Frade intimó a Milei, Santilli, Menem y Villarruel para que no amplíen los beneficios de la Ley de Inocencia Fiscal

La diputada envió cartas documento a las principales autoridades del Poder Ejecutivo y del Congreso. Advirtió que una eventual reforma para incluir a funcionarios públicos y sus familiares como beneficiarios supondría una “regresión” en materia de transparencia y anticorrupción, y anticipó posibles acciones judiciales.

La diputada nacional Mónica Frade (Coalición Cívica) envió cartas documento al presidente Javier Milei; al jefe de Gabinete, Diego Santilli; al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, con el objetivo de reclamar que se abstengan de impulsar una modificación de la denominada Ley de Inocencia Fiscal para incorporar como beneficiarios a funcionarios públicos y sus familiares.

En las presentaciones, fechadas el 27 de julio, la legisladora sostuvo que una reforma de esas características implicaría “una efectiva regresión en las políticas anticorrupción”, al considerar que vulneraría compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de transparencia y control de la corrupción.

Frade intimó al presidente Milei a que se abstenga de “proponer, impulsar y llevar adelante tratativas” por sí mismo o a través de funcionarios, asesores u operadores políticos para lograr la aprobación legislativa de esa modificación. Asimismo, formuló un planteo similar al jefe de Gabinete, Diego Santilli, a quien señaló como responsable político de la administración nacional y nexo con el Congreso.

La diputada argumentó que la eventual inclusión de funcionarios y familiares en los beneficios de la ley resultaría incompatible con distintos instrumentos internacionales, entre ellos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana, recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Convención de la OCDE y la Ley de Ética Pública.

En la carta documento dirigida a Martín Menem, presidente de la Cámara baja, Frade le comunicó formalmente el contenido de la intimación enviada al jefe de Estado y le hizo extensivas las mismas consideraciones respecto de eventuales gestiones, conversaciones o propuestas que pudiera realizar con integrantes del cuerpo legislativo que preside.

Lo mismo hizo con la titular del Senado, a quien le pide que en ese carácter ponga en conocimiento de los senadores el texto enviado al Presidente de la Nación.

Además, la legisladora dejó expresamente planteada una reserva de acciones judiciales ante la posibilidad de que las autoridades impulsen, promuevan o conduzcan una iniciativa legislativa de esa naturaleza. Según advirtió, recurrirá a las vías judiciales correspondientes en caso de que avance una reforma destinada a extender los beneficios de la Ley de Inocencia Fiscal a funcionarios públicos y familiares.

El Gobierno envió a Diputados el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal II

Luego de la conferencia de prensa del ministro Luis Caputo, la iniciativa ingresó por la Cámara baja. Se eliminan topes al patrimonio y los ingresos, y los contribuyentes podrán rectificar sus DD.JJ., entre otros puntos.

El Gobierno envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal II, con el objetivo de incentivar que más contribuyentes se adhieran a este régimen e ingresen en el sistema financiero los llamados "dólares del colchón", que según estimaciones del equipo económico ascienden a los 170 mil millones de dólares fuera del circuito formal.

La iniciativa fue girada luego de la conferencia de prensa que brindó esta semana el ministro de Economía, Luis Caputo, quien afirmó que el objetivo es que "se puedan formalizar los ahorros" porque "tener los dólares en el colchón" es "una muy mala decisión".

La ley original, que estableció un régimen simplificado de Ganancias, al que se adhirió el exjefe de Gabinete Manuel Adorni (investigado por enriquecimiento ilícito), no obtuvo los resultados esperados por la administración libertaria, que ahora propone la eliminación de los topes respecto a los ingresos y el patrimonio para poder ingresar al régimen.

Precisamente, sobre la eliminación de los topes que se habían fijado en $1.000 millones (ingresos) y $10.000 millones (patrimonio), el Ejecutivo destacó en los argumentos que "se dispone una apertura del universo de contribuyentes que pueden adherir al régimen, permitiendo que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esta modalidad simplificada, democratizando así el acceso a herramientas que facilitan el cumplimiento de las obligaciones tributarias".

Según el Gobierno, la iniciativa busca "perfeccionar y dotar de mayor seguridad jurídica al régimen que establece la modalidad simplificada de declaración jurada del impuesto a las Ganancias, equilibrando las garantías de los contribuyentes con las facultades de fiscalización del Estado".

La iniciativa plantea la redefinición del concepto de "discrepancia significativa" que habilita a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a impugnar la declaración jurada simplificada y, como consecuencia de ello, la presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas del impuesto a las Ganancias y del IVA, correspondientes a los períodos no prescriptos.

Dicha discrepancia se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15% respecto de lo declarado por el contribuyente; cuando la diferencia supere la suma fijada en el artículo 1° del Régimen Penal; o cuando la impugnación obedezca a la utilización de facturas u otros documentos apócrifos o al cómputo improcedente de ingresos directos.

Asimismo, se incorpora un umbral mínimo equivalente al 5% del monto previsto en el artículo 1° de dicho régimen penal, por debajo del cual no se configurará discrepancia significativa aun cuando se supere el porcentaje indicado, evitando así que ajustes de escasa entidad económica activen mecanismos de impugnación desproporcionados respecto de contribuyentes de buena fe, se explicó en los fundamentos.

Además, se determina que "a los efectos de determinar la existencia de la discrepancia significativa, no se considerará la diferencia entre la declaración original y la rectificativa, en la medida en que esta última sea presentada en un plazo no mayor a los 15 días hábiles de la notificación de la liquidación o determinación de oficio, cuando dichos saldos sean debidamente cancelados".

La modificación de la ley sancionada en diciembre pasado -que surgió a pedido y por sugerencias de contadores y especialistas tributarios al equipo económico liderado por Caputo- también contempla que determinadas sanciones no sean aplicadas a quienes hayan regularizado previamente ajustes en Ganancias o IVA y adhieran al régimen simplificado.

Por otra parte, el proyecto plantea una actualización del esquema de infracciones en el ámbito del trabajo agrario, "garantizando su eficacia disuasoria sin perder de vista la razonabilidad y la proporcionalidad", se argumentó.

De esta manera, se dispone una "modernización de las escalas sancionatorias correspondientes a las infracciones vinculadas al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), estableciéndose un sistema de multas basado en escalas monetarias, clasificadas según la gravedad de la infracción (Leves, Graves y Muy Graves), con la posibilidad de incrementar los topes en caso de reincidencia".

Dichas multas irán entre los 120 mil pesos a 7,5 millones de pesos, mientras que a partir del 1ro. de enero de 2027 las escalas se ajustarán por el índice UVA.

Moreau calificó a Inocencia Fiscal como la "Ley Adorni" y dijo que "no resuelve ningún problema"

La diputada de Unión por la Patria consideró que "el Gobierno vive en una realidad paralela". También se manifestó en contra de que se discuta la reforma electoral.

La diputada nacional Cecilia Moreau (Unión por la Patria) calificó a la nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal como "la Ley Adorni II, porque hasta ahora con la I el único que se benefició fue Adorni, porque a la Argentina no entró nada".

"(El ministro de Economía, Luis) Caputo lo primero que tiene que hacer es traer los dólares de él", lanzó y consideró: "No creemos que resuelva ningún problema este tipo de medidas".

Para la massista, "el Gobierno vive en una realidad paralela; estamos discutiendo esto que ya no funcionó", en referencia a la primera versión de la norma. Además, insistió con su rechazo al tema, en un contexto con "aumento del índice de desempleo, jubilaciones pisadas y aumento de la energía".

"Hay un proceso de saqueo y transferencia de riquezas. No es oponernos a la ley, sino al modelo", enfatizó.

Asimismo, la vicepresidenta primera de Diputados definió como "muy grave" el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y afirmó que la discusión "no tiene que darse solo adentro del Parlamento, sino también en la calle", porque "van a entregar el territorio nacional".

En declaraciones a radio Futurock, Moreau recordó que la Ley de Tierras original, sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner, fue consecuencia de que "un empresario israelí compró un pueblo de La Rioja con la gente adentro".

"Todo eso en Argentina puede volver a pasar", advirtió e insistió que estos temas se tratan "en medio de un proceso económico de destrucción de los sectores medios y de endeudamiento insoportable".

Sobre otro proyecto impulsado por el Ejecutivo, la legisladora apuntó que "el Gobierno se equivoca de discutir en este momento, con todos los problemas que tenemos, una reforma electoral; mientras la realidad pasa por otro lado...".

En esa línea, expresó que "la alianza entre el Pro y La Libertad Avanza de alguna manera se consolidó" con la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete; y opinó que a la propuesta de que no haya elecciones PASO "hay que leerla a la luz de una puja de poder entre (Mauricio) Macri y (Javier) Milei. Y estoy segura que lo van a terminar sometiendo (al expresidente)".

En cuanto a la agenda de la oposición, Moreau resaltó las dificultades en lograr número. "A partir del cambio de la conformación del Congreso el oficialismo consolidó un número de más de 90 diputados, más todos los cómplices y aliados que tiene en nombre a la traición al mandato popular".

"Se nos está haciendo complicado que el Congreso empiece a debatir temas que para nosotros son vitales, como el endeudamiento de las familias, sobre el que hay que llevar urgente un alivio; el funcionamiento del PAMI, la entrega de medicamentos; y la ampliación de licencias parentales", señaló.

La diputada cuestionó que "hay poca vocación política de aquellos que se dicen 'sectores del medio' de habilitar estas discusiones" y apuntó contra el bloque de la UCR -entre otros-, que "juegan para un lado y para el otro y están todo el tiempo especulando".

Se reunió la Mesa Política: Milei encabezará la presentación de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA

En tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, brindará una conferencia de prensa sobre los detalles del proyecto de Inocencia Fiscal II, que será enviado a la Cámara de Diputados.

Tras la final del Mundial 2026 y la sesión del Senado en la que no se pudo tratar una ley impulsada por el Ejecutivo, la Mesa Política del Gobierno se reunió este martes en Casa Rosada para reafirmar sus prioridades en la agenda parlamentaria.

El encuentro, que se extendió por alrededor de dos horas, se dio en la previa de la conferencia de prensa que este miércoles está prevista que brinde el ministro de Economía, Luis Caputo, para presentar el proyecto de Ley Inocencia Fiscal II, que será enviado a la Cámara de Diputados.

Además, según se supo al final de la reunión, la próxima semana se conocerá la propuesta de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La presentación estará a cargo del mismísimo Presidente Javier Milei y no se descarta que pueda ser por cadena nacional.

El mandatario trabajó personalmente en la redacción de esa iniciativa junto a "Toto" Caputo; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; y el presidente del BCRA, Santiago Bausili.

Entre sus principales puntos, la reforma apunta a la preservación de la moneda, la prohibición para que la entidad financie al Tesoro y cambios en la designación de sus autoridades.

La mesa chica del Gobierno ratificó sus principales temas en la agenda parlamentaria de cara al segundo semestre, dado que la actividad en comisiones y el recinto en ambas cámaras se reanudará en agosto, una vez que concluya el receso invernal, que rige formalmente para los empleados legislativos, pero también se acoplan los legisladores.

Entre las prioridades se encuentra la reforma electoral, que La Libertad Avanza tiene como eje del plan para lograr la reelección de Milei. El oficialismo ya sabe que no cuenta con los votos para directamente derogar las PASO, mientras que la idea de las colectoras tampoco sumó adeptos entre sus aliados. El texto ingresó en abril, pero el debate todavía no arrancó.

También, el Ejecutivo quiere sancionar la modificación del régimen de Zona Fría, que pasó de manera exprés en Diputados, pero está trabado en el Senado.

La Cámara alta acumula la mayor cantidad de propuestas del PEN, como el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que se cayó una vez más en la última sesión y se postergó para el 6 de agosto.

De la reunión, encabezada por Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, también formaron parte el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el secretario de Prensa, Fabián Fernández.

Valdés propone excluir a funcionarios de la Ley de Inocencia Fiscal

La iniciativa busca reforzar los estándares de integridad pública y evitar que mecanismos excepcionales de regularización patrimonial alcancen a quienes ejercen funciones de alta responsabilidad institucional.

Después del caso de Manuel Adorni, el diputado nacional Eduardo Valdés presentó un proyecto para impedir que funcionarios públicos y personas políticamente expuestas puedan acogerse al régimen de la Ley de Inocencia Fiscal. Consideró que “permitirlo contradice principios básicos de transparencia y abre la puerta a posibles maniobras de ocultamiento patrimonial”.

Valdés señaló que quienes administran recursos del Estado “deben estar sometidos a controles más estrictos y no beneficiarse con mecanismos de regularización” que reducen las exigencias de rendición de cuentas. En tal sentido, propone modificar la Ley 27.799 para excluir a funcionarios de los tres poderes, a las personas políticamente expuestas y a sus familiares directos.

El legislador de Unión por la Patria advirtió que la normativa vigente “choca” con las obligaciones establecidas por la Ley de Ética Pública y con compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de prevención de la corrupción y lavado de activos.

Según Valdés, permitir personas públicas utilicen este régimen podría “blindar dinero de origen ilícito desde el punto de vista penal y tributario”, sin exigir explicaciones sobre el crecimiento patrimonial durante el ejercicio de la función pública.

El diputado calificó la situación como “éticamente inaceptable”, al considerar inadmisible que quienes administran recursos públicos —o incluso quienes redactaron y aprobaron la ley— puedan beneficiarse de un mecanismo que los exime de justificar la evolución de sus bienes.

Luego, manifestó que las recomendaciones del GAFI establecen controles reforzados para las personas políticamente expuestas debido al “mayor riesgo de corrupción” asociado a sus funciones.

La iniciativa busca armonizar la legislación tributaria con la Ley de Ética Pública y con las convenciones internacionales contra la corrupción, reforzando los mecanismos de control sobre quienes ocupan cargos en el Estado.

Finalmente, Valdés concluyó que, por razones de ética y resguardo del erario público, “todos los regímenes excepcionales de regularización de activos deben excluir de manera estricta a los funcionarios y a sus familiares directos”.

Lousteau, sobre Adorni: "No le creo para nada el tema de las cripto"

El diputado nacional cuestionó al jefe de Gabinete por sus declaraciones sobre su incremento patrimonial, al tiempo que recordó su postura en contra de la Ley de Inocencia Fiscal.

El diputado nacional Martín Lousteau (Provincias Unidas) expresó este jueves "no" le cree "para nada el tema de las cripto" al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien confesó que buena parte de su dinero no declarado fue producto de inversiones en bitcoins.

"Con mucha vinculación con el mundo cripto debe haber estado todo este tiempo buscando a alguien que tenga una billetera y un track record de haber ganado esa plata, y le dice 'pásame tu código' y si esto está en un exchange descentralizado nadie puede saber de quién era", apuntó.

El legislador recordó sus críticas a la Ley de Inocencia Fiscal, por la cual se introdujo el régimen simplificado de Ganancias, al que adhirió Adorni. "Veíamos que lo que permitía es que dinero de origen ilícito no solo sea blanqueado, sino que bloqueaba la posibilidad de ARCA de mirar hacia atrás y ver de dónde había surgido", señaló.

"El caso de Adorni es el famoso 'no te cierra el blanco'. Si vos te compraste dos departamentos, un auto, hiciste reforma de la casa, fuiste a Aruba, fuiste a Disney, tu mujer se fue a España, fuiste a Llao Llao, pagaste un vuelo privado, pagaste un vuelo en primera para tu mujer a New York, explícame de dónde sacaste la plata. Esa investigación no la hace ahora (la ex) AFIP", remarcó.

Según el economista, con la nueva ley "ARCA le manda la declaración jurada" y "se torna ciega en toda un área de tu cambio patrimonial para ver si estás escondiendo o no ingresos. Esto, para el político corrupto, en el momento que entra, ya no le miran más lo que hizo antes. Para el narco es igual".

"Los que votaron la Ley de Inocencia Fiscal son cómplices de volver a ARCA cómplice frente a la corrupción", sostuvo en declaraciones radiales, al tiempo que criticó al "republicanismo tuerto" que "cree que el otro hace el mal y cuando son del mismo lado se justifican".

Di Tullio impulsa un proyecto para derogar el “blindaje fiscal”: “Este Gobierno hace leyes para cubrir sus propios delitos”

Tras la noticia de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias, la senadora K dijo que “el Congreso no puede permitir que el Gobierno robe a cara descubierta”.

Tras conocerse que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa Bettina Angeletti adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias, la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio presentó un proyecto de ley para derogar el “blindaje fiscal”. “Este Gobierno hace leyes para cubrir sus propios delitos”, expresó.

La iniciativa plantea la derogación del Capítulo III (artículos 38 a 42) de la Ley N° 27.799, sobre el Régimen de Declaración Jurada Simplificada. “El objetivo de la iniciativa es dejar sin efecto las normativas que generan zonas de discrecionalidad e impunidad en la gestión pública”, aseguró la legisladora en los fundamentos.

Además, Di Tullio advirtió sobre “la gravedad institucional de que altos funcionarios del Poder Ejecutivo se hayan acogido a este régimen de sinceramiento fiscal”. “Esto contradice los compromisos internacionales de lucha contra la corrupción (Leyes N° 26.097 y 24.759) y busca ‘obturar procesos judiciales’ por delitos de corrupción o lavado de activos”, agregó.

Para la opositora, “el Congreso no puede permitir que el Gobierno robe a cara descubierta con la ley que mandó a votar como si fuera su traje a su medida”.

“Con esta propuesta se busca asegurar la rendición de cuentas, reforzar la confianza en las instituciones y garantizar que el Estado actúe bajo estrictos criterios de legalidad y transparencia”, sumó en los argumentos del proyecto.

El Gobierno prepara cambios en Inocencia Fiscal para captar más dólares y fija un plazo hasta 2027

El nuevo proyecto elimina topes para ingresar al régimen, flexibiliza controles y redefine las condiciones para evitar sanciones. Según trascendió, la iniciativa busca ampliar la adhesión y dar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes.

El Gobierno nacional avanza con un nuevo proyecto de ley de Inocencia Fiscal que apunta a incentivar la exteriorización de dólares no declarados, ampliando el universo de contribuyentes y limitando los riesgos de controles posteriores. El texto, que será enviado al Congreso en los próximos días, presenta modificaciones relevantes respecto del esquema vigente, según surge de la información publicada por Clarín y el borrador analizado por Infobae.

Uno de los cambios centrales es la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio que regían para acceder al régimen simplificado. Hasta ahora, quienes superaban los $1.000 millones de ingresos anuales o los $10.000 millones de patrimonio quedaban excluidos. Con el nuevo diseño, esas restricciones desaparecen y el criterio principal pasa a ser la residencia fiscal, que deberá mantenerse durante todo el período declarado. De acuerdo con especialistas citados por ambos medios, esto permitirá que más contribuyentes —incluidos los de mayor capacidad económica— ingresen al esquema, aunque con beneficios acotados en algunos casos.

Otra modificación clave es la fijación de un plazo para adherir. El borrador establece que habrá tiempo hasta el 31 de diciembre de 2027 para exteriorizar fondos sin consecuencias retroactivas. De este modo, el régimen deja de ser permanente y pasa a tener una ventana definida, lo que, según analistas, busca hacerlo compatible con estándares internacionales en materia de control de lavado de dinero y, al mismo tiempo, presionar para una mayor adhesión en el corto plazo.

En materia impositiva, el proyecto introduce precisiones sobre el momento en que los fondos se consideran incorporados al patrimonio. La regla establece que “nacen” a efectos fiscales cuando son utilizados, lo que evita la aplicación retroactiva del impuesto sobre los Bienes Personales y reduce el riesgo de que la exteriorización sea interpretada como confesión de irregularidades pasadas.

El texto también refuerza la obligatoriedad de canalizar las operaciones a través del sistema financiero formal. Si bien este requisito ya regía por decreto, ahora quedará incorporado en la ley. Según detalló Clarín, bastará con que el dinero pase por el sistema en el origen o en el destino para cumplir con la exigencia.

En paralelo, se introducen cambios que reducen la presión fiscal sobre quienes decidan ingresar al régimen. Por un lado, se eliminan presunciones que hasta ahora podían generar cuestionamientos, como el incremento patrimonial no justificado o los depósitos bancarios superiores a lo declarado. Por otro, se establece que la carga de la prueba recaerá en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que deberá demostrar con información objetiva cualquier diferencia significativa.

Sobre este punto, el borrador redefine el concepto de “discrepancia significativa”. Según consignó Infobae, solo se considerarán relevantes aquellas diferencias que superen simultáneamente ciertos umbrales —como el 15% del impuesto y un porcentaje del límite penal tributario—, lo que reduce el riesgo de perder beneficios por desvíos menores. Además, se habilita a los contribuyentes a corregir declaraciones y regularizar su situación dentro de determinados plazos sin quedar excluidos del régimen.

No obstante, el esquema mantiene algunas zonas de riesgo. De acuerdo con lo publicado por Clarín, errores en la imputación de retenciones, percepciones o anticipos podrían hacer caer los beneficios, incluso por montos mínimos, lo que genera reparos entre tributaristas.

El proyecto también contempla incentivos adicionales. Entre ellos, la eximición de multas para quienes hayan cancelado deudas antes de adherir y la posibilidad de recuperar sumas pagadas con intereses si el contribuyente gana un litigio contra el fisco, aunque con tasas que especialistas consideran bajas.

El nuevo enfoque surge tras reuniones del ministro de Economía, Luis Caputo, con contadores y expertos del sector, en respuesta a las dificultades que tuvo el régimen vigente para captar adhesiones. El objetivo oficial es movilizar parte de los dólares no declarados —que estimaciones internacionales ubican en torno a los USD 170.000 millones— hacia el circuito formal.

Con estos cambios, el Gobierno apuesta a combinar mayor flexibilidad con reglas más claras, en un intento por generar confianza y ampliar la base de contribuyentes dispuestos a regularizar su situación fiscal.

El Gobierno reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal

A través de la publicación en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal y dejó operativo un régimen que busca romper con décadas de desconfianza entre el Estado y los contribuyentes. A través de un sistema de declaración simplificada con efecto liberatorio y sin revisiones hacia atrás, la gestión de Javier Milei apuesta a que los ahorros informales —especialmente los dólares “del colchón”— ingresen al circuito formal bajo la promesa de reglas estables y previsibilidad tributaria.

Recuperar la confianza de los argentinos en el Estado y en la economía formal es uno de los ejes que la gestión de Javier Milei se propuso desde el inicio. Tras años de inestabilidad macroeconómica, controles cambiarios, confiscaciones y reglas cambiantes, el Gobierno avanzó este lunes con una medida clave en esa dirección: la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 93/2026, que reglamenta el Capítulo III del Título II de la Ley 27.799 y pone en funcionamiento un conjunto de herramientas que el oficialismo define como un giro de fondo en el vínculo entre el fisco y los contribuyentes.

La norma apunta directamente a un fenómeno estructural de la economía argentina: la enorme masa de ahorro informal —principalmente en dólares— que permanece fuera del sistema financiero y tributario. Según la visión del Ejecutivo, ese capital solo podrá reinsertarse si el Estado abandona la lógica punitiva retrospectiva y ofrece garantías de que regularizarse no implicará revisiones hacia atrás.

El corazón del decreto es la reglamentación del Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, destinado a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que cumplan determinados requisitos patrimoniales, de ingresos y de clasificación fiscal.

El punto más relevante es el efecto liberatorio que se le otorga a la declaración jurada precargada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP). Según el decreto, la presentación y el pago en término del saldo determinado producen una presunción de exactitud, sin admitir prueba en contrario, respecto de:

  • ● El período fiscal declarado.
  • ● Las declaraciones de Ganancias e IVA de los períodos no prescriptos.

En términos prácticos, esto implica que el Estado renuncia a revisar el pasado, salvo que se detecte lo que la norma define como una “discrepancia significativa”. Para el Gobierno, este es el eje conceptual del llamado “blanqueo popular permanente”: no se trata de una amnistía puntual, sino de un esquema continuo que permite ingresar al sistema sin miedo a futuras persecuciones fiscales.

El decreto precisa con detalle cuándo ARCA puede impugnar una declaración simplificada y, eventualmente, extender la fiscalización a períodos anteriores.

Se considerará que existe una discrepancia significativa cuando:

  • ● El ajuste determinado por el fisco incremente el impuesto a pagar en al menos un 15% respecto de lo declarado.
  • ● La diferencia supere los montos previstos en el Régimen Penal Tributario.
  • ● Se detecte el uso de facturas o documentación apócrifa, en cuyo caso no rigen umbrales mínimos.

Un punto clave es que no se computarán como discrepancia las rectificaciones espontáneas realizadas por el contribuyente antes de que ARCA inicie una verificación. Este aspecto busca incentivar la corrección voluntaria y reducir el incentivo a la litigiosidad.

Alcance previsional y penal

La reglamentación no se limita a Ganancias e IVA. El decreto también extiende el concepto de “regularización” a los aportes y contribuciones de la seguridad social, obras sociales y otros regímenes previsionales, armonizando la Ley 27.799 con normas como las leyes 23.660, 23.661 y 14.236.

Además, introduce aclaraciones relevantes en materia penal:

  • ● Para hechos anteriores a la entrada en vigencia de la ley, se aplican los montos vigentes al momento del incumplimiento.
  • ● Para hechos posteriores, rigen los valores actualizados al momento de la comisión.

El mensaje político es claro: se busca cerrar la discusión sobre el pasado, pero sin desactivar los mecanismos penales para conductas futuras.

El equilibrio con las normas antilavado

Uno de los interrogantes que rodearon el proyecto desde su origen fue su compatibilidad con los compromisos internacionales en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El decreto dedica varios considerandos a dejar constancia de que el régimen se aplicará en armonía con las recomendaciones del GAFI, y que intervinieron en su elaboración la Unidad de Información Financiera (UIF), el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores.

Esto implica que, si bien el fisco limita su capacidad de revisión tributaria retrospectiva, no se eliminan los controles sobre el origen ilícito de los fondos, una línea roja que el Gobierno procura no cruzar para evitar conflictos internacionales.

Desde el oficialismo, la Ley de Inocencia Fiscal aprobada el pasado 26 de diciembre es presentada como una ruptura con décadas de un modelo basado en la sospecha permanente. La idea de fondo es que el contribuyente sea considerado inocente mientras cumpla de ahora en adelante, y no un potencial evasor al que hay que auditar indefinidamente por su historia pasada.

En términos políticos, el decreto refuerza una de las banderas discursivas de Javier Milei: menos Estado persecutorio y más incentivos a la formalización voluntaria. En términos económicos, el éxito del esquema dependerá de si logra generar la confianza suficiente como para que los dólares “del colchón” efectivamente entren al circuito formal y se transformen en ahorro, crédito o inversión.

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