el expresidente del Banco Central en la gestión de Mauricio Macri tiene un encono personal y profesional con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien también participó de la era macrista.
Ese enfrentamiento desgastó a Sturzenegger, a quien se anunciaba en los albores del libertarismo como el Terminator del Estado, el Arnold Schwarzenegger no de ciencia ficción sino de carne y hueso que iba a desguazar el Estado y ocuparse de las privatizaciones.
Y su integración al Gabinete se fue dilatando, hasta que hace pocas semanas Milei volvió a impulsarlo con renovados bríos.
Pero siempre falta algo para que esa idea presidencial se concrete. Ahora, de acuerdo con Francos, falta el decreto que determine las nuevas funciones de la jefatura de Gabinete, que delegará muchas de las funciones que tenía con el eyectado Nicolás Posse.